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Grecia puede pagar su deuda

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Así, aunque ambos procesos cuentan con claras diferencias, la cuestión es que, por primera vez en la historia de la Unión Monetaria, las autoridades internacionales ya barajan extender el vencimiento de los bonos helenos con el consiguiente perjuicio para los tenedores privados de deuda para, posteriormente, aplicar probablemente un descuento en el valor nominal de los mismos en un futuro no muy lejano, cuando los bancos (principales acreedores) dispongan de un colchón suficiente para asumir las pérdidas sin riesgo de ser arrastrados. Es decir, el tradicional proceso de quita y espera, pero al revés –primero espera y después quita–.

Al mismo tiempo, los gestores de una empresa en problemas suelen perder el control de la misma durante el transcurso del proceso para acelerar las liquidaciones y la necesaria reestructuración a fin de cumplir los compromisos de pago en la medida de lo posible sin menoscabo de la futura supervivencia de la compañía. En este sentido, Bruselas y el FMI abogan ya abiertamente por tomar el control de las cuentas públicas helenas, aunque de forma más o menos indirecta, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas en el rescate, lo cual implicará perder parte de su soberanía nacional. De este modo, la UE pretende evitar el peor de los escenarios: el default puro y duro de Grecia y su probable salida del euro.

Sin embargo, el haber llegado hasta aquí es responsabilidad exclusiva de Atenas. La ausencia de reformas estructurales para alentar el crecimiento y el aumento exponencial del tamaño del Estado griego durante los últimos lustros han creado el caldo de cultivo ideal para el estallido de la brutal crisis de deuda pública que ahora padece el país. El problema es que, una vez que la espita saltó por los aires, Atenas, si bien reconoció parcialmente la enfermedad, se negó a poner en marcha de inmediato el imprescindible plan de choque que requería tal situación. De hecho, mal aconsejado por los técnicos internacionales, erró de plano en el tratamiento: subió los impuestos de forma generalizada y empleó una tijera para podar ramas cuando, en realidad, precisaba de una motosierra capaz de cortar árboles e, incluso bosques enteros.

El Estado griego es, simplemente, enorme, y su peso ahoga de forma trágica la escasa capacidad productiva del país. Pero liquidar un Estado nunca ha sido tarea fácil. De hecho, los políticos prefieren declarar la bancarrota nacional (negarse a pagar lo que deben) antes de perder su poder en favor del sector privado. Cuando un Estado tiene problemas para pagar lo normal es que no pague, según ha venido demostrando la historia a lo largo de los siglos: o bien entra en suspensión de pagos o bien genera inflación a toda máquina para evaporar el valor nominal de la deuda contraída.

El caso griego es distinto: en primer lugar, si se niega a pagar de forma unilateral, saldrá del euro; en segundo lugar, al no poseer autonomía monetaria para imprimir papel a su antojo, por suerte para griegos y acreedores, Atenas no podrá optar por devaluar las deudas asociadas, y de paso toda la riqueza del país, vía inflación. En este caso, el euro funciona a modo de patrón oro, ya que impide a los políticos helenos cometer el fraude masivo de erosionar el valor de la moneda de forma ruin y maliciosa.

Aún así, Grecia no pagará todo lo que debe, de ahí el término "reestructuración suave" empleado por la elite pública europea. Y no lo hará porque, a diferencia de una empresa, liquidar un Estado conlleva un elevadísimo coste político y electoral. Por desgracia, la mayoría de la población se niega a adelgazar el elefantiásico poder político de Atenas. Muchos viven directa o indirectamente del sector público, cuyo tamaño alcanza casi el 50% del PIB.

Su Gobierno tan sólo se compromete por el momento a recortar algo más de grasa corporal (gasto público), profundizar en las reformas para potenciar el crecimiento y privatizar activos por valor de 50.000 millones de euros hasta 2015. Estas medidas no evitarán la temida reestructuración, y Bruselas y el FMI son conscientes de ello. El Gobierno griego adeuda un total de 330.000 millones de euros, equivalente al 142,8% del PIB en 2010.

Sin embargo, su plan podría ser mucho más ambicioso. Según el Banco Central Europeo (BCE), Atenas posee una enorme cartera de activos públicos, cuyo valor estimado asciende a 300.000 millones de euros, incluyendo empresas, infraestructuras, acciones, participaciones, suelo y todo tipo de bienes inmuebles. Tan sólo la agencia pública Hellenic Public Real Estate Corp. gestiona 75.000 propiedades inmobiliarias. Además, Grecia también podría vender islas, playas, oro y hasta monumentos si es necesario con tal de cumplir sus compromisos y evitar el doloroso estigma de la quiebra.

Pero ni siquiera haría falta llegar tan lejos: si Atenas redujera el peso del Estado a la mitad (unos 60.000 millones), con la consiguiente privatización de pensiones, sanidad y educación, y vendiera el 50% de sus activos públicos (otros 100.000 millones por lo bajo) su deuda quedaría reducida al 70% del PIB; ello, unido a un compromiso serio de equilibrio presupuestario (déficit cero) y a un ambicioso plan de reformas para liberalizar la economía y bajar impuestos, permitiría reducir aún más su endeudamiento a medio plazo por la vía del crecimiento económico.

Sobre el papel no parece un plan excesivamente complicado –episodios pasados demuestran que es posible–, pero resulta inviable en la práctica. Atenas lo rechazaría, los sindicatos lo impedirían, los electores lo odiarían… Grecia puede pagar, lo que pasa es que no quiere y, por lo tanto, no lo hará.

Tres eran tres los acosos a internet

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Si exceptuamos las dos mayorías absolutas que obtuvo Aníbal Cavaco Silva hace ya dos décadas, la victoria que este domingo cosechó Pedro Passos Coelho en las elecciones legislativas portuguesas es la mayor en la historia del centro-derechista Partido Social Demócrata (PSD). Passos ha sacado más de 10 puntos de diferencia y 32 escaños a su más directo rival, el socialista José Sócrates, que está al frente del Gobierno luso desde hace más de seis años.

En poco más de un lustro el Partido Socialista portugués ha pasado de dominar sin contemplaciones la Asamblea de la República a hundirse, literalmente, en la más negra miseria electoral. Cuando Sócrates llegó al poder en el año 2005 Portugal ya estaba en crisis, de hecho, la agenda de aquellos comicios fue básicamente económica. El país vecino se encontraba ya entonces fuertemente endeudado y su economía era absolutamente incapaz de crecer a pesar de las vacas gordas que entonces se enseñoreaban del continente, especialmente de España.     

En aquel entonces Portugal ya necesitaba reformas y el debate electoral de 2005 se centró en torno a ellas. Se sabía, por ejemplo, que más tarde o más temprano el tamaño del Estado debería reducirse dramáticamente, o que la orgía de crédito barato propiciada desde el BCE traería funestas consecuencias. El PIB portugués se mantuvo plano durante toda la primera década “prodigiosa” del siglo, al tiempo que crecía desmesuradamente el déficit exterior y se empinaba la curva del gasto público.

Pero los portugueses prefirieron mirar hacia otro lado entregando el poder a los socialistas, que incidieron en todos los males pasados e incurrieron en nuevos pecados que han llevado al país a la bancarrota. Tarde y de muy mala manera nuestros vecinos han despertado votando masivamente al otro partido, el de Cavaco y Durao Barroso, que en otros tiempos les trajo tranquilidad materializada en una bonanza económica todavía hoy añorada por los que recuerdan los felices años ochenta.

Como en el caso de España, el vuelco electoral se ha debido más a deméritos del gobernante que a méritos del aspirante. El PSD se ha beneficiado del hartazgo de los portugueses con el Gobierno socialista, que se ha demostrado durante varios años su incompetencia para lidiar con la peor crisis económica del último medio siglo. Poco a poco –en la elecciones de 2009 todavía ganaba con autoridad el PS– los portugueses se han ido percatando que los oficiales que gobiernan el barco son unos ineptos y que ha llegado la hora de probar con otros.

Un fenómeno similar está ocurriendo por toda Europa, especialmente por los países más castigados por la crisis económica. En Irlanda el pasado mes de febrero el populista Fianna Fáil perdió el poder tras 14 años de Gobierno. El taoiseach (primer ministro) Brian Cowen, que gobernaba en coalición con los Verdes, se retiró dejando a su partido hundido en las elecciones generales. Desde la fundación de la República de Irlanda en 1921 nunca un partido en el Gobierno había perdido tantos votos de una tacada. El heredero del desastre fue, una vez más, el partido de la derecha, en este caso el liberal-conservador Fine Gael liderado por Enda Kenny, vicepresidente del Partido Popular Europeo.

El programa que defendió Kenny en los comicios era esencialmente liberal en lo económico. Apostó en plena tempestad de los rescates financieros por la rectitud fiscal y la reforma en profundidad de una economía gravemente herida como la irlandesa. A Kenda Kenny, como próximamente a Pedro Passos y tal vez el año que viene a Mariano Rajoy, le está tocando bailar con la más fea. El necesario ajuste, que debiera haberse llevado a cabo hace tres años, tiene que hacerse ahora con el tejido económico seriamente debilitado. Una mayoría de portugueses e irlandeses se han terminado por dar cuenta de que no existe otra receta para salir de la crisis que poner fin al despilfarro público y acometer las imprescindibles reformas.

Algo similar, aunque fuera de la zona euro y, por lo tanto, con características diferentes, sucedió en el Reino Unido hace poco más de un año. Tras unas elecciones en las que el Partido Laborista de Gordon Brown se derrumbó, el conservador David Cameron formó gobierno con los liberal-demócratas de Nick Clegg. La receta que está aplicando Cameron es la única posible en las circunstancias actuales: rigor presupuestario y estímulo a la creación de riqueza. Exactamente lo contrario de lo que venían haciendo los laboristas desde que estalló una crisis que se ha cebado sobremanera con Gran Bretaña.

El nuevo fantasma que recorre las viejas tierras de Europa no es el comunismo que vaticinaba Karl Marx hace siglo y medio, sino el liberalismo clásico de toda la vida, aquel que propugna un tamaño comedido del Estado, bajos impuestos y la devolución a la sociedad civil de las prerrogativas económicas que le son propias. Una política de brutal realismo no exenta de cierta heroicidad para quien pretenda ponerla en práctica.

La otra opción, la del Estado omnipotente y derrochón que nos sumerge en la sima de la deuda y nos lleva directos a la quiebra, ya la hemos probado. Tan sólo quedan España y Grecia por salir del ciclo socialista. En la primera la victoria sin paliativos del Partido Popular en las municipales es un preludio esperanzador de lo que puede suceder en las próximas elecciones generales. En la segunda el panorama es mucho más negro. Los griegos han diagnosticado mal su enfermedad y, no contentos con eso, quieren remediarla con la medicina equivocada. Sólo el tiempo dirá si consiguen salir de esta.

Un fantasma recorre Europa

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero esta libertad se ve cada vez más amenazada por los más acérrimos de sus enemigos, los Estados.

En los últimos días, hemos constatado como el ataque se recrudece, y han quedado bastante delimitados los tres frentes en que ahora se libra la batalla.

El primero de ellos es el relacionado con la propiedad intelectual. Los Estados, liderados aquí por los Unidos de América, están empeñados en cercenar la libertad de internet para garantizar los privilegios de los artistas y creadores. En un lado del ring, los todopoderosos y bastante adinerados estudios de Hollywood y sellos musicales y editoriales, que no contentos con haber explotado a los ciudadanos durante todos estos años, casi siglo, en que no había soportes digitales, siguen queriendo ordeñar la vaca. Por supuesto, los políticos no tienen dudas de con quien asociarse en esta batalla, y no es con el internauta claro.

Es en este contexto en el que hay que ver la reciente invitación de Sarkozy para que participaran en el G-8 los emprendedores líderes de internet, personificados en los creadores de Facebook, Google y Amazon. Seguro estoy que el presidente galo transmitió a estos señores su "preocupación" por la protección de los derechos de autor. Lo malo es que cuando estos tipos, que tienen el monopolio de la violencia, transmiten estas preocupaciones, gente como Microsoft diseña el Windows Vista.

El segundo frente es el de la neutralidad de red, del que tantas veces hemos hablado en esta columna, por ejemplo aquí, aquí o aquí. En este caso, se pretende controlar internet a partir de la figura interpuesta de los operadores de telecomunicaciones, lo que es bastante práctico pues estos son un número reducido y además con tradicional mala imagen. La idea es que estos operadores no puedan realizar la gestión de los recursos que les son propios, y se limiten a cursar el tráfico de la forma que los Estados les digan, bloqueando y despriorizando lo que los funcionarios quieran.

Pues bien, resulta que el Gobierno holandés, que no es precisamente de los más intervencionistas de Europa, ha decidido incorporar en su proyecto de ley la prohibición de determinadas prácticas por los operadores, para supuestamente defender la neutralidad de red. Lo que, como no puede ser de otra forma, ha sido celebrado por Skype, ante la general indiferencia de los ciudadanos.

El tercer frente es de rancia tradición, y tiene que ver con la ciber-seguridad en internet. Es la típica excusa de los Estados para hacerse con poderes a costa de la sociedad, consistente en gritar "qué viene el lobo". Aunque muchos ciudadanos europeos lo desconocen, resulta que en la isla griega de Creta hay una agencia dedicada a protegernos de ciber-ataques en Internet y garantizar la seguridad de la misma. El ente responde al nombre de ENISA, y su fundación se remonta a 2006, donde se le otorgó un mandato transitorio de cinco años.

También ha habido movimiento en este frente en las últimas semanas: el Europarlamento ha acordado, sorprendentemente, prorrogar en 18 meses la existencia de tan imprescindible Agencia, mientras le busca otro mandato. Mientras tanto, ENISA ha publicado un informe sobre los peligros que acechan en internet, no recomendado para internautas débiles de corazón. Ah, por supuesto, su recomendación es crear una agencia independiente para defendernos de tanto espanto.

Y así se cierra este parte de guerra. Como se observa, internet dista de tener garantizada la libertad ni siquiera en el corto plazo. La batalla por la libertad sigue su curso, ahora en terreno virtual.

Golpe de estado contra Humala

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Los capitalistas son tan malvados, tan avariciosos y tan individualistas que no les gusta que les roben. Acaso por ello resulten tan antipáticos a la progresía, siempre presta a exigir sacrificios (ajenos) en nombre de la patria, la clase obrera o la misma Gaia.

Ningún mejor termómetro del estado de ánimo de los inversores nacionales y extranjeros que la evolución del mercado bursátil; tal vez, el logro más democratizador (en su mejor sentido) de la economía que nos haya ofrecido jamás el capitalismo. Al cabo, con apenas cuatro chavos, uno puede comprar acciones y convertirse en propietario de una parte de alguna de las miles de empresas de un país, o venderlas y desentenderse del proyecto empresarial. Una libertad que, para nuestra desgracia y la de los peruanos, jamás nos ofrecerá un sistema político estatal: quien no ha votado a Humala no sólo se ve forzado a padecer sus previsibles dislates y abusos de poder, sino que, más importante, no puede mandarlo a freír espárragos tan pronto como se haya cansado de él.

Será por eso, por combinar en dosis perfectas democracia y libertad, por lo que la izquierda detesta la bolsa; ya se sabe, ese casino de especuladores donde se practica el golpismo económico contra el muy soberano pueblo. Ahí está, véanlo si no, la intolerable afrenta de la bolsa limeño contra el Estado de Derecho peruano: el mercado de valores ha recibido al presidente Humala con una caída del 8% antes de que fuera cerrado. Prueba irrefutable de que existe una conspiración internacional, encabezada muy probablemente por la CIA, el Mossad o una joint venture de ambos, para destronar el filonazi bolivariano.

Nada que ver, claro, con que Humala haya prometido nacionalizar las llamadas "actividades estratégicas" del país. Cajón de sastre de la discrecionalidad presidencial para robar a los ahorradores peruanos y foráneos tanto como le plazca. O nada que ver con su ideología marcadamente chavista y liberticida que no parece la más adecuada para generar un marco institucional estable y favorable a la acumulación privada de riqueza. Incomprensible, pues, que los inversores no quieran permanecer en semejante tierra de la abundancia, en ese sueño americano redivivo.

Mas, he ahí la gran ventaja del capitalismo popular. Si usted confía en Humala, en su programa económico y en su perfil reformista, lo tiene fácil para combatir tamaño golpismo bursátil: compre, compre acciones peruanas; incluso apalánquese para acaparar tantas como pueda. Ahora mismo se las están regalando: hay tantos orates que quieren vender que han tenido que cerrar el mercado. ¿Qué mejor ocasión para ir de rebajas? ¿Qué mejor ocasión para darle un voto de confianza al presidente electo y, de paso, obtener suculentas ganancias?

Puede que quienes de momento tenemos pensado mantener nuestros ahorros fuera del Perú nos estemos equivocando y resulte que este aprendiz de Chávez termine convirtiéndose en un Lula cualquiera de la vida. Pero en tal caso, el Perú ganará y quienes inviertan ahora ganarán. De momento, empero, me temo que con estos comicios el Perú ha perdido y que los capitalistas que huyen en desbandada del país sólo están tratando de minimizar los destrozos. Pérfido capitalismo que les da una cierta salida en lugar de mantenerlos encerrados a cal y canto en la prisión gubernamental. Así no hay quien robe a gusto.

Un dictador, claro está

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Público ha suscitado una agria polémica por la entrada dedicada al general Franco en el Diccionario Biográfico Español. Primero dijo, para suscitar la indignación de sus ya cabreados lectores, que el BDE dijo de Franco que era “general, valeroso y católico”. No está claro qué fibra puede herir definir a Francisco Franco como general, pues alcanzó, y muy tempranamente, ese escalafón militar. Debe de ser de los apelativos más neutros y verdaderos que se le puedan asignar al personaje. Que era “valeroso” no cabe duda para quien conozca más que someramente su vida. Es un calificativo que no se lo hurta ni Paul Preston ni Andrée Bachoud, por poner dos ejemplos de autores poco simpáticos con Franco. Y, en fin, está por aparecer el primer tonto que diga que Franco no era católico. Una palabra que, sumida en un titular de Público, choca ver colocada como un elogio, aunque se lo atribuya a la Real Academia de la Historia.

Luego Público optó por destacar que el artículo decía que el régimen de Franco era “autoritario, no totalitario”. ¡Qué ganas con hacer que el régimen de Franco se acerque a otros regímenes, largamente adorados por la izquierda patria y que sí eran, y son, totalitarios! No lo era porque en España no ocurrió como en Italia o Alemania, donde el partido copó el Estado, sino que el Estado redujo los partidos a uno y lo sometió a sus intereses. Y, sobre todo, porque no se fijó el objetivo de someter toda la sociedad para alcanzar un modelo preciso de sociedad. No es que Franco no tuviese una idea, aunque general, de cómo debía ser una sociedad buena. Pero permitió una autonomía a la sociedad que, en algunos aspectos, echamos de menos. Totalitaria es la Ley Pajín de la igualdad. El régimen de Franco, en contra de los deseos de no pocos de sus partidarios, sólo fue autoritario, aunque no poco.

La polémica se ha llevado, también, a la ausencia de la palabra “dictador”. Su autor, Luis Suárez, ha considerado más precisos los términos “Jefe del Estado” y “Generalísimo”. Bien está. Suárez, amén de ser uno de los mejores medievalistas vivos del mundo, es también el primer, o uno de los primeros autores, en Franco y su época. El sincero, desenvuelto y fácil desprecio que han mostrado muchos por un historiador de su talla no podía ser más comprensible. Desprecian la historia ¡no iban a hacer lo mismo con sus mejores obreros! Pero Franco era, además de lo apuntado por Luis Suárez, un dictador. Es algo tan obvio que hurtar la palabra en el breve artículo del DBE tampoco va a desvirtuar el retrato que ha hecho del de Ferrol. Pues, ¿no se trataba de escribir un retrato veraz y suficiente del personaje? Con todo, en este propósito parece haber fallado Suárez, por no hacer mención de la represión, un elemento sin el que su régimen no puede entenderse plenamente. Pero quien quiera saber más de él, que acuda a las mejores de entre las muchas biografías que ya tiene. Claro, que esa es materia para los interesados en la historia, no en el uso político de la “memoria”.

Nuestro deterioro en pocas palabras

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

A medida que el capitalismo avanzaba, y por tanto también aumentaba el bienestar del individuo, los dirigentes se dieron cuenta de que podían ampliar ese concepto de seguridad. Trasladaron la seguridad a la economía. Crearon derechos sociales, leyes de empleo digno y de protección. La capacidad productiva del mercado pudo aguantar tal apropiación de recursos que se tomó el Estado. Eso dio lugar a más reclamaciones sociales. La gente no vio, ni sigue viendo, que los derechos sociales tienen un origen criminal: el robo, el saqueo, el latrocinio y la extorsión al ciudadano. El Estado se empezó a meter en la vida de las personas diciéndoles cómo pensar, tomando la educación, cómo teníamos que vivir, cuánto teníamos que ahorrar y gastar con la creación de bancos centrales. También decidió qué "vicios" eran malos prohibiendo algunas drogas y dejando otras de al margen. Y tal absurda pérdida de libertad individual nos ha convertido en simple ganado de los políticos y lobbies, que nos dicen hasta cómo hemos de hablar, prohibiéndonos incluso los piropos y hacer según qué chistes. El Estado ya no es el monopolio de la fuerza propiamente dicho, sino del pensamiento y la actuación humana.

Todo esto tenía que pasar factura. El Estado es muy mal ingeniero social. Después de doscientos años de monopolio estatal sobre nuestras vidas, nos tendríamos que reformular la pregunta. ¿Cuál es la función del Estado? La respuesta es la misma: proteger a la gente. Sin embargo, sus representantes se han convertido en el tercer problema de los españoles según el CIS.

Desde el periodo comprendido entre el año 2002 y 2009 los gastos en el hogar han aumentado el doble que los salarios. No solo ha sido una cuestión de la expansión crediticia provocada por los bancos centrales. España es el segundo país de la OCDE donde más han subido los impuestos. Está entre los países de Europa con mayor esfuerzo fiscal. Más que Suecia y Alemania por ejemplo.

La situación parece agravarse ahora. No solo por el desempleo, el pobre tejido productivo del país, o la cultura del hedonismo y las subvenciones. Por primera vez en un año, el saldo de los depósitos está cayendo. Las explicaciones pueden ser muchas, pero la más plausible es el deterioro del nivel de vida. Aunque ahora se ha moderado la inflación, ha tenido un rápido recorrido alcista y seguirá subiendo junto al coste de financiación como el de las hipotecas.

Esto nos lleva otro triste dato, y es que si en 2009 los españoles desempleados se vieron forzados a retirar casi 220 millones de euros de sus planes de pensiones, en 2010 aumentó a 320 millones de euros más. Las rentas desaparecen y el ciudadano se ve obligado a quemar su capital ahorrado para sobrevivir.

A todo esto, el Gobierno hace recortes que afectan a nuestro bienestar, pero sin bajar impuestos. Más bien al revés. Los impuestos van a seguir subiendo, no hay otra. Vivimos y trabajamos para los visionarios políticos.

¿Y cuál es la función del Estado? La contraria a lo que hace. El Estado es un instrumento, no un fin. Somos dependientes de las promesas electorales. No sabemos qué significa vivir en libertad (y la tememos) porque queremos que todo nos lo haga el Estado. Incluso le pedimos que haga magia como arreglar el planeta, construir un mundo mejor o que cree recursos que no es capaz de generar; no porque no sea posible, sino porque eso es función de la sociedad civil. No puede crearlo un político ni órgano central por medio de la ley y prohibiciones.

Esta crisis nos tendría que hacer ver que el Estado no solo es incapaz de crear la seguridad económica que pregona, sino que es su mayor negación. Solo tendremos un futuro mejor, no con tijeretazos, más subvenciones, burdas privatizaciones o parches en el mercado de trabajo (que ni eso), sino con menos Estado. No hay soluciones mágicas. Hay que arremangarse y ponerse a trabajar. Trabajar de espaldas al Estado. Que pague él el monstruo que ha creado.

Insaumible

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

No así los cinco millones de parados al que este anacrónico sistema, directo heredero del corporativismo propio del fascismo, nos ha terminado abocando. Porque sí, la responsabilidad es suya, por mucho empleo que creáramos durante la primera mitad de la pasada década. Al cabo, las bondades de una regulación no deberían medirse en tiempos de burbuja, sino en tiempos de depresión: generar empleo en medio de un auge artificial, cuando incluso los ladrillos de Seseña valen un Potosí, carece de mérito; crearlo durante una crisis, cuando casi todos los factores tienen que recolocarse para minimizar los quebrantos, sí supone la auténtica prueba del algodón.

Y, en este sentido, el mercado laboral español sólo ha avanzado a golpe de manguerazo crediticio. Si la borrachera del endeudamiento superaba las innúmeras rigideces que engrilletan a los empresarios y trabajadores españoles, entonces el paro caía; si, por el contrario, nos cerraban el grifo, el paro se disparaba. Así hace 20 años, así ahora. Mas ni entonces ni ahora nuestros patrios sindicatos mostraron la más mínima preocupación; a la postre, este sistema es su sistema, del que viven y maman rapiñando la riqueza que nuestros millones de parados podrían haber creado en caso de que se les hubiera permitido.

De lo que se trata en estos momentos, digámoslo con claridad, es de desmantelar la negociación colectiva para que los salarios y las condiciones laborales de los millones de parados españoles se adapten a la realidad actual, que no es la del pelotazo inmobiliario (tan del agrado de la progresía que gusta de vivir por encima de sus posibilidades), sino la de la resaca de los excesos previos. Sin ajuste no habrá oportunidades de negocio, sin oportunidades de negocio no habrá empleo, sin empleo no habrá crecimiento y sin crecimiento no habrá margen para devolver nuestra cienmilmillonaria deuda.

Así las cosas, podemos desmantelar la negociación colectiva sin medias tintas o erosionándola desde dentro: eliminando la ultraactividad de los convenios, dotando de preponderancia a los convenios de empresa frente a los sectoriales y dejando fuera de su camisa de fuerza a las pymes. En roman paladino: se trata de que Méndez, Toxo y Rosell dejen de redactar el contrato laboral que yo puedo –o no puedo– suscribir. No más, pero tampoco menos.

Por ello, el puñetazo sobre la mesa de los sindicatos, su enfado, su indignación, pues, es esperanza de recuperación. Tenue, pero esperanza. No en vano, los sindicatos jamás habrían firmado un acuerdo que supusiera su suicidio; la voladura casi total de sus privilegios, de los que viven ellos y su clientela. Llevan en su naturaleza sobrevivir como lo que son: la reinvención del sindicato vertical. Ahora, perdido un precioso año, la pelota vuelve a estar allí de donde nunca debió escapar hace ya un año: sobre el tejado del Gobierno o, más bien, sobre el tejado de nuestra acreedora Merkel. ¿Volverá a dejar que Zapatero le tome el pelo, como hizo con la reforma laboral del año pasado, o levantará, por fin, el acta de defunción de esa bacanal de prebendas sindicales cuyo desproporcionado coste nos está conduciendo a la bancarrota? Desconfíen, así la decepción será menor.

¿Por qué los despiden si se están forrando?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Y aun en esos casos, se suelen atribuir las pérdidas a los altos sueldos de los directivos, exigiendo a renglón seguido rebajas sustanciales en sus emolumentos para mantener el nivel de empleo.

El escándalo por supuesto estalla cuando una empresa con beneficios comienza a despedir gente. Rápidamente se acusa al capitalismo de ser un sistema inmoral y perverso que sacrifica cuantos valores haya con tal de maximizar sus ganancias. Si la empresa es rentable (incluso muy rentable), si puede permitirse mantenerlos en plantilla, ¿a qué viene despedirlos?

Lo primero a destacar es que la tarea principal de las empresas no es generar empleo, sino crear riqueza. Su cometido es dar lugar a una organización de factores productivos capaz de engendrar bienes y servicios por los que los consumidores estén dispuestos a pagar un precio lo suficientemente elevado como para rentabilizar esa organización (esto es, que le permita a la empresa remunerar a los factores implicados compensándoles el tiempo que dedican a producir esos bienes o servicios).

A los consumidores, la organización productiva les resulta irrelevante: prácticamente nadie conoce ni está interesado en conocer los detalles de la elaboración de una determinada mercancía. Lo único que les concierne es que las prestaciones que les proporciona esa mercancía sean más valiosas que el precio que deben pagar por ella (y que habrían podido gastar en otros bienes de consumo o de capital que les hubiesen proporcionado otro tipo de prestaciones y satisfacciones en el presente o en el futuro). O dicho de otra manera, una mercancía será igual de valiosa si ha sido producida por 10.000 trabajadores que si no ha requerido los servicios de ningún obrero. Dado que las empresas nacen para producir bienes y servicios, resulta absurdo el exigirles un nivel mínimo de empleo (o un nivel mínimo de consumo de gasolina, de cobre, de horas de encendido de los ordenadores…).

Ahora bien, que la organización productiva les resulte irrelevante a los consumidores no significa, ni mucho menos, que realmente lo sea. Dado que los recursos son más escasos que nuestras necesidades, mal haríamos en ignorar el uso o mal uso que estamos haciendo de los mismos: al cabo, cada vez que utilizamos los factores productivos de un modo, estamos impidiendo que se utilicen de otro, esto es, estamos impidiendo que se produzcan otros bienes y servicios que podrían satisfacernos otras necesidades. Los empresarios se dedican justamente a eso: a trazar aquellos planes empresariales que minimicen los fines a los que los consumidores deben renunciar por el hecho de producir unos determinados bienes y servicios. Por eso tratan de vender al precio más alto (lo que indica una alta valoración de los consumidores) y de producir producen al menor coste posible (lo que significa que acaparan pocos recursos que pueden destinarse a otros planes de negocio).

El progreso y el crecimiento económico, más allá del descubrimiento de nuevos recursos, provienen, precisamente, de sacar un mayor partido a los factores que ya controlamos: o de producir una mayor cantidad de bienes con los mismos recursos o de producir lo mismo recursos con una menor cantidad de recursos, de modo que los sobrantes queden disponibles para fabricar otros bienes y servicios. Tal es el significado que en el uso corriente le damos a la palabra "economizar"; evitar las duplicidades, redundancias o despilfarros para lograr el mismo objetivo con menos esfuerzo o gasto.

En consecuencia, no es ni mucho menos necesario que las empresas esperen a incurrir en pérdidas para que se dediquen a economizar sus recursos: su misión es estar haciéndolo continuamente. Por mucho dinero que ganen, sería nocivo para accionistas y consumidores que, si pueden reducir sus costes manteniendo sus niveles de producción, no lo hicieran. Para los accionistas, porque estarían renunciando a ganar más dinero (al menos a corto y medio plazo, hasta que la competencia les forzara a bajar los precios hasta los menores costes); para los consumidores, porque podrían disfrutar de más bienes o servicios si los factores con funciones redundantes se concentraran en otros procesos productivos (obviamente, en caso de que la compañía opte por "prejubilar" a los trabajadores, los consumidores no se verían beneficiados por la economización, sino que las ganancias resultantes de esa economización se repartirían entre accionistas y los trabajadores prejubilados).

En otras palabras, no existe ninguna incompatibilidad entre ganar dinero y despedir trabajadores: las ganancias son una muestra de que la empresa está haciendo un uso eficiente de los factores productivos y la decisión de economizarlos todavía más es una señal de que pretende seguir haciéndolo. Aunque la teoría de la explotación marxista es más falsa que un duro sevillano, sí contiene una intuición que puede sernos útil: si el empresario se estuviera lucrando a costa de un determinado trabajador, ¿por qué lo despide? ¿Acaso pueden los vampiros chupar la sangre a distancia?

La economización de recursos, por cierto, suele generar mucho escándalo cuando afecta a trabajadores, sin embargo suele ser recibida entre ovaciones cuando se trata de racionar el consumo energético. ¿Se imaginan que la opinión pública vituperara a las compañías por decidir minorar su consumo de petróleo con el argumento de que con ello estarían perjudicando a las petroleras? Yo no, porque afortunadamente la gente sí suele entender que la economía no debe estar orientada a maximizar el gasto de petróleo sino la producción.

Por supuesto, despedir a trabajadores puede ser un drama dentro de una economía donde las rigideces institucionales impidan su pronta recolocación; un drama para el consumidor que no se beneficiará de una expansión en el número de bienes y servicios y un drama sobre todo para el trabajador, que si no ha logrado amasar un patrimonio que le proporcione rentas alternativas, se verá privado de su única fuente de ingresos. Pero la responsabilidad de ello no corresponde a las empresas que economizan sus recursos, sino a los políticos y sindicatos que mantienen unas instituciones que obstaculizan o impiden la creación de empleo; y por ello no debería ser la empresa la que pagara los platos rotos. A la postre, impedirle que prescinda de sus trabajadores redundantes sería tanto como permitirle que los despida para, acto seguido, imponerle un tributo cuya recaudación fuera a parar a esos trabajadores.

Cuestión distinta, claro está, es que haya que subvencionar esos despidos. Por los mismos motivos por los que no debe subvencionarse la eficiencia energética, tampoco debería subvencionarse la "eficiencia obrera". La economización de recursos no debería beneficiar a accionistas y consumidores a costa de los contribuyentes.

En definitiva, es comprensible que la natural aversión que mucha gente siente hacia que una empresa rentable despida a parte de su plantilla se camufle con críticas (razonables) a que las instituciones laborales obstaculizan su pronta recolocación o a que los contribuyentes están sufragando parte del despido. Pero, en tal caso, la exigencia no debería ser la de prohibir esos despidos, sino la de reformar el mercado laboral y la de poner fin a tales subvenciones.

El fin de Jauja en Spotify

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde el inicio de mayo, Spotify decidió poner límites al uso gratuito de su servicio. Hasta ese momento, unos cuantos millones de usuarios privilegiados, invitados en la primera época del lanzamiento, podíamos disfrutar sin pagar nada de ilimitadas audiciones de su fondo de canciones, aunque con algún anuncio de vez en cuando. Desde entonces, dicho disfrute queda restringido a diez horas mensuales y un cierto número máximo de veces de cada canción.

Y así, nos hemos visto expulsados de la tierra de Jauja, en la que, como es bien sabido, abundan los ríos de leche y requesón, y los árboles de tocino y buñuelos. ¿Es esto una desgracia? Sí, para quien solo vea el aquí y el ahora.

Pero el que comprende que Jauja es solo una leyenda, también sabe que no hay almuerzo gratis, y que también el excelente servicio que proporciona Spotify (alabado en previas columnas por un servidor) tiene sus costes. Y que si los dueños de Spotify no recuperan el dinero que meten en él, se verán obligados tarde o temprano a cerrar el servicio. Cierre que sí sería perjudicial para todos los que, de una forma u otra, disfrutamos del servicio. Porque, si eso ocurre, entonces ni siquiera los que estén dispuestos a pagar tendrían el servicio a su disposición.

Spotify se enfrenta al reto a que tarde o temprano se enfrenta todo negocio: ¿vale lo que suministro más de lo que me cuesta? Esta ley inmutable para la economía sostenible (esta sí es una ley de verdad, no las que hacen los políticos, aunque le pongan el mismo nombre) ha encontrado su mayor afrenta en el mundo internet y con especial virulencia a principios del siglo XXI, donde muchos ilusos pensaron que en la nueva economía nada tendría coste.

Florecían (y florecen) "negocios" en que su viabilidad se medía por el número de visitas o el de usuarios únicos, sin atender para nada a los ingresos que estas visitas o clientes generaban. En estos modelos de negocio, se extrapolaba la conducta de los individuos en una situación atípica, la gratuidad de la satisfacción obtenida, a la que tendrían cuando empezaran a pagar, asumiendo que se mantendría hasta cierto punto.

Sin embargo, la verdadera prueba de satisfacción del individuo no es cuando se le da una cosa gratis, sino cuando se mide si la valora por encima de lo que cuesta. Servicios que parecen maravillosos cuando no suponen pagos para el individuo, se convierten en perfectamente prescindibles cuando toca soltar la pasta, aunque sea a un precio tan barato que ni siquiera cubra los recursos invertidos. Esta fue la prueba que no pudieron superar muchísimos supuestos negocios en la primera época de internet.

Y es la prueba a la que ahora se somete Spotify, y a la que tampoco han de ser ajenos servicios tan ilustres como Facebook o Twitter. También ellos se enfrentarán tarde o temprano a la maldición de validar si el servicio tan demandado por millones de clientes les es realmente útil o se queda en un mero capricho pasajero.

Qué pena que la Asamblea de Sol no pueda abolir la Ley de los Costes. Tendríamos Spotify gratis de por vida.

La excusa del arte

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero es cierto que hay que tener un criterio un poco extravagante para calificar como arte al cine y no al videojuego. Naturalmente, no me refiero a todos los videojuegos, como tampoco se suele calificar de arte, pongamos, a los telefilmes de sobremesa. Pero no es difícil distinguir entre todos los productos de entretenimiento digital algunos a los que se puede calificar de arte.

Lo malo es que los gobiernos también se han dado cuenta. Y es que de Malraux en adelante, la definición de arte parece haber cambiado: ahora es todo aquello que el Gobierno subvenciona como tal. En España llevan un par de años intentando buscar el paraguas del Estado (que en estos tiempos de necesidad haría bien en deshacerse de todos sus programas de ayuda a empresas y artistas). Y en Estados Unidos lo han conseguido.

El National Endowment of the Arts (NEA) es el organismo norteamericano encargado de decidir qué artistas y qué obras merecen el amor forzoso del contribuyente. Hace un par de años fue el centro de uno de los escándalos de la era Obama: su director pidió a los subvencionados que sus obras hicieran propaganda de los proyectos del presidente. Así, con dos narices. Y no crean que dimitió a los dos minutos, se tiró mes y medio en el cargo tan ricamente antes de largarse. Normal: venía de trabajar en la campaña y fue quien encargó el famoso poster de Obama. Pues bien, ese organismo, el mayor financiador de arte del país, ha decidido considerar los videojuegos como arte a los efectos que le importan: los de dar pasta.

Pasemos por alto que con los antecedentes del NEA bajo la administración Obama son los que son. Incluso supongamos que está y estará gobernado por ángeles venidos directamente del cielo para trabajar de funcionarios en Washington. Aún más, supongamos que sus jefes políticos tienen un origen similar. Aún así, la principal razón para la existencia del NEA es la producción de arte que no interesa lo suficiente a los ciudadanos como para financiarlo ellos.

Si algo ha caracterizado hasta ahora el mundo de los videojuegos ha sido su sumisión al mercado, es decir, a ti y a mí. Si hacen juegos coñazo fracasan, así que procuran no hacerlos. Si los gráficos son feos, la gente no lo compra y el desarrollador puede no tener una segunda oportunidad. En definitiva, no hay ningún ser superior decidiendo qué es bueno y qué es malo. Cuando lo haya, podemos encontrarnos con que parte de la oferta se ha hecho con el funcionario en mente, y no con el público. No es una perspectiva bonita. Ni, sobre todo, divertida.