Ir al contenido principal

Solo el libre mercado puede salvar el país

Mientras los esfuerzos del Gobierno en su lucha contra el desempleo solo ha servido para eliminar 42.000 puestos de trabajo el mes pasado (1.400 de nuevos desempleados al día, fines de semana incluidos), la multinacional de comida McDonald’s anunció que contrataría 50.000 personas en un solo día aumentando su plantilla en un 7%.

¿De qué han servido los estímulos monetarios, los planes E de turno, rescates bancarios, los Planes Renove y esos inventos infantiles del Gobierno y organismos supranacionales? Para muchos, la intervención del Estado es como la lotería. La mayoría de las personas juegan sabiendo que no les tocará pero consideran que el coste (precio del boleto) es insignificante con la recompensa del beneficio (el premio principal). En el mundo de la intervención, el ciudadano sigue la misma lógica: se deja llevar por la propaganda del hedonismo y soluciones fáciles para reclamar más intervención, porque consideran que es gratis y que, si les toca "la ayuda", el beneficio es enorme: pisos gratis, subvenciones, becas… La vida real nos enseña que dar algo que la sociedad valora por nada crea serios desajustes. Si una cosa es gratis, es que no vale nada.

La regulación e intervención son un fraude al esconder el coste social y económico de los bienes y servicios. Se traduce en altos impuestos, deuda del Estado (más impuestos en el futuro), una sociedad hedonista y la limitación de las opciones y el progreso humano. En muchas ocasiones, además, el soporte a la intervención estatal se debe al egotismo y envidia socialista. Es el caso de la limitación a los altos sueldos. Si alguien gana dinero legalmente y sin necesidad de recurrir a ayudas públicas, ¿por qué limitarlo? Porque el socialismo odia la meritocracia, el esfuerzo personal y la superación individual. Todo el que se niega a ser un borrego conformista es enemigo del socialismo.

Después, aquellos que piden más intervención se sorprenden de que las ayudas las reciban los bancos, los inmóviles sindicatos, la patronal y organizaciones de las que nadie ha oído hablar. El Estado no crea riqueza, distribuye las rentas según sus intereses creando pérdidas netas totales. Eso es el Estado del Bienestar.

La conclusión es evidente para cualquier ser racional. Si los bancos centrales han creado la crisis con su sobreoferta de dinero en el mercado y los Gobiernos la han perpetuado con sus ayudas y compra de votos e intereses, es que tienen un poder demasiado relevante en la sociedad.

Mire a McDonald’s. Crea trabajo sin necesidad de cobrar impuestos. Crea riqueza con el consentimiento del consumidor y la sociedad. Las empresas dependen de nosotros, no como los políticos ni las grandes compañías que están blindadas por las actuales leyes corporativistas y proteccionistas. Bajemos del pedestal a las grandes empresas blindadas como la banca, sector del automóvil, sanidad, educación, comunicaciones o energía. Libre competencia para todas. Que se peleen y se maten en el mercado para conseguir nuestro plebiscito sin una sola ayuda del Estado. Pasaremos de una economía estática dictada por los intereses del Gobierno a una dinámica gestionada por el ciudadano. Menos impuestos y regulación significan más empleo, mayor productividad, mayor capitalización del trabajador y por lo tanto, mayores sueldos.

Da igual el nombre del inútil que vaya a gobernar el año que viene, pero que tenga claro que mientras la economía no sea libre, este país, con todos nosotros, estará destinado a la pobreza y miseria perpetua.

¡Marchando otra de impuestos!

El Ministerio de Economía acaba de revisar por undécima vez en esta legislatura el cuadro macroeconómico que sirve de base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, lejos de corregir sus engañosas cuentas, mantiene intacta su estimación de crecimiento para 2011 (1,3%) y tan sólo la rebaja en dos décimas para 2012, hasta el 2,3%, superando así las expectativas de la mayoría de analistas, incluidas las del propio Banco de España (0,8% y 1,5%, respectivamente).

Para empezar, cabe recordar que adivinar el futuro a golpe de previsiones de este tipo es un imposible al que, por desgracia, la mayoría de economistas dedican inútilmente grandes esfuerzos. Sin embargo, los presupuestos funcionan así, a priori, de ahí la importancia de elaborar estimaciones realistas e, incluso, a la baja, sobre todo en períodos de crisis, para no incurrir en desviaciones. Dicho esto, el problema radica en el amor incondicional que profesan los socialistas hacia la figura estatal. Y venerar al Estado conlleva legitimar, siempre y en todo lugar, el aumento del gasto público. Prueba de ello es la política puramente keynesiana aplicada por el Gobierno hasta 2010, hasta el punto de llegar a gastar casi el doble de lo que ingresaba por vía fiscal.

Y puesto que los PGE anteriores, al igual que el vigente, se construyeron sobre previsiones económicas optimistas y, por tanto, estimaciones de ingresos del todo infladas, el sector público ha terminado incurriendo en niveles de déficit históricos muy próximos aún al 10% del PIB. Más déficit, implica más deuda, y ésta más intereses. Y si a este cuadro se le suma una economía en stand by debido a su excesiva rigidez y gran endeudamiento privado, lo raro es que no estalle una crisis de deuda pública como la actual. Ante tal panorama, resulta primordial contar con unos PGE realistas para cumplir así con la reducción del déficit marcado por Bruselas.

Y es que, toda desviación en este campo tendrá que ser, obligatoriamente, corregida. Esto es, precisamente, lo que acaba de advertir el Banco de España al Gobierno: las previsiones de los PGE no se sostienen y el déficit, muy posiblemente, será superior al estimado, con lo que será necesario aplicar nuevos ajustes. ¿Y en qué consistirán? Quizá en reducir algo más el gasto público, pero dado que el Gobierno, firme defensor del Estado, es muy reticente a este tipo de recortes, un nuevo ajuste significará en todo caso más subidas de impuestos, que se vendrían a sumar a las ya aprobadas.

El error presupuestario de Salgado implicará entonces un nuevo castigo para el contribuyente medio, obligado por ley a pagar los desmanes de su clase política. Así pues… ¡marchando otra ronda de aumentos fiscales! ¿Qué tocará ahora? Grecia, inmerso en un constante plan de ajuste desde hace más de un año, subirá el IVA y algunas otras tasas. Veremos qué nos depara Salgado esta vez.

Fukushima, ¿problema u oportunidad?

Los niveles de radiactividad en el agua de Tokio y en otras partes del país fueron durante algunos días preocupantes y las autoridades retiraron de los supermercados algunos productos del campo afectados por la radiación. Ante esta situación, no es extraño que algunos se planteen la idoneidad de la fisión nuclear como fuente energética.

Durante una semana, justo hasta que algunos países occidentales con el respaldo de la ONU decidieron involucrarse en la guerra civil libia, los avances y retrocesos de los técnicos en la planta nuclear, las explosiones en algunas de las instalaciones, las subidas y bajadas de temperaturas de los reactores o las fugas radiactivas acaparaban las portadas de medios digitales y escritos, abrieron programas especiales de televisión y radio y hicieron desembarcar a una multitud de expertos sobre distintas disciplinas para opinar y mostrar luz en un mar de informaciones algunas veces acertadas y otras confusas.

La situación fue tan asombrosa que los miles de muertos y desaparecidos provocados por el tsunami apenas importaban en los medios de comunicación españoles. Los muertos potenciales eran mucho más sugerentes que los reales, los desaparecidos se hicieron invisibles y los desplazados, sólo interesantes si era por la amenaza nuclear. El niño mordió al perro. Los medios informan, pero algunas veces parece que les gusta gritar “fuego” en un teatro lleno para ver cómo reacciona la gente o para poder atacar a la dirección.

Es difícil separar los datos de las opiniones, lo que es importante de lo que tiene poca importancia o un efecto limitado, lo ideológico de lo que no tiene esta carga. A ello hay que unir el hecho, lógico por otra parte, de que no todos los ciudadanos saben y conocen lo qué es y supone la energía nuclear. Cuando las corrientes de aire llevaron los gases radiactivos hacia el Pacífico algunos ciudadanos norteamericanos de la Costa Oeste acapararon buena parte de las tabletas de yodo de farmacias y establecimientos similares. Era más fácil gastarse unos dólares que aprender sobre niveles de radiactividad y los efectos reales en la salud. Las partículas radiactivas “de Fukushima” aparecieron como por arte de magia en Europa y como por arte de magia, desaparecieron al día siguiente. Convivimos con la radiactividad de manera natural, como la del gas radón que se acumula en nuestras casas, o la de algunos quehaceres diarios como la de determinadas pruebas médicas o la que recibimos cuando viajamos en avión.

Convivimos con el riesgo, no sólo con el intrínseco a la energía nuclear, sino con todas las actividades que realizamos. Los accidentes domésticos, los de carretera, los industriales no suelen suponer campañas para abandonar la construcción de casas, la eliminación de las autopistas o el desmantelamiento de las industrias. Se exige una mejora de la seguridad. El desastre de Bhopal donde murieron miles de personas por un escape de isocianato de metilo no supuso la desaparición de la industria de los pesticidas, sino el refuerzo de la seguridad y la revisión y cambio de ciertos protocolos de actuación en toda la industria química.

Entre tanta información, desinformación e interés, cabe hacer algunas reflexiones. Necesitamos energía. No nos podemos permitir no tenerla y necesitamos energía de manera continua y cada vez más. Las políticas de eficiencia energética pueden favorecer el ahorro o un gasto menor para un mismo proceso, pero en tanto el mundo prospere y los países y sociedades avanzados vayan siendo cada vez, el efecto es acumulativo. Apostar por una única fuente de energía o desechar otras es una locura. No es cuestión de apostar por las renovables y no por la nuclear o viceversa, sino que dejar que cada una tenga su nicho, que cada una tenga su evolución natural, que no sean los políticos los que decidan sobre ellas, sino los consumidores y ciudadanos los que informados y con conocimiento se planteen cuál es la que quieren.

Japón se enfrenta a un serio problema de suministro energético pues el cierre de Fukushima, anunciado por las autoridades niponas, generará una situación de complicada resolución, sobre todo para un país tan dependiente de las importaciones de materias primas, incluido el petróleo. Además, deberá construir nuevas centrales convencionales para recuperar sus necesidades energéticas reales o ampliar las que tiene. Si apuesta por los hidrocarburos, se hará más dependiente de un mercado conflictivo, muy ligado a países, como los árabes, que ahora pasan por serios problemas de estabilidad. Y una economía japonesa maltrecha puede contagiar sus males a otras economías mundiales, sobre todo en época de crisis económica.

La seguridad de las centrales nucleares parece haber quedado en entredicho, pero lo cierto es que la de Fukushima, diseñada para aguantar un terremoto de grado 7,5 y un tsunami proporcional a esa intensidad, ha aguantado un terremoto de grado 9, siendo el tsunami el que afectó a los edificios de los generadores que debían poner en marcha la refrigeración de núcleo, ya en parada. No ha habido, al menos hasta la fecha y según los datos que se manejan, un fallo de diseño, sino una subestimación de la intensidad de un terremoto y su consiguiente tsunami. Ello no es óbice para que no se pida y exija una mejor seguridad en las plantas nucleares, que se refuerce la de las ya existentes y que se mejore la de las futuras, incluso que se rehagan los protocolos para buscar las ubicaciones idóneas que eviten o minimicen los efectos de los seísmos. Fukushima, más allá de la catástrofe, debe ser una fuente de informaciones que ayuden a mejorar, aunque sólo sea porque se ha producido en una situación considerablemente extrema. Pero debemos recalcar que el riesgo cero no existe, que por muy bien diseñadas que estén, las centrales nucleares, las industrias químicas, las farmacéuticas incluso las alimentarias o las explotaciones ganaderas o agrícolas, o cualquiera que se nos ocurra, llevan un factor de riesgo que puede afectar nuestras vidas.

En tercer lugar, habría que pedir un poco más de reflexión a la hora de comunicar ciertas noticias y opiniones. Los grupos ecologistas han aprovechado para reivindicar sus posiciones en contra de la energía nuclear sin más argumento efectivo que lo que ha pasado en Fukushima. No han tenido en cuenta que las otras 10 centrales nucleares aguantaron con mayores o menores problemas la catástrofe y que ofrecen  como alternativa las fuentes de energía renovable, sujetas a serios problemas de continuidad en el suministro, costes exagerados y baja eficiencia. Algunos políticos ejercieron de bocazas, como el comisario de Energía de la Unión Europea, Günther Oettinger, que llegó a hablar de Apocalipsis, lo que afectó inmediatamente a los mercados bursátiles, o la canciller alemana Angela Merkel, que, en plena época electoral, anunció el cierre de las centrales de su país cuya construcción sea anterior a 1980, sin hablar ni negociar con dueños y gestores. Los intereses ideológicos, partidistas y políticos no siempre tienen que coincidir con los intereses de los ciudadanos, diversos y plurales. Sin embargo, la influencia y capacidad de los primeros puede hacer mucho daño a los segundos. Es evidente que todo lo ocurrido influirá en las políticas energéticas de todos los países, pero sería positivo que fuera para mejorar y no para frenar la energía nuclear.

Lo peor de Zapatero no se va

Se me dirá que este no es el momento de realizar tales reflexiones, que bien podría regocijarme de que, al menos, no estará otros cuatro años y que sólo busco hacer leña del árbol caído. Mas ha sido Zapatero el que ha convertido en astillas a nuestra sociedad. No sería grandeza olvidar ahora, sino una traicionera desmemoria.

Apenas las cifras de desempleo y de déficit público servirán para resumir, en el aspecto económico, su misérrima legislatura: en 2012, Zapatero se irá habiendo incrementado la deuda pública de cada español en casi 5.000 euros per cápita (más de 300.000 millones de euros, ahí es nada) y habiendo condenado a más de tres millones de esos endeudadísimos ciudadanos al más estructural de los desempleos.

Alfa y omega: Zapatero empezó su primera legislatura como orgulloso ignorante en economía y gobernó espoleando la mayor burbuja inmobiliaria de nuestra historia, gastando y gastando las plusvalías tributarias de los millones de casas hoy invendidas en varias zarandajas de esas etiquetadas sociales, ecologistas o autonomistas como medio para justificar un inmisericorde expolio ciudadano. Durante la segunda legislatura simplemente permitió que, colapsado el ladrillo, su antiliberal ideología nos asestara la mortal puntilla: ni austeridad presupuestaria ni liberalización de los mercados.

"La salida de la crisis será social o no será" y obviamente no ha sido. En su currículum sólo resta una bancarrota nacional que únicamente la gracia de nuestra acreedora Merkel ha permitido salvar hasta el momento. Esa lapidaria declaración de intenciones, por sectaria, por suicida, por arrogante, por desnortada, por ignorante y por infamante debería descalificar todo su desgobierno económico y perseguirlo durante el resto de su vida. Pero no lo hará: sólo los españoles –11 millones de los cuales lo votaron, no lo olvidemos– serán perseguidos a latigazos por sus repercusiones. Lo peor de ZP no serán sus dos legislaturas, sino su legado: se va, pero nos deja una hipoteca a punto de entrar en default.

Adiós y ahora a esperar al próximo Zapatero. Del PSOE o del PP.

3G y 4G sin libertad ni competencia

Esto es especialmente evidente en el espectro radioeléctrico, en el que todos los Gobiernos han ejercido una nacionalización de hecho y no permiten que nadie haga uso de frecuencias disponibles sin obtener su autorización ni, en numerosas ocasiones, pasar por el trámite de tener que pagar grandes cantidades de dinero.

Por mucho que la fuerza de la costumbre nos haya hecho creer que esa apropiación del espectro radioeléctrico es lógica, esto no responde a la realidad y existen posibles modelos alternativos donde prima la iniciativa privada evitando el abuso de poder por parte de los Gobiernos de todos los niveles. De hecho, lo que hacen los Estados con las frecuencias de emisión sería el equivalente a la nacionalización del aire y la imposición de cuotas y pagos a Hacienda para poder respirar.

Todo lo anterior viene a cuento por el anuncio de que el Gobierno piensa subastar espectro por 2.000 millones de euros para su uso por parte de operadores de tercera y cuarta generación (3G y 4G) de telefonía móvil. El objetivo de la venta no es favorecer una mayor liberalización del sector, algo que sería digno de aplaudir, sino reducir el déficit público al que nos han conducido las políticas del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y los poderes autonómicos. Uno de los efectos de esta política será que los operadores que entren en juego tendrán limitada su capacidad de reducir tarifas, puesto que sus gastos se verán incrementados por la necesidad de tener que pagar una "mordida" institucionalizada al Estado en forma de subasta.

Como resulta imposible que un Gobierno renuncie a pintar algo en la regulación del sector de la telefonía móvil, al menos debería reducir nivel de actuación y renunciar al afán recaudatorio. El Ejecutivo debería limitarse a poner el mayor número disponible de bandas de frecuencia a disposición de las operadoras que quieran entrar en el mercado y asignarlas sin cobrar nada a cambio para asegurar que entre en el sector la máxima cantidad posible de competidores. De esta manera las compañías se verían obligadas a esforzarse por dar un buen servicio y a ofrecer tarifas asequibles a la mayor parte de los ciudadanos.

Sin embargo, para el Ejecutivo de ZP no prima el interés del consumidor. Lo que busca son ingresos fáciles, aunque eso signifique una reducción artificial de la competencia y precios más altos por acceder a servicios 4G.

¿Nueva burbuja solar?

La burbuja solar explotó hace ya unos meses en España, tal y como se avanzó en estas páginas. De hecho, hasta el propio presidente del Gobierno, estandarte sin parangón de la política energética verde, admitió el pasado febrero los escandalosos excesos cometidos en esta materia.

Aún así, y pese al evidente fiasco político y económico de estos últimos años, son muchos los que ahora se apresuran a anunciar el nuevo renacer de la energía solar como consecuencia de la crisis nuclear desatada en Fukushima tras el terrible terremoto y posterior tsunami que arrasó Japón. El cierre de las plantas nucleares más antiguas en Alemania y el anuncio de que China podría duplicar su producción fotovoltaica en los próximos años ha desatado el éxtasis entre los ecologistas y fervientes defensores de este tipo de energía.

Un júbilo que, como es lógico, también se ha materializado en la bolsa. Las acciones de la industria solar han subido con fuerza dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, los potenciales inversores deberían tener en cuenta varios puntos antes de lanzarse a comprar. El primero y más importante de todos es que, hoy por hoy, este tipo de generación energética no es un negocio rentable. De hecho, es ruinoso. Su supervivencia y desarrollo dependen única y exclusivamente de las inmensas ayudas, subvenciones y primas que reciben de los distintos gobiernos. Dicho esto, más allá del fraude generalizado cometido en este tipo de instalaciones, sorprendería saber quiénes son los beneficiarios de tal lluvia de millones. La publicación de los auténticos receptores bien podría provocar alguna que otra dimisión entre la clase política.

En segundo lugar, tal promoción no es gratis. Las primas verdes han de ser sufragadas de una u otra forma, ya sea subiendo la factura de la luz, ya sea elevando los impuestos. Y he aquí el problema. La crisis de deuda pública que azota a numerosos países desarrollados obliga a reducir gastos y a priorizar el destino de los fondos públicos. En plena expansión crediticia, materializada en el boom económico de la década del 2000, el aumento del gasto público parecía, ilusoriamente, estar exento de riesgos. Pero, llegado el tiempo de las vacas flacas, primar la energía solar supone un lujo inasumible para muchos Estados. Así, en los últimos meses, Holanda, Italia, Francia, Reino Unido o Alemania han aprobado o estudiado recortes similares a los de España.

Además, Japón, por el momento, seguirá apostando por la nuclear y aún está por ver si los países emergentes están dispuestos a cometer los mismos –y ya evidentes– errores de los desarrollados en materia de política energética. Aún así, si finalmente estalla una nueva fiebre solar, ésta no dejará de ser una burbuja desde el punto de vista inversor. Y es que, al fin y al cabo, seguirá dependiendo del sector público. Es decir, su crecimiento no estará basado en fundamentales, con lo que será otro edificio construido sin cimientos. A largo plazo, los mayores beneficiarios de un hipotético pánico nuclear internacional podrían llegar a ser las empresas de gas natural y del carbón.

Sentencia pírrica

Una vez más, caía el gozo del ciudadano en el pozo de la arbitrariedad.

Porque tras la alharaca de los titulares se esconde la cruda realidad de una sentencia que se puede calificar como pírrica, y que nos deja moralmente satisfechos, pero de nuevo a los pies de lo que quieran hacer con nosotros los políticos.

Vayamos por partes. Empecemos por lo más obvio: los jueces han decidido que, aún siendo un canon ilegal, el dinero indebidamente cobrado mientras los jueces deliberaban no se devuelve. O sea que si este canon era un robo, ahora ya ha dejado de serlo. Se consolida gracias a esta sentencia el expolio realizado a cada individuo y a la sociedad. Mal vamos.

Pero no ha de terminar aquí la desilusión. Si no vamos a poder recuperar lo que nos quitaron, podríamos consolarnos pensando que al menos no nos quitarán más. Pero tampoco parece que vaya a ser así.

En efecto, la sentencia de la Audiencia en realidad no anula ni declara ilegal el canon. Se limita a anular la Orden Ministerial donde se listan los soportes y aparatos a los que hay que cargar el canon, y cual ha de ser su importe. Y ni siquiera lo hace por cuestiones de fondo, simplemente la anula por aspectos formales, esto es, porque no se cumplieron determinados trámites antes de aprobar la citada Orden.

En concreto, la tramitación de esta Orden requería un informe del Consejo de Estado, y sendas memorias justificativa y económica. Los jueces de la Audiencia no han encontrado ninguno de estos documentos en el expediente asociado, tras una infructuosa búsqueda que les ha llevado dos años y medio, ni más ni menos. Y es esta ausencia la que les lleva a anular la Orden, que no el canon.

Así pues, el panorama no es nada halagüeño. En primer lugar, porque a los jueces les ha llevado 30 meses (¡30 meses!) percatarse de que estos documentos no existían, periodo durante el cual los ciudadanos hemos pagado religiosamente un dinero que no tendríamos que haber pagado y que nadie nos va a devolver. Y digo yo que cómo puede llevar tanto tiempo juzgar y decidir sobre la inexistencia de unos informes.

Y en segundo lugar, porque la redacción de dichos documentos no supone ningún obstáculo relevante para la aprobación una nueva Orden en lugar de la anulada. La elaboración de las pomposas memorias no le llevará a un buen funcionario más de un par de tardes, aunque el informe del Consejo de Estado requerirá más fárrago administrativo y retrasará un algo la aprobación.

Por supuesto que la nueva Orden podrá ser llevada de nuevo ante la Audiencia, y forzar a los magistrados a resolver sobre el fondo de la cuestión. Pero para cuando hagan esto ya habrán pasado otros cuantos añitos en que los ciudadanos habremos seguido sufriendo el expolio de un canon eventualmente ilegal, y en todo caso no restituible.

Con todo, lo más divertido es que hay gente que, gracias a sentencias como ésta, se cree que el Estado de Derecho funciona en nuestro país. Y, sin embargo, lo que demuestran es justo lo contrario: son la prueba evidente de que el Estado puede hacer lo que quiere en nuestro país.

Irresponsables

Pero todavía no tenemos constancia de ninguna dimisión, ninguna reprimenda, ni siquiera una disculpa. Sinde ha anunciado… que seguirá con sus planes inalterados. Ni que fuera la sentencia del antenicidio.

La política es el reino de la irresponsabilidad. Nadie paga por nada. Incluso normas como la Ley de Protección de Datos tienen excepciones para las administraciones públicas. Ni el Estado ni quienes forman parte de él, sea como funcionarios o políticos, padecen en sus carnes las consecuencias de sus malas acciones. No hay más que ver el Faisán.

El canon digital ha sido protestado con una rara unanimidad por opinadores profesionales y ciudadanos anónimos de todo el espectro político; aunque seguramente a mucha izquierda le haya molestado más que lo recaude una organización privada que el canon en sí. Los votantes de los partidos que han votado a favor lo aborrecen. Incluso ha surgido una iniciativa llamada #nolesvotes que pide que no se apoye en las urnas a PP, PSOE y CiU, responsables de la aprobación de la Ley Sinde. Pero no servirá de nada. Aunque les voten menos, ganará el PP, o el PSOE. No existe alternativa real en un sistema político organizado de tal modo que hay garantía de que no exista competencia a los partidos ya asentados. Rajoy y Zapatero podrán ser despreciados a modo, pero ningún tercer candidato puede aspirar a gobernar, a no ser que antes se convierta en califa del partido en lugar del califa actual.

No existe puesto más seguro que el de político o funcionario. Tienes que ser un delincuente para perderlo, y a veces ni eso. Evidentemente, un asuntillo de poca monta como que la Audiencia Nacional declare ilegal la regulación del canon es lo de menos. Hacemos otra norma, y punto. Y los súbditos afectados, que se aguanten y, a poder ser, no hagan mucho ruido.

Regular los mercados

Estas afirmaciones revelan una profunda ignorancia de lo que son y cómo operan y se autorregulan los mercados libres, que son órdenes espontáneos complejos que no pueden ser diseñados o planificados de forma coactiva y centralizada.

Un mercado libre, por definición, se basa en una regla fundamental, el derecho de propiedad, o sus formas equivalentes: el principio de no agresión o la libertad individual. Cada persona está legitimada para decidir libremente qué hacer con lo que posee, sin coacciones externas, en el ámbito limitado de su justa posesión, con la única restricción de no invadir la propiedad ajena: debe respetar la libertad de los demás, no agredir a otros, no robar o dañar lo que no es suyo. Además es legítimo usar la fuerza para defenderse de ataques o amenazas claras e inminentes y para reclamar justicia por alguna violación del derecho.

También existen normas sobre cómo acceder a la propiedad, siendo el primer usuario de algo (colonización), o mediante intercambios voluntarios que benefician a ambas partes. Así cada agente especializado en un sistema de división de trabajo, comercio y competencia se enriquece en la medida en que sirve adecuadamente a los demás. Los precios y las cantidades se ajustan o equilibran mediante la interacción de la oferta y la demanda. El mercado se autorregula porque los productores ineficientes, los que no sirven satisfactoriamente a los consumidores, cosechan pérdidas y ven disminuido su poder de actuación; los productores eficientes obtienen beneficios y tienen más medios a su disposición.

Además del derecho de propiedad como norma universal y abstracta, en los mercados existen múltiples y diversas normas particulares y concretas, generadas mediante contratos, compromisos formales exigibles por la fuerza entre partes con preferencias y conocimiento específicos acerca de su situación. Si uno quiere restringir las acciones de otros, puede hacerlo pactando con ellos y ofreciéndoles algo a cambio: pero tal vez no les interese, y quizás lo que quiere el promotor de una regulación es limitar la libertad pacífica de otros sin su consentimiento y en contra de sus intereses, imponiendo su particular criterio sobre los demás. Las normas se transforman en armas cuando se usan para perjudicar a otros en beneficio propio: el derecho se pervierte y se transforma en herramienta de depredación, parasitismo o bloqueo al competidor.

Los defensores de la regulación exógena por agentes coactivos (gobernantes, burócratas, tecnócratas) no suelen saber de lo que hablan. Proponen regular ámbitos que ya están regulados y en los cuales la intervención es la causa de los problemas. Omiten cuidadosamente los detalles acerca de los contenidos concretos de las normas que proponen, asumiendo que el regulador experto es sabio y bondadoso y ya concretará con acierto y sin posibilidad de error; ignoran que el planificador no tiene incentivos adecuados para acertar ni dispone del conocimiento disperso acerca de las circunstancias locales de cada uno.

Cuando dan detalles éstos tienden a ser arbitrarios y mal argumentados; parece que sólo una regla específica es posible para cada asunto, que no puede haber competencia y adaptación entre diversas alternativas. No consideran los efectos secundarios, indirectos y a largo plazo de las regulaciones que proponen. Y olvidan que no basta con decretar normas, sino que hay supervisar y vigilar su cumplimiento, lo cual puede no ser posible o tener un coste considerable: a los intervencionistas esto no suele importarles, porque asumen que el coste lo van a pagar otros, que es básicamente su filosofía de vida.

La chaqueta de Botín

Y parecía decir, con ese gesto, que ha estado trabajando en las palabras que iba a decir ante Zapatero hasta el momento antes de pronunciarlas.

En fin, que se puede interpretar como uno quiera. Al fin y al cabo lo único que ha hecho es ponerse la chaqueta. Lo que no ha hecho, eso queda claro, es cambiarla. Siempre ha estado al lado de Zapatero. No sabemos si a la izquierda, a la derecha, delante, detrás, pero cerca. A comienzos de septiembre de 2007, un año antes de que estallara la crisis, Botín hizo de anfitrión del presidente del Gobierno, y lanzó un claro mensaje de confianza en la política de Rodríguez Zapatero. El diario El País titulaba entonces: "Zapatero y Botín coinciden en confiar en la economía frente al catastrofismo del PP", lo que acompañaba con una foto en la que ambos personajes se fundían en un monstruo de dos cabezas. Hoy tenemos la catástrofe, pero el apoyo del banquero no ha cambiado.

En la Junta General de Accionistas de 2010, Botín alabó la política de contención del gasto del Gobierno. Aunque pidió nuevas reformas, que más tarde tendría ocasión de alabar, como la financiera. En febrero de este año, con Merkel revisando en Madrid el cumplimiento de la política económica que ella ordena, volvió a incidir en las "magníficas" reformas zapateriles. Este sábado ha dicho claramente que Zapatero no debe convocar elecciones anticipadas ni debe anunciar su intención de no presentarse, si es el caso. Lo primero porque detendría el programa de reformas hasta la llegada de un nuevo Gobierno y lo segundo porque entorpecería la labor del Gobierno, más pendiente de mantenerse en equilibrio con todos sus ministros liderando candidaturas a suceder a Zapatero, o alineándose con uno u otra. ¿No había un partido de oposición que legítimamente aspira a suceder al PSOE en el poder y, acaso, hacerlo un poco mejor? Nada, la opción es Zapatero hasta el final, y Dios dirá.

No es el único que ha salido en socorro del Gobierno. Al fin y al cabo, los empresarios deben luchar por sus propios intereses y en un momento de zozobra financiera es lógico que los banqueros opten por la estabilidad y por mantener la política económica de Merkel. Ahora, nadie se ha puesto la chaqueta camino de La Moncloa con tanta gracia como Emilio Botín.