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O integración o multiculturalismo

Y añadió que el concepto de multiculturalismo es un "fracaso". Si le suenan estas palabras es porque cinco días antes el primer ministro británico David Cameron había criticado "la doctrina del multiculturalismo de Estado", con estas palabras: "No hemos sido capaces de dar una visión de la sociedad a la que apetezca pertenecer. Incluso hemos tolerado que esas comunidades se comporten de un modo que va en contra de nuestros valores". Y si a su vez estas palabras le despertaban un rincón de la memoria sería porque a mediados de octubre Angela Merkel, la canciller alemana, había dicho de la política "multikilti" de "vivir en comunidades adyacentes" había "resultado en fracaso". Y John Howard en Australia o José María Aznar en nuestro país habían dicho cosas parecidas.

El multiculturalismo no existiría sin dos ideas que son netamente de izquierdas. La primera es que el individuo no existe, que sus decisiones no son tales y que si tiene algo real es de prestado, pues lo que le define es su cultura. Todo es cultura, y ésta es un fenómeno colectivo. La segunda idea es el relativismo. No hay valores absolutos, pero es que tampoco hay valores que sean mejores que otros. Por lo que tampoco hay culturas superiores o inferiores, sólo son formas distintas, alternativas, de organizar la vida en común. Imponer nuestros valores sería un crimen, y aceptar tal cual viene la cultura que cruza nuestras fronteras es un acto debido, merced a la tolerancia. Una "tolerancia" mal entendida y que no se tiene con nosotros. Nuestra civilización, la única que de veras merece ese nombre, es el precipitado de todo lo que la izquierda odia sinceramente. Y unas cuantas cuñas clavadas desde culturas distintas sólo pueden venir bien si sirven para minar lo que hemos heredado.

¿De veras ha fracasado? La pregunta es ¿de veras podía ser el objetivo de esa política integrar a los inmigrantes? El multiculturalismo es una política de segregación cultural que renuncia, por principio, a la integración. Si la confluencia de comunidades distintas se une a la crítica permanente a la del país de acogida, ¿no es inevitable que surjan conflictos? ¿No es imposible que surja de ahí un entendimiento, una concordia? La integración no es una cédula que se entrega al que llega, sino un acto voluntario del inmigrante de formar parte de la sociedad de acogida. Y esto sólo se puede producir si la sociedad es lo suficientemente orgullosa como para que tenga que hacer un esfuerzo. O integración o multiculturalismo, no hay otra.

Artur Mas mantiene los privilegios de los botiguers

Políticos, sindicatos, lobbies, pequeños comerciantes y hasta clientes nos han dicho que es una necesidad nacional no dar libertad a los empresarios para que abran cuando quieran y hasta la hora que deseen.

Todos han esgrimido las razones más variopintas para justificar la actual legislación proteccionista. La más común ha sido la falacia del atractivo emocional (argumentum ad misericordiam): si dejamos libre el mercado, esto es, que el consumidor pueda elegir, los pequeños comercios desvalidos cerrarán. También han recurrido a la falacia de la tradición (argumentum ad antiquitatem): Cataluña tiene una larga historia de pequeño comercio y el mercado no ha de cambiarlo para mantener nuestra identidad. Incluso han mostrado el argumento más absurdo de todos, que no llega ni a falacia, sino a mentira: con más libertad, aumentará el desempleo. ¡Toma ya!

Con éstas, el 40% de los comercios catalanes han cerrado desde el inicio de la crisis. La regulación de horarios no parece haber amortiguado mucho la caída. El modelo jurásico que mantiene el Gobierno de Cataluña, y resto de España, no tiene justificación alguna. No defiende derechos como nos hacen ver con sus mentiras y falacias, sino privilegios.

Países como Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suecia o Irlanda no tienen prácticamente regulación horaria. Alguno de los anteriores países europeos mencionados regula, como mucho, el cierre de los domingos. Si nos centramos en Suecia –paradigma de los socialdemócratas españoles–, desde que el Gobierno otorgó libertad a sus comerciantes, en el periodo comprendido entre 1995 a 2005, su productividad creció un 15%. Superó incluso a EEUU en esta materia. Con la paulatina desregularización, la superficie media de los locales dobló en diez años. Empresas como IKEA (que ya había empezado su expansión) y H&M se dispararon aumentando su tamaño, lo que les permitió aprovechar las economías de escala comprando más barato a proveedores. Los resultados fueron beneficios netos para todos: el cliente ganó libertad a precios más baratos; el Gobierno ingresó más dinero en concepto de impuestos; y las empresas aumentaron sus volúmenes. No crea que en Suecia todas las tiendas están abiertas 24 horas ni mucho menos. Hace demasiado frio y el comercio simplemente se ha amoldado al cliente. Imagínese el potencial que puede tener un país mediterráneo que vive en gran parte del turismo.

¿Cerraron muchos comercios pequeños en Suecia? Claro, los ineficientes. Los que vendían caro aprovechándose del cliente. Los privilegiados que vivían a costa de la prohibición. Cuando bajaron la persiana para siempre, sus dueños simplemente se dedicaron a hacer otras cosas que beneficiaban a la sociedad, sirviéndola en lugar de vivir de ella parasitariamente.

La regulación horaria no solo encarece los precios. Favorece al ocioso frente al trabajador (el que tiene voluntad de servir), perjudica al consumidor y genera enormes costes económicos y políticos para el ciudadano. Por ejemplo, el sector de Osona recibió en 2008 subvenciones valoradas en 600.000 euros. ¿Por qué buscar el beneficio en el cliente cuando lo paga la administración? Los comerciantes que defienden el control horario no tienen ninguna voluntad de servir al cliente, son funcionarios privados que viven a expensas del dinero y la libertad del ciudadano: son dinosaurios a extinguir.

A nivel político, los comerciantes se reúnen en lobbies para presionar al Gobierno de turno vendiendo su voto y silencio a cambio de represión comercial. Cuando la economía está al servicio de las empresas y del Gobierno, ésta pierde su finalidad. El único objetivo del mercado es servir al cliente. Es una vergüenza que en la Cataluña del s. XXI aún existan imposiciones medievales de este tipo. Afortunadamente para nosotros los consumidores, este tipo de comercio trasnochado, ñoño y casposo tiene las horas contadas. En internet hay libertad de horarios. ¡Viva CasadelLibro.com y Caprabo en Casa!

Cosas en las que sí están de acuerdo los políticos

Los políticos, los que gobiernan y los que pretenden hacerlo, muestran sus discrepancias en muchísimos aspectos, a veces hasta de forma airada. Pero, a la hora de verdad, son capaces de aparcar sus diferencias y ponerse de acuerdo en las cosas básicas, en las realmente importantes.

Por ejemplo, en que los jueces queden bajo su control. Un juez suelto puede hacer bastante daño a un político, aunque solo sea mediático. Así que los políticos aquí sí se ponen de acuerdo. Y por eso empezamos esta legislatura con un pacto del PSOE y el PP para renovar al Consejo General del tercer poder del Estado.

También estaban de acuerdo, al menos hasta hace bien poco, en que tenían que darse buenas pensiones a sí mismos, en cuanto que representantes del pueblo y servidores del mismo. Y que, habida cuenta del sacrificio que ello les suponía, no era necesario que pasaran por el aro tantos años como el común de los mortales para garantizarse la subsistencia a cargo de los impuestos de sus conciudadanos. ¿Ven cómo en lo mollar, en lo que realmente es importante, los políticos son capaces de alcanzar consensos?

Pues bien, últimamente los políticos han localizado otro tema en que la unidad es necesaria para seguir avanzando. Otro aspecto más en que coinciden PP y PSOE: la intervención en internet.

ace un par de meses nos despachamos con una moción del Senado para regular la neutralidad de la red (concepto este al que ya hemos dedicado varias columnas) aprobada por unanimidad. La iniciativa original correspondió al PP, aunque finalmente fue del PSOE la propuesta definitiva. Gracias a esta iniciativa, el incauto (y en algún caso cómplice) internauta verá protegidos sus supuestos derechos por los políticos.

Y ahora también se han puesto de acuerdo sobre la llamada "ley Sinde", gracias a la cual se protegerá a los artistas y creadores de los mismos incautos (y cómplices) internautas cuyos derechos protegen los políticos con la neutralidad de red. Que nadie bloquee la internet, nadie salvo los políticos cuando lo consideren conveniente.

Hemos de deducir de este consenso en regular la red de redes que a los políticos les preocupa internet. Les preocupa tanto, al menos, como tener bien controlados a los jueces y bien cubierto el riñón para su futuro. Seguramente será por el interés general.

¡Al ladrón!

Y es que, tal y como aseveró el propio Jesús Caldera en el programa 59 segundos de la semana pasada, lo importante es que ningún partido o agente social ha puesto en cuestión el sistema público de pensiones. El modelo de reparto seguirá vigente en España y su evidente y estructural insostenibilidad será parcheada, una vez más, mediante una reforma destinada a retrasar la edad de jubilación y reducir progresivamente la cuantía de las futuras prestaciones. Es decir, trabajar más para cobrar menos. Éste, y no otro, es el resumen del debate sobre las pensiones, tan en boga en estos tiempos.

Y lo triste, por no decir, sorprendente, es que casi nadie ha levantado la voz contra el sistema vigente. Partidos, sindicatos y patronal han acordado extender en el tiempo este robo institucionalizado sin que ninguno denuncie la grave injusticia que supone su mantenimiento. La Seguridad Social se articula a través de un esquema de fraude piramidal –conocido como Ponzi en el argot financiero–, ya que su rentabilidad (cuantía y duración de las prestaciones) depende única y exclusivamente de la entrada de nuevos partícipes (cotizantes).

Lo más curioso del asunto es que el famoso financiero estadounidense Bernard Madoff ha sido condenado a 150 años de cárcel por mantener durante años un fondo de inversión que funcionaba de forma idéntica: los dividendos que repartía Madoff no eran fruto de su especial talento para invertir en negocios seguros y prósperos sino de su habilidad para captar nuevos clientes mediante el engaño. En esencia, Madoff pagaba dividendos a sus clientes con el dinero aportado por otros clientes, de ahí, el delito de fraude.

El Estado hace lo mismo en el sistema público de pensiones sólo que, a diferencia de este delincuente, no se tiene que preocupar de buscar y cautivar a nuevas víctimas. Ley en mano, impone a trabajadores y empresarios la obligación de cotizar bajo amenaza de dura sanción y pena de cárcel. Lo tiene mucho más sencillo que el famoso Madoff. Por incomprensible que parezca, el Estado legitima y justifica un modelo de reparto que, a todas luces, es ilegal en caso de que sea ejercido por el sector privado –el escándalo de los sellos de Fórum y Afinsa es otro claro ejemplo de fraude piramidal–.

Sin embargo, las crisis demográfica y económica han destapado de forma visible a la opinión pública el gran engaño de las pensiones públicas. El progresivo envejecimiento de la población y la falta de cotizantes han obligado a adelantar una reforma que, tarde o temprano, estaba condenada a producirse. En el futuro, los españoles se jubilarán a los 70 años con una pensión hasta un 30% inferior a la actual. De hecho, los políticos no dudarán en subir los impuestos para mantener en pie el modelo en caso de que este tipo de medidas resulten insuficientes –que lo serán–.

¿Hay alternativa? Sí. Sus aspectos han sido analizados en estas mismas páginas. Lo primero que debe saber uno es cuánto paga realmente a Hacienda para percatarse del robo, y luego hacer cuentas y reflexionar acerca de cómo ir construyendo su particular pensión de oro gracias al interés compuesto, al margen del sistema público.

Desde luego, ningún partido o agente social le animará a ello. Y es que el objetivo de toda casta gubernamental radica en mantener en la mayor ignorancia e inopia posible a la masa de contribuyentes de la que se alimenta y engorda. El debate ha concluido, la reforma de las pensiones está en marcha, el sistema público se mantendrá. El Estado, por tanto, ha ganado esta pugna: nadie ha gritado ¡al ladrón! mientras se cometía el delito. Pues bien, ¡al ladrón!

Confianza que inspira desconfianza

Al final, pues, todos nuestros problemas se reducirían al consabido estoloarreglamosentretodismo. La concordia nacional, de PSOE a PP y de sindicatos a patronal, sería el mejor bálsamo para nuestros males y permitiría recolocar a esos cinco millones de personas en empleos de calidad. Conocida, por tanto, la fórmula mágica, huelga preocuparse por nada más. Los flashes de las cámaras, los apretones de mano y el cambio de gobierno obrarán milagros por sí mismos. "Reforma laboral, ¿para qué?", responden al unísono el falsario socialista que aprendió economía en dos tardes y el enigmático socialista-bis que arregla todo entuerto en dos años.

Se ve que nada tendrá que ver con nuestro rigidísimo mercado laboral que el PIB alemán cayera entre 2007 y 2009 un 3,7%, y pese a lo cual su tasa de paro se redujera del 8,3% al 7,5%, y que el nuestro, minorándose un 2,9%, provocara un aumento del desempleo del 8,2% al 18%. Será que los germanos, muy orgullosos ellos, no perdieron nunca la confianza en sí mismos y que nosotros, melodramáticos españoles que no sabemos valorar los líderes de que gozamos, nos deprimimos a las primeras de cambio.

Mas déjenme que apunte a un detalle sobre el que, tal vez, los partidarios del trinomio confianza-crecimiento-empleo no han recaído. La economía crece cuando aumenta la producción de bienes y servicios, y la producción de bienes y servicios aumenta o cuando el número de empleados se incrementa o cuando los que hay se vuelven más productivos. Relacionar lo primero con la creación de empleo equivale a confundir causa y consecuencia: no es el crecimiento lo que crea empleo, sino el empleo lo que engendra crecimiento. Relacionarla con lo segundo tiene más de esperanza que de ciencia: ninguna conexión automática existe entre que la mayor productividad (y mayor poder de compra) y la creación de empleo; sin reestructuraciones sectoriales, sólo si esa mayor productividad se destinara a demandar los carísimos bienes y servicios que venían produciendo los desempleados –¿inmuebles?–, el paro comenzaría a menguar. Lástima que las burbujas, cuando pinchan, lo hagan por varias décadas.

Señores políticos, confíen menos en la confianza y más en la flexibilidad del libre mercado. Vamos, preocúpense menos por conservar o regresar al mullido sillón y al coche oficial y más por retirar las cadenas sindicales y administrativas que han extendido sobre nuestras empresas.

EEUU pone en riesgo internet

Estas labores las realiza la ICANN, un organismo situado en Estados Unidos aunque desde 2009 independiente del Gobierno.

Durante años países tan dignos de confianza como Irán han pretendido que el control de la ICANN pase a la ONU, ante el temor de que al estar radicado en Estados Unidos, el Gobierno pudiera excluir de internet a un país al que considere enemigo, aunque nunca se ha especificado qué sacaría EEUU de semejante acción, cuando precisamente internet es el peor enemigo de los enemigos de los norteamericanos. Semejante excusa para otorgar el gobierno de internet a la mayoría de dictaduras que cortan el bacalao en la ONU me pareció siempre bastante patética. Lo sigue siendo. Pero aunque siga siendo deseable que Naciones Unidas no se haga cargo del chiringuito, quizá convenga empezar a pensar quién podría tener esa responsabilidad.

Estados Unidos sigue respetando el sistema de dominios en términos generales. Ni el Gobierno ni juez alguno han exigido que se eliminen registros del tipo "odioabarackobamamuchomucho.com", si es que tal cosa existiera. Pero ya a finales de 2010 un juez ordenó la retirada de diversos dominios relacionados con productos falsificados, incluyendo en el pack el buscador Torrent-Finder, que no aloja contenido ilegítimo alguno y cumple una labor técnicamente similar a la de Google. Y ahora ha sido Rojadirecta quien se ha visto perjudicada por la retirada de uno de sus dominios, en concreto el punto org.

La pérdida de un dominio ya no es tan dolorosa para un negocio como antaño. La mayoría de la gente accede a los sitios web no poniendo directamente la dirección sino tecleándola en un buscador. Pero aun así el daño es considerable, y no parece lógico que sea la legislación estadounidense la que decida qué dominios se respetan y cuáles no. Ojo, que pese a todo seguramente sea más de fiar que prácticamente todas las demás jurisdicciones. Pero cabría pensar en qué refugio colocamos la gestión de los dominios de primer nivel.

Guste o no, cada país tiene derecho a decidir sobre cómo funciona el invento dentro de sus fronteras. Si un juez español decide que a yahoo.com no se puede acceder desde nuestro país, así habrá de ser. Pero lo que no debería poder decidir es que dicha dirección de internet quede prohibida en Sebastopol también. Si este tipo de decisiones comienzan a generalizarse, no sería de extrañar que surgiera un sistema de dominios alternativo, lo que provocaría una escisión de internet, que dejaría de ser universal.

Desgraciadamente, los legisladores norteamericanos no se están preocupando de proteger el sistema de registros alojado en su país. Al contrario, están apoyando una ley que facilite este tipo de requisas en nombre de la defensa de la propiedad intelectual. ¿Y si nos mudamos mejor a Suiza?

Las reformas de que no habla Rajoy

Hace dos fines de semana ante su propio partido. El último en el diario El Mundo. El domingo dejó caer, ante Casimiro García-Abadillo, un puñado de propuestas que el periódico de Pedrojota, por darle algo de relevancia, ha convertido en un decálogo. La vieja veneración a los números perfectos. No es que estén mal. Pero son mucho más interesantes las reformas que no se atrevió a proponer. A saber:

La liberalización de la economía. La sociedad está atada por infinidad de regulaciones medioambientales, de calidad, sanitarias, laborales, que echan a perder valiosísimos esfuerzos empresariales y laborales, bien porque se destinan a aspectos que no son tan necesarios, bien porque no llegan a realizarse nunca. Simplemente desatando la economía con una regulación más racional (es decir, menor), seremos más ricos. Y el Estado mejoraría sus ingresos, sin necesidad de subir los impuestos. De todas ellas, junto con la medioambiental, la regulación que más daño está haciendo a España es la laboral, responsable de gran parte de la lacerante cifra de paro que sufrimos. Y ello incluye eliminar el salario mínimo.

Reformar el Estado Providencia. El Estado asistencial nos hace menos responsables ante nuestro propio futuro y rompe la solidaridad natural que lleva a preocuparnos por los que tienen necesidades insatisfechas a nuestro alrededor, en la confianza de que de todo ello se ocupará el Estado. Además, el Estado vierte sus ayudas en grandes paquetes, sin entrar en cuál es el comportamiento de las personas que las reciben. Y lo que remedia la pobreza no es el dinero, como creen los socialistas, sino el comportamiento. Por eso la caridad privada triunfa donde fracasa el Estado de Bienestar. Como primera medida, propongo eliminar todo rastro de gasto asistencial y dedicar la cantidad que cueste a repartirlo de forma equitativa entre los ciudadanos. Nos liberaríamos de centenares de miles de funcionarios que seguro que están deseando hacer algo útil a la sociedad, y el resultado sería menos dañino que lo que tenemos.

Acabar con el sistema público de pensiones. Percibir una pensión de 5.900 euros al mes es argumento suficiente.

Reformar los servicios públicos. Tanto en Sanidad como en Educación se puede dar más cancha a la iniciativa privada directamente o por medio del bono, sanitario o escolar. Éste aseguraría el acceso de estos servicios a todo el mundo, independientemente de su renta, y favorecería la competencia.

Un Estado federal. Mariano Rajoy ha dicho que las autonomías, "ni tocarlas". Pero todo el mundo reconoce que son una oportunidad para el politiqueo, para la generosidad con el dinero ajeno, para el gasto como si no hubiese futuro (más allá de las próximas elecciones, es decir), para el despilfarro y el empobrecimiento de todos. Si todo el mundo lo sabe, ¿por qué no optar por una solución eficaz y que enfrentaría a cada gobernante regional con sus propios ciudadanos a la hora de pedir dinero? Más, cuando fomentaría la competencia fiscal y en la prestación de servicios, y todo ello sin necesidad de incurrir en costosísimas duplicidades.

Una reforma fiscal. Hay que disociar el nivel de gasto de las partidas a las que se destina. Se podría separar la tramitación parlamentaria de los Presupuestos en dos fases. Una en primavera, donde se fijaría el nivel de gasto, sin posibilidades de revisión al alza. Otra en otoño, cuando se debatiría cómo se reparte ese gasto. De este modo se debatiría al comienzo de año qué nivel de gasto se puede permitir la economía y al final el aumento de una partida tendría que ser a costa de otra. Y como impuesto un tipo marginal único sin desgravaciones, único para familias y empresas.

Reforma energética. Que consistiría en dejar caer las energías que no se han ganado el derecho a competir, porque son brutalmente caras, hasta que se hagan competitivas. Y permitir el desarrollo de las que sí lo son, como la energía nuclear. Rajoy habla de alargar la vida laboral de las centrales, pero se debería permitir a cualquier empresa abrir nuevas centrales, si considera que España las necesitará.

A Mariano Rajoy le falta el conocimiento, el convencimiento o el patriotismo necesarios para plantear los cambios que necesita nuestro país. Y eso que sólo hablamos de economía.

Rubalcaba apunta a internet

No se ha limitado a señalar algo que todos sabemos, que los terroristas utilizan la red para comunicarse y difundir sus mensajes (al igual que usan los teléfonos para hablar, los coches para desplazarse o las casas para esconderse). Muy al contrario, ha afirmado que sin la red no existiría ese tipo de terrorismo al que desde el Gobierno tanto cuesta calificar de "islamista" o "islámico" (sin que esto último quiera decir que todos los musulmanes sean miembros de Al-Qaeda, Hamas, Hizbollah y otras organizaciones similares).

Lo que ha hecho el ministro del Interior es criminalizar la red en su conjunto sin fundamento alguno. Las redes de terroristas que actúan en diversos países, con independencia de sus objetivos y naturaleza ideológica, existen desde mucho antes de la invención de internet. Grupos como la OLP y Septiembre Negro se dedicaban a asesinar, secuestrar aviones o barcos y capturar rehenes en todos los continentes desde antes de que se hiciera algo parecido a comunicar unos ordenadores con otros a través de la línea telefónica. Y no sólo eso. Durante la segunda mitad del siglo pasado, grupos terroristas como ETA, IRA, la Fracción del Ejército Rojo o las FARC colaboraban entre sí y con muchos otros sin necesidad de páginas web y correo electrónico.

Incluso limitándonos al terrorismo islamista, este es también anterior a la red. Sólo por poner un ejemplo, el iraní Hizbollah se fundó entre 1977 y 1979. De hecho, su patrocinador, el régimen de los ayatolás, lleva apoyando a grupos similares en varios países desde que Jomeini tomara el poder en Irán en 1979.

Pero lo más preocupante de las declaraciones de Rubalcaba no es la falta de conocimiento de la historia del terrorismo de la que hace gala. Lo peor es que si un ministro del Interior señala a "internet" como una de las causas de dicho terrorismo, puede tener en mente medidas coactivas para la libertad en la red. Durante la década pasada, y con la alarma mundial causada por los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, en todo el mundo se impusieron normas (en gran medida todavía vigentes) que lesionan los derechos de los ciudadanos en internet (como el secreto de las comunicaciones o la intimidad) al tiempo que no ofrecen una gran eficacia. Máximo ejemplo de eso son la Patriot Act en Estados Unidos junto a la directiva de retención de datos en Europa y su transposición a la legislación de los estados miembros de la UE.

Por tanto, nada bueno se puede esperar. Y menos aún si se tiene en cuenta el poco respeto por los derechos de los ciudadanos en internet que ha demostrado este Gobierno –con el apoyo final de un PP que ha preferido ponerse del lado de los cantantes y demás "culturetas" en vez de junto al resto de los españoles– en todo el asunto de la Ley Sinde.

Esperemos que la declaración de Rubalcaba se quede en una de esas muchas cosas (en numerosas ocasiones escritas por asesores) que numerosos políticos dicen en una conferencia para rellenar tiempo y no señale futuras normas lesivas para la libertad en internet. En definitiva, que tras una "Ley Sinde" con la excusa de los derechos de autor no venga una "Ley Rubalcaba" que traten de justificar con la lucha contra el terrorismo. También en internet hay que luchar contra el terror, por supuesto, pero sin dañar la libertad de expresión o la intimidad de los ciudadanos.

¿La tumba de Obama?

Los congresistas estadounidenses aprobaron revocar la reforma sanitaria de Obama, conocida como Obamacare, que fue aprobada hace diez meses después de una polémica tramitación.

Los demócratas la llaman "ley para una sanidad barata" en un intento de asociar la ley con las promesas que hizo el presidente cuando desarrolló la campaña para su aprobación. Da igual que en realidad abarate la sanidad o no, lo importante es que la ciudadanía haga la asociación. El truco se parece al de los planes de gasto público masivo que los idólatras del estatismo llaman planes o paquetes "de estímulo", tratando de crear una asociación directa en el ideario popular entre gasto del Estado y la recuperación económica. Pero ni la economía se levanta por el simple hecho de que el Gobierno decida gastar más a través del aparato estatal ni el coste de la sanidad baja por el mero hecho de que el gobernante de turno la organice a su antojo y asegure que con su reestructuración forzosa bajará el coste del servicio.

Por más que Obama haya repetido hasta la saciedad que su objetivo principal es reducir el coste de la sanidad privada, lo cierto es que en los diez meses de vida de la reforma, las compañías de seguro han empezado a elevar las primas por los costes adicionales que suponen las partes de la ley que ya han entrado en vigor. Y no es de extrañar. ¿Qué otro resultado podía tener obligar a las aseguradoras a aceptar a todos los ciudadanos sin tener en cuenta los posibles problemas de salud preexistentes? Como consecuencia de la experiencia de estos meses, la ciudadanía empieza a asociar la Obamacare con una sanidad más cara y con el deterioro de la calidad del servicio. A los demócratas les ha salido el tiro por la culata. Lo de "ley para una sanidad barata" empieza a sonar a recochineo.

La revocación posiblemente no tenga éxito a corto plazo. Obama ya ha anunciado que si es necesario vetará la iniciativa republicana. Pero el tiempo parece jugar en favor de los detractores de la ley. Por un lado, ya hay un fallo judicial de un juez federal de Virginia que declara inconstitucional uno de los puntos claves de la reforma: la obligatoriedad de comprar un seguro de salud. Por otro, la ciudadanía norteamericana rechaza actualmente la reforma de manera clara. La encuesta realizada por la CNN este mes muestra una distancia de 8 puntos en favor de quienes están en contra (50% en contra frente a 42% a favor) y el propio Partido Demócrata ha encargado encuestas en las que la diferencia en contra del Obamacare es aún mayor. Ante esta situación, los demócratas han empezado a contratar anuncios tratando de ganar algo de apoyo en la opinión pública. Pero la reforma parece estar en estado de coma.

Los médicos, los principales profesionales encargados de aplicar la cirugía social de Obama, también se muestran contrarios a la reforma. Tan sólo el 18% cree que la calidad de la sanidad mejorará en los próximos años mientras que una aplastante mayoría de más del 60% cree que empeorará, según una reciente encuesta de HCPlexus y Thomson Reuters. Algunas organizaciones médicas como es el caso de la Asociación de Médicos y Cirujanos Americanos (AAPS) van más allá. Según esta organización la mitad de los médicos estadounidenses planea reducir o incluso cerrar sus consultas debido a la reforma sanitaria como consecuencia de la nueva regulación y la elevación de los costes que está provocando. En el Reino Unido, recuerdan desde la AAPS, el ejercicio libre de la medicina se hundió tras la reforma que creó el actual Servicio Nacional de Salud. Cuando el 5 de julio de 1948 Sir William Beveridge anunció la creación la creación del sistema de sanidad pública que haría al Reino Unido "la envidia del mundo", pocos imaginaban que en dos décadas el número de médicos que ejercían la profesión iba a reducirse de 44.000 hasta 17.000. Hoy las listas de espera y la pobre calidad del servicio son las señas de identidad de aquella reforma radical de la sanidad que en España se tomó como modelo para la creación de la Seguridad Social.

Los ciudadanos norteamericanos parecen ser alérgicos a la terapia de shock que Obama ha aplicado a la sanidad de su país. Tanto es así que la reforma sanitaria jugó un importante papel en la paliza que los republicanos dieron al presidente en los midterms y en el imparable crecimiento del Tea Party. De seguir este rumbo, no sería de extrañar que la Obamacare se convierta en la tumba política de Obama.

El barbero rico y el interés compuesto

El protagonista, Roy Miller, un humilde barbero de barrio que logró acumular un importante capital a lo largo de su vida, les va explicando a tres treintañeros sin experiencia qué hacer con su dinero para que puedan jubilarse como millonarios.

Si bien el libro está repleto de consejos, las tres recomendaciones fundamentales de Roy Miller son: a) ahorrar cada mes un 10% del salario para b) invertirlo periódicamente en un fondo de inversión que proporcione c) un rendimiento nominal de alrededor del 15% anual.

Al comienzo, los tres treintañeros se sienten estafados por los consejos de Miller. ¿Una rentabilidad anual del 15%? ¿Acaso es eso posible? Y además, ¿qué pasa con la inflación? ¿No se comería esa extraordinaria rentabilidad? Pero pronto la decepción da paso a la esperanza. Los fondos extraordinarios que proporcionan rentabilidades extraordinarias existen: se llaman fondos de inversión que se guían por los principios de la inversión del valor. En España, sin ir más lejos, tenemos a Bestinver, que desde 1993 acumula una rentabilidad anual media del 17,5%.

¿Y qué sucede con la inflación? Pues obviamente ésta se come nuestra rentabilidad –no descubro América si digo que el Gobierno nos roba mediante los impuestos y mediante la inflación–. Pero, como dice nuestro sabio Roy Miller, "es la persona que no ahorra [e invierte] la que tiene que preocuparse por la inflación". Si quienes ahorran y obtienen una atractiva rentabilidad sobre su inversión pueden verse con el agua al cuello por culpa de la inflación, ¿qué no le sucederá a quien ni ahorre ni invierta?

Algo así cabría contestar de entrada a la precipitada conclusión que algunos medios de comunicación han extraído a cuenta de un reciente informe de Pablo Fernández y Luis Corres sobre la rentabilidad media de la bolsa de Madrid durante los últimos 70 años. Agárrense fuerte: según el paper de estos dos economistas, ¡la bolsa de Madrid todavía no ha recuperado el nivel de 1974 si tenemos en cuenta la inflación! Horror. Adiós al capitalismo popular y a las pensiones de capitalización, ¿no?

Pues no, no tan deprisa. Aunque los titulares suelen ser muy escandalosos, también tienden a resultar engañosos. Como los dos autores del artículo reconocen, si tenemos en cuenta los dividendos que han pagado las empresas de la bolsa madrileña entre 1974 y 2010, el capital que hubiésemos invertido en 1974 se hubiese duplicado para 2010 en términos reales (descontando la inflación). Así pues, lejos de no haber recuperado el nivel de 1974, la bolsa lo ha duplicado cuando tenemos en cuenta los dividendos: en realidad lo que la bolsa no ha recuperado es el nivel de 2006, pues está más alta que en cualquiera de los ejercicios anteriores.

¿Es eso mucho? Bueno, en apariencia no: la rentabilidad anual media entre 1974 y 2010 apenas alcanza el 2% real. Sin embargo, quizá no deberíamos olvidar que la inflación anual media entre 1974 y 2010 ha sido del 22,5%: o dicho de otra manera, la inversión en la bolsa madrileña nos hubiese permitido proteger nuestro poder adquisitivo entre 1974 y 2010 y, además, nos hubiese proporcionado una rentabilidad anual media del 2%.

Imagine que en 1974 disponía de 50.000 pesetas. De haberlas guardado debajo del colchón, hoy tendrían un poder adquisitivo equivalente a 41 pesetas de entonces (se habrían depreciado más de un 1100%); en cambio, de haberlas invertido en la bolsa madrileña su valor sería equivalente al de 100.000 pesetas de 1974 (o unos 650.000 euros actuales). No está tan mal.

Sin embargo, podría estar mejor. Hagámosle caso al sabio de Roy Miller; releamos su segundo consejo: invertir periódicamente en bolsa. Es un consejo aparentemente sencillo y superfluo pero que esconde enormes beneficios: si invertimos año tras año en bolsa, compraremos acciones en momentos en los que están muy caras (como en 1974) pero también en otros que están muy baratas (como en 1980).

Supongamos que hubiésemos invertido en la bolsa madrileña una cantidad fija cada 5 años desde 1975. Atendiendo al estudio de estos dos economistas, ¿sabe cuál habría sido la rentabilidad anual media de su dinero una vez descontada la inflación? El 8,22%. Pongámosle un rostro más humano a los porcentajes: si usted hubiese invertido el equivalente a 10.000 euros de hoy cada lustro (2.000 euros al año o el 10% del salario medio en España) desde 1975, hoy podría jubilarse con un patrimonio de 330.000 euros. Usted habría metido 70.000 euros a lo largo de 35 años y la bolsa le hubiese regalado 260.000… y además le habría protegido de una inflación brutal.

Parece, pues, que la capitalización no está tan mal después de todo. Y eso que nos hemos conformado con replicar el índice madrileño: ni nos hemos preocupado por buscar fondos de inversión excelentes como Bestinver o por haber invertido desde España en bolsas extranjeras que, como la estadounidense, han proporcionado una mayor rentabilidad real.

Como dice Roy Miller: basta con ahorrar un 10% de nuestra renta e invertirla periódicamente en la bolsa que tenemos al lado de casa para jubilarnos con un patrimonio decente. Cosas del capitalismo y de la sociedad de propietarios.