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Orwell en la España de Zapatero

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En el planeta pajinesco no habrá acción u omisión que resulte en una discriminación, menoscabo o perjuicio de terceros.

Sigamos el texto, y hagámoslo fielmente, porque de otro modo todo lo que se diga de él parecerí­a mentira. Su objetivo es "prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en los sectores público y privado". No sólo serán penadas las acciones que considere la administración que están tipificadas en la ley, sino también las omisiones. Y no cabe descargarse en el error, pues tipifica la "discriminación por error", esto es, la que "se funda en una apreciación incorrecta acerca de las caracterí­sticas de la persona discriminada". Atentarán contra la ley las meras opiniones. Dice: "Queda prohibida toda conducta, acto, criterio o práctica" tipificada. Un mero criterio, una opinión, podrá ir contra la ley. Y cualquier uso social asentado, cualquier tradición, se puede convertir en ilegal con la plasmación de este texto en el BOE.

Si les cabe aún el asombro, sepan que queda invertida la carga de la prueba. Será el acusado quien tenga que demostrar que es inocente: "Corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable". Como es un delito de opinión, de ofensa, y es el ofendido quien alega sus razones para sentirse así­, resultará muy difí­cil defenderse. Además, cualquiera puede verse en la tesitura de ser denunciado por llevar una vida normal, como la que hacemos todos los dí­as Y los ofendidos o discriminados tienen la consideración, en el texto que quiere ser norma, de "ví­ctimas". Lo cual nos convertirá a los ciudadanos de a pie en… bueno, ya se lo imaginan.

El anteproyecto "incorpora expresamente tres nuevos motivos "de discriminación: "enfermedad, identidad sexual y lengua". Bien, por fin el Gobierno va a echarse atrás en su connivencia con las discriminaciones contra quienes quieren recibir la educación en castellano en regiones como Cataluña, Paí­s Vasco, Galicia o Valencia. Pues no, porque dice textualmente: "La prohibición de discriminación por lengua excluye cualquier diferencia de trato por el uso del castellano en todo el territorio nacional así­ como por el uso de las distintas lenguas cooficiales en sus respectivos territorios y en aquellos otros ámbitos previstos en las leyes". Hay que leerla varias veces para creérsela. Es decir, que el anteproyecto introduce un nuevo criterio de discriminación, que es la lengua, pero saca del ámbito de la ley las lenguas oficiales, precisamente las que están creando un problema de derechos civiles por discriminación y atentado contra nuestra libertad. Por lo que se refiere a la "identidad sexual", ya podemos ver claramente que cualquier opinión que resulte intolerable a la ideologí­a de género de los socialistas estará perseguida por la ley.

Menciona expresamente, para que nos vayamos todos preparando, a los medios de comunicación, y precisa que "se prevé su sometimiento a dicha prohibición". Si han podido multar a Intereconomí­a por una autopromoción sin necesidad de la ley, ¿qué no harán cuando entre en vigor? Pues lo que harán será cerrarla; a esta cadena o a cualquier otro medio de comunicación que les resulte incómodo, como este mismo. Acaso no sólo por sus contenidos, pero sí­ porque la ley entra en el ámbito de la empresa, y arroga a la administración la facultad de cerrar cualquier compañía que considere recalcitrante en la discriminación. Ah, y lo de la Educación para la Ciudadanía va a ser de risa en comparación con lo que puede esperarle a los colegios, pues el texto ya apunta que va por ellos.

Yo no soy capaz de identificar una sola norma desde el final de la Guerra Civil que sea tan totalitaria como la que ha concebido el Gobierno socialista. Es un instrumento para modelar la sociedad según los pobres esquemas de nuestra izquierda. Pero no es un salto cualitativo. Es la culminación de todo un proceso intelectual que conduce al sometimiento de los individuos a las terrorí­ficas ensoñaciones socialistas.

Paga el canon y calla

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Podría demorarse "meses". Hay que reconocer que en este aspecto González-Sinde no mintió, aunque sí trató de tomar por idiotas a los diputados y a los ciudadanos al decir que trataría de actualizar la normativa "lo más rápidamente posible", puesto que se dio a sí misma medio año para cambiar las cosas. Sin embargo, en el resto de los puntos salta a la vista la ausencia de sinceridad de lo que dijo la ministra hace más de tres semanas.

Se está negociando la reforma de la compensación por copia privada, eso es cierto, pero aquí no va a haber eficacia (excepto, con toda seguridad, para la SGAE y demás entidades de gestión), ni mucho menos consenso. Sobre esto último, el Gobierno está dispuesto a reunirse, y lo hace, con las "fuerzas vivas" del canon. Quienes han acudido al primero de los encuentros son las sociedades de gestión de derechos de autor, que se embolsan el canon, y Ametic. Sobre esta última hay que destacar que es una patronal (surgida de la fusión de otras dos) presentada en sociedad hace unas semanas por el Ministro de Industria, Pablo Sebastián, y cuyos miembros se van a ver beneficiados por los jugosos fondos de la prórroga del Plan Avanza 2. En concreto, para este año están presupuestados 1.116 millones de euros. Dudamos de que ante estas cifras, que además están pidiendo que se incrementen, estos señores quieran ser un incordio en sus negociaciones por el canon.

Quienes por el momento no han sido llamados a la mesa de negociaciones son las asociaciones de internautas, de consumidores y Apemit, la asociación de pequeñas y medianas empresas de informáticas afectadas de forma negativa por la compensación por copia privada. Dicho de otro modo, quienes pagan el canon o a quienes les destroza su cuenta de resultados no tienen derecho a voz ni voto en tan grave asunto. Al menos, por el momento. Lo que hay por ahora hacia el común de los españoles con respecto al canon es un puro y duro: "calla y paga". Y lo más seguro es que esto se mantenga.

Por si queda alguna duda de cuál es el papel que corresponde a quien sufre el canon, el Gobierno ni se ha molestado en decir cuándo podrán participar en las conversaciones. Quienes se han encargado de ello han sido los representantes de las entidades de gestión y de Ametic. Ambos han dicho que la participación de las asociaciones de internautas y Apemit tendrá lugar cuando lo marque la ley. Suena a pitorreo. Ninguna norma jurídica marca el momento en el que este tipo de organizaciones deben entrar en juego en unas negociaciones que, se supone, son a varias bandas. Pero el representante de la SGAE y sus hermanas han ido más allá, se han atrevido a indicar que los que todavía no tienen voz podrán hablar "en el momento adecuado". Le ha faltado decir que eso será cuando ya esté todo decidido.

En resumen, como señalábamos más arriba, el mensaje a los ciudadanos y a quienes luchan por disminuir el abuso que supone la compensación por copia privada es claro: "paga el canon y calla".

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

La crisis de los lobos, carroñeros y delincuentes

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

"Mi hijo no ha podido suspender tantas asignaturas, les denunciaré". No sé, tal vez el niño no haya estudiado nada en el trimestre y la culpa sea del chaval y no de la profesora o colegio. Para los padres irresponsables tiene más credibilidad un niño de 10 años que un profesional de la educación adulto.

El mismo surrealismo irresponsable se está aplicando al mundo financiero. Anders Borg, ministro sueco de Finanzas, dijo que "si no detenemos a estas manadas de lobos, harán pedazos a los países más débiles". Borg, como suelen hacer los políticos y medios de comunicación del establishment, recurre a la típica propaganda demagógica e infundada: los llamados 11 puntos de la propaganda nazi (que en realidad poco tiene que ver con los nazis). Puede verlos en mi blog aplicados al tiroteo de Arizona.

El ministro de Finanzas sueco canaliza su impotencia con un enemigo único: "los lobos especuladores". ¿Sabe quiénes son los especuladores en realidad? Es dinero que proviene de amas de casa, obreros, ingenieros, comerciantes, jóvenes que depositan sus ahorros en fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de ahorro, etc. No son un Gordon Gekko caníbal que se cenan un homeless antes de ir a dormir.

Toda persona huye de las malas inversiones. Si las acciones de una empresa bajan en bolsa o la rentabilidad de la deuda de un país aumenta, es porque algo están haciendo mal. Si la demanda de un activo se deteriora, se debe a que éste no es bueno.

Los Gobiernos de Grecia, Irlanda, Portugal y España se han comportado como desalmados emborrachados de poder y dinero en la época de bonanza. Han sido malos gestores, pésimos. Viene la crisis, y el dinero inteligente se marcha para depositarse en países de gobiernos más cuerdos. ¿Realmente alguien cree que la bolsa y la deuda española están fatal porque alguien le tiene manía? ¿Por qué nunca les cogen manía a países más serios como Suiza o Alemania?

Borg hace como el irresponsable padre que pretende denunciar al colegio porque su hijo ha suspendido la mayoría de asignaturas. Culpa al profesor por la actitud hedonista de su hijo. Sabemos las consecuencias que tiene este tipo de comportamiento en los niños: los vuelve más irresponsables, irascibles, mimados, hedonistas y en el día de mañana serán incapaces de enfrentarse a la vida real.

En economía ocurre lo mismo. La UE va a salvar muy probablemente a Portugal, hasta la presidente del banco central luso lo da por descontado. Lo que el mundo le está diciendo al país es: pon la deuda al precio que quieras, haz lo quieras, el currito europeo, a través de sus políticos, va a recompensarte por tu irresponsabilidad. En España, lo mismo. Consecuencia, como los altos tipos que pagan los países irresponsables no tiene penalización ya que corren a cargo del pagador de impuestos europeo, a comprar acciones y deuda. En realidad lo que está haciendo Borg es alimentando a esa manada de lobos que tanto critica. Todos lo vamos a pagar en el futuro inmediato y lejano. Estas ayudas van a dejar a Europa tambaleando.

Tal vez los especuladores, que no son más que ciudadanos vulgares, se comporten a ojos de los políticos como lobos, pero la realidad es que esta situación solo la han propiciado los políticos irresponsables que se comportan como carroñeros usando su fácil demagogia y como ladrones al robarnos nuestra producción para transferirla al Gobierno y grandes corporaciones rescatadas. Los de la calle asumimos el coste, los del Poder, el beneficio.

¿Las armas matan o disuaden?

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Si a Jared Loughner no le hubiera sido tan fácil comprar un arma, arguyen, probablemente la tragedia de Tucson no hubiera ocurrido. Al fin y al cabo la tasa de homicidios en Estados Unidos es casi siete veces más alta que en otros 22 países desarrollados y populosos, y desde 1968 han muerto más de un millón de personas por armas de fuego.

El razonamiento prohibicionista, deliberada o inocentemente, se detiene aquí. Pero hay otros argumentos y una vasta colección de datos empíricos que cuestionan su solidez y que deberían ser considerados, aunque resulten "molestos".

En primer lugar, es tramposo referirse a la correlación entre libertad de armas y tasas de homicidio como prueba de que la segunda es causa de la primera. Estados Unidos puede ser una sociedad más violenta por otros motivos, históricos o culturales. También se consumen más drogas, y no están allí menos prohibidas que en Europa, antes al contrario.

Hay que hacer balance de costes y beneficios, no limitarse a resaltar los costes. Y el balance no es precisamente favorable a la causa prohibicionista. Hasta 15 estudios desde 1976 contabilizan entre 760.000 y 3,6 millones de usos defensivos de armas de fuego al año (una media de 1,8 millones). Uno de los estudios más rigurosos sitúa en 400.000 los usos defensivos anuales que con "total o casi total certeza" salvan una vida, excluyendo los usos policiales y militares. Aún suponiendo que un porcentaje de la gente encuestada haya exagerado la descripción del suceso, se trata de un número extraordinariamente más alto que la cifra anual de muertos y heridos por arma de fuego (30.000 y 70.000 respectivamente).

Otro enfoque es el que ha utilizado John Lott en el estudio más exhaustivo que existe hasta la fecha sobre tasas de violencia y libertad de armas. Lott ha analizado la relación estadística entre la criminalidad y las restricciones a la tenencia de armas en todos los condados de Estados Unidos, de 1977 a 1994. Los estados con más libertad de armas registran la mitad de violencia. Esta correlación por sí sola tampoco demuestra nada, pues la causalidad podría darse en sentido inverso: los estados que cuentan con más criminalidad son los que aprueban leyes más restrictivas.

Pero esta última hipótesis no encaja con los resultados de las series temporales: los crímenes violentos descienden con el tiempo en los estados que liberalizan la tenencia de armas, controlando por diversas variables. En otros países (Reino Unido, Irlanda, Jamaica) se han observado las mismas tendencias.

Estos datos pueden sorprender a los prohibicionistas que se acogen intuitivamente a esta hipótesis: el aumento de la disponibilidad de los medios para cometer crímenes conlleva un aumento de la comisión de crímenes. Pero hay una hipótesis alternativa que encaja con los datos: un mayor acceso de los ciudadanos a las armas de fuego aumenta el riesgo de los potenciales criminales a experimentar consecuencias no deseadas (que incluyen recibir un disparo, ser reducido con amenaza de disparo, o simplemente ser incapaz de consumar el crimen). En otras palabras, más armas implican más disuasión.

En Estados Unidos, donde a diferencia de España hay una arraigada cultura de la autodefensa, el apoyo a la prohibición de las armas ha descendido del 60% en 1959 al 29% en la actualidad. En 1990 un 78% de los estadounidenses era partidario de endurecer las restricciones. Hoy sólo lo es el 44%. En los últimos años se han aprobado reformas liberalizadoras en más de 20 estados.

No son buenas noticias para los prohibicionistas, que confunden el propósito de una ley con su resultado. La disyuntiva no es entre una sociedad en la que todos, criminales y gente de bien, están armados, y una sociedad en la que todos están desarmados. Cuando es ilícito portar armas sólo los criminales las llevan, pues el delincuente que en general no acata la ley no va ahora a acatar específicamente esta ley, mientras que el ciudadano común que sí la respeta va a permanecer desarmado. De modo que la verdadera disyuntiva es entre una sociedad donde criminales y ciudadanos de bien van armados, y una sociedad donde solo van armados los criminales.

Las fuerzas vivas del canon digital

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Excluyendo a los interesados, todos disfrutamos de esta sensación cuando una pequeña tienda de informática barcelonesa venció en los tribunales a la todopoderosa SGAE al declararse ilegal en la Unión Europea la imposición indiscriminada del canon digital.

Ana María Méndez, la propietaria de Traxtore, se dejó la piel y algo más en la batalla. Perdió una de sus dos tiendas y despidió a sus ocho empleados, convirtiendo su negocio en una empresa familiar en el más puro significado de la palabra: ya sólo ella y sus familiares trabajan en ella. Pero la sentencia es clara: el canon es legal –injusto o no es otra cuestión–, pero no puede justificarse que se cobre indiscriminadamente a todos, incluyendo organismos públicos y empresas. Al fin y al cabo, este mecanismo se justifica bajo la presunción de culpabilidad, asumiendo muy probable que vayamos a usar un disco duro o un CD para guardar pelis, y no puede aplicarse allí donde presuponer tal cosa resulta más bien ridículo.

Al comienzo de su calvario, Ana María Méndez fundó Apemit, una asociación que representa a las pequeñas empresas de informática como la suya. Ahora el Gobierno, forzado por su santa cabezonería, se ve forzado a rehacer la legislación que regula el canon. Se empiezan a acumular las denuncias de ayuntamientos y otros organismos exigiendo que se les devuelva el dinero ilegalmente recaudado, y no es cuestión de dejar pudrirse demasiado el tema, no sea que le hagamos un roto a las SGAE. Pero claro, a la hora de tomar una decisión, prefiere no hacerlo solo y ha decidido negociar con los implicados. Ana María, que es la única razón por la que se ven obligados a reunirse, no estará entre ellos.

Veamos, el canon lo pagamos usted y yo. Quienes más han sentido sus efectos han sido quienes venden productos gravados con él. Por lo tanto, ni los consumidores ni la tiendas serán consultados por el Gobierno.

¿Por qué habría de ser distinto el canon de la jubilación o la legislación laboral? Usted, que seguramente no esté representado por UGT ni CCOO, irá a buscar trabajo en empresas que seguramente no estén representadas por la CEOE. Sin embargo, ahí están, negociando en su nombre. Despotismo ilustrado, que se le llama.

Entiéndase. Estamos en una democracia, más o menos. Por lo tanto, quien debe tomar las decisiones es el Gobierno o el parlamento, dependiendo de qué estemos hablando. Si a los sindicatos, la patronal, las empresas tecnológicas o las SGAE no les gustan sus decisiones, que con su ajo se lo coman. ¿Qué se quiere consultar a los interesados a ver qué opinan? Se puede entender. Pero en tal caso lo lógico sería preguntar a los interesados de verdad, los ciudadanos que pagamos las consecuencias. Y parece claro que en este caso los más representativos son Apemit, la Asociación de Internautas o incluso la OCU si nos ponemos.

Aunque quizá sea mejor así. Al fin y al cabo, González-Sinde ya hizo en su día el paripé de reunirse con unos y otros para acabar pariendo su ley de cierre administrativo de sitios web, recientemente rechazada por el Congreso. Casi mejor que no disimule.

Sevilla recomienda más de lo mismo

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

…le advierte ahora a su líder del difícil momento que vivimos y le explica qué debe hacer para evitar que esto acabe mucho peor de cómo va.

La carta de Sevilla denota hasta qué punto está descolocado y perdido el socialismo nacional. Las pocas cosas con sentido que expone el ex ministro consisten en repetir dos cuestiones que ya saben todos los españoles desde hace mucho tiempo: que inicialmente se negó la crisis y que Zapatero tiene que afrontar los problemas de fondo en vez de decir que hace reformas para no hacer nada. Pero aparte de esas dos perogrulladas, hay poco rescatable del maremágnum de palabras en las que Sevilla intenta salvar desesperadamente el estado del malestar y las políticas que nos han traído a la situación actual.

Para empezar, Sevilla ve en la expansión del gasto público y el desequilibrio presupuestario de los últimos años una política que "limitó los peores efectos de la recesión". Se queda en el efecto a cortísimo plazo y exclusivamente en lo que afecta a quienes salieron beneficiados por esas políticas. Cierra en cambio sus ojos ante lo que ahora puede ver todo el mundo. Aquellas "medidas de apoyo presupuestario masivo" son las responsable de que hoy España esté al borde del abismo, de que los inversores internacionales no apuesten por la pronta recuperación de nuestra economía, de que el grifo del crédito se cerrara para miles de empresas y de que ya desde entonces muchos ciudadanos tuvieran que pagar los platos rotos de empresas y personas que se habían arriesgado más de la cuenta.

Para Sevilla, la crisis es causa de la desregulación del mercado más regulado del mundo. Me refiero, claro está, al financiero. No quiere ver que fue la política de dinero barato (orquestada por bancos centrales monopólicos y estatales) defendida por él y por toda la socialdemocracia keynesiana, la que nos condujo a la crisis. Cree que el keynesianismo y el Estado han salvado al capitalismo pero no se para a pensar por qué en los países en los que el Estado ha dado un paso atrás apretándose el cinturón y conteniendo los impuestos, la crisis ha sido mucho más suave.

La carta tiene como principal objeto proponer cuatro medidas para devolver a España a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo. La primera es fruto de una incomprensión total de la crisis que vivimos. Pide a Zapatero que sostenga la demanda agregada y que para lograrlo aplace hasta 2015 el compromiso de situar el déficit público en el 3%. No entiende que la penosa situación actual es el fruto de un exceso de consumo y endeudamiento privado en los años anteriores a la crisis y de un excesivo gasto público y endeudamiento del Estado en los cuatro años de crisis. Su primera solución sólo servirá para seguir expulsando empresas privadas que se encuentran sin crédito porque el Estado se queda con la mayoría del ahorro disponible. ¿O es que Sevilla piensa que el Gobierno sabe mejor que la ciudadanía qué empresas y sectores hay que salvar a base de demandar sus productos y cuáles hay que dejar caer? No se trata de que el Estado gaste para mantener demanda (por mantener demanda) sino de quitar las barreras que ahuyentan a los inversores que podrían sanear las empresas que cuentan con demanda real, al mismo tiempo que ayudaría a crear nuevas empresas y empleo.

La segunda medida consiste en reabrir el grifo del crédito, algo medianamente sensato si no fuera porque su primera medida va en la dirección opuesta. Pero Sevilla cree que el crédito se crea a voluntad y que lo único que hace falta para volver a regar la economía de crédito es "remover las cuantiosas inversiones dudosas en ladrillo y cemento". Claro que no explica cómo se remueven esas inversiones dudosas excepto insinuando que podría lograrse a través de una nacionalización de la banca privada.

La tercera medida se refiere a la competitividad. Aquí al profesor le faltan varias tardes enunciando medidas porque se queda en la rebaja de los costes laborales no salariales y en una apuesta por la energía nuclear, combinada siempre con las anticompetitivas energías renovables. La lista de motivos por los que España no es competitiva resulta casi interminable. Basta con coger los indicadores del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial para ver que en la inmensa mayoría estamos muy por detrás de la media de los países desarrollados. En el mercado energético sólo la ignorancia puede llevarle a uno a pensar que los problemas de las renovables se pueden solucionar combinando molinos y placas con centrales nucleares. Los trabajadores españoles –así como las empresas y las familias– necesitan contar urgentemente con una energía barata que requerirá del uso de todo tipo de fuentes energéticas. El mix energético exacto que debemos tener para abaratar al máximo nuestra energía sólo se puede descubrir liberalizando de una vez por todas el mercado eléctrico y energético español. Lo que es seguro es que ese mercado reduciría drásticamente, al menos por ahora, la participación de las renovables porque son tremendamente caras y porque, entre otras muchas cosas, exigen la instalación de plantas de gas natural que quedan ociosas cuando las renovables funcionan a pleno rendimiento.

La última propuesta consiste en fortalecer la productividad mediante la reforma del sistema educativo, del sistema nacional de innovación, del mercado laboral, así como reduciendo el carbono en nuestras vidas e implantando la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, cualquier profesor de economía debería saber que la innovación no se logra con sistemas nacionales sino con un buen tratamiento fiscal del ahorro y la inversión, que el cambio forzado de nuestro modo de vida para reducir el carbono nos hará menos eficientes y que la responsabilidad social corporativa socava la productividad de muchas empresas porque supone quitar poder a los dueños, que son quienes más interés tienen en que sus empresas sean productivas. Queda la reforma educativa pero mucho me temo que viendo por dónde va Jordi Sevilla, crea que el sistema educativo se mejora con más gasto público.

En resumen, las propuestas de Jordi Sevilla son, en general, las de un socialista que se tapa los ojos ante los desastrosos efectos de sus adoradas políticas keynesianas. En el mundo que se ve a través de sus gafas socialdemócratas, la crisis ha sido culpa del mercado, y el intervencionismo lo único que ha hecho es salvarnos de la debacle. Por eso le pide a su líder que reincida en las políticas de gasto público y desequilibrio presupuestario, aligerando esta vez un poco el peso del estatismo sobre los trabajadores. En su esquema no cabe que lo que haya que hacer sea devolver el protagonismo a la sociedad civil, dando libertad de elección a empresas, familias y trabajadores, eliminando trabas al ejercicio de la empresarialidad, reduciendo impuestos, quitando privilegios a los sindicatos y recortando drásticamente el tamaño del Estado que nos asfixia.

Para Sevilla el estatismo, en una versión ligeramente mejorada, solucionará el desastre. Ahora sabemos qué le hubiera enseñado este señor a Zapatero en dos tardes: lo principal es dirigirlo todo desde arriba y si el intervencionismo fracasa debemos intentarlo con una nueva batería de intervenciones. Más de lo mismo.

La ilusión del control absoluto

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Tal es el popurrí ideológico que compone este Eje del Mal ideológico de Cebrián que, en coherencia, también abarcará al demócrata Bill Clinton, célebre sepulturero de la Ley Glass-Steagall que impedía la fusión entre banca comercial y banca de inversión, o a Lyndon Johnson, privatizador del gigantesco vertedero hipotecario de Fannie Mae allá por 1968.

Por las mismas, uno podría seguir desvariando y alinear la antipatía de Cebrián hacia "los excesos de lo financiero" con anarquistas como Proudhon o con nazis como Gottfried Feder –el del Manifiesto contra la usura, esa secular herramienta de explotación de las finanzas judías–, pues al cabo tan excesivo ha sido lo financiero –el codicioso Wall Street– como lo real –el humilde Main Street–. ¿O acaso las barbaridades de los especulativos bancos no han sido parangonables a las del muy palpable y tradicional ladrillo? Ni los cementerios de burbujeantes viviendas hubiesen sido posibles en ausencia del exceso de las finanzas, ni los activos de los bancos se hubieran vuelto tóxicos en ausencia de excesos de malas inversiones reales. Pero, pese a todo, el sesgo y las servidumbres ideológicas parecen determinar que se carguen las tintas contra una sola de las dos caras de esa misma moneda que son los artificiales auges o booms económicos.

Mas lo relevante del artículo de Cebrián no son las torpes culpabilidades que traza cuanto las malas y contraproducentes soluciones que propone. Siguiendo su razonamiento, si quienes han fallado han sido los reguladores por no regular lo suficiente, resultará necesario transitar hacia una nueva gobernanza global, hacia un control universal al que no se le escape nada.

El problema de semejante recetario es que resulta más fácil de enunciar que de ejecutar. Sobre el papel puede sonarles bien a algunos, pero al tocar la melodía deviene sólo un cúmulo de estridencias. A nadie se le escapa que para terminar con el hambre en el mundo no basta con desearlo por Navidad o que para alcanzar la paz mundial de nada sirve prohibir la guerra como se hiciera en el Pacto Briand-Kellogg; y por idéntico motivo, tampoco lograremos erradicar las depresiones económicas creando megaorganismos globales con la misión de censurarlas.

Primero, porque cuanto más alejemos al burócrata de la realidad más desorientado se hallará. A menos que sigamos creyendo en la hiperracionalidad del ser humano, no resulta demasiado verosímil que la persona más capacitada para saber si Caja Castilla-La Mancha está extendiendo buenos préstamos a los promotores locales sea un funcionario neoyorkino procedente de Shanghai. Cuanto más separemos la información –que en este caso es extremadamente local– de la toma de decisiones –que según Cebrián debiera darse a escala planetaria– más disfuncionalidades introducirán los burócratas en nuestras vidas.

Y segundo, porque ese espejismo de control que los mandarines del estatismo promueven, genera a su vez la falsa ilusión de seguridad. Si la solución a mis problemas pasa por que otro se ocupe de ellos, lo natural es que yo me despreocupe y me vuelva irresponsable. Como dice Nassim Taleb, en ocasiones es preferible no orientarse con ningún mapa antes que seguir las indicaciones de un mal mapa. Y, en este caso, el vademécum de la intelectualidad ingenieril sólo logra que la población viva en la misma falsa burbuja de seguridad que la ha llevado a pensar que el precio de la vivienda nunca caería, que los bancos nunca podían quebrar o que los Estados nunca suspenderían pagos.

Y si la solución a los problemas locales de información no reside en el control galáctico ni en timar a la población diciéndole que no corre ningún riesgo, ¿dónde cabe buscarlo? Pues en descentralizar el control, pero no en unos organismos nacionales o regionales que no sólo fracasaron estrepitosamente durante los últimos años, sino que se sumaron entusiastas al proceso de expansión del crédito.

La descentralización debe ser completa: liberalizar de verdad, ligar la toma de decisiones con el cambiante foco de una información –la económica, empresarial y financiera– que es muy dinámica, concreta y especializada. Los efectos de la superchería de que diez mentes son más hábiles que la inteligencia coordinada de 6.000 millones ya los padecimos con el gnosticismo marxista, el cual también juraba corregir la anarquía productiva del capitalismo sin entender que allá donde veía anarquía imperaba un orden que no era fruto del diseño de ninguna omnisciente cabeza pensante, sino del interactuar pedestre de millones de individuos.

Dicho de otra manera, para terminar con las crisis hay que restaurar el libre mercado, tanto en el ámbito financiero como en el real. Nada de eso hemos tenido en el último siglo, por cuanto gobiernos y bancos centrales han controlado el negocio de la creación de dinero, han refinanciado a los bancos ilíquidos y recapitalizado a los insolventes y han redistribuido la riqueza de manera nada estimulante desde los sectores productivos hacia los improductivos.

Si se parte de la base de que quien comete errores no puede suspender pagos o quebrar, lo natural es que éste cometa excesos. Si asumimos que esos excesos son el subproducto natural del libre mercado, y no de la intervención estatal previa, lo natural será pedir que se regulen y supervisen sus decisiones. Y si se acusa del fiasco de la regulación y de la supervisión, no a la imposibilidad cognitiva de controlarlo todo, sino al insuficiente tamaño de los órganos reguladores y supervisores, entonces lo natural será exigir todavía más poder para los sóviets. Antes de enterrar a Hayek deberíamos comenzar por entenderlo.

Que la fatal arrogancia de los intervencionistas no nos arrastre a la Cuarta –o Quinta– Gran Depresión

Sevilla recomienda más de lo mismo

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

La carta de Sevilla denota hasta qué punto está descolocado y perdido el socialismo nacional. Las pocas cosas con sentido que expone el ex ministro consisten en repetir dos cuestiones que ya saben todos los españoles desde hace mucho tiempo: que inicialmente se negó la crisis y que Zapatero tiene que afrontar los problemas de fondo en vez de decir que hace reformas para no hacer nada. Pero aparte de esas dos perogrulladas, hay poco rescatable del maremágnum de palabras en las que Sevilla intenta salvar desesperadamente el estado del malestar y las políticas que nos han traído a la situación actual.

Para empezar, Sevilla ve en la expansión del gasto público y el desequilibrio presupuestario de los últimos años una política que "limitó los peores efectos de la recesión". Se queda en el efecto a cortísimo plazo y exclusivamente en lo que afecta a quienes salieron beneficiados por esas políticas. Cierra en cambio sus ojos ante lo que ahora puede ver todo el mundo. Aquellas "medidas de apoyo presupuestario masivo" son las responsable de que hoy España esté al borde del abismo, de que los inversores internacionales no apuesten por la pronta recuperación de nuestra economía, de que el grifo del crédito se cerrara para miles de empresas y de que ya desde entonces muchos ciudadanos tuvieran que pagar los platos rotos de empresas y personas que se habían arriesgado más de la cuenta.

Para Sevilla, la crisis es causa de la desregulación del mercado más regulado del mundo. Me refiero, claro está, al financiero. No quiere ver que fue la política de dinero barato (orquestada por bancos centrales monopólicos y estatales) defendida por él y por toda la socialdemocracia keynesiana, la que nos condujo a la crisis. Cree que el keynesianismo y el Estado han salvado al capitalismo pero no se para a pensar por qué en los países en los que el Estado ha dado un paso atrás apretándose el cinturón y conteniendo los impuestos, la crisis ha sido mucho más suave.

La carta tiene como principal objeto proponer cuatro medidas para devolver a España a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo. La primera es fruto de una incomprensión total de la crisis que vivimos. Pide a Zapatero que sostenga la demanda agregada y que para lograrlo aplace hasta 2015 el compromiso de situar el déficit público en el 3%. No entiende que la penosa situación actual es el fruto de un exceso de consumo y endeudamiento privado en los años anteriores a la crisis y de un excesivo gasto público y endeudamiento del Estado en los cuatro años de crisis. Su primera solución sólo servirá para seguir expulsando empresas privadas que se encuentran sin crédito porque el Estado se queda con la mayoría del ahorro disponible. ¿O es que Sevilla piensa que el Gobierno sabe mejor que la ciudadanía qué empresas y sectores hay que salvar a base de demandar sus productos y cuáles hay que dejar caer? No se trata de que el Estado gaste para mantener demanda (por mantener demanda) sino de quitar las barreras que ahuyentan a los inversores que podrían sanear las empresas que cuentan con demanda real, al mismo tiempo que ayudaría a crear nuevas empresas y empleo.

La segunda medida consiste en reabrir el grifo del crédito, algo medianamente sensato si no fuera porque su primera medida va en la dirección opuesta. Pero Sevilla cree que el crédito se crea a voluntad y que lo único que hace falta para volver a regar la economía de crédito es "remover las cuantiosas inversiones dudosas en ladrillo y cemento". Claro que no explica cómo se remueven esas inversiones dudosas excepto insinuando que podría lograrse a través de una nacionalización de la banca privada.

La tercera medida se refiere a la competitividad. Aquí al profesor le faltan varias tardes enunciando medidas porque se queda en la rebaja de los costes laborales no salariales y en una apuesta por la energía nuclear, combinada siempre con las anticompetitivas energías renovables. La lista de motivos por los que España no es competitiva resulta casi interminable. Basta con coger los indicadores del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial para ver que en la inmensa mayoría estamos muy por detrás de la media de los países desarrollados. En el mercado energético sólo la ignorancia puede llevarle a uno a pensar que los problemas de las renovables se pueden solucionar combinando molinos y placas con centrales nucleares. Los trabajadores españoles –así como las empresas y las familias– necesitan contar urgentemente con una energía barata que requerirá del uso de todo tipo de fuentes energéticas. El mix energético exacto que debemos tener para abaratar al máximo nuestra energía sólo se puede descubrir liberalizando de una vez por todas el mercado eléctrico y energético español. Lo que es seguro es que ese mercado reduciría drásticamente, al menos por ahora, la participación de las renovables porque son tremendamente caras y porque, entre otras muchas cosas, exigen la instalación de plantas de gas natural que quedan ociosas cuando las renovables funcionan a pleno rendimiento.

La última propuesta consiste en fortalecer la productividad mediante la reforma del sistema educativo, del sistema nacional de innovación, del mercado laboral, así como reduciendo el carbono en nuestras vidas e implantando la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, cualquier profesor de economía debería saber que la innovación no se logra con sistemas nacionales sino con un buen tratamiento fiscal del ahorro y la inversión, que el cambio forzado de nuestro modo de vida para reducir el carbono nos hará menos eficientes y que la responsabilidad social corporativa socava la productividad de muchas empresas porque supone quitar poder a los dueños, que son quienes más interés tienen en que sus empresas sean productivas. Queda la reforma educativa pero mucho me temo que viendo por dónde va Jordi Sevilla, crea que el sistema educativo se mejora con más gasto público.

En resumen, las propuestas de Jordi Sevilla son, en general, las de un socialista que se tapa los ojos ante los desastrosos efectos de sus adoradas políticas keynesianas. En el mundo que se ve a través de sus gafas socialdemócratas, la crisis ha sido culpa del mercado, y el intervencionismo lo único que ha hecho es salvarnos de la debacle. Por eso le pide a su líder que reincida en las políticas de gasto público y desequilibrio presupuestario, aligerando esta vez un poco el peso del estatismo sobre los trabajadores. En su esquema no cabe que lo que haya que hacer sea devolver el protagonismo a la sociedad civil, dando libertad de elección a empresas, familias y trabajadores, eliminando trabas al ejercicio de la empresarialidad, reduciendo impuestos, quitando privilegios a los sindicatos y recortando drásticamente el tamaño del Estado que nos asfixia.

Para Sevilla el estatismo, en una versión ligeramente mejorada, solucionará el desastre. Ahora sabemos qué le hubiera enseñado este señor a Zapatero en dos tardes: lo principal es dirigirlo todo desde arriba y si el intervencionismo fracasa debemos intentarlo con una nueva batería de intervenciones. Más de lo mismo.

Silencio gubernamental ante la represión

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Como viene siendo costumbre en el ranking anual de ciberdisidentes entre rejas, el récord lo ostenta China. Ese régimen dictatorial a cuyos dirigentes recibe el Gobierno español, sin decir una sola palabra por las constantes violaciones de los derechos humanos y con cortesana celebración por parte de Enric Sopena, incluso ha superado sus marcas anteriores. Si en los años precedentes mantenía una media de cincuenta personas entre rejas por expresarse a través de internet, en el último ejercicio ha elevado la cifra hasta 77.

El listado de carceleros de internautas lo completan los regímenes tiránicos habituales en el informe de Reporteros Sin Fronteras. Se trata, en todos los casos menos en el de Rusia y como viene siendo costumbre, de dictaduras comunistas o que someten a países cuya población es mayoritariamente musulmana.

Y si 2010 terminó mal, 2011 no ha empezado mejor. La encargada de inaugurar este año la represión de internautas (junto con otros ciudadanos) ha sido una dictadura norteafricana, la tunecina. Como parte de su violenta respuesta a las protestas que han tenido lugar en el país, las autoridades de Túnez han detenido a cuatro bloguerosy otros dos se encuentran desaparecidos. Por supuesto, tampoco falta el bloqueo y desactivación de sitios web de activistas. No se trata de nada nuevo en la pequeña república magrebí, donde este tipo de acciones represivas y censoras responden a una ya larga tradición gubernamental.

Una vez más, los Gobiernos occidentales responden con un vergonzante silencio ante la represión que sufre la población (internauta o no) de un país sometido a una dictadura. En La Moncloa, El Elíseo, la Casa Blanca y muchas otras sedes gubernamentales occidentales nadie alza la voz para pedir la libertad de los tunecinos, internautas o no, encarcelados por protestar. Tampoco se protesta para exigir el fin de la censura en el menor de los países del Magreb.

No quieren reconocer algo evidente. La falta de libertad en la red en un país afecta al resto del mundo. Cuando se encarcela a un bloguero en Túnez o se clausura su sitio web en Arabia Saudí, se está impidiendo que los internautas británicos o alemanes puedan tener conocimiento de lo que esa persona tiene que decir. Se trata de censura a nivel mundial. Cuando se filtran los contenidos extranjeros en China o en Cuba, se imposibilita que quienes escribimos desde España o México hagamos llegar nuestras ideas o informaciones a esos países. Otra forma de censura mundial. Mientras se reprima internet en algunos países, la red no será totalmente libre en ningún lugar del mundo.

Las víctimas principales de la represión de internet, y quienes más necesitan nuestro firme apoyo, son quienes la sufren de forma directa por parte de sus propios Gobiernos. Pero el resto de los ciudadanos de la tierra que nos conectamos a la red, también la sufrimos en menor medida. Aunque sólo fuera por eso, el silencio cómplice de nuestros debería resultar intolerable.

¿Neocolonialismo chino?

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Artículos en prensa.

Su elevada demografía, su cultura milenaria, su aparente lejanía han generado una mitología que se ha mezclado con la realidad y aún en pleno siglo XXI, en la época de Internet y de las autopistas de la información, esta sensación es si cabe más intensa.

Cuando cayó el Imperio soviético, los chinos y buena parte de sus aliados comunistas pusieron sus barbas a remojar para que no les pasara lo que a sus camaradas e íntimos enemigos rusos.  Imitando a su manera la Perestroika de Gorbachov, los dirigentes del Partido Comunista Chino decidieron permitir cierta libertad económica a sus ciudadanos y surgieron así pequeñas y grandes empresas que empezaron a aventurarse en los mercados mundiales. La propaganda china se encargó desde ese momento de alentar esa imagen de gigante económico mundial y los occidentales se la compraron, y a puñados. Sin embargo, hay que dejar claro que la economía china es una economía planificada y si se deja cierta libertad de empresa, ésta se ejerce bajo los parámetros que marquen los planes y los objetivos del Partido, lo que paradójicamente imita el modelo nacionalsocialista alemán o el fascista italiano. Un chino puede iniciar una labor empresarial si esta se adecúa a los principios del Partido o al menos, si no los entorpece.

La libertad, aunque sea poca, tiene la costumbre de incrementar la riqueza del que la ejerce y China, después de varias décadas de férreo control comunista ortodoxo, ha experimentado un evidente crecimiento económico. Lo que es más dudoso es que el ritmo de crecimiento de la economía fuera y sea el anunciado por la dictadura  en términos de crecimiento de PIB. Es cierto que ha partido de niveles muy bajos y relativamente fáciles de elevar, pero no menos cierto es que las estadísticas económicas de las dictaduras son como poco, dudosas, porque no tienen mecanismos adecuados para hacer mediciones, si es que existen, y sí mucho miedo de que los fallos puedan suponer un peligro para el que ha errado en la planificación y una tacha para el dictador.

Este desarrollo chino ha provocado dos trascendentes efectos. Por una parte, un importante desequilibrio económico dentro de su territorio, una zona con crecimientos elevados y un desarrollo industrial y urbanístico desmesurado que coincide con la costa oriental y otra, el interior, donde no ha llegado esta “revolución” y que mantiene un nivel de vida muy parecido al que ya tenían en tiempos de Mao. Estos desequilibrados conllevan, sobre todo en las zonas más desarrolladas, que convivan los grandes rascacielos y las grandes fortunas con las infraviviendas y los sueldos míseros. Algunos trabajadores empiezan a reclamar mejoras salariales y seguridad en los empleos a la vez que recelan de tan evidentes diferencias.

China puede ser una de las principales economías mundiales en conjunto pero su PIB per cápita era en 2009 según el Banco Mundial de 6.675 dólares, lejos de los 29.800 de Taiwán (Fuente: CIA World Factbook), los 32.545 de España o los 46.436 de Estados Unidos. Esta desigualdad, que no es fruto del capitalismo y del libre mercado, sino de todo lo contrario, puede generarle problemas internos con el tiempo porque una vez que se abre la espita de la libertad, las consecuencias pueden ser sorprendentes. China se enfrenta también a problemas similares a los que han provocado la crisis económica actual. Subvencionar o favorecer ciertos sectores provoca burbujas y recientemente se ha tenido imponer el errado control de precios para evitar que se dispare la inflación, sin olvidar la guerra de divisas entre el yuan y el resto de monedas que pretende favorecer las exportaciones pero que podría tener consecuencias no previstas.

El segundo efecto del crecimiento chino es la necesidad imperiosa de materias primas que puedan permitir su mantenimiento. Esta necesidad ha provocado una apertura del régimen hacia el exterior como no había ocurrido antes. China está tan necesitada de materias primas como de países que se las puedan proporcionar y ello ha llevado a acusaciones de neocolonialismo sobre países del Tercer Mundo, en cuyos territorios se encuentran buena parte de las reservas de petróleo, minerales y otras materias necesarias. ¿Es esto cierto y China está ejerciendo en papel de nueva potencia colonial en buena parte de Asia, África y Latinoamérica? Semejante afirmación es poco verosímil pues no está en condiciones de administrar o controlar todos estos territorios de forma física como hacían las potencias colonizadoras europeas durante los siglos XIX y XX o cómo se permitía la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pero sí es cierto que ha incrementado su influencia en estos continentes a través de acuerdos económicos y políticos que se centran en directrices geoestratégicas, lo que en el mundo sajón se denomina “soft power”.

China no ha dudado en aliarse con gobiernos corruptos cuando ha sido necesario o con la facción que en ese estado fracasado, como suelen ser los africanos, controlaba la materia que quería obtener, lo que es malo para los africanos, porque ayuda a mantenerlos en el poder, impidiendo la evolución social del país y que la riqueza que supone el uso de ese recurso llegue a sus ciudadanos. Un ejemplo sería el apoyo al Gobierno sudanés, bloqueando en la ONU las resoluciones contrarias a sus propios intereses en la región.

China no ha dudado en pagar por un recurso mucho más que sus competidores occidentales. Esto, que en un proceso de libre mercado no sería especialmente importante ya que el riesgo real es sólo del que aporta el capital, es en este caso mucho más complejo. Esta es la situación en Latinoamérica donde por ejemplo, Venezuela ya ha comprometido buena parte de su producción petrolífera de los próximos años, o donde el incremento de los ingresos en exportaciones ha sido por el de los precios de las materias primas y no por la venta de un mayor volumen. Esta estrategia responde a dos razones, la de hacerse, sí o sí, con el recurso y por otra, desplazar del mercado a sus principales competidores, las empresas o gobiernos occidentales que también necesitan recursos, pero que en algunos casos no están dispuestos a pagar tanto.

Otras veces los acuerdos con ciertos países responden a intereses geoestratégicos como su alianza con el régimen totalitario de Myanmar (antigua Birmania) o los acuerdos para construir puertos en ciertos países africanos y asiáticos, como el puerto pakistaní de Gwadar, futura cabecera de un gasoducto procedente de Asia Central, pero también utilizable por la flota de guerra china o una presencia en los puertos sudaneses cada vez mayor y que tienen por objetivo el tener infraestructuras “exclusivas” para sus barcos mercantes y militares, incrementando su control sobre el Índico y poniendo en aprietos a su viejo enemigo y uno sus principales rivales, La India.

China no es un adalid del libre mercado ni del capitalismo. Los chinos como individuos físicos o jurídicos tienen pocas opciones de ejercerlo en ciertos sectores de los denominados estratégicos. En ellos, la planificación y los intereses del Estado chino son el marco principal y ello no es bueno ni para los chinos ni para los habitantes de estos países. Desde otra perspectiva, se da la paradoja de que es posible que ciertos países que venden materias primas a China desincentiven la apenas desarrollada industria manufacturera propia a favor de la china que es la que necesita estas materias primas.