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4,5 millones de razones para acabar con la rigidez laboral

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La trayectoria de ambos países no puede ser más desigual, no sólo en cuanto a contención del déficit y austeridad presupuestaria, sino también en la capacidad de adaptación ante el shock que para las economías ha supuesto la crisis.

No es nuevo que España todavía vive inmersa en los efectos de una burbuja que Alemania, mal que bien, supo capear durante su gestación y, sobre todo, durante su pinchazo. A la postre, los problemas de nuestro país no sólo le vienen de lo mal que lo hizo durante los años de la fiesta loca de la burbuja crediticia engendrada por los bancos centrales, sino también durante los últimos cuatro años de crisis. El recetario que el dogma socialista nos impuso –gasto público y rigidez en los mercados– ha sido destructor para nosotros y también incluso para nuestros vecinos; pues si hoy Alemania sufre por algo es por el incierto futuro de sus deudores y, en especial, de España.

¿Pero tan mal lo hemos hecho los españoles como para sufrir esta sangría laboral? ¿Tanta diferencia hay entre nosotros, el milagro europeo por antonomasia, y los fracasados teutones, esos a los que ya deberíamos haber superado en renta per capita? Pues sí. Miren si no la evolución de los costes laborales ajustados por inflación entre 2001 y 2009 en ambas economías:

Dos rasgos resultan interesantes del gráfico. El primero, el obvio, es que los costes laborales en España subieron entre 2001 y 2009 un 11% en términos reales (¡un 40% en términos nominales!), mientras que en Alemania descendieron un 3,5%. ¿Se entiende ya, en parte, por qué ellos son más competitivos que nosotros? Pues añada a este nada despreciable detalle que las industrias que supuestamente habían de sustentar esos costes laborales inflados –aquellas de cuyas ventas habían de abonarse los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social– tenían una enorme relación con la burbuja inmobiliaria: si no se venden pisos, no hay trabajo en el sector de la construcción y si los salarios se mantienen artificialmente altos en la mayoría de sectores, no hay lugar donde se pueda recolocar a los parados de manera rentable. La sangría en el sector del ladrillo va seguida de una esclerosis en el resto de la economía a la espera de que los costes laborales bajen (no necesariamente todos, pero sí muchos de ellos) o de que los precios de venta de sus productos se incrementen.

El segundo rasgo de interés en el gráfico es que cuando más subieron los salarios en términos reales en España no fueron los años de la bonanza irracional de la burbuja, sino los años de penuria de la crisis: en los 36 meses de crisis que transcurren entre 2007 y 2009 los costes laborales crecieron más que en los 60 meses de boom artificial que van desde 2002 a 2006. En Alemania, como es razonable, los costes laborales reales siguieron descendiendo en general durante los años de crisis, que para algo son tiempos difíciles en los que todos deben ajustarse de un modo u otro el cinturón; y en ese todos incluyo a las administraciones públicas (la diferencia, claro está, se encuentra en que en Alemania el sector público también se apretó el cinturón, mientras que en España tuvimos que hacerle nuevos agujeros).

¿Y a qué se debe esta dispar evolución de los salarios tanto en bonanza como en crisis? Obviamente a la mayor flexibilidad del mercado laboral alemán, entre otros motivos por la declinante presencia de convenios colectivos, por la exclusiva aplicación de los mismos a los trabajadores sindicados, por la mayor descentralización de las negociaciones y por las facilidades para descolgarse de tales regulaciones. En Alemania del Este apenas el 38% de los trabajadores están sometidos a un convenio sectorial y en Alemania occidental el porcentaje ha descendido en más de doce puntos durante la última década, hasta situarse en el 56%. Amén del uso generalizado por parte de las compañías de las llamadas "cláusulas de no aplicación", las cuales permiten en momentos de dificultad modificar jornadas laborales, recortar salarios y bonus o retrasar el pago de ciertas retribuciones.

Nada que ver con España claro. La economía que ha de reajustarse de arriba abajo y que, en consecuencia, debería ser con diferencia la más flexible es la que más trabas ("derechos de los trabajadores") impone a los empresarios. Resultado: ellos tienen pleno empleo y nosotros 4,5 millones de parados. ¿Sorpresa?

Pajín permite fumar en casa

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Éste bien podría ser el resumen de la nueva Ley Antitabaco aprobada por el Gobierno socialista a través de su ministra de Sanidad, Leire Pajín. El resto del articulado, simplemente, sobra, ya que tan sólo enumera toda una amalgama de restricciones absurdas, arbitrarias y jurídicamente deleznables con el fin de limitar hasta el extremo el derecho a fumar tabaco más allá de la vivienda particular.

Señores, bienvenidos al comunismo tabaquil. Y es que la legislación antitabaco, lejos de regular el derecho o no de un individuo a tragar humo –propio o ajeno– como, por ejemplo, la prohibición de fumar a los menores, vigente en numerosos países, invade de forma creciente y violenta la propiedad privada de cada sujeto, y ya no sólo de su cuerpo sino también de sus bienes.

Así, tras casi 20 años de prohibicionismo sobre esta materia, las distintas leyes promulgadas en España para limitar este hábito han ido conquistando, sin prisa pero sin pausa, ámbitos privados que hasta hace poco se pensaban intocables: la primea ley (1988) prohibió fumar en colegios y hospitales; en 1992 comenzó la restricción en los aviones (vuelos de menos de 90 minutos); en 1999 se prohibió totalmente en aviones y autobuses; desde 2006, se extendió a todos los lugares de trabajo (empresas privadas y administraciones públicas) y se restringió en bares y restaurantes de más de 100 metros cuadrados, entre otros, tales como estaciones, trenes, barcos, taxis…

Pero es ahora cuando la nueva Ley Antitabaco rozará su plenitud. A partir de 2011, el Gobierno amplía los espacios libres de humo a bares y restaurantes, parques infantiles (aire libre), las proximidades de ambulatorios, hospitales y colegios (aire libre), aeropuertos, autobuses turísticos y hasta coches particulares –siempre y cuando viajen menores de edad–. Además, la norma añade un nuevo apartado por el que "se prohíbe en todos los medios de comunicación […] la emisión de programas o de imágenes en los que los presentadores, colaboradores o invitados […] Aparezcan fumando […] Mencionen o muestren, directa o indirectamente, marcas, nombres comerciales, logotipos u otros signos identificativos o asociados a productos del tabaco".

Traducido a román paladino, el Estado, bajo la excusa de proteger a los fumadores pasivos, restringe aún más la libertad de empresarios y particulares a la hora de decidir si permiten o no fumar en sus esferas de propiedad. La prohibición se ha ido ampliando progresivamente a todas las empresas, desde las aerolíneas hasta el pequeño comercio, e incluso limita ya este hábito en la conducción particular de vehículos. Así, la ley vulnera, al menos, dos derechos fundamentales, como son la propiedad privada y la libertad de expresión (emisión en medios de comunicación). El Gobierno aspira, pues, a convertir España en un país sin humos a costa, eso sí, de restar libertades.

Quizá por ello la norma introduce una nueva definición acerca de lo que debe considerarse de ahora en adelante "espacios de uso público". A saber, "lugares accesibles al público en general o lugares de uso colectivo, con independencia de su titularidad pública o privada". Se trata, sin duda, de una interpretación altamente peligrosa, además de errónea e ilegítima. Una empresa (incluidos bares y restaurantes) no es, en ningún caso, un "espacio de uso público" siempre y cuando siga vigente el fundamental "derecho de admisión" del que goza todo propietario. De seguir esta deriva, el siguiente paso será restringir el hábito del tabaco en las casas… ¿Por qué no? ¿Qué se lo impide ya?

Por último, el espíritu de la ley consiste en "promover las medidas necesarias para prevenir y evitar el inicio del consumo", pero nuevamente esta oleada prohibicionista ha logrado un rotundo fracaso, ya que España cuenta con 300.000 fumadores más desde 2006.

Sarkozy reinventa el control de precios romano

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Por eso aboga por un control de precios a nivel mundial de las materias primas.

La situación actual es similar a la que se produjo en el imperio romano. A finales del S. II d.C., una fuerte crisis azotaba Roma. Se debió a la sobrecreación de moneda por parte de los emperadores. Tal situación llevó a una sobreoferta de dinero que no pudo diluirse en la economía creando inflación. La crisis fue la reacción a tal exceso. Es lo ha ocurrido recientemente con el boom inmobiliario (exceso de dinero que se ha canalizado hacia las inversiones más lucrativas convirtiendo tales beneficios en poco más que inflación).

La ofensiva política para aliviar la crisis fue la misma que ahora practican los actuales gobiernos y bancos centrales: crear más dinero. El emperador Claudio II llegó a dejar el denario con un miserable 0,2% de plata. Fue el Quantitative Easing (QE) bernankiano de la época. El objetivo no era estimular la economía como ahora, sino aumentar el señoraje (beneficio obtenido de la acuñación de la moneda).

El emperador Diocleciano en el año 301 d.C. pensó igual que Sarkozy: "hemos de hacer algo". Para hacerse una idea de la situación, el trigo egipcio llegó a experimentar una inflación del 15.000% en cincuenta años.

Para controlar el fuerte aumento de precios que habían creado sus predecesores subió los impuestos y centró su lucha contra los especuladores y la inflación. ¿Le suena? Diocleciano fue el primer político que estableció controles de precios contra la especulación de forma masiva. El Edicto sobre Precios Máximos no fue una ley baladí. La normativa contemplaba precios máximos para más de mil productos, básicamente materias primas. Aquel que vendiese por encima de lo establecido por ley, se enfrentaba a la pena de muerte incluso.

Las consecuencias fueron hambre y pequeños comerciantes asesinados por el Gobierno; y, sin embargo, los precios siguieron subiendo en el mercado negro con una inflación rampante. En muchos lugares se abandonó la moneda y los comerciantes volvieron al trueque. Había empezado el declive de Roma.

Diocleciano no fue el único que lucharía contra los especuladores. El decreto de precios máximos también se produjo en la Revolución Francesa, en la Unión Soviética en el S. XX, en la Alemania de Hitler, la España de Franco, en Estados Unidos repetidas veces… Ha sido una constante en la historia. Los resultados siempre han sido los mismos: estrepitoso fracaso. Las medidas siempre se acabaron abandonando de forma oficial u oficiosa.

Sarkozy quiere reinventar los errores de la historia pero a lo grande. Quiere un control de precios mundial gobernado por él y sus colegas. Por más bases de datos y leyes que haga, ninguna va a superar el castigo de pena de muerte que impuso Diocleciano a los especuladores. La medida no sirvió para nada bueno entonces, ni lo hará ahora.

El Estado no abarca la conciencia y necesidades de la gente. La crisis no se debe a los especuladores. Éstos son una consecuencia de un mercado destrozado por las políticas inflacionistas de los gobiernos y bancos centrales, es decir, de la creación de moneda de la nada. El control de precios de Sarkozy solo creará desabastecimiento, un mayor mercado negro y más inflación. Está disparando contra el objetivo equivocado y, por lo tanto, no puede solucionar nada.

Diocleciano tenía una excusa para equivocarse, fue el primero en afrontar el problema. Sarkozy tiene 2.000 años de experiencia que demuestran que el control de precios es un fracaso con resultados muy negativos. Lo más irónico de todo es que su voluntad de "hacer algo" es lo que nos llevará a la situación que quiere evitar. Cuando eso ocurra, dirá que la culpa es de los especuladores, otra vez.

¿La piratería es liberal?

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Y así es en muchos casos, excepto cuando son contratos de compra sujetos a condiciones especificadas por el propietario original, que como tal tiene derecho a condicionar el traspaso de lo que le pertenece.

De acuerdo con los principios liberales, la propiedad se transfiere en razón del consentimiento de las partes, y los contratos son sólo una forma de expresar y formalizar ese consentimiento mutuo. Pero si el consentimiento está sujeto a alguna condición, la transferencia no puede hacerse efectiva si no se cumple. Cobramos un salario a condición de realizar una labor. Nos traspasan un apartamento a condición de someternos a los estatutos de la comunidad de vecinos. Nos conceden una beca a condición de que la empleemos en unos estudios universitarios. Donan una suma a nuestra ONG a condición de que la asignemos a un determinado proyecto. Nos venden un disco o un libro a condición de que no lo copiemos.

Si se incumple la condición que hacía efectiva la transferencia, se contraviene el consentimiento del propietario original y se produce un robo encubierto: adquirimos un bien sin el consentimiento de su propietario. El propietario original tiene derecho a recuperar la propiedad o a exigirnos responsabilidades. Así, los autores, las discográficas y las editoriales tienen derecho a perseguir legalmente a todos los que compran discos y libros y luego los copian y distribuyen incumpliendo la condición por la cual devenían suyos. Otra cuestión es que a los autores o a las empresas propietarias les salga a cuenta emprender acciones legales de este tipo, pero tienen derecho a ello.

El problema de los copyrights o los derechos reservados es que excede el ámbito contractual expuesto arriba, nítidamente liberal, para abrazar la propiedad sobre las ideas, que implica el inicio de la fuerza contra individuos que no han vulnerado ningún contrato.

Un contrato vincula a las partes contratantes, pero los derechos reservados vinculan a todos, con independencia de si se han sometido voluntariamente a un contrato o no. Su lógica es la siguiente: el autor de una obra transfiere su propiedad sin que contenga el "derecho de copia", de modo que si el comprador hace una copia, ésta es ilegítima, y si alguien copia la copia, también, y así sucesivamente. En otras palabras, el autor tiene un monopolio sobre la producción de copias. Los defensores de este monopolio arguyen que el autor debe ser el propietario de la idea artística que ha creado.

No obstante, no puede existir algo así como la "propiedad sobre una idea", pues un derecho de propiedad implica la capacidad de controlar o excluir a los demás del uso del bien en cuestión (por ejemplo, impidiendo que terceros entren o hagan uso de nuestra casa), pero cuando una idea penetra en nuestra mente (por ejemplo, una canción que escuchamos por la radio), no pueden impedirnos pensar en ella. Lo único que pueden hacer es impedir que la plasmemos físicamente en un material, pero entonces ya no se está ejerciendo un control o derecho de propiedad sobre la idea en sí (la canción) sino sobre el uso que se hace del material donde queremos plasmarla (nos impiden utilizar un disco nuestro para grabar la canción). En rigor solo puede haber propiedad sobre bienes tangibles, controlables, de uso excluyente, luego cuando se defiende la propiedad intelectual lo que en realidad se está justificando es una redistribución parcial del derecho de propiedad sobre bienes tangibles: el autor de la idea pasa a ser propietario parcial de un material que era nuestro (es decir, obtiene la potestad de impedirnos hacer lo que queramos con nuestro disco, aunque no haya mediado contrato alguno).

Esta redistribución entra en conflicto con el principio de apropiación liberal de los bienes escasos, según el cual nos apropiamos de los recursos que ocupamos o damos utilidad antes que los demás. La propiedad intelectual implica un segundo principio, que sus defensores raramente consideran o hacen explícito: para apropiarse parcialmente de la propiedad física ajena basta concebir una nueva forma de darle uso (y patentarla o protegerla intelectualmente). Este es el fondo del desacuerdo entre partidarios y detractores de la propiedad intelectual.

Por tanto, hay que distinguir la protección contractual, que solo vincula a las partes, de la protección monopolista de los derechos de autor, correspondiente a la propiedad intelectual, que no depende de la firma de ningún contrato e implica una dudosa redistribución del derecho de propiedad.

Sin embargo, si de contratos hablamos, hay severos límites a las acciones legales que autores y editores pueden emprender contra los copiadores y consumidores de copias. Básicamente, aquellos individuos que copian vulnerando su contrato de compra incurren en una agresión. Pero no todos aquellos individuos que consumen una obra original o una copia vulneran un contrato de compra. Traducido a la práctica: el que compra un disco o un libro, lo copia y lo sube a internet, viola el contrato. Pero los usuarios que descargan o copian la copia subida a internet, o el comerciante que ambienta su local con música de la radio o imágenes de televisión, no vulneran ningún contrato al que se hayan sometido. Copiar no es siempre robar.

El caso de la descarga de música nos lleva a otra reflexión: ¿debe ser un crimen consumir o copiar una copia ilegal? ¿Debe estar penado que terceros se beneficien de una acción ilegal? Si la respuesta es afirmativa, entonces muchas noticias que tienen su origen en una filtración ilegal deberían ser silenciadas, y los medios y los particulares que las difunden deberían ser penados. Wikileaks no podría publicar información confidencial obtenida ilegalmente por un tercero, la prensa no podría publicar la información de Wikileaks, y nosotros no podríamos discutir sobre lo que publica la prensa en la barra del bar. En caso contrario, todos hacemos uso de una noticia que tiene un origen ilegal.

Tomemos el escándalo del Climategate. ¿Qué culpa tiene Libertad Digital si alguien ha distribuido públicamente los correos privados de los científicos de la Universidad de East Anglia? Libertad Digital no ha sustraído esos correos. Se los encuentra sin haberlos pedido. Si hace uso de esa información, ¿qué contrato vulnera, cuando no ha firmado ninguno?

De la Ley Sinde a la censura

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En este caso era una ley ómnibus porque había de todo: desde reformas administrativas hasta disposiciones impropias de un Estado de derecho y que parecen redactadas desde el Palacio de Miraflores, como es el caso de la mentada Ley Sinde.

Se trata de una disposición que prevé el cierre de páginas web por vía administrativa en el caso de que se sirvan desde ella contenidos sin la protección legal de un copyright. La "disposición final segunda" prevé que una comisión independiente (ya saben) cierre una web antes de que decida un juez, y mientras está realizando una "conducta presuntamente vulneradora". Es decir, el reino de la arbitrariedad que llega nada menos que al cierre y sólo porque presuntamente hacen lo que a ellos no les gusta. Pues no de otra cosa hablamos. La mayoría de estas webs, muchas de ellas, al menos, hacen enlaces a estos contenidos que están alojados en otros servidores. Enlazar no puede constituir una actividad delictiva y de hecho los jueces en España no lo consideran así. Por si acaso, ya se han adelantado ellos con una panoplia de presunciones. Vengan jueces y reabran las web, que para entonces se habrán quedado sin actividad.

Esta medida bolivariana, desconocedora de toda precaución jurídica, trasgresora del derecho y concebida para la prevaricación, es sólo el principio de lo que puede venir más adelante. Pues, si sale viva del Congreso, que todavía puede hacerlo, y se estrena tantas veces con cuantas web consideren que es apropiado, no van a dejar al instrumento sin aplicaciones más ambiciosas.

Pues si cabe el cierre administrativo para una actividad ilegal, ¿por qué detenerse ante cualquier otra ilegalidad? Y como aquí se está convirtiendo en ilegal desde permitir fumar en tu bar hasta lo que uno pueda imaginarse, las posibilidades son infinitas. El Gobierno va a intentar codificar como delito la homofobia. Y se considerará como tal cualquier crítica al decálogo progresista en esta materia. Si usted critica los matrimonios homosexuales, ¿no está atacando al colectivo gay? Pues a cerrar la página. La Ley Sinde no es la censura en internet, como muchos dicen. Pero es la puerta de entrada a la censura en internet, y sin control judicial. Por eso es tan importante para los socialistas.

Así que las renovables creaban empleo…

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Uno podría buscarse los más variopintos argumentos para justificar la inversión forzosa en este sector no rentable –desde la necesidad de reducir nuestra dependencia del petróleo a la obsesión medioambientalista de disponer de fuentes de energías limpias distintas de la nuclear–, pero no, desde luego, la generación de empleo. No, a menos, claro, que uno quisiera saltarse a la torera todas las leyes económicas habidas y por haber.

Porque destruir valor económico –y eso es lo que sucede cuando los gastos superan a los ingresos– nunca genera empleo. Al contrario, reduce la producción de bienes y por tanto los salarios que pueden percibirse –y si esos salarios son inflexibles a la baja, como acaece en España, genera paro–.

Ya hace casi dos años que Gabriel Calzada, Raquel Merino, José Ignacio García Bielsa y un servidor publicamos un estudio en el que calculábamos que, como media, la inversión en energías renovables había destruido en España alrededor de 2,2 puestos de trabajo por cada empleo que se buscaba crear con ellas. El informe tuvo tanta repercusión –no era para menos, pues desvelaba uno de los muchos timos por los que en este país unos pocos se lucran mucho a costa de los contribuyentes– que hubo más gente interesada en atacarlo que en entenderlo.

Así, uno tuvo que asistir a un chorreo de críticas contra irreconocibles muñecos de paja que, según decían, aparecían en nuestro informe. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los críticos ni siquiera fue consciente de que nuestro estudio no comparaba la dotación media de capital en las energías renovables con la dotación media de capital en la economía; ingenuos o maliciosos, trataban de vender al público la mercancía averiada de que estábamos afirmando que las renovables destruían empleo… porque eran más intensivas en capital que el resto de industrias del país.

Más bien, lo que sí hacíamos era comparar el capital medio por trabajador que el Estado tenía que abonar a las renovables para volverlas rentables con la dotación media de capital en el resto de la economía. Vamos, que comparábamos el agujero de rentabilidad del negocio (sic) de las renovables con el uso productivo que se le hubiese podido dar en el sector privado al capital con el que se lo tapaba. Resultado: 2,2 empleos destruidos por cada uno que se pretendía crear… y eso hasta 2008. Si hoy rehiciéramos el cálculo, tras el diluvio de subvenciones de los últimos dos años, a buen seguro sería mucho mayor.

Podría aburrirles con más pseudocríticas carentes de fundamento. Los interesados tienen la opción de acudir al informe que tuvo que encargar la Administración Obama –interesada en extender el timo renovable español a EEUU– para compendiar y dar carácter oficial a todo el cúmulo de errores que ya nos habíamos encargado de refutar con anterioridad en varios artículos.

Pero bueno, y al final, ¿tanta discusión para qué? Pues para nada, al menos en España; en Estados Unidos, pese a las trolas de Obama, sí les fue útil para convencerse de que no era inteligente que nos comparaban el muerto a precio de oro. "Antipatriotas", nos gritó la izquierda; lástima que tanto fanático no se diera cuenta de que el mensaje para nuestro país era otro: imposible de enmendar el pasado, al menos no enmierden el futuro, esto es, supriman las primas a las renovables, al menos a las de nueva instalación. Pero no, ni una palabra sobre el suicidio que suponía seguir cebando un déficit eléctrico que ya estaba a punto de reventar. Los deseos de la izquierda por engañar a los yanquis eran mayores que su honradez para dejar de hacer trampas en su particular solitario. Así nos ha ido.

Al cabo, aquí siempre ha valido más un asentado prejuicio ideológico que un buen razonamiento económico, de modo que, dos años después, al Gobierno socialista y proverde no le ha quedado más remedio que aterrizar forzosamente a la realidad. La vía que ha decretado el Gobierno para sufragar el enorme déficit tarifario destinado a rentabilizar las renovables ha sido directamente no pagarlo y decirles a las eléctricas: con sus molinillos y placas solares se lo coman. El default, cruel precedente para cualquiera que siga confiando en las promesas de este Gobierno.

Claro que si las renovables son tan productivas, eficientes, vanguardistas, sostenibles, enriquecedoras y chupimegaguays, habrá que esperar que a partir de ahora se sostengan sobre sus propios pies y que si mueren sólo sea de éxito, ¿no? Pues no. Lo que ha sucedido en esta canonjía ha sido mucho más simple: su prosperidad era nuestra decadencia. El Gobierno no invertía nuestro dinero forzosamente en una industria puntera –en cuyo caso ya lo habrían hecho las empresas privadas por sí mismas–, sino en una que no estaba en absoluto madura y que sólo podían medrar desmantelando la industria española y vampirizando a nuestras familias mediante un expansivo coste de la electricidad o mediante nuevos y sangrantes impuestos futuros. Lo dicho, todo un chollo para el país. Menos mal que aquí nadie nos hizo ni caso. Dónde estaríamos si no.

¿Por qué hay que regular los mercados financieros?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Quieren regulación y supervisión draconiana. En EEUU ya cuentan con una nueva legislación, y el resto del mundo está preparando el terreno con Basilea III (nótese que se trata ya del tercer parto regulatorio, con los nulos resultados que hoy padecemos).

¿Qué tendrán los bancos y las compañías financieras para que deban soportar una mayor regulación que el resto del sector privado? Sí, podemos decir que son empresas opacas, o sombrías, pero la duda sigue siendo razonable. ¿Qué diferencia al bancario de los demás sectores? ¿Qué le hace tan peligroso para que haya de estar tutelado por numerosos organismos públicos? Una cosa, esencialmente una: los privilegios que el Estado le ha conferido.

Decía Bastiat que el Estado era una gran ficción por la cual todo el mundo trataba de vivir a costa de los demás; pero lo cierto es que lo que te da con la mano izquierda te lo quita con la derecha. Pues bien, con la banca sucede algo parecido: después de inflarla a privilegios que serían incomprensibles si la beneficiaria fuera una compañía mercantil al uso, quienes la inflaron insisten ahora en que es absolutamente necesario hipercontrolarla.

En fin: tantas prebendas se les han entregado, que los bancos han terminado por convertirse en una bomba de relojería.

Repasemos: primero se presiona a los bancos centrales para que refinancien a todos los bancos privados, es decir, también a las entidades ilíquidas e insolventes; luego, cuando los propios bancos centrales se han convertido en estercoleros incapaces de manejar sus pestilentes activos, se suspende temporal o permanentemente la convertibilidad de sus pasivos: es decir, se concede al sistema bancario el privilegio de que… ¡no pague sus deudas! Acto seguido, los papelitos impagados de los bancos centrales (y de los bancos privados) se convierten en dinero de curso forzoso, al que se protege con toda una serie de intervenciones (prohibición de la tenencia de dinero alternativo, obligatoriedad de abonar los impuestos con dinero fiduciario, sujeción del dinero alternativo al impuesto sobre las plusvalías…), y finalmente, merced a esa sustitución monetaria, los bancos privados adquieren la capacidad de incrementar su iliquidez tanto como lo deseen: los bancos centrales devienen prestamistas de última instancia que protegen al chiringuito financiero del colapso originado por su cadena de impericias.

La suerte está echada. El Estado, al proteger al sistema financiero de sus propias temeridades –diría más: al promover activamente que las cometa–, coloca el patrimonio de todos nosotros al borde del abismo. Si cae el castillo de naipes de la banca, caemos nosotros. Simplona conclusión socialista: como se trata de un sector tan sensible, y con tantas ramificaciones, no queda más que domeñarlo, esto es, someterlo a los designios del poder político.

Ya tenemos, por consiguiente, el cuadro al completo: el Estado habilita a la banca para que cometa tropelías con total impunidad y sin que afronte el riesgo de la quiebra, y luego, cuando las consecuencias toman las más espantosas de las formas, clama que el negocio bancario es harto peligroso si no se le cargan fabulosos contrapesos.

¿En qué contrapesos está pensando el Gobierno? No, desde luego, en los que mejor funcionan, aquellos que operan en el mercado libre y que taimadamente quitó de en medio. Y es que el Estado no está interesado en regresar a un modelo de banca prudente y al servicio de sus clientes; más bien pretende emplear los privilegios bancarios en provecho propio.

De hecho, es lo que está haciendo en estos mismos momentos. ¿O quiénes creen que están sufragando los descomunales déficits públicos con que los gobiernos están machacando a las generaciones venideras? Pues… la misma banca a la que presuntamente se quiere doblegar. El contubernio entre el poder público y el sector financiero no es nuevo: los políticos despilfarran, los banqueros se lucran y la sociedad paga los platos rotos. Ahora, más que nunca, si cabe.

No hay otra. Señores políticos: si de verdad quieren poner fin a los desmadres crediticios, desregulen. Pero desregulen de verdad. Es decir, liberalicen. No se enroquen en un sistema que ora promueve el crecimiento del crédito, ora nos arrastra al estancamiento.

Vandalismo contra la Ley Sinde

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Sucede cuando grupos de extrema izquierda, o izquierda extrema, o como diga Pepiño que debemos llamarlos, organiza algaradas callejeras, rompe escaparates y pone silicona en las puertas de los comercios. Para ellos, muchas medidas que se aprueban en los parlamentos y se negocian en reuniones internacionales son clamorosamente injustas, y la protesta contra ellas justifica que se cometan ciertos desmanes, desde los piquetes de las huelgas hasta las algaradas extremadamente violentas que han tenido lugar cuando se ha reunido el G-8, 9, 20 o el número que sea.

Este martes puede aprobarse en el Congreso la Ley Sinde mediante un mecanismo legal pensado para acelerar los trámites legislativos a leyes que reúnen un amplio consenso. Dado que no es así, y que de hecho la Ley de Economía Sostenible lleva dando tumbos por el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados hace ya más de un año, está claro que están cometiendo un fraude. La ley ataca las libertades de los ciudadanos y, por más que hayan puesto un parche, será una comisión la que, por vía administrativa, decida qué sitios web pueden cerrar y cuáles no. A la Audiencia Nacional se le deja un plazo brevísimo para decidir si se está violando o no el derecho a la libertad de expresión, y su participación es más una coartada que una salvaguarda.

Tenemos el derecho, y casi diría el deber, de protestar contra esta salvajada. Debemos hacer ruido, quejarnos a nuestros mal llamados representantes, aparecer en todos los medios de comunicación para que nuestra voz se oiga, castigar a estos impresentables en las urnas… pero lo que no podemos hacer es lo mismo que hacen esos grupos violentos de extrema izquierda, por más que el campo de batalla sea la red y no la vía pública.

Si los piquetes son malos, y lo son, hay que estar contra ellos sea cual sea la causa que defiendan. Ataquen a la casta política o, Dios no lo quiera, este mismo diario, que más de una vez y de dos ha sufrido este tipo de sabotajes. En caso contrario no seríamos ciudadanos responsables, sino hooligans de la política. Lo que se está haciendo estos días con diversos sitios web, desde los pertenecientes a partidos políticos hasta la SGAE, es un piquete. Todo lo virtual que se quiera, pero un piquete. Con su acción, están poniendo silicona en las vías de acceso a la web y están impidiendo que tanto los partidos políticos como los ciudadanos que quieren acceder a sus web puedan disfrutar de la libertad de hacerlo.

De hecho, tan grave me parece lo que está pasando que empiezo a verme empujado a defender que hoy se apruebe la malhadada Ley Sinde. Porque en caso contrario estaríamos enviando un mensaje muy peligroso: que la casta política ignora las razones y las protestas como Dios manda, pero hace caso cuando un grupo de vándalos se dedica al piquete y el sabotaje. Cuando se empieza a recorrer ese camino, puede que el primer paso sea un triunfo para las libertades, pero los siguientes nos llevan derechitos al infierno.

El inicio del fin de las cajas

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Y es que, con esta declaración se deja una puerta abierta a la privatización total de la entidad, saltando así una espita que hasta ahora permanecía cerrada.

Cuando PP y PSOE acordaron el pasado verano la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA), la mayoría de analistas y medios de comunicación centraron su atención en las grandes líneas básicas que contenía la norma, tales como la posibilidad de emitir cuotas participativas de hasta el 50% del capital con "derechos políticos" similares a las acciones de una compañía privada, la posibilidad de integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP) para facilitar la financiación en los mercados o la tan manida profesionalización de las directivas.

Sin duda, medidas todas ellas relevantes en comparación con la regulación de cajas de ahorro existente hasta entonces. Sin embargo, muy pocos destacaron el cambio más trascendental y revolucionario contenido en la reforma: la privatización total de las cajas.

La Ley permite a las cajas optar entre un abanico de cuatro figuras jurídicas, según convenga o decida cada una, con el fin de adaptarse del mejor modo posible a la crisis financiera que azota a España. Las citadas vías son: mantenerse como caja de ahorros; integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP) que, en realidad, no es otra cosa que una unión de cajas; ceder su negocio financiero a un banco, pero manteniendo su condición de caja (conservando el 50% del capital); y, finalmente, transformarse en fundación.

Esta última opción es, precisamente, la que permite la privatización total de la entidad. En ese caso, la caja (que ya no sería tal) cedería todo su negocio financiero a un banco en el que participa de forma minoritaria (menos del 50% del capital). Y, según la ley, al perder el control mayoritario, la entidad estaría obligada a convertirse en una mera fundación dedicada exclusivamente a obras sociales, sin posibilidad de gestionar tan siquiera su cartera industrial.

Así pues, transformarse en fundación permite la privatización total de las cajas y su reconversión en bancos, ya que el capital privado pasaría a controlar la entidad. Hasta ahora, la necesaria reestructuración financiera se ha iniciado mediante la fusión de cajas y configuración de SIPs, de modo que el número de entidades pasará de 45 a 18. Sin embargo, esta primera ronda no ha solventado el principal problema de las cajas: la acumulación y concentración de créditos inmobiliarios de alto riesgo que, en muchos casos, nunca serán devueltos. La cuestión es que las cajas precisan captar nuevo capital para tapar tales agujeros o bien fortalecer sus balances de cara a las nuevas exigencias que impone Basilea III.

El ejercicio resultará imposible para muchas de ellas si se empeñan en mantener su estatus de caja de ahorros o SIP ya que, en tal caso, el control de la entidad seguirá en manos de los políticos, lo cual desincentivará la entrada de nuevos inversores mediante la emisión de cuotas participativas. Pero si la caja se convierte en fundación, cediendo el control mayoritario al capital privado (banco), el panorama cambiaría por completo, ya que facilitaría enormemente la captación de fondos. La primera caja que opte por esta vía no sólo sentará un valioso precedente sino que, muy posiblemente, saldrá fortalecida de la crisis, marcando de paso el camino correcto al resto.

Nuestro derecho a educar

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En primer lugar por motivos jurídicos. La Constitución no prohíbe a los padres educar en casa y no obliga a escolarizarlos. Como mucho, obliga a que los niños reciban una educación. El argumento de María Emilia Casas en la sentencia es estupefaciente. Dado que la Constitución no prohíbe que la ley prive a los padres del derecho de ser ellos los educadores, será válido lo que diga la ley del momento. Y entiende que la actual ley educativa sí niega ese derecho. Recordemos que el Constitucional tiene que juzgar las leyes en función de que se adecuen o no a la Constitución. Aquí hace todo lo contrario. Interpreta la Constitución en función de lo que diga una ley de rango inferior.

Por si ello fuera poco, lo que sí prevé la Constitución es que España firme tratados internacionales, como la Carta de Derechos del Hombre, de 1948, que reconoce el derecho de los padres de educar a sus hijos, o la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que dice lo siguiente: "Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas". Es decir, que reconoce el derecho de los padres de enseñar a sus hijos según la metodología pedagógica que consideren más adecuada. Y es evidente que no tienen por qué encontrarla en la educación reglada.

Todo ello aparte de que la familia había educado a sus hijos con un éxito académico que todos, incluidos desde luego los padres de María Emilia Casas, hubiésemos querido para nuestros hijos. Y todavía hay mucho más que decir sobre la sentencia.

La enseñanza en casa no está muy extendida. Y, además, esto es una sentencia, no una ley, de modo que no va a cambiar mucho esa realidad tras la decisión del Tribunal Constitucional. Pero la última libertad que poseemos todos es la de obviar al Estado, declararnos en rebeldía frente a sus normas injustas y organizar nuestra vida como la entendamos. Y estamos hablando de nuestros hijos y nuestro modo de educarles, de modo que sí, es nuestra vida y nadie tiene derecho a decidir sobre ella, aparte de nosotros. La libertad de estas familias es la nuestra y es mucho lo que nos jugamos en esta nueva lucha del Estado contra nuestros derechos.