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Wikileaks

Es al periodismo lo que el carnicero a la cocina: pone las piezas al alcance de todos para que los periodistas las transformen en una información.

Estos días Wikileaks ha abierto al público 400.000 documentos que previamente sólo estaban en manos del Gobierno de los Estados Unidos. De su lectura la prensa ha sacado algunas conclusiones, como que el gobierno estadounidense mintió: había un recuento oficial de víctimas de la guerra y arroja un número mayor que el que reconocía, 109.032 desde el comienzo de la guerra hasta 2009, de los que 66.081 eran civiles. También que otras fuentes engañaron o dieron curso a cálculos falsos, como The Lancet, que dijo que la guerra había provocado 655.000 muertes.

Los documentos también demuestran que las fuerzas iraquíes torturaban sistemáticamente a los prisioneros. Los que suelen quejarse de que EEUU se inmiscuya en los asuntos que están bajo la soberanía de otro país le acusan ahora de no hacerlo. Y quienes han promovido la guerra por mor de la extensión de la democracia y la libertad se encuentran con que el nuevo Irak no es tan diferente del viejo, aunque si pervive su frágil democracia podría llegar a serlo.

Hay todavía otros hallazgos, como el papel de Irán fomentando la insurgencia en Irak, que el Ejército estadounidense encontró parte de las armas de destrucción masiva con que justificó su intervención, y alguno más. Pero hay algo que se puede ver en estos documentos pero que sabemos desde siempre. Y es que los gobiernos mienten, especialmente cuando se dedican al arte de matar. Y que es entonces cuando más necesitamos al periodismo.

También es en la guerra cuando el periodismo y la verdad sufren más ataques por parte del Gobierno. Eso ha ocurrido en los Estados Unidos desde el comienzo mismo de su andadura, con las leyes odiosas de 1798, la guerra civil y las dos guerras mundiales. Medios cerrados, líderes y periodistas encarcelados… todas las manifestaciones de la censura han acompañado a la mayoría de las principales guerras de los Estados Unidos. Pero en Vietnam, con una prensa varia y fuerte, el Gobierno se encontró con que era más efectiva la desinformación que la censura.

Y en plena guerra contra el terrorismo, que así le llaman, ya no es viable ese recurso; internet ha acabado con él. Por el hecho de que un grupo de personas alojen unos servidores en tres puntos distintos del planeta que puedan hacer público de forma confidencial los informes escritos para un puñado de políticos y burócratas. Con la Guerra de Irak I se habló de las guerras televisadas. Ahora, tras la Guerra de Irak II, estarán ampliamente documentadas en la red.

¿El Increíble Hombre Normal? No, DerrochaMan

14 millones de euros en una pista cubierta. Destinó 4,5 millones de euros en el centro Thyssen. 31 millones de euros en 2009 para acallar los sindicatos. Regaló 625.000 euros a la Academia del Cine Catalán. En fin, un no parar. Eso, sin contar sus empresas y organizaciones bien gestionadas que suman una deuda superior a los 7.400 millones de euros, casi un 4% del PIB catalán. ¿Alguna medida para frenar el gasto? Ni de lejos. Lo último ha sido regalar 633 euros mensuales a todo aquel que no haga nada. Corrupción y compra de votos a plena luz. La capacidad de sorprendernos del Estado Omnipotente no tiene límites.

Las consecuencias de tanta generosidad han obligado a la Generalitat ha subir los impuestos. Los catalanes tienen el dudoso honor de pagar uno de los impuestos más elevados, no de España, sino del mundo. En estas subidas no han tenido sus contraprestaciones equivalentes. La situación parece empeorar día a día. El sector privado de la sanidad catalana (pequeños hospitales, farmacias…) no está recibiendo el dinero que le debe Montilla, ese hombre tan "normal". Más bien, lo "normal" sería que estuviese en todas las lista de morosos del país si no fuera por el cargo que tiene. Hasta finalizar el año, el Gobierno de Montilla necesita 4.000 millones de euros que no tiene.

Vemos que el asfixiante nivel contributivo y las diversas multas lingüísticas, viales y "cívicas" no son suficientes para pagar los caprichos de los políticos catalanes. Así que la administración catalana ha anunciado la emisión de unos bonos al nada despreciable tipo de interés del 4,75% (la emisión es de 1.000 millones ampliable a 2.000 millones, lo que parece insuficiente para cubrir gastos). Los bancos percibirán el 3%, un chollo. Entre 30 y 60 millones de euros. El tipo final, por eso, depende de los bancos que podrían restar hasta un 1% según si trasladan las comisiones al cliente.

La alta rentabilidad ha creado ya el efecto crowding out (efecto expulsión) entre el mercado privado. Catalunya Caixa (uno de los engendros del FROB que une Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa) ha tenido que retirar su depósito estrella que tenía al mismo tipo que los bonos de la administración. La oferta le duró sólo cuatro días.

Según el diario Expansión, la razón por la cual el Tripartito ha emitido los bonos se debe a que el Santander no quiso ofrecerle un préstamo sindicado (préstamo que se crea con varias entidades financieras). La negativa del mayor grupo bancario de España trajeron las amenazas de Castells, consejero de Economía: "Tenga la ocasión de darse cuenta de su error y de rectificar, porque este país tiene memoria y las instituciones también". Cualquier otra persona estaría en los juzgados por una amenaza así.

Por otra parte, la emisión no le ha parecido muy sana a Moody’s. Ha rebajado el rating de A1 a A2 con perspectiva "negativa" debido a que la Generalitat puede cerrar 2011 con un endeudamiento del 170% respecto a sus ingresos de explotación frente al 117% actual. Hay razones para considerar la emisión como peligrosa. Lo mismo debe pensar la gran banca (Grupo Santander, BBVA y Caja Madrid) que se ha negado a asegurarla.

La financiación normal de un Gobierno son los impuestos. En realidad, es lo más transparente para el ciudadano. Cuando un Gobierno recurre a la emisión de deuda significa que no tiene suficiente valor para subir los impuestos, que no sabe gestionar el dinero que posee, o ambas cosas a la vez. Éste es el evidente caso del Tripartito que tiene las elecciones en breve y no se atreve a tocar nada para no perder votos.

¿Y cómo devuelve la administración el capital e intereses de sus emisiones? Con más impuestos en el futuro. La deuda de la administración no sólo son impuestos, son impuestos presentes más intereses con el riesgo que esto comporta. Los gobernantes reclaman dinero futuro que ahora no tienen. La emisión está diseñada para el inversor retail catalán. Es decir, el inversor de esta emisión va a ser el mismo que la acabe pagando con más impuestos futuros. ¿No le resulta algo absurdo? Lo es, por eso es un acto poco transparente y cobarde. Más teniendo en cuenta que los van a vender de forma sentimentaloide y con emotivismo patriótico.

Ningún catalán se debería dejar engañar. Yo no lo hago y soy catalán. Tras la anunciada emisión "para afrontar los retos del futuro", la Generalitat blindó 66 cargos públicos y en seis meses ha cubierto más de 600 plazas indefinidas. Desde que el Tripartito se impuso en Cataluña, los empleados públicos han pasado de 140.000 a 226.000. El número de empresas, consorcios y fundaciones públicas ha crecido en este tiempo casi un 320%. ¿Realmente cree que todo este gasto inútil e insostenible es para el bien de Cataluña y los catalanes? A los políticos catalanes todo esto les importa un carajo. Sólo les quieren vaciar la cartera aunque sea matando, a base de mentiras, la gallina de los huevos de oro.

La contrarrevolución de los ni-nis

…a saber, ese timo piramidal por el cual ellos están sufragando la temprana jubilación de sus mayores a cambio de que nadie sufrague la suya cuando lleguen a la ancianidad. Porque, tal y como está invertida la pirámide a día de hoy, la cuestión dentro de unos años será ésa: si la Seguridad Social colapsará antes o después; si se tendrán que reducir las pensiones mucho o muchísimo; si la edad de jubilación se retrasará hasta los 70, los 75 o los 80; y si las cotizaciones de los proletarios serán todavía más gravosas de lo que ya lo son.

Pero hoy la cuestión es otra. Los sistemas públicos de pensiones europeos son tan eficientes que tienen que arrebatar alrededor del 30% del salario de los trabajadores para sufragar unas pensiones míseras o tirando a míseras; así en España, así en Francia. Al tiempo, la tasa de desempleo juvenil alcanza la sangrante media del 20,5% en la Unión Europea: el 22,5% en Francia y el 42,1% en España. Nada que ver, deben de pensar los cráneos más privilegiados. Todo o casi todo que ver, deberían de concluir quienes poseyeran la más elemental noción de economía.

Porque el paro persistente y estructural tiene una causa –una– y es que los salarios que desean percibir los trabajadores (o se les obliga a percibir vía salarios mínimos y convenios colectivos) son superiores a su creación de valor dentro de la empresa. Venimos de unos años donde muchos precios –incluidos muchos salarios– se inflaron de manera insostenible gracias a la hinchazón crediticia; normal que con su contracción muchos precios –incluidos muchos salarios– deban ajustarse a la baja. Nadie se sorprenda, pues, del desempleo: aquellos mercados donde los precios se mantienen artificialmente altos se caracterizan por la acumulación de excedentes productivos que no pueden colocarse a los consumidores; tal es el caso del ejército industrial de reserva que estamos creando en Occidente gracias a nuestra envidiable rigidez salarial.

Por supuesto, la vida sería mucho más sencilla si en lugar de bajar salarios redujéramos nuestras mordientes contribuciones a la Seguridad Social, porque lo relevante para aquellas industrias en crisis no es que los salarios caigan, sino que lo haga el coste de la contratación; y un 30% de este coste de contratación –ahí es nada– son contribuciones a la Seguridad Social.

Pero claro, nuestro descompuesto sistema pública de pensiones no puede permitirse renunciar a ese tercio de salarios si es que quiere sobrevivir unos añitos más en su moribundo estado actual. Así que ya lo tienen: nos quedamos con salarios demasiado altos, con contribuciones demasiado elevadas y con tasas de paro insoportables. ¿Respuesta entre los damnificados? Nada, los más jóvenes salen a la calle para entonar el vivan las caenas, para celebrar y exigir la permanencia del sistema que, primero, les imposibilita constituir un amplio patrimonio a lo largo de su vida laboral y que, ahora, les impide que posean siquiera una vida laboral.

La contrarrevolución de los ni-nis iniciada para perpetuar la explotación del politicastro. Dentro de 40 años se lo encontrarán: sin patrimonio, sin "derecho a" jubilarse a los 65 o a los 70 y con una pensión pública residual. Pero ojo, la culpa será del capitalista de turno, de los Apple, Google, Wal Mart o Mittal del futuro. Todo muy lógico, sí señor.

Y en casa, nuestro flamante –por sus ideas– ministro de Trabajo se estrena reclamando que el gasto público en pensiones se incremente un 50%. Nada hombre, que por lo visto un 42% de desempleo juvenil le sabe a poco.

El gran engaño del PIB

Mucho ha tardado el banquero central en percatarse de que los gobiernos cuentan con un amplio margen para manipular a su antojo todo tipo de cifras e indicadores con el fin de ofrecer unas cuentas públicas favorables a sus intereses. La espita saltó con Grecia al descubrirse que su déficit público alcanzaba, en realidad, los dos dígitos. De hecho, aunque la última versión oficial sitúa la brecha fiscal en algo más del 13% del PIB en 2009 la revisión de los datos por parte de Eurostat amenaza con elevar esta cifra hasta el 15,6%, casi 10 puntos porcentuales más que lo reportado inicialmente por el anterior Ejecutivo heleno.

Así pues, ante tal escándalo, no es de extrañar que el Banco Central Europeo abogue ahora por implantar una nueva ley estadística para consagrar unos estándares mínimos de contabilidad a nivel comunitario. Por desgracia, Grecia no es el único país en aplicar ingeniería contable para maquillar sus cuentas. Y es que, al fin y al cabo, es el cocinero (gobierno) quien decide en la cocina. Es decir, existen múltiples formas de contabilizar los datos. Así, por ejemplo, el paro real no asciende a 4 millones de personas sino a cerca de 4,6 millones por obra y gracia del maquillaje de desempleados; la deuda pública real no es del 58% del PIB sino del 75%, si se tienen en cuenta los cerca de 166.000 millones que no incluye el procedimiento de déficit excesivo que impone Bruselas; de hecho, la deuda implícita –volumen de compromisos financieros adquiridos presentes y futuros– rozaba el 150% del PIB en 2005 tan sólo contando el gasto en pensiones públicas, según las estimaciones de la Comisión Europea.

El caso de Grecia ha destapado el gran fraude de las cuentas públicas. Y, últimamente, las dudas sobre la realidad de las cuentas nacionales se ciernen también sobre España. Algunos analistas y consultores no dudan en afirmar que el PIB español está exagerado. El problema de fondo, sin embargo, es que más allá de la habitual cocina estadística, la contabilidad nacional constituye un instrumento inútil y engañoso a la hora de medir la actividad económica de un país.

En primer lugar, cabe recordar que, originalmente, el término "estadística" deriva del propio Estado, ya que hacía referencia al análisis de datos del Estado, es decir, a la "ciencia del Estado". Fue en el siglo XIX cuando dicho concepto comenzó a emplearse para definir la recolección y clasificación de datos. Los primeros servicios de estadística nacional nacieron para elaborar censos de población y ventas de mercancías con el único fin de recaudar impuestos de una forma más eficaz. Cuanto menos curioso, ¿verdad?

En segundo lugar, el Producto Nacional Bruto (PNB) y el Producto Interior Bruto (PIB), principales indicadores estadísticos de toda economía, excluyen de su contabilidad a gran parte de los procesos de producción que se desarrollan en el país. En concreto, deja fuera a las etapas intermedias existentes en la fabricación del conjunto de bienes y servicios que llegan finalmente al consumidor. Un objeto, en principio, tan simple y rudimentario como un lápiz precisa de un gran número de etapas, en la que concluyen múltiples procesos, intermediarios y agentes, antes de que éste sea adquirido en una tienda por el consumidor –lean Yo, el lápiz, un breve texto esclarecedor-. Ni que decir tiene que esta complejidad se multiplica de forma desorbitada si en lugar de un lápiz tomamos como referencia la fabricación de un coche o de un reactor nuclear.

Dichas fases intermedias son esenciales para comprender la importancia vital del ahorro, la inversión y la preferencia temporal de los agentes (tipos de interés) dentro de una economía de mercado. Pues bien, el PIB borra de un plumazo todos estos procesos intermedios al consumo final, ya que tan sólo computa el valor agregado de la producción de bienes y servicios de consumo y bienes de capital finales que son terminados en el ejercicio, sin tener en cuenta las rentas brutas totales que se generan en todas las etapas previas. No incluye el valor de los bienes de capital circulante, los productos intermedios no duraderos o los bienes de capital no terminados o que una vez terminados pasan de una etapa a otra, etc. De este modo, el PIB ignora la dimensión temporal que existe en todo proceso productivo –por ejemplo, desde que se diseña un coche hasta que se vende pasan 5 años–, aspecto clave del capitalismo, así como el enorme esfuerzo empresarial que cada año se destina a la producción de bienes intermedios.

Y ello, bajo la excusa de evitar la "doble contabilidad", otra falacia propia de la economía imperante, ya que la mayoría de bienes intermedios fabricados en el ejercicio se venden acoplados a bienes de consumo adquiridos en ejercicios posteriores. Las cifras de PIB son, pues, engañosas desde el principio y, por lo tanto, están viciadas en origen. Y todo ello como resultado del keynesianismo dominante, tendente a sobreponderar el peso del consumo dentro de una economía –el consumo suele representar entre el 50% y el 70% del PIB, según los países-.

En este sentido, el Departamento de Comercio de los EEUU publicó un estudio en 1986 en el que ponía de relieve que el 44% de la renta bruta americana eran productos intermedios no recogidos en el PIB. El contabilizar estos bienes que se producen en las etapas intermedias del proceso productivo permitiría medir con mayor precisión los cambios que los ciclos económicos producen, no ya en el consumo, sino sobre todo en el ahorro y la inversión, así como los nefastos efectos que la expansión crediticia de los bancos centrales genera en la estructura del capital. Así pues, más allá de la cocina que efectúa cada gobierno, la tragedia es que el PIB es en sí mismo un gran engaño.

La izquierda y el Tea Party

¡Cómo no rebelarse ante eso! Luego son sólo unos pocos los que se dan cuenta de que lo que está mal no es la realidad, sino ellos. Pero volvamos a las perplejidades. El Tea Party. Le encaja como un guante la mitología izquierdista, un movimiento popular espontáneo que se rebela contra las estructuras de poder establecidas. Sólo que el guante está hecho para la mano izquierda, y el té se sirve en Estados Unidos con la derecha.

Ejemplo máximo de periodismo socialdemócrata. Página 4 de El País de este domingo. Nos encontramos ante una alianza entre el empuje y las ideas del Tea Party (el periodista comparte su ignorancia al respecto con sus lectores) y el dinero de Karl Rove y los neocón con el objetivo de recuperar el poder (lo que no parece sorprendente en una democracia) para, "esta vez, ejercerlo sin concesiones". Sólo que la ideología en torno al Tea Party propone restringir el poder, es decir, que nadie lo ejerza sin concesiones.

Tampoco es que sea necesario ser muy listo para saber de qué va el fenómeno. Pero el izquierdismo residual, la socialdemocracia canónica impone cortocircuitos insuperables al racioninio. No los supera ni la inteligencia más preclara. Los cortocircuitos son lo llamativo. Son los mismos desde hace décadas pero se siguen utilizando. La derecha "dura". Y ahí cabe todo. Libertarios, conservadores, fascistas… Jesús Ruiz Mantilla, por no salir del mismo diario. Para él, Esperanza Aguirre es esa derecha dura a la que le va (tiene que irle) la bronca. Los silbidos a Zapatero, vaya. Y la que apadrina al Tea Party, encastizado en Café Party. Mantilla, historiador, parte de los neocón de Bush para seguir: "los adalides de ese fenómeno ultra y facha se replegaron en el Tea Party". Y quieren "quemar a los homosexuales" y "empelar comunistas". Forges, el mayor genio español en el humor gráfico y también el más miserable, dice "allí Tea Party/Aquí te parto…". El pensamiento en mantillas de decir que la derecha "dura" es la bronca, la violencia. La derecha dura sería, en España, el sindicalismo.

Irene Lozano. "Excrecencia ultra de la derecha americana", tan sutil. Como no puede ser un movimiento popular, es la rebelión de las élites. Le pasa como a Caño, a Forges y a Mantilla. No sabe que este domingo fue el día mundial de la pobreza, pero no de la pobreza intelectual.

Sarkozy subvenciona a Carla Bruni

El sistema será muy simple. Durante dos ejercicios consecutivos cada persona que esté dentro de la franja de edad antes citada puede comprar una tarjeta de prepago de validez anual por valor de 50 euros pagando sólo la mitad de esta cantidad. El resto de su coste lo pone el Estado.

Tanto los eurócratas como el Gobierno de Sarkozy sostienen que se trata de una medida que ayudará a combatir las descargas "ilegales" y permitirá que los jóvenes puedan acceder a música más barata de lo que les cuesta normalmente. Dicho así puede sonar aceptable para muchos; pero no lo es tanto. Para empezar, los millones de euros que esto puede suponer para las arcas del Estado francés tienen que salir de algún sitio. Y dicho lugar no es otro que las cuentas corrientes de los ciudadanos a través de los impuestos. Pero hay algo todavía peor.

Por mucho que las autoridades francesas y europeas quieran hacer creer que esta medida está destinada a favorecer a los jóvenes, ellos no son los principales beneficiados por este nuevo saqueo a las cuentas públicas. Quienes mayores provecho van a sacar de estas subvenciones son quienes viven del negocio de vender música, desde los intérpretes hasta las grandes discográficas, pasando por las tiendas de música online que participan en este "invento".

Si quisiéramos creer en la bondad de los gobernantes, pensaríamos que es sólo una casualidad que entre los muchos beneficiarios de las subvenciones estén la esposa de Sarkozy y cantante Carla Bruni (aunque, reconozcámoslo, podemos decir a favor de ella que los ingresos de sus discos los dedica a causas benéficas), así como la discográfica con la que trabaja. Si deseáramos confiar en que quienes ejercen el poder nunca tienen en cuenta sus propios intereses, los de su familia y los de los sectores económicos con los que se relacionan, sostendríamos que la defensa a ultranza de los intereses de la industria musical que ejerce el Ejecutivo francés se debe al convencimiento de que es lo que se debe hacer. Por desgracia, nuestra opinión no es esa.

Pero incluso aunque creyéramos en esa bondad, los ciudadanos no tienen por qué mantener con sus impuestos a un sector musical que no sabe adaptarse a internet.

¿Necesitamos inflación?

Los primeros han visto en estos dos años cómo sus planes de estímulo fracasaban estrepitosamente: nos prometieron que todo era cuestión de impulsar la demanda agregada vía déficit y al final seguimos tan o más estancados, pero con una montaña de deuda a nuestras espaldas. Los segundos, que llevan tres años ovacionando a Bernanke por su audaz política monetaria y por haber salvado a la economía de la Gran Depresión, continúan repitiendo la misma cantinela de siempre de que es necesario generar inflación; bien está, aunque estaría mejor si nos explicaran cómo es posible que Bernanke salvara la economía en 2008 y 2009 y ahora sea necesario volver a salvarla con todo tipo de facilidades crediticias. ¿Será acaso que lo único que logró Bernanke fue retrasar el momento de la inexorable penitencia?

Ciertamente, la inflación aparece como un remedio sencillo y rápido para salir de la crisis. Al fin y al cabo, si nuestras economías padecen un exceso de deuda, nada mejor que la inflación para diluir su valor real. Si hacemos que un sueldo de 1.000 euros hoy tenga el mismo poder adquisitivo que un sueldo de 100.000 euros dentro de unos meses, entonces el problema de la deuda hipotecaria y de los promotores en España queda ipso facto solventado… al menos para los deudores, claro. Los acreedores, aquellos que adelantaron su capital esperando obtenerlo de vuelta, lo tendrán algo más complicado en esta coyuntura inflacionista.

Cuenta Hayek en La desnacionalización del dinero que durante años el apellido de Schumpeter estuvo maldito en Austria porque este célebre economista, siendo ministro de Finanzas, autorizó que las deudas contraídas en coronas antes de la hiperinflación que sufrió el país tras la Gran Guerra pudieran saldarse en las nuevas coronas cuyo valor era 15.000 veces inferior a las originales; esto es una política monetaria sensata y lo demás son tonterías. Pero si lo que queremos es expoliar a los acreedores y reducir el saldo real de las deudas, ¿por qué no premiamos a los deudores que impaguen sus deudas? ¿Por qué no celebramos que los hipotecados subprime dejaran de cumplir en 2007 con sus compromisos a millones? ¿Por qué escandalizarse de que los bancos –que son siempre acreedores netos– quebraran como consecuencia de ese impago parcial de deudas?

Es más, los inflacionistas deberían explicarnos cómo es posible que en 2008 entráramos en esta complicada depresión si por aquel entonces San Bernanke había conseguido que disfrutáramos de la inflación más elevada de los últimos 20 años. No se explica que lo que se propone ahora como definitiva panacea fuera el contexto del que ya disfrutábamos antes de quebrar Lehman Brothers y meternos a todos en el hoyo.

Lo cierto es que la inflación –la dilución parcial del valor de las deudas– no soluciona los problemas reales que padecemos: un cúmulo de malas inversiones ocasionadas por la brutal y distorsionadora expansión del crédito que se vivió entre 2001 y 2007. Durante esos años ya gozamos de una cuantiosa inflación de activos y nada de ello impidió que entráramos en crisis, pues de hecho no era parte de la solución sino una exteriorización del problema; a saber, la cuestión es cómo evitamos que nuestros muy eficientes productores sigan construyendo a mansalva viviendas que nadie necesita y, en este sentido, condonar las deudas vía inflación sólo sirve para que aquellos que se equivocaron en sus inversiones –y que como consecuencia no pueden cumplir con sus obligaciones financieras– consoliden la posesión de unos recursos que deberían estar empleados en otras partes de la economía.

Y si entre 2001 y 2007 la inflación fue un desastre, también lo sería ahora en caso de que Bernanke pudiese generarla. Pero no, no puede. A menos que decida emular a Zimbabue (darle a la maquinita de imprimir billetes), la forma que tiene nuestro perverso sistema financiero de generar inflación es incrementando la cantidad de crédito en la economía y ahora mismo los agentes privados lo que desean es reducir su endeudamiento, no incrementarlo. Podrá Bernanke poner todas las facilidades por el lado de la oferta para que la gente se endeude, pero si ésta no demanda nuevo crédito –y ni lo hacen ahora ni lo harán hasta que reestructuren sus balances… reduciendo su deuda–, de nada servirá y los precios no aumentarán. El ejemplo de Japón es elocuente, pero también el de la Gran Depresión, donde ni siquiera abandonando el patrón oro los distintos países consiguieron tasas de inflación apreciables.

¿Significa esto que la política monetaria de Bernanke es inocua? No, porque para tratar de provocar inflación está generando el clima y las expectativas de que los tipos de interés se mantendrán en mínimos históricos durante mucho tiempo. Y cuando los agentes tratan de reducir su endeudamiento –como hacen y deben hacer ahora pese al brutal endeudamiento público–, los tipos de interés bajos son criminales: cuanto más bajos sean éstos, más retrasan los agentes su desapalancamiento; y cuanto más lo retrasen, más tiempo diferiremos el reajuste real que necesitamos.

Bernanke debería aprender una lección básica: se puede llevar el caballo al río, pero no se le puede forzar a beber. Como banquero central, puede tirar de las cuerdas, pero es incapaz de empujarlas. Pero en esta contraproducente carrera hacia el absurdo está sacrificando el valor futuro del dólar y, lo que es peor, los incentivos de los agentes para dar de baja sus malas inversiones, liquidar su excesiva deuda y volver a empezar a consumir e invertir desde niveles más sostenibles. Si pensamos que en 2008 sólo quebró el sistema financiero y no nuestros fantásticos sistemas productivos especializados en producir millones de carísimas viviendas y redundantes automóviles al año, es que todavía no hemos entendido nada de lo que ha sucedido.

Mr. Obama y Mr. Bernanke, por favor, dejen de obstaculizar el proceso de reorganización. No nos condenen a otra Gran Depresión. 15 años de lento ajuste son demasiados.

Los ricos ya pagan más

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado para 2011 una subida del IRPF: los ingresos superiores a 120.000 euros tributarán a un tipo del 44% (antes 43%) y los superiores a 175.000 euros a un tipo del 45% (antes 43%). Pan y circo para complacer a las bases socialistas.

Los que confunden la envidia con el afán de justicia repiten la consigna de que quien gana más debe pagar más. La factura del Estado discrimina según la renta, una práctica virtualmente inexistente en el mercado, donde empresas e instituciones privadas cobran el mismo precio por sus servicios con independencia de raza, religión, orientación sexual y poder adquisitivo. En el caso de los servicios públicos, en cambio, se acepta el principio discriminatorio de que los que obtienen más ingresos deben pagar un precio distinto.

Sin embargo, ni siquiera la discriminación se hace respetando un mínimo de proporcionalidad. Conforme uno obtiene más ingresos no paga una parte alícuota mayor (por los mismos servicios que antes, no lo olvidemos), sino que la excede. Si un individuo incrementa su renta de 20.000 euros al año a 40.000 euros al año, un aumento del 100%, no paga un 100% más de impuestos sino un 230% más. De 2.746 euros anuales pasa a pagar a Hacienda 9.033 euros.

Nuestro sistema fiscal no es proporcional sino "progresivo", eufemismo de "desproporcional". Los que reclaman que los ricos contribuyan "acorde con sus mayores ingresos" o "asuman el coste de la crisis como el resto" parecen no haberse enterado de que ya se les confisca una proporción mucho mayorde sus ingresos que a los demás.

¿Qué han hecho las rentas altas para merecer esta confiscación? ¿Cuál es su fundamento ético? Puesto que el fin no justifica los medios, pasemos por alto la presunta finalidad de la redistribución ("ayudar a los menos favorecidos", "garantizar oportunidades básicas a todos") y centrémonos en los medios: quitar a alguien parte de sus ingresos bajo coacción.

Ricos los hay y los habrá bajo cualquier sistema político, porque los individuos tienen distintas capacidades, ambición y escrúpulos. La diferencia entre un sistema de mercado puro y un sistema socialista puro es que en el primero los ricos son los más productivos, los que obtienen mayores ganancias del hecho de ofrecer servicios que los consumidores valoran, y en el segundo los ricos son los que ostentan el poder, los que detentan el privilegio de dictar a los demás lo que deben hacer.

En un sistema mixto como el que vivimos encontramos, lógicamente, ejemplos de ambos: gente que se ha enriquecido produciendo bienes y servicios útiles para los demás, y gente que se ha enriquecido gracias a las prebendas estatales (subvenciones, restricciones a la competencia, contratos públicos, rescates y socialización de pérdidas, corruptelas varias). También los hay que se han enriquecido de las dos maneras. Reduzcamos el presupuesto y las prerrogativas del Estado a su mínima expresión y las élites y grupos de interés no tendrán de quien conseguir privilegios.

En la medida en que las rentas altas obtienen ingresos de mercado, sin que medie la intervención del Estado, los impuestos desproporcionales penalizan el ingenio y la productividad. Castigan la acción de servir a la sociedad de la forma más eficiente posible, pues solo así es posible generar más beneficios e ingresos en el mercado. ¿No tendría más sentido, aunque fuera igualmente injusto, castigar con un impuesto la vagancia y la baja productividad? ¿Por qué no se penaliza con trabajos comunitarios a parados que rechazan empleos?

El prejuicio contra los ricos es una lacra social en una economía de mercado. Solo está justificado en países íntegramente socialistas.

Un mal argumento del Nobel contra las pensiones privadas

Por eso, el uso y abuso que se haga de estos galardones puede ser peligroso: la tentación de utilizarlos para hacer avanzar la agenda política, finiquitando la discusión económica, es en ocasiones irresistible. Ya se vio en 2008 con Krugman y su nefasta influencia sobre esos planes de des-estímulo que tan onerosos nos han salido.

¿Se repetirá la historia en 2010? Espero que no. En la actualidad nos encontramos a las puertas del colapso de los sistemas de reparto de pensiones. El debate sobre su reforma es inevitable, pues la única manera que tienen de cumplir con sus compromisos es no cumpliéndolos, esto es, suspendiendo parcialmente pagos. Tales son las inexorables leyes de la demografía: cuando esperas que el ahorro de los jóvenes sirva de sustento para una explosiva población jubilada, al final el esquema Ponzi termina colapsando. La alternativa ya la conocen: los sistemas de capitalización en los que cada individuo, en lugar de rapiñar el exiguo capital de los trabajadores, se sufraga su propia jubilación ahorrando, invirtiendo y creando nueva riqueza.

La simplicidad –y autenticidad– de este argumento puede chocar, sin embargo, con ciertos sofismas de uno de los tres galardonados de este año, Peter Diamond. Hace unos años, el susodicho escribió un artículo junto a Nicholas Barr donde trataba de demostrar, entre muchas otras cosas, que los sistemas de capitalización son igual de insostenibles que los sistemas de reparto. El argumento merece cierta atención porque en un análisis superficial parece verosímil (de ahí que sea un sofisma).

Dice Diamond que si la población de un país decrece, la cantidad de bienes futuros se reducirá, de modo que los pensionistas futuros –tanto en un sistema de capitalización como en uno de reparto– verán reducidas sus posibilidades de consumo aun cuando posean patrimonios financieros muy cuantiosos (ya sea porque los precios de los bienes de consumo aumentarán o porque la rentabilidad de sus activos se reducirá): "Lo relevante no es la acumulación financiera, sino la producción. Si la producción aumenta, será más fácil que aumente la renta de trabajadores y pensionistas. La solución a una población que envejece no se encuentra de por sí en la capitalización, sino en el crecimiento económico".

Voy a abstraerme del hecho de que los pensionistas de un país con una población decreciente –España– puedan invertir en el mercado de valores de un país con una población expansiva –India– y voy a centrarme en el escenario –por otro lado factible– de que la población mundial decrezca. ¿Es en este caso inexorable que conforme la pirámide poblacional se invierta los pensionistas se vayan empobreciendo en términos relativos?

No, en absoluto. ¿Qué sucedería en un sistema de capitalización donde la población envejeciera y la mano de obra fuera cada vez más escasa? Pues que los salarios reales de los trabajadores irían aumentando y el capital privado que ahora se pierde por los sumideros de la Seguridad Social se invertiría en sustituir métodos de producción basados en una mano de obra relativamente barata por otros métodos de producción mucho más intensivos en capital que requieran a menos obreros (esto es lo que otro premio Nobel, Friedrich Hayek, llamó el Efecto Ricardo). El menor número de trabajadores se vería compensado por un mayor número de bienes de capital, sin que por tanto la producción futura se viera afectada. Proceso que, obviamente, no puede acaecer en un sistema de reparto, por cuanto el ahorro de los trabajadores actuales se destina, no a la inversión en bienes de capital, sino a financiar el consumo de nuestros pensionistas.

¿Pero sería este recambio de máquinas por trabajadores posible en todos los casos? No, de momento no lo sería y aquí el argumento de Diamond sí podría tener algún peso. El economista Thomas Stewart distingue entre cuatro tipos de trabajadores: los fáciles de sustituir y que generan escaso valor; los difíciles de sustituir que generan un elevado valor; los difíciles de sustituir que producen poco valor; y los difíciles de sustituir que crean un enorme valor. Estos últimos son por ahora imprescindibles e irremplazables debido a nuestra incapacidad para producir máquinas que se comporten como agentes; son nuestro auténtico capital humano. Si su número disminuyera debido a una población menguante, nuestro crecimiento económico futuro –y por tanto el bienestar de nuestros jubilados– sí podría verse afectado (a diferencia de lo que sucede con los otros tres tipos de trabajadores, que pueden suplirse con una mayor dotación de capital).

Sin embargo, lo cierto es que estamos muy lejos de la situación en que una reducción de la mano de obra necesariamente deba minorar la cantidad de esos trabajadores altamente cualificados y difícilmente sustituibles. Al fin y al cabo, el ahorro de los futuros pensionistas puede destinarse a formar y capitalizar al resto de trabajadores. O dicho de otro modo, el argumento de Diamond sólo sería relevante para un mundo donde la gran mayoría de obreros estuvieran ya muy especializados y generaran un altísimo valor añadido; un mundo que tiene muy poco que ver con el actual y que es dudoso que algún día llegue a parecerse en algo (gracias a que un porcentaje creciente de los ahorros de todo el planeta se dedica a la I+D, muy probablemente en dos o tres décadas seamos capaces de crear máquinas que actúen como agentes).

Por mucho que lo diga el Nobel, si quiere pensiones sostenibles y crecientes en el tiempo ante cualquier contexto demográfico, la única alternativa son los sistemas de capitalización.

Obama te quiere espiar

No contento con querer otorgar a Obama el poder para ordenar la desconexión total o parcial de la red en EEUU, ahora pretende sacar adelante una norma que multiplicaría casi hasta el infinito la capacidad de las autoridades norteamericanas para espiar a cualquier persona en sus comunicaciones online.

Con la excusa de combatir el terrorismo y la delincuencia por internet, las autoridades federales están promoviendo una nueva normativa destinada a obligar a las empresas de internet y de telefonía móvil a facilitar la interceptación de las comunicaciones de sus clientes. El Gobierno de Obama no quiere, simplemente, que las personas puedan utilizar tecnologías de encriptación que resulten seguras incluso frente a las agencias de seguridad de EEUU. Imitar a las petromonarquías feudales de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, imponiendo fuertes limitaciones al uso de la Blackberry y similares debido a su sistema de cifrado, habría resultado demasiado descarado. En Washington han encontrado una salida más imaginativa.

Pretende el Gobierno de Obama que todos los servicios de comunicaciones online (desde los de voz como Skype a las redes sociales como Facebook, pasando a las aplicaciones de mensajería de las Blackberry o el iPhone) dispongan de una especie de puerta trasera para facilitar los "pinchazos" por parte de las fuerzas de seguridad de EEUU. Aunque desde la administración se sostiene que el espionaje se haría con las debidas garantían judiciales, desde las organizaciones defensoras de los derechos civiles se ha denunciado que la norma no es tan garantista como pretende hacer creer el Ejecutivo.

Aún cuando finalmente el "pinchazo" estuviera sometido a control judicial, la norma que pretende sacar adelante la Casa Blanca resulta peligrosa para los ciudadanos, y no sólo para los de EEUU. No es un secreto que las fuerzas de seguridad y los servicios secretos caen en demasiadas ocasiones en la tentación de romper sus límites legales. Las "puertas traseras" que quiere imponer la Administración Obama facilitaría este tipo de abusos. Además debe tenerse en cuenta que por bien programadas que estuvieran dichas medidas para facilitar el espionaje oficial aumentarían el riesgo de generar agujeros de seguridad susceptibles de ser utilizados por todo tipo de ciberdelincuentes (pensemos que los cifrados de los pagos con tarjeta por internet se volverían menos seguros) o por gobiernos poco democráticos de todo el mundo.

Una vez más, con la excusa de combatir el terrorismo y la delincuencia se ponen en juego derechos fundamentales de los ciudadanos. Esperemos que Obama fracase en su intento.