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Los gobiernos pueden delinquir

Se parte de la premisa de que esa conducta posterior al secuestro contribuye precisamente al éxito de un crimen execrable. Dada la amplitud del tipo penal (art. 576 CP) todavía es mayor la probabilidad de que pueda considerarse, además, un delito de colaboración con banda terrorista, si la acción delictiva principal se ejecuta por los miembros de una organización así catalogada.

Nada de esto resulta novedoso en España. Aunque ya no ocupan portadas, durante años de extorsión y pillaje de la banda terrorista ETA, muchos allegados de secuestrados cedieron a la extorsión para que la banda los liberase de la tortura y la privación de libertad a que estaban sometidos.

Los casos de Emiliano Revilla, Julio Iglesias Zamora, Jose María Aldaya, Cosme Delclaux y tantos otros, suscitaron a la sazón reacciones muy distintas de los gobernantes socialistas y sus subordinados. Bien es cierto que a ese coro se sumaban amplios sectores de los medios de comunicación. Básicamente, personas que luego fueron condenadas por malversación de fondos públicos con el pretexto del terrorismo advertían a los familiares sobre las consecuencias penales que se derivarían de pagar un rescate, acción que, aseguraban, equivalía a la colaboración con banda armada. En algún caso se desató la demagogia de establecer una relación causal entre el pago del rescate por parte de los familiares –"ricos"– de los secuestrados y los asesinatos de los policías –"pobres"– servidores del Estado.

De hecho, la intervención del fiscal determinaba que estos familiares se vieran inmersos en procedimientos penales. No obstante, también en la mayoría de los casos la imputación de cooperación o complicidad en un secuestro o el más genérico de colaboración con banda armada no superaba la fase de instrucción. Los jueces de instrucción solían apreciar la concurrencia de la causa de justificación denominada "estado de necesidad" en un estadio preliminar de la causa y sobreseían libremente el asunto respecto a esos implicados. Un supuesto diferente se planteaba en el caso de los célebres "mediadores".

Ahora bien, el artículo 20.5 CP requiere que quien, para evitar un mal propio o ajeno, arguya el estado de necesidad demuestre que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar; que la situación de necesidad no fuera provocada intencionadamente por él mismo y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

Si bien la aplicación de esta eximente a familiares no ofrece mayor dificultad por las propias obligaciones jurídicas de prestación de ayuda entre parientes, la posición de los agentes del Estado no justifica jurídico-penalmente el pago de un rescate invocando esta justificación, o, al menos, no completamente, ya que estos últimos tienen unas obligaciones de persecución del delito sin más.

La vapuleada constitución vigente establece que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico" (art 9.1). Sin embargo, desde el precedente del "Alacrana" se ha instalado un escandaloso cinismo entre los miembros del Gobierno. Por un lado, presumen de las "gestiones" que conducen a la liberación de los secuestrados, pero, por otro, niegan el pago de rescate que resulta el corolario lógico de la autocomplacencia exhibida. Negación a la que no puede ser ajeno el carácter presuntamente delictivo de esa conducta.

De igual modo, resulta asombrosa la pasividad de los jueces competentes por averiguar la verdad de lo ocurrido y ventilar las responsabilidades a que haya lugar.

Porque, en efecto, la apariencia de comisión de un delito público, perseguible de oficio, demanda que, conocidos los hechos someramente ("notitia criminis"), el juez de instrucción competente deba abrir sumario, con o sin denuncia de parte, incluido el fiscal. En el caso del secuestro de los tres miembros de la asociación "Acción sin fronteras" en la franja del Sahel entre Mauritania y Mali, dado el lugar de comisión del hecho en el extranjero y la nacionalidad española de sus víctimas, nos encontramos ante un caso típico de competencia de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, a través de la cual la jurisdicción española puede conocer en primera instancia de un asunto así, antes incluso de considerar si se trata o no de un delito calificable como terrorista.

Si bien en noviembre del año pasado las dificultades para averiguar los pormenores del secuestro en sede judicial resultaban obvias, no se comprende por qué el titular del juzgado central nº 4 de ese tribunal, Fernando Andreu, incoó diligencias sin citar a la persona liberada en marzo para interrogarla y haya esperado a la liberación de los otros dos cooperantes para hacerlo. Si las explicaciones oficiosas sobre esa inhibición para no perjudicar la liberación fueran serias, los mismos argumentos impedirían a los jueces "inmiscuirse" en los casos que la policía tarda en resolver. Aunque, ciertamente, proliferen jueces que actúan como epígonos del poder ejecutivo, esa línea de razonamiento invierte radicalmente lo que parecía la legalidad en España en cuanto a la persecución del delito. Son las fuerzas de policía, o, como en este caso, según alardea el Gobierno, los agentes del CNI quienes deben de dar cuenta inmediata al juez de sus investigaciones. Más aun cuando se descarta a priori la liberación por la fuerza.

La complacencia por la liberación de unos españoles tendrá una interpretación muy diferente para quienes están dispuestos a recurrir al secuestro de personas para lucrarse en los confines del globo donde recalen otros paisanos. La contumacia de este Gobierno puede deparar consecuencias indeseadas.

El gratis total no existe

…y sin mirar atrás ya que, en realidad, lo que dicho sujeto está anunciando es su voluntad inequívoca de robarle, aún más, a usted y a su familia. La provisión de bienes y servicios gratuitos que, en teoría, garantiza el Estado de Bienestar es el gran camelo del siglo XX. Una inteligente y cruel farsa orquestada por los poderes públicos para acrecentar su capacidad de influencia e intervención en detrimento, siempre y en todo lugar, de las libertades y riqueza de los individuos.

El gratis total no existe. La sanidad, la educación, la pensión o el subsidio de desempleo que tanto se esmera en proclamar el gobierno paternalista de turno bajo la cortina de "derechos sociales" son, efectivamente, grandes logros y conquistas, sí, pero del poder político. Todo tiene un precio, la Seguridad Social también, sólo que éste resulta prohibitivo, enormemente costoso y altamente ineficiente en manos del Estado. No obstante, la financiación de tales servicios acapara, de media, más del 30% de su salario bruto anual.

Así pues, este robo institucionalizado no sólo le restará riqueza (pagará impuestos quiera o no quiera y utilice o no dichos servicios) sino que, al efectuarse de forma coactiva y obligatoria, limitará en gran medida su capacidad de elección, ya que contará con menos recursos disponibles para contratar libremente los productos ideados por el mercado para tal fin, de precio muy inferior y calidad muy superior a los que impone la Administración.

Dicho de otro modo, todo político insiste en que trabajará para mejorar los servicios públicos, pero eso sí, ocultándole de forma maniquea que dicho esfuerzo adicional saldrá, igualmente, de su bolsillo (ya sea subiendo impuestos o aumentando la deuda pública) y a un coste muy superior al que ofertan los empresarios. En España se pueden contratar seguros médicos con amplias coberturas desde 30 euros al mes, al igual que planes de pensiones privados o seguros de desempleo (aunque éste último es un servicio relativamente reciente y poco generalizado). Por el contrario, la Seguridad Social (incluyendo la cuota que paga el empresario) cuesta cerca de 9.000 euros anuales a un trabajador de salario medio. Quiera o no quiera, insisto.

El desarrollo de las mutuas, pensiones y seguros privados son previos al Estado de Bienestar moderno, y surgieron de forma natural en el contexto del libre mercado para cubrir una determinada demanda hasta entonces insatisfecha, como es el caso de la cobertura de accidentes, enfermedades, muerte o vejez. Así, por ejemplo, las cofradías de pescadores se organizaron de forma espontánea, libre y voluntaria con el fin de ofrecer cobertura médica y pensión a estos trabajadores y a sus familiares (mujer e hijos) en caso de accidente o fallecimiento.

Sin embargo, el Estado pronto se percató a la perfección de la siguiente máxima: que para crecer y engordar financieramente debía ofrecer algo a cambio ya que, en caso contrario, sería percibido, muy acertadamente, como un ente cuya única finalidad es medrar a costa del trabajo y esfuerzo de los demás, tal y como aconteció en el Antiguo Régimen. Fue entonces cuando surgió la palabra mágica: Seguridad Social o, lo que es lo mismo, la provisión de servicios públicos destinados a contrarrestar la incertidumbre, una característica innata del ser humano. 

El canciller de Alemania, Otto von Bismarck, concibió el sistema de Seguridad Social a finales del siglo XIX y, desde entonces, la sombra del Estado no ha dejado de crecer. El éxito de este engaño masivo ha supuesto, sin duda, un gran fracaso para la libertad individual.

La disonancia cognitiva de los keynesianos

Lord Keynes, que tal distinción se le llegó a conceder, tenía una receta muy facilona para todo: si la economía encalla, si está operando por debajo de lo que de manera un tanto arbitraria consideramos su potencial, si aparecen recursos desempleados u "ociosos" por doquier, entonces es que no estamos gastando lo suficiente.

Para Keynes todo es un problema de falta de gasto, ya sea en consumo o en inversión, de modo que la solución pasa por promover el gasto como sea. Al lord se le ocurrieron dos maneras fundamentales: una, reducir los tipos de interés para que la gente que era reacia a endeudarse acudiera como loca al banco más cercano para hipotecarse; dos, que fuera el Estado quien gastara en nombre de todos, circunstancia que además tendría unos efectos "multiplicadores" sobre el resto de la actividad.

Estados Unidos lleva casi dos años aplicando consistentemente el programa de "estímulo" keynesiano. A día de hoy cabría esperar que los recursos ociosos ya se hubiesen esfumado en honor a la sabiduría de Keynes. Ni parados ni viviendas vacías deberían seguir atormentando el presente de la economía estadounidense. Pero no, la realidad no termina de ajustarse a acientíficos moldes de Keynes.

Por ejemlo, en su plan de despilfarro masivo, Obama destinó unos 25.000 millones para promover la adquisición de vivienda (no tenemos en cuenta los efectos "multiplicadores" del resto de su gasto) y Ben Helicóptero Bernanke ha comprado desde 2009 más de un billón de dólares en bonos hipotecarios a través de la creación de nuevos dólares con tal de rebajar los tipos de interés hipotecarios a largo plazo y estimular la compra de inmuebles.

¿Resultado? Apenas perceptible: una pequeña hinchazón que ya ha reventado. Échenle un vistazo a las ventas de nuevas viviendas a partir de 2009 (momento de auge de las políticas keynesianas) y si son capaces de distinguir algo, entonces casi puedo garantizarles que no habrán de pasarse por el oculista durante unos años.

Miles de millones de dólares para esto. Tan bien han funcionado los planes de estímulo que los recursos que estaban ociosos, siguen estándolo. Ahí están las viviendas nuevas que siguen sin obtener salida, o los parados que continúan sin encontrar un empleo, pese a que el tirón público de la demanda tenía que proporcionársela.

Ahora, una de dos: o admitimos que la realidad ha falsado las supercherías keynesianas y que ha llegado la hora de permitir que la economía liquide de manera natural las malas inversiones o seguimos la vía suicida de Krugman y Bernanke; a saber, la mayor intervención fiscal y monetaria de la historia no ha sido suficiente y hace falta redoblar esfuerzos. El Nobel propone un nuevo plan de estímulo que duplique en importe al anterior y el presidente de la Fed ya amenaza con monetizar todo papelito que le pongan por delante. Salvo rectificar y pedir perdón, cualquier cosa que les permita seguir interviniendo en la economía. Ya nos metieron en ésta y ahora parecen empeñados en no dejarnos salir.

Los psicólogos llaman a este fenómeno disonancia cognitiva: el contraste entre la percepción de la inutilidad de los planes de estímulo y la fe ciega en que han de funcionar lleva a los keynesianos a huir hacia adelante, a reforzar su creencia irracional reconfigurando los hechos para que tengan cabida en su deficiente esquema teórico. Es la misma reacción que se observa con los movimientos apocalípticos y milenaristas: sus reiterados fracasos a la hora de pronosticar el fin del mundo nunca les llevan a revisar sus exactas "predicciones", sino a buscar todo tipo de excusas que explican a posteriori por qué el armagedón no se produjo en la fecha esperada.

Claro que los alocados milenaristas no son quienes rigen nuestras vidas y nuestras haciendas. Obama, Krugman o Bernanke, sí.

La lucha del Gobierno contra la crisis

Lucha contra el paro. El Gobierno, con la ayuda del PP, ha renovado el PER nacional de 426 euros. Desde que se instauró la medida, sólo el 30% de los beneficiarios se ha puesto a trabajar. La economía es una cuestión de incentivos. Si el Gobierno recompensa la ociosidad, sólo lograremos un país de pobres. Una sociedad de señores y esclavos donde la clase productiva transfiere sus rentas a la improductiva con el único fin de que el Gobierno de turno consiga más votos.

Curiosamente, Obama acaba de aprobar un PER a la americana. Ha alargado la prestación de desempleo de 23 a 99 semanas. En sus palabras: "la idea es cambiar fundamentalmente nuestro enfoque de desempleo, para que no sea sólo una oportunidad para buscar un nuevo trabajo, sino un momento de capacitación para un mejor trabajo". ¿Le suena? Es lo mismo que se dice durante décadas aquí. El resultado: una elevadísima tasa de desempleo y profesionales del paro. Las transferencias forzosas de capital de una clase productiva a una improductiva no sólo son un robo a una parte de la sociedad, sino que estimulan la "cultura del desempleo". Estados Unidos está siguiendo los mismos pasos de España.

Impulso de la vivienda. Obama ha eliminado la ayuda fiscal a la compra de vivienda (que tenía un máximo de 8.000 dólares). Al mes de retirar el incentivo gubernamental, la venta de viviendas de segunda mano se ha desplomado un considerable 27,2%. La vivienda nueva ha caído en ese mismo mes un 12%.

En nuestro país el Gobierno decidió eliminar el estímulo fiscal a la vivienda a final de este año. ¿Qué cree que va a pasar? Todos los que tengan cuentas vivienda o la necesidad de comprarse un piso aceptarán casi cualquier precio para adquirirla antes del 2011. Sin estímulo gubernamental, probablemente el precio caiga fuertemente. La medida del Gobierno, en este caso, ha favorecido la horrible especulación contra la que tanto luchan los redentores de los derechos sociales y el mismo ZP.

Plan 2000E / Cash For Clunkers. Un día, el Gobierno español le dio la gana de estimular la compra de coches con los impuestos del ciudadano para satisfacer al lobby del motor, el Plan 2000E. Cuando finalizó la medida propagandística, y sólo en la primera quincena de mes, la venta de coches se hundió casi un 30%. El sector está ahora desesperado. No sólo porque no venden, sino porque nadie les dijo que esa "ayudita" tributaba y porque las administraciones y el Gobierno aún deben a los concesionarios casi 60 millones de euros.

Obama hizo algo similar. Su programa se llamaba Cash For Clunkers. Cuando terminó el plan, el desastre fue similar al caso español. Obama gastó 3.000 millones de dólares para que el sector se quedara en el mismo nivel de ventas que antes.

Los estímulos gubernamentales no son producción, son caridad forzosa. La caridad no ha sacado jamás a un país de una crisis, todo lo contrario. Si en épocas de apuro económico, el Gobierno se dedica a castigar a la clase productiva con más impuestos, multas, leyes y tasas para quedárselo todo ellos y repartir las migajas entre sus rentistas, estamos estimulando la pobreza, el hedonismo y parasitismo a costa del resto de la sociedad.

No se deje engañar con las bonitas excusas que usa el Gobierno para robarnos nuestro dinero, ya sean "dar empleo", "ecologismo", "bien común", "igualdad" o lo que quiera. Ninguna va a funcionar. Todo es un espejismo. La economía sólo puede salir rápido de una crisis cuando la arregla la gente, es decir, el mercado y no una panda de burócratas más preocupados por su índice de popularidad que de la realidad del país. Vea rápidamente en qué absurdidades se gastan los políticos nuestro dinero.

Nadie sabe gestionar mejor una crisis que nosotros mismos. La inferencia del Gobierno y de los políticos sólo la están acentuando. Mientras nosotros nos apretamos el cinturón cada día, ellos siguen su tren de vida de gasto, despilfarro y compra de favores y votos. La crisis ha dejado ver con claridad que el idílico Estado del bienestar sólo está lleno de horrores y de oportunismo. Lo hemos de demoler por nuestro bien individual.

El intervencionismo en todo su esplendor

Inmediatamente después, he acudido a Google para buscar si el gobierno ruso había impuesto recientemente algún control de precios sobre los cereales y, efectivamente, así ha sido: hace apenas unos días, y con la excusa de la sequía, el Ejecutivo de Putin estableció un precio máximo para el trigo y otros alimentos, pese a que había sobrados excedentes de producción (10 millones de toneladas más que lo que se consumió en 2009). Les recomiendo que hagan la prueba: siempre que escuchen la palabra desabastecimiento, indaguen dónde está el control de precios. Seguro que lo encuentran.

Lo cierto es que los Estados siguen repitiendo, una vez tras otra, las mismas políticas fracasadas de toda la vida y, como es de esperar, se siguen idénticos resultados catastróficos. Los controles de precios son una reacción instintiva y primaria de los gobernantes ante un cortocircuito en la producción: si hemos tenido una sequía, razonan, hemos de impedir que los precios de los alimentos suban para que todos los ciudadanos, desde el más rico al más pobre, puedan tener acceso a ellos. Si sufrimos una carestía, lo más fácil es prohibir que quede reflejada en los precios.

El problema es que la función del sistema de precios es precisamente ésa: reflejar las carestías relativas de los productos; descubrir dónde resultan más valiosos determinados bienes. Si una región medianamente desarrollada del mundo puede permitirse sufrir una enorme sequía sin que automáticamente el 90% de su población muera por inanición, es gracias al sistema de precios. El funcionamiento es sencillo: si falta trigo en Rusia, como la gente no quiere morirse de hambre, empieza a pagar cada vez más por el trigo; y esos altos precios del trigo llevan a los agricultores extranjeros a venderles parte de su cosecha a los rusos. Así, el trigo disponible en todo el mundo se redistribuye allí donde más necesario resulta: basta con que los australianos o los estadounidenses consuman durante unos meses un poquito menos de pan y de cereales con leche para que los rusos no mueran de hambre.

Pero hete aquí que llega el político populista de turno y, dado que no puede repartir pan y trigo entre sus súbditos, al menos promete que impedirá que los especuladores se lucren con las subidas del precio del trigo y establece un precio máximo "asequible" por encima del cual no se puede ni comprar ni vender trigo.

El resultado es que algo que era un problema menor (o en este caso, ni siquiera un problema), va degenerando en un desastre. El efecto más inmediato de rebajar artificialmente el precio de un producto –o de impedir que suba de precio cuando se ha vuelto mucho más escaso– es que todos los compradores acuden en masa a comprar trigo, mientras que los vendedores son reacios a deshacerse de él a precios tan poco competitivos. Es decir, todo el mundo quiere comprar, pero nadie quiere vender. ¿Consecuencia? El producto resulta cada vez más difícil de conseguir: aunque hay gente que está dispuesta a pagar un precio por el que el vendedor aceptaría enajenar el bien, no pueden cerrar la transacción porque el Gobierno se lo impide.

Un poco duro, ¿no cree? Imagine que quiere ir a comprar comida y no la puede conseguir. Acto seguido entrará en pánico y su obsesión no será ya garantizarse la provisión de comida para hoy, sino para los próximos meses, no sea que el desabastecimiento perdure. En otras palabras, no es que la demanda aumente un poco, es que se dispara en términos relativos con respecto a la oferta, con lo que el desabastecimiento todavía se agudiza más. Quienes primero lleguen a la tienda se quedarán con toda la producción, y las viejecitas que vayan más rezagadas se quedarán sin nada. En lugar de distribuir los bienes por necesidades, los redistribuimos según la longitud de las zancadas.

Pero no crea que la cosa termina aquí. Los productores no son tontos y si el Gobierno les obliga a vender su escasa producción a unos precios que no les resultan remunerativos, lo tienen tan fácil como vender su mercancía al extranjero, donde no se han implantado controles de precios. Fíjese en lo absurdo y disparatado de la situación: un país padece una sequía brutal y en lugar de estar importando trigo a toneladas… ¡lo está exportando!

Y claro, como ya pronosticaba Mises, una intervención lleva a otra sin que ninguna de las dos sirva para otra cosa que para empeorar la situación. Si los productores de trigo venden al extranjero, al Estado no se le ocurre eliminar la causa originaria de esa completa anomalía –los controles de precios–, sino prohibir las exportaciones. En este punto se encuentra ahora Rusia. El paso siguiente, si nadie regresa a la sensatez, será el de establecer cartillas de racionamiento para que ningún ruso se quede con más trigo "del que necesita".

No se extrañe tampoco de que empiecen a perseguir a los especuladores, acusándoles de restringir artificialmente la oferta, aunque sea un completo disparate. Lo que menos les interesa a los especuladores en momentos de controles de precios es incrementar sus inventarios de trigo, pues no podrán revenderlo a un precio mayor. Más bien al contrario, si esperan que los controles de precios perduren, lo más inteligente que pueden hacer es liquidar lo antes posible los stocks de trigo que posean, asumir las pérdidas y borrón y cuenta nueva.

Pero el resultado final será el mismo: si los controles de precios perduran, los productores de trigo desinvertirán en esta industria y se dirigirán a otros sectores donde la rentabilidad sea mayor. Un cierto desabastecimiento puntual se convertirá en una escasez crónica debido a reducciones permanentes de la oferta… a menos que se establezcan también controles de precios en el resto de la economía para evitar diferenciales en la rentabilidad, en cuyo caso el desabastecimiento y la carestía crónica se volverán universales. De hecho, el control universal de precios tiene un nombre que arrastra un historial de miseria y desolación: socialismo.

Ahí tienen el intervencionismo estatal en todo su esplendor: de la abundancia a la escasez por obra y gracia de políticos ineptos y demagogos.

¡Gracias, Muso!

Manuel Ayau, Muso para quienes hemos tenido al enorme placer de conocerlo, ha sido un emprendedor entusiasta que ha hecho realidad lo que muchos pensaban que sólo podía producirse con un milagro y ha evitado en diversas ocasiones recortes de libertades que todos daban por ineludibles.

Muso no rehuyó nunca una batalla por complicada que fuera si lo que estaba en juego era la libertad, y en cada ocasión mostró una inigualable tenacidad que aderezaba siempre con su incansable humor. Ingeniero, empresario, profesor, rector, piloto de helicópteros, político, escritor o columnista fueron algunas de las actividades que ejerció este hombre capaz de aglutinar a lo mejor de su sociedad sin que la multiplicidad de tareas le llevara a quitar tiempo a su familia y sus amigos.

El año próximo se cumplirán 40 años del comienzo de la mayor de sus proezas, la fundación junto a un grupo de amigos de la Universidad Francisco Marroquín. La Marro, como se la conoce cariñosamente dentro y fuera de Guatemala, es un centro de enseñanza universitaria cuya excelencia académica es reconocida internacionalmente. Grandes universidades de Estados Unidos miran a la Universidad Francisco Marroquín cuando diseñan su futuro y somos muchos los profesores universitarios europeos que soñamos con poder contar algún día con un centro de tan elevado nivel y cuya misión sea la enseñanza de los principios liberales. En España el diario Público se han referido a la Marroquín como "el templo del liberalismo".

El nombre de Manuel Ayau estará siempre ligado al crecimiento de las grandes instituciones liberales internacionales durante los últimos 50 años. En 1959 fundó el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), uno de los think tanks más antiguos y respetados del mundo de habla castellana; entre 1978 y 1980 presidió la prestigiosa Sociedad Mont Pelerin; desde 1987 fue miembro del consejo de Liberty Fund, donde seguía desempeñando sus funciones al igual que lo hacía en la Association for Private Enterprise Education y en otras organizaciones académicas y difusoras del ideario liberal.

Su preocupación por la pobreza, tanto en su Guatemala natal como en gran parte de Iberoamérica, fueron el motivo de muchas de sus reflexiones académicas y periodísticas que dieron lugar a su libro Es un juego que no suma cero; una importante lectura para todas las personas interesadas por el tema del desarrollo (y la ausencia de desarrollo) económico. Su interés en la difusión de los principios del (libre) mercado le llevaron a escribir El proceso económico, un manual de introducción a la economía con el que se han formado varias generaciones de estudiantes.

En 2008 tuvimos el honor de entregar a Manuel Ayau el "Premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad". Se presentó en Madrid con su inseparable Olga y cautivó a los liberales que se dieron cita aquel 23 de mayo en el Casino de Madrid. Aquella noche fuimos muchos los españoles que experimentamos lo contagioso que era el bacilo de la libertad que portaba Manuel Ayau.

Muso nos ha dejado hoy, pero el ejemplo de su maravillosa persona, la grandeza de su legado y su contagioso amor por la libertad perdurarán. ¡Gracias, Muso!

Pan y circo

En la primera mitad del siglo XX fueron miles los españoles que, huyendo del hambre y la guerra, cruzaron el Charco en busca de un futuro mejor. Muchos, incluso, lograron hacer fortuna. Hoy, sin embargo, un creciente número de aquellos emigrantes, y los hijos y nietos de éstos, regresan a España horrorizados del declive económico y social que vive Venezuela desde hace casi una década.

El régimen totalitario que, poco a poco, está imponiendo Hugo Chávez se ha materializado en un empobrecimiento generalizado de la población. Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el PIB venezolano cayó un 3,3% en 2009 mientras que la inflación superó el 25%. Y las previsiones para el presente año no son mejores. Venezuela seguirá hundida en la estanflación (recesión e inflación), el peor de los mundos posibles. Así, el PIB descendió un 5,8% en el primer trimestre de 2010, al tiempo que los precios se dispararon un 31,3% interanual el pasado junio (un 16,3% en el primer semestre).

Los venezolanos siguen sufriendo frecuentes cortes de luz y agua en sus hogares y empresas. Además, la producción de petróleo, principal motor económico del país, se redujo un 7% de media entre 2008 y 2009. Esta actividad sufre una desaceleración constante desde hace años debido a la falta de inversiones y a la ineficiente gestión estatal tras la nacionalización del sector energético decretada por Chávez.

Que Venezuela va de cabeza a la ruina no es ningún secreto. Se trata de un hecho, admitido incluso por algunos de los que en su día aplaudieron con entusiasmo la llegada al poder del dictador bolivariano. La razón de tal pobreza es, sin embargo, incomprendida por muchos. La explicación es simple. Tan sólo dos palabras sintetizan la causa y origen de dicho fenómeno: pan y circo. El estado de bienestar venezolano, sustentado a golpe de petrodólares, está colapsando como resultado de una huida hacia adelante del poder estatal.

El reparto masivo de subvenciones y ayudas públicas a los acólitos del régimen chavista (en su mayoría, clases desfavorecidas), la nacionalización de sectores productivos, el creciente intervencionismo económico, la fijación de precios máximos en numerosos productos de primera necesidad, la devaluación de la divisa (causante de la inflación) o la expropiación de empresas y propiedades, entre otras barbaridades, están limitando hasta el extremo el comercio y la actividad económica.

La historia se repite, una y otra vez, pese al trascurso de los siglos. El antiguo Imperio Romano padeció un fenómeno similar hace ahora más de 1.500 años. Pan y circo era también el lema de los gobernantes en Roma (no se pierdan este vídeo). Fue el estado de bienestar, no los bárbaros, el que logró tumbar el otrora todopoderoso Imperio. El trigo gratis decretado por los emperadores con el fin de contentar a la plebe arruinó a los agricultores que, desesperados, huyeron en masa hacia Roma para beneficiarse igualmente de las dádivas imperiales.

La escasez de grano era tan sólo cuestión de tiempo. El aumento de precios fue combatido sin éxito mediante la fijación de precios máximos y la prohibición de que los campesinos abandonaran el campo. Además, el despilfarro de dinero público siguió su curso, y para ello los gobernantes no dudaron en envilecer la moneda y subir los impuestos. Todo resultó inútil. El Imperio llegó a su fin. Los bárbaros tan sólo se aprovecharon de la situación.

Tal y como explica Ludwig von Mises en La Acción Humana:

Lamaravillosa civilización de la antigüedad desapareció porque fue incapaz de amoldar su código moral y su sistema jurídico a las exigencias de la economía de mercado […] El Imperio Romano se derrumbó porque sus ciudadanos ignoraron el espíritu liberal y repudiaron la iniciativa privada y la libre empresa. El intervencionismo económico y su corolario político, el gobierno dictatorial, descompusieron el poderoso imperio, como también, en el futuro, lo harán con cualquier régimen social.

Huelga de controladores aéreos

También tengo formación académica como físico, en inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento, y como economista.

He estado destinado en las torres de control de Tenerife Sur y en Madrid Barajas (donde fui instructor y supervisor) y ahora estoy en proceso de instrucción en el centro de control de ruta de Madrid Torrejón. Además he estado en comisiones de servicio en las torres de Almería, Ibiza y Málaga. Aclaro que este artículo lo escribo a título estrictamente personal.

Mis sueldos de los últimos años han estado ligeramente por encima de la media dada a conocer por el ministro Blanco (aquellos más de 330.000 euros brutos anuales). Además mi nómina era de las relativamente bajas en la torre de control de Barajas, ya que estando más o menos en la media de antigüedad y carrera profesional yo solo hacía la ampliación laboral básica (el primer nivel de los tres que había de horas extra). Y Barajas es una torre de categoría inferior a los centros de control, que es donde hay más personal destinado.

Estos abultados salarios se han conseguido mediante la elevación de la demanda de controladores y la restricción de su oferta, fenómenos que no han sido ajenos a la presión sindical y a su capacidad de hacer daño al dejar de prestar un servicio esencial difícilmente sustituible (la unión hace la fuerza, especialmente en un monopolio público como éste). Los propios controladores decidían de forma casi unilateral cuántos eran necesarios durante cada turno en cada dependencia (las configuraciones de referencia, con cantidades a mi juicio infladas y exageradas porque prácticamente siempre solía sobrar personal, a menudo se abrían sectores no estrictamente necesarios y las horas efectivamente trabajadas estaban lejos del límite reglamentario). Dada la limitación de horas a trabajar por convenio (1.200 anuales) se programaban grandes cantidades de horas extra.

Algunos controladores se han presentado ante la opinión pública como responsables trabajadores que sacrificaban su tiempo libre, su familia y su salud (el famoso presunto estrés laboral) para hacer las horas extra y salvar la navegación aérea, al turismo y al país: la verdad es que se aprovechaba cualquier oportunidad para generar esos servicios adicionales y se hacía cola para hacerlos y cobrarlos suculentamente. Simultáneamente el sindicato reclamaba con gran cinismo ante la opinión pública más controladores, justo lo contrario de lo que realmente quería (cualquier economista puede explicar cómo a los gremios les interesa restringir la competencia para elevar sus ingresos y mejorar sus condiciones).

Quizás por la bonanza económica o para evitar problemas políticos los ministros y los directivos anteriores de Aena cedieron ante la presión sindical, básicamente las amenazas de dejar de hacer esas infladas horas extra y quizás también retirar a los profesores de la escuela y parar en seco los procesos de formación. Otras medidas eran y son las típicas de las huelgas de celo: utilizar el reglamento y los procedimientos (estos últimos de nuevo decididos y aplicados según el criterio de los propios controladores) como excusas para ralentizar el tráfico (los controladores aéreos insisten mucho en la seguridad, la cual invocan constantemente y aprovechan para meter miedo al personal, pero de lo que no pueden presumir en general es de eficiencia).

Durante mucho tiempo advertí a mis compañeros de que se estaban pasando y que estaban generando un sistema insostenible, pero obviamente no me hicieron ningún caso y continuaron los excesos y abusos. Y entonces llegó la crisis económica, la reducción del tráfico aéreo y el cambio de ministro de Fomento y de equipo directivo en Aena. Y más recientemente las nuevas leyes sobre provisión de los servicios de navegación aérea. Lejos de practicar una sana autocrítica, el nuevo equipo directivo de USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) ha decidido huir hacia delante, se han autoproclamado víctimas esclavizadas y han promovido la convocatoria de una huelga. Estoy totalmente en desacuerdo, y además me siento profundamente avergonzado e indignado por lo que he visto y oído en los últimos meses en la torre y en la sala de control. Por eso me he dado de baja del sindicato USCA y estoy considerando mi futuro profesional. En próximos artículos espero ir dando más detalles, aclarando ideas y desmontando diversas falacias difundidas interesadamente por algunos controladores aéreos.

Destruccionismo a toda costa

En las últimas tres décadas el destruccionismo ha encontrado un perfecto caldo de cultivo en el movimiento radical ecologista que considera el progreso humano y al propio ser humano como el principal problema ambiental. Desde las propuestas de crisis económicas inducidas (denominadas por ellos mismo políticas de "crecimiento cero") hasta las políticas misantrópicas que promueven la reducción del tamaño de la población con medidas "aparentemente brutales", el movimiento ecologista se ha destacado por luchar contra el ser humano y la mejora de su medio ambiente al tiempo que lanza campañas de marketing en las que se presenta como un movimiento redentor.

En este contexto hay que enmarcar el nuevo informe de Greenpeace en el que la organización se muestra molesto con que el 44% de la población española viva en municipios costeros. A Greenpeace no le gusta que vivamos cerca del mar. Claro que tampoco le gusta que vivamos en las montañas ni cerca de parajes naturales de ningún tipo. Es evidente que a la organización ecologista lo que le gustaría es decirnos dónde y cómo podemos vivir, algo que ya hacen en alguna medida prohibiendo la urbanización de grandes extensiones del territorio y presionando para prohibir multitud de actividades, productos y servicios, así como obligándonos a consumir otros que no nos interesan.

En este nuevo panfleto de la organización también descubrimos que a los guerreros verdes no le gusta el turismo porque habitualmente está relacionado con estancias cerca del litoral y porque, según ellos, tiene una escasa rentabilidad. ¿De qué quieren que vivamos entonces en España? Quizá piense que era mejor dedicarse a la agricultura biológica o a otras actividades subvencionadas. Pero para que vivamos de cuentos verdes alguien tendrá que subvencionarnos con el fruto de producir cosas que la gente quiera realmente. ¿Quién será? No queda claro porque el destruccionismo sólo se ocupa de eso, de destruir a base de prohibiciones lo que funciona sin necesidad de coacción y de prometer un mundo mejor diseñado por un grupo de sabios verdes. No les importa que los españoles hayan preferido la rentabilidad del turismo, por baja que pueda ser su rentabilidad en algunos casos, a sus alternativas ecologistas.

También les molesta que el 60% de las playas estén en entornos urbanizados. Parece que el hecho de que las playas estén a mano y puedan ser disfrutadas por los seres humanos supone un problema para estos autoproclamados defensores del medio ambiente.

La manía de alejar al ser humano de la costa ha echado raíces en los partidos políticos españoles. Hace cinco años la entonces ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona ya emprendió una campaña en contra de la mala costumbre de los españoles de querer vivir cerca de la costa y de las playas. Sus discursos coincidieron con la compra de Zapatero de un chalecito a pie de playa en Almería. También en el PP se relacionan de forma extraña con la costa. El ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas disfrutó de su gran casa delante el mar y con una piscina en zona marítimo terrestre mientras su Ministerio se dedicaba a expropiar a quienes disfrutaban de la costa de forma similar.

Dios los cría y ellos se juntan. Políticos y ecologistas radicales intentan gobernar nuestras vidas a toda costa y forman actualmente la coalición destruccionista más peligrosa para la libertad individual.

Democracia a la catalana

¡Tantas cosas! Pues, yendo por lo más filosófico, como le gusta a Puigcercós, estamos, así es, en la plena sustitución del ideal liberal, que es la preeminencia de leyes que favorezcan una igual libertad para todos, frente al democrático, que es la tiranía de la mayoría. Ese ideal, el democrático, avanza a medida que va prohibiendo e imponiendo lo que quiere la mayoría. Si la mitad larga lo puede todo, no hay ley, vieja o nueva, justa o injusta, ni hay derecho legítimo que se le ponga por delante. Este hombre es un Kelsen; justo lo que necesita el nacionalismo catalán.

Claro, que un poco más cerca de la tierra, de la tierra catalana, esa frase es testimonio fiel no sólo de la conclusión última del principio democrático sino más bien de una forma particular de entender la democracia. Para los nacionalistas, como para la izquierda, sólo un sector de la población tiene derecho a ejercer el poder, y una vez instalado en él, puede hacer lo que quiera. Y el programa nacionalista pasa por prohibir a mansalva, prohibir a diestro y siniestro, desde la cuna hasta la tumba y desde el trabajo hasta la alcoba. Ciento y poco años de nacionalismo a base de definir el auténtico ser de Cataluña, y resulta que lo que le caracteriza es la prohibición. Es un nacionalismo en parte contradictorio, pues en lugar de abrazar con generosa dilección a toda la sociedad catalana, desprecia a una parte de ella, que considera enferma y prescindible, y le metería el bisturí hasta el fondo. Esa es la identidad de Cataluña; la prohibición. Nos lo ha dicho The Economist, pero los nacionalistas nos lo llevan diciendo décadas, con su política.

Se ha prohibido el toreo en Cataluña. Vanas son las llamadas a la tradición de la lidia en esta región, porque los nacionalistas no la desconocen; sólo la desprecian, por española. Y ante eso no hay razón que valga. Todo el mundo identifica, a veces hasta extremos estereotipados y ridículos, a los toros con España. Ahora también al fútbol, pero eso no lo van a prohibir. Esta estocada en las libertades de los catalanes da la medida exacta de lo que es el Estatuto de Cataluña; una constitución a lo Kelsen, del todo vale desde el poder, mientras venga referido a una norma suprema. Es la manifestación folclórica, vistosa y polémica de mil imposiciones que ampararán las leyes en Cataluña, y marca el futuro de aquella región española. Una degradación consentida, sí, democráticamente. Pero degradación al fin.