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Hipocresía insolidaria

El valor que se le concede a un fin viene reflejado por cómo valoramos los medios. Por ejemplo, un adolescente locamente enamorado será capaz de casi cualquier cosa para conseguir a su chica.

Difícilmente la intensidad auténtica de nuestras valoraciones se puede expresar con palabras. Ésta se manifiesta realmente a través de nuestras acciones, que son las que reflejan lo que realmente somos y pensamos. En ocasiones existe una importante divergencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

Pero es en los hechos, no en las palabras, donde está la prueba del algodón. Y aquí es donde a algunos, especialmente altos cargos políticos, se les ve el plumero y sale a relucir lo que hay: una hipocresía exquisitamente demagógica.

El caso de las políticas comerciales de protección a la agricultura que practica Occidente es quizás el más flagrante y llamativo de esta actitud. Consideren primero estas palabras de Zapatero en la reciente Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: "Poder decir que entendimos en los albores de este siglo XXI que nada puede hacernos avanzar más como seres humanos que conseguir que no haya un solo ser humano que muera de miseria y de pobreza extrema".

Declaraciones similares se podrían escuchar en boca de otros líderes mundiales y activistas de la "guerra contra la pobreza", aunque quizás con un menor toque de cursilería de la que nos tiene acostumbrados nuestro querido presidente.

Sin embargo, a pesar de las cuantiosas evidencias acerca de lo nefasto que resulta proteger nuestros productos agrícolas para los agricultores y familias de los países más pobres –donde la agricultura es el sector económico predominante–, muy pocos de estos gurús solidarios alzan su voz contra estas políticas empobrecedoras.

En lugar de ello, insisten en incrementar los recursos públicos dedicados a la ayuda externa al desarrollo, una receta que se ha mostrado muy poco efectiva. Como dice el economista Paul Collier, "es una estupidez proporcionar ayuda con el fin de promover el desarrollo para después adoptar políticas comerciales que lo impiden".

Esta hipocresía no es exclusiva de los líderes occidentales. También los líderes tiranos de muchos países pobres se comportan de forma similar. Muestran una gran preocupación por el bienestar de sus súbditos cuando se trata de pedir a Occidente más ayudas, pero a la hora de la verdad sus acciones –por ejemplo, políticas contra la propiedad privada o el libre comercio– generan mayor miseria y menores oportunidades.

¿No será que lo que realmente les importa a estos líderes, tiranos del Tercer Mundo y gobernantes democráticos del primero, no son las personas que sufren la pobreza extrema, sino su popularidad ante ciertos sectores o el mantenimiento en el poder? Si no fuera así, ¿por qué no se posicionan radicalmente en contra de estas políticas?

Si dieran tanto valor al fin de reducir la pobreza como dicen, seguramente serían capaces de aceptar casi cualquier coste político que se les pusiera enfrente. Pero nada más lejos de la realidad.

Si prestáramos más atención a las acciones y menos a las palabras bonitas y a las buenas intenciones

Nueva ronda de ajustes

 "El mayor riesgo de desviaciones está en las administraciones territoriales" y, por ello, el Gobierno debe idear "medidas" adicionales ante tal escenario. ¿Qué ha dicho Miguel Ángel Fernández Ordóñez? Simplemente, que el desbocado gasto público de comunidades autónomas y ayuntamientos impedirá cumplir con el compromiso de reducir el déficit público al 6% del PIB el próximo año. Es decir, los recortes anunciados no serán suficientes y, por lo tanto, augura nuevas medidas de ajuste fiscal para alcanzar el objetivo previsto.

De este modo, el organismo monetario acaba de desmontar el último gran mensaje de Salgado, consistente en que el déficit del Estado había caído cerca de un 42% interanual hasta agosto. En realidad, la ejecución presupuestaria apenas muestra variaciones significativas en el primer semestre respecto al mismo período de 2009, y gran parte del desequilibrio se está trasladando ahora a la administración territorial. Los números rojos crecen a marchas forzadas en las cuentas autonómicas y municipales, muy acostumbradas al chorro interminable de recursos propio de épocas ya pasadas, en donde la recaudación de impuestos llegaba cual maná caído del cielo.

Los ayuntamientos acumulan pagos por valor de miles de millones de euros a los que ahora no pueden hacer frente, hasta el punto de que un tercio corre el riesgo de entrar en bancarrota este mismo año (2.700 consistorios). La situación de los gobiernos autonómicos no es muy diferente. El Gobierno central está cerrando el grifo de las transferencias como resultado de la menor recaudación, al tiempo que la austeridad brilla por su ausencia en la mayoría de las regiones.

Se trata, pues, de un peligroso cóctel que, unido al insuficiente recorte presupuestario del Gobierno central, convertirá el objetivo de déficit público en papel mojado. De ahí, precisamente, que el Banco de España recomiende al Ejecutivo un Plan B, consistente en nuevas medidas de ajuste, más allá de las anunciadas por Zapatero. Es decir, más subidas de impuestos, recortes adicionales de gasto o bien una combinación de ambas.

Por el momento, Ordóñez se ha limitado a señalar la necesidad de revisar la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria para incluir un "límite de gasto" en las administraciones territoriales, al igual que ya existe un techo de gasto para la Administración Central del Estado. Y el Gobierno parece haber recogido el guante. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha señalado que se trata de "una buena idea", aunque ha recordado que eso depende de cada comunidad. ¿Solución? Zapatero está dispuesto a negociar con el PP un nuevo modelo de financiación local y de "sostenibilidad" sobre las cuentas autonómicas.

Por desgracia, servirá de poco. La clave no radica en imponer techos de gasto, cuyo incumplimiento será frecuente y arbitrario, o en evitar duplicidades administrativas que podrían ser derogadas de forma unilateral en cualquier momento, sino en reformar el actual sistema de reparto territorial de fondos por parte del Estado. El Gobierno central anticipa a autonomías y municipios la parte transferible de ingresos fiscales que prevé recaudar en ese ejercicio. La crisis y unas estimaciones presupuestarias irreales, basadas en un crecimiento económico inexistente, permitieron a ambas administraciones gastar mucho más de lo que les correspondía, algo más de 30.000 millones de euros entre 2008 y 2009 –casi el 3% del PIB. Un dinero que ahora no pueden devolver.

Es imprescindible clarificar el esquema de ingresos y gastos para que cada administración tan sólo pueda gastar lo que recauda, y en caso de pasarse responder ante sus contribuyentes. Más allá del regreso a un gobierno central único, poco probable en el caso de España, el federalismo o el foralismo son las únicas recetas posibles para poner fin a la actual locura de la financiación autonómica y local. Centralizar ingresos y descentralizar gastos es un modelo insostenible, ambas partidas deben ser unificadas.

El Tea Party

…en el momento en que Barack Obama se plantea erigir un Estado socialista sobre los pilares de la presidencia imperialista de Bush junior, ha surgido un movimiento espontáneo y abigarrado que se llama Tea Party. Aquí, en España, los medios siempre han informado contra Estados Unidos, con pocas excepciones. Los periodistas españoles desparraman su ignorancia culpable diciendo que se trata de una emulsión ultraderechista de una sociedad enferma. Pero ¿qué es, efectivamente?

Es un movimiento, sí, que no un partido político. Le define políticamente el originalismo, es decir, la vuelta a los orígenes. Estos orígenes, en Estados Unidos, están históricamente delimitados al período marcado por la guerra de la independencia, la Constitución y los primeros pasos de aquella república. Son conservadores porque buscan mantener el sistema político como lo concibieron los padres fundadores, que prevé un Estado limitado y una sociedad amplia, pero reforzada por valores morales tradicionales. Son revolucionarios porque los creadores de los EEUU lo fueron y porque quieren volver a revolucionar la política.

Es un fenómeno apasionante, pero que tiene antecedentes en la historia de aquel país, alguno más claro que el otro. El más claro es el de la vieja derecha, no menos heteróclita que la del Tea Party, y que como éste se creó como un movimiento de oposición a la dirección que estaba tomando la política; básicamente el New Deal y la implicación de EEUU en las dos guerras mundiales. Otro antecedente es el de los Demócratas Bourbon, que llevaron a la presidencia a Grover Cleveland. Eran partidarios del laissez faire, el patrón oro, el comercio internacional sin mayores trabas y un gobierno central austero y limitado.

Hay otros dos antecedentes, ambos en el Partido Demócrata. Los Copperheads de Clement L. Vallandigham eran partidarios de la paz en plena guerra civil, y se oponían a todo lo que significaban Abraham Lincoln y el partido republicano: el proteccionismo, el inflacionismo y el crecimiento sin medida del poder federal. Los Copperheads intentaban recuperar el espíritu del movimiento democrático de Andrew Jackson, que es el otro antecedente, y recogían el sentir de una parte más tradicional de la sociedad estadounidense. También habría que mirar a quienes se opusieron al "arancel abominable" de 1828 y clamaron por la anulación de la política de Washington por parte de los Estados.

Es decir, que el Tea Party no es un fenómeno pasajero. No sólo quiere recuperar lo mejor de la historia de su país, sino que está enraizado en esa misma historia. Estaremos hablando del Tea Party durante décadas. Aunque en España se seguirá desinformando sobre ellos. Durante décadas.

Sociales a fuer de socialistas

Discrepo del presidente, aunque por poco. Los presupuestos de 2010 contemplan una previsiones de subsidios de desempleo de 30.900 millones de euros frente a los escuálidos 30.400 millones de los del próximo ejercicio. Dado que, como ya ha comenzado a descubrir el Wall Street Journal, la única política social que contempla el socialismo es la de impedir la creación de riqueza para luego disponer de una excusa con la que saquear a las clases productivas en nombre de los desarrapados a quienes impide prosperar (tó pa’l pueblo), por esta vía no cabe concluir que los presupuestos de 2011 sean más sociales que los actuales: la asignación anual a las clases que el Estado impide ser productivas se mantiene en máximos históricos pero no aumenta… al menos sobre el papel.

En cambio, sí creo que existe un motivo por el que cabría calificar a estos presupuestos como los más sociales de nuestra historia, pues tienen el honor de ser las cuentas públicas que hasta el momento más fielmente reflejan el coste de todas las previas juergas antisociales que se corrió Zapatero a nuestra costa. Vean si no el resultado de toda una legislatura de gastar más de lo que se ingresaba y de ingresar más de lo que la economía privada podía permitirse.

En 2011 destinaremos más de 45.000 millones de euros simplemente a pagar parte de los intereses y de la deuda que hemos acumulado hasta la fecha. ¿Son 45.000 millones mucho dinero? Bueno, valórelo usted mismo: 45.000 millones de euros es el 22% de todo el gasto del Estado y equivale aproximadamente a toda la recaudación por IVA y Sociedades en 2009. Pero mi dato preferido, por aterrador, es éste: el 40% de toda la recaudación prevista para 2011 –una recaudación bastante inflada por absurdas previsiones de crecimiento, por cierto– se la comerán nuestros gastos financieros.

Ésta es la herencia social que nos lega el PSOE: una montaña de deuda que, debido a su persistente déficit público, no deja de crecer y de volverse más inasumiblemente gravosa. No es difícil adivinar a dónde llegaremos de continuar por la senda social y socialista de ZP: a trabajar únicamente para devolverles el dinero a los inversores que se lo prestaron a Zapatero para que éste lo gastara en tonterías como el Plan E o en negarse a aprobar una reforma laboral de verdad. Ya pueden ir preparando sus bolsillos, los muy sociales socialistas están aquí con la factura.

Contra la megafilantropía

Por muy libre y próspera que sea una economía, siempre habrá individuos que circunstancialmente atraviesen por una mala etapa o que deban hacer frente, por accidente, a unos gastos que superen en mucho sus posibilidades.

El capitalismo no inmuniza contra tales sucesos, sólo va logrando que cada vez sean menos trágicos y que aquello que hace dos siglos hubiese supuesto una muerte inevitable hoy sea un bache, todo lo desagradable que se quiera pero bache. Y, claro, se hace difícil no valorar positivamente las iniciativas destinadas a luchar contra ese tipo de desgracias y contratiempos.

Las clases adineradas siempre han sentido cierta responsabilidad hacia los que tienen menos. Dejemos hablar al sociólogo Edward Banfield, en su conocida obra The Unheavenly City:

Las clases altas consideran que la comunidad (o la sociedad) tiene sus propios objetivos y es capaz de diseñar su futuro. Piensan que es responsabilidad suya servir a la sociedad para lograr que mejore; probablemente porque, como tienen una visión a muy largo plazo, sienten un interés directo en que la sociedad sea mejor en el futuro. En cualquier circunstancia, suelen ser muy activas en asociaciones destinadas a promover el bien público y sentir una fuerte inclinación (no siempre traducida en hechos) a contribuir con tiempo, dinero y esfuerzo a las causas nobles.

No es difícil darse cuenta de que el Estado del Bienestar no es más que una institucionalización y estatalización de esos sentimientos privados. Pero resulta que el Estado del Bienestar no es un buen sustituto de la filantropía privada. No ya porque haya degenerado en una bestia de siete cabezas y diez cuernos, cebada por una explotada clase media –en vez de por la alta burguesía que promovió su creación–, sino porque los objetivos de uno y otra son bien distintos. La filantropía pretende ayudar al caído en desgracia a superar sus dificultades; el Estado del Bienestar pone en marcha servicios que cubren a todos los individuos, con independencia de que los necesiten o demanden o puedan o no pagarlos. La filantropía privada tiene incentivos para no alenar el parasitismo y, en cambio, hacer las veces de red que frene las bruscas caídas libres; el Estado del Bienestar, por el contrario, fomenta el clientelismo y quiere a la gente dependiente.

Los controles que suelen caracterizar a la caridad privada se transforman en una suerte de barra libre –piensen en los derechos universales– cuando anda el Estado del Bienestar de por medio, que acaba siendo productor, director, empresario y filántropo a la vez. Un absurdo que pagamos con unos servicios malos y caros; con una sanidad, una educación y unas pensiones que no sirven a los ciudadanos, sino que convierten a éstos en siervos.

De ahí que sea urgente desmontar el Estado del Malestar, sustituirlo por empresas privadas en competencia y por la filantropía privada. Es posible que alguno objete que los ricos no estarían dispuestos a entregar parte de sus fortunas a la caridad, y que, por consiguiente, las necesidades de muchos ciudadanos quedarían insatisfechas. Sin embargo, el argumento es harto dudoso, pues el mercado logra abaratar continuamente los medios necesarios para desarrollar la filantropía (de modo que con una cantidad igual de riqueza pueden prestarse un mayor número de servicios); y además existe la pulsión natural (mezcla de instinto y de interés personal) a ayudar a los miembros más desfavorecidos (sobre todo, en ausencia de un programa público destinado a cumplir esa función).

En este sentido, la noticia de que el matrimonio Gates está convenciendo a numerosos multimillonarios –Warren Buffett, David Rockfeller, Ted Turner, George Lucas o Larry Ellison– para que donen a la filantropía privada la mitad de sus riquezas –iniciativa The Giving Pledge– debería ser recibida como una buena nueva, por cuanto tiene de espaldarazo a nuestras tesis. Pero no. Me niego.

Ni qué decir tiene que soy partidario de que cada cual pueda gastar su dinero como lo desee; por eso, entre otros motivos, abogo por desmontar el Estado intervencionista. Pero eso no significa que tenga que considerar que cualquier desembolso, por irracional que sea, va a cumplir con sus pretendidos objetivos. Al cabo, lo que se está respaldando con la iniciativa de los Gates no es la vuelta a una filantropía privada racional, sino la generación de un Estado del Bienestar privado paralelo al público… y con sus mismos vicios.

En primer lugar, me molesta profundamente la idea anticapitalista que subyace a esta iniciativa: los ricos se han aprovechado de la sociedad y deben devolverle parte de lo que le han quitado. Los hijos de los ricos no tienen ningún derecho a heredar semejantes fortunas. La distancia que media entre estas ideas precientíficas y una propuesta legislativa que eleve al 50% el impuesto de sucesiones y donaciones resulta, por desgracia, demasiado corta. Ahí está el caso de Warren Buffett, que no sólo quiere donar su fortuna a la caridad, sino que todos los demás ricos se vean forzados a hacerlo.

Incluso sin recurrir al poder político, esa manera de ver las cosas es una garantía de la disolución de las grandes dinastías y, por tanto, de desacumulación de capital. Los ricos no son ricos porque posean una gran cantidad de bienes de consumo susceptibles de ser repartidos entre los pobres, sino porque son propietarios de grandes empresas, tremendamente eficientes, que se encargan de producir lo que los consumidores van demandando. Si ceden la mitad de su patrimonio a la caridad, o bien desarticulan sus empresas o las colocan en manos de gente que previsiblemente no sabrá dirigirlas con el objetivo de generar riqueza; es decir, liquidarían y destruirían medios de producción empleados para satisfacer necesidades de consumo presentes. Algo así como si decidiéramos comernos la caña de pescar en lugar de seguir utilizándola para capturar peces.

Tomemos el ejemplo de Warren Buffett. Probablemente sea el mejor arbitrajista bursátil de la historia. Es la persona más capacitada para corregir los precios de mercado de las empresas (de sus acciones) para que transmitan una información más fidedigna de la realidad y permitan minimizar los errores asociados a la asignación de capital. ¿En qué sentido la donación de la mitad de su cartera de acciones a la filantropía contribuirá al mejor desempeño de tan esencial misión? En ninguno. Del mismo modo que donar la mitad de Microsoft a una fundación caritativa sólo servirá, a medio plazo, para fragmentar la compañía o para imponerle objetivos que no tendrán demasiado que ver con aquello que realmente sabe hacer; es decir, se le impedirá crear riqueza.

Por otro lado, la idea de que si los ricos donan la mitad de sus fortunas a la caridad el mundo será un lugar con muchos menos pobres es harto discutible. Salvo casos muy excepcionales, la pobreza se debe a decisiones y caracteres personales o a un marco institucional inadecuado. Destinar miles de millones de dólares a promover el desarrollo está casi tan condenado al fracaso como lo ha estado durante décadas la ayuda exterior de los Estados. Los países subdesarrollados no necesitan ser inundados con bienes de consumo, sino ser capaces de producirlos; para ello, necesitan contar con unas instituciones favorables a la propiedad privada y las empresas.

La filantropía sólo será útil en los países ricos si se le somete a un continuo escrutinio. Se trata de evitar abusos y de que los receptores cumplan con unos objetivos que, además, deben estar en consonancia con las circunstancias (en especial, en una sociedad como la occidental, donde la tecnología revoluciona cada pocos años el modo de vida). Si no queremos reproducir la burocratización del Estado del Bienestar en las fundaciones privadas, sus gestores deberán estar sometidos a la amenaza de la retirada de fondos si no cumplen su cometido.

The Giving Pledge es un proyecto megafilantrópico que, como le sucede al Estado del Bienestar, parte del error de no adjudicar un espacio muy limitado a la ayuda voluntaria. Los seres humanos se coordinan a través del sistema de precios para maximizar la producción de los bienes económicos que mejoran su bienestar. El resto de mecanismos de creación de riqueza –la caridad o las intervenciones públicas– debería tener un espacio residual, pues no son ni pueden ser la norma en órdenes amplios y complejos en los que intervienen miles de millones de personas.

Los multimillonarios deberían dedicarse a hacer lo que mejor saben: montar empresas fabulosas de software y hardware, arbitrar los precios del sistema financiero, mantener y ampliar la cobertura de los medios de comunicación, producir películas… Si lo desean, pueden hacer un sitio en sus vidas a la filantropía, pero ésta no debe comerse la mitad de sus bienes. Especialmente si, por causas institucionales, no puede ser eficiente.

No lograrán avances significativos en la lucha contra la pobreza, algo que corresponde al sistema de producción de libre mercado, y en cambio sí malograrán sus proyectos empresariales, que sirven para procurar bienestar a la humanidad. Ojalá se deshagan de sus prejuicios anticapitalistas.

Contra la huelga general

Hacer huelga es fundamentalmente incumplir unilateralmente un deber de prestar un servicio pactado previamente en un contrato laboral. El huelguista no sólo merece no recibir su salario de ese día: además debería pagar daños y perjuicios por las pérdidas que cause por negarse a cumplir con su deber, y su empleador tendría derecho a rescindir el contrato por incumplimiento de la otra parte.

Promover una huelga general es fomentar la violación de contratos a escala masiva. Si el positivismo jurídico es intelectualmente lamentable, en el ámbito de las relaciones laborales los presuntos expertos son especialmente patéticos a la hora de intentar justificar la legislación laboral intervencionista con los tópicos trillados de siempre: la eterna tontería de que el trabajador es la parte débil que necesita ser protegido hasta de sí mismo, que no se le puede dejar llegar a acuerdos libres por su cuenta y que se le debe dar el derecho de fastidiar con una huelga de vez en cuando a sus empleadores.

Las huelgas se hacen para hacer daño a alguien, para causar algún perjuicio o mostrar la capacidad de hacerlo y así poder amenazar y exigir algo a costa de otros. Generalmente es contra los empresarios, esos presuntos explotadores malvados que siempre parecen encontrarse en posición de dominio sobre los pobres y débiles empleados: o al menos así los ven quienes resentidos, vagos o incompetentes varios, carecen por completo de espíritu empresarial, son incapaces de organizar a grupos de personas en proyectos productivos y no hacen gran cosa aparte de escaquearse y quejarse de quienes les dan trabajo y un sueldo.

Con la huelga general los sindicatos, esas organizaciones apesebradas y de ideologías completamente desnortadas, tratan de mostrar los dientes al Gobierno para hacer patente su desacuerdo con alguna política: les molesta especialmente que se liberalicen, aunque sea tímidamente, las relaciones laborales, ya que eso implica una disminución de su poder de intromisión en las vidas ajenas, que al fin y al cabo es esencialmente de lo que viven (además de cobrar ingentes cantidades de dinero poco fiscalizadas por dar cursos de presunta formación a las hordas de parados que son sus rehenes).

Mediante la huelga general los sindicatos intentan hacer daño a todos parando el país. Pretenden que la gente no pueda acudir a su trabajo (paralizando los medios de transporte, impidiendo el acceso a fábricas y oficinas) o que no disponga de medios para realizarlo (cortando los canales de abastecimiento): esa inactividad la ven como un triunfo, como una expresión de que la población los apoya; son así de necios.

Como parece que no han tenido suficiente tiempo desde la convocatoria de la huelga hace varios meses para transmitir su mensaje y convencer a la gente para que los apoye, necesitan recurrir en el día clave a los piquetes "informativos" para ayudar a los dubitativos a decidirse. Estos piquetes aseguran no ser violentos, naturalmente salvo que alguien los provoque ignorándolos, llevándoles la contraria o cayendo en la bajeza moral de ser un esquirol.

Es interesante comparar una huelga general, presuntamente un ejercicio de práctica impecablemente democrática, con unas elecciones, con su derecho a votar o no votar: imagínense si los abstencionistas decidieran no respetar la jornada de reflexión, bloquearan el transporte y los accesos a los colegios electorales o amedrentaran y tacharan de traidores a los votantes.

Naturalmente que la huelga es un derecho constitucional, lo cual refleja el ínfimo nivel ético de las constituciones que consagran estos pseudoderechos destructivos e ilegítimos.

El deber del Gobierno es dejarnos en paz

En esta terapia de autoconvencimiento Zapatero relaciona algunos de los problemas del país con sus políticas. Lo curioso es que en ningún caso se le ocurre identificar la actuación de su Gobierno como causa y la situación como consecuencia. En sus discursos los problemas siempre vienen caídos del cielo mientras que sus leyes, decretos y mandatos son la solución a todos los males. Su público no se asombra porque ya sabe a lo que va.

Dice Zapatero que "el Gobierno tiene el deber de intentar cambiar las cosas para que se genere más empleo y pueda haber posibilidades para los jóvenes". La verdad es que el Gobierno ha cambiado muchas cosas en seis años y que esas cosas han perjudicado la productividad de los trabajadores, provocando un desempleo superior al que de otro modo hubiésemos visto. Tampoco con su nueva reforma se creará más empleo porque abaratar el despido es una de las medidas menos importantes que debían adoptarse. Mucho más urgente es abaratar la contratación quitando a los empresarios parte del enorme coste laboral que desincentiva la creación de empleo. Y es que el Gobierno no tiene que cambiar las cosas. Son los empresarios y los trabajadores los que deben hacerlo. El Gobierno en realidad bien haría limitándose a dejar de entorpecer el intento de los trabajadores y emprendedores por reanimar sus economías.

"Hay que cambiar cosas", repitió Zapatero, convencido de que este nuevo cambio "va a permitir funcionar mejor a la economía española durante los próximos 20 años". Pero si los cambios fueran realmente buenos en el sentido de crear un marco de libertad en el que los agentes sociales puedan generar riqueza y conservarla sin el peligro de que el Gobierno se la quite con el establecimiento de impuestos confiscatorios, la reforma no sería buena para las próximas dos décadas sino para siempre. La frase denota la idea que el presidente tiene de la economía, que no es otra que la de un sistema planificado centralmente en el que el gobierno decide por ley las tecnologías que desarrollar en las próximas dos décadas, el mix energético que imponer a golpe de ley y la cantidad de pan y circo que regalar al ciudadano con cargo a sus maltrechas carteras.

También la reforma de las pensiones está pensada, según Zapatero, para que puedan pagarse durante los próximos 30 años. Se trata de una reforma que "podemos hacer ahora o esperar a que dentro de 10 años tengamos problemas", dijo. Pero, de nuevo, si la reforma realmente solucionara los problemas de nuestro sistema de pensiones, ¿por qué demonios iba a suponer solamente un retraso de 20 años en la llegada del problema? La realidad es que la reforma de las pensiones no resuelve nada. Es un intento de suspender parcialmente los pagos prometidos obligando a los trabajadores a trabajar más años para tener derecho a una menguante prestación por jubilación. Si la reforma solucionara el problema de las pensiones no sería sólo válida para los próximos cuatro planes quinquenales previstos por Zapatero.

En el fondo, el verdadero problema es que Zapatero sigue creyendo en las políticas que han convertido esta crisis en la mayor que haya sufrido España en tres cuartos de siglo. Para él y para todo su Gabinete el deber del Gobierno es cambiar cosas para que Papá Estado siga engordando y ocupándose de nuestros asuntos. Pero el verdadero deber del Gobierno, si realmente quiere hacer algo por ayudarnos a salir de la crisis, es dejarnos en paz, para que los ciudadanos de carne y hueso podamos arreglar los estropicios provocados por tantos deberes que los políticos nos han impuesto en el pasado.

Educar en casa

Chocan dos concepciones básicas. Una liberal, que espera que surjan ciudadanos formados e independientes, con un criterio propio y capaces de labrarse una carrera con aportaciones valiosas para la sociedad. La otra es mucho más ambiciosa. No se contenta con que los ciudadanos realicen sus propios planes, ni lo busca. Lo que pretende es transformar la sociedad; echar nuestra forma de vida al basurero de la historia y erigir sobre nuevas bases una construcción nueva y maravillosa que colmará los sueños de justicia infinita de algún iluminado.

Pero para ello es necesario cambiar a las personas, lograr un hombre nuevo que se amolde a la sociedad del futuro y libre de las cadenas que le atan a lo viejo. Por eso la instrucción, es decir, aprender los saberes que hemos heredado y codificado en un conjunto de asignaturas, que era el objetivo tradicional de la educación, es ahora un obstáculo. Y por eso la degradación de la educación, el hecho de que los púberes de hoy sepan menos que lo que sabí­an sus padres y sus abuelos es un resultado natural, perfectamente explicable por el hecho de que el objetivo no es empaparse de los conocimientos de nuestra civilización, sino olvidarlos para crear otra, nueva y distinta. El vací­o se llena con valores que no son el resultado de la precipitación de nuestra experiencia, sino ideologemas con los que se quiere programar al hombre nuevo progresista.

El instrumento adecuado para todo ello son los colegios públicos. Los privados, concertados o no, otorgan a los padres una mayor autonomí­a, un mayor control sobre la educación de sus hijos. Pero hay unos cuantos españoles para los que esa libertad es insuficiente. Sigue siendo una educación reglada y muy restrictiva sobre lo que se puede o no se puede enseñar en las escuelas. Y por eso, prefieren educar en casa. Son un millar o dos de familias; es difí­cil saberlo. No llevan a sus hijos al colegio y se han lanzado a la aventura de enseñarles, ellos, todo lo que deban saber. No es ya que les transmitan su forma de ver la vida, sino que les instruyen.

En España viven en la alegalidad, y da miedo proponer que se les reconozca su pleno derecho a elegir cómo quieren educar a sus hijos, no sea que acaben con más dificultades que las que ya tienen. Se da la paradoja de que a muchos se les acusa de abandono familiar por tener a los hijos… ¡en casa! En pocos casos como éste, de la libertad de unos pocos depende la libertad de todos, ya que lo que está en juego es nuestro derecho a elegir sin restricciones la educación que queremos para nuestros hijos.

Tome parte en la huelga del 29-S

Las acciones tomadas no son caprichos al azar, son parches que se están haciendo a un modelo injusto y decadente llamado Estado del Bienestar. El modelo económico actual es insostenible al negar la libertad individual, la función empresarial libre y al disparar el robo gubernamental (impuestos, déficit y deuda).

Las huelgas surgen con los primeros asalariados a finales del S. XVIII. Se basaban en una extorsión e incumplimiento unilateral del contrato. Es la antítesis a los fundamentos del liberalismo: propiedad, vida y libertad. Cuando un grupo aplica la violencia contra otro –exceptuando el caso de la defensa personal–, se vuelve un criminal.

La ley tendría que castigar las acciones violentas de los sindicalistas, piqueteros, delincuentes o llámenles como quiera. Pero no lo hará. Todo lo contrario, mirará hacia otra parte. La mayor injusticia es que si usted se defiende de la agresión de un sindicalista o intenta defender su propiedad privada, entonces la ley sí que le atacará. La huelga es una de las mayores absurdidades de lo políticamente correcto ya que permite el incumplimiento de contrato y la violencia indiscriminada contra las personas y sus propiedades. Algunos trabajadores irán a la huelga para que los sindicalistas, después de la huelga, no les rayen el coche u otros actos miserables de este tipo. ¿Le parece progresista y civilizado algo así?

Los sindicatos han de cambiar de registro. No se puede mantener la profesionalización del sindicalista. Es dar alas al parasitismo empresarial, al holgazán y a la violencia. Desde el momento en que a un sindicalista, como a cualquier otro activista de cualquier tipo de pensamiento (políticos incluidos), se le da un sillón en el poder, se aleja de la gente, del colectivo. Los objetivos del grupo desaparecen para saciar sus interese individuales usando eslóganes colectivistas y viscerales como "seguridad económica", por "nuestro bien", u otros que ahora usan para huelga. El poder acomoda mucho. En esta sociedad, cuando un grupo se vuelve molesto, le dan un sillón y subvenciones para que sea complaciente con el establishment, ya sean sindicatos, ecologistas, grupos de presión religiosos, antirreligiosos o asociaciones de empresarios.

Desde el instante en que la fuente de financiación primaria de los sindicatos son los impuestos –más de 1.300 millones en subvenciones y comisiones desde 2007– y éstos se convierten en un ministerio paralelo a cualquier Gobierno, se vuelven un tipo de oligarquía política más. Y cuidado, que lo último no lo dice un ultraderechista como yo, sino Julio Anguita. Los sindicatos son una parte más de los pilares del poder: sus escándalos los delatan (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X…).

Todas la encuestan dicen que la huelga del 29-S va a ser un fracaso. Los excesos de los sindicatos han minado la confianza de la gente precisamente por los motivos enumerados: son establishment que chupan del bote. La única razón por la cual la huelga puede ser un éxito, y probablemente así sea, se debe a la extorsión de los sindicalistas amenazando a los trabajadores, destrozando la propiedad privada ajena y restringiendo la libertad de las personas para ir a trabajar y desplazarse. Los ciudadanos no podemos dejar impunes este comportamiento criminal e ilegal, por más que la ley no vaya a impedirlo.

Nosotros, los ciudadanos, estamos más avanzados que los retrógrados sindicales. Nos adaptamos al momento y somos pacíficos. No hace falta seguir sus pasos de violencia contra las personas ni contra las propiedades. Si los sindicalistas no le dejan entrar en su lugar de trabajo, haga fotos. Vaya por donde pueda retratando con su cámara o móvil a esos delincuentes y cree grupos en Facebook denunciando este acoso o coméntelo en los que ya existen: "Estoy hasta los huevos de pagar impuestos para los sindicatos". "Estos sindicatos NO nos representan. Son una vergüenza!!". "¡No! A la Huelga General. Por una sociedad civil libre y próspera". Cuelgue sus relatos en su blog o foros. Denuncie a estos sociópatas con caras, nombre y apellidos. Envíe su material fotográfico a esta casa u otros medios de comunicación. Seguro que podremos amontonar miles de atropellos y actividades delictivas. Si destrozan su propiedad privada, grábelo. Denuncie tal crimen o asóciese con otros para hacer demandas conjuntas a los responsables.

Tome parte en la huelga como "contrapiquete" silencioso. Simplemente consiste en decir "alto" al crimen de los sindicatos. A esa gran mafia que vive de nuestros impuestos y coarta nuestra libertad e individualidad. Tome acción en la huelga. Denúnciela por donde pueda.

Ayatolás asesinos de internautas

Esa es la triste realidad de países como Egipto, Siria, China, Cuba y muchos otros. Sin embargo, el régimen dictatorial y teocrático de Irán ha ido un paso más allá. La fiscalía de la república de los ayatolás ha pedido que se condene a muerte por ahorcamiento al más conocido de los blogueros de la antigua Persia.

De nada le ha valido a Husein Derajshan el cambio protagonizado antes de su detención en 2008, cuando había pasado de ser una "bestia negra" del régimen a defender a un presidente Mahmud Ahmadineyad cada vez menos legitimado y más delirante. A "Holder" (como es apodado) no le perdonan demasiadas cosas, en especial que durante mucho tiempo hubiera sido un referente de modernidad y aperturismo frente al oscurantismo y el fanatismo político-religioso de la casta dirigente. Ahora, por haber sido un ejemplo, puede ser ejecutado en virtud de una legislación que retrotrae internet a la Edad Media.

Mientras que Ahmadineyad acude a la ONU para defender absurdas teorías conspirativas destinadas a acusar a EEUU e Israel del 11-S (nada sorprendente viniendo de alguien que niega el Holocausto), su gobierno reprime con dureza la libertad de expresión dentro y fuera de la red. En lo que atañe a internet, el número de sitios web bloqueados en Irán asciende a cinco millones y varios blogueros han sido encarcelados, y uno de ellos falleció en prisión (destino similar al que sufrieron numerosos opositores detenidos durante las protestas posteriores al fraude electoral que confirmó en la jefatura del Estado a Ahmadineyad).

El iraní es un régimen asesino. Entre sus víctimas figuran opositores muertos en prisión sin juicio alguno, homosexuales ahorcados por el mero hecho de serlo, mujeres lapidadas tras ser acusadas de adulterio (lo que incluye el haber sido violadas) y cientos de asesinados en Israel, El Líbano, Argentina y otros países a manos de Hizbollah y otros grupos terroristas financiados por los ayatolás. Ahora puede pasar a engrosar esa lista un bloguero condenado a muerte. La iraní se convierte de esta manera en una dictadura asesina de internautas. Una novedad peligrosa.

Si el mundo no reacciona puede suponer un terrible precedente dentro y fuera de Irán. Hacia dentro, la teocracia persa sabrá que puede endurecer sus tácticas represivas. Y actuará en consecuencia. Hacia fuera, otras dictaduras podrían verse animadas a seguir el ejemplo y pasar de las penas de prisión a las de muerte, algo que no se puede descartar en lugares como China o Corea del Norte. A pesar de ello, lo más seguro es que los gobiernos del mundo democrático cierren los ojos una vez más y no alcen su voz contra el asesinato de Husein Derajshan.