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¡Manos arriba! Soy ZP

Nos van a freír a impuestos, así de simple y así de trágico. Las cajas tienen claro que el Gobierno no podrá cumplir su compromiso de recortar el déficit público sin aplicar un brutal saqueo fiscal a todos los contribuyentes, sin distinción. ¿Más IVA, más IRPF, Sociedades quizás? Quién sabe con qué nos sorprenderá en el futuro este Ejecutivo de ineptos e irresponsables.

La cuestión es que todo apunta a que los socialistas están dispuestos a vaciar, aún más, las carteras de los españoles con el fin de engordar las ahora deterioradas arcas públicas. El problema es que España, tanto el sector privado como el público, ha vivido muy por encima de sus posibilidades durante los años de burbuja crediticia, alimentada al calor de los bajos tipos de interés dictados por la banca central. Sin embargo, en un alarde de chulería, propio de un inconsciente desconocedor de su ignorancia supina, Zapatero hizo lo peor que podía hacer. A saber, ponerse al timón de la economía para, siguiendo las recomendaciones de su ejército de keynesianos, apretar el botón del gasto público y el despilfarro para salir de la crisis.

¿Resultado? En lugar de registrar un déficit público próximo al 5% del PIB en 2009, el Gobierno lo disparó hasta el 11,2%. Ahora, toca reducir el desajuste ya que, en caso contrario, peligra el aval ofrecido por Bruselas (léase Alemania y Francia, nuestros acreedores) y el Fondo Monetario Internacional (léase Estados Unidos) para evitar la quiebra del país. Todo un éxito el plan del presidente, ¿no creen?

El problema es que se trata de un esfuerzo presupuestario histórico. Una reducción tan grande de la brecha fiscal carece de precedentes en la historia reciente de España. El ajuste, sin embargo, es posible, tal y como hemos demostrado aquí y aquí, pero el problema es que su ejecución dependerá de la voluntad política de Moncloa. Pese al recorte de gasto anunciado –del todo insuficiente–, la actual casta política ha demostrado sobradamente que su intención, lejos de apretarse el cinturón hasta quedarse sin cintura si es necesario, discurre por otros derroteros muy diferentes. Así, al mínimo atisbo de calma en el mercado de deuda pública, al Gobierno le ha faltado tiempo para dar marcha atrás a algunas medidas de contención fundamentales, tales como la prohibición de endeudamiento municipal o el recorte en infraestructuras –muchas de las cuales son innecesarias.

Este comportamiento evidencia que el Ejecutivo confía en que la recuperación económica y la "leve" subida de impuestos se materialicen en un aumento sustancial de la recaudación. Pero, ¿y si la recuperación no llega?, ¿Y si los ingresos son menores de lo previsto? En tal caso, la brecha seguirá abierta y el tiempo para curar la herida antes de que se infecte será inferior. ¿Será entonces Zapatero capaz de llevar a cabo el mayor recorte de gasto público de la España contemporánea?; ¿cerrará el grifo de la financiación a comunidades autónomas y ayuntamientos?; ¿privatizará servicios?; ¿cerrará empresas y organismos públicos? En definitiva, ¿impondrá una política de férrea austeridad en una estructura estatal sobredimensionada y acostumbrada a las vacas gordas de tiempos pasados? Sinceramente, lo dudo.

Zapatero optará por la vía fácil, la que tiene más a mano y la que, sin duda, le reportará un menor castigo electoral. Lo que menos importa al presidente es freír a impuestos a los españoles y sus nefastas consecuencias sobre la economía nacional. Así pues, ¡manos arriba!, Zapatero sigue vivo (políticamente) y no dudará en apretar esta vez el botón del expolio fiscal con tal de mantener el poder. Esto sí que merece una huelga, pero no laboral, sino tributaria

El romance con la ayuda externa

Los prejuicios y sesgos ideológicos de cada individuo parecen ser muy relevantes a la hora de juzgar la bondad de una política determinada.

A pesar de ello, al menos de cara a la galería, nos consideramos personas críticas, de pensamiento independiente, abiertas a nuevas evidencias e interesadas en el bien común. Y es que ya se sabe, del dicho al hecho va un trecho: decimos maravillas de nosotros mismos, pero luego nuestras acciones no suelen reflejar lo mismo.

Por esto, no es de extrañar que la gente tenga "romances" –una opinión o actitud positiva que bebe más de las emociones que de la razón y las evidencias– hacia determinadas instituciones o políticas. Uno de éstos puede ser el romance con el Estado, que explicaría en parte la atracción y simpatía que la gente siente hacia el intervencionismo estatal.

Pero en el que me quiero centrar es en el de la "ayuda externa" como factor de estímulo al desarrollo de los países más pobres del mundo desde las naciones ricas. Para la mayoría de la gente, es simplemente obvio y evidente que esta ayuda externa es positiva y que "cuanta más, mejor".

Economistas "competentes" llegan a afirmar cosas como que "siempre que se realiza una inyección de ayuda desde el exterior es beneficioso para el país receptor de la ayuda". Otros, como el gurú de los microcréditos Muhammad Yunus –para algunos poco más que un farsante simpático– apuntan que con todo el dinero empleado en las guerras modernas habríamos podido acabar hace mucho tiempo con la pobreza.

Organizaciones que, como Cáritas, realizan tareas de gran valor en ayuda de los más necesitados tanto en España como en otros países, también caen en esta actitud acrítica hacia la ayuda externa. Así, en una nota de prensa de mayo con motivo de los recortes presupuestarios del Gobierno, afirmaban que "es inadmisible que se recorte la ayuda a proyectos de desarrollo en países empobrecidos cuando la vida de las personas depende a menudo de esa ayuda".

Con esta afirmación, se da por hecho que toda ayuda externa redundará en un mayor bienestar de la población receptora de la misma. Se pasa por alto la posibilidad (mejor dicho, la cruda realidad que muestran los datos) de que esos recursos puedan fortalecer a ejecutivos tiránicos y corruptos, obstaculizando así posibles reformas o cambios de gobierno; o que existan problemas de incentivos e información de donantes y receptores que dificulten la eficacia de la ayuda externa para reducir la pobreza, y se convierta ésta o en una actividad lucrativa para ciertos grupos de intereses o en un fomento de políticas irresponsables.

Como con otras expresiones, el caso de la "ayuda externa" es un ejemplo de cómo el lenguaje puede resultar realmente útil y sesgado: ¿cómo puedes estar en contra de ayudar?

Pero, como deberíamos saber, las buenas intenciones no bastan para ayudar. Hace falta que nos fijemos más en los hechos… y tengamos cuidado con nuestros romances.

Los depresivos bajos tipos de interés

Su respuesta fue que los inversores esperaban en el futuro subidas en los tipos de interés y dado que cuando los tipos de interés suben el valor presente de los activos baja, todos preferían esperar para inmovilizar su dinero.

Esta teoría, conocida gracias a John Hicks como "trampa de la liquidez", sirve hoy de base para que todos los inflacionistas habidos y por haber defiendan que los bancos centrales tienen que adquirir un compromiso creíble de que no van a permitir que los tipos de interés suban en el futuro; sólo así, argumentan, los inversores se decidirán a desatesorar su dinero, incrementar su cartera de activos y volver a crear empleo.

El propio Bernanke acaba de decir que "garantizará tipos de interés excepcionalmente bajos durante un prolongado período de tiempo". Incluso se muestra dispuesto a seguir monetizando activos para que los tipos de interés a largo plazo no aumenten. Todo parece muy sensato: cuanto menores sean los tipos de interés, mayor será la inversión y por tanto el crecimiento económico. Pero no, todas estas relaciones mecanicistas constituyen en la actualidad un puro disparate. Japón lleva más de una década con tipos de interés a corto plazo al 0% y con tipos a largo al 1% y el país sigue estancado. Señores banqueros centrales, anótenselo bien claro en sus cocorotas: mantener artificialmente bajos los tipos de interés durante una crisis deflacionista no funciona.

Muchos creen, por simple relación léxica, que para combatir la deflación hay que promover la inflación. Pero no, el descabellado ejercicio equivale a tratar de curar la hipotermia incitando la fiebre. Y es que el problema de la deflación es el de cómo amortizar rápidamente un enorme volumen de deuda para así reconstruir los balances de los agentes privados y la receta de la inflación pasa por seguir expandiendo ese volumen insostenible de deuda (pues la única manera con la que se puede generar inflación es expandiendo el crédito).

Cambiemos de perspectiva. La cuestión ahora mismo no es por qué unos inversores hiperapalancados no se endeudan todavía más para seguir invirtiendo, sino por qué no reducen con mucha mayor rapidez ese extraordinario apalancamiento. Y parte de la respuesta, lamento decírselo a los inflacionistas, está en el actual clima de bajísimos tipos de interés.

Cuanto más bajan los tipos de interés más se incrementa el valor presente de las deudas con un rendimiento fijo (todas las deudas, también las concertadas a tipos variables, se reconducen al final a una deuda a tipo de interés fijo). Al fin y al cabo, si yo he adquirido deuda de una empresa que me paga unos intereses anuales del 10% durante 30 años, no querré desprenderme de ella ahora mismo, pues mis inversiones alternativas proporcionan una rentabilidad bajísima. Para que nos hagamos una idea: el precio de mercado de un bono a perpetuidad que pague 100 euros anuales se incrementará de 2.000 euros cuando los tipos están al 5% hasta 10.000 euros cuando están al 1%.

Una empresa que desee hoy reducir anticipadamente su endeudamiento y proceder a reorganizarse, deberá abonar de golpe un coste tan elevado por recomprar su deuda en los mercados que perfectamente puede preferir continuar pagando elevados intereses año a año. Fíjense en los bancos: su atesoramiento de dinero está en máximos históricos. ¿Por qué no destinan parte del mismo a amortizar parte de sus deudas? Pues porque el coste de hacerlo con los actuales tipos de interés es elevadísimo.

A menos que se formen expectativas de que los tipos de interés van a subir en el futuro, los acreedores sólo estarán dispuestos a desprenderse de sus derechos de cobro de alto rendimiento a cambio de precios gravosísimos para los deudores. Como ya viene denunciando desde hace años Antal Fekete, lo único que tendremos será un masivo consumo de capital.

Soy consciente de que al inicio de una depresión los tipos de interés se hunden en la medida en que la demanda de crédito se desploma. Pero no estamos hablando de eso, sino de que Bernanke –de la mano de los especuladores que anticipan sin grandes dificultades sus decisiones futuras– impide con su monetización de deuda pública y de titulizaciones hipotecarias que las expectativas de tipos de interés futuros sean al alza.

El presidente de la Fed debe abandonar su política de depresivos bajos tipos de interés. Ahora mismo no nos interesa que el endeudamiento crezca, sino que se reduzca, y para ello necesitamos altos tipos de interés. Deje de manipular el mercado y permita que los tipos aumenten. De lo contrario, Estados Unidos será el próximo Japón.

Libertad para las drogas

A muchos, la propuesta les parece una boutade. Pero sólo hay que pensarlo un poco para ver que no tenemos otra opción que la legalización.

El tráfico de drogas es ilegal en España. ¿Quiere decir ello que no hay trafico de drogas en nuestro país? Quien quiera comprar cualquier tipo de sustancia, ¿tiene algún impedimento práctico, más allá del económico, para conseguirlas? Si alguna vez ha habido una guerra contra las drogas, éstas han ganado. Es ilusoria la pretensión de acabar con ese comercio, cuando una parte de la sociedad está siempre dispuesta a adquirir estas sustancias. No se puede proteger a un consumidor de su decisión de consumir con una política que sólo aumenta los costes del producto. Es más, ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. No hay un criterio científico válido que permita delimitar qué es un estupefaciente y qué no lo es. Y hay productos que se pueden consumir sin peligro, pero cuyo abuso sí es peligroso. Es el caso del alcohol, pero recientemente se ha puesto de moda entre los jóvenes colocarse con jarabe de la tos. ¿Debemos prohibirlo también?

El consumo puede ser inmoral, una consideración que no es exclusiva de las drogas, pero es completamente legítimo. Y si lo es el consumo, también lo es el comercio y la producción. Son crímenes sin víctima. Podemos considerar todo ello inmoral, pero nuestro criterio moral no es suficiente para justificar la prohibición de una red de intercambios voluntarios. Pero no es ya que no tengamos derecho, es que las consecuencias de ese esfuerzo, de esa guerra contra las drogas, son mucho peores.

Al dejar al margen de la legalidad la provisión de las drogas, se está convirtiendo en crimen un negocio lucrativo. Y dado que ese negocio se hace ya fuera de la ley, no hay razones para que no se caiga en otros comportamientos también ilegales, aunque sólo sea para defenderse del acoso del Estado. La prohibición no sólo es injusta, sino que es un foco de criminalidad. Es más, el tráfico de drogas, por su carácter ilegal y por ser un gran negocio, es clave en la financiación de otras organizaciones que están volcadas hacia el crimen, el verdadero crimen, como son los grupos terroristas. ¿Queremos luchar contra ETA y Al Qaeda? Legalicemos el tráfico de drogas.

Ese aumento del crimen obliga al Estado a dedicar recursos crecientes a la lucha contra el nuevo crimen, más todos los adyacentes. De estar legalizado el tráfico de drogas, no sólo dejaría de estar en manos de criminales sino que el Estado podría destinar sus recursos a la persecución de los verdaderos delitos.

Las drogas, en un entorno libre, serían mejores, lo que reduciría la muerte por su consumo, y, sí, más baratas. Esto último sería un efecto desafortunado para quienes queremos aminorar la incidencia de las sustancias nocivas en la sociedad. Pero, por otro lado, la libertad en la producción y el consumo nos ofrecería la oportunidad de que la sociedad aprendiese a manejar esos riesgos. No creo que hubiese que esperar mucho para que el consumo se aminore o se canalice de un modo más racional. Bien por González.

Estúpida regulación sobre Facebook

El legislativo germano considera que establecer perfiles de los trabajadores presentes o potenciales con los datos proporcionados por ellos mismos en dichas redes atenta contra su derecho a la intimidad. Quedarían al margen de la futura legislación aquellas plataformas que, como Xing o LinkedIn, tienen como razón de ser el establecimiento de contactos profesionales y la búsqueda de empleo.

La lógica de la denominada "Ley Facebook" hace aguas por todas partes. Para empezar, no proscribe que los responsables de las empresas visiten los perfiles de empleados y candidatos. Eso seguiría siendo legal. Lo que se prohíbe es que, a la hora de tomar una decisión sobre la persona en cuestión, se pueda tener en cuenta la información así obtenida. Dicho de otro modo, pretende que los directivos y responsables de recursos humanos tengan que hacerse los tontos y los ciegos ante unos datos que pueden obtener legalmente.

Pero eso no es lo peor. Los promotores del proyecto de ley pretenden que atenta contra la intimidad de alguien el obtener una información sobre una persona que ella misma ha hecho pública. Si un trabajador berlinés se pide la baja por enfermedad y después sube a su perfil una foto en la que se le ve tomando una cerveza en un hotel de Mallorca es él quien ha hecho el idiota enseñando al mundo (incluido a ese jefe al que previamente ha incluido entre sus contactos) como intentaba engañar a sus empleadores. Cualquier reclamación al derecho a la privacidad resulta absurda en este tipo de supuestos.

Si los usuarios de las redes sociales tienen un enemigo de su intimidad son ellos mismos. En Facebook, Twitter y similares hay un exhibicionismo en muchos casos desmedido. Muchas personas han encontrado en estos servicios un modo de jugar a ser famosos. Ellos mismos se convierten en las "estrellas" de su propia "revista del corazón", su propio perfil en la red social, en la que cuentan al resto de la humanidad dónde están, que hicieron la noche anterior o lo que piensan sobre un asunto en concreto. Su forma de actuar es libre, por lo que nadie debe protegerles de su propia indiscreción. Y mucho menos, el Estado.

La diferencia entre Nueva York y La Meca

La noticia pasó al principio desapercibida. Hay decenas de mezquitas en Nueva York, dos de ellas han operado durante décadas en el bajo Manhattan a solo unas manzanas de la Zona Cero. En el propio edificio donde ahora quiere construirse el centro islámico ya se congregan cientos de fieles para rezar. En las Torres Gemelas había áreas de plegaria para musulmanes, lo mismo que en el Pentágono. Ninguno de estos hechos había causado polémica. Pero hay elecciones al Congreso y los medios y los políticos no han podido resistirse a convertir la iniciativa en parte de la campaña.

Dicen que construir una mezquita tan cerca de la Zona Cero es una provocación, una ofensa a las víctimas del 11-S. Los terroristas también rezaban en mezquitas y leían el Corán, permitir que se alce allí un templo de su propia religión es como consentir un memorial de su victoria. Pero la mezquita es solo una ofensa si se equipara el islam con el terrorismo, algo que la inmensa mayoría de fieles americanos no puede aceptar de ningún modo. La responsabilidad recae en los terroristas y sus seguidores fundamentalistas, no en los millones de musulmanes moderados que practican su fe pacíficamente y se sienten americanos como cualquier otro. Quienes se indignan por la construcción de la mezquita están pidiendo a millones de ciudadanos estadounidenses que se declaren simpatizantes de terroristas.

Por otro lado, sorprende que la oposición a la mezquita provenga en buena medida de la misma derecha que defiende la "liberación" de los musulmanes de Irak y Afganistán. O sea, hay que verter sangre y dinero para salvar a los pobres musulmanes de la tiranía, pero la religión que practican es ofensiva y merece ser desterrada de las proximidades de la Zona Cero por estar vinculada al terrorismo. ¿En qué quedamos, son amigos o enemigos?

Charles Krauthammer hablaba de "sacrilegio en la Zona Cero" (aunque la mezquita vaya a ubicarse realmente fuera de ella) y comparaba el proyecto con la construcción de un centro cultural germano en Treblinka o un centro cultural japonés en Pearl Harbor. Aunque los alemanes o japoneses contemporáneos no sean responsables de los crímenes de sus antepasados, un centro cultural nacional en esas localizaciones demostraría insensibilidad hacia las víctimas. Pero, de nuevo, la mezquita sólo demuestra insensibilidad si se parte de la premisa de que el islam como religión y sus fieles como tales comparten alguna responsabilidad por los atentados del 11-S. Un centro cultural japonés o alemán en esas localizaciones se revela insensible sólo y precisamente en la medida en que aún se asocia a esas naciones con los crímenes cometidos.

Añade Krauthammer que en Gettysburg no sería apropiado instalar un mirador comercial, por ser el antaño campo de batalla una manifestación de nobleza y sacrificio. Tampoco lo sería poner un prostíbulo junto a un colegio o una discoteca junto al templo de Lourdes. Pero las manzanas colindantes a la Zona Cero no son ningún lugar de contemplación o memorial a los caídos. No tienen ni han tenido durante la pasada década ningún estatus especial. Son áreas comerciales como cualquier otra parte de la ciudad, con oficinas, pizzerías y templos religiosos, como la St. Paul’s Chapel, la Trinity Church o la sinagoga de Battery Park.

Los promotores del proyecto afirman que su intención es fomentar la convivencia entre religiones y desvincular el islam de los atentados al World Trade Center. El centro cultural, que costará 100 millones de dólares, estará abierto al público y no incluye solo una mezquita. Contará además con un auditorio con capacidad para 500 personas, un teatro, un centro de arte escénico, gimnasio, piscina, pista de básquet, área infantil, biblioteca, escuela de cocina, estudio de arte y comedor.

Los detractores piden que se investigue las fuentes de financiación, por si tiene lazos terroristas, pero en ningún proyecto de estas características se concede a las autoridades derecho a husmear quién financia qué y no hay razón para discriminar en este caso. Los responsables, no obstante, han prometido hacer pública la lista de inversores y han asegurado que rechazarán fondos provenientes de Irán, Hamas o cualquier organización con valores anti-americanos.

El imán Abdul Rauf se ha convertido en el centro de atención. Ahora le acusan, retorciendo sus palabras, de congeniar con radicales y proferir amenazas. Rauf, sin embargo, ha sido considerado un clérigo moderado por la Administración durante años, condenó firmemente los atentados del 11-S y en una reciente entrevista con Larry King ha tildado a Hamas de terrorista. Pero sus declaraciones incluyen matices, como que la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio provoca miles de muertos inocentes y ello fomenta el odio y hostilidad. Nada que no diga Ron Paul, el más liberal de los congresistas, en la CNN, pero los que ven la realidad como un partido de fútbol no aceptan que haya más de un culpable y los matices ya son motivo de sospecha.

El alcalde de Nueva York, el magnate Michael Bloomberg, defendió el proyecto con palabras muy sensatas en una entrevista en el Daily Show de Jon Stewart: "En Arabia Saudita no puedes construir una iglesia. Eso es precisamente lo que diferencia Arabia Saudita de América. Hay otra mezquita a cuatro manzanas de allí, tiendas porno, restaurantes de comida rápida… Es una comunidad vibrante, es Nueva York." Luego explica como un hombretón le asaltó en medio de una cena para decirle que acababa de volver de la guerra y eso es por lo que ha estado luchando, para que cada uno tenga derecho a construir lo que quiera.

La exigencia de reciprocidad, "toleraremos los minaretes y los velos cuando en Meca toleren las iglesias y los crucifijos", implica que los Estados islámicos marquen los estándares de lo que debe tolerarse en Occidente. Ya no es la "libertad de culto" o la "libertad de expresión" propia del liberalismo el principio rector. Nos piden que nos convirtamos en lo que decimos combatir.

Trichet y el voto

El Consejo Europeo está a punto de presentar un informe con propuestas para reformar la gestión de la Unión Europea y uno de los aspectos que tratará será la gestión de la unión monetaria. Así que era lógico que el presidente del Banco Central Europeo se pronunciara sobre el asunto y diera su opinión. Lo que nadie esperaba es que fuera a irritar a los mandatarios europeos proponiendo restricciones al derecho a voto en la Unión Europea. Para Trichet el desmadre presupuestario de países como España ha sido tal que tenemos que pensar en el establecimiento de medidas drásticas si queremos evitar que se repita y termine afectando a la viabilidad del euro.

La idea que se le ha ocurrido al hombre que dirige el monopolio de la política monetaria en Europa es suspender temporalmente del derecho a voto de los países que incumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La propuesta recuerda medidas muy similares presentadas en el siglo XIX por diversos pensadores. Lo que se planteaban los agudos autores decimonónicos era cuáles eran los límites que se debían establecer al poder que otorga la democracia. Algunos de ellos se fijaron en los clubs y propusieron que sólo podían votar quienes contribuyeran a financiar la cosa pública. De lo contrario, decían, correríamos el riesgo de que quienes no ponían nada usaran el poder del voto para expoliar al resto. Con el tiempo muchos de estos autores se dieron cuenta de que el problema era más bien sobre qué se podía votar y no tanto quién podía votar.

La versión trichetiana de aquellas ideas es reservar el derecho a voto en la Unión Europea a aquellos países que contribuyan con el cumplimiento de sus compromisos financieros y retirárselo a quienes los incumplan. En cierto sentido se trata de una adaptación a los Estados de lo que en su origen fue una regla para los individuos. Los Estados que incumplen con las medidas del pacto de estabilidad estarían viviendo a costa de del resto y poniendo en riesgo su estabilidad. Lo que propone Trichet es que al menos esos países no tengan poder de decisión sobre las políticas que se adopten en el seno de la Unión mientras sigan por ese camino.

Sin embargo, si bien la medida de Trichet podría suponer cierto desincentivo para el desarrollo de políticas manirrotas, no será un obstáculo para muchos políticos deseosos de seguir una política de pan y circo. La verdadera solución al problema era haber tenido una zona europea con competencia monetaria. Ahora que estamos en el barco del euro habrá que conformarse con tomarse más en serio el Pacto de Estabilidad. La anulación del voto podría ayudar pero lo que realmente funcionaría sería que Alemania se plantara y obligara al resto de países a introducir modificaciones en sus constituciones que obliguen al cumplimiento del Pacto y que permitan la intervención de los socios sobre su política económica en caso de incumplimiento. Si Trichet se sigue asustando quizá no tarde en proponerlo.

La alternativa liberal

…a costa de los desarrapados proletarios o del expoliado medio ambiente. Así, no es extraño asociar las posiciones liberales con la defensa de reducir el gasto en sanidad o en educación, con la de abaratar el despido, con la de abolir las regulaciones de discriminación positiva, con la supresión de las subvenciones a la cultura o, también, con la de elevar la edad de jubilación.

La izquierda y los intervencionistas de todos los pelajes rápidamente sacan buen provecho de ello: "Es que los liberales queréis una sanidad y una educación de mala calidad para poder privatizarla y que sólo los más ricos puedan costeársela; es que queréis que los empresarios despidan a los obreros para incrementar sus beneficios; es que queréis que las minorías sean discriminadas por el hombre blanco dominante; es que queréis analfabetizar a las masas para que no puedan emanciparse y luchar por sus derechos; es que queréis que los proletarios trabajen más años para poderlos explotar durante más tiempo".

Por demagogo y ruin que sea este ejercicio de difamación, ha terminado calando en la sociedad. Los liberales no hemos sabido decir alto y claro que lo que queremos es una educación y una sanidad de elevadísima calidad y al precio más reducido posible y de ahí que queramos privatizarlas; que lo que queremos no es un despido barato, sino libre, porque el despido impuesto por el Estado puede actuar de barrera de entrada a la hora de crear empleo; que no queremos que se discrimine de manera absurda y prejuiciosa, sino que demandamos libertad para discriminar entre las discriminaciones lógicas y positivas (que yo no pueda jugar de pívot en la NBA) y las discriminciones irracionales que tienden a castigarse en un mercado libre; que si no queremos subvenciones a la cultura es porque tienden a empobrecerla y convertirla en propaganda estatista, al contrario de lo que sucede cuando se la deja a la filantropía privada; y, por último, que no queremos que la gente se jubile a los 67 ó 70, sino a los 50, a los 45 o, si fuere posible, a los 35 y con la renta más alta posible. Por todo eso y porque seríamos más libres, que no es poco.

En este sentido, el caso de las pensiones es simplemente sangrante. Cuando un liberal defiende que la edad de jubilación en el sistema público debe elevarse a los 67 o a los 70 lo hace como una desagradable constatación de la realidad –"la estafa piramidal de la Seguridad Social no da para más"– y no porque disfrute viendo cómo el Estado nos roba cada día con mayor descaro.

La verdadera alternativa liberal es el sistema de capitalización, esto es, ahorrar e invertir (que no especular) una parte de nuestra renta en activos que proporcionen rendimiento, idealmente el mercado bursátil. Décadas de estatismo y de pensiones públicas nos han terminado acostumbrando a unas rentas tan raquíticas que parece imposible que una persona pueda jubilarse a los 45 años con una pensión media que duplique, al menos, la actual pública.

Pero no, sólo hay que mirar lo que nos arrebata mes a mes el Estado y cuánto se ha revalorizado la bolsa para comprobar que la alternativa es y ha sido posible: el Estado le quita cada mes un tercio de su sueldo sin que usted llegue a verlo reflejado en nómina; ese tercio de su sueldo va destinado en su práctica totalidad a financiar el sistema público de pensiones (y no la sanidad, que se financia vía impuestos como el IRPF); usted podría haber invertido ese tercio de su sueldo sin merma alguna en su nivel de vida presente; la inversión más rentable del sistema capitalista es por lógica la bolsa, donde cotizan títulos que dan propiedad a una parte de las empresas punteras de una sociedad; en el último siglo, la bolsa se ha revalorizado de media un 7% anual en términos reales (descontada la inflación); los bancos centrales no tienen nada que ver con esta expansión, si acaso la entorpecen y la frenan con su inducción a generalizar malas inversiones que consumen y despilfarran capital; es cierto que la bolsa es muy volátil a corto plazo (puede caer hasta un 60% en un año), pero a un plazo de 15 años –que es un horizonte razonable para capitalizar una pensión– se convierte en el activo más seguro y menos volátil; el resultado de capitalizar el tercio no percibido de nuestros sueldos a un 7% anual de media durante toda nuestra vida laboral nos proporciona unos patrimonios inmensos y unas pensiones que en muchos casos triplican las más generosas actuales.

Eso es lo que queremos los liberales: una sociedad de propietarios. Pensiones más altas y vidas laborales más breves. Es más, muchos ni siquiera queremos que los bancos gestionen las pensiones privadas, pues abogamos por que cada uno administre su propia cartera bursátil o, en el peor de los casos, la invierta en un fondo que replique el índice (ETF). No es necesario buscarle cinco pies al gato ni tratar de encontrar intereses espurios. Las cosas son como son y basta hacer el cálculo retrospectivo. Es y ha sido el socialismo, no el capitalismo, el que ha empobrecido el nivel de vida de las masas con su insostenible, carísimo e ineficiente Estado del Bienestar; es y ha sido el socialismo quien debe responsabilizarse de la ruina de su modelo y quien tiene ahora la pelota en su tejado.

No caigamos, otra vez, en su trampa populista. Que no nos hayamos aprovechado hasta ahora de los frutos de la libertad no significa que estén podridos, sino que nos han hecho creer que lo están para que otros, los políticos, puedan zampárselos bien frescos a nuestras costillas.

Demos una oportunidad a la libertad

Banalizan medidas que suelen ser profundamente traumáticas. El mejor ejemplo es el trato contra la inmigración, los impuestos a las rentas altas, las prohibiciones a estilos de vida no mayoritarios o a cualquier cosa que se tacha de incívica… Esta forma de arreglar las cosas no sólo ocurre entre las personas de la calle; también se produce en los grandes directivos, políticos o gerentes. Una de las razones que explica este proceder es que las personas son seguidoras de tendencia innatas y simplemente cambian aspectos de cosas que ya existen amoldándolas a su parecer. Muy pocas personas son rompedoras y apuestan por cambios de tendencia bruscos; cambios de sistemas incluso. A estas personas se les llama radicales.

En el centro de Europa, y algunas partes de Reino Unido por ejemplo, han probado algo nuevo para aliviar el tránsito y la congestión en la ciudad: han eliminado las señales de tráfico y los semáforos. ¿Los resultados? Menos congestiones, menos estrés para los conductores, menos accidentes y, sorprendentemente, la gente llega antes a sus destinos.

Podríamos pensar que todo es resultado de la casualidad, pero muchas cosas funcionarían mejor si pensásemos contra tendencia, o mejor dicho, al revés de todo. Creemos durante un momento nuestro mundo particular. Un mundo más libre. Demos una oportunidad al orden espontáneo porque tal vez es la razón por la que las cosas van bien.

Eliminemos todos los estímulos. El Gobierno de España ha destinado una cantidad espeluznante de dinero a los estímulos económicos. Hasta el punto de que nuestro país corre el riesgo de entrar en default y de ser intervenido. Todo ello con el dinero de nuestros impuestos. Obama ha hecho lo mismo pero a lo grande. En Estados Unidos van a por otra ronda de estímulos ante el fantasma de una segunda recesión. Ambos países están destrozados y la deuda no pronostica buenos tiempos para los pagadores de impuestos. Fíjese por el contrario qué ha hecho el Gobierno de Alemania. Poco después de empezar la crisis, realizó el recorte más duro de toda la eurozona. No están para tirar cohetes ni mucho menos, pero sus últimos resultados han sorprendido al propio Gobierno y a los analistas económicos. La conclusión tal vez sería que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del ciudadano en lugar de en las manirrotas zarpas del Estado.

Eliminemos el subsidio de desempleo gubernamental. Tal vez los largos plazos del subsidio crean no sólo mayores impuestos al ciudadano y mayores costes al trabajo, sino también la cultura del desempleo. En el momento en que alguien pierde el trabajo y el Estado se "responsabiliza", el incentivo para el parado es claro: volverse irresponsable hasta el momento en que finaliza el subsidio. El paro estatal no es un seguro de desempleo, es una renta para rentistas estatales. La economía privada, compañías de seguros, lo harían mejor que el Gobierno, sin necesidad de entrar en el espectacular moral hazard que provoca el Gobierno.

Eliminemos los impuestos al trabajo. Entre la parte del trabajador y de la empresa, un asalariado en España paga la mitad de su salario bruto al Gobierno. Eso significa que el trabajo en España, sobre la productividad real del trabajador, es un 50% más cara que en otro país que no tenga tales impuestos. Fíjese que el Gobierno ha facilitado el despido, pero algo más eficaz habría sido eliminar esta parte importante del coste al trabajo. El trabajador no se habría dado ni cuenta del cambio. Algo que no ha ocurrido por el simple hecho de seguir inflando las arcas gubernamentales (públicas).

Eliminemos la burocracia. Qué sentido tiene que una persona pierda más de dos meses de su vida en montar un negocio simplemente rellenando papeles para el Gobierno y pagando tasas. Con esta burocracia, ¿el camarero servirá mejor el café, el peluquero cortará mejor el pelo o el cocinero cocinará mejor? La tierra de las buenas intenciones que practica el socialismo sólo está llena de pesadillas y horrores.

Eliminemos ministerios, políticos, reguladores, funcionarios, subvenciones. ¿Qué nos está aportando esta gente a la que mantenemos? Problemas. El Gobierno tiró la casa por la ventana en época de crecimiento. Llega la época de crisis, ¿y qué hace? ¡Gastar más! Pero no su dinero, sino el nuestro. Qué bobada más grande que durante una crisis tan acentuada nos suban los impuestos y su único resultado sea el de habernos convertido en el país con peor tendencia de la UE. Su dinero ahora mismo se está tirando en cosas como crear una perreras de 7,6 millones de euros.

En los tiempos que corren, la solución no pasa por más de lo mismo ni por seguir la tendencia. Pasa por dar un vuelco radical. Desde el punto de vista económico y civil, la sociedad más que nunca necesita: menos regulaciones, menos burocracia, menos Estado y más libertad para que el ciudadano gestione su dinero como le dé la gana sin un tirano de la producción que se adueñe de su trabajo con el único propósito de someterlo todavía más. Demos una oportunidad a la libertad. Como nunca lo hemos probado, quién sabe, tal vez funciona y somos más prósperos y felices.

La farsa bancaria se confirma

¡Oh sorpresa! Resulta que las entidades analizadas han ocultado a los reguladores su exposición a la deuda soberana de los países más débiles de la zona euro (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España). Es decir, han maquillado sus carteras de deuda pública con el objetivo de reflejar una solvencia superior a la real.

Tal y como publica este martes The Wall Street Journal, los bancos han excluido de su contabilidad ciertos activos (basura, cabe suponer) e, incluso, han reducido de forma artificial y maniquea sus respectivas carteras de bonos a corto, esto es, el volumen de deuda que pretendían vender.

Así, por ejemplo, las grandes entidades francesas, que representan hasta el 80% del mercado financiero galo, tan sólo declararon una exposición a la deuda española de 6.600 millones de euros cuando, en realidad, ascendía a 34.700 millones (casi cinco veces más), según los datos del Banco Internacional de Pagos (BIS, el banco de bancos centrales); la griega se reduce a 11.600 millones frente a los 20.000 millones que contabiliza el BIS (el doble); mientras que apenas declararon 4.900 millones de deuda portuguesa frente a los 15.100 que poseen en realidad (el triple).

Y llegados a este punto… ¿Alguien se extraña? El engaño de los stress test era algo sabido y previsible. En estas mismas páginas (aquí y aquí) ya advertimos de que dichas pruebas ofrecerían a la opinión pública una imagen distorsionada e inflada de la solvencia real del sistema financiero europeo y, en especial, de algunos países miembros. La clave del asunto, sin embargo, no consiste en si hubo o no engaño –era evidente que lo habría, tal y como se ha confirmado– sino en si éste ha sido o no consentido deliberadamente por las autoridades públicas competentes.

En primer lugar, cabe recordar que semanas antes de la publicación de las famosas pruebas los reguladores, ésos que en teoría existen para salvaguardar los intereses de los indefensos ciudadanos, pretendían excluir de sus análisis de solvencia los cientos de miles de millones de euros de deuda pública que las grandes entidades europeas acumulan en sus balances. Curioso, ¿verdad? Resulta que en medio de una crisis de deuda pública que ha llegado a tambalear los cimientos mismos de la Unión Monetaria, los poderes públicos estaban dispuestos a esconder debajo de la alfombra dichos activos, descartando así cualquier atisbo de quiebra (default) de países y, por consiguiente, también grandes entidades.

Como es lógico, tal intención fue percibida de inmediato por los inversores como una ocultación inaceptable por lo que, finalmente, los gobiernos se vieron obligados a dar marcha atrás, aunque sólo parcialmente. Y es que si bien los stress test contemplan un cierto descuento en los bonos soberanos, éste tan sólo se aplica a la deuda pública que las entidades europeas pretenden vender a corto plazo (apenas 108.000 millones de euros en el caso de los 10 mayores bancos) y no en la que mantienen hasta su vencimiento (cerca de 400.000 millones). Es decir que, en realidad, dichas pruebas seguían descartando por completo un escenario de quiebra soberana dentro de la Unión y sus posibles efectos sobre la banca.

Y por si ello fuera poco, ahora se descubre que incluso así las entidades no han revelado la exposición real de sus carteras a corto. Y la pregunta es: ¿lo hicieron con la autorización y consentimiento de los reguladores?; ¿de verdad se han arriesgado los bancos a ocultar datos de este calibre a sus respectivos supervisores con la posible sanción que ello podría generar?; ¿quién ha intentado engañar realmente a inversores y depositantes?.. ¿bancos, gobiernos, o más bien ambos?

Ni se engañen ni se dejen engañar. Bancos centrales, bancos y gobiernos tienen intereses comunes y compartidos en este ámbito. Los stress test auspiciados bajo el control gubernamental son una farsa de principio a fin, ya que ni a unos ni a otros les interesa lo más mínimo reflejar la crisis financiera y soberana en ciernes. Uno de los problemas más graves del actual sistema bancario radica, precisamente, en la existencia de supervisores públicos y bancos centrales ideados para mentir, engañar y falsear lo que sea necesario en el momento oportuno con el fin de mantener el modelo en pie. Gobiernos y bancos centrales son los auténticos responsables de la crisis actual, al igual que lo fueron de las pasadas y lo serán de las futuras.

Y, sin embargo, todo está desembocando, poco a poco, en un mayor control gubernamental sobre un sector financiero y monetario intervenido hasta sus entrañas. Por ello, es necesario cambiar el sistema de raíz. La banca libre es la solución a los problemas de la banca central. La farsa bancaria continuará mientras siga existiendo el actual modelo.