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Internet al otro lado del muro

Dos décadas después casi todo el mundo, con la excepción del irreductible comunista Francisco Frutos y algún fanático más, celebramos aquel acontecimiento como lo que fue: una auténtica revolución liberadora para millones de personas.

Sin embargo, veinte años después, el muro sigue en pie en varios puntos del planeta como Cuba, China, Vietnam o Corea del Norte. En esos países las sufridas poblaciones siguen sin poder celebrar la caída de la tiranía comunista. Hace dos décadas internet estaba en pañales, lejos de ser el instrumento de comunicación que es hoy en día. Si en aquel entonces hubiera existido la red, los regímenes de la hoz y el martillo no se hubieran enfrentado a ella de manera muy diferente a como lo hacen sus hermanos todavía en pie. De hecho, serían incluso más restrictivos que algunos como el chino.

En los países que todavía siguen sometidos al comunismo, aquellos donde el muro sigue en pie, los ciudadanos no conocen un internet similar al que disfrutamos en el resto del mundo. Quizás el régimen más suave con sus restricciones es China. En ese país, pese a las cruzadas contra los cibercafés emprendidas hace años y los filtros que impiden visitar una gran cantidad de sitios web, conectarse no es difícil debido a que los gobernantes han visto el potencial económico que ofrece la web. Eso sí, si el comportamiento en la red es el no deseado, el precio que se paga puede ser muy alto.

Desde hace ya varios años, en China hay una media de cincuenta ciberdisidentes encarcelados de forma simultánea, lo que hace de este país la mayor cárcel de internautas del mundo. Además, si en la URSS o en la China de Mao se enviaba a centros psiquiátricos o campos de reeducación a quienes pensaban diferente, el régimen de Pekín convenció a los padres de la necesidad de "desenganchar" a sus hijos de internet si pasaban demasiado tiempo delante del ordenador. Llevó esto hasta tal extremo que ahora ha tenido que prohibir el uso de castigos físicos para "curar" esa "adicción" tras la muerte de un joven.

Los otros sistemas comunistas asiáticos también tienen ciberdisidentes encarcelados, pero menos. El motivo es tan simple como que está prohibido conectarse a la red o tan sólo se permite hacerlo en locales controlados por el Gobierno. El peor caso es el de Corea del Norte, donde su uso está totalmente vetado. De hecho, hace unos años el dictador Kim Jong Il "regaló" a la cúpula de su régimen el derecho de conectarse a una versión muy filtrada de internet.

Por último, está Cuba. En la mayor de las Antillas es necesario obtener un permiso gubernamental para tener una conexión a internet en casa. Lo máximo que se tolera al resto de los cubanos es acceder a unos centros propiedad del Gobierno o alguno de sus tentáculos y entrar desde ellos a una red filtrada hasta grados extremos. Pero, ni aún así, logran que algunos valientes bloggers transmitan al mundo lo que ocurre en la isla-cárcel. Eso sí, al resto de los cubanos les está vetado leer esos textos puesto que esas bitácoras están bloqueadas en Cuba.

Y, a pesar de eso, el régimen castrista tiene la desfachatez de organizar debates sobre internet. Unas mesas redondas a las que se impide acudir –tan sólo como público– a esos blogueros libres que tanto molestan al viejo barbudo y su hermano Raúl. Pero, como el ansia de libertad es mayor incluso que su poder de control, la valiente Yoani Sánchez logró engañarles, entrar y decir en persona lo que los siervos de los tiranos no querían que nadie escuchara.

Mientras todos los Yoani Sánchez que viven en lugares como Cuba o Corea del Norte no puedan expresarse sin tener que recurrir a engaños para que su Gobierno no se lo impida, quedarán partes del muro en pie. Y eso es algo que tan sólo Francisco Frutos sería capaz de celebrar.

Inmersión lingüística en la gran pantalla

Desafortunadamente, la Fundació Catalunya Oberta (FCO) pone su nacionalismo por encima de la libre empresa y a los "derechos lingüísticos" por encima de los derechos individuales. Se comporta como un payés "defensor del libre mercado" que luego corta la autopista porque no queremos subvencionar sus tomates. Los tomates de la FCO son la lengua catalana.

El anteproyecto de la Ley del Cine de Cataluña está en fase de discusión parlamentaria y podría aprobarse en dos o tres meses. La ley obligaría a doblar o subtitular al catalán la mitad de las copias de un largometraje (para aquellos con más de 15 copias), y prevé multas que van desde los 75.000 euros a los 4.000 (o amonestación). Quedan exentas las películas en versión original castellana. El anteproyecto incluye la creación de una red de pantallas concertadas (subvencionadas por la Generalitat) para la exhibición de cine catalán y europeo, y contempla un impuesto del 5% sobre la recaudación en taquilla que las salas de cine deberán dedicar a la mejora de sus instalaciones. Por último, también prevé subsidios a producciones independientes catalanas.

Frente a esta ley intervencionista a varios niveles, el editorial del portal de opinión de la FCO, Catalunya Oberta, sólo sabe congratularse de que este "proyecto ambicioso" ponga fin a "la anomalía lingüística" del panorama cinematográfico catalán. Como la "política de diplomacia y buen rollo" con las distribuidoras no ha funcionado, "hace falta un nuevo impulso". Es decir, si no se pliegan a nuestra voluntad por las buenas, lo harán por las malas. El mismo recurso que emplea la mafia. No en vano luego se pregunta si el consejero de Cultura será capaz de "doblegar a las majors".

La FCO es una organización favorable al libre mercado y por tanto le presumo un mínimo de conocimientos sobre la naturaleza del mismo. No obstante, califica de "anomalía" que haya tan poco cine en catalán y se lamenta de que el catalán "no avance", sin reparar en que los culpables de que eso ocurra son los espectadores, la demanda. Quizás la FCO replicara lo mismo que el anti-capitalista de Galbraith: la oferta no responde a la demanda sino que crea la demanda. Lo cual es tan absurdo como decir que lo único que tiene que hacer una empresa es vender algo, que los consumidores lo comprarán automáticamente.

El problema con esta concepción de la empresa como "dictadora de preferencias" es que si no hay barreras de entrada al mercado cualquier otra empresa puede competir con ella, captando más demanda ajustándose un poco más a las preferencias genuinas de la gente. Si "en el fondo" los espectadores quieren ver cine en catalán pero la industria se empeña en suministrar sólo cine en castellano, ¿por qué tan pocas distribuidoras o exhibidores estrenan películas en versión catalana? ¿Por qué iban a desaprovechar la oportunidad de hacerse con una mayor cuota de mercado y aumentar sus ganancias? Los datos corroboran que el cine en catalán tiene simplemente menos demanda: cuando en un complejo multi-salas se proyectan las versiones castellana y catalana de una misma película, el 78,2% de los espectadores opta por la primera, frente al 21,8% que escoge la segunda (La Vanguardia, 6/3/09, págs. 28-29). La Generalitat, lejos de admitir esta realidad, manipula y compara cifras que no son comparables. El gremio de los exhibidores puso como ejemplo en un comunicado el estreno de Vicky Cristina Barcelona en los cines de Cataluña: cinco copias se exhibieron en castellano, 47 copias en catalán, y 22 en versión original. La media de recaudación por copia de la versión castellana fue más de cinco veces superior a la de la versión catalana. La versión original obtuvo de media casi el doble que la versión catalana.

Los datos anteiores no deberían sorprender a nadie, ya que en prensa escrita y en televisión la proporción es similar y no puede alegarse que el consumidor carece de opciones, pues la oferta es muy amplia. El 27,5% en prensa diaria y el 20,5% en televisión es consumo en catalán, el resto en castellano (datos del Barómetro de la Comunicación y la Cultura). ¿Debería la Generalitat introducir una Ley del Periódico? ¿O una Ley de la Televisión? Por desgracia la pregunta es menos retórica de lo que parece. (Para una discusión más extensa de estos argumentos remito al lector a un artículo anterior: No al doblaje impuesto en catalán)

Cabe la posibilidad de que la FCO admita que la mayoría de espectadores quiere ver cine en castellano, pero le parezca mal ese ejercicio de su libertad y quiera "corregir" sus elecciones. La FCO quizás considera que el buen catalán debe estar más comprometido con la lengua catalana, y si no lo está debe ser "enseñado". Ya he criticado la noción de que el Estado tiene que proteger la lengua en otros artículos (véase Preservar por la fuerza y ¿Qué opina Rosa Díez de la obligación de conocer el castellano?).

Si la mayoría de espectadores en efecto prefiere el doblaje en castellano, poner restricciones al mercado tiene costes que sus valedores deberían reconocer. Por ejemplo, las copias catalanas no van a sumarse a las copias castellanas, van a sustituirlas. Así, a menos que se trate de una superproducción estrenada en varias pantallas de un complejo multisalas, muchos cines de barrio se verán obligados por la nueva ley a proyectar películas solo en catalán. Para los espectadores que frecuentan ese cine, y que en su mayoría prefieren el castellano, la ley les estará forzando a ir a un cine más alejado si quieren satisfacer sus preferencias. ¿Considera la FCO que la Generalitat tiene derecho a perjudicar al espectador de esta manera, por el bien de "la lengua catalana"?

Artistas y sindicados, todos paniaguados

El pasado viernes los culturillas reclamaron un mayor grado de intervención pública e, incluso, hicieron un dantesco llamamiento para manifestarse contra los empresarios, a los que en gran medida culpan del aumento del paro.

Este martes, el turno ha sido para CCOO que, ni corto ni perezoso, aboga por reducir la jornada laboral y que el Estado abone el recorte de salarios que, en todo caso, se produciría. No voy a entrar aquí a valorar esta medida, cuyo fracaso ha sido rotundo en la vecina Francia. Para aquellos que quieran profundizar en el tema pueden consultar numerosos artículos, por ejemplo, aquí, aquí y aquí.

Basta con decir que, de llevarse a cabo, y dada la profunda crisis que padecemos, la recuperación económica será una mera utopía. La depresión se enquistaría hasta tal punto que España se convertiría nuevamente en un emisor neto de emigrantes en busca de un trabajo y un futuro mejor fuera del país.

Mi objetivo no es, pues, enumerar los nefastos efectos de tales políticas sino desenmascarar a los autores de tales necedades económicas. Y para ello, tan sólo es necesario acudir al diccionario para condensar y resumir en un mismo término la verdadera naturaleza de tale grupos sociales. La palabra en cuestión es paniaguado: "servidor de una casa, que recibe del dueño de ella habitación, alimento y salario; allegado a una persona y favorecido por ella".

Artistas y sindicatos viven por y para el Estado. Son unos mantenidos, cuyo único fin es acrecentar el poder del Gobierno y, así, aprovecharse aún más de la posición privilegiada que le ha otorgado su dueño. En este sentido, actúan igual que un perro fiel. Ya sea por mandato o iniciativa propia, ladran, e incluso muerden si es necesario, de forma instintiva para proteger y ayudar a su amo. El problema es que, por desgracia, en este caso el perro es un lobo, puesto que sus acciones repercuten negativamente en el bienestar del resto de ciudadanos.

No es algo nuevo. En concreto, la alianza entre el mundo de la cultura y el poder político se fraguó, curiosamente, en pleno auge del absolutismo francés. Para más señas, durante el reinado de Luis XIV (El Rey Sol), allá por el siglo XVII. Fue entonces cuando, bajo la férrea dirección económica de Jean-Baptiste Colbert (1619-83), los artistas comenzaron a vivir de la sopa boba gracias a la protección estatal.

Colbert, el paradigma del mercantilismo, quiso poner bajo su tutela la vida intelectual y artística de Francia. Su objetivo, asegurarse de que este gremio, hasta entonces una profesión como las demás, sirviese para glorificar al rey y, por tanto, los intereses del Estado –"el Estado soy yo", frase atribuida a Luis XIV.

La máxima autoridad económica del Rey Sol organizó a los artistas e intelectuales en academias y les apoyó financieramente para comprar sus servicios, mediante cuantiosas subvenciones y la concesión de proyectos gubernamentales. La Academia Francesa fue nacionalizada con el fin de defender e impulsar la lengua nacional. La Academia de Pintura y Escultura, que ostentaba el monopolio de la instrucción artística, se puso a las órdenes del Rey. Colbert fundó, además, una Academia de Arquitectura para trabajar en el diseño y construcción de los grandiosos edificios estatales y onerosos palacios.

También creó un monopolio teatral y musical, hasta el punto de que ninguna compañía u orquesta podía tocar en París sin previa autorización de dichos organismos que, cómo no, vivían de los fondos públicos. El Gobierno absolutista francés concedió amplios subsidios y subvenciones para mantener a sus fieles siervos artísticos e intelectuales. Exenciones fiscales, nombramientos, donaciones… Toda una serie de prebendas comenzaron a fluir hacia este grupo de privilegiados, aniquilando así su espíritu de independencia… Hasta hoy.

Por supuesto que no todos los artistas ni sindicados comen de la mano de Papá Estado, pero es evidente que como grupo, siguen conformando una casta particular dentro de la sociedad francesa y, por supuesto, española. No obstante, la llegada de los Borbones (de origen francés) al trono de España también conllevó el traslado de ciertas costumbres.

En definitiva, artistas y sindicados, todos paniaguados, ya que su fin es servir al Estado, no a la sociedad civil. De ahí su interés y obsesión por acrecentar el poder del Gobierno (socialismo). Pese a todo, no deja de ser curioso que en lo que respecta a los artistas la política de la subvención pública fuera instaurada por el mayor déspota del Antiguo Régimen, que aún por encima era Rey, ¿no creen?

Una Ley Beckham para la economía

Cristiano Ronaldo, Jermaine Pennant, Karim Benzema o David Villa están entre los ilustres jugadores que han rechazado la Premier League para jugar en España. ¿Por qué España? Debido a que según la legislación fiscal española pueden acogerse a la figura del "ejecutivo extranjero", una posición que limita el tipo máximo que tienen que pagar a sólo un 24%.

Sin gallina no hay huevos de oro, concluía Jacoby. Y lo cierto es que parece que Zapatero y el resto de la izquierda se muestran ansiosos por matar la gallina de la Liga española que recibe el nombre de Ley Beckham. Gracias a ella, los futbolistas foráneos tributan a un tipo máximo del 24%, por lo que, en su ausencia, se les incrementaría de golpe el tipo marginal en casi 20 puntos (hasta el 43%).

La clubes de fútbol ya han amenazado con ir a la huelga si la medida sale adelante. Y no es para menos. Su creciente capacidad para fichar estrellas extranjeras procedía en buena medida de los menores impuestos que se veían obligados a pagarles: al fin y al cabo, a los futbolistas se les suelen ofrecer sus remuneraciones libres de impuestos, de modo que un club español podía pagar salarios netos más elevados que otro club europeo con un mismo salario bruto. Sin Ley Beckham se acabó la ventaja competitiva de nuestros clubes y, en consecuencia, su habilidad para pescar a jugadores extranjeros.

Pero me parece que las interrelaciones entre el fútbol y la política son demasiado grandes como para que nuestros mandatarios no acaben cediendo a las peticiones de sus compañeros de sobremesa, máxime ante un órdago de semejante envergadura: un país sin fútbol es un país sin circo, y al pan ya se nos acabó hace tiempo. Unos y otros no se van a tirar los trastos a la cabeza por apenas 100 millones de euros, el 1% de lo que Zapatero ha despilfarrado levantando aceras.

Pues bien, no creo que hasta aquí nadie se sorprenda lo más mínimo por el razonamiento. Puro sentido común de unos y otros: el Estado a lo suyo (rapiñar) y los clubes también (protestar por la rapiña). Lo extraño, sin embargo, es que nadie (o casi nadie) se dedique a aplicar este mismo razonamiento para el resto de la economía.

Acabamos de padecer la que probablemente sea la mayor subida tributaria de la historia y el Ejecutivo ha podido perpetrarla ante la anestesia generalizada de la población y al grito de que estaba favoreciendo la recuperación. ¿Acaso un burla tan flagrante contra el sentido común no despierta las iras ciudadanas y empresariales? ¿Acaso un atentado tan evidente contra cualquier atisbo de recuperación no moviliza a nadie a protestar y a patalear? ¿Acaso sólo los paniaguados sindicatos son capaces de salir a la calle para exigir más burlas y atentados por parte del Gobierno? ¿Hasta cuándo seguirá Atlas sin plegarse de hombros?

Mucho me temo que, en este caso, el tejido empresarial español está optando por una protesta mucho más silenciosa y estoica: padecer la sangría gubernamental en silencio y conforme el aparato productivo se vayan depreciando, dejar de invertir en él. No se trata del típico fenómeno del dinero caliente que padecen regularmente las repúblicas bananeras, sino de una fuga mucho más lenta y silenciosa. Más impuestos, más regulaciones y más deuda es la fórmula perfecta para que los mejores trabajadores y empresarios huyan de España. Tal y como harían muchos futbolistas si se suprimiera la Ley Beckham, tal y como ya han hecho y seguirán haciendo sin necesidad de huelgas.

Los políticos se echarán atrás a la hora de suprimir la Ley Beckham por temor a los efectos electorales a corto plazo. Mantendrán, por el contrario, las subidas de impuestos, pues les da igual la ruina a largo plazo de nuestra sociedad. Y es que las elecciones son dentro de dos años, ¿acaso pasaremos cuentas a Zapatero por nuestro subdesarrollo dentro de dos décadas?

Un Rajoy nada “esperanzado”

En el puente de mando, un Rajoy encantado de haberse conocido apoya a los causantes del destrozo mientras se desentiende de la víctima, precisamente uno de los principales motores del PP en esta singladura, pero no seremos nosotros quienes demos clases de navegación al intrépido Mariano, que para eso ya está Arriola.

El partido de Rajoy vive en una especie de realidad paralela que le impide actuar no ya con un cierto nivel moral, cosa bastante improbable en cualquier partido político, sino con la visión electoral necesaria para no darse la tercera bofetada en unas elecciones generales a las que va a concurrir, si Dios no lo remedia, en menos de dos años y medio.

El entusiasmo que el alcalde de Madrid y su cautivo moral despiertan entre los votantes y simpatizantes del partido es, digamos, francamente mejorable. Es seguro que las voces cortesanas que rodean a Rajoy le habrán convencido de que los abucheos al dúo dinamita a su entrada a la sede del partido forman parte de una campaña orquestada por Esperanza Aguirre para boicotear la brillante gestión del gallego, pero sólo hay que pulsar la opinión de los que han venido votando al PP en los tiempos más duros para convencerse del peso real de los dos personajes entre el electorado. Entre el del PP, me refiero, porque entre los electores que jamás van a votar a Mariano lo cierto es que tienen una excelente prensa, comenzando por Pepiño Blanco y terminando por el grupo PRISA que, como es sabido, sólo piensan en el bien del Partido Popular.

Dice también Rajoy que eso de que los alcaldes manifiesten su apoyo a la presidenta del partido en Madrid ante los insultos de un esclavo político aún no manumitido es algo que no se puede tolerar. Hombre, tendrá que tolerar eso y bastante más el lobo de mar, salvo que quiera quedarse a la deriva en una barcaza con Arriola de grumete como única tripulación.

Rajoy manda en el partido, pero no en la decisión soberana de los más de diez millones de contribuyentes que vienen votando al PP. Cualquier político con instinto de supervivencia trataría de compatibilizar lo primero con lo segundo, porque las cosas pueden ponerse tan mal que ni siquiera la necesidad de expulsar a Zapatero de La Moncloa puede acabar resultando un argumento suficiente para votar al partido de Gallardón. No digamos ya al de su esclavo.

Internet no nació hace 40 años

No para resistir un ataque nuclear, como comúnmente se dice, sino porque por entonces los errores eran tan comunes que, o el sistema estaba preparado para lidiar con ellos desde el principio o directamente no funcionaría más que tres minutos al día. Y con suerte.

Más tarde, Arpanet evolucionaría, transformaría su funcionamiento y terminaría convirtiéndose en internet. Así que, técnicamente, podría considerarse que internet nació con el primer mensaje enviado en Arpanet, como lo hizo el teléfono con la famosa llamada de Graham Bell. Pero, curiosamente, no fue Bell quien lo inventó; el mérito corresponde a Antonio Meucci, que construyó uno casi veinte años antes. Pero, en la práctica, la fecha realmente importante en la historia del teléfono es 1876, porque Bell logró lo que nunca pudo conseguir Meucci: que su invento sirviera para algo al comenzar a comercializarlo.

De igual modo, el hito realmente importante en la historia de internet no es 1969 sino el 30 de abril de 1995. Antes de ese momento, las redes de las distintas universidades e instituciones que lograban recibir el permiso para conectarse lo hacían a través del backbone o "columna vertebral" de la NSF, una agencia científica del Gobierno de Estados Unidos. Durante años lo peor que podías hacer en la red era darle un uso comercial, por más casero que fuera; vender tu coche de segunda mano era anatema. Sin embargo, en esa fecha, la infraestructura cambió y se descentralizó; acceder al backbone de la NSF dejó de ser imprescindible y las distintas redes pudieron conectarse a través de los llamados puntos neutros.

Este cambio, en apariencia mínimo, fue sin embargo el nacimiento de internet tal y como lo conocemos: una red mundial a la que todos podemos acceder y en la que podemos compartir recursos de todo tipo. Antes, las empresas que se conectaban debían firmar un acuerdo de uso con la NSF; debían ser autorizadas. Después del 30 de abril de 1995, simplemente debían conectarse con las demás. No existe libertad de hacer algo, por ejemplo, ser taxista, cuando debes pedirle permiso a papá estado; del mismo modo, fue en esa fecha cuando tuvimos verdadera libertad para conectarnos a internet. Y la aprovechamos. A finales de aquel año había 16 millones de internautas. Hoy, catorce años después, se estima que existen 1.669 millones, casi un cuarto de la población mundial.

Sin duda, Arpanet y los demás pioneros –especialmente Tim Berners-Lee, el creador de la web– merecen nuestro respeto y admiración por su trabajo, imprescindible para la existencia de la red de redes. Pero no debemos olvidar que si la red hubiera seguido formando parte del sector público, internet nunca hubiera existido. O sería una red aburridísima a la que sólo podríamos conectarnos desde la universidad, que para el caso es lo mismo.

¡Prevariquemos, coño!

Allí había dirigentes de diversos organismos, y un fino teórico de la promoción inmobiliaria que, por aquello de corresponder sus inquietudes intelectuales con la praxis, también ejercía el noble arte de la promoción. Era un hombre orondo y tenía entre los dientes un puro que apenas le cabía en la boca. En un momento de la comida decidió compartir con el resto de comensales el precipitado de su experiencia, el acervo sintético de esa combinación entre teoría y praxis que resulta en una síntesis perfecta, que se corresponde con la realidad hasta confundirse con ella. Aquel hombre dijo: "Si tú dices que un terreno mío se tiene que dedicar a parques y jardines, me hundo. Si dices que puedo edificar diez plantas, me forro. ¡Prevariquemos, coño, prevariquemos!".

¡Qué maravilla! En tres decenas de palabras nos había expuesto el filósofo, in nuce, todo lo que uno necesita saber sobre la corrupción. ¡Por supuesto! Resultaba que si los políticos tienen en su mano que el dueño de un terreno haga de él el uso más valioso posible o lo puede cercenar hasta dejarlo en la nada, lo que va de una decisión política a otra es un margen de beneficio, y por tanto de corrupción, enorme.

Una cuenta de la vieja hecha por El Mundo recoge un valor económico de la corrupción de 4.100 millones de euros en diez años, una cantidad ridícula (algo más de un millón de euros al día) en comparación con lo que nos diría un contable omnisciente. El diario incluye un "decálogo para que los corruptos no nos sigan saqueando" al que no merece la pena ni asomarse, a excepción de la sexta propuesta, la liberalización del suelo.

Porque ni el Código Penal ni la transparencia de los bienes de los políticos, ni dar (aún) más dinero a los ayuntamientos ni ninguna de esas consideraciones pueden nada contra el hecho de que un político, desde su despacho, pueda tomar una decisión u otra y que entre las dos pueda mediar la posibilidad de realizar, o no, un negocio de decenas de millones de euros.

No es que haya corruptos en la política. Es que hacer política con la economía es una forma de corrupción.

El precio de los “abajofirmantes”

Pero hay cosas que indignan todavía más. Por ejemplo, que a los sindicatos se unan para la foto los habituales "abajofirmantes" del mundo "cultureta". Ya saben, una panda de personas que sangran al resto de los ciudadanos vía subvenciones y vía cánones por copia privada va a quejarse de la situación en la que viven millones de españoles.

Su alegato a favor de un mayor intervencionismo, de la subida de impuestos y contra cualquier cosa que se parezca al sentido común tendrá un precio. Y aunque el acto de entrega del pago –consistente en estampar la firma del ministro de turno en alguna norma que amplía las subvenciones o impone cánones a más productos– lo haga algún miembro del Ejecutivo, lo pagaremos el conjunto de los ciudadanos. A los autoerigidos representantes de la cultura española no les gusta que nada de lo que hacen salga gratis, y no va a ser ZP quien se rasque el bolsillo.

Si dentro de unos días el Gobierno anuncia que seguirá los pasos de Francia y el Reino Unido y se cortarán las conexiones a los usuarios de redes de pares, nadie debería sorprenderse. Si, cuando hayan pasado unas semanas o meses, se emprende una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se incluye la vieja reclamación de la SGAE de imponer el canon a las conexiones a internet, nadie habría de asombrarse. Si directamente se impone un nuevo impuesto, por ejemplo a los accesos de banda ancha, para crear un fondo con el que subvencionar más cine o teatro español, estaría dentro de lo previsible.

Que nadie se engañe. El manifiesto de los "trabajadores de la cultura", por mucho que tengan poco de "trabajadores" y casi nada de "cultura", lo terminaremos pagando los ciudadanos. Lo firman no sólo por una ceguera ideológica que les impide ver que las fórmulas que propugnan tan sólo crean mayores niveles de pobreza. También lo hacen debido a que en ese mundo suyo, donde los propios méritos no cuentan y lo que vale es vivir de los demás sin merecerlo, estar cerca de un Gobierno que cree que el país es de su propiedad sale muy rentable.

Artistas contra su crisis

Así, un manifiesto sobre la crisis firmado por artistas por el hecho de ser artistas debería ser poco más que irrelevante. ¿Se imaginan un manifiesto de artistas sobre la física nuclear o sobre la química estructural? No, porque todo el mundo sería consciente desde un principio de que estarían haciendo el más espantoso de los ridículos.

Con la economía, sin embargo, los de la farándula parece que tienen barra libre. No digo que la profesión económica no haya contribuido mayoritariamente al descrédito y a la vulgarización de su ciencia, pero desde luego los errores de unos no justifican las barbaridades de otros.

Nuestros artistas consideran que la crisis es responsabilidad de haber dejado que "los capitales financieros y los mercados sean los únicos reguladores de las relaciones económicas" y de haber entregado absoluta libertad a los bancos para "incrementar artificialmente la deuda con tal de ganar más dinero". No se preguntan, claro, qué papel juegan en todo este tinglado los bancos centrales, esos monopolios públicos sobre la emisión de un dinero "de curso forzoso" (¡viva el libre mercado!) que no es ya que dejaran a los bancos privados incrementar su deuda en libertad, sino que les incentivaron a hacerlo colocando durante varios años los tipos de interés a niveles artificial y ridículamente bajos.

"¡Ah!", dirán los artistas, semejante plutocracia se debe a la "complicidad de las autoridades con los poderosos que controlan el dinero y las finanzas, esto es, la falta de una auténtica democracia". Gruesas palabras que una vez más no significan nada. ¿O acaso esperan que de haber sometido a votación popular las deliberaciones de los bancos centrales "el pueblo soberano" hubiese votado a favor de subidas de los tipos de interés? ¿Acaso el pueblo llano –y el no tan llano– no era el primero entusiasmado con que los bancos le ofrecieran hipotecas casi gratis? No deberían olvidar nuestros artistas que siempre que los bancos prestan dinero a alguien es porque ese alguien quiere endeudarse. ¿Hubo muchas reticencias al endeudamiento por parte de familias, empresas y administraciones públicas en España y Estados Unidos? No lo parece, habida cuenta de que no sólo el endeudamiento de los bancos, sino el de todos los agentes pasó a estar en máximos históricos.

Claro que quizá a las pobres clases proletarias no les quedó más remedio que endeudarse debido a la implementación de "políticas neoliberales basadas en reducir los salarios y la presencia del Estado, el gasto social y los impuestos progresivos para favorecer a las rentas del capital". El problema, vaya por donde, es que desde la Gran Depresión nunca los salarios, el peso del Estado y la presión fiscal fueron más elevados que en los diez años durante los que se gestó la crisis. 

Y si en enumerar las supuestas causas de la debacle nuestra "cultura" no ha estado muy acertada, a la hora de proponer recetas para favorecer la recuperación todavía han estado menos atinados: más gasto público, nuevas subidas de impuestos y más regulaciones públicas. Justito justito lo que está haciendo con gran éxito Zapatero para hundir nuestra economía so pretexto de reanimarla. Será por eso que Willy Toledo no ha firmado, de momento, el manifiesto de los artistas, demasiado moderadillo y ultracapitalista para un genuino izquierdista como él.

Pero en cualquier caso ahí tienen la variedad de alternativas de que dispone la izquierda. Más derroche, más expolios y menos libertad. En lo único en lo que difieren es en los grados. El tibio Zapatero logrará un 25% de paro y sus recetas, de aplicarlas, nos llevarían al 50%. Pero de recuperación y creación de riqueza, nada de nada.

Será, pues, que el arte tiene poco que ver con la ciencia económica. Claro que también cabe la posibilidad de que los artistas no estén haciendo economía, sino política. Ya conocen esa máxima que reza que "la política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros". En nuestro país, sin embargo, el mundo de la cultura ha conseguido con sus movimientos de ceja convertir la política en el arte de obtener el dinero de los pobres y el voto de los ricos para proteger a los segundos de la libre competencia de los primeros. ¿Entienden ya por qué no les gusta el mercado? Ahí afuera hace mucho frío como para ponerse a ganar el pan honradamente sirviendo a los consumidores.

Inmigrantes, fuera

Por ello, la relación de la izquierda con lo que ella misma ha venido a calificar como "colectivos" no deja de ser esquizofrénica: nunca dudó en aplastar y purgar a las mal llamadas "minorías" con tal de construir su paraíso socialista pero hoy, desde el poder, se erige como su mayor protectora.

En realidad, a los políticos, y especialmente a los socialistas, sólo les interesa cosechar papeletas y la supuesta "tolerancia" de la que hacen gala no es más –por desgracia– que una máscara en el teatro electoral. Sin embargo, cuando la miseria aprieta, no vacilan en exhibir su auténtica naturaleza intervencionista y dirigista.

No voy a entrar a considerar si los socialistas son o no racistas porque, como en todas partes, habrá personajes de todo pelaje. No obstante, sí podemos afirmar sin temor a caer en el reduccionismo, que el socialismo lleva grabada en su ADN la oposición radical a los mercados abiertos y, en especial, a la libertad de movimientos de personas, capitales y mercancías. Y me refiero a mercados realmente abiertos, no a camelos como la Unión Europea, esa unidad política que guarda mayores parecidos con un cartel estatal en contra del libre comercio frente a los países extracomunitarios que con un genuino desarme arancelario.

Así, los mismos que prometían "papeles para todos" apelando a la dignidad de unos inmigrantes que sólo trabajan "allí donde los españoles no querían hacerlo", salen ahora a la calle para clamar por su expulsión o directamente para dispersarlos a través de "piquetes descontrolados", sintagma que suena más a mafia deambulante que pasa a recolectar su mordida.

Pero eso y no otra cosa son los sindicatos: grupos de presión de trabajadores que pretenden construirse su particular coto laboral –generalmente a través de los privilegios estatales– con tal de inflar artificialmente sus salarios a costa de la supervivencia de la economía. Son rentistas que no viven de satisfacer a los consumidores, sino de extorsionar a quienes sí los satisfacen.

Y el campo no va a ser una excepción: los inmigrantes están dispuestos a trabajar por unos sueldos que estos bien aposentados españoles rechazan. Por supuesto, estos nuevos burgueses del puño en alto ni se niegan a adquirir los baratísimos bienes que producen los inmigrantes ni se preocupan por buscar otras vías para satisfacer al resto de consumidores que no sea cargarse a la competencia.

La lógica, por tanto, les lleva a volver a sus orígenes: la tierra para quienes la trabajan pero, especialmente, para los españoles; que no vengan de fuera a quitarnos el empleo; que primero hemos de atender las necesidades de los nacionales y bla, bla, bla. La misma retórica sindicalista de siempre que, casualidades de la vida, coincidía con la del rancio ultraderechismo. Ni siquiera se les ha ocurrido pensar que el número de puestos de trabajo no está dado, sino que el ahorro de costes derivado de los bajos salarios de los inmigrantes nos permite generar riqueza en otras áreas para contratar a otros inmigrantes y a otros españoles.

Idéntica retórica reaccionaria, pues, a la de quienes se preocupaban de que la Revolución Industrial empobrecía a la población por sacarla de unos campos donde tenían que trabajar de sol a sol para vivir en la más absoluta miseria y acabar muriendo en alguna de esas recurrentes hambrunas que tanto temía Malthus. Nada de que extrañarse. El erial intelectual del que nace la idea de un Edén primitivista siempre se ha basado en lo mismo: los que sobran deben desaparecer. No es la escasez la que debe reducirse para adaptarse a las necesidades humanas, sino que son las necesidades humanas las que deben constreñirse al estado de nuestra pobreza. Progreso, lo llaman.