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Primero Grecia, después España

El nuevo Gobierno socialista griego ha confirmado a Bruselas que terminará el año con una descuadre próximo al 12% del PIB, frente al 3,7% previsto por el anterior Ejecutivo. "El juego se ha terminado. Necesitamos estadísticas serias", espetó Juncker ante el evidente engaño que suponen tales cifras.

Pues bien. España será la siguiente en sufrir el varapalo de Bruselas. Como todo, la paciencia de nuestros socios comunitarios tiene un límite. La negación de la crisis primero y la incompetencia política después amenazan con provocar uno de los mayores desequilibrios presupuestarios de la historia reciente de España.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 bien pueden suponer un punto de no retorno. Hagamos memoria. Septiembre de 2008. El entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, presenta unos PGE irreales, ya que prevén un déficit público del 1,5% para 2009. Por desgracia, el año cerrará con un déficit muy próximo o, incluso superior, al 10% del PIB. Así pues, España cuenta, junto con Grecia, con unas estadísticas de broma –más bien de risa–, según la perspectiva de Juncker.

Y al igual que ahora hace Salgado, Solbes también vendió los Presupuestos como los "más austeros" en muchos años. Una de dos, o bien el Gobierno mantiene su estrategia de engaño masivo, o bien se ratifica como el equipo ministerial más incompetente de la democracia. La elaboración de unas cuentas públicas irreales conlleva graves consecuencias para los contribuyentes de un país.

Y es que, si el Gobierno vuelve a fallar en sus cálculos, y todo apunta a que sí, la brecha fiscal, lejos de recortarse, se agrandará aún más en 2010. España seguirá, pues, violando el Pacto de Estabilidad Presupuestaria, de obligado cumplimiento para ingresar y permanecer en el euro, en 2011 e, incluso, 2012. Es decir, un déficit y una deuda pública superior al 3% y al 60% del PIB, respectivamente.

De hecho, según los PGE, la deuda superará el 62% del PIB en 2010. ¿Problema? El Fondo Monetario Internacional eleva esta cifra hasta el 80%, mientras que el propio secretario general de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, Luis Espadas, aún va más allá y admite que podría llegar "fácilmente" el 90% del PIB si no se reconducen las cuentas públicas en los dos próximos años. Los Presupuestos para 2010 no reducen el gasto, lo aumentan, y además inflan los ingresos fiscales, con lo que el necesario reequilibrio fiscal será imposible,

A falta de un drástico plan de choque consistente en eliminar partidas presupuestarias al completo, los españoles pagarán con el sudor de su frente –vía impuestos– una deuda pública en constante crecimiento. Tan sólo un dato: el pago por los intereses de la deuda del Estado ascenderá a 23.200 millones de euros (el 2,21% del PIB) en 2010. Y eso, con una deuda estimada del 62,5% del PIB y sin contar el más que seguro encarecimiento de la financiación a partir de 2010. 

Esto significa que mientras familias y empresas se aprietan el cinturón para reestructurar sus balances y seguir a flote mientras sube la marea, el Gobierno está esquilmando los escasos recursos de que disponemos aumentando la deuda pública hasta un nivel insostenible. Un creciente volumen de ingresos fiscales irá destinado al pago de la deuda por lo que, tarde o temprano, el Gobierno tendrá que optar por subir los impuestos, una vez más, o recortar los servicios públicos. De donde no hay no se puede sacar. El Ejecutivo socialista sigue con la venda puesta en los ojos, no así nuestros socios comunitarios, que ya amenazan con tomar cartas en el asunto. En Grecia ya se ha encendido la luz roja. ¿Cuándo le llegará el turno a España? Es cuestión de tiempo.

¿Para qué sirven los presupuestos?

De este modo, el Gobierno debía justificar de antemano de dónde obtendría los recursos y a qué los destinaría, no pudiendo desviarse ni un milímetro de semejante declaración.

El keynesianismo y su insaciable recurso a la deuda pública, sin embargo, enterraron esta constringente finalidad del presupuesto. De límite a la acción arbitraria del Gobierno se convirtió en un instrumento de "política económica" destinado a "estabilizar" la economía, recurriendo, no al pago religioso de impuestos que repercute con severidad y realismo sobre las generaciones presentes, sino a la adicción a un endeudamiento que traslada y diluye el coste entre las generaciones futuras.

Así, el sarao que durante estos días se celebra en el Congreso de los Diputados difícilmente va a parir un documento que refleje en alguna medida la realidad y las previsiones de futuro. El debate presupuestario es un inútil ritual donde todos mienten y todos saben que mienten. Desempeñan su papel de (irresponsables y falsos) representantes del pueblo que debaten durante largas y tediosas sesiones como si les fuera algo en ello, como si les importara lo más mínimo la fuente y el destino de esos 150.000 millones que arrebatan cada año a los sufridos contribuyentes.

De nada sirven unos presupuestos que no se conciben para ser cumplidos sino, precisamente, como una formalidad que le permita al Gobierno hacer de su capa un sayo. Lo que buscan es aprobar un documento que nazca ahogado en las milmillonarias emisiones de deuda que ya tiene pensado acometer Zapatero. De nada sirven porque aunque se cumplieran, nuestro país –todos nosotros– estaríamos condenados por esta casta política a seguir despeñándonos por el precipicio.

Merece la pena recordar en este punto dónde está nuestra economía: nos hemos endeudado hasta decir basta durante casi una década con el extranjero para especializarnos en construir bloques de hormigón a precios que casi hicieron palidecer al Palacio Imperial de Tokio. Ahora, cargamos que el peso de una deuda que esperábamos amortizar vendiendo inmuebles a los inocentes guiris y que, sorpresa, ya no tenemos manera de minorar salvo reduciendo drásticamente nuestro consumo, aceptando sueldos menores, recortando los precios de los bienes y servicios que vendemos al extranjero y, sobre todo, permitiendo que el valor de las viviendas se hunda hasta niveles que hagan rentable reutilizar en otras actividades todos esos cementerios de ladrillo. En otras palabras, ahorro, austeridad y tocar con los pies al suelo para captar los recursos que nos permitan, primero, amortizar nuestro elevadísimo endeudamiento y, segundo, reorientar nuestra estructura productiva.

¿Y qué nos ofrece el Gobierno para ello? Gasto, gasto, gasto y más impuestos. Fantástica receta para pulirse el escaso ahorro que hemos ido generando gracias a nuestros sacrificios y para impedirnos que repitamos experiencia en el futuro debido al estallido cada vez más inminente de nuestras obligaciones tributarias.

Dispendios que para más inri van a parar en dos direcciones, a cada cual peor: la primera, a recolocar a los pobrecitos constructores que adictos al cemento sólo quieren cambiar el adjetivo del sector en el que trabajan, obra privada por pública; la segunda, en mantener con aguinaldos a unos cinco millones de desempleados a los que el propio Gobierno y sus amados sindicatos impiden trabajar por puro sectarismo ideológico. No sólo, pues, el Estado nos obstaculiza la reducción de nuestro insostenible endeudamiento, sino que además se dedica a impedir que la economía se reestructure y a tapar los agujeros que él mismo abre con contumacia.

Tenebroso panorama al que este sainete del Congreso sólo puede hacerle honor. Una economía moribunda a la que nuestros políticos se encargan de propinarle la puntilla, tanto en el fondo como en las formas.

La paralela

Sin embargo, los datos conocidos confirmaron los presagios de que toda esta fanfarria ocultaba una simulación desde el principio y abrieron todavía más interrogantes.

Si se toman en serio, conducen a la conclusión de que ciertos ministros y secretarios de Estado se encuentran en quiebra. Una situación que debería llevar a la inmediata dimisión o cese de unos individuos cuya confesada prodigalidad les deja a merced de un conflicto de interés permanente con sus cargos.

Si se desciende al detalle cualitativo, se observa que no se publica una lista de bienes inmuebles concretos, sino tan solo su valoración "para salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares".

Este pretexto resulta contradictorio con los postulados del derecho registral hasta ahora conocido, el cual aspira a dar publicidad a las titularidades de los inmuebles existentes en España en aras de proteger la seguridad jurídica. Por otro lado, aunque la inscripción del dominio en el registro de la propiedad no es obligatoria, de hecho la proliferación del crédito hipotecario y las ventajas concedidas a la publicidad registral han convertido en raras excepciones los bienes inmuebles no inscritos. De acuerdo a esos presupuestos, cualquier interesado en adquirir una casa que cree de tal o cual ministro, pongamos por caso, puede conseguir esa información del registro de la propiedad que corresponda. ¿Se va a reformar también la legislación registral para ocultar esa información?

Otra invitación al fraude que se concedieron los promotores de un registro de bienes que tan solo refleja su valor –peculiar, eso sí– consistió en permitir la omisión de la declaración por parte de sus cónyuges, la cual aprovecharon todos ellos, tal vez paralizados por la timidez. Esta circunstancia bastaría por sí sola para invalidar estas declaraciones, ya que los matrimonios, incluso los que siguen el régimen económico de separación bienes –o los novios estables–, tienden a una comunicación muy fluida de sus patrimonios.

Por si lo anterior fuera poco, como sarcástico colofón, la publicación parcial de las declaraciones puso de manifiesto que el reglamento –la sombra de Romanones planea siempre sobre la casta política española– introdujo la precisión de que los bienes inmuebles tomarían el valor catastral que la administración de Hacienda les asigna. Como se sabe, este criterio subestima a propósito el valor real de los bienes inmuebles, aunque descontemos los efectos de la burbuja inmobiliaria.

De este último truco debieron tomar buena nota los miles de contribuyentes sometidos a expedientes de comprobación de valores por no declarar el precio de mercado como base imponible de los impuestos sobre el patrimonio, transmisiones patrimoniales e IVA, tal como lo valora la administración. Una vez suprimido el gravamen sobre el patrimonio –aunque no la obligación de presentar declaración– el incumplimiento de esa obligación de consignar el valor real en las transacciones sujetas a imposición supone que la administración tributaria competente gira la correspondiente liquidación paralela y, en determinados casos, puede imponer una sanción.

En definitiva, pocas veces se puede presenciar una burla que deje tanto rastro en el propio boletín oficial. Evidentemente, los urdidores tienen una gran confianza en que no va a producirse una suerte de comprobación parlamentaria de valores y una simbólica liquidación paralela. ¿Por qué será?

¿De qué se ríe Elena Salgado?

La mentalidad socialista es incapaz de identificar cuáles son los mecanismos que permiten la creación de riqueza, así que su único objetivo cuando se debaten las cuentas públicas es introducir la consabida dosis de demagogia para dar una imagen "social". También en este apartado la ministra Salgado ha roto el techo de estolidez político-económica, con afirmaciones tan pasmosas como que las políticas "neoconservadoras" (sic) son las que han originado la crisis, espantajo tan manido que resulta grotesco incluso para un Gobierno tan falto de escrúpulos como el de José Luis Rodríguez Zapatero.

La política económica plasmada en los presupuestos generales del Estado para el año próximo es el certificado de defunción de las clases medias, sobre las que va a recaer (ya lo está haciendo) el peso del despropósito organizado por Zapatero y su ministra de Economía, por cierto, desecho de tienta al que ZP ha tenido que recurrir en última instancia ante la huida en masa de los que aún tienen cierto sentido común y algunos conocimientos en la materia dentro del PSOE.

Con el gasto público disparado, la actividad económica en recesión y las cifras de paro aumentando vertiginosamente, la receta del Gobierno es subir los impuestos para seguir gastando porque, dicen, es lo más social. Los sindicatos están de acuerdo, claro, porque, como Zapatero, opinan que lo que debe hacer un Gobierno no es permitir la creación de riqueza y empleo por parte de los empresarios –los únicos capaces de generarlos–, sino mantener los subsidios de todos los que pierden su trabajo, siempre y cuando no se toquen las partidas establecidas para financiar a las organizaciones sindicales, de cuya buena salud financiera depende, al parecer, el futuro de España.

Vamos hacia el desastre ante la mirada risueña de Zapatero y Salgado, ambos encantados de haberse conocido. Los primeros minutos de la respuesta de la vicepresidenta a Rajoy han sido definitivos para conocer el verdadero nivel de nuestra responsable económica. Cinco minutos de balbuceos sonrientes hasta que consideró llegado el momento de recurrir a la palabra "neoconservador", momento en el cual la bancada socialista casi se viene abajo de la misma euforia. Qué nivel Maribel.

Lo que se viene abajo, además de los escaños sociatas, es el presente de las clases productivas y el futuro de nuestros hijos, entre el aplauso de un partido desnortado que sigue apelando a las consignas de siempre para disimular su ineptitud proteica en todo lo que se refiera a la economía. Pero Elena Salgado no pierde la sonrisa. Quizás es que, para los socialistas, el ver irse a pique a un país entero condenando a la pobreza a un tercio de la población productiva es un espectáculo muy divertido.

Limiten a cero el tamaño del FMI

El caso de Islandia en octubre de 2008 demuestra que no todo sistema bancario puede ser rescatado, especialmente cuando su tamaño es varias veces superior al del PIB de una economía: simplemente, el Gobierno no puede captar ni vía impuestos ni vía deuda los recursos suficientes para recapitalizar a las empresas concursadas.

Por este motivo, diversos economistas están proponiendo limitar el tamaño de las empresas: que no haya ninguna demasiado grande como para que no pueda ser rescatada. En concreto, el FMI ha sugerido restringir el tamaño de los bancos, pues en la reciente crisis ha sido la bancarrota de Lehman Brothers –la mayor en la historia de Estados Unidos– la que disparó un proceso de contracción crediticia que hasta ese momento sólo se había producido de manera atemperada.

En principio, la idea puede parecer lógica: si los bancos son pequeños, no podrán hacer mucho daño. Olvidan, sin embargo, los del FMI que lo importante no es el tamaño de las empresa, sino de la industria. Hay industrias donde es más eficiente que haya muchas compañías muy pequeñas que unas pocas muy grandes –esencialmente allí donde ninguna empresa ofrece ninguna ventaja diferencial en su producto con respecto a las restantes y no existen economías de escala– y viceversa.

En el caso de los bancos, y en general en todas las industrias de red –aquellas donde todas el servicio que prestan las compañías a sus usuarios depende en buena medida de sus interrelaciones–, suelen aparecer empresas de gran tamaño que actúen como intermediarios o market makers. Cuanto mayor sea el tamaño de estas empresas, mayor capacidad poseen para coordinar a sus clientes y beneficiarles del efecto red: si un madrileño quiere sacar dinero en un cajero de Praga tendrá que acudir a un banco que esté en Madrid y en Budapest o bien a un banco praguense que esté asociado de alguna manera con uno madrileño a través de alguna compañía que proporciona esta infraestructura. Lo mismo sucede si queremos comprar acciones de compañías checas o hacer una emisión de deuda en Shangai.

Para prestar esos servicios es, pues, imprescindible que exista una red, que puede ser tanto interna a la propia empresa (el cable de Telefónica) o externa a la misma (el servicio de pago por tarjeta que ofrecen los comercios gracias a VISA). Dicho de otra manera, si el FMI impide que que sean las propias empresas las que proporcionen a sus clientes sus propias redes y que crezcan merced a ellas, tendrán que recurrir a redes externas provistas por otra empresa. No tendremos, por consiguiente, un sector financiero más pequeño, sino uno más atomizado con redes externas.

Pero poco o nada ganaremos con ello si es fruto de la imposición estatal. En Estados Unidos, el número de bancos fue históricamente muy elevado debido a las prohibiciones para abrir sucursales en otros estados. Pero ello no evitó la Gran Depresión. En 1929 el número de bancos era de alrededor de 25.000 y en 1934 apenas llegaba a a 15.000. En cambio, en 2006 el número de bancos era de 7.401 y a finales de 2008 todavía se mantenía en 7.086. En 1929 había muchos bancos muy pequeños y, por consiguiente, quebraron muchos de poco tamaño; en 2006, había pocos muy grandes y, por consiguiente, quebraron pocos de gran tamaño.

En una crisis financiera, lo que se tambalea son porciones de la industria –su tamaño relativo dentro del sistema económico–, no empresas concretas –su número absoluto. Si el FMI quiere limitar los ciclos debería preguntarse más bien por qué el conjunto del sector financiero tiende a sobredimensionarse tanto durante los booms económicos y luego se paraliza durante las crisis.

La respuesta ya la sabemos: la fuerte expansión crediticia que llevan a cabo los bancos endeudándose a corto e invirtiendo a largo les permite prestar cantidades de dinero muy por encima del ahorro real de una sociedad. Por ahí tendría más sentido la reforma: impedir que haya crédito no respaldado por ahorro. Sin duda, con esta medida el tamaño de la banca en general sería mucho menor y las crisis se reducirían a su mínima expresión. Pero ay, entonces habría que comenzar por cerrar los bancos centrales estatales y, entre ellos, el banco central de los bancos centrales: el Fondo Monetario Internacional. ¿No se preocupa esta institución por su propio tamaño y por los irresponsables préstamos que ha extendido en los últimos meses a países del todo insolventes?

Cadáveres emergentes

Es sorprendente que no considere la posibilidad que esos 2,3 puntos de diferencia en dos semanas tenga que ver con el margen de error de la anterior encuesta, o con la actual, realizada a medio millar de almas, lo que permite un margen de 4,5 puntos. El hecho de poner una cifra con decimales no la convierte en exacta, cuando lo exacto sería advertir al lector de que, en realidad, el propio periódico no sabe si sus resultados son significativos o no.

El País titula: El ‘caso Gürtel’ pasa factura al PP. Por ejemplo. Porque el margen de error le permite titular, apoyándose en las mismas encuestas, la de este domingo y la de hace dos semanas, así: El ‘caso Gürtel’ no pasa factura al PP.

Pero más allá de las medallas que se quiera colocar en el pecho el diario de Prisa, hay una idea que resulta difícil de evitar cuando uno lee sobre este caso. Y es que es imposible que no hubiera una mínima sospecha, una filtración por parte de un alma caritativa, una llamada de atención desde los aledaños de la dirección del PP. El olor a muerto ha tenido que subir hasta la séptima planta de Génova, 13.

Vista la actitud de Rajoy y su equipo, uno se pregunta cuántos cadáveres quedan por emerger. Este no tiene por qué ser el único, ni el último. Mala estrategia. Cuando uno se enfrenta al poder, al poder de verdad, tiene que tener el jardín a prueba de las tuneladoras de Gallardón. Porque cualquier tolerancia con la corrupción la acabará pagando.

El Gobierno tiene todos los medios en su mano, y no vacilará en ir acumulando esos cadáveres para convertirlos en zombies cuando más le convenga. Rajoy hará bien en tomar una actitud firme ante las corruptelas circundantes, pues de otro modo el vídeo de campaña del PSOE se parecerá al Thriller de Michael Jackson.

No es un derecho fundamental

Pero a otros nos parece una tremenda tontería que demuestra una vez más la prepotencia de los políticos y que, en realidad, no crea una situación legal muy diferente a la que puede existir dentro de poco en España sin que se hable de derecho y sí se utilice la expresión (algo menos grandilocuente) de "servicio universal".

Por mucho que los poderes de los Estados pretendan que pueden hacerlo, ellos no tienen capacidad de crear derechos, y mucho menos esos que se suelen llamar "fundamentales". A lo sumo tienen capacidad de reconocerlos, puesto que los verdaderos derechos son previos a la acción estatal (que tiende a restringirlos aunque se pretenda lo contrario). Los auténticos derechos son esos que, como la vida, la libertad de expresión o la propiedad, no requieren de una acción estatal para ejercerse. Los restantes, por mucho que se empeñen en ponerles el mismo nombre, son otra cosa.

Para que alguien pueda decir lo que le plazca no es necesario que el Estado se gaste un euro. De hecho lo que cuesta dinero público es, como ocurre en las dictaduras, crear mecanismos que impidan el ejercicio de esa libertad. Sin embargo, llevar un ancho de banda determinado hasta la última casa de un país sí supone un gasto para alguien distinto del que va a disfrutarlo, ya sea el Estado o la compañía privada a la que se le obligue a hacerlo. No estamos, pues, ante un derecho.

Considerar además que la conexión a internet es un derecho fundamental es una estupidez supina. Equivale a pretender que si el Estado no asegura un acceso a la red a determinada velocidad está actuando de forma similar a cuando priva a alguien de libertad sin un proceso judicial adecuado, ejerce la censura o utiliza sus recursos para acabar con la vida de alguien. Eso es, simplemente, tremendo.

Los efectos reales de este nuevo derecho otorgado por el prepotente Gobierno finlandés además no son para tanto. No parece que vaya a regalar las conexiones. Más bien suena a que impondrá a las operadoras la obligación de ofrecer la banda ancha en cualquier lugar del país. No es muy distinto de lo que busca el Ministerio de Industria español. Hasta ahora la telefonía con acceso a internet está incluida dentro del "servicio universal" (tiene que llegar a todos los puntos del país) que Telefónica está obligada a prestar, pero no la banda ancha. Ahora el departamento que dirige Miguel Sebastián pretende introducirla.

El resultado del cambio propuesto por Industria sería el mismo que el del decreto finlandés, pero sin querer ir de creadores de derechos. Por cierto, que en ambos casos hay muchos perjudicados. Llevar la banda ancha a lugares remotos cuesta dinero y eso termina repercutiendo en la factura de todos los consumidores, no sólo en los que deciden vivir en medio de la nada.

Un recado para Zapatero

Por supuesto que ni el presidente del Gobierno ni su ministra de Igualdad se darán por aludidos, pero eso no significa que la concentración ciudadana carezca de utilidad. Antes al contrario, desaparecido el partido de la oposición en los asuntos polémicos como éste, se hace más necesario que nunca un gesto de la sociedad civil para decirle a Zapatero que no aceptamos imposiciones de tal gravedad sin, al menos, manifestar nuestro firme rechazo en la calle.

La reforma de la ley del aborto, llamada eufemísticamente de "salud reproductiva", además de un atentado contra la vida humana constituye un ejemplo perfecto de la doble vara de medir del socialismo cuando se trata de "velar" por nuestro bienestar.

Una de las razones esgrimidas por la ministra para justificar la redacción de esta ley es el número creciente de abortos que se producen en España, situación que los socialistas consideran inaceptable y razón por la cual estiman conveniente facilitar más aún el acceso a este servicio mortuorio con cargo a la Seguridad Social. Sin embargo, cuando se trata de reducir el número de fumadores el Gobierno hace todo lo contrario, restringir al máximo el derecho de los ciudadanos a ejercer nuestro derecho a fumar. Por otro lado, si un político propusiera rebajar la edad para comprar tabaco hasta los dieciséis años la tormenta mediática lo fulminaría de inmediato, pero tratándose del aborto todos nos felicitamos de que también las niñas puedan ejercer ese "derecho" a cuidar su "salud reproductiva" sin consentimiento de sus padres, no sea que la hagan cambiar de opinión.

Esta reforma legal no va a reducir el número de abortos practicados en España sino que lo previsible es que se dispare de forma exponencial, que por otra parte es lo que corresponde a una sociedad tan exenta de resortes morales como la nuestra. Más de cien mil seres humanos son asesinados anualmente en el seno materno de la forma más cruel entre el aplauso de la izquierda, que considera esta salvajada un excelente vehículo para caminar por la senda del progreso iniciada tras la llegada de Zapatero al poder.

No sabemos si la manifestación de este sábado será o no un éxito, pero si al día siguiente los medios afectos al PSOE acusan a los curas y la derechona de haber organizado esta revuelta pacífica contra una decisión legal del Ejecutivo, podremos estar seguros de que el Gobierno, con ZP a la cabeza, ha acusado el rejonazo. Al menos esa satisfacción no nos la va a quitar nadie.

Un patrimonio muy clarificador

En esencia, comprendo perfectamente que nuestros políticos estén llevando al país a la quiebra y que se hayan dedicado a los dignísimos oficios públicos: probablemente habrían salido apestados de cualquier compañía que no quisiera suicidarse, lo que obviamente excluye a los bancos de inversión del estilo Lehman Brothers o a estafadores profesionales como Madoff.

Veamos. Siete de los algo más de 40 cargos del Gobierno están técnicamente quebrados, esto es, el valor de sus activos es inferior al de sus pasivos. Si fueran una empresa privada deberían declarar el concurso de acreedores y probablemente no saldrían muy bien parados pese a la clara subvaloración catastral de los inmuebles. Destacan Antonio Camacho y Bibiana Aído; el primero debe 450.000 euros y apenas tiene un patrimonio de 114.000, la segunda debe 110.000 euros y todos sus activos están valorados en tan sólo 38.000.

Después de ver estas cifras me sorprende que durante meses nuestros socialistas negaran que en España hubiera hipotecas subprime. ¡Si precisamente las tenían todos ellos concentradas en sus patrimonios! Es simplemente inexplicable cómo los bancos nacionales –tan independientes ellos de las influencias políticas– han concedido préstamos tan superiores a las garantías que nuestros gobernantes pudieron aportar.

Extraordinario, con todo, es el caso de Zapatero. Tras 18 años de diputado culiparlante y casi seis de presidente del Gobierno, apenas acumula un patrimonio de 210.000 euros… ¡y todo ello tras pedir prestados 80.000 al banco! Echemos unas pocas cuentas. Si un diputado raso cobra en torno a 60.000 euros anuales –media generosamente conservadora– y un presidente del Gobierno unos 90.000 –media todavía más generosa–, Zapatero se habrá embolsado desde 1986 alrededor de millón y medio de euros provenientes de las arcas públicas. Torrente de ingresos que sólo le han servido para ahorrar apenas 130.000, esto es, menos del 10% de todos sus ingresos. ¡Y ello a pesar de que como presidente del Gobierno tiene pagados todos los gastos de vivienda, alimentación o transportes!

Inexplicable, pues, en qué se habrá fundido el vallisoletano casi millón y medio de euros. Aun siendo conscientes de que sacar una familia adelante y llenar el armario de cinturones de Hermés resulta muy costoso, en este caso parece excesivamente gravoso. Aunque, como decía, tal monumental despilfarro, que a duras penas podrían igualar los muy faltos de escrúpulos capitalistas estadounidenses que utilizaban billetes de 100 dólares para liarse sus cigarros, explicaría que esté gestionando la Hacienda Pública a imagen y semejanza de su hacienda personal. Si Zapatero ha aplicado a su vida la máxima de que a lo loco se vive mejor, no resultaría extraño que, en aras del bien común, nos la quisiera imponer al conjunto de los españoles hipotecando a cambio de cuatro zanjas mal cerradas el futuro de los nietos de nuestros nietos.

Normal, pues, que tan excelentes gestores, que pese a cobrar los sueldos más cuantiosos de España en relación con la utilidad de sus tareas han conseguido situarse al borde de la bancarrota, no hayan encontrado acomodo en ninguna empresa privada que merezca tal nombre. Puede que como buenos socialistas tengan interiorizada la máxima de que todo capital tiene que desaparecer –empezando por el propio–, pero probablemente los accionistas de la compañía donde pudieran ser contratados no estén muy de acuerdo.

Claro que tan raquiticos patrimonios también puede servirnos para comprender por qué no se les han caído los anillos a la hora de subir la tributación a los ricos de este país y de perseguir a los paraísos fiscales. Si según tan pulcra y detallada declaración patrimonial apenas perciben rentas del capital, ¿acaso han de temer algo? ¿O más bien cabe temer que la fiabilidad de su declaración tributaria será la misma que la de sus bienes y derechos patrimoniales? Si es que ya se sabe: los ricos no pagan impuestos porque cuentan con los suficientes asesores como para acogerse a cuantas lagunas legales haga falta para enmascarar su riqueza. ¡No digamos ya quien redacta las normas fiscales!

El auténtico fraude de la Seguridad Social

A este respecto, son muy interesantes las conclusiones a las que ha llegado Patricia Bayley del Institute for Media and Enterteinment de la escuela de negocios IESE:

  1. "La tecnología para la televisión online está lista": Totalmente falso. El ancho de banda necesario para la transmisión de contenidos digitales en calidad similar a la televisión y películas aún dista del necesario. Se espera que para 2013 el tráfico global de consumo de contenidos de este tipo sea del 91%. Pero la inversión en infraestructura aún no va a la velocidad de la demanda.
  2. "La publicidad de televisión online financiará los costes operativos y dará beneficios": Probablemente falso. Prometedores proyectos como Hulu.com generan menos beneficios de lo proyectado inicialmente. Los dólares de inversión publicitaria que inicialmente se pensaba que irían desde los medios tradicionales (radio y papel) a internet, no están llegando como se preveía. Según eMarketer, la inversión en vídeo significará un 11% de la inversión publicitaria online y un 5,5% de la TV para el año 2013.
  3. "Los consumidores pagarán por la televisión online": Probablemente cierto. El operador de cable y medios Comcast Corporation ha comenzado una prueba con TV Everywhere, que ha sido aceptada de forma positiva por un 73% de los suscriptores. La conveniencia de poder disponer del contenido en cualquier sitio ha sido la opción valorada como más ventajosa.
  4. "La gente esta dejando la TV tradicional por la TV online": Totalmente falso. Los consumidores aún pasan el 67% de su tiempo frente al televisor y más sorprendente aún, el consumo de la TV tradicional domina en la franja de 18 a 24 años.
  5. "Los adolescentes son los grandes consumidores de Internet y televisión por cable": Totalmente falso. La franja de 45 a 54 años es la que más consume: 9,5 horas por día.
  6. "Los consumidores evaden la mayoría de la publicidad que ven": Totalmente falso. Según el Council for Research Excellence, los consumidores interactuan un 44% más con anuncios online y por otro lado, los televidentes tradicionales aún están expuestos a 72 minutos por día de publicidad, desmitificando la creencia de que todos los consumidores hacen zapping sólo para evitar la publicidad.

Las conclusiones de Patricia son discutibles pero están apoyadas en datos y no en mitos construidos en el aire. Necesitamos más estudios como éste para poder comprender cómo está transformando internet las diferentes industrias y lo más importante, a las personas.

A los que les interese profundizar en las conclusiones, el estudio completo se puede descargar aquí.