Caer ocasionalmente en la tentación, dado que la carne es débil y todo eso, es ser incoherente, sí, pero no necesariamente hipócrita. Es necesaria, por tanto, una violación más a fondo de los principios que se proclaman para tildar a una persona o una organización de hipócrita. Como la que comete Google.

Por más que algunos defensores de la neutralidad en la red como Enrique Dans aseguren que Google lleva este concepto integrado en su ADN y que el comunicado de la empresa en respuesta a las acusaciones del Wall Street Journal supone un desmentido en toda regla, lo cierto es que el gigante de las búsquedas no ha hecho sino confirmar punto por punto las acusaciones del diario neoyorquino. Lo único que viene a decir es que lo que está haciendo no viola la sacrosanta "neutralidad en la red". Y eso, lamento decirlo, es sumamente hipócrita.

No estoy para nada en contra de lo que está planeando hacer Google, como tampoco lo estoy de que una empresa como Akamai (que cualquiera puede contratar para que sus usuarios vean sus páginas más rápido) lleve ya tiempo haciendo lo mismo. Alojar servidores caché propios en los centros de datos de los proveedores de internet acelerará algunos servicios de Google, principalmente la descarga de vídeos de YouTube, y aligerará de peso el tráfico en las redes. Todos nos beneficiaremos de ello, incluso quienes no usen productos de Google, porque aumentará la velocidad de internet y reducirá la necesidad de inversiones de las operadoras; inversiones que al final terminamos pagando sus clientes.

Como recuerda Richard Bennet, la propia Google reconoce que quiere prohibir a los proveedores de internet "cobrar un recargo a los proveedores de contenidos que no sean clientes suyos", "priorizar el envío de paquetes de datos basándose en la propiedad o afiliación del contenido, o la fuente o destino del mismo" y "construir un ‘carril rápido’ que confine las aplicaciones y contenidos de internet a una porción de ancho de banda relativamente escasa y lenta". Si en los acuerdos de Google el dinero cambia de manos, se incumplirán los tres principios; si no, "sólo" los dos últimos. Y es que los servidores caché de Google supondrán un "carril rápido" que provocará que las aplicaciones y contenidos de internet que no le pertenezcan vayan relativamente más despacio y priorizarán su tráfico con respecto a los de los demás proveedores de contenidos de la red.

El lobbista de Google, Richard Whitt, se defiende con el argumento de que el acuerdo no impide a otras empresas llegar a convenios similares. ¡Sólo faltaría! Pero es que las hipotéticas violaciones de la neutralidad en la red por parte de los proveedores de internet que Google quiere prohibir tampoco tendrían por qué estar cerradas sólo a unos proveedores de contenidos. Whitt añade que el miedo es que las empresas de telecomunicaciones "cobraran por el envío rápido de ciertos contenidos a los usuarios y, al hacerlo, se pusieran a sí mismas en el negocio de qué contenido logra esa velocidad extra". ¿Y qué suponen estos acuerdos sino una forma de lograr el envío rápido de ciertos contenidos a los usuarios?

La única defensa real de que estos acuerdos no violan la neutralidad en la red es técnica: ciertamente todos los bits seguirán siendo "tratados iguales" en las redes. Pero los efectos prácticos para la competencia en internet son exactamente los mismos que si se concediera mayor prioridad a los bits de Google sobre los de los demás. Excepto para quienes apoyen la neutralidad sólo por defender una suerte de "pureza ingenieril" en la gestión de las redes, que igual hay alguno, y no porque teman ciertas consecuencias prácticas de violar ese principio, la postura de Google es una ruptura en toda regla de aquello que dice defender y por lo que ha creado un lobby en Washington. La empresa de Palo Alto ha generado una doctrina en la que violar la neutralidad en la red es admisible sólo cuando ella misma lo hace. Y su patética defensa no supone más que meras excusas de mal pagador.

No lo es. No hablamos de las Tablas de Moisés ni de las Leyes de Solón, ni de la codificación del Derecho Romano por Justiniano, ni de la Carta Magna Libertatum, ni nada que se asemeje. El texto de 1948 es un programa político sin voluntad de cumplirse en todo lo que tiene de bueno, y manipulable hasta el punto de justificar los ataques más directos a los Derechos Humanos.

El origen de la fe en que la persona tiene derechos inalienables está en el pueblo judío y aquello de que “El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios”. Esto supone reconocer una dignidad esencial en cada individuo. El cristianismo heredó ese valor supremo de la persona y lo hizo universal al extenderlo a los gentiles. Santo Tomás hizo suya la idea de Derecho Natural de Aristóteles y los estoicos y lo incardinó en la tradición de pensamiento cristiano, para que los profesores españoles de la Escuela de Salamanca la perfeccionaran para dar lugar al Derecho de gentes. Construyeron un pensamiento que, como dice Luis Suárez en un reciente libro, basaba los derechos de la persona en “vida, libertad y propiedad, con todos sus derivados”.

Esa tradición la recogió, engarzada con las libertades inglesas, la Constitución de los Estados Unidos con sus diez primeras enmiendas, y la Declaración de Derechos de Virginia. La de Francia bebe de las mismas fuentes, pero con un cariz muy distinto. Los derechos no le pertenecen a cada individuo en cuanto tal; no le son inalienables, propios e innatos, sino que le son otorgados en cuanto ciudadano, en cuanto sujeto de una Soberanía popular, luego nacional, que como se los otorgó se los puede retirar de nuevo o redefinir en cualquier sentido. Esta visión positivista y transformadora de los derechos es la que se rescribe, y muy mal, en la Declaración de 1948.

Pues lo que recoje no es ese poder exclusivo e inviolable que nace con cada persona y se dereva de su derecho exclusivo sobre sí mismo, no es esa breve lista de derechos del individuo en cuanto tal y que tiene un carácter eminentemente negativo. No. La Declaración Universal pretende ser fundamento de los derechos, y no mero reconocimiento de los que nos pertenecen esencialmente. E incluye derechos positivos, es decir, derecho a que el proceso político robe a unos para dar a otros ciertos bienes o servicios. La esclavitud frente al Estado y el robo son la clave del texto. E impone a los individuos el deber de obedecer al Estado. Si no me creen, lean el artículo 29: "Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas". Esto es lo que celebra todo el mundo.

Que no cuenten conmigo.