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Entre gángsters y marcianos

En medio de las reuniones con la industria eléctrica para estudiar los graves problemas que atraviesa el sector, el que fuera candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid dijo que "si no hay acuerdo [sobre la contribución de las empresas eléctricas a la eliminación del déficit tarifario] no habrá subida de la luz", a lo que añadió un chulesco "va totalmente en serio". Sólo le faltó decir que mandaría hacerles una oferta que no podrían rechazar.

Vayamos por partes para no dejarnos enredar. ¿Qué es eso del déficit tarifario? En este sector, intervenido hasta la médula, el Gobierno impone el precio de venta final de la electricidad al consumidor minorista. A su vez, los políticos añaden sobrecostes a las empresas eléctricas de tal modo que en ocasiones el coste que asumen por kilowatio producido es superior a lo que las empresas recuperan con la venta de la electricidad al precio fijado por la Administración. Esa diferencia entre lo que debería ser el beneficio "normal" y el que resulta de los sobrecostes impuestos constituye el déficit tarifario. El responsable de dos tercios de ese déficit es la subvención a las energías renovables totalmente ineficientes. Y no es moco de pavo. Hablamos de una deuda que a finales de este año rondará los 17.000 millones de euros –después de que en los últimos doce meses hayamos añadido otros 4.500 millones– y que mantiene en jaque a todo el sistema eléctrico español.

Pues bien, a pesar de que el Gobierno reconoce esta deuda y se ha comprometido a pagársela de alguna manera a las eléctricas, ahora que las cosas vienen mal dadas Sebastián quiere obligar a las empresas del sector a asumir parte del coste impuesto por la clase política. La única forma de que alguien renuncie a parte de lo que el Estado le debe es que éste le amenace tras agarrarle por las partes más íntimas. Y eso es precisamente lo que ha hecho Miguel Sebastián condicionando la subida de la tarifa –que él determina como si fuera un ser omnipotente– a la aceptación por parte de las eléctricas de tragarse parte del déficit tarifario que se les había prometido cobrar.

El ministro presenta este déficit como si fuese un meteorito que cae del cielo y a las empresas eléctricas como unas estructuras insolidarias que no quieren arrimar el hombro para evitar un desastre natural. Así se permite el descaro de afirmar que las compañías deben asumir una parte porque "no van a ser los consumidores los únicos que resuelvan el déficit". La verdad es que tiene algo de razón. Hasta cierto punto es injusto que el consumidor pague los platos rotos de un sobrecoste que no ha pedido (aunque sí se haya beneficiado del precio tasado). Por tanto, para que no paguen sólo los consumidores deberíamos exigir el embargo de todas las cuentas y bienes de los políticos que aprobaron este sistema eléctrico socialista que ha provocado el déficit tarifario. Y cuando a la casta gobernante no le quede ni un duro y al consumidor ya se le haya exigido un esfuerzo razonable a cambio del precio artificialmente reducido de la electricidad, habría que saldar cuentas con quienes se hayan forrando gracias a las subvenciones para producir tecnologías ineficientes que sólo recibían el apoyo político por ser las que más gustan a los ecologistas.

Mientras tanto, al portavoz de industria del Partido Popular en el Congreso, Antonio Erias, sólo se le ocurre proponer la congelación de las tarifas eléctricas en 2009. ¡Como si eso fuese a solucionar el problema! Si los que gobiernan son gángsters, los otros deben de ser marcianos, porque parecen estar en otro mundo. Acusan al Gobierno de "no apoyar a los consumidores en algo tan importante como el consumo eléctrico" si se suben las tarifas. Al fin y al cabo, ¿qué íbamos a esperar? Si resulta que hasta Esperanza Aguirre, que dice ser la más liberal entre los populares, se ha llegado a dar la mano con el ecologismo radical para oponerse a la construcción por parte de Electrabel de una limpísima y verdísima central de ciclo combinado en Morata de Tajuña.

Si los ciudadanos no empiezan ya a pedir voz en la política energética, el panorama seguirá siendo igual de desolador. Gángsters y marcianos se alternarán en el poder mientras los individuos de a pie asistiremos a oscuras a tanta demagogia.

Hay que parar a la SGAE

Aunque, ya puestos, podría hacer lo mismo con Luis Candelas y demás. Pero adaptado a los nuevos tiempos, claro está, cobrando por el uso de todo tipo de aparatos electrónicos.

La SGAE está absolutamente desatada. Siente el amparo desde el poder, y eso envalentona al más cobarde. Pero una cosa es sentir su aliento y otra lo que se haga a su amparo, y eso último depende de las ideas y los objetivos que se tengan. Por lo que se refiere a las primeras, la SGAE es un precipitado del izquierdismo patrio, y por tanto cree que los derechos individuales tienen un valor instrumental. Si hay que colarse donde no están invitados, pues lo hacen, porque es por una buena causa: denunciar a cualquier ciudadano que no haya pasado por caja; por su caja.

Pero es que han llegado al extremo de espiar a los críticos. Daniel cree que con él no ha ido la cosa. Un amigo común me ha contado recientemente que alguien le dijo unas palabras como estas: "un amigo mío, directivo de la SGAE, quiere que sepas que saben dónde trabajas". Inconfundible estilo; hay todo un género de películas trufadas con frases como ésta. Creo que Daniel no debería sentirse discriminado. Si alguien se les enfrenta, que sepa que no le saldrá gratis. Si llegaron a exigir que se pidiera el DNI para navegar por la red, es que tienen una ideología totalitaria.

La SGAE desconoce lo que sea una auditoría externa independiente. Y si el Estado le ha cedido una licencia para cobrar impuestos, que no otra cosa es el canon, lo menos que se podía exigir es que sus cuantiosos ingresos pasaran por un cuidadoso examen. Y los gastos, claro está; ¿dónde va todo ese dinero que, en principio, se destina en exclusiva a los autores? ¿Cuáles son los negocios de la SGAE, cuál su entramado empresarial, sus conexiones con la política? Esta sociedad de autores, que se cree con el derecho de espiar al ciudadano de a pie, debería ser la fiscalizada, o acabará convirtiéndose en un microestado dentro del Estado.

Los intocables de Teddy Bautista

La entidad de "Teddy" Bautista y José Luis Borau ha decidido ir por la vía de lo penal contra discotecas y pinchadiscos, y los tribunales mandan a los agentes para que irrumpan en las salas y comprueben que los CD de música son originales.

No vamos a dudar aquí que la legislación vigente permite este tipo de actuaciones, pero tampoco queremos dejar de señalar que resultan todo un despropósito. Como se puede observar en la foto de la noticia enlazada, la actuación policial tiene lugar con la sala a pleno rendimiento. Son los nuevos Intocables de Elliot Ness, transformados en "los intocables de Teddy Bautista" que luchan contra las copias piratas en vez de contra el alcohol ilegal vendido por Al Capone. En el caso de que todos los CD de música que se reproducen en la discoteca sean legales, el daño que la aparición de la policía hace a la imagen del establecimiento es difícilmente reparable. Y más en una sociedad todavía conmocionada por la muerte del joven Álvaro Ussía en el Balcón de Rosales.

De hecho, sin ser el infierno que algunos sugieren, las noches del fin de semana en cualquier ciudad madrileña tienen sus riesgos para quienes salen a divertirse, de modo que las fuerzas de seguridad deben estar alerta y disponibles en todo momento. Sin embargo, algunos jueces consideran que esos efectivos son más útiles comprobando la originalidad de CD de Jarabe de Palo (si todavía queda alguien con el mal gusto de "pinchar sus canciones") que impidiendo que una pelea acabe con heridos graves o incluso muertos. Cuestión de prioridades.

Pero es que, además, aunque "los intocables de Teddy Bautista" encuentren en la cabina algún CD no original o directamente con la música guardada en un ordenador, no es tan fácil probar que estén cometiendo una ilegalidad. Desde hace tiempo, el disco compacto no es el único formato legal de venta de música, existen las tiendas on line como iTunes en las que se pueden adquirir canciones sueltas. ¿Cómo sabrán los agentes que ése no es el origen de los archivos guardados en esos soportes? ¿Se aplicará la antidemocrática "presunción de culpabilidad" propugnada por José Luis Borau y se procederá tanto al cierre del local como al decomiso del material informático hasta que se enseñe al juez la correspondiente factura?

Quienes salgan de noche pueden estar tranquilos. Tal vez les den garrafón, sean agredidos por algún portero pasado de revoluciones o por algún borracho. Pero al menos sabrán que la música que escuchan es de discos originales o que el pinchadiscos se preocupa de tener la factura del iTunes. Un nuevo despropósito en nombre de esa ficción llamada propiedad intelectual.

Los efectos relajantes del Tute

Como siempre, a pesar de que los pistoleros asesinaron a su amigo a plena luz del día y a las puertas de un restaurante concurrido, nadie vio nada, ni las caras de los asesinos, ni la matrícula del coche en que huyeron. Nada. Todos estaban demasiado concentrados en la mano de cartas, actitud habitual cuando se oyen disparos y un amigo cae reventado a unos pocos metros de distancia. La fotografía que mostró el periódico El Mundo al día siguiente del asesinato es la perfecta radiografía de una sociedad que lleva cuarenta años jugando al tute, mientras una parte de sus vecinos va siendo asesinada meticulosamente en un ambiente de impunidad moral, que es mucho peor que la de tipo legal.

Y si alguien organiza una protesta, las ursulinas del nacionalismo llamado –vaya usted a saber por qué– democrático elaboran un documento lo suficientemente ambiguo para poder dar cabida a los argumentos de quienes dan por buena la situación, siempre que los que caigan sean "los otros". Porque no hay agallas para denunciar directamente a la ETA sin incluir oscuras referencias a la existencia de un conflicto que conviene resolver por procedimientos políticos, como si después de casi mil seres humanos asesinados a sangre fría, civiles, mujeres y niños incluidos, no hubiera quedado suficientemente claro cuál es el objetivo político de los terroristas.

Siempre la equidistancia. Como la del amigo de la víctima que al día siguiente llamó en directo a un programa de Telemadrid para decir que los de la ETA son criminales, pero Franco también (¿?) y acusar de franquista a una de las periodistas presentes en la tertulia. Esa fue la reflexión que le sugirió el cuerpo de su amigo ensangrentado por los disparos no precisamente de Franco. A esta gente les molesta la presencia de ETA, pero también la de la Guardia Civil y otras "fuerzas represoras" del Estado español. Quieren que desaparezca el terrorismo, una vez recogida la cosecha de nueces ensangrentadas, pero a cambio de hacer realidad su delirio de una Euskal Herría independiente que jamás existió. A los excarlistones burgueses del PNV parece no importarles que el proyecto político de los radicales vascos, los que empuñan las pistolas a riesgo de pasar veinte años en la cárcel, sea la creación de una república marxista-leninista. Ante todo la autodeterminación. Después ya se verá.

Con su actitud corren el riesgo de que el proceso se invierta y que un día el resto de España decida autodeterminarse de una región cuya mayoría de habitantes, por acción u omisión, apoya el proyecto soberanista de Ibarreche y Otegui. Ya han obligado a exiliarse a casi el veinte por ciento de la población, así que cada vez irá siendo más fácil tomar una decisión histórica como esa, que colmaría los deseos de los que, cuando un vecino cae reventado de un disparo a unos metros de distancia, sufren una ceguera y sordera temporales que les impide denunciar al autor.

A lo peor llega el día en que, por mayoría aplastante, el resto de España se autodetermina de "los vascos y vascas", para que disfruten de su nueva realidad nacional dirigida por pistoleros sin escrúpulos bajo los principios del marxismo-leninismo más ortodoxo. Y a seguir jugando al Tute.

Necedades sobre la libertad y el Estado

"La recesión –ya no hay duda– proviene del descontrol del sistema financiero norteamericano, que se ha desenvuelto hasta ahora en un marco de desregulación prácticamente absoluta". No afirma que él no tenga dudas, sino que no las hay, o sea que nadie las tiene, con lo cual demuestra que no sigue el debate académico con ninguna profundidad; y desconoce las abundantes regulaciones (miles de páginas) sobre un sistema cuya principal materia prima, el dinero, está nacionalizada.

"La concesión irracional de hipotecas a prestatarios insolventes que eran titulizadas y entregadas al tráfico financiero contaminó todo el sistema". ¿Y quién promovió o incluso coaccionó legalmente para que se concedieran esas hipotecas? ¿Por qué no menciona la Ley de Reinversión Comunitaria? ¿Por qué crecieron tanto las titulaciones? ¿Le suenan las regulaciones sobre capital y las reglas contables de las normas de Basilea?

Habla de un "fraude dolosamente tolerado" que "ha arruinado la confianza de los agentes económicos" y "perturbado toda la economía occidental". Si ha habido fraude y dolo, que los estafados reclamen por la vía legal, pero tendrán que demostrar que fueron engañados, lo cual quizás no sea el caso. El sistema intervencionista actual fomenta que la gente piense que el Estado está vigilando atentamente, por lo cual no hay que preocuparse demasiado. La confianza carece de bases sólidas, ya que políticos, burócratas y tecnócratas carecen del conocimiento y de los incentivos necesarios para regular de forma adecuada y respetuosa con la libertad de los ciudadanos.

Como contraste, Papell pretende que "la solvencia del sistema financiero europeo está asegurada gracias a un marco regulatorio y de supervisión estricto" y a los "Fondos de Garantía de Depósito". Claro, como todo iba bien en Europa aquí no hay habido ninguna intervención pública a favor de los bancos, ¿verdad? ¿Y sabrá este hombre lo que significa el riesgo moral que generan las garantías estatales o es que cree que no es relevante en este ámbito?

"Tal libertinaje financiero ha sido, en parte, consecuencia de las políticas neocon, proclives al total descontrol de los mercados, que por sí solos serían capaces supuestamente de autorregularse y de generar una gran riqueza, conforme a la exacerbación de la teoría clásica de la mano invisible". Un viejo truco: cuando quieras denigrar la libertad, llámala libertinaje. Papell menciona el total descontrol de los mercados como si fuera algo que hubiera ocurrido realmente, lo cual es patentemente falso; y además insinúa que los mercados libres no se autorregulan, lo cual indica que desconoce por completo qué significan el derecho de propiedad y los contratos como generadores de normas y cómo surgen de forma espontánea órdenes emergentes.

Está tan despistado que asegura que la derecha neoconservadora ha propiciado el "deslizamiento hacia el Estado mínimo en política interna". Esto es como afirmar que quien por casualidad rema hacia el oeste en una barca en el Retiro se está deslizando hacia Nueva York (los minarquistas deben de estar a punto de ver cumplidos sus ideales o carcajeándose por las esquinas ante comentarios tan ridículos).

Su crítica a los neocons es tan pobre que se limita a asegurar que eran mentirosos, fanáticos y obcecados. Bush caca, Obama bueno. "La responsabilidad del caos pertenece al modelo de capitalismo desreglamentado y basado exclusivamente en la tecnología y el espíritu empresarial que implementó Bush, desterrando no sólo por completo las viejas ideas del pacto social –el New Deal– de Roosevelt sino también los avances teóricos de Galbraith, admirador del británico Keynes". También recomienda a Stiglitz, sólo le falta Krugman para tener a todos los necios liberticidas juntos.

En realidad Bush ha hecho crecer tanto el Estado que el Partido Republicano da vergüenza ajena cuando afirma que defiende el Gobierno limitado. Ojalá la retórica de Bush se hubiera correspondido con su acción política real, pero la ideología del New Deal y el keynesianismo han estado desgraciadamente muy vivas todo este tiempo, no han resucitado ahora de repente.

"Ocioso es decir que Obama representa la racionalidad política en la gestión de la espontaneidad económica". Quizás se refiera al ocio como entretenimiento, ficción y esas cosillas; con unos toques de grandilocuencia porque "no será una revolución pero sí la supeditación de la economía al humanismo y a la política". La economía, esa ciencia o actividad inhumana… El colectivismo de la política, siempre por encima de la libertad individual.

Para Papell ha fracasado "el modelo ultraliberal" y "la experiencia acumulada en esta adversa coyuntura provocará un saludable movimiento pendular que centrará el liberalismo": para los fóbicos a la libertad, cualquier cosa que se le parezca de lejos es "ultra". Ellos son los moderados, los que por un lado reconocen sin sonrojarse que "son sobre todo los individuos libres los forjadores de su propio destino" pero que rápidamente lo estropean defendiendo vacuidades ridículas como que "el Estado debe ejercer un ineludible papel civilizador". Han leído bien, pero esto no es todo, porque insiste en la "reconstrucción de la idea del Estado como depurado y sutil instrumento civilizador que resume el concepto de lo público como construcción racional colectiva que estimula y derrama lubricante sobre las circulaciones sociales". El Estado no sólo civiliza, sino que además es sutil y depurado y demás boberías solemnes. Se queda uno pasmado ante esta filosofía política.

Parece que se trata de garantizar "sólidos servicios públicos", "igualdad de oportunidades" y "marcos regulatorios y supervisores en aquellas actividades que los requieren porque de su buen funcionamiento depende el bienestar colectivo". Con mencionar la igualdad, el bien común y el servicio público, se pretende superioridad moral, se aparenta sensatez: todo queda justificado y no hace falta analizar en profundidad qué hay detrás de tanta palabrería y demagogia.

Al menos no pretende llegar al socialismo total: "no se trata, es obvio, de suplantar al mercado ni de hacer al Estado protagonista de la iniciativa económica". ¿Cómo que es obvio? Para muchos socialdemócratas no lo es; pero aquí hay tal cacao de ideas que se pretende que la socialdemocracia y la democracia liberal son prácticamente la misma cosa. "Mercado, hasta donde sea posible; Estado, hasta donde sea necesario": lástima que Papell no sea especialmente hábil, ni en la teoría ni en la historia, al analizar las posibilidades del mercado y la necesidad del Estado.

De sencillo a ingobernable

Wertham la definió originalmente como "el placer de sentir fantasías sádicas al ver cómo alguien es castigado una y otra vez mientras quien provoca el castigo, permanece inmune".

Entre las personas de la calle, este sentimiento sádico es anecdótico, pero entre los políticos es una auténtica epidemia. Si bien, todo hay que decirlo, no es su única enfermedad mental. Los expertos declaran que entre el 1% y 2% de la población mundial es un psicópata en potencia, pero cuando el estudio se concentra en los políticos, este índice se eleva al 5% y 10%. ¿Acaso alguien lo dudaba?

Los políticos de Cataluña han vuelto a dar testimonio de hasta qué punto les encanta destrozar la vida de las personas a las que someten con sus leyes absurdas. En medio de una crisis económica de magnitudes históricas (el paro y las quiebras empresariales crecen a ritmos jamás vistos, pulverizando el poder adquisitivo de los ciudadanos) el Tripartito ha encontrado dos problemas de solución inaplazable. Uno, que los padres adoptivos tengan la obligación de decírselo a sus hijos y dos, que las bolsas de plástico del super son peor que Hitler y, por tanto, hay que poner coto a su proliferación.

En este segundo caso, el complejo de Superman de nuestros mandatarios se ha superado a sí mismo. De momento no las prohibirán, eso ya vendrá más tarde. El Tripartito ha decidido limitar su distribución gratuita en comercios —se está hablando de un impuesto de 20 céntimos— y crear una "comisión de trabajo sobre bolsas". Prohibirlas resultaba demasiado fácil y no proporcionaba ningún rendimiento económico. Así que la solución pasa finalmente por gastar más dinero del pagador de impuestos y de paso colocar a algún que otro amigote en la susodicha comisión. Probablemente también sufraguen con miles de euros algunos informes sobre bolsas de plástico que nadie va a leer. Podemos recordar, por ejemplo, los 12.000 euros que desembolsó la Generalitat por un informe bajado de internet, los dos portales web que costaron más de 295.000 euros y no funcionaron o el dinero gastado en el estudio sobre brujos y brujas (12.000 euros), sobre la almeja brillante (casi 28.000 euros) o sobre la colocación de libros en las bibliotecas públicas de Girona (24.000 euros), entre muchos más.

Estos casos no son aislados. A diario podemos encontrar en la prensa algún tipo de abuso del Tripartito sobre sus ciudadanos. Esto nos ha de hacer reflexionar sobre algunas cosas. Por duro que les resulte a los políticos, si las cosas funcionan, no se han de complicar con leyes ni impuestos. Los gobiernos no tienen ninguna autoridad moral sobre la vida del ciudadano. Nadie va a morir por que unos padres no le digan a su hijo si es adoptado; y que grupos de presión ecologistas hayan concienciado —léase, lavado el cerebro— a algunos true believers sobre que las bolsas de plástico son peor que el uranio radiactivo, no implica que los poderosos tengan que eliminar a productores, distribuidores, empresarios y trabajadores del plástico para calmar sus conciencias y llenar sus bolsillos. Este sádico complejo de superioridad política sólo crea Estados tiránicos y perdedores netos: los ciudadanos y la economía privada. Es la gente quien ha de elegir libremente si quiere usar un cesto o una bolsa de plástico para trasladar la comida del super a su casa.

Esta solidaridad a punta de pistola es una violación a los derechos individuales del hombre. La solidaridad por ley es un absurdo que sólo da lugar a una sociedad atemorizada y a la pobreza intelectual y material. Lo único que saben hacer los políticos es convertir las cosas sencillas en auténticos problemas. Si ya en los asuntos más simples, los burócratas se comportan como verdaderos sociópatas, ¿cómo podemos esperar que nos arreglen la vida?

Al Papa que vas

Claro, eso de que vaya un político a quejarse al Papa de que haya un periodista que le critica con insistencia puede parecer un poquito fuera de lugar. Al fin y al cabo, ¿no es misión de los periodistas criticar a los políticos? ¿No le va a éstos en el cargo aguantar el chaparrón? Que la emisora es propiedad de la Conferencia Episcopal. ¿Es que es tan mala la idea que la Iglesia de amparo a un cacho de libertad de expresión?

Y, sobre todo, ¿Qué diablos le puede importar al Papa la intolerancia de Gallardón a la crítica?

Si todavía creen que el Papa tiene asuntos más importantes en que pensar que las miserias de un político de lo más mundano, es que no están en la mente de nuestro hombre. Federico Jiménez Losantos puede meterse con quien le dé la real gana. Pero es que se está metiendo ¡con él! Que se trata de él, señores, no de cualquier mindundi como los que pueblan este apretado mundo a millones. Además, si él le ha concedido su tiempo a Benedicto XVI, lo menos que puede esperarse del Santo Padre es un poco de atención. Y es obvio que, en cuanto le exponga los hechos, si es que Ratzinger tiene un mínimo de sentido de la justicia, aunque sea por ósmosis tras la audiencia, sentirá un profundo sentimiento de injusticia y actuará en consecuencia despidiendo al periodista. A la mente de Gallardón le hace falta un buen amueblado.

La traición es una tara de fábrica de los humanos, como hay otras. Judas es uno de los grandes personajes de la historia, pero no hace falta ir lejos para desgarrarnos, mucho o poco, por una lealtad quebrada. Ahora bien, en ocasiones no es necesario más de uno para que haya traición. A veces una y la misma persona es el traicionado y el traidor. Albero Ruiz Gallardón es víctima y malhechor, todo al tiempo, al haber permitido que uno de sus grandes pecados, acaso el capitán de todos los suyos, le haya llevado al ridículo. Él, que cuida como un recién enamorado, como un idólatra devoto, su propia imagen.

El pecado es la soberbia, no hará falta que se diga. Una soberbia desmedida, incontrolable y rebelde, que le aparta de su camino incluso a sus colaboradores; o a los nuestros. Una soberbia que le lleva a verse como instrumento de grandes proyectos que le granjearán el admirado y justo recuerdo de los historiadores de los siglos por venir. La soberbia le ha hecho pensar que la cabeza de la Iglesia podía tener entre sus preocupaciones sus querellas con la libertad de expresión.

Rouco Varela le ha salvado, con una piedad que el alcalde de Madrid no tiene por sí mismo, se hacer un ridículo mayúsculo, fenomenal, gallardoniano.

Preservar por la fuerza

En efecto, varias empresas de gran perfidia e inconmensurable ambición estaban conspirando a nuestras espaldas con la inconfensable intención de abusar de nosotros, de hacernos padecer tormentos sin límites, de extraernos hasta la última gota de sangre. Sólo Dios sabe qué malvados planes estaban pergeñando para ello. Pero, al final, los intrépidos vigilantes del mercado, supongo que con gran riesgo para su integridad, han conseguido impedir la alianza.

Me refiero, claro está, a Yahoo, Google y Microsoft. Estas tres empresas llevaban haciendo combinaciones y permutaciones durante todo el año para ver cómo aliarse en el proceloso mundo de internet. Los últimos intentos correspondían a Google y Yahoo, tras un primer movimiento de Microsoft. Pero todo ha sido en vano: las constantes "preocupaciones" mostradas por las autoridades de la competencia ante estos movimientos las han llevado a desechar cualquier intento de colaboración, por lo menos durante un tiempo.

Lo único que queda por explicar es cómo esos "mafiosos", producto de esa jungla en que se ha convertido últimamente el libre mercado gracias a la falta de regulación, hubieran podido explotarnos. ¿Acaso nos habrían encadenado "virtualmente" a sus páginas web? ¿Tal vez nos habrían torturado con melodías de tonos al entrar en las mismas? ¿O algo mucho más sutil, no sé, fotos de políticos contando chistes?

Seguro que con el acuerdo que negociaban buscaban ganar más dinero, nadie lo puede dudar. Pero, en un mercado libre, esto sólo se puede conseguir con más y mejor servicio para el individuo. Porque, a menos que esté equivocado, aunque se unieran todos los Yahoos, Googles y Microsofts del mundo, serían incapaces de obligarnos a gastar un solo euro en sus servicios, ni a nosotros ni a los posibles anunciantes o quien quiera que se pensara perjudicado por la situación.

¿Cómo pueden volverse las "malas" de la película unas empresas si están donde están precisamente porque nos han prestado unos servicios estupendos y han hecho mejorar nuestra calidad de vida? Si ellos, que tan bien han realizado su trabajo, pensaban que uniéndose lo podían hacer mejor, ¿hay alguien legitimado para ponerlo en duda? Repito, sólo haciéndolo mejor podrían ganar más dinero.

La cuestión queda para la Comisión Europea y para las demás autoridades de competencia "preocupadas" por los posibles efectos de estos acuerdos. Todas ellas, organismos ajenos al mercado, a la competencia y al servicio a los individuos pero que –estas sí– sobreviven con nuestro dinero, lo queramos o no.

Obviamente, de la verdadera conspiración aún no estamos a salvo.

A salvo de la conspiración

Las motivaciones detrás de los planes de inmersión lingüística en Cataluña, sin embargo, son menos viles y más convencionales de lo que muchos de sus críticos conceden. El matiz no hace que esta política sea menos injusta, pero sí es importante de cara a articular un discurso que conecte con las inquietudes de la mayoría de catalanes y tenga más influencia. Si no representamos fielmente sus razones es más fácil que nuestros argumentos sean rechazados de antemano y tildados (inocente o interesadamente) de "anti-catalanes".

La mayoría de catalanes que apoyan la normalización lingüística no quiere desterrar el castellano o acabar con el bilingüismo, sino proteger una lengua y una cultura que perciben amenazada. Sin duda hay quien desea lo primero (algunos ni siquiera lo ocultan), pero en general las políticas lingüísticas son entendidas como una ayuda a la lengua débil, una lengua que sin la protección de la Administración podría ser completamente desplazada por el castellano en el largo plazo. La política de inmersión lingüística es, en este sentido, como cualquier otra medida proteccionista encaminada a defender algo en detrimento de las elecciones de los individuos. En este caso es la lengua, en otros, la agricultura europea o el cine español.

Un mismo nacionalismo puede manifestarse de formas distintas dependiendo de las circunstancias. Si la lengua catalana fuera hablada por 400 millones de personas en el mundo y tuviera el peso (mediático o económico) que tiene el castellano en Cataluña, probablemente muchos catalanes no sentirían la necesidad de protegerla. De hecho, probablemente si el castellano corriera el riesgo de sucumbir ante otra lengua con el paso de unas cuantas generaciones, muchos españoles sin convicciones liberales abogarían por políticas de inmersión lingüística en ayuda del castellano.

La idea de que el catalán compite en inferioridad de condiciones con el castellano está arraigada en Cataluña, y en mi opinión no es ningún disparate. La mitad de la población catalana es castellano-hablante, en los medios predomina el castellano con diferencia, en el cine, en la empresa, en la literatura o entre la comunidad inmigrante. Los catalano-hablantes suelen adoptar de forma automática el castellano cuando algún miembro del grupo es castellano-hablante. Pocas veces sucede lo contrario –aunque los catalano-hablantes sean mayoría en el grupo– y esta situación tiende a multiplicar las relaciones en castellano. Yo soy catalano-hablante y utilizado el castellano con gente catalano-hablante porque cuando nos conocimos nos dirigimos mutuamente en castellano. Es raro encontrar ejemplos de castellano-hablantes que hablan entre ellos en catalán.

Toni Soler declaraba recientemente que hay castellano-hablantes que encuentran conflictivo que su hijo no pueda ser escolarizado en castellano y que hay catalano-hablantes que encuentren conflictivo pedir "un tallat" y que no les entiendan. Varios comentaristas han criticado que Soler concediera la misma importancia a las dos situaciones, pero yo interpreto de otra forma su analogía: si no te entienden al pedir "un tallat" (aunque aquí está exagerando) significa que la persona no ha aprendido el catalán, y esa falta de integración molesta a muchos porque sólo se produce en una dirección y a la larga favorece al castellano en detrimento del catalán. El conflicto es que la falta de integración puede llevar a la extinción del catalán.

Al fin y al cabo, el castellano tiene una ventaja evidente sobre el catalán: es más útil. La lengua es un vehículo de comunicación y tiene lo que se denomina "efectos red". Cuantos más individuos hablan una lengua, más atractivo resulta para los demás sumarse a ésta, y en la medida en que se incorporan nuevos hablantes, aún más es más interesante para el resto adherirse. Y así sucesivamente en un flujo de realimentaciones positivas que a menudo fortalecen la posición de las lenguas más extendidas y debilitan la posición de las que lo están menos.

Pero lo que importa no es la lengua sino sus usuarios. En un escenario sin intervenciones, el grupo lingüístico mayor desplaza a las otras lenguas si los hablantes de estas últimas se trasladan voluntariamente al primero para beneficiarse de su mayor alcance. Los proponentes de las políticas lingüísticas, como sucede con todas las medidas proteccionistas, al invocar una actuación compensatoria y equilibradora por parte del Estado pretenden "compensar" y "equilibrar" las elecciones de los individuos. Están apelando al Estado para imponer las preferencias de unos sobre otros.

La lengua debe emanciparse del Estado para que evolucione espontáneamente hacia donde quieran llevarla sus usuarios. Para ello no basta con que el Estado sea "neutral" dentro de la Administración y de los servicios públicos. Lo mismo que la religión sólo puede separarse del Estado si las iglesias son privadas, el Estado sólo puede separarse completamente de la cultura y la lengua si devuelve los espacios y servicios públicos a la sociedad civil. En el ínterin, lo mejor será permitir la diversidad y libertad de elección en los espacios públicos, por ejemplo en la enseñanza.

No sé si el catalán sin la protección del Estado tendería a quedar arrinconado y acabaría por extinguirse. Es posible, aunque no está claro después de todo a lo que ha sobrevivido. Pero si ocurriera así sería porque sus hablantes han preferido adherirse a otras lenguas y no se han esforzado lo suficiente en preservarla. Recurrir a la imposición lingüística no es "esforzarse" sino hacer que otros asuman el coste de tus preferencias. En su día mis padres me escolarizaron en castellano porque hablábamos catalán en casa y pensaron que así consolidaría mi bilingüismo. Hoy esta opción está prohibida. Esta discriminación legal es demasiado seria como para hacer un sketch en Polònia.

La SGAE me discrimina

Asistimos en la actualidad a la mayor operación de gasto público de la historia. Una política de despilfarro que tiene por objetivo auxiliar a determinados sectores de la economía, ya sean constructores, fabricantes de automóviles o banqueros. Así, el Gobierno de EEUU ha comprometido cerca del 60% de su PIB nacional en un amplio paquete de medidas para tratar de mantener a flote su deteriorado sistema financiero.

En el caso de España, ese porcentaje se eleva hasta el 30% del PIB, si añadimos el último plan aprobado por el Gobierno para intentar reactivar la economía. El caso de China también resulta paradigmático, ya que pretende inyectar, por el momento, casi 3 billones de dólares en 2009, que tendrán como destino un colosal proyecto de obras públicas y sociales.

Todo ello, insisto, bajo el pretexto de salvarnos de la recesión global y, por lo tanto, auxiliar a los ciudadanos y empresas de la crisis financiera y económica que se cierne sobre un creciente número de países. El Estado salvador reaparece en nuestras vidas para protegernos. Sin embargo, pese a que el ropaje haya cambiado, la esencia de este tipo de políticas estatales permanece invariable con el paso del tiempo. Los resultado serán, pues, igualmente nefastos.

El incremento del gasto público para animar el consumo y salvar a determinados sectores productivos no solucionará el problema. Tan sólo lo agravará. Y es que, ¿de dónde sacan los distintos gobiernos tal exhuberancia de recursos? Efectivamente, han acertado: el dinero del Estado procede única y exclusivamente de sus bolsillos.

Es decir, el Gobierno roba primero a los contribuyentes bajo el pretexto de poder ayudarles posteriormente. ¿Acaso no resulta contradictorio? ¿Es que los políticos gozan de un instinto divino para administrar mejor que usted el fruto de su trabajo? La cumbre de Washington supuso el pistoletazo de salida para poner en marcha toda una serie de políticas coordinadas basadas en la expansión del gasto público.

Hasta cierto punto, el Estado se ha lanzado a sustituir las funciones que únicamente pueden ser desempeñadas por el mercado (interacción social entre individuos). Los bancos centrales y los departamentos del Tesoro se han convertido, prácticamente, en los únicos prestamistas existentes a los que acuden los bancos comerciales. Asimismo, el Gobierno pretende crear puestos de trabajo mediante la licitación de obra pública, la concesión de avales, créditos blandos o subvenciones a la industria del automóvil, el sector inmobiliario o el sector energético (renovables), entre muchos otros.

Y todo ello, haciendo uso del dinero presente (impuestos) o futuro (deuda pública) de los ciudadanos. ¿Todavía no se han percatado de la factura? En el caso de España, la política tributaria se come casi el 40% de los ingresos que generan los trabajadores. La presión fiscal ascendió hasta el 37,2% del PIB nacional en 2007 (por encima de la media de las 30 economías más desarrolladas del plantea), es decir, casi 400.000 millones de euros.

En el caso de las empresas el robo es, si cabe, mayor. Las compañías españolas destinan el 60,2% de sus beneficios a cumplir con el fisco. España ocupa el tercer puesto en el ranking de carga fiscal en este ámbito de los países industrializados, según un reciente estudio del Banco Mundial elaborado en colaboración con PricewaterhouseCoopers.

Con este nivel de presión tributaria, el contribuyente medio dedica entre cuatro y cinco meses a trabajar en exclusiva para Hacienda. Y es que, los servicios sociales no son gratuitos, pese a la opinión general. Los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales ascenderán a algo más de 104.000 millones de euros en 2008; los del IRPF sumaron 72.000 millones en 2007, los del Impuesto de Sociedades casi 49.000, y el conjunto de impuestos indirectos supuso unos 79.000 millones de euros.

Una ingente cantidad de dinero que es gestionado en exclusiva por la Administración Pública, previa recaudación fiscal y bajo la amenaza de multa, sanción e, incluso, cárcel. Sin embargo, pese a la crisis económica ningún partido político ha abogado por una bajada general de impuestos que sea drástica y sustancial. La falta de liquidez, la carencia de ahorro y las crecientes deudas llenan cada día las portadas de todos los medios de comunicación. Sin embargo, pese a las graves dificultades económicas ningún político está dispuesto a aliviar la pesada carga fiscal que pesa sobre las espaldas de los contribuyentes.

¿Falta liquidez? Tan sólo habría que reducir los impuestos a la mitad, con la consiguiente restricción del gasto público, para que la liberación de recursos disponibles comience de inmediato a surtir efecto. Por desgracia, y puesto que subir los tributos en período de crisis está muy mal visto entre los votantes, el Gobierno se encargará de pasar la abultada factura del rescate económico a nuestros hijos e, incluso, nietos. ¡Valiente ayuda la que nos presta el Estado! Tan sólo conservo la esperanza de que en algún momento alguien se sume al grito de "con mis impuestos, ¡no!".