Como casi todas las explicaciones, esta hipótesis izquierdista tiene un ápice de verdad que no conviene descartar por completo. Es cierto que muchos inversores, especialmente los bancos, fueron devorados por unas ansias de beneficios tan grandes que les llevaron a acometer operaciones fraudulentas: tomar los fondos a corto plazo de sus depositantes e invertirlos a largo plazo. Esta práctica no contaba con la aceptación de los depositantes, ya que creían que el banco estaba utilizando su dinero de manera prudente y que, por tanto, podrían recuperarlo sin ninguna dificultad; dicho de otro modo, también existió un problema de información por parte de los depositantes y demás acreedores a corto.
Sin embargo, tampoco conviene centrarse exclusivamente en la avaricia de los banqueros y la cándida ignorancia de los depositantes. En cierto modo, los banqueros también fueron ignorantes, al creer que siempre podrían refinanciar sus deudas a corto plazo en el mercado interbancario (debido a que desconocían la teoría austriaca del ciclo económico), y los depositantes, codiciosos, al aprovecharse de las fraudulentas operaciones bancarias para, en muchos casos, hipotecarse con unos tipos de interés reducido.
Un sistema financiero más sólido, por consiguiente, requiere de una nueva regulación que limite el arbitraje de los tipos de interés y de la difusión de las teorías de la escuela austriaca, lo que mejoraría la cultura económica de los operadores de mercado. De esta manera, los proyectos de inversión se sufragarían con cargo al ahorro real y no haciendo uso de los puntuales saldos de tesorería.
Sin embargo, este escenario horroriza a las gentes de izquierda e incluso a algún autodenominado liberal, que observan cómo el chiringuito financiero que se han montado lentamente durante todo el siglo XX se les puede venir abajo. Recordemos: en 1920 la Fed empieza a manipular los tipos de interés con las primeras operaciones de mercado abierto (algo que no tenía permitido por su ley constitutiva de 1913); durante la década de los 30 la mayoría de bancos centrales abandonan el patrón oro (lo que les permitió una mayor autonomía para manipular los tipos de interés) y el Gobierno alcanzó un tamaño hasta entonces desconocido (en buena medida, gracias a la adquisición de deuda pública por parte del sistema bancario intervenido); y en 1973 se rompe Bretton Woods, la última conexión oficial entre el dinero y el oro, lo que terminó por facilitar la expansión crediticia del sistema bancario y del endeudamiento estatal (fíjense en la evolución exponencial de ambas magnitudes desde mediados de los 70).
Los antiliberales (de izquierdas y derechas) quieren conservar todo este esquema fraudulento para seguir apropiándose del dinero de los ahorradores: tanto el Gobierno como la banca salen beneficiados. Es decir, se ha impuesto un consenso entre izquierdas y derechas para conservar la configuración básica de este sistema financiero. Y dado que este núcleo resulta intocable para unos y otros, deben recurrir a chivos expiatorios, como la codicia y la falta de transparencia, sobre los que verter su furia legisladora.
Se nos dice que esta crisis no se repetirá si se controlan los riesgos que pueden asumir los inversores (especialmente los bancos), y si se informa a los ahorradores sobre el nivel riesgo de los distintos productos financieros.
En abstracto, todo esto suena muy bien. Los problemas comienzan a surgir cuando bajamos un poco a la realidad. El riesgo es un concepto totalmente subjetivo: lo que para unos puede ser un proyecto muy arriesgado (como crear un buscador de internet en 1998), para otros puede ser un negocio claramente rentable y seguro. Del mismo modo, lo que para unos puede ser una inversión muy segura (como adquirir una vivienda en España en 2005 o meter dinero a plazo fijo en 2006), para otros puede tratarse, sin ningún género de dudas, de un brutal error de análisis sobre las condiciones de mercado.
Por consiguiente, restringir el riesgo que pueden asumir los inversores es muy delicado. ¿Se imaginan que en 1998 el Estado hubiera impedido a Sergey Brin y a Larry Page que crearan Google (o que alguien les prestara dinero para crearlo) aduciendo que se trataba de un proyecto excesivamente arriesgado? A menos que el supervisor público se convierta en un comité de planificación central, se me antoja complicado que pueda desempeñar esta tarea.
Y, en cualquier caso, me parece que será imposible que tenga éxito en sus estimaciones de riesgo: a partir de 2004, por ejemplo, los distintos Estados han ido incorporando en sus ordenamientos el Tratado de Basilea II, por el que se regula el sector bancario. Este tratado consideraba –y se trata sólo de uno de sus errores– las hipotecas residenciales uno de los activos menos arriesgados para los bancos. ¡En plena burbuja hipotecaria mundial, los Gobiernos sancionaban que las hipotecas no eran una inversión arriesgada!
Por otro lado, y por los mismos motivos, pretender informar a los ahorradores sobre el riesgo exacto que están asumiendo no deja de ser un objetivo irrealizable. Exactamente, ¿quién medirá y cuantificará ese riesgo? ¿Los bancos que están quebrando gracias a sus exitosas inversiones? ¿Las agencias de rating que en 2005 y 2006 dijeron que la mayoría de los activos que están siendo impagados eran de máxima seguridad? ¿Los bancos centrales, que no sólo crearon la burbuja actual, sino que esperaban que nunca tuviera fin? ¿Los Gobiernos, que se sumaron al carro de una falsa prosperidad y declaraban unidos, en 2007, que no había crisis seria alguna en el horizonte? ¿Acaso no es evidente que si los ahorradores hubieran seguido –más de lo que lo hicieron– las indicaciones de todos estos organismos, el batacazo actual sería aun mayor?
La codicia y la ignorancia parcial de los seres humanos no pueden eliminarse, ya que son parte de su naturaleza. Lo que sí puede y debe hacerse es corregir las regulaciones que conviertan esa codicia y esa ignorancia en los engranajes centrales del sistema financiero. Dicho de otra manera, no podemos evitar que los seres humanos vayan a equivocarse, pero sí podemos dejar de empujarles e incentivarles a que se equivoquen de manera recurrente y generalizada (lo que constituye el típico ciclo económico). Para ello sobran las regulaciones inútiles que pretendan fiscalizar y cuantificar los riesgos concretos, individuales y personales, y se necesitan otras que proscriban estrategias financieras insostenibles y fraudulentas, a saber, endeudarse a corto e invertir a largo.
