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Los serviles Reporteros sin Fronteras

Sin embargo, es una ONG que obtiene sus cuatro millones de euros anuales de presupuesto principalmente de las arcas del Estado francés y, sobre todo, de la Unión Europea, lo cual debería hacernos dudar de su imparcialidad. Y, efectivamente, empieza a haber razones de peso para desconfiar.

La primera de ellas es su índice de libertad de prensa. RSF no publica la metodología por la que obtiene su índice numérico ni las razones concretas por las que unos países están mejor situados que otros. Pues bien, resulta que los catorce países mejor situados son todos europeos; de los 35 primeros, 25 son europeos. Canadá, país donde Mark Steyn y la revista Maclean’s se enfrentan a sanciones por "herir los sentimientos", está en el puesto número 18 mientras Estados Unidos, donde ser condenado por decir o escribir las mayores barbaridades es prácticamente imposible, obtiene un mediocre puesto 48. Incluso España, con sus CAC, sus juicios contra la libertad de expresión y sus amenazas terroristas contra periodistas, está mejor colocada que el gigante norteamericano.

No obstante, un caso reciente pone en tela de juicio los aciertos de esta organización en lo referente a internet. Se trata del caso Al Dura. Supongo que todos ustedes recuerdan las imágenes, emitidas primero por la televisión pública francesa France 2 y luego reproducidas una y otra vez por todo el mundo, del padre y el niño palestinos atrapados por el fuego cruzado entre israelíes y palestinos. La voz de Charles Enderlin, periodista de France 2, explicaba que ambos fueron "objetivo" de los israelíes (es decir, que fue algo deliberado). Las imágenes fueron ampliamente utilizadas por la propaganda propalestina, que calló cuando se empezó a denunciar que por las posiciones de los soldados israelíes y los terroristas palestinos, sólo podían habían muerto por disparos de estos últimos.

Pero hubo más. Las imágenes emitidas por France 2 y distribuidas al resto de televisiones eran sólo una fracción de 50 segundos de la media hora que se grabó de aquel incidente. Pese a las negativas de la cadena a facilitar la grabación completa, las imágenes de otros cámaras no hicieron sino incrementar las dudas sobre la autenticidad del incidente, como puede verse en los documentales de Pallywood. Los responsables de la televisión estatal francesa demandaron entonces al blogger Philippe Karsenty por haber difamado al periodista responsable de la información y a la misma cadena al afirmar que había sido un montaje. Los tribunales le dieron la razón a los liberticidas, pero Karsenty no se amilanó y recurrió el fallo. Ahora, una instancia superior, sin entrar en quién tiene razón sobre los hechos, ha dictaminado que hay indicios suficientes como para que Karsenty tenga todo el derecho del mundo a opinar que France 2 mintió sobre el caso Al Dura.

El caso es que los periodistas franceses han publicado un manifiesto de apoyo a Charles Enderin y France 2 en Le Nouvel Observateur. ¿Adivinan quién está entre los firmantes? Pues el fundador y secretario general de Reporteros sin Fronteras, Robert Ménard. Tenemos una cadena propiedad del Estado demandando a un blogger por haber expresado una opinión, un claro abuso de poder y una forma de intimidación contraria a la libertad de expresión que RSF dice defender. Karsenty es, a todos los efectos, un ciberdisidente puro. Pero claro, es que el Estado francés es uno de los que paga las facturas. Y por ahí no pasamos.

El PP ante el desafío nuclear

El encarecimiento del petróleo y de las materias primas hace acuciante reformar en profundidad el ya de por sí debilitado mercado energético nacional. En este sentido, la única solución posible a día de hoy consiste en impulsar la construcción de nuevas plantas nucleares, con el objetivo de proporcionar un sistema eléctrico estable y suficiente para responder al aumento de la demanda energética futura.

La dependencia energética española del exterior asciende a más del 80 por ciento, y el consumo de electricidad nacional se duplicará entre 2008 y 2030, según los expertos. España se enfrenta, pues, a un reto sustancial. Y las decisiones políticas que se tomen hoy al respecto determinarán, en gran medida, el éxito o fracaso del sistema energético español a corto y medio plazo, con las implicaciones que ello conlleva en términos de competitividad empresarial, desarrollo económico y estabilidad de precios.

En esta materia el PSOE siempre ha sido muy claro aunque, no por ello, menos erróneo. El actual Gobierno apuesta por suprimir paulatinamente la generación de energía nuclear en España, tal y como recoge su último programa electoral. La solución socialista radica en fomentar de un modo totalmente irracional y utópico la generación eléctrica a través de las energías renovables. Por desgracia, las fuentes limpias, tales como la eólica o la solar, están todavía a años luz de la eficiencia energética que aporta la nuclear, tanto en términos económicos (es la energía más barata) como medioambientales (no emite CO2).

Además, es la fuente de generación eléctrica más estable, puesto que no depende de las condiciones atmosféricas. Al mismo tiempo, la materia prima de la que depende tiene un peso muy pequeño en los costes de producción. Es decir, su precio final es prácticamente independiente del encarecimiento o abaratamiento que experimente el uranio.

Pese a ello, el PP aboga simplemente por su mantenimiento, eludiendo así la necesidad de impulsar la generación nuclear nacional, tal y como ya han decidido otros países desarrollados como Finlandia, Gran Bretaña o Italia, por citar sólo algunos ejemplos. De hecho, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ve con buenos ojos la implantación de nuevas plantas en España. El debate nuclear se está produciendo, pues, en el seno del propio Gobierno entre quienes mantienen la ilusoria creencia de que las fuentes renovables son, hoy por hoy, capaces de solventar el déficit energético español y los que son conscientes de que esa posición es una fantasía.

Y mientras, el PP sigue en babia. Los populares abrazan con fuerza las tesis ecomarxistas del cambio climático pregonado por Al Gore y su recua de fanáticos verdes. La oposición política imita al PSOE en esta materia, al igual que en otras muchas, apostando por un seguidismo absurdo e irracional, en un esfuerzo denodado por mantenerse dentro del discurso políticamente correcto. Los populares se enorgullecen de ser férreos defensores de Kioto y del denominado "desarrollo sostenible".

¿Nuclear? No, gracias. La ponencia económica presentada en el Congreso nacional del PP no deja lugar a dudas: "Es necesario consensuar una posición común de todas las fuerzas políticas y sociales sobre la conveniencia de mantener la energía nuclear". Ojo, sólo mantener. Ni una palabra sobre la construcción de nuevas plantas, pese a la gravedad de la situación.

¿Qué pasará cuando las potencias económicas rechacen Kioto para luchar contra el supuesto cambio climático? ¿Y cuándo en lugar del tan temido calentamiento global se demuestre que, en realidad, la Tierra se está enfriando o que el aumento de temperatura no es tan grave como se nos ha pretendido hacer creer? ¿Y cuándo el consumo de luz en 2030 sea mucho más caro e ineficiente para ciudadanos y empresas? Llegados a ese punto, el PP no podrá alegar, en ningún caso, "os lo advertí". No hay oposición.

Ni Rajoy ni ZP se atreven con las pensiones

Al lado del timo de las pensiones, lo de las estampitas de Afinsa y Forum es un juego de niños. Sin embargo, a MAFO ni se le pasa por la cabeza la posibilidad de cambiar a un sistema de capitalización en el que las personas se hagan responsables de su futuro mediante aportaciones continuas de una parte de las rentas del trabajo para invertirlas a largo plazo y crear un fondo del que poder tirar cuando uno ya no pueda –o no quiera– seguir trabajando. El principal problema que impide cambiar a un sistema sostenible de capitalización no es técnico sino de incorrección política. Cualquier cosa vale antes que defender públicamente una vía que impida que Papá Estado meta la mano en la cartera de los trabajadores más jóvenes para costear la pensión de los jubilados.

Así las cosas, las soluciones propuestas se apretujan en un estrecho abanico. Por un lado tenemos la versión ZP, que consiste en taparse la nariz para no oler la podredumbre del sistema y decir que el modelo goza de salud. El modelo a lo mejor, pero las pensiones seguro que no. Según los partidarios de esta corriente, el sistema es sólido porque la capacidad del Estado de quitar dinero a cada vez menos trabajadores para pagar la pensión de cada vez más jubilados es casi ilimitada.

Muy cerca de éstos tenemos a los expertos en maquillaje y lanzamiento de balones de oxígeno como el gobernador del Banco de España, Solbes o el señor Pizarro. En términos más técnicos, los que quieren cambios para que todo siga igual tratan de ampliar los años de cotización mínima (incurriendo en una clara suspensión de pagos parcial y encubierta), ampliar el periodo de cálculo de las pensiones hasta llegar a toda la vida laboral, retrasar la edad de jubilación y poner el fondo de reserva público a generar algún tipo de renta. Vamos, alargar la estafa y rezar para que la gente vaya dándose cuenta del timo a pesar del Pacto de Toledo y la propaganda oficial de manera que empiecen a ahorrar de manera privada para evitar el desastre.

Ni los ZP ni los MAFO ni los Pizarro ni los Rajoy de la vida están dispuestos a dejarnos salir del timo piramidal de las pensiones públicas de reparto para que tratemos de capitalizar nuestros ahorros y escapemos al impuesto inflacionista al que nos somete el Banco de España junto a sus aliados europeos. Y, sin embargo, esa es la única posibilidad que tenemos de llegar a tener unas pensiones dignas. Como de los políticos de este país no podemos esperar ese cambio liberador, los ciudadanos tendremos que ir pensando en encogernos de hombros y dejar de colaborar con este chiringuito fraudulento al que nos tienen atados de por vida.

La buena sociedad de la izquierda

Suena muy bien y muy liberal el que se conceda el derecho a las personas a ser como quieran; pero resulta extraño en un colectivista que enfatice las relaciones de las personas consigo mismas en lugar de las asociaciones de unos con otros.

Intenta aclararlo con sus propias palabras: "en la buena sociedad los ciudadanos deben poder ser lo que quieran ser, sin pasar por las experiencias dolorosas del desprecio y de la negación del reconocimiento". No sólo hay que poder alcanzar "la plena realización personal"; es crucial no sufrir por no gustar a los demás: y como parece sensato suponer que no se trata de atiborrar de analgésicos al personal para que no les duela el rechazo ajeno, habrá que aceptarlo todo, o quizás se permita sentirse disgustado por algo siempre que sea en silencio.

Ramoneda está preocupado por si la izquierda cae en la "aceptación incondicional del paradigma liberal" (risas) y la anima a defender "su herencia más sólida: el Estado de bienestar". Hemos pasado de respetar a los demás a la burocratización y la dependencia del Estado en sectores clave como educación, sanidad y pensiones. Pero demos un paso atrás: la "política asistencial" debe superarse y ser sustituida por el "reconocimiento", que resulta que se ejemplifica con "la ley de matrimonios homosexuales, la legislación de género o las regulaciones masivas de inmigrantes"; o sea que no se trata de que las personas se respeten unas a otras sino de que el Estado intervenga en todo lo que al socialista no le guste.

Hemos avanzado del sentimentalismo al materialismo económico: "reconocer al ciudadano su derecho a ser como quiera es otorgarle un cierto amparo tanto ante los vértigos de cambio". Y ¿cuál es ese amparo? Respuesta: "el derecho a un mínimo social garantizado, la renta básica, parece la última defensa para que la idea de igualdad tenga todavía sentido". Como la idea de igualdad tiene perfecto sentido si se refiere a igualdad ante la ley (y no mediante la ley), cabe preguntarse si este problema semántico se debe a incompetencia o deshonestidad intelectual.

La confusión entre permisos y garantías es típica del socialismo: se comienza reclamando que ciertas cosas dejen de estar prohibidas (perfecto si se trata de actividades pacíficas) y se termina exigiendo que se financien adecuadamente para asegurar su realización. El discurso de la legitimidad moral ("justicia social", "justicia distributiva") no es más que una excusa para ocultar el robo masivo que implica la confiscación y redistribución estatal de riqueza.

A Ramoneda no parece importarle la consistencia intelectual: habla de "autogobierno" y al mismo tiempo reclama que la izquierda lidere el cambio social para el progreso (que además hay que saber dónde está para dirigirse hacia allí) mediante la capacidad normativa de la política. Es difícil autogobernarse cuando los políticos ordenan a toda la sociedad hacia dónde deben ir.

El fin de la era Aznar

Aznar llevó al PP a un liberalismo tamizado, pero que le dio una base ideológica razonable y que le ponía en sintonía con lo mejor del centro derecha europeo. La defensa de la libertad y de los derechos civiles, aunque nunca ha sido abrazada hasta el final, le ha dado al PP la oportunidad de tener un discurso coherente y que, frente al discurso de privilegios de los nacionalistas, le ha permitido hacer suyo un discurso verdadero de solidaridad. Todo ello engarzado en la defensa de la nación española. Aznar apostó también por el atlantismo  y una proyección importante de España en el exterior. Súmese a ello la convicción de que se debe y se puede derrotar a ETA policialmente dentro del Estado de Derecho, así como moral, ideológica y socialmente, y tenemos los elementos principales del PP aznarí.

Rajoy no reniega de todo ello. Simplemente ha llegado a la convicción de que no es suficiente. Además de ser bueno hay que parecerlo, y por ello incide en la necesidad de ser aceptado por los demás partidos y por la sociedad. Por eso habla de pactos antes de tiempo, como le ha reprochado Aznar. Por eso centra su discurso en la economía, vuelve a la derecha garbancil, de perfil bajo, que mitiga las diferencias del PP respecto de otros partidos.

Ese es el verdadero significado del XVI Congreso del PP: la ruptura de la era Aznar. Las ideas, que con Aznar se convirtieron en el principal reclamo para ganar elecciones, se postergan frente a la necesidad imperiosa de hacerse querer. Me da la impresión de que Mariano Rajoy, a quien tengo por una persona honesta, pese a sus 30 años en la política, pese a la manipulación de los atentados del 11-M que él sufrió el primero, no acaba de comprender a la izquierda con la que quiere tender puentes. Su vocación es constructiva, pero no se da cuenta de que la izquierda no transige y no permitirá que el PP forme parte del paisaje. Tampoco se percata de que no tiene por qué aceptar que ese paisaje lo pinten otros, especialmente cuando tenemos el marco de la Constitución. No se da cuenta de que la firmeza en las ideas de libertad y derechos civiles, aunque sea en solitario, es su única salvación. Y la nuestra.

Antitrasvasista, pero muy de centro

Sus votantes levantinos, en cambio, han recibido la noticia con cierta prevención. No porque la chica sea mala persona ni mucho menos, de hecho parece más buena que el pan, sino por su particular forma de entender la solidaridad interterritorial en materia de recursos hídricos.

Cospedal, recordemos, fue la primera en estampar su firma en el nuevo estatuto de Castilla-La Mancha, que sitúa el límite de la vigencia del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. Dentro de siete años escasos, gracias a la flamante secretaria general del PP, se acabó el trasvase, sean cuales sean las condiciones de los pantanos de la cabecera del Tajo, y sea como sea también de dramática la escasez de agua en las provincias de Almería, Murcia y Alicante.

Su visión de los grandes asuntos de estado en clave nacional es, digamos, algo peculiar. En realidad, y por lo que refiere al caso concreto del agua, su punto de vista no es distinto de los nacionalistas catalanes, pues si el trasvase Tajo-Segura tuviera que empezar a construirse ahora, Cospedal sería, sin duda, la primera en encabezar las manifestaciones oponiéndose a su realización.

En declaraciones a las agencias de noticias, la política manchega ha estrenado su cargo arremetiendo nuevamente contra el trasvase del Tajo. En su opinión es una obra que "tiene que desaparecer". Por su parte, la ponencia económica del congreso "titánico" del PP, afirma respecto al problema del agua la necesidad de "recuperar la planificación hidrológica y el carácter nacional del recurso, rompiendo la actual tendencia a su "territorialización". Pero no se preocupen, dice Mariló, que no hay ninguna contradicción. Es sólo un arcano más del centrismo renovador, cuyos efectos sociopolíticos se escapan al común de los mortales. Los centristas, en efecto, no tienen ningún problema en votar una ponencia que afirma el carácter nacional de los recursos hídricos y, al mismo tiempo, reclamar la desaparición de uno de los grandes proyectos vertebradores de la nación sólo porque los recursos naturales provienen de la región en la que se presentan a las elecciones.

La prueba del nueve de que la chica está en la onda del nuevo régimen, que convierte España en un conjunto de nacioncitas mal avenidas, la hemos tenido al día siguiente de su cooptación a la Secretaría General del PP: De la Vega está encantada con su nombramiento. Como Camps. Como Valcárcel. ¡Viva el centrismo! Y el que no tenga agua que se fastidie. Haber nacido más al norte.

¡Que juzguen a Google y Yahoo!

En cuanto a la legislación, el artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) deja claro que no hay responsabilidad de los responsables de un sitio web por los contenidos a los que enlaza cuando "no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización". Y se explica que se entiende que hay conocimiento "cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución".

Hasta donde se sabe, ningún "órgano competente" (que no es otro que un juez) ha declarado la ilegalidad de la página a la que enlazaba el sitio web del procesado, por lo que éste no podía tener "conocimiento efectivo" de que desde ella se podía acceder a los deleznables contenidos en cuestión. Para que la persona ahora juzgada tuviera alguna responsabilidad penal, previamente tendría que haberse dictado una sentencia, de la que el acusado tuviera conocimiento, declarando ilegal el sitio web al que se podía acceder desde el suyo por incorporar links a pornografía infantil. Y parece que esto no es así.

Pero vayamos al puro conocimiento de internet. Según la doctrina del ministerio público, que defiende que desde Chicaerotica.net facilitó de "alguna forma" el acceso a los contenidos de pornografía infantil, Google y Yahoo deberían ser juzgados por la misma razón. En ambos buscadores se puede acceder a la página por la que el procesado ha sido llevado ante los tribunales. Al fin y al cabo, enlazan a una página, que enlaza a una página, que enlaza a una página con contenidos delictivos. Ya puestos, no habría por qué romper la cadena de responsabilidades en el segundo enlace. De hecho, yo podría ser juzgado por enlazar a dos buscadores en los que se enlaza a una página que enlaza a una página… Y si a alguien se le ocurre incluir un vínculo a este artículo, pues lo mismo.

De hecho, seguramente el 99% de los sitios web de todo el mundo podrían ser juzgados. Al fin y al cabo, internet es una inmensa tela de araña en la que unas páginas enlazan con otras que al mismo tiempo ofrecen vínculos a terceras y así indefinidamente. Así que ya sabe el señor fiscal, ¡que juzguen a Google y Yahoo! Y después a todos aquellos que tengan alguna página en la que aparezca un vínculo a otra distinta.

La austeridad se consigue con menos Estado

Una de las principales críticas que recibe recurrentemente España es la fuerte rigidez burocrática que impide hacer nada. Si la solución a los problemas económicos está en la reducción de leyes absurdas contra el libre comercio y el descenso en el número de funcionarios, el Estado ha hecho lo contrario. En España hemos pasado de 1,2 millones de funcionarios en 1990 a casi 2,6 millones en 2008, y quienes trabajan en el sector público no pueden emplearse a la vez en el privado. Esto significa una menor producción, más impuestos y un fuerte lobby que no para de absorber privilegios como el poder trabajar desde casa o recibir primas por no faltar al trabajo. En la economía privada, si no trabajas, te despiden. Los funcionarios son una casta privilegiada. ¿Cree que Gobierno y administraciones locales van a recortar cargos públicos arriesgándose a huelgas de todo tipo?

Todas las reacciones que ha tenido Zapatero para hacer frente al actual "problema de dificultades", esto es, crisis con atisbos de recesión, se han centrado en gastar más: más obra pública, más subsidios de desempleo, más funcionarios para crear cosas como el "observatorio de precios" y más subvenciones para los lobbies sociales y empresariales. Si el Gobierno ya está recaudando menos debido a la contracción económica y sigue gastando como un ludópata en un bingo, ¿de dónde sacará el dinero para su despilfarro? La respuesta es evidente: de nuestra cartera. Padeceremos una presión fiscal mayor y el peso de la deuda pública sobre el PIB crecerá, lo que significa que pagaremos aún más impuestos en el futuro.

Por definición, el Estado sólo sabe aplicar la fuerza. Es función de los medios de producción privados servir a la sociedad adaptándose constantemente a nosotros, independientemente de la situación económica en la que estemos. No lo hacen por amor, como dice el establishment socialista que hace el Gobierno, sino porque en ello les va su bienestar material.

Si el Gobierno se decida a llenar los bolsillos de las empresas con subvenciones y ayudas, éstas dejarán de esforzarse en crear empleo y servir al consumidor y al accionista. El principal benefactor de las empresas privadas será el Estado, no nosotros. Si de igual forma Zapatero considera, como ya ha hecho, que los subsidios de desempleo han de crecer, lo único que hará será premiar la baja productividad y el no trabajo. La sociedad y economía funcionan cuando se retroalimentan de forma natural y autónoma, no con transferencias de los actores económicos productivos hacia los no productivos. Esto sólo nos llevará a acentuar la crisis e invertir el proceso natural.

Entonces, si el bienestar material nos viene a través de los intereses de cada uno de los actores económicos que interactúan entre ellos demandando y ofreciendo productos y servicios, lo mejor será fomentar la empresarialidad y el esfuerzo personal. En este terreno, lo mejor que puede hacer el Gobierno es empezar a permitirles más libertad a la sociedad y al mercado para que cada uno use los mejores métodos de producción posibles para satisfacer al resto de la sociedad. Si el Gobierno actúa como un dictador de la producción controlando los medios de forma arbitraria por el simple hecho que no le gustan, como por ejemplo cuando se niega a que se emplee la energía nuclear, sólo conseguiremos menos innovación, menos bienestar y un mercado autárquico y cerrado a las necesidades reales del ciudadano.

Las crisis se deben a los falsos incentivos de los medios políticos, ya vengan de los bancos centrales –que crean ilusiones de crecimiento respaldadas por inflación– o del propio Estado. Los que han provocado esta situación sólo nos pueden ayudar disminuyendo sus funciones o desapareciendo de nuestras vidas. El número de funcionarios ha de disminuir drásticamente. Las subvenciones han de ser reducidas o incluso abolidas. Las leyes medioambientales no generan ningún beneficio que el mercado pueda valorar y nos acarrean un sinfín de costes, por lo que deben ser derogadas. Que elija el consumidor y no un burócrata en la Moncloa que vive de nuestro dinero. Y todo para que encima tampoco cumplamos nuestros compromisos ecológicos. Si lo que nos importa es nuestro bienestar material y no el de los burócratas, los impuestos han ser fáciles de recaudar y transparentes, lo que significa, en el corto plazo, crear un solo impuesto directo al consumo y bajo.

En fin, la mejor manera para superar la crisis es que el Estado se siga una estricta dieta y empiece a recortar sus funciones cediéndonoslas a nosotros, la sociedad civil.

La objetividad de los precios regulados

¿Cuál es el problema que ha suscitado este debate? Que lo que unos piensan que vale 5 los otros piensan que vale 2. Me explico. Cuando se hace una llamada a un teléfono móvil desde un teléfono de otra red, por ejemplo, desde el fijo de casa, el operador que nos suministra el servicio telefónico debe pagar al operador móvil una cierta cantidad de dinero por el llamado servicio de terminación en su red.

Ya hace mucho tiempo los reguladores decidieron que el operador podría subir este precio cuanto quisiera gracias a su poder, y que, por tanto, había que fijarlo externamente, no se podía dejar al arbitrio del mercado.

Lo que pasa es que cuando el precio no se deja al arbitrio del mercado, se deja al verdadero arbitrio, al de los gobiernos. Estos, en ausencia de las señales que da la competencia, carecen de criterio alguno para establecerlo, lo que disfrazan acudiendo a complejos sistemas basados en la contabilidad de costes y otros similares, que pretenden objetivos.

Como dichos sistemas son, en cualquier caso, arbitrarios, nos encontramos con que, si hay varios reguladores atendiendo al tema, cada uno opina una cosa distinta, con diferencias tan absurdas como la que se plantea al comienzo de este artículo.

La cosa es más divertida aún. Pues estos reguladores están discutiendo por el precio que deberá tener la terminación móvil… ¡en el año 2011! Bajen a la panadería más cercana y pregunten al dueño, buen conocedor de su negocio, cuánto valdrá el pan en 2011, a ver qué les contesta. Y eso que el pan es más o menos lo que ha sido durante mucho tiempo, mientras que el de las telecomunicaciones es de esos negocios en que la tecnología parece evolucionar continuamente.

Pero ahí es nada: los reguladores, que no han prestado en su vida servicios a nadie, que no han desplegado ninguna red ni han tomado ningún tipo de decisión invirtiendo su dinero, discuten sobre lo que va a pasar de aquí a 2011, y sobre lo que tendrán que pagar unos operadores a otros por estos servicios.

En el fondo, este debate lo que demuestra es que no existen precios objetivos fuera del mercado, y que lo suyo es que estos sean fijados por la interacción de la oferta y la demanda, vamos, por la gente que se está jugando los cuartos en el asunto. Y no por iluminados a los que el tema no les va a costar un duro. A ningún panadero se le ocurriría fijar ahora los precios de su pan para 2011; a un regulador, sí.

El entramado social

Si bien en apariencia esta huelga se ha cerrado sin demasiadas concesiones políticas, el Gobierno ya tiene pensado acudir a la UE para exigir el establecimiento de un "precio político" subvencionado para el gasóleo.

Parece que en este país todos los ciudadanos tienen el derecho a exigir que el Estado les garantice una prosperidad mínima: nadie puede perder su empleo y nadie puede quebrar. Los trabajadores deben poder acceder, como mínimo, a un suculento subsidio de desempleo, y los empresarios a la ubre del gasto público. Solbes se ha enorgullecido en varias ocasiones de que el desempleo no será problemático, porque la gente seguirá cobrando del erario, y la ministra de Fomento pretende salvar la papeleta a los constructores mediante más obra pública y vivienda de protección oficial.

La corrupción moral e intelectual que ha generado el socialismo y el Estado del Bienestar ha convertido a la ciudadanía en hordas de pedigüeños preocupados por cómo adherir su ruinoso chiringuito al sector público y no en cerrarlo y volver a empezar.

En lugar de reconocer sus errores, corregirlos y tratar de evitarlos en el futuro, los españoles ni siquiera se plantean que se equivocaron.

Que la construcción de vivienda y el transporte de mercancías por carretera hayan dejado de ser actividades lucrativas para muchos empresarios significa precisamente eso: que esos muchos tienen que cerrar y dedicarse a otras tareas. Sin embargo, pocos han sido los que han planteado abiertamente esta posibilidad. El debate sigue centrándose en si en estos momentos de crisis el Estado puede sufragar el mantenimiento de tal o cual sector o carece de los recursos para ello: el ideal no es la reestructuración, sino una conservación barata.

El problema es que las crisis económicas son períodos en los que hay que corregir todas las malas inversiones, en los que el sector productivo debe someterse a cambios de gran calado. Muchos trabajadores se quedarán sin empleo, y muchos empresarios quebrarán. La razón, por trágica que pueda ser, no deja de ser simple: estos individuos se están dedicando a actividades mucho menos necesarias para los consumidores que otras que no están lo suficientemente atendidas. ¿Tenía sentido que cada año se construyeran más de 800.000 viviendas en España, mientras la inversión en materias primas quedaba en segundo plano?

Es hora de solucionar estos desajustes generados por los bancos centrales, y para ello no todo el mundo puede seguir haciendo lo que ha venido haciendo. Hasta 2007 España vivió un crecimiento económico artificial (sufragado en buena medida por los ahorradores asiáticos), así que no puede pretenderse que en tiempos de crisis todo siga igual.

Si por la subida del precio de los carburantes los europeos salen a la calle, cortan carreteras y queman camiones, ¿qué sucederá cuando el desempleo se extienda de manera endémica?, ¿qué pasará cuando la crisis hipotecaría desemboque en embargos masivos de viviendas?, ¿qué ocurrirá cuando los bancos quiebren y no puedan reintegrar los depósitos a la visa?

Con todo, lo más grave no son los perjuicios directos que este incremento de la conflictividad pueda generar. El aumento de la violencia y la erosión de la convivencia social pueden generar vértigo, pero el auténtico riesgo es que se pretenda aplacarlos con concesiones intervencionistas que sólo lograrán perpetuar la crisis y sembrar la semilla de futuros conflictos, de la desintegración del mercado y la sociedad.

Tras varias décadas de adoctrinamiento intervencionista, los ciudadanos se creen acreedores de la protección pública. Y es que incluso los estatistas de corte más liberal habían venido defendiendo la idea de un "colchón mínimo" que proteja ante las contingencias y situaciones económicas más desfavorables. Pero la cuestión, tanto cuando crecíamos como ahora que nos hundimos, sigue siendo el la misma: cuán mínimo debe ser ese colchón para que no acabe conformándose un bucle pobreza-protección-pobreza.

El Estado no debe perpetuar los errores privados que él mismo ha contribuido a generar. Hay que purgar cuanto antes las malas inversiones, y todo obstáculo que se interponga no hará sino prolongar y agravar la crisis. Habrá que ver si Occidente no sucumbe debido a su mentalidad parasitil.