El estudio que han realizado nos muestra cómo algunos alimentos multiplican su precio de forma notoria desde que salen de la huerta hasta que llegan al supermercado, en algunos casos hasta más de un 400% según estas organizaciones (COAG, UCE y Ceaccu). Como era de imaginar, han exigido la intervención del Gobierno.
El lobby agrario COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) exige, por ejemplo, que el Estado "fije los precios o márgenes de comercialización cuando se trate de productos de primera necesidad". Pero ¿qué ocurriría si el Gobierno impusiera precios máximos sobre los productos? Lo primero, que nacería otro lobby, el de los intermediarios, que exigiría al Estado subvenciones de compensación. ¿Quién lo pagaría? Exacto, usted, consumiese el producto con el que ellos trabajan o no.
Desde un punto de vista menos político y más económico, veamos las dañinas consecuencias que tiene el intervencionismo en la estructura productiva de la economía. El precio de un producto o servicio no es la suma de sus costes más un margen. Desde que se descubrió el concepto económico de la utilidad marginal en el siglo XIX, los economistas se dieron cuenta que las cosas cuestan aquello que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Es desde la escala de preferencias del consumidor que se establecen los precios y no al revés.
El precio orquesta las necesidades reales de la gente –lo que en economía se llama "preferencias reveladas"– con la escasez de la oferta y los diferentes sistemas de elaboración, distribución y comercialización que existe en el mercado, es decir, con el valor de los intermediarios. Si el precio de las cosas está por encima de las más urgentes necesidades de las personas, la estructura productiva se acorta, cierran intermediarios, hasta encontrar un "precio de equilibrio" o concordia entre oferta y demanda.
Si por razones artificiales y ajenas al libre mercado, como pueda ser la intervención coactiva del Gobierno, las relaciones naturales entre oferta y demanda desaparecen, lo único que conseguiremos es escasez y fraude. ¿Qué ha ocurrido últimamente con el agua? El agua no tiene un precio de mercado, está regulado. Las consecuencias han sido severas restricciones en algunos lugares de España y quejas de diversos sectores políticos. ¿Qué ocurre con el suministro de electricidad, que también tiene precios máximos? Apagones continuos y jugosas subvenciones para las empresas productoras y distribuidoras de electricidad que pagamos todos aunque no usemos su producto.
Si usted nació antes de la democracia recordará una muestra de esos fraudes producidos por los precios máximos: la barra de kilo de 800 gramos de pan. El régimen regulaba en aquel momento los "productos de primera necesidad", como ahora exige la COAG. La picaresca se impuso de inmediato: vender pan de kilo que en realidad pesaba 800 gramos. Da igual qué es lo que se quiera regular, lo único que logrará será agudizar el ingenio de los pícaros, aumentar la burocracia y castigar a los empresarios honrados, que a propósito, son la mayoría y no por su bondad, sino porque en el libre mercado el listillo es expulsado por el consumidor. Todo lo contrario a lo que ocurre en el Estado del Bienestar, donde vive a expensas del ciudadano y las subvenciones.
Los lobbies de consumidores y agricultores han demostrado saber muy bien como procurar por su sueldo, pero no demasiados conocimientos ni de teoría económica ni de historia. La supuesta inflación que está disparando los márgenes desde hace tiempo no se debe a lo oscuros intermediarios. Gracias a ellos tenemos alimentos cada día en las tiendas. Si restringimos su negocio por medio de la fuerza de la ley, sólo conseguiremos encontrar comida durante los cinco primeros minutos desde la apertura de los supermercados, tal y como ocurría en la URSS, que precisamente usaba este tipo de regulaciones. Bueno, también podremos ir a las huertas a comprar los tomates o a Canarias para conseguir unos plátanos.
La inflación crediticia ha creado intermediarios artificiales de igual forma que ha ocurrido con la vivienda. La emisión excesiva de dinero –ya sea en billetes, depósitos u otros activos– ha descompensado la estructura productiva creando una ilusión de beneficios que no está respaldada por la producción. Lo que vemos ahora no es más que la continuación de las políticas expansivas de los bancos centrales que se va filtrando por todo el tejido económico. No en vano Nicolás de Oresme, el primer tratadista monetario, apuntó sabiamente en el S. XIV que la excesiva emisión de activos monetarios (la inflación crediticia) siempre conduce a la explotación y tiranía.
