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Ni con crisis cumplimos Kyoto

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

A pesar de que con la excusa de salvarnos de la catástrofe climática tanto el Gobierno del PP como el del PSOE han introducido en nuestra sociedad mecanismos de intervención económica que harían las delicias del socialista más radical, las emisiones de CO2 siguen disparadas. El año pasado fueron un 1,8 por ciento superiores al año anterior y nuestro país ya tiene un desfase de 33 puntos porcentuales con su compromiso de Kyoto. Dicho de otro modo, España emite un 52% más de lo que emitía en 1990 a pesar de que el límite de acuerdo con el protocolo de Kyoto sólo le permite incrementar las emisiones un 15%.

La relación entre crecimiento económico y emisiones de CO2 es tan estrecha que si estuviésemos seguros de que existe un calentamiento peligroso para el ser humano cuya causa son esas emisiones, sólo habría dos modos de evitarlo: transformar nuestro sistema productivo o paralizar su crecimiento. La transformación del sistema productivo puede lograrse con la aceleración del proceso de acumulación de capital, con el establecimiento de deducciones fiscales a las empresas que reduzcan sus emisiones o mediante cambios tecnológicos. El mercado puede aprovechar estas tres fórmulas sin necesidad de coacción.

Sin embargo, el protocolo de Kyoto y el resto de medidas aprobadas por nuestro Gobierno consisten en intentos desesperados por detener el crecimiento económico convirtiendo el mercado en un juego de suma cero o planificando en contra del mercado libre el tipo de factores productivos que van a participar en el proceso de producción al margen de que sean considerados o no los más económicos por empresarios y consumidores.

Este año parece que la situación económica está provocando que las emisiones sean, por ahora, menores. El motivo se encuentra sencillamente en la crisis económica y en el elevadísimo precio del petróleo. Pero según José Santamaría, director de World Watch en España, "esto no es suficiente". Después de todo se nos empieza a dar la razón. Haría falta un colapso total de nuestra economía para poder cumplir con el dichoso protocolo. ¿Alguien está dispuesto a pasar por eso para detener las emisiones de CO2 cuando existen alternativas que no atentan contra el libre mercado y los derechos individuales? ¡Yo no!

Quieren regular la moral

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

La BBFC era en principio una organización privada encargada de la autorregulación de ambos sectores, algo a lo que nada habría que objetar. Sin embargo, la trampa radica en que el Estado le otorgó en 1984, no podía ser otro año, el monopolio en esta actividad y decretó la obligación de someterse a su dictamen a cualquier título que vaya a ser proyectado en tierras británicas. Dicho de otro modo, es el brazo del poder político para decidir sobre la moral privada. Algo totalmente ilegítimo.

Este terrorífico organismo pretende ahora meter mano en la red. La BBFC pretende tener poder para clasificar los contenidos audiovisuales (incluyendo juegos) de entretenimiento por Internet. Los proveedores sujetos a su regulación estarían obligados a establecer un sistema de bloqueo que impidiera que los menores accedieran a contenidos inadecuados para su edad. Esto, que en principio parece simple, tiene riesgos añadidos. Para que esos sistemas funcionaran de forma adecuada, los proveedores deberían tener constancia de cada persona que se conecta a la red en cada momento, y no sólo del ordenador, como sucedía hasta ahora. De este modo se dañaría todavía más la muy maltrecha intimidad del usuario ante las autoridades a la hora de conectarse a la Red.

Los argumentos que dan los de la BBFC para justificar sus pretensiones son para ponerse a temblar. Dicen que si ellos no lo hacen lo harían sus equivalentes de otros países. Y eso para ellos sería muy grave, puesto que los estadounidenses son más permisivos con los contenidos que muestran violencia y los franceses con el sexo. Conmovedora su preocupación por la salud moral de los niños de Gran Bretaña. Es cierto que, por el momento, lo que piden es que los proveedores se sumen de forma voluntaria. Pero tiempo al tiempo; en cuanto vean que muchos usuarios se pasan a operadoras que no aplican la censura conseguirán que el Parlamento apruebe una ley que haga obligatorio someterse a su dictamen.

Estamos ante un nuevo ataque contra la esfera de lo privado. La única autoridad que debería admitirse a la hora de decidir qué contenidos son aptos para menores y cuáles no son los propios padres. Bien está que las empresas se autorregulen, porque eso no supone más que una suerte de guía sobre cómo actuar, no un poder real. La potestad paterna (o materna) resulta fácil de aplicar en internet. Existen numerosos programas que cualquiera puede descargarse e instalar en su ordenador para filtrar contenidos. Dar poder a otros organismos y autoridades no es más que pretender regular la moral.

Esperemos que España no salgan imitadores de la BBFC que pretendan regular los contenidos a los que se puede y no se puede acceder a través de la Red en nombre de los derechos de la infancia o cualquier excusa torticera. No destruyamos un poco más nuestra libertad en aras de imponer una moral oficial, sea del signo que sea.

Al final fue una suerte que ganara Zapatero

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La decisión de Rajoy y su equipo (su equipazo, vaya) de adaptarse al cambio de régimen y gestionar su demolición dentro del consenso era, según vemos ahora, una determinación firme cualquiera que hubiera sido el resultado de las elecciones. Si el PP hubiera ganado estaría actuando exactamente igual que ahora lo hace desde la oposición, sólo que con responsabilidades distintas y varios miles de sorayos pisando moqueta. Esto último es lo único que hubiera podido moderar el estruendo de un partido que se dispone a demoler las bases sobre las que se fundó y en función de las cuales más de diez millones de españoles le otorgaron su confianza.

Ahora se descubre el embeleco, pero el problema fue nuestro, de los votantes y dirigentes regionales ajenos al cotarro de Génova 13, por no haberlo visto a tiempo y actuar en consecuencia.

En esta voladura sistemática sobra gente. Es el "tejido adiposo", que decía Arzallus cuando una parte de la tribu peneuvista se le sublevó. En el caso del PP es también necesario desprenderse de una parte de sus miembros, precisamente los que más admiración popular despiertan por su abnegada batalla contra los enemigos de la libertad. Estos referentes morales, como María San Gil y ahora Ortega Lara (¡Ortega Lara! Mariano, hijo, qué vergüenza) no tienen sitio en una organización cuyo líder ha decidido ponerse al servicio de todo aquello contra lo que han venido luchando desde hace décadas.

Por eso es mucho mejor que Zapatero ganara las elecciones. Así los votantes del PP no tienen que asistir al espectáculo de demolición nacional consensuado con el PSOE, viendo a su líder dirigir la brigada de excavadoras. Desde la oposición el sentimiento es quizás el mismo, pero el sonrojo menor.

Aznar, a estas alturas, debe estar considerando seriamente el amputarse de un tajo el dedo índice con que designó a su sucesor. Qué error, Josemari, qué inmenso error.

La vigilancia continua y universal ha llegado

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Entre todos los esquemas de planificación central que los socialistas de todos los partidos han exhibido durante los últimos días destaca el que aboga por el incremento del gasto público en obras públicas e infraestructuras. El dogma keynesiano de que la demanda agregada es insuficiente para absorber toda la población activa parece encontrar cierta aceptación tanto en la izquierda como en la derecha.

Por errónea que sea, esta teoría parece tener un ápice de certeza, debido a la desafortunada analogía que suele establecerse entre la economía y la mecánica. Si el sistema productivo es como una máquina, hará falta inyectar combustible al motor para que se revolucione y ponga en funcionamiento el resto de las piezas (los trabajadores). Desde esta perspectiva, la demanda genera la oferta, no a la inversa.

Sin embargo, no es más que un puro disparate, que oculta las relaciones más elementales que se dan en una economía. Tanto desde un punto de vista financiero como desde una perspectiva real, el incremento de la obra pública no puede ser sino pernicioso para los intereses de los españoles.

La obra pública se financia con los impuestos, y si éstos suben los contibuyentes ven mermada la renta de que disponen para atender al pago de sus deudas (hipotecas, obligaciones empresariales, etcétera). La única manera de limitar el alcance destructor de la crisis pasa por limitar el número de impagos de la deuda española (que en la actualidad es tres veces superior al PIB). Si los acreedores quiebran, el crédito se restringirá aún más y los impagos se multiplicarán, con lo que se hunidrán los valores patrimoniales de familias y empresas (¿cuánto vale un paquete de acciones de una empresa quebrada?). Por este motivo, que el Estado capte una mayor parte de recursos vía impuestos (o vía déficit público) sólo reduce la capacidad de los españoles para atender periódicamente sus obligaciones.

Por otro lado, y como pone de manifiesto la teoría austriaca del ciclo económico, la actual crisis se produce por un desajuste entre las distintas estructuras de bienes de consumo y capital. Durante años, en España y en otros países occidentales se ha estado invirtiendo masivamente en el sector inmobiliario, al tiempo que ha confiado la producción de manufacturas a los países asiáticos, singularmente a China y la India.

Dado que en Occidente se producía demasiada vivienda y en Oriente manufacturas, la única manera de mantener el elevado ritmo de consumo de los países desarrollados era pagando con deuda a China y la India (de ahí los elevadísimos déficit comerciales). Todo esto ha permitido incrementar la riqueza de estos países exportadores tanto en términos de renta per cápita como de capacidad productiva. Y es aquí donde encontramos el cuello de botella que ha disparado el precio de las materias primas agrícolas e industriales.

La expansión crediticia occidental permitió aumentar desproporcionadamente la renta de chinos e indios, que de este modo empezaron a demandar masivamente mejoras  en su nivel de vida. Uno de los cambios más trascendentales ha sido la creciente presencia de carne en la dieta de aquéllos, lo que ha obligado a incrementar la cabaña ganadera y la demanda de cereales para alimentar a los animales.

La expansión crediticia facilitó asimismo un extraordinario incremento del capital fijo en China y la India, destinado a producir más manufacturas para Occidente. La mayor dotación de capital fijo requiere ahora de una enorme cantidad de materias primas industriales. Dado que el capital fijo en estas áreas se incrementó muy por encima del capital en otras industrias (como las relacionadas con las materias primas), la oferta no ha seguido a la demanda y los precios de las materias primas se han disparado. Hay un desequilibrio entre determinadas estructuras productivas (capital fijo en manufacturas y capital fijo en materias primas) que debe corregirse mediante reorientaciones de la inversión.

Pero para invertir es necesario ahorrar y canalizar ese ahorro hacia las industrias que  son ahora más rentables (materias primas), de modo que se pueda reestablecer una cierta armonía entre sectores productivos. La obra pública, lejos de canalizar los recursos escasos hacia las materias primas, los retiene en la construcción de infraestructuras, mucho menos necesarias que, por ejemplo, el petróleo, los cereales o el cobre.

Después de las brutales y omnipresentes obras públicas que ha padecido España (y especialmente Madrid) durante los últimos años, parece del todo absurdo que los intervencionistas sostengan que hemos entrado en crisis porque no hemos construido los suficientes edificios públicos, monumentos, túneles y carreteras.

Lo que necesitamos ahora es más ahorro, ya sea para amortizar la deuda viva o para invertir en los bienes de capital complementarios (materias primas) que se han quedado atrofiados durante los últimos años. Para ello resulta imprescindible bajar los impuestos, a poder ser en aquellas partidas que incentivan el ahorro; es decir, habría que eliminar la tributación de las ganancias del capital (como en Alemania), e incrementar al 100% las deducciones por reinversión de los beneficios empresariales.

Desde luego, la solución no pasa por echar mano de más deuda y más ladrillo, es decir, de lo que nos ha llevado adonde estamos.

La obra pública no es la solución

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas e incautaciones arbitrarias será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes que no se apoyen en una causa probable, corroborada mediante juramento o declaración solemne, y describan el lugar que ha de ser registrado y las personas o cosas que deben ser detenidas o embargadas.

La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, perteneciente al Bill of Rights, garantiza los derechos de los ciudadanos contra ciertos abusos del poder. Todos encontraríamos inadmisible que la Policía pudiera entrar en nuestras casas "porque sí", porque al oficial de turno le ha dado la gana. El reciente caso del sheriff de Coslada es un recordatorio de los riesgos a los que nos enfrentamos de conceder demasiadas facilidades a las fuerzas de seguridad, especialmente en un país como el nuestro en que se les ha otorgado el monopolio de la posesión de armas de fuego.

En Europa, con lo mucho que ladramos por ciertas leyes norteamericanas que pueden suponer abusos sobre ciertos derechos básicos, carecemos de protecciones como esta enmienda constitucional, de modo que resulta mucho más sencillo para los gobernantes imponer violaciones de nuestros derechos y realizar "incautaciones arbitrarias" de nuestras "personas, domicilios, papeles y efectos". La Unión Europea aprobó una directiva en 2005 que exigía a los parlamentos nacionales que implementaran un sistema de retención de datos, algo que, con un nombre así, suena hasta inofensivo. Pero no lo es.

El Reino Unido acaba de volver a poner de actualidad qué significa en realidad. Bajo su plan, la policía dispondrá de una base de datos donde anotarán qué hacemos en internet, que sitios visitas, qué correos enviamos y a quién, qué llamadas hacemos y a qué números. Para entrar en esa base de datos no es necesario haber cometido delito alguno; basta con vivir en las islas o incluso pasar por allí de visita. Las operadoras de telefonía y los proveedores de acceso a internet estarán obligados a dar esos datos a las autoridades, que los almacenarán durante doce meses. Se supone que sólo accederán a ellos cuando un juez lo ordene. Claro. Y el sheriff de Coslada sólo visitaba los establecimientos de la localidad cuando denunciaban un robo.

Estos datos permitirán a las autoridades crear una suerte de perfil digital de cada uno de nosotros. Sin duda, tendrá cierta utilidad a la hora de luchar contra cierto tipo de delincuencia, aunque no parece que sea tanta como para justificar semejante pérdida de nuestros derechos. Fíjense si no el mal uso que se ha dado en la investigación del 11-M a los datos de las llamadas telefónicas realizadas por los condenados y por los muertos de Leganés. Luis del Pino podría escribir un libro entero sólo con las inconsistencias y contradicciones de la investigación referidas a los números, terminales y tarjetas SIM. A la hora de la verdad, resulta dudoso que disponer de los datos de hace doce meses de un sospechoso tenga utilidad ninguna.

Piensen, sobre todo, en manos de qué Gobierno estamos y de quién ostenta ahora mismo los ministerios de Defensa e Interior. ¿Confían en él para almacenar datos personales, que afectan a su intimidad? Yo tampoco. Y sin embargo, el año pasado se aprobó en España la "ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones", que obliga a las empresas a almacenar esos datos y dárselos a las autoridades cuando un juez así lo autorice. Mientras, esos datos personales se almacenan, expuestos a fugas, cotilleos indiscretos y todo tipo de abusos. ¿Se siente más seguro? Yo tampoco.

Las favelas de Thatcher

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La ciudad es uno de los hallazgos más felices de la humanidad, máxima creación de ese vivir enlazados por relaciones voluntarias y abstractas que es característico de las sociedades libres y complejas. La ciudad es el nudo de la división del trabajo, y como ésta es una de las condiciones del desarrollo, ciudad y avance social siempre han ido de la mano.

Nadie lo diría si uno visita los bustíes indios, los katchi abadis de la vecina Pakistán, o las favelas brasileñas. Según los cálculos de Naciones Unidas en 2001, unos 1.000 millones de personas vivían en estos barrios de miseria, y el número se doblaría para 2030. Las políticas seguidas habitualmente por los políticos son los desahucios forzosos y masivos. Es una forma de actuar típica de los políticos, pero que no soluciona nada. Quien se fue a buscarse la vida a un barrio bajo es porque lo necesitaba, de modo que si echan abajo las cuatro miserables paredes en que se ha refugiado, las volverá a construir ahí o en cualquier otro sitio válido.

Hay otro camino; otro sendero, como titularon su seminal libro Enrique Ghersi, Mario Ghibellini, y Hernando de Soto. Ese sendero es el de los derechos de propiedad, y lo ha puesto en marcha el que prometía ser uno de los líderes de la nueva oleada socialista en Iberoamérica: Luiz Inacio Lula da Silva. En una de sus medidas primeras y más señeras, Lula puso en marcha un plan para reconocer derechos de propiedad sobre las favelas.

"Bueno, la diferencia es que ahora habrá un papelito que, simplemente, dice que es suyo", me rebatió un amigo mío a mi entusiasmo por la medida del líder brasileño. La diferencia es un papel, sí, pero también el proceso social que se desencadena con el reconocimiento de ese derecho. ¿Quién invertiría en una casa, por muy miserable que fuese, si no tiene el respaldo del derecho para hacerla suya? ¿Para qué mejorarla si cualquiera más fuerte que yo puede quedársela?

Es más, con todo lo pequeña y miserable que pueda ser una favela, una vez reconocida por el derecho, se puede comprar y vender con seguridad. Adquiere un valor de mercado. Y contra ese valor se puede pedir un crédito al banco, un dinero modesto pero quizás suficiente para hacer mejoras en ella, o para financiar un pequeño negocio; una furgoneta, un local…

Los que sólo se fíen de lo que ven, como Santo Tomás, que acudan al ejemplo de la Gran Bretaña salvada por Margaret Thatcher. Decenas y decenas de miles de trabajadores británicos vivían desde hacía años en unas casas que, a los ojos de todos, eran absolutamente indignas. No costaban apenas nada, un pequeño alquiler a cambio de vivir en estas viviendas, que eran de titularidad pública. Por un poco más de dinero el Gobierno de Thatcher les ofreció la posibilidad de comprarlas. Lo hicieron en masa. Y, como por ensalmo, aquellas casas parecieron revivir, mejoradas y acicaladas por sus nuevos propietarios.

Claro, que también los hay a quienes no les vale ni lo que está ante sus ojos. Esos no tienen remedio.

El error de Telma Ortiz

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Como parece mantener la compostura, le insultan, a ver si un mal gesto les permite sacar esa instantánea que se gane la portada. ¿Tiene derecho a seleccionar en qué portadas puede aparecer y en cuáles no, a evitar que su vida privada sea compartida por millones de españoles?

Ha querido proteger su intimidad haciendo que la juez ordenada a más de medio centenar de medios de comunicación, alguno inexistente, que no publiquen ninguna imagen de la hermana de la Princesa, a excepción de sus comparecencias junto a los Príncipes o la Familia Real. Es decir, lo que quería Telma Ortiz Rocasolano era, ni más ni menos que la vuelta a la censura previa. Últimamente ha habido en España varios grandes intentos de censurar a los medios desde los tribunales y dos vienen de la Familia Real. ¿No falla algo en esa Casa?

La cuestión de fondo no se ha llegado a dilucidar en el fallo. ¿Tenemos un derecho a la intimidad? Si existe, ¿en qué medida se puede exigir su protección frente a la libertad de expresión? ¿Tenemos derecho a impedir que los demás hagan lo que quieran de nuestra imagen?

Se puede pensar que nuestra imagen física es también parte de nosotros y, por tanto, nos pertenece. Así, nosotros decidimos qué uso se puede hacer de ella, si se puede reproducir o no. El hecho de ser una "personalidad pública" no altera ese derecho, ya que si nos pertenece podemos disponer de él como queramos; vendiéndolo en un momento, cediéndolo a continuación y prohibiendo su uso en una ocasión distinta. ¿Acaso una mujer ha perdido el derecho sobre su sexualidad por el hecho de que se haya prostituido? Ese derecho a la imagen propia debería ser protección suficiente y, hasta cierto punto, está recogido en nuestra legislación. Por otro lado, si las calles fuesen privadas, los transeúntes sabrían qué normas tienen que respetar. Como son públicas, los límites de lo que podemos hacer no están claros.

A Telma le hubiese bastado con llevar a los medios que hubiesen violado su derecho a la propia imagen a los tribunales. Si hubiese combinado esa estrategia con unas cuantas conversaciones con los responsables de los medios se habría quedado al margen de los focos. Que haya querido reinstaurar la censura previa demuestra que no tiene las ideas claras y que tampoco cuenta con quien se las aclare.

Chikilicuatre no conoce a María San Gil

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Lo contó Jorge Valdano hace muchos años. El Alavés, equipo por el que el futbolista argentino acababa de fichar, disputaba un encuentro de copa contra el Barça de Cruyff. Cada vez que el árbitro paraba el juego, Johann cogía la pelota debajo del brazo y no la soltaba hasta que no terminaba de discutir la jugada del árbitro. Como quiera que la escena se repetía una y otra vez, un joven Valdano se dirigió al árbitro diciéndole: "Oiga, dele un balón a este y denos otro a los demás para que podamos seguir jugando."

– ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Cruyff dirigiéndose al invitado inoportuno.
–  Jorge Valdano.
–  ¿Cuántos años tienes?
–  Veinte – respondió el argentino, cada vez más azorado.
–  Pues con tu edad, a mí se me trata de usted.

El tal Lasalle, columnista ocasional en ese foro de las libertades que es el diario El País, se pregunta acerca de los méritos de la diputada vasca para pedir que en la ponencia política del PP se defienda claramente la unidad de la nación española. Pues mire, Lasalle, es una señora que ha visto pasar bajo su ventana a varias manifestaciones de batasunos gritando "María San Gil, vas a morir", que ha visto en directo caer asesinado a su compañero de partido Gregorio Ordóñez, que tiene claro, por sufrirlo a diario en primera persona, lo que se puede confiar en el nacionalismo vasco y, para redondear el currículum, acaba de superar un cáncer. O sea, alguien a quien tratar de usted, Lasalle.

Con una biografía semejante, todavía hay quien se extraña de que la diputada vasca abandonara educadamente un foro en el que su presencia era manifiestamente indeseable. En las radios y la prensa oigo y leo que San Gil se ha equivocado y que nunca debió exteriorizar su decepción. De todas formas, añaden, la ponencia política recoge todo lo que María había propuesto. Sí, claro, pero después de dejar al grupo de ideólogos con un palmo de narices, como corresponde a una situación de ese tipo en la que, al menos, hay que defender el decoro personal.

Y es que la banda de chikilicuatres que va a reorganizar el Partido Popular para pegarse en 2012 el mayor trompazo de nuestra historia democrática, necesita que alguien les marque con firmeza el límite que no se puede sobrepasar en materia de principios. En estos casos, encima, los impertinentes acaban agradeciendo el gesto.

Al término de aquel Alavés-Barcelona, Cruyff regaló su camiseta a Valdano y este le dio un abrazo. Desde entonces no ha habido dos entrenadores en España que hayan estado más de acuerdo en cómo se debe jugar al fútbol.

Libertad versus cultura

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Tras haber fracasado en su intento de obligar a las operadoras a entregarle los datos de los usuarios de redes de pares, pretenden ahora que el Gobierno siga en esta materia el pésimo modelo de Nicolas Sarkozy, que no sólo en el tema de las descargas demuestra estar offline. Estos tipos pretenden que, al igual que ha hecho "Sarko", se imponga una norma por la cual las operadoras cancelen las conexiones de aquellos que utilizan las sistemas de intercambio de archivos para descargarse música.

El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, tiene la desfachatez de justificar su propuesta diciendo que "cortar las libertades siempre es molesto, pero hay que proteger la cultura". El argumento es falaz por los cuatro costados. No es una cuestión de molestia, sino algo bastante más peligroso. Puesto que hace unos meses publicó en El País un artículo titulado Libertad para elegir, me ha venido a la mente una cita del autor del importante libro de economía de igual nombre. Decía Milton Friedman: "Una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad acabará sin igualdad ni libertad". Cambien "igualdad" por "cultura" y la frase sigue siendo totalmente cierta.

Pero no sólo es falaz por eso. También pretende identificar su negocio con la "cultura", cuando son dos cosas diferentes. Pero a ellos no les interesa. La propuesta que hace Promusicae al Gobierno es un claro ejemplo de lo que denunciaba otro importante economista, Thomas Sowell, cuando alertó de que "la política es el arte de conseguir que tus intereses egoístas parezcan intereses nacionales". Promusicae, al igual que DAMA, SGAE o la Academia del Cine, pretenden hacer creer que la defensa de sus intereses particulares (normalmente a costa del dinero o la libertad de los ciudadanos) es responsabilidad del conjunto de la sociedad.

También se ofende Guisasola, como ya lo han hecho otros, por el hecho de que se proteste por el canon digital. Critica que se discuta más sobre la "compensación por copia privada" que sobre "la protección de la cultura". Sobre esto último poco hay que discutir: no merece la pena protegerla de nada ni nadie, puesto que no está en peligro. Lo único que peligra aquí es un modelo de negocio obsoleto y la buena imagen que ciertos sectores no se merecen. Por continuar con las citas, con esta queja el presidente de Promusicae demuestra la veracidad de una sentencia del genial Frédéric Bastiat: "El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás".

No es otra cosa lo que pretenden los Antonio Guisasola, José Luis Borau, Pilar Bardem, Teddy Bautista, Luis Cobos y compañía. Todos ellos quieren que el Estado les proporcione la forma de seguir ganando dinero a costa de la cartera y la libertad de los ciudadanos. Y si estos no dan su consentimiento, se les criminaliza, insulta o desprecia. Todo en nombre de la cultura.

La doble moral del intervencionismo

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Uno de los pilares en el que descansa el intervencionismo es que los gobiernos han de recaudar el máximo dinero posible en épocas de bonanza para después lanzarlo a las empresas y particulares en situaciones de crisis. ¿Por qué el Gobierno habría de hacer algo así? Porque según la doctrina socialista somos todos idiotas por definición y, por tanto, incapaces de calibrar el riesgo de nuestras acciones, de ahí que no ahorremos y nos revolquemos en el consumismo. En este escenario, el Estado asume la responsabilidad de un falso asegurador forzoso y ahorra por nosotros.

¿Pero qué ocurre cuando viene la crisis y necesitamos nuestro dinero? Que el ministro de Economía nos insulta diciéndonos que tenemos lo que nos merecemos y que se ha gastado el dinero que nos expropió en otros grupos tan "responsables" como los actores o los agricultores que viven de subvenciones permanentes, por no mencionar todo el dinero que van regalando a todo país que se lo pida o al primer lobby políticamente correcto que se les presenta.

Las palabras de Solbes nos muestran de forma meridiana qué es el Estado. Si esta organización omite sus responsabilidades cuando ha de pagar sus deudas, ¿en qué se convierte? Ningún empresario paga impuestos por propia iniciativa; es obligado a hacerlo contra su voluntad igual que los particulares. A cambio de este sacrificio obligado, el Gobierno nos promete seguridad. Cuando no se hace responsable de la supuesta seguridad material que nos prometió, actúa igual que un vulgar ratero o delincuente. La única diferencia es que el delincuente al robarnos no nos dice que lo hace por nuestro bien ni por el de la sociedad.

Esto nos lleva a la reflexión del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. "Qué los jóvenes se hagan empresarios." ¿Qué incentivo tiene una persona joven para convertirse en empresario? Ante el panorama actual, ninguno. Un empresario no sólo ha de enfrentarse a la competencia y las exigencias del consumidor para satisfacerlo, que son las únicas demandas del mercado, sino que ha de luchar día a día contra las numerosas regulaciones de la UE, el Estado, la Comunidad, el Ayuntamiento y los políticos como Ruiz-Gallardón. ¿Qué favor les hace el alcalde a los empresarios prohibiéndoles anunciarse con carteles convencionales o de neón? ¿Y obligando a los trabajadores a ejercer su profesión cuando no quieren? Ante tantas trabas estatales y problemas, mejor recibir un sueldo fijo de Telefónica o hacerse funcionario. Las leyes que intervienen en el mercado sólo premian el hedonismo, la baja productividad y el parasitismo a costa del resto de la sociedad. No es una situación muy sostenible en un mundo globalizado.

¿Quieren los políticos más empresarios? No hace falta inventar la sopa de ajo. Que eliminen barreras estatales, leyes que sólo favorecen a los grupos de presión, burocracia y, sobre todo, impuestos. En definitiva, que reduzcan de forma acusada el peso coactivo del Estado sobre la sociedad civil y el mercado. Entonces no sólo los empresarios crecerán de forma exponencial y los consumidores tendremos más opciones y diversidad comercial, sino que además ya no tendrá ningún sentido que las empresas exijan socializar las pérdidas a nuestra costa porque el Estado no tendrá ninguna capacidad para hacer efectiva una demanda semejante.