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Informática y la lucha contra el crimen

Mohamed Atta, el jefe de los terroristas, fue multado en dos ocasiones en sólo un par de semanas en agosto de 2001, en dos lugares situados a una veintena de kilómetros el uno del otro. La primera de las infracciones la cometió en el condado de Broward y se le dio una citación que le obligaba a presentarse en el juzgado, cosa que, oh sorpresa inesperada, no hizo. De modo que se emitió una orden de arresto en su contra.

Poco después, en el condado vecino de Palm Beach, Atta cometía otra infracción de tráfico, pero no era detenido. Broward no había puesto su orden de arresto en ninguna base de datos que pudiera ser consultada por nadie más que por su propia policía local. De modo que el policía de Palm Beach le extendió otra citación y dejó que se marchara. Si la orden de arresto hubiera quedado automáticamente archivada en una base de datos accesible para todos los policías, aunque sólo hubiera sido a los de Florida, que es el estado donde dicha orden tenía validez, Atta hubiera estado entre rejas el 11 de septiembre.

Es algo similar a lo que en España sucede en la Justicia y que permitió al asesino de Mari Luz seguir libre para matar cuando debía haber estado entre rejas. La información salva vidas. Por tanto, si el Ministerio no se esfuerza por informatizar nuestra Justicia o jueces, funcionarios y fiscales oponen resistencia por temor a tener que reciclarse, o simplemente porque no les da la gana, están poniendo nuestras vidas en peligro, las de quienes les pagamos el sueldo, las de quienes justificamos que existan.

Pero aún hay otro paso que puede darse. Existe una disciplina informática llamada data mining, o minería de datos, que permite por medio de análisis de todo tipo encontrar patrones y tendencias interesantes en los datos en bruto. Las empresas lo usan continuamente, por ejemplo para evaluar qué personas tienen mayores probabilidades de responder a una oferta y por qué canal, en lugar de ponerse a llamar por teléfono casi al azar. Existen muchas aplicaciones para cualquier Gobierno como, por ejemplo, averiguar las declaraciones de la renta que tienen toda la pinta de ser fraudulentas para que sean éstas las que investiguen los inspectores.

Por supuesto, también se puede emplear para detectar no sólo terroristas sino todo tipo de criminales. Esto no significa que debamos entrar en una pesadilla orwelliana en la que una persona encontrada sospechosa por un proceso de estas características deba ser inmediatamente detenida e interrogada. No; simplemente se convierte en un candidato digno de ser vigilado con mayor atención. Parece una alternativa mucho menos dañina para nuestras libertades que poner cámaras por las calles y espiar el contenido de nuestras comunicaciones electrónicas.

Sinrazón en la República Socialista Europea

Hemos comentado en multitud de ocasiones los falaces supuestos teóricos y la errada teoría que sustentaba la decisión de 2004 de la Comisión de multar a la empresa entonces dirigida por Bill Gates con la cifra hasta entonces record de 400 millones de euros y que, además, le obligaba a ofrecer el Media Player separado del sistema operativo Windows y a dar sus secretos técnico-empresariales a la competencia. No vamos a volver a incidir en lo disparatado del caso ni en la dislocada concepción de competencia sin rivalidad que motivó un acosó que ya dura cuatro años.

Ahora quiero centrarme en el requisito que incluía la decisión de 2004 de acuerdo el cual la venta forzosa a la que Microsoft quedaba obligada tenía que producirse en unos "términos razonables". El problema está en que, como ya demostraran los autores escolásticos del Siglo de Oro en su discusión sobre el precio justo, el valor de las cosas es subjetivo y sólo resulta de la compra-venta voluntaria en el mercado libre. ¿Quién decide el precio razonable en una venta obligatoria? Si lo decide el privilegiado cliente la transacción será doblemente injusta. Si es el regulador quien decide, la economía corre el peligro de parecerse más al modelo fascista que al socialdemócrata que padecemos hoy en día. Así que la única respuesta sensata a esta cuestión creada por el absurdo intervencionismo europeo es que sea el propietario del producto el que ponga el precio.

Pues bien, a pesar de que la mayoría de los "clientes" de la información de Microsoft estaban comprándola sin rechistar (siempre habrá a quien le parezca caro a menos que el precio sea cero), a la Comisión le dio ahora por multar a Microsoft con la que se ha convertido en la nueva cifra más elevada de la historia (899 millones de euros) por vender a un precio que no le satisface plenamente. Si no fuera porque estamos hablando de cosas tan serias como la limitación del orden espontáneo y el librecambismo esto ya sería para mearse de la risa.

La empresa ha decidido, para sorpresa de la CE, recurrir la decisión ante los tribunales. Personalmente no tengo ninguna confianza en la razonabilidad de los veredictos del aparato judicial de esta República Socialista Europea (especialmente en una cuestión como la competencia y el antitrust, en las que la legislación europea deja espacio para la mayor arbitrariedad intervencionista que quepa imaginarse). Sin embargo, hay que celebrar que haya quienes decidan no agachar la cabeza en su camino hacia el matadero empresarial. La única posibilidad de que el monopolio legal que decide qué es competencia deje de estorbar al mercado libre es que los consumidores nos rebelemos ante tanta sinrazón que perjudica a la sociedad en su conjunto.

O libertad o laicismo

La llamada "laicidad" es uno de los ejes de la legislatura que acaba de comenzar, si no el aspecto más importante de toda ella. La Iglesia se la juega en este órdago que lanza el Gobierno, con el BOE, la Justicia y los medios de comunicación en su mano. Pero quien realmente se la juega es aquella parte de la sociedad que no se siente incómoda siendo libre, y que incluso aprecia ser todavía dueña de su propia vida. Aquí nos la jugamos todos.

El Gobierno va dejando caer sus intenciones, disfrazando de ecuanimidad y respeto lo que se anuncia como una persecución en toda regla de los mensajes de la Iglesia gracias al uso sibilino y torticero de las palabras propio de la política y que quiere hacerles decir lo contrario de lo que significan. Pero, parte en una declaración aquí, parte allá, van desvelando sus verdaderas intenciones. Zapatero hace tiempo que habla no ya de un "Estado laico", sino de una "sociedad laica", lo que traducido del lenguaje zapateril al castellano significa una sociedad en la que la Iglesia no pueda lanzar mensajes que vayan más allá del ámbito privado, que no contengan ninguna interpretación social o política.

Lean, si no, el programa que el PSOE ha llevado a las elecciones bajo el lema "Motivos para creer":

Los socialistas valoramos la contribución de las confesiones a la deliberación pública en las sociedades democráticas, a su desarrollo ético y cultural, pero dicha contribución debe entenderse siempre subordinada a la soberanía de las instituciones democráticas, al imperio de la ley y, en definitiva, a la voluntad ciudadana mayoritaria.

Es decir, que la Iglesia no podrá lanzar mensajes que sean opuestos a la mayoría que sustente al Gobierno. No cabe una idea más íntimamente socialista que la de someter las opiniones ajenas al dictado del Gobierno cuando lo ocupan ellos. La vieja "doctrina Varela" reaparece con Zapatero. Los socialistas son incapaces de reprimir ese espíritu censor y represor y, refrenado por lo que queda de Constitución, disfrazado por el uso torticero de las palabras, renace en cuanto se sienten con poder. Y ellos se ven, con razón, gobernando al menos hasta 2016.

Muchos, en el ámbito católico, ven demencial la política del Gobierno, pero sólo porque creen que son ellos quienes deben ocupar ese lugar y que debe ser su visión del mundo y del hombre la que debe imponerse desde el Estado, y no la de los socialistas. Y se consideran mejores que Zapatero, cuando aquí resultan moralmente indistinguibles. Se equivocan, porque jamás se volverá a favorecer una cosmovisión cristiana desde el Estado en España. No tienen más remedio que conformarse con la defensa de la libertad frente al Estado que quiere conformar nuestras conciencias, aunque sea con cierta hipocresía, con cierta violencia de los verdaderos pensamientos. Pero en la actualidad el único escudo que tienen frente al Estado es la defensa de la libertad.

Sus derechos, y los de todos, dependen de que lo asimilen.

Lo laico y lolailo

Entre las grandes propuestas incluidas en la agenda socialista, figura, cómo no, atacar definitivamente a la Iglesia Católica, aunque no lo expresen con tanta crudeza debido a su habitual talante. Se trata de llevar a la práctica los deseos de don José Blanco, quien ya anunció en la última campaña electoral que "después del 9 de marzo, ya nada podrá ser igual en las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia Católica", porque, según el estadista gallego, "la Iglesia Católica no hace lo que tendría que hacer", que es seguramente abrir una red de clínicas abortistas, iniciar el proceso de beatificación en vida del doctor Montes y pedir el voto para el PSOE.

Con una crisis galopante, un número cada vez mayor de familias en quiebra técnica, las cifras del paro aumentando, la deriva secesionista del País Vasco y Cataluña a todo tren, la posibilidad de muchos españoles de morir de una apendicitis por estar el cirujano en año sabático para la inmersión en el euskera (o porque se niegue a atenderte en castellano), unas infraestructuras propias de una nación subdesarrollada, una educación pública que produce toneladas de adolescentes analfabetos y fumetas y un sistema judicial colapsado por la inepcia de sus responsables, el Gobierno de Z va a utilizar su tiempo y nuestro dinero en fastidiar a los obispos y, por extensión, a los creyentes católicos, que casualmente somos mayoría si incluimos al propio Pepiño, que vale por diez.

La laicidad que pregonan la vicepresidenta, Pepiño y el Grupo Prisa no es un imperativo constitucional sino un elemento más en la agenda ideológica del socialismo, que si algo sabe reconocer es dónde están sus enemigos. Porque la constitución del 78 no considera el "laicismo" como uno de sus principios rectores. Antes al contrario, exige el respeto de los poderes públicos a todas las creencias, con especial atención a la religión católica por razones históricas, si bien ninguna de ellas podrá tener carácter estatal (art. 16.3). Extraer de ahí la necesidad de realizar una ofensiva laicista para borrar toda huella de las creencias religiosas en la vida pública es un exceso más a los que el gobierno de Zapatero, ese masoncete, nos tiene acostumbrados.

El régimen socialista de Zapatero es la deformación grotesca de la modernidad europea, algo a lo que debemos irnos acostumbrando. Tan sólo la existencia de entidades civiles sólidamente arraigadas (con la Iglesia Católica en lugar destacado) y la firme decisión de los ciudadanos de no permitir al Estado legislar sobre la moral y las creencias privadas pueden propiciar la derrota de esta ofensiva anunciada a bombo y platillo por los chikilicuatres de cuota encaramados al consejo de ministros. Y si hay que llegar a la insumisión fiscal se llega con todas sus consecuencias. A ver si con un susto como ese u otro parecido deciden empezar a resolver los problemas reales de los ciudadanos. Por una vez no estaría mal que hicieran algo de provecho.

Un Gobierno chorizo y chivato

Un vecino no tiene por qué conocer el estado de las cuentas de otro. Da igual que la Autoridad Garante de la Protección de Datos Personales ordenara que se dejara de dar esa información; el daño estaba hecho. Muchos han podido ver la información y buena parte ya estará disponible en otros sitios web y redes P2P.

Para más desfachatez, el responsable de la publicación, un tal Vincenzo Visco, calificó la medida como "un hecho de transparencia, de democracia". De democrático y transparente no tiene nada. El tener un cargo público no te otorga el derecho a contar las intimidades de los ciudadanos, y dentro de esta categoría se incluye la declaración de la renta. Es un abuso de poder intolerable. Y lo peor es que los ahora expulsados del poder lo saben, como lo demuestra el hecho de que hayan esperado a publicar estos datos después de las elecciones para "evitar polémicas", es decir, perder votos.

Ya no sólo es que el Estado no tenga derecho a ofrecer a cotillas de todo tipo la declaración de la renta de los contribuyentes debido a que pertenece a su intimidad. Además, los politicastros han dado una valiosísima información que puede ser utilizada por todo tipo de delincuentes a la caza y captura de víctimas. Los secuestradores, timadores, ladrones y demás ralea han visto facilitado su trabajo de encontrar a personas con dinero suficiente como para que les merezca más la pena hacerlas objeto de sus fechorías. Como si los ciudadanos no tuvieran suficiente con que el Estado esté robándoles todos los días a través de los impuestos.

Y no sólo eso. Imaginen también la magnífica base de datos que han puesto a disposición de bancos a la caza y captura de potenciales clientes de grandes cuentas o de empresas que ofrecen productos de un precio elevado. Los amigos de la transparencia y la democracia les han ofrecido los datos necesarios para que los machaquen a base de publicidad telefónica, por correo electrónico y otras vías. Miles de personas ya pueden decirle adiós a la tranquilidad. Y encima, seguramente el Estado italiano persiga a las empresas privadas que vendan datos con información similar. Menuda hipocresía.

Lo peor del caso es que, en el caso de que las denuncias contra esta violación de la intimidad prosperen, quienes pagarán la indemnización serán las propias víctimas con sus impuestos. El sueño de los capos mafiosos. Pobres italianos: primero les roban con los impuestos, luego violan su intimidad y posiblemente terminen condenados a pagar por el hecho de que el Estado los haya convertido en víctimas.

El precio de la cultura

El presidente de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), Alejandro Echevarría, ha declarado que "una industria privada no puede financiar por ley a otra industria privada", refiriéndose a la obligación que tienen las cadenas en gastarse el 5% de sus ingresos brutos anuales en cine español.

Echevarría no es más que el presidente de un lobby y empresario del sector. Sólo cuidará de sus intereses y se aprovechará de los medios políticos cuando le interesen. Por esa razón ha afirmado que la cultura se ha de "financiar con recursos públicos". Menuda gracia, como si nuestro dinero no tuviese mejores destinos que lucrar a los ociosos actores.

El proteccionismo al mundo de la farándula es indefendible. El Estado, al igual que el mercado, discrimina entre "buenos" y "malos". La diferencia entre ambos es que en el mercado el soberano son los millones de consumidores que libremente se gastan su dinero en una película, en otra o en ninguna. Es el acto más democrático que hay. El cineasta que mejor se adapte a los gustos de la gente, más fama y dinero recibirá. Por el contrario, el Estado y sus subvenciones discriminan los contenidos según las decisiones del regulador de turno y de un puñado de oligarcas. Las películas no se realizan para satisfacer a la gente, sino a un pequeño comité del Gobierno que se financia con nuestro dinero.

En este país, son los burócratas quienes escriben los guiones de las películas y documentales con toda su larga lista de requisitos. ¿Defensa de la cultura? Más bien uso partidista de los contenidos y propaganda política pagada con nuestros impuestos.

Fíjese que aquello que el Gobierno quiere impulsar, siempre acaba siendo un caos, un nido de corrupción e ineficiencia. No sólo afecta al mundo de la cultura y cine. Nos han dicho que el Estado ha de tener el monopolio de la justicia. Esto ha provocado que en España existan más de millón y medio de sentencias pendientes, 270.000 de tipo penal. El Estado creó leyes para protegernos de las enfermedades en el trabajo y esto ha creado que seamos uno de los países con más bajas laborales y absentismo de Europa. En nuestro país, más de la mitad de las bajas laborales se deben al estrés. ¿Se pregunta por qué? Porque son las más difíciles de diagnosticar. Si quiere conseguir una, sólo ha de conectarse a internet, estudiar los síntomas y recitarlos delante del doctor de la Seguridad Social. Le dará la baja de forma inmediata.

El Estado también nos quiso garantizar una educación, la suya, y esto ha causado que el aprendizaje de nuestros jóvenes sea cada vez más deplorable, como muestran los informes internacionales. El Gobierno socialista quiso crear empleo estable y digno entre los jóvenes con salarios mínimos y regulaciones. El resultado ha provocado que seamos uno de los pocos países de Europa donde el desempleo en este segmento haya aumentado entre 2006 y 2007, situándolo por encima de la media europea.

Los incentivos que crea el Gobierno no arreglan nada porque no tienen nada que ver con nuestras prioridades ni nuestro bienestar, más bien al revés. El Gobierno sólo obedece a los grupos de presión e intereses de las minorías. Hay quien a esto lo llama democracia. Si el Estado toma nuestro dinero para impulsar la cultura con cánones digitales y leyes proteccionistas sólo conseguirá crear contenidos artísticos a su gusto y conseguirá que nadie vaya al cine. Y es que en última instancia, todo este dinero tirado al pozo sin fondo de la cultura no lo podremos usar para pagar nuestras facturas. ¿Qué derecho tiene el Estado a sacarnos el fruto de nuestro trabajo por la fuerza?

Estrategias de inversión exitosas

Microsoft no sólo necesita la posición actual de la empresa dirigida por Jerry Yang, necesita sobre todo a su gente, especialista en internet de toda la vida, y su cultura empresarial, construida en el paradigma de los servicios gratuitos a cambio de publicidad y no bajo el esquema de venta de licencias de software. El gigante de Redmond no ha conseguido hacerlo pese a sus muchos esfuerzos. Yahoo, sin llegar al éxito de Google, sí.

Ahora, tras el fracaso de la operación, seguramente Microsoft intente desarrollar una red publicitaria que compita con el AdSense de Google y el Overture de Yahoo. Lo tendrá muy difícil. No sólo porque no puede garantizar a sus potenciales anunciantes una visibilidad ni de lejos tan alta, sino porque no hay sitio para un número demasiado alto de redes de publicidad contextual.

En internet, los anuncios se pueden dividir en dos grandes grupos. Primero, las grandes campañas más o menos indiscriminadas, generalmente de anunciantes que también están en televisión, prensa y radio. Y segundo, esa "larga estela" de empresas que gastan mucho menos pero son muchas más. A los grandes anunciantes lo mismo les da colocar sus campañas en uno o en una decena de redes publicitarias en internet; para ellos el coste de hacerlo es mínimo. Pero a la pequeña empresa que tiene un presupuesto limitado para anunciarse y que vigila con lupa la rentabilidad del mismo le puede resultar muy costoso mantener anuncios en varias redes. Las barreras de entrada de Microsoft en este mercado al que llega tan tarde son, por tanto, limitadas.

La empresa que dirige Ballmer podrá hacerse con una mayor presencia en internet a base de talonario, comprando, por ejemplo, Facebook, pero no está claro que eso le permita ser competitivo en el mercado publicitario, que es lo que ansía.

Tampoco es que el futuro de Yahoo esté pintado de color de rosa. El movimiento de comenzar a mostrar anuncios de Google en su buscador puede tener sentido desde un punto de vista financiero a corto plazo y también como piedra en el camino del intento de compra de Microsoft. ¿Pero cómo competir con Google por la primacía en internet cuando tu competidor se lleva una parte de todos tus ingresos publicitarios? Claro que siempre es posible que Yang se haya resignado al segundo lugar, si así puede lograr que Yahoo sea una empresa rentable.

Pero, evidentemente, el principal ganador de esto ese jaleo ha sido el propio Google, que ha visto como fracasaba la amenaza más seria que ha tenido a su primacía desde que la alcanzara. Los dos perdedores en la carrera ya no se unirán para alcanzar al ganador. Y quien ocupaba el segundo puesto parece ahora menos proclive a plantarle cara que hace tres meses, y más dispuesto a colaborar. Miel sobre hojuelas.

¿Y ahora qué, Microhoo?

Básicamente, existen dos estrategias sólidas para invertir en bolsa, la de la escuela del valor y la de la escuela del crecimiento. La primera sostiene que debemos comprar acciones subvaloradas, y la segunda, que hay que adquirir acciones de empresas con un elevado potencial de crecimiento.

El padre de la escuela del valor fue Benjamin Graham, que en Security Analysis defendió invertir en empresas cuyo precio de mercado fuera inferior a su valor intrínseco, aquél que, en términos generales, venía justificado por los hechos, véase activos, ingresos, dividendos o perspectivas. Si el Sr. Mercado, decía, es tan alocado como para ofrecernos por 100 céntimos una acción cuyo valor intrínseco es de 120, a medio-largo plazo obtendremos una rentabilidad del 20%.

El propio Graham, sin embargo, era consciente de que supone un gran error creer que el valor intrínseco es una medida definida y determinada, como el precio de mercado. El inversor inteligente puede tratar de conocer cuál es el valor intrínseco de una acción, pero puede pagar los errores muy caros. Esta indeterminación del valor intrínseco llevó a Graham a elevar el "margen de seguridad" a concepto central de la inversión.

El margen de seguridad venía a ser una discrepancia lo suficientemente grande entre el valor intrínseco actual y el precio de mercado como para absorber los errores de estimación sobre los ingresos y las perspectivas de la compañía. Una forma relativamente sencilla de encontrar amplios márgenes de seguridad era recurrir a la ratio price-to-book, esto es, el valor de mercado de la empresa dividido entre su activo neto (activo menos intangibles y menos la deuda). Graham proponía invertir en firmas cuyo price-to-book fuera inferior a 0,66, de modo que si la compañía se disolviera en ese mismo momento (vendiera todos sus activos y amortizara sus deudas) recibiéramos un euro por cada 66 céntimos de inversión.

El padre de la escuela del crecimiento fue Philip Fisher, que en Common Stocks, Uncommon Profits defendió la inversión en aquellas empresas capaces de convertirse en los imperios económicos del futuro. El mejor margen de seguridad consistía en seleccionar bien las compañías, y para ello Fisher ofreció hasta quince criterios. El problema de estos quince puntos reside en la dificultad que tiene el pequeño inversor para acceder al volumen de información que contienen. Frente a la simplicidad cuantitativa de la regla de Graham, el método de inversión de Fisher puede parecer excesivamente farragoso. Por ello, casi 30 años después de la publicación de Common Stocks, Uncommon Profits, el hijo de Philip, Kenneth, desarrolló, en Super Stocks, una herramienta cuantitativa para seleccionar empresas con un enorme potencial de crecimiento: la ratio prices-to-sales.

Esta ratio resulta de dividir el valor de mercado de la empresa entre sus ingresos, y nos da una indicación de cuántos euros estamos dispuestos a pagar por cada euro de venta de la compañía. Un price-to-sales de 2, por ejemplo, significa que compramos un euro de ventas a cambio de dos. La ventaja de esta ratio frente a otras alternativas, como el PER, es que las ventas tienen una estabilidad mucho mayor que los beneficios. De hecho, las ventas de una compañía pueden llegar a crecer mientras ésta pierde dinero: la clave está en el margen de beneficio por unidad vendida.

Fisher junior sostenía que si una empresa atraviesa por un bache, el precio de sus acciones caerá mucho con respecto a sus ventas; pero si luego es capaz de restablecer su margen unitario de beneficios, las ganancias del inversor pueden ser estratosféricas. Por ejemplo, un prices-to-sales de 0,33 significa que compramos 3 euros de ventas con un euro. Si al cabo de un año la empresa regresa a un margen unitario del 10% (diez céntimos de beneficio por cada euro de ventas), habremos comprado 30 céntimos de beneficios anuales con un euro (30% de rentabilidad). Un prices-to-sales de 0,33 con un margen del 10% equivale a un PER de 3,3; teniendo en cuenta que el PER suele situarse alrededor de 15, el precio de la acción tenderá a quintuplicarse. Así, Fisher recomendaba buscar acciones con un prices-to-sales inferior a 0,75, y en todo caso nunca superior a 1,5.

La existencia de estas dos escuelas de inversión no significa, con todo, que sus enseñanzas y estrategias sean irreconciliables. El mejor inversor de la historia, Warren Buffett, suele decir que su filosofía de inversión tiene un 85% de Graham y un 15% de Fisher.

Buffett comprendió la importancia de adquirir acciones con un margen de seguridad sustancial; pero, a diferencia de Graham, no buscaba sólo la subvaloración, sino que la empresa pudiera crecer a lo largo del tiempo:

Nuestro método es muy sencillo. Simplemente intentamos comprar a precios interesantes negocios con una situación económica subyacente buena o excelente y dirigidos por personas capaces y honradas. Ni más ni menos.

Graham quería comprar barato, Fisher quería comprar calidad; Buffett entendió que lo óptimo era comprar barata la calidad y se convirtió en el hombre más rico del mundo.

Buffett ilustra el enorme potencial que tiene el fusionar de manera adecuada la escuela del valor con la del crecimiento. De aquí parece desprenderse que la mejor estrategia de inversión posible pasa por buscar acciones con bajos ratios price-to-book y prices-to-sales.

El problema de utilizar el primero de manera aislada es que el valor de mercado de una empresa mediocre con un bajo price-to-book puede quedarse estancado a la baja de manera casi indefinida. Es un criterio conservador: probablemente no perdamos dinero, pero puede que tampoco lo ganemos. El problema de utilizar el segundo de manera aislada es que una empresa puede no alcanzar jamás un margen unitario de beneficios positivo, de modo que el valor de la acción podría incluso desaparecer por entero. Es un criterio arriesgado: puede que ganemos mucho dinero, pero es muy probable que perdamos también mucho. La combinación de ambas ratios, sin embargo, ofrece gran seguridad y grandes expectativas. El bajo price-to-book confiere a la empresa un "margen de seguridad" importante para mejorar y alcanzar un margen de beneficios positivo.

James P. O’Shaughnessy calcula, en su libro What Works on Wall Street, la rentabilidad media durante 45 años de las estrategias de inversión más populares en el índice compuesto de Standard and Poor’s. No es casualidad que la estrategia unitaria más exitosa sea comprar empresas con un price-to-sales bajo (rentabilidad anual del 16,09%) y un price-to-book bajo (rentabilidad anual del 15,05%).

La crisis puede ser tanto una época de penurias como de oportunidades. En buena medida depende de usted.

Prisión

Los miembros de esta organización parecen tener una mente maquiavélica. Para ellos, el fin justifica los medios. Así, da igual que la información sobre estas cuentas se haya conseguido pagando a unos criminales para robar los datos, da igual que se haya vulnerando el derecho internacional y da igual que ciudadanos españoles vayan a la cárcel. Todo está justificado si se logra ejemplarizar al resto de la población para que no trate de proteger sus ahorros frente al infinito apetito estatal.

Estos señores ni siquiera se plantean por qué "gente normal", como definían fuentes de la Agencia Tributaria a las personas denunciadas, se ve en la tesitura de convertirse en ciudadanos al margen de la ley. No se plantean que cuando la presión fiscal no para de aumentar, el ciudadano corriente tiene que realizar la dura elección entre dejar que el estado confisque sus ahorros o esconderlos para poder mejorar las condiciones de vida futuras de sus seres queridos. La perversión es máxima cuando el ciudadano no puede actuar conforme a la más elemental norma moral y al mandato legal al mismo tiempo.

Las grandes fortunas, a quienes algunos incautos esperaban encontrar detrás de estas cuentas, no tienen estos dilemas. Ojalá el resto podamos decir algún día lo mismo. Los sucesivos gobiernos han preparado nuestro sistema legal para que los millonarios tengan instrumentos de ahorro e inversión que les evitan los elevados impuestos a los que estamos condenados el resto de los ciudadanos. Ellos pueden proteger sus ahorros montando una SICAV o, si son tipos sin escrúpulos, lograr rentas subvencionadas pagadas por el Estado con cargo a la cartera del hombre corriente, por montar huertos solares y otros chiringuitos parecidos.

Los escolásticos españoles del Siglo de Oro mantenían que si el Rey no quería convertirse en Tirano tenía que mantener los impuestos dentro de los límites de lo aceptado por los legítimos dueños. Ya en nuestro siglo John Train ha defendido que si aceptamos que la posesión pacífica de la propiedad, el derecho a obtener y conservar lo producido y el derecho a la legítima defensa frente al robo son derechos humanos en el sentido que son consustanciales a la existencia de una sociedad que podamos considerar civilizada, en el momento que los impuestos pasan de ser un pago para soportar los asuntos estrictamente comunes a convertirse en confiscatorios, lo único que están haciendo los evasores es ejercer sus derechos naturales y preservar la civilización de los atropellos de gobernantes que han perdido cualquier legitimidad. Nuestras autoridades no tienen que meter a la "gente normal" en la cárcel sino ganarse la legitimidad que tienen las autoridades de países como Liechtenstein.

Los cercamientos y las revoluciones económicas

Cuando el XVI no se había desplegado plenamente, con los Tudor en el trono, comenzaron a practicarse los cercamientos (“enclosures”), es decir, el cierre de los terrenos comunales y su conversión en tierras privadas puestas a la venta en pública subasta. Estos terrenos fueron reviviendo a medida que iban perdiendo su carácter comunal para pasar a formar parte de la propiedad de un particular. ¿Por qué es esto así?

La razón es lo que se ha llamado “La tragedia de los bienes comunales”, en feliz expresión de Garret Hardin. “Lo que es del común es del ningún”, que dice sabiamente nuestro refranero. Lo que ocurre en los bienes comunes es sencillo. Cualquier esfuerzo, cualquier coste por mejorar su rendimiento recae al ciento por ciento en quien lo realiza, mientras que el beneficio de esa mejora no va a él por completo, sino que sólo se llevará una fracción, ya que se divide entre todos. Mientras que si uno toma de ese recurso común, el beneficio para él de aprovecharse es del ciento por ciento, mientras que el perjuicio de ese comportamiento para el futuro no es todo para él, sino que se diluye entre todos.

En estas condiciones, llevarse todo fruto y no aportar nada para que éste madure o se acreciente es el comportamiento más lógico. Puesto que todos tienen los mismos incentivos, los bienes comunales se quedan esperando eternamente a que alguien dé el primer paso para trabajar en ellos, mientras que todo lo que den de provechoso se sobreexplota sin consideración alguna hacia el futuro, como ocurre con las pesquerías.

Ocurre todo lo contrario en los bienes privados. Todo coste o aporte para la mejora recae en quien las realiza, pero éste se lleva todo el premio, no tiene que compartirlo con otros. Y los costes futuros de la sobre explotación recaen enteramente sobre él, por lo que le interesará evitarla. Así las cosas, cuando un bien comunal pasa a manos privadas, como ocurrió cuando los cercamientos en Inglaterra y Gales (y con las desamortizaciones civiles en la España del XIX), éste parece revivir, adquiere de súbito todo su poder creador que es, en realidad, el de la mano de su nuevo y exclusivo dueño.

En Inglaterra los cercamientos se aceleraron en el XVIII y, paralelo a este desarrollo, se produjo lo que luego se ha llamado por los historiadores “Revolución agrícola inglesa”. Ya en manos privadas, esas tierras se beneficiaron del deseo de sus nuevos dueños de explotarlas de un modo cada vez más provechoso. Pusieron a su servicio la ciencia y la técnica, la mecanización y la rotación de cultivos. Y llevaron sus cosechas a un mercado cada vez más desarrollado y perfeccionado. La producción agrícola se multiplicó, y ello permitió un aumento de la población absolutamente sin precedentes en aquellas islas. A su vez, esta nueva población fue la mano de obra que puso en marcha las nuevas industrias del XVIII y XIX.

Fue así como los cercamientos dieron lugar a la revolución agrícola y esta a la industrial. La envidiable posición económica de Gran Bretaña y la paulatina pero imparable mejora económica del pueblo británico en aquellas décadas, que asombraron al mundo y le mostraron el camino, tienen una deuda con la disolución de las tierras comunales y la incorporación de estos terrenos a la red de bienes privados.