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El entramado social

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Si bien en apariencia esta huelga se ha cerrado sin demasiadas concesiones políticas, el Gobierno ya tiene pensado acudir a la UE para exigir el establecimiento de un "precio político" subvencionado para el gasóleo.

Parece que en este país todos los ciudadanos tienen el derecho a exigir que el Estado les garantice una prosperidad mínima: nadie puede perder su empleo y nadie puede quebrar. Los trabajadores deben poder acceder, como mínimo, a un suculento subsidio de desempleo, y los empresarios a la ubre del gasto público. Solbes se ha enorgullecido en varias ocasiones de que el desempleo no será problemático, porque la gente seguirá cobrando del erario, y la ministra de Fomento pretende salvar la papeleta a los constructores mediante más obra pública y vivienda de protección oficial.

La corrupción moral e intelectual que ha generado el socialismo y el Estado del Bienestar ha convertido a la ciudadanía en hordas de pedigüeños preocupados por cómo adherir su ruinoso chiringuito al sector público y no en cerrarlo y volver a empezar.

En lugar de reconocer sus errores, corregirlos y tratar de evitarlos en el futuro, los españoles ni siquiera se plantean que se equivocaron.

Que la construcción de vivienda y el transporte de mercancías por carretera hayan dejado de ser actividades lucrativas para muchos empresarios significa precisamente eso: que esos muchos tienen que cerrar y dedicarse a otras tareas. Sin embargo, pocos han sido los que han planteado abiertamente esta posibilidad. El debate sigue centrándose en si en estos momentos de crisis el Estado puede sufragar el mantenimiento de tal o cual sector o carece de los recursos para ello: el ideal no es la reestructuración, sino una conservación barata.

El problema es que las crisis económicas son períodos en los que hay que corregir todas las malas inversiones, en los que el sector productivo debe someterse a cambios de gran calado. Muchos trabajadores se quedarán sin empleo, y muchos empresarios quebrarán. La razón, por trágica que pueda ser, no deja de ser simple: estos individuos se están dedicando a actividades mucho menos necesarias para los consumidores que otras que no están lo suficientemente atendidas. ¿Tenía sentido que cada año se construyeran más de 800.000 viviendas en España, mientras la inversión en materias primas quedaba en segundo plano?

Es hora de solucionar estos desajustes generados por los bancos centrales, y para ello no todo el mundo puede seguir haciendo lo que ha venido haciendo. Hasta 2007 España vivió un crecimiento económico artificial (sufragado en buena medida por los ahorradores asiáticos), así que no puede pretenderse que en tiempos de crisis todo siga igual.

Si por la subida del precio de los carburantes los europeos salen a la calle, cortan carreteras y queman camiones, ¿qué sucederá cuando el desempleo se extienda de manera endémica?, ¿qué pasará cuando la crisis hipotecaría desemboque en embargos masivos de viviendas?, ¿qué ocurrirá cuando los bancos quiebren y no puedan reintegrar los depósitos a la visa?

Con todo, lo más grave no son los perjuicios directos que este incremento de la conflictividad pueda generar. El aumento de la violencia y la erosión de la convivencia social pueden generar vértigo, pero el auténtico riesgo es que se pretenda aplacarlos con concesiones intervencionistas que sólo lograrán perpetuar la crisis y sembrar la semilla de futuros conflictos, de la desintegración del mercado y la sociedad.

Tras varias décadas de adoctrinamiento intervencionista, los ciudadanos se creen acreedores de la protección pública. Y es que incluso los estatistas de corte más liberal habían venido defendiendo la idea de un "colchón mínimo" que proteja ante las contingencias y situaciones económicas más desfavorables. Pero la cuestión, tanto cuando crecíamos como ahora que nos hundimos, sigue siendo el la misma: cuán mínimo debe ser ese colchón para que no acabe conformándose un bucle pobreza-protección-pobreza.

El Estado no debe perpetuar los errores privados que él mismo ha contribuido a generar. Hay que purgar cuanto antes las malas inversiones, y todo obstáculo que se interponga no hará sino prolongar y agravar la crisis. Habrá que ver si Occidente no sucumbe debido a su mentalidad parasitil.

Mentalidad pedigüeña

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Traducido al cristiano, que se han dado cuenta que por separado no logran hacer el suficiente daño legal como para frenar el intercambio de ficheros protegidos en las redes P2P. Y es que pese a sus esfuerzos no han dejado de sufrir un revés judicial tras otro. Diversas sentencias han dejado ya razonablemente claro que intercambiar archivos protegidos por derechos de autor no es un delito penal, sino sólo un ilícito civil. Lo cual estaría muy bien para ellos, pues podrían empezar a meter demandas exigiendo cantidades desorbitadas de dinero, si no fuera porque las pruebas que necesitan recoger para poder acusar a alguien requieren de la autorización de un juez, que no la dará si no se trata de un delito.

Así lo entendió también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ante una demanda de la industria discográfica española recordó que los proveedores de acceso a internet no tienen la obligación de divulgar datos personales de sus clientes si de lo que se trata es de un procedimiento civil. Y encima los jueces están dictaminando que crear webs compuestas de enlaces para la descarga de canciones y películas tampoco es delito. En resumen, un futuro muy negro para los ludditas de la cultura y el entretenimiento, por más que estén haciendo un uso extenso y seguramente eficaz del terror procesal para reprimir las opiniones contrarias a sus intereses pecuniarios.

Parece evidente que en el corto plazo no tienen ninguna intención de adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías, cambiando su sistema de distribución y comercialización para aprovecharse de internet y las redes P2P. Sin embargo, dado que con las leyes actuales no pueden hacer gran cosa contra sus propios clientes, como está claro que es su intención, ¿qué les queda? Pues, primero, intentando convencer a los proveedores de internet que les conviene ponerse de su parte, porque ganarán más dinero poniéndoles trabas a sus clientes e intentando cobrarles por otro. Y segundo, y más importante, haciendo la presión suficiente para que cambien las leyes e intercambiar música y películas de internet pase a ser considerado delictivo.

Habrá quien piense que no lo van a conseguir, que los políticos no se atreverán. Bueno, piensen lo que quieran, pero tenemos un Gobierno que no ha hecho otra cosa desde que llegó al poder que criminalizar conductas de ciudadanos normales mientras estimaba que los verdaderos delincuentes no debían entrar en la cárcel porque la culpa es de la sociedad y tal, y hay que rehabilitar y tal. Esto no haría sino profundizar en ese modelo de Estado tan zapateril consistente en hacer pedagogía prohibiéndonos conductas que jamás deberían considerarse delictivas. ¿Qué más les da una más? Si ya no tienen oposición.

Nace La Coalición

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

La fijación arbitraria de tipos de interés artificialmente reducidos durante los últimos años ha incentivado la adquisición de un elevado endeudamiento por parte de bancos, empresas y particulares.

En este sentido, el estallido de las hipotecas subprime en EEUU el pasado verano tan sólo constituye la punta del iceberg del particular castillo de naipes que, basado en la concesión del crédito fácil, ahora comienza a derrumbarse. Sin embargo, pese a las evidencias del diagnóstico, los expertos y, en general, los gobiernos de toda clase y condición, culpan nuevamente al libre mercado de la tormenta que ellos mismos han creado.

Pese a que la historia se ha encargado de demostrar una y otra vez que el desarrollo económico y el bienestar social tan sólo es posible bajo el paraguas de una economía de libre mercado, el sector financiero en su conjunto padece una regulación estatal extrema y se mantiene bajo el férreo control que ejercen desde hace décadas los bancos centrales. Un órgano planificador por excelencia que rige el destino del crédito, la moneda y el mercado bursátil del sistema financiero internacional.

El tipo de interés, al igual que la función que ejerce el precio entre la oferta y la demanda, constituye el principal indicador de referencia en el mercado de bienes presentes y futuros. Así, fija el precio que se ha de pagar para obtener hoy un número determinado de dinero con carácter inmediato a cambio de devolver una suma mayor en el futuro.

Sin embargo, el precio del dinero no surge en este caso como consecuencia del libre mercado, basado a su vez en las oscilaciones entre ahorro y crédito, sino que responde a las decisiones políticas de los banqueros centrales. Los bajos tipos de interés, reducidos artificialmente, han impulsado un exceso de liquidez mediante la concesión de préstamos asequibles. La política de los bancos centrales ha reducido la percepción de riesgo que conlleva toda inversión, propiciando un excesivo apalancamiento en proyectos a largo plazo de dudosa solvencia. Los pinchazos de las burbujas inmobiliarias en EEUU, España o en el Japón de los años 90 son un buen ejemplo de ello.

Pero lejos de rectificar, los organismos reguladores del mercado financiero optan ahora por culpar a los agentes que sirvieron de meros transmisores de una política crediticia errática. Las agencias de calificación de riesgos (rating) han terminado por convertirse así en las cabezas de turco de la crisis subprime. No cabe duda de que han cometido errores, tal y como muestra la depreciación de activos que, recientemente, vienen aplicando a emisiones de deuda que hasta ahora contaban con la máxima calidad y garantía crediticia (AAA), pero los auténticos culpables de la situación (esto es, los bancos centrales) permanecen impunes.

Los anuncios de mayor regulación y transparencia financiera avanzan una nueva oleada de intervencionismo gubernamental sobre los mercados financieros. De hecho, el Gobierno de EEUU e, incluso, la UE, barajan incluso la posibilidad de restringir la inversión en el mercado bursátil de materias primas con el fin de atenuar el encarecimiento del petróleo y de los alimentos. Como si la imposición de un determinado precio máximo en ciertos productos lograra su abaratamiento por arte de magia. Pregunten si no al régimen comunista de Cuba o al de Venezuela.

Al igual que acontece con toda enfermedad, un diagnóstico correcto resulta crucial para recuperar la salud perdida. Atentos, pues, a todas aquellas voces que hoy increpan contra el "libre mercado", el "capitalismo salvaje" y el "liberalismo radical", ya que son las excusas bajo las que se esconderán los verdaderos culpables de la crisis económica, tanto de la actual como de las que tengan lugar en años venideros.

Piratas

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Hay que transmitir muchas ideas con pocas palabras, y esa economía de las palabras fuerza a los hacedores de mensajes políticos a llenar de significados a las palabras o directamente a hacer de ellas un uso torticero. Ese cambio en la política es lo que va de Sagasta a Pepiño Blanco.

¿Cómo, si no, pueden convertirse los atentados de ETA en meros accidentes? Los grupos de presión conocen bien ese mecanismo y lo utilizan profusamente. Así, la violencia doméstica se convierte en "violencia de género" o "violencia machista" o incluso "terrorismo de género", con lo que la mitad de la población tiene en los genes un criminal en potencia. Los empresarios asentados hablan de "competencia desleal" para referirse a todo aquel que ose ofrecer un servicio mejor que ellos o que lo haga a mejor precio. Es decir, a todo el que compita en buena lid.

Son incontables los ejemplos, a cual más indignante. Quizás el que más éxito ha tenido es el de llamar "pirata" a quienes comparten una copia privada, un acto completamente legítimo pero muchos quieren convertir en el enésimo crimen sin víctima. Un pirata es un ladrón marino. Pero aquí no hay mar que valga ni robo ni violencia.

Lo más sorprendente de todo es que quienes más hablan de piratería son los que proponen un canon digital, que es un robo en toda regla; un atraco con todas las de la ley, con o sin pata de palo o parche en el ojo. No iré tan lejos como llamar "piratas" a quienes cobran ese canon, que además luego pasa lo que pasa, pero hay algo que debe quedar claro. Si un grupo recurre a retorcer el significado de las palabras para conseguir sus objetivos (y de paso una cuantiosa fuente de ingresos) es que no tiene siquiera la confianza en que le asisten la razón y el derecho. Será que en el juego de la política, que es el de las palabras, razón y derecho están de más.

Voces de la libertad

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

La mayor parte de quienes lean esta columna saben de sobra quién es Carlos Alberto Montaner, ese admirable escritor, periodista y activista por la libertad para la isla con quien tengo el privilegio de compartir páginas virtuales.

Además de ser los dos cubanos (uno en el interior, otro en el exilio), ambos comparten el honor de ser objeto de una dura campaña de difamación del régimen comunista y sus palmeros en el resto del mundo. De hecho la última oleada de ataques a la imagen de Montaner desde La Habana tenía como uno de sus objetivos iniciales tratar de desprestigiar a la bloggera, como el propio escritor señala en un reciente artículo. Resulta totalmente surrealista pretender, como hacen los secuaces de los hermanos Castro, que un colaborador de Libertad Digital, el que sea, tiene la capacidad de hacer que El País le otorgue un premio a alguien, en este caso Yoani Sánchez.

En el caso de Montaner, el odio que le tiene el castrismo viene de muy lejos y parece inextinguible, como demuestra que todo lo referido a su persona siga molestándole tanto. Parece que no se esperaban el manifiesto de apoyo firmado inicialmente por ciento cuarenta personas –entre las que figuran personalidades del nivel de Mario y Álvaro Vargas Llosa, Havel, Aznar o Lacalle, y que ya suma más de trescientos firmantes, algunos de la talla de André Glucksmann o Adam Michnik– y que tan mal les ha sentado. Al menos eso es lo que se desprende de la nueva arremetida escrita en Granma por un franco-canadiense entregado al régimen de La Habana.

Lo de Yoani Sánchez es diferente. Les ha empezado a molestar hace poco tiempo. Posiblemente al principio el Gobierno de La Habana no intentara actuar contra ella y permitiera acceder a Generación Y desde la Isla para aparentar un aperturismo que pudieran vender esos medios occidentales siempre tan ansiosos de poder hablar bien de los hermanos Castro. Sin embargo, una vez que la prensa extranjera habló de ella, bloquearon el acceso a la bitácora desde Cuba. Pero no fue suficiente. El País le concedió el Premio Ortega y Gasset, y la respuesta de las autoridades comunistas fue impedirle salir de su país para venir a España a recogerlo.

Pero ni así lograron que se dejara de hablar de ella. Crearon un blog escrito por un supuesto Yohandry (un nombre que trata de llevar a la confusión) para tratar de contrarrestar la influencia de Yoani Sánchez, pero no lograron su objetivo. Por eso inventaron una fantástica y demencial historia de conspiraciones, espías y grandes corporaciones (¡Prisa como un tentáculo de la CIA!) en la que metieron con calzador a Montaner. Es posible que si no encarcelan a la bloggera, tan incómoda para ellos, se deba tan sólo al daño que haría eso a la falsa imagen de aperturismo que trata de mostrar Raúl Castro.

Carlos Alberto Montaner y Yoani Sánchez son dos dignos ejemplos de lo que más odia la dictadura comunista: cubanos que fuera o dentro de la mayor de las Antillas no aceptan que sus compatriotas y ellos mismos no puedan ser libres. Dos auténticas voces de la libertad.

Cuando los camiones se incendian solos

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El chofer que ahora mismo se recupera de graves quemaduras, sufridas mientras dormía en la cabina de su camión en un polígono de la provincia de Alicante, encontrará sin duda un gran alivio espiritual al saber que fue el camión el que se incendió, él solito, y por tanto, sus heridas no son consecuencia del acto vandálico de un "piquete informativo" formado por compañeros de profesión. Pero tras el bálsamo proporcionado por los presentadores del telediario, vendrá la angustia de pensar si acaso no fue él mismo quien, en un rapto de locura transitoria, prendió fuego a la cabina, porque en ese caso se va a ver obligado a dar abundantes explicaciones a su empresa y a los investigadores del seguro.

Ocurre en este caso como en los libros de Historia de la LOGSE cuando relatan el incendio de iglesias y conventos ya en los albores de la Segunda República, paraíso de derechos y libertades, de tolerancia y progreso. "Ardió", es la explicación que suelen ofrecer al lector sus autores, como si todos los sacristanes de las iglesias madrileñas hubieran olvidado el mismo día apagar las velas del retablo de la patrona. "Ardió". Igual que el camión de este trabajador. Con él dentro.

Está mal quemar a una persona para lograr una subvención estatal para el gasóleo o una nueva coacción institucional hacia el resto de ciudadanos para premiar a un grupo organizado, pero peor aún es insultarle de esta manera mientras intenta recuperarse en una habitación de hospital. Cuatro camiones más, aparcados junto al del herido, "ardieron" también esa noche. Espontáneamente, por supuesto. Algún chispazo eléctrico de una bujía defectuosa que, asombrosamente, se produjo con el contacto apagado y el ocupante durmiendo en la cabina.

Los miembros de ese "piquete informativo" seguramente estarán durmiendo a pierna suelta con la satisfacción del deber cumplido. Sorprendente lo que el ser humano puede llegar a degenerar por trincar una subvención.

Vacas flacas sólo para el sector privado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Ya sabe, todo por culpa de esa crisis que según Zapatero no existe. Pero evidentemente, el Estado no es el único que se resiente por las consecuencias de esta "desaceleración transitoria ahora más intensa", también sufren las empresas privadas. Comparemos esta situación por separado.

El único fin social que tiene una empresa es obtener beneficios. A diferencia de las obligaciones del Estado, la empresa no ha de mantener la paz ni bienestar social. Las empresas dependen del plebiscito del consumidor. En condiciones de libre mercado no pueden abusar de él porque en caso contrario el cliente se irá a la competencia. Muchas empresas ahora están pasando por un mal momento y no han trasladado los aumentos de costes al cliente hasta que la situación les ha sido insostenible. Uno de los ejemplos que más han estado sonando estas semanas son las compañías aéreas, que han empezado a subir precios ante la imparable subida del crudo. Todo y así, aerolíneas como Iberia ya han anunciado que si su demanda baja mucho, bajará precios, es decir, se comerá más costes aún. Las empresas se amoldan a las necesidades de la gente para que todos, mundo empresarial y sociedad, podamos convivir. Los dos nos necesitamos y los dos nos consentimos mutuamente de forma libre. Pero la relación Estado–ciudadano no es la misma.

Estos días hemos oído la negativa del Gobierno a rebajar los impuestos a los combustibles. Solución que habría sido la más fácil y transparente para todos, tanto para empresarios como para trabajadores y ciudadanos. Las razones que han esgrimido los gobernantes para negarse a la rebaja fiscal han sido básicamente técnicas, pero también económicas. Hace dos semanas ocurrió lo mismo en Francia cuando Nicolás Sarkozy planteó suspender el IVA a los carburantes. Bruselas calificó las declaraciones de "error" y la propuesta se guardó en un cajón.

Con esta crisis estamos viendo que los estados, al no necesitar nuestro plebiscito para nada, se sacan la máscara comportándose como unos tiranos. Curiosamente, los que viven de la economía privada hacen todo lo contrario apretándose el cinturón y así podernos servir. ¿No sería más razonable, en la lógica actual, que fuesen los gobiernos y no las empresas los más comprensivos y flexibles con el ciudadano? Es decir, que recortasen costes, partidas innecesarias y de escaso valor para el ciudadano. En este panorama no tiene demasiado sentido pagar a actores ociosos que viven de cánones privado-estatales, empresas que están fuera del mercado y sólo se alimentan de subvenciones, tiranos de otros países o lobbies. El Gobierno también tendría que hacer una reducción de costes interno como todas las empresas en estado de crisis. Parece haber olvidado todo el mundo que el Estado no es un fin, sino un medio y muy poco eficiente a la luz de los acontecimientos.

Se nos viene encima una situación que está haciendo que nuestro poder adquisitivo se deteriore a una velocidad de vértigo, pero antes prefieren los gobernantes ver una huelga durísima con escasez de alimentos, de combustible, violencia, intentos de asesinato y hasta un muerto que no perder ni un sólo céntimo en recaudación. Nos dicen que no pueden hacer nada por problemas formales y por la enorme burocracia, obligándonos un día detrás de otro a apretarnos el cinturón. Para los políticos las cosas sólo son difíciles e imposibles si repercuten negativamente en los ingresos del Estado. Para ellos no es una cuestión de defender el bien común, sino de mantener y aumentar el dinero y el poder.

Si una empresa se comportase así con sus clientes cerraría a los dos días, epro al Gobierno no le ocurrirá. ¿Cree que le importa lo más mínimo esta situación a los burócratas? ¿Cree que alguien se va a acordar de todo esto en las próximas elecciones de aquí a cuatro años? ¿Qué incentivos tiene el Gobierno en cumplir con sus responsabilidades de proporcionar seguridad y bienestar al ciudadano en un sistema en el que se prima la avaricia gubernamental y ni siquiera hay leyes para castigar la irresponsabilidad política? ¿Es necesario que los gobiernos tengan tanto poder sobre nuestras vidas? Por si alguien lo ha olvidado, son ellos quienes nos han de servir a nosotros, y no al revés.

Air.CAT

Escrito por Rafa Fernández Tamames en . Publicado en Artículos en prensa.

Por supuesto la "respuesta" de la propaganda nacional-separatista no se ha hecho esperar, asociando a la aerolínea con el régimen nazi.

Este tipo de denuncias relevan a la claras el objetivo central del nacionalismo, privarnos del uso de nuestras libertades tanto a los ciudadanos como a las empresas. Ya es escandaloso que compañías de nuestro país estén obligadas a traducir sus anuncios a un idioma determinado, corriendo encima ellas con los gastos, pero hasta los más miopes deberían ver que no es muy razonable, por decirlo suavemente, que se le pongan trabas en el terreno idiomático a una empresa extranjera que decide invertir en España.

En lo que se refiere a internet los nacional-separatistas tocan en hueso, por ahora. Su primera "hazaña" tuvo lugar en septiembre de 2005, cuando el ICANN, el organismo que regula los dominios de internet, cometió el peligroso precedente de aprobar un nuevo dominio de primer nivel, el .cat. La argumentación oficial de la concesión de esta extensión de dominio es que su destino es la comunidad lingüística y cultural catalana, aunque nadie cuestionó el trasfondo político de esta concesión. Como bien dijo el editorial de Libertad Digital, "la aprobación por parte de la Asociación para a la Asignación de Nombres y Números (ICANN) de este dominio es anacrónico, pues no se corresponde con el espíritu de internet, y constituye un error garrafal". Justo eso, un anacronismo, volver a las cavernas; aunque estemos hablando de internet, el atavismo y el nacionalismo caminan juntos.

Cuando en esas fechas el consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat, Carles Solá, declaró "la jornada de hoy es un día histórico comparable con aquel en el que se logró el permiso para que la selección catalana de hockey participase en competiciones internacionales", todos confirmamos el trasfondo político de la decisión, y que el acoso y derribo a la que sometió el lobby .CAT a la ICANN durante años no tenía otra intención que la política.

Hoy vemos cómo el director general de una aerolínea denuncia un acoso a sus libertades, y aunque internet sigue siendo un medio libre, los liberticidas nunca se darán por vencidos y nos atacarán sin cuartel. Debemos estar preparados, ya que la red será su próximo objetivo.

Armas y redes P2P

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

El caso es que ha sido demandado precisamente por emplear su capacidad en desarrollar nuevas redes P2P que, como es natural, han sido empleadas masivamente para la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor. Pablo Soto se ha defendido argumentando que Promusicae intentó primero "plantear acciones civiles contra usuarios de redes P2P en España y, tras fracasar ante el Tribunal de Justicia de la UE, ha decidido cargar contra una herramienta de comunicación neutral como es la tecnología P2P". Es decir, que el P2P es una tecnología extraordinariamente efectiva para el intercambio de archivos; esa es su función. Los ficheros que realmente se intercambien mediante P2P son responsabilidad de los usuarios, no de los creadores de la herramienta.

El incordiante Javier Cuchí, compañero en la Asociación de Internautas, se ha sumado a ese argumento, pero poniendo un mal ejemplo. Afirma que Seat no tendría la culpa si empleara su coche, fabricado por esa empresa, para cometer alguna locura, como empotrarlo contra la sede de Microsoft cargado de explosivos. La empresa no puede ser responsable de que hagamos un mal uso, incluso un uso criminal, de sus productos. Sin embargo, argumentarán las discográficas, lo cierto es que en general los coches no se emplean para hacer atentados terroristas y por eso no se le puede hacer responsable al fabricante. En cambio, intercambiar ficheros protegidos no es un uso marginal de las redes P2P, sino el habitual, de modo que en ese caso sí que se puede demandar a los creadores de estas aplicaciones por la millonada que se crea oportuna.

Es el mismo principio bajo el que se rigen quienes defienden la prohibición de la libertad de vender y poseer armas de fuego. Se supone que su principal función es disparar contra otra gente, de modo que debe evitarse que llegue a manos de ciudadanos honrados. En realidad, la función para la que fue creado es disparar: que se haga contra una diana, unas cuantas latas, un ladrón o la víctima de un intento de violación es resultado de las circunstancias y, sobre todo, de la voluntad del dueño. De hecho, la mayor parte de las veces se emplea de forma defensiva y sin ni siquiera llegar a disparar. Pero supongamos que, efectivamente, su principal uso, el habitual, fuera hacer daño a otras personas. ¿Debería eso darnos derecho a pedir responsabilidad a sus fabricantes? Pues no. Sigue siendo un artilugio que puede usarse para bien o para mal, dependiendo de para qué se utilice. Es el usuario el responsable de las consecuencias de sus actos.

Lo mismo sucede con el P2P. Sin embargo, un razonamiento tan sencillo con el que todo el mundo –y seguramente las discográficas también, pese a sus demandas– está de acuerdo, cuando se aplica a las armas de fuego, parece pasar a segundo plano. Sospecho que en realidad la única diferencia es el status quo; estamos acostumbrados a poder usar el eMule pero no a disparar un arma, de modo que nos parece natural que una cosa esté permitida y la otra no. Pero ese no es un argumento defendible. Ni unas ni otras deberían estar prohibidos. Deberíamos evitar que el Estado coarte nuestras libertades mientras no cuente con razones muy poderosas para ello, y aun así.

España sí tiene hipotecas subprime

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

En general, no hay duda de que las entidades de crédito españolas han constituido todo un ejemplo a seguir en cuanto a su modelo de gestión y eficacia en comparación con otros países. Sin embargo, resulta necesario saber distinguir el grano de la paja.

En este sentido, la irresponsable política monetaria de bajada de tipos llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) ha posibilitado el surgimiento de una burbuja inmobiliaria a lo largo de los últimos años, cuyo pinchazo amenaza ahora con sacar a la superficie el alto riesgo adquirido por ciertas entidades (sobre todo, pequeñas y medianas cajas de ahorro) a la hora de conceder hipotecas para la compra de pisos.

La posibilidad de obtener dinero barato (bajos tipos de interés), junto a la disparatada revalorización del ladrillo, han fijado en la mente de los españoles la idea de que los pisos nunca bajan y que vivir de alquiler es tirar el dinero. Bajo esta premisa, millones de ciudadanos decidieron emprender la compra de una vivienda a un precio muy alto, que sobrevaloraba el inmueble. Y ello, mediante la contratación de una hipoteca a 25 ó 30 años a tipo variable, pensando además que el Euribor nunca superaría la barrera psicológica del 5 por ciento.

Pero la burbuja, finalmente, estalló. El precio de los pisos baja, las compraventas caen en picado, las promociones se paralizan y el temido Euribor avanza sin remedio hacia el 6 por ciento. Casi tres veces más que el valor mínimo alcanzado en 2003 (apenas un 2 por ciento). Los españoles han despertado de su letargo. Muchos se han endeudado por encima de sus posibilidades, y ahora toca pagar los platos rotos de los excesos cometidos.

No se equivoquen. En España sí hay hipotecas subprime; la diferencia es que no se ha empleado ese término para referirse a los créditos concedidos a personas con un perfil de alto riesgo (gente sin trabajo ni ingresos fijos ni tampoco propiedades). En el caso de España decenas de miles de trabajadores con escasa cualificación, mileuristas ingresos y empleos temporales, así como un creciente número de inmigrantes, se han lanzado al peligroso juego de la inversión inmobiliaria, con el fin de convertirse en propietarios o, incluso, pegar el ansiado pelotazo, animados por el frenesí de precios que experimentaba el mercado de la vivienda nacional.

Y han comprado sin necesidad de ahorrar antes, endeudándose hasta el límite de sus posibilidades y sin pararse a pensar en qué sucedería en el caso de que el Euribor (índice de referencia para la mayoría de hipotecas) iniciara una tendencia alcista, o ante la posibilidad, real hoy para muchos, de quedarse sin trabajo. Los distintos actores implicados en este fenómeno han cometido el mismo error económico de base. A saber, endeudarse a muy corto plazo, sin el necesario ahorro previo.

El progresivo encarecimiento de los costes de financiación, unido a la crisis de liquidez que vive el mercado interbancario y al frenazo en seco de las compraventas de vivienda, está situando en graves dificultades económicas no sólo a promotores e hipotecados de bajo nivel, sino también a aquellas entidades cuyos balances están más expuestos al parón del sector inmobiliario.

Ha llegado el momento de pagar la factura y algunos, simplemente, no podrán. Tarde o temprano, el mercado pone a cada uno en su sitio. Sin duda, algunos perderán, pero otros muchos, tanto particulares como empresas, podrán aprovechar las oportunidades de negocio que se presentarán a partir de ahora.