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Una pensión de 5.900 euros

¿Le gustaría aspirar al nivel actual de las pensiones o prefiere tener una pensión más de dos veces mayor? La pregunta puede parecer estúpida, pero es la respuesta actual a esa pregunta la que es estúpida, porque seguimos con la primera opción. Claro, que también puede ocurrir que haya quien no sepa que existe la otra respuesta. Por ese motivo, el Instituto Juan de Mariana ha realizado un estudio haciendo un cálculo muy sencillo.

Ha supuesto que el trabajador medio dedique la cuota íntegra que nos quita la Seguridad Social del sueldo a la inversión en la Bolsa española, desde 1992 hasta 2006, incluyendo ambos. Teniendo en cuenta las aportaciones mensuales y su rentabilidad a lo largo de estos años, un trabajador habría acumulado un patrimonio propio de 246.865 euros, que otorgarían una renta mensual del entorno de 1.500 euros.

No hace falta hacer un mayor esfuerzo. No es necesario convertirse en un as de las finanzas. Basta con destinar el pago íntegro de la Seguridad Social a un fondo que sea representativo del Ibex 35. Y la renta, en menos de la mitad de una vida laboral, hubiera sido 2,3 veces la pensión media.

También se han planteado qué ocurriría si ese trabajador medio estuviese invirtiendo ese dinero a lo largo de 30 años; pongamos que desde los 25 hasta los 55 años. La rentabilidad real media del S&P a lo largo de su historia es del 7 por ciento, y si la proyectamos hasta 2022 obtendríamos un patrimonio de 980.000 euros, que nos darían una renta mensual de 5.900 euros de los de hoy a partir de 2023.

Y la renta procedería de su patrimonio, no de lo que sea capaz de extraer el Estado a los trabajadores en ese momento. No dependerá ni de los inexorables de la demografía ni de los juegos políticos del momento ¿No son argumentos suficientes, al menos, para plantearse acaso como posibilidad la privatización de las pensiones? Quizás sí. Puede que no sea mala idea.

Feliz Navidad consumista

En las sociedades libres se crea riqueza ex novo, es decir, allí donde no existía, de modo que tu ganancia no es mi pérdida. Al revés, tendrás más que darme por lo que yo puedo ofrecer, de modo que en el capitalismo la ganancia del vecino es una bendición para los demás. Este presentador puede sentirse reconfortado.

Quitando esta pequeña excepción, las navidades se llenan de nuevas condenas a la sociedad libre y en concreto al consumo. Greenpeace ha acusado a San Nicolás, en ese estilo delicado y fino que se gastan, de "terrorismo medioambiental". El Papa ha condenado el "materialismo" navideño. Los comercios, es cierto, se ponen a prueba todas las Navidades para atender las demandas, cada vez más variadas, de los ciudadanos. ¿De veras es tan malo que aumente el consumo estos días?

Nos gastamos más dinero en comprar cosas que compartimos con los demás; regalos y comida. No me parece nada mal. A mí, como a Pablo, me gustan los regalos "superfluos", prescindibles, aunque no tan prescindibles como las ONGs que viven de nuestros bolsillos. Los bienes de consumo son los que más cerca están de nuestros deseos, y si tenemos buenos deseos para los demás en estos días, lo que necesitamos son bienes de consumo que los transmitan.

Siempre ha habido un personaje, habitualmente mal encarado, que no puede vivir sin aguarle la fiesta a los demás. Quieren que los demás nos sintamos mal por hacer lo que nos apetece con nuestro dinero, que a cada paso que andemos sintamos el aguijonazo de un profundo sentimiento de culpa porque hacemos regalos o nos los hacen, porque compartimos comidas con familiares y amigos, porque hacemos las compras a que hemos renunciado en el año o porque nos damos ese capricho que no nos permitimos en otro momento del año. Que con su pan se lo coman. Sus malos deseos, tan poco navideños, y su neopuritanismo.

Feliz Navidad consumista.

Latrocinio navideño

Y es que pocas veces hemos experimentado un empobrecimiento tan rápido a la luz de los millones de bombillas y al ritmo de la música oficial que nos cuenta lo contentos que tenemos que estar a pesar de que no llegamos a fin de mes.

Hace unos días tuvimos que aguantar al Gobierno encomendándonos a comer conejo en lugar de pavo, cordero, ternera o lo que nos venga en gana. De no hacer caso al consejo, nos advierten, los consumidores seremos oficialmente declarados culpables de la inflación. ¡Qué cara más dura! No hace falta ser ministro de Economía ni catedrático en teoría de precios para saber que la inflación es un fenómeno monetario que, en vista del actual monopolio de emisión de moneda, es responsabilidad política. Si todos decidimos comer pavo, subirá el precio del pavo al tiempo que bajará el precio de muchos de los bienes que dejamos de consumir por comprar pavo. Sin embargo, aquí lo que pasa es que suben los precios de casi todo y eso no se consigue aumentando el consumo sino la velocidad a la que gira la maquinita de hacer billetes.

La clase política ha decidido envilecer nuestra moneda y robarnos poder adquisitivo sin medida por el sutil medio de la inflación. Es algo sobre lo que ya no cabe dudar a estas alturas, pero al menos se agradecería que tuvieran la decencia de no culpar a las víctimas. Si pudiera elegir entre los ladrones ilegales y estos sinvergüenzas que ocupan las altas esferas del monopolio del uso de la fuerza, creo que me quedaría con los primeros. Al menos estos no me dirán que si tengo menos capacidad de compra tras el robo es por mi culpa, ni me vendrán a decir lo que tengo que cocinar para maquillar un poco el latrocinio sufrido y la maltrecha cartera. Me roban y me dejan en paz. Eso es precisamente lo que no son capaces de hacer los gobiernos. Cuando ya te han desplumado usan parte del dinero que te han quitado en hacer propaganda de lo bien que lo han hecho.

Enciendes la tele o pones la radio y te tragas el anuncio del ministerio de turno dándote a entender que sin ellos serías un miserable. El otro día el ministro de Economía se jactaba de lo bien que lo ha hecho. No sé realmente a qué se refiere pero de verdad que me cuesta entenderlo. Es como si el carterista del metro me dejara en el bolsillo un tríptico contándome lo bien que lo hace y lo orgulloso que debo estar de que me haya tocado él y no la competencia.

El aborto es un asesinato, ¿lo sabía?

Los elementos de juicio que se aducen para justificar la necesidad de esta reforma, curiosamente, no tienen en cuenta lo más importante, en realidad lo único trascendente, que obviamente es el bebé no nacido, cuyo derecho a la vida se soslaya a favor del de la madre a acabar con él.

Hay quien se escandaliza de que un feto de 31 semanas pueda ser asesinado, descuartizado y tirado al cubo de la basura, todo dentro de la más estricta legalidad. Sin embargo, ¿qué diferencia existe entre un ser humano no nacido con treinta semanas de gestación y otro de veinte, o de quince o de cinco? Ninguna, salvo las características de su desarrollo físico. Pero lo esencial en este caso no es la apariencia física del bebé, sino su condición humana, y eso es algo que todos adquirimos desde el momento de la concepción. El cigoto unicelular, desde el mismo instante de la concepción, es ya un organismo único de la especie homo sapiens, con sus 46 cromosomas que definirán sus características personales a lo largo de su vida. En el momento de la concepción estamos ante una nueva y genéticamente única vida humana individual.

No hay ningún momento entre la concepción y la muerte a la vejez en que la ciencia pueda discriminar la esencia humana del individuo: "A partir de aquí se es un ser humano, de aquí hacia atrás no". Imposible. Si se es un ser humano se es desde el principio.

Por tanto, aunque las leyes dicten la licitud de asesinar a un ser humano no nacido, en el plano ético estamos ante la privación del derecho a la vida de un individuo. Un ser humano que además no puede valerse por sí mismo, sobre cuyo derecho a la vida el Estado se arroga la capacidad de decisión. El principal argumento de los partidarios del aborto es que se trata de un ser vivo que depende del soporte vital de la madre para su existencia y que, por tanto, la madre puede decidir si quiere seguir manteniéndolo con vida o "desconectarlo". Sin embargo, cuando nace, el bebé sigue necesitando los cuidados de la madre para sobrevivir. ¿Están los proabortistas dispuestos a admitir que una madre resuelva dejar de darle a su recién nacido los cuidados necesarios para su supervivencia en aras de ese "derecho a decidir"? Si no lo están cuando el niño tiene dos días de vida, la argumentación para justificar el aborto pierde toda consistencia.

Desde un punto de vista estrictamente liberal, el derecho a la vida del bebé no nacido prevalece sobre cualquier otro supuesto derecho de los demás a suprimirlo. A esto último se le llama asesinato. Por más que las leyes eviten sancionar a quien lo cometa, cualquier persona moralmente sana debería reprobar esta práctica y exigir su ilegalización. No estaría de más que el partido que representa las ideas liberales en España tomara nota de esta cuestión tan elemental y actuara en consecuencia. Y es que, especialmente en este asunto, sobran reflexiones y faltan…

Cobremos todos menos por el bien común

¿Por qué si todos somos un poco más pobres el año que viene, ha de hacer esto que logremos mayor bienestar? No tiene sentido. Las respuestas agregadas suelen llevar a contradicciones individuales. Pero, bien pensado, ¿por qué han de subirnos cada año el salario en relación al arbitrario índice del IPC? Tal vez le parezca duro, pero ¿ha hecho usted algo para merecérselo? Por más que suba el nivel de precios oficial, ese cuyo parecido al real mera coincidencia, nadie tiene la obligación positiva de compensárselo, ya se llame empresa o Gobierno. En el momento que el Estado obliga al empresario a regalarle parte de su producción por la fuerza, se está cometiendo un acto de extorsión, por más legal que sea.

Es de puro sentido económico que alguien perciba las retribuciones salariales por los hitos comerciales o empresariales que ha conseguido independientemente del entorno macroeconómico. Si usted se ha matado a trabajar y gracias a ello han aumentado las ventas de su empresa, por ejemplo, carecería de sentido que su jefe no le subiera el sueldo porque las cuentas del país no parecen ir bien. Pero también al revés. Si alguno de sus compañeros no ha dado palo al agua en todo el año, ¿por qué le han de aumentar el sueldo? Es más, ¿por qué no puede la empresa bajárselo o despedirlo? Las leyes laborales socialistas que tenemos en este país favorecen de forma demasiado acusada la ociosidad y el parasitismo. Esto, aunado al Estado del Bienestar, tiene como resultado que el ocioso no sea responsable de su actitud y logre las mismas recompensas que el trabajador, lo que no parece demasiado motivador para nadie con un mínimo de aspiraciones.

Las leyes colectivistas e igualitaristas penalizan el esfuerzo individual invirtiendo los incentivos naturales del actor económico. No se premia el trabajo individual, sino la condición de un grupo de personas. Pero por más que nos intenten convencer de lo contrario, ese dinero no es un regalo de la empresa al trabajador, sino una transferencia del empleado productivo al no productivo.

Lejos que de la creencia popular que el paternalismo laboral nos otorga seguridad, vemos como sus aplicaciones prácticas producen todo lo contrario. Nos hace perder nuestra personalidad como trabajadores para cederla a un conjunto de oligarcas laborales que dicen hablar por todos y promover el bien común. Cada grupo de presión, como sindicatos, patronal o Gobierno, manejan a su antojo nuestras retribuciones dinerarias para sus propios intereses y compromisos. No hay nadie más interesado que usted en cobrar más; no se crea que un sindicato o el Gobierno va a luchar por ello mejor que usted. Cuanto antes comprendamos que hemos de apartar a los agentes sociales y al Estado del mundo laboral y de nuestras vidas, mejor nos irá a todos, antes disfrutaremos de mayores oportunidades reales de alcanzar el éxito y de crear un auténtico mercado de trabajo sano y dinámico.

Lo que el canon oculta

El canon se mantiene. Es normal, el apoyo de cantantes, actores y demás "culturetas" es algo muy valioso para el frente anti-PP formado por el PSOE y sus aliados.

Pero todo el debate del canon y la chulería de la ZGAE, que ha hecho que la atención sobre la votación de la LISI se centre en este punto, ha tenido además el efecto nocivo de ocultar otras cuestiones muy importantes. En especial, ha permitido que no se hable de la amenaza para la libertad de expresión en la Red que supone esta norma. Afortunadamente, y ante lo escandaloso que resultaba dar ese poder censor a los Teddy Bautista Boys, se retiró el artículo 17 bis de la norma, que otorgaba a las entidades de gestión de derechos de autor un poder increíble, que les hubiera permitido ordenar la retirada de contenidos de una web u obligar a los proveedores a desconectar a un usuario.

Sin embargo, se mantiene el artículo 11. Este permite que una autoridad administrativa ordene el cierre de un sitio web siempre que esta medida "no atente" contra la libertad de expresión. En primer lugar, en ningún lugar se dice quién decide cuando existe dicho atentado contra una libertad tan importante como la contemplada en el Artículo 20 de la Constitución Española. Si no se aclara que son los tribunales de Justicia los únicos capacitados para hacerlo, puede ocurrir que sea la misma autoridad que ordena la retirada de unos contenidos determinados la encargada de decidir si esa orden es contraria a la libertad de expresión.

Además hay que tener en cuenta que cualquier web puede ser equiparada a una publicación en papel o a un medio de comunicación audiovisual (según el tipo de contenidos que contenga), o incluso a una mezcla de ambos. De esta manera, cualquier sitio de Internet merecería las mismas garantías respecto a la libertad de expresión que otros tipos de medios. Sin embargo, ni el Ejecutivo en su propuesta de Ley ni el Legislativo durante la tramitación y aprobación de la LISI ha tenido en cuenta esta posibilidad, que dejaría la posibilidad de retirar contenidos de la web tan sólo en manos de los jueces.

El mantenimiento de la compensación por copia privada es grave, pero lo que el canon (o el debate sobre el mismo) oculta también. Con esta ley, los españoles hemos perdido libertad de expresión.

Bali, el adiós a Kioto

El cambio climático se ha convertido en un asunto político de primer orden. Ahora que no podemos oír las risas ni ver las miradas de condescendencia de nuestros nietos por dedicar tanto tiempo a estas cuitas, el calentamiento global es uno de los argumentos de la política más poderosos. De modo que hay que armarse de paciencia y algo de criterio propio para aguantar el chaparrón apocalíptico que nos viene encima.

De otro modo podemos acabar comprando mercancía averiada. Es el caso de Kioto, un protocolo que reconoce un problema real, lo exagera y magnifica para darse importancia y luego propone una solución (el racionamiento) que es económicamente absurda y perjudicial, y que además se reconoce que no tendrá efectividad alguna (retrasar en 6 años el calentamiento previsto para 2100, en el mejor de los casos).

Nadie lo dice, pero Kioto acaba de fenecer en Bali. La política de Kioto, que pasa por imponer reducciones de CO2 a plazos y que era la principal baza de Europa ha sido descartada por la oposición de Estados Unidos, Canadá y Japón. Y se han abierto las puertas a otras políticas que son razonables y efectivas, pero que se condenaban con un anatema. Por ejemplo se considera la conveniencia de que la humanidad, como ha hecho a lo largo de la historia, se adapte a los cambios del clima. Puesto que los bosques consumen CO2, se ha prestado especial atención en Bali a los cambios en el uso del suelo, y en concreto a la deforestación allí donde se produce. Y, por último, se incide en la conveniencia del fomento y la transmisión de tecnologías más limpias. Es decir, que aquí quien se ha impuesto es Estados Unidos y la concepción que tiene de cómo luchar contra el calentamiento y lo que ha naufragado sin remedio es la solución europea de las cuotas.

Los gobiernos europeos son unos auténticos ases en dar lecciones. No tienen empacho alguno en adoptar una actitud moralizante hacia Estados Unidos por no haber ratificado un protocolo que virtualmente ha sido abandonado. Y eso que las emisiones de Europa, pese a tener un menor crecimiento económico, aumentan mucho más rápido que en Estados Unidos.

Se ve que el poder corrompe y el poder en Europa corrompe absolutamente.

El conejo y las propinas

Ahora bien, por muy esperpéntico que sea el argumento de Solbes, conviene no olvidar que en última instancia se basa en teorías económicas que hasta hace muy poco predominaban en la academia y que aún hoy siguen gozando de cierto predicamento. Así, en determinados ambientes keynesianos se achaca la inflación a un incremento de la demanda agregada, esto es, a que todo el mundo gasta, de repente, más. Para Solbes, comemos demasiado poco conejo y somos demasiado pródigos a la hora de dejar propinas porque aún no sabemos cuánto vale un euro.

Se trata de una explicación que no resiste el menor análisis riguroso. El euro que supuestamente doy al camarero como propina es un euro que no puedo gastar en otras cosas. Por consiguiente, si el precio del café o del pollo sube porque pagamos demasiado por ellos, el precio de aquellos bienes que ya no podremos adquirir debería bajar. Y ello aun en el caso de que gastásemos euros que pretendíamos ahorrar, ya que un menor ahorro supone una menor inversión y, por consiguiente, una menor demanda de ciertos bienes (por ejemplo, vivienda).

Estamos ante un claro ejemplo de lo que se denomina falacia de la composición: creer que lo que es cierto para elementos individuales es cierto para el conjunto de elementos. Es cierto que si la demanda de un bien aumenta, el precio del mismo tenderá a aumentar; el problema es que, a menos que seamos más ricos, no puede aumentar la demanda de todos los bienes. Pero ser más ricos implica haber producido previamente más bienes, con lo que los aumentos globales de demanda no son más que incrementos globales de oferta. No puede haber inflación por el mero hecho de que se gaste más en pollos o en propinas.

Por cierto, detengámonos un momento en la definición que se ha impuesto del término inflación: aumento generalizado de los precios, porque nos permitirá comprender mejor de qué estamos hablando. Esta definición pretende confundir las consecuencias con las causas de la inflación. La inflación es, en realidad, una pérdida de calidad de la moneda: antiguamente, los monarcas rascaban el oro de las monedas para arrebatar parte de su valor a los ciudadanos; hoy en día, los Bancos Centrales incrementan la oferta crediticia (pasivos) aun cuando los activos no han aumentado correspondientemente.

La consecuencia de que el dinero valga menos es que los bienes que pretendemos adquirir con él cuestan más. Pero la inflación no se produce cuando los precios se disparan, sino cuando se envilece el dinero.

Visto así, la responsabilidad del proceso inflacionista se traslada desde quienes suben los precios a quienes envilecen el dinero. Pero alto aquí, que estas conclusiones ya no interesan a los poderes públicos: quienes suben los precios suelen ser malvados empresarios u oscuros conspiradores especulativos; quienes gestionan el dinero y destruyen su calidad suelen ser otros burócratas.

Si los culpables son los empresarios, el político de turno tendrá una excusa adicional para intervenir en el mercado e incrementar su poder. Será menester perseguir a los avariciosos comeniños que tratan de lucrarse a costa de las masas desfavorecidas. El Estado abogará por establecer controles de precios, por sancionar lo que él entiende por acuerdos colusorios o por subvencionar líneas productivas. No en vano, durante las últimas semanas hemos sabido de peticiones para que se fijen precios máximos sobre los productos básicos, se investigue a los ruines distribuidores o se invierta en energías renovables para que no dependamos tanto del petróleo.

En cambio, si los culpables de la inflación son los burócratas estatales que gestionan con carácter monopolístico la moneda de curso forzoso, lo lógico sería pedirles que se retirasen de sus funciones y dejasen que las entidades privadas emitieran su propio dinero.

Las motivaciones e intereses que subyacen a una y otra explicación son obvias. Digamos que Solbes, cuando echa balones fuera, está protegiendo a sus colegas, aun a riesgo de caer en un espantoso ridículo.

Pero lo dicho también debe servir como un caveat ante ciertos argumentos liberales que, aun siendo inteligentes desde un punto de vista táctico, no son rigurosos. La inflación no se soluciona ni con reformas estructurales, ni con la libertad de horarios comerciales ni favoreciendo una mayor competencia. Todas estas medidas son convenientes, positivas e imprescindibles porque permiten crear más riqueza, pero no tienen nada que ver con que la moneda gane o pierda calidad, o tienen una influencia muy indirecta. La única manera de combatir la inflación es cambiar de sistema monetario y regresar al patrón oro.

La mayor o menor competencia, en realidad, sólo cambia la identidad de las víctimas, pero no acaba con el crimen. Quienes estén en posición de repercutir en sus productos la pérdida de valor del dinero trasladarán la merma a quienes no pueden hacerlo; en ausencia de competencia, los consumidores suelen sufrir buena parte de estas pérdidas.

Ahora bien, que Trichet y sus secuaces del Banco Central Europeo sean los culpables de la inflación actual no significa que el Gobierno no pueda hacer nada mejor que proponer el consumo de conejo para compensar la inflación. Dejando de lado la posibilidad de una reforma monetaria seria, que este Gobierno no tiene voluntad de plantear (tampoco tiene entidad para ello), hay que recordar que la inflación equivale a un impuesto sobre la riqueza de los individuos del que se apropian el Estado y sus grupos afines.

Se trata de una tributación adicional y confiscatoria cuya incidencia el Ejecutivo sí puede aliviar. ¿Cómo? Rebajando los impuestos. El de la renta, el de sociedades, el de hidrocarburos: no será por falta de opciones… Aunque mucho me temo que nada de esto quepa esperar de una panda de politicastros que creen que hay inflación porque los ciudadanos comen demasiado pollo y demasiado poco conejo. Si es que no se nos puede dejar solos.

El canon digital

Para empezar hay otros usos de los CDs, DVDs, mp3, pen-drives y demás que, no sólo son perfectamente legítimas, sino que están protegidas por la ley, como por ejemplo compartir una copia privada. Como la SGAE tiene casi tanta tiña por la verdad como aprecio por el dinero ajeno, dicen que la copia privada es ilegal, pero ahora no lo es.

Si un mismo instrumento se puede utilizar para fines perseguidos por la ley y para otros que están protegidos lo normal es castigar solamente los primeros. Pero la lógica del canon digital es otra. Se impone la pena sin saber si hay o no delito. Hubo un tiempo en que este tipo de lógica causaba gran escándalo entre la gente de bien.

Hay otra opción, además. El analista Antonio José Chinchetru consideró la del canon al disco, que sería menos injusto. ¿Por qué no la proponen?

Si finalmente se impone el canon la recaudación será, según los últimos cálculos, algo más de 100 millones de euros. Ese dinero sale del que usted pagará de más en cada dispositivo digital para que engorde primero las arcas de las entidades de gestión de derechos y luego vaya a los autores que sufren la práctica que algunos llaman piratería.

Pero, más allá de las brutales transferencias desde el ciudadano común a los grupos organizados, que en eso consiste la política, cabe considerar sus efectos económicos. El canon supone más de la mitad del precio final de un CD virgen, de modo que la gente no acude a las tiendas de informática a adquirirlos. La escasa industria del CD prácticamente ha desaparecido en España. Qué pasaría con el resto de la industria de salir adelante el canon digital queda abierto a la imaginación de cada uno, pero es seguro que nada bueno.

Por qué el PP debe votar contra el canon

Existen diversos planos en los que puede considerarse esta situación. El primero es el más puramente teórico o ideológico: ¿es justo el canon? Lo ha dicho con claridad Mariano Rajoy: no, no es justo que te obliguen a pagar por ser sospechoso de hacer algo. Pero podría pensarse que sería aún más injusto que los autores no recibieran ningún dinero por la copia privada, porque sería devaluar su trabajo y reduciría los incentivos a la creación. No parece que el dinero que reciben por ese concepto los artistas de menor éxito sea suficiente para que la balanza se incline a ningún lado; en cambio, quienes cobran mucho por este concepto ganan mucho más por otras vías.

No existe consenso entre los liberales en torno a la llamada "propiedad intelectual", dentro de la cual se ubican los derechos de autor. Parece claro que debería existir protección ante el plagio o la usurpación de la autoría, porque supone un fraude. Pero más allá las opiniones se dividen. Los hay que consideran, como hiciera Ayn Rand, que el sentido de la propiedad es recompensar por el fruto del trabajo, lo que llevaría a una obvia necesidad de proteger también el trabajo intelectual. Los hay, en cambio, que piensan que la propiedad privada sólo resulta necesaria porque los bienes son escasos, y esa es la mejor y más justa manera de distribuirlos y sacar de ellos el máximo provecho. En tal caso, y dado que las creaciones intelectuales no hacen sino extenderse más cuanto más se copian, el concepto de propiedad no sería aplicable. Tiendo a situarme más en este último campo, y a pensar que debe existir compensación para quienes emplean las creaciones de otros con fines de lucro (por ejemplo, las televisiones que ponen música a los resúmenes de los goles de la jornada, o los anuncios), pero se me hace difícil justificar que deban pagar algo quienes simplemente las consumen para su disfrute personal.

En un plano electoral inmediato, es decir, en lo que se refiere a las próximas elecciones, no habría que perder de vista las casi 1.400.000 firmas recopiladas por la plataforma Todos contra el Canon. El apoyo del PP –en concreto de la diputada Salmones– al canon durante la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual ha hecho mucho daño a la credibilidad de los populares en esta materia. Es más, la presencia de la titiritera del PP en el consejo que elabora el programa electoral hace temernos lo peor. Pero la semana pasada han dado pasos en la buena dirección, sobre todo Mariano Rajoy, que es quien manda y quien cuenta de verdad, al dejar bien clara su postura.

Si finalmente el PP apoya en el Congreso la eliminación del canon tendrá una baza importante, especialmente entre los votantes jóvenes, que son quienes más se preocupan por este asunto y pueden considerarlo determinante a la hora de decidir su voto en marzo. Dado que la mayoría de las encuestas pone de relieve la dificultad del PP entre ellos, la decisión que tome el Grupo Popular en el Congreso se presiente aún más importante. Desgraciadamente, en España el Estado sigue teniendo un halo de legitimidad a la hora de cobrar impuestos, que parecen ser justos para muchos por el mero hecho de imponerlos una mayoría electa. Esa legitimidad, en cambio, no se extiende a organismos como la SGAE, cuyas siglas son posiblemente las más impopulares en todo el país. Colocarse en contra suya no puede sino darle votos a los populares.

Por último, deberíamos considerar qué supondría el fin del canon a largo plazo para los intereses del PP. La mayoría beneficiada por la medida seguramente la olvide con cierta facilidad, como olvidan los que llaman facha al PP y consideran que daña a las libertades que fue este partido quien eliminó el servicio militar obligatorio. La minoría perjudicada seguramente no olvide tan fácilmente. ¿Pero quién es esa minoría? Los titiriteros que apoyan a la izquierda siempre, en toda ocasión y de la manera más clara posible. Que ingresen menos dinero siempre les dificultará encontrar tiempo y plataformas desde las cuales hacerlo, entre otras cosas porque igual tienen que trabajar algo y todo. Además, les haría ver que meterse con la mitad de la población constantemente no sale tan gratis como parecía. Eliminar las subvenciones al cine debería ser el siguiente paso.

¿Alguien de la derecha va a ponerse a llorar por las desgracias de los titiriteros? Pues más bien no. Bueno, quizá la diputada Salmones. Razón de más para apoyar la supresión del canon.