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Adiós, DRM, adiós

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

EMI y Universal comenzaron a vender su música en MP3 primero en iTunes y luego en Amazon. Sony BMG y Warner podrían estar considerando hacerlo también para así poder participar en una promoción conjunta que estarían preparando Pepsi y Amazon MP3, que seguramente consistiría –como sucediera con otra anterior en iTunes– en que los consumidores del refresco tuvieran que recolectar varias etiquetas para tener el derecho a descargarse gratis alguna canción de la tienda online de música. Pero claro, en esa tienda las melodías están en MP3, no en un sistema protegido con DRM que impida a los compradores hacer con esa música que adquieren lo que deseen.

A esto se añadiría a la presión de Walmart, que les ha comunicado a las discográficas que piensa retirar en breve de su tienda online las descargas en formato protegido WMA, dejándolas sólo en MP3. El caso es que este gigante de la distribución vende el 22% de los CDs físicos en Estados Unidos, de modo que tiene forma de hacerles doblar la cerviz a las discográficas. Y después de convertirse por derecho propio en la empresa que más ha hecho por ofrecer más productos y a mejor precio a los consumidores norteamericanos, no cabe duda que tiene el bienestar de éstos en mente mucho más que el de las discográficas.

Universal estaría evaluando su apertura al MP3 y podría decidir en breve tomar como definitivo el paso que dio ofreciendo su catálogo en ese formato en iTunes y Amazon MP3. Sony BMG, al parecer, está considerando hacer una prueba con las descargas de MP3 y el director ejecutivo de Warner Music Group, Edgar Bronfman, ha llegado a decir que "al mantenernos tal y como estábamos o sin apenas cambios, entramos casi sin darnos cuenta en una batalla con los consumidores al negarles lo que querían y que podían encontrar de otros modos, lo que provocó que finalmente los consumidores fueran los ganadores".

Pero ha sido EMI quien más se ha destacado en desmarcarse del modelo de negocio y las estrategias que han mantenido las cuatro grandes discográficas desde la aparición de las descargas por internet. La última, su decisión de dejar de dar dinero a asociaciones antipiratería como RIAA o IFPI. Y ese cambio ha comenzado con su adquisición por la compañía de capital riesgo Terra Firma, lo que indica que ha hecho falta que entren ideas de fuera del negocio para que las empresas dejen de obcecarse. O lo que es lo mismo, la cerrazón de unos ejecutivos que querían mantener el estatus quo a toda costa, como dice Bronfman, ha provocado que vendan menos y tengan mucho menos futuro de lo que podrían haber tenido de ser más listos. Eso ha hecho que parezcan una inversión rentable a inversores que saben que la manera de ganar dinero es dar al consumidor lo que éste quiere, y que piensan que haciéndolo pueden resucitar a una empresa fracasada y en números rojos. Una ventaja más del capitalismo sobre la política.

Los orígenes de la crisis

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Después del 11 de Septiembre, la Reserva Federal de EEUU comenzó a inflar la oferta crediticia para tratar de impedir una crisis económica. Los bajos tipos de interés, que llegaron a situarse en el 1% durante 2003, favorecieron que los bancos comerciales y otros agentes financieros tuvieran tanto numerario como para prestar incluso a individuos de escasa reputación y solvencia (subprime).

El proceso por el que se prestaba este dinero violaba los principios tradicionales de la gestión bancaria. Los bancos invertían en activos a largo plazo (créditos hipotecarios) los fondos que recibían en forma de deuda a corto (depósitos a la vista), con la esperanza de atender estas obligaciones a corto plazo reendeudándose en los mercados monetarios interbancarios.

La consecuencia fue una expansión brutal del crédito que, al filtrarse al mercado inmobiliario, generó un boom que se realimentaba: el crédito elevaba la demanda y los precios de la vivienda, estos precios más elevados permitían unas hipotecas más altas y una perspectiva de rentabilidad mayor, lo que a su vez se traducía en una mayor afluencia de crédito a este sector y, de nuevo, en precios más elevados. Durante esta orgía crediticia no se respetaron ni los procedimientos ni los protocolos de concesión de crédito: había tanta liquidez que se estaba dispuesto a comprar casi cualquier activo, por muy especulativo que fuera.

Sin embargo, con las subidas de tipos a partir de 2004 para tratar de detener la inflación y las nuevas burbujas de precios en la bolsa y la vivienda, numerosos prestatarios empezaron a experimentar dificultades para afrontar el repago de sus préstamos. A principios de 2007 esta situación se volvió crítica y comenzaron a encadenarse una serie de impagos masivos (defaults) en los préstamos subprime.

Estos defaults hundieron el valor de todos los créditos hipotecarios correspondientes, que se encontraban en el activo de los bancos o bien en el de otros instrumentos financieros estructurados (por ejemplo, las populares "obligaciones colateralizadas por deuda"). Dado que los bancos tenían que atender sus deudas a corto (entre ellas los depósitos, pero también la renovación del papel comercial) y que una parte sustancial de sus ingresos (pago de las cuotas hipotecarias) había desaparecido, se generó una crisis de liquidez. Además, tampoco podían liquidar sus activos subprime para captar fondos, ya que, como hemos visto, su valor se había hundido.

Fue en estos momentos cuando el Libor, el Euribor y en general todos los tipos de interés de los mercados monetarios se dispararon: los bancos afectados por la subprime necesitaban liquidez adicional (incremento de la demanda de fondos), y el resto no estaba dispuesto a proporcionársela, ante el temor de que no fueran capaces de devolverla (restricción de la oferta de fondos).

Se abría de este modo el temor a un pánico bancario, es decir, a que los depositantes acudieran en masa a retirar su dinero de los bancos y éstos no pudieran devolvérselo. En buena medida fue lo que sucedió con el británico Northern Rock, pese a toda la ayuda pública que recibió.

Los Bancos Centrales, en este punto, creyeron conveniente proceder con inyecciones masivas de liquidez para contener los tipos, y en buena medida lo han conseguido. Sin embargo, se trata de una medida abocada al fracaso: desde que comenzaron con esta masiva monetización de la deuda de mala calidad, el precio de casi todas las materias primas se ha elevado alrededor de un 20%.

El motivo es evidente. En la medida en que el dólar y el euro siguen perdiendo valor, los inversores huyen hacia valores "seguros". La vivienda ya no puede actuar como refugio, y la bolsa está demasiado sometida a una coyuntura incierta. El único recurso son las materias primas, como el oro, el petróleo, la plata o, en menor medida, los cereales.

Esta elevación de los precios de las materias primas, que ya se está percibiendo incluso en la economía doméstica (véanse las frenéticas subidas del IPC de los últimos meses), da lugar a nuevos riesgos. Por un lado, la renta disponible de las familias disminuye, con lo que su capacidad de repago de las hipotecas (incluso de las que no son subprime) también cae. Por otro, los costes de las empresas con productos más prescindibles aumentan sin que aquéllas puedan repercutirlo en los precios; es decir, que sus márgenes de beneficios se estrechan.

Muchas de estas empresas habían acometido importantes inversiones durante los últimos tiempos (una de las más populares fue la recompra apalancada de acciones) con cargo al endeudamiento, tanto bancario como vía emisión de bonos. El default en este mercado situaría a los bancos y a otros inversores en una situación aún más grave que la del pasado mes de agosto.

Pero ni la Fed ni el BCE pueden dar marcha atrás en sus inyecciones de liquidez sin que los tipos en el mercado monetario vuelvan a dispararse: los bancos siguen desconfiando unos de otros, ya que todos coinciden en que las pérdidas por las subprime aún no están plenamente reconocidas ni provisionadas.

A menos que todos los implicados estén dispuestos a asumir como propias las pérdidas de sus excesos y los Bancos Centrales detengan su política inflacionista de expansión del crédito, el dinero fiduciario e inconvertible va camino del repudio total. El dólar no podrá resistir un envilecimiento mayor: los países del Golfo Pérsico y China ya se están planteando disminuir sus reservas de dólares, ante su rampante pérdida de poder adquisitivo. Si ello sucediera, la inflación y los tipos de interés en EEUU se dispararían.

España no está exenta de todos estos peligros. En la medida en que los precios de las materias primas y los tipos de interés repunten, podemos comenzar a ver incrementos preocupantes en la morosidad de las hipotecas y de las empresas (en un año, los impagos de empresas se han incrementado un 11,4%, y Euler Hermes espera un incremento del 50% para 2008), lo que reproduciría la crisis vivida en julio y agosto en EEUU, con la diferencia de que en nuestro país no tenemos los activos diferenciados entre primes y subprimes.

Los problemas inherentes al dinero fiduciario de curso forzoso no tienen remedio. Si queremos evitar crisis como la que se avecina, la única solución pasa por un giro de 180 grados en el sistema monetario internacional: en lugar de estar basado en las emisiones monopolísticas de los Bancos Centrales, ha de dar cabida a la competencia entre divisas privadas, emitidas por los bancos comerciales.

De este modo regresaríamos, muy probablemente y de manera espontánea, a un patrón oro internacional, que pondría coto a las expansiones crediticias insostenibles y a las malas inversiones generalizadas. Pero para ello la profesión económica debe reconocer su responsabilidad intelectual por haber dado apoyo a casi un siglo de doctrinas nefastas y anticientíficas, ya sea por pura ignorancia o por pura alianza con el establishment político, y regresar a principios monetarios liberales. En caso contrario, los políticos, al estilo de los monarcas absolutistas, seguirán reteniendo el poder de envilecer la moneda con el respaldo de teorías económicas caducas.

Que vuelva la Liga

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El suceso recuerda la gloriosa hazaña de Richard Cobden, quien a mediados del siglo XIX logró que la amplia mayoría del parlamento inglés aboliera las leyes de granos que elevaban artificialmente el precio del trigo y de otros cereales debido a su carácter proteccionista; aunque más bien habría que calificar estas normas intervencionistas de agresionistas porque privilegian a unos pocos y perjudican a la inmensa mayor parte de la población.

Cobden dirigió la famosa Liga contra las leyes de grano de manera magistral. No se limitó a explicar sus perversos efectos económicos sino que expuso de manera incansable las siniestras implicaciones morales de estas políticas arancelarias. Los políticos que votaban a favor del mantenimiento de las leyes de granos podían estar seguros de una cosa: Richard Cobden publicitaría sus nombres y apellidos como los defensores de la tesis de que a los ciudadanos británicos no merecen ser tratados igual de bien que los ciudadanos de países libres donde no hay barreras y los precios de los alimentos básicos son más baratos.

Sin embargo, a poco que examinemos la iniciativa de la Unión Europea, nos damos cuenta de que los ministros de Agricultura y Pesca no han actuado en clave liberal ni les mueve la erradicación de los nefastos efectos del mercantilismo agrícola que impera en la Unión. Resulta que la suspensión es sólo temporal y el gobierno francés ya se ha ocupado de que le pongan fecha de caducidad para julio de 2008. El verdadero motivo de este giro son los elevados, imparables e impopulares precios del trigo. Parece que detrás hay un miedo a que la actual inflación se les vaya de las manos. Sin embargo, el precio del trigo, como muchas otras materias primas, se ha disparado desde agosto, justo el mes en el que los bancos centrales de ambos lados del Atlántico inundaban los mercados con papelitos y créditos recién sacados de la imprenta. Me temo, sin embargo, que los ministros no exigirán al banco central que deje de envilecer nuestra moneda.

A nuestros representantes no sólo no les importa devolver al consumidor europeo al cautiverio al que nos tienen sometidos mediante cuotas y aranceles. Todavía menos, si cabe, les importa el que los productores de cereales de los países pobres no puedan prosperar porque les dificultamos la posibilidad de intercambiar con nosotros en libertad.

Necesitamos que vuelva la Liga para mostrarles que la total liberación comercial implica, como decía Cobden, "la más elevada revolución moral a escala mundial que haya sido jamás lograda".

Los socialistas y la distribución de la riqueza

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

A los socialistas no les gusta esta desigualdad (suelen calificarla como insoportable o inaceptable), pero quedarían en evidencia si aclararan que simplemente están manifestando una preferencia personal, tan legítima como cualquier otra. Así que en lugar de referirse a distribuciones más o menos uniformes de la riqueza, hablan de distribuciones mejores o peores: introducen de tapadillo una valoración subjetiva y la confunden con hechos objetivos. Si aplicaran con consistencia sus gustos por lo uniforme a otros ámbitos, todo el mundo tendría que tener el mismo aspecto, vestir igual, y hacer las mismas cosas de la misma manera; la pintura sólo estaría óptimamente distribuida en un cuadro totalmente blanco, y la música debería ser ruido aleatorio.

Un mercado libre ya distribuye la riqueza de forma legítima, pero los ingenieros sociales colectivistas creen que hay que corregir coactivamente las desigualdades que resultan del proceso espontáneo de creación e intercambio como si fueran un error: los productivos han de entregar buena parte de su propiedad a los improductivos, las leyes estatales inventan falsos derechos contrarios al único derecho ético, el de propiedad, y además se pretende que el proceso de pillaje institucionalizado no perjudica a la actividad económica. Sólo hay que discutir cómo confiscar la riqueza de forma astuta para que las víctimas del robo no se harten y dejen de trabajar: ver si es mejor el impuesto proporcional o el progresivo para financiar el siempre creciente gasto público (o sea, el que controlan los políticos demagógicos y populistas para comprar los votos de los electores); extender el gasto público a todos los ciudadanos para que los contribuyentes netos no puedan denunciar el expolio al que son sometidos.

Miguel Sebastián ha defendido recientemente el tipo fiscal único como "más justo y eficiente". Celebra que "en los últimos 30 años se ha producido una notable redistribución de la renta en España", pero que esta "mejor distribución" no se debe a nuestro sistema fiscal porque no es progresivo (no pagan una mayor proporción de su renta los que más ganan). En realidad es "gracias, sin duda, al gasto público, y fundamentalmente a la construcción del Estado de bienestar en los años ochenta, algo que debe ser reconocido como mérito del Partido Socialista y su líder de entonces, Felipe González". "Los derechos universales (sanidad, educación) mejoran tanto la igualdad de oportunidades como la movilidad social, sin perjuicio para la eficiencia económica y el crecimiento. Las pensiones y el subsidio de desempleo mejoran la equidad". "Los impuestos deben garantizar la suficiencia recaudatoria y la equidad horizontal y vertical".

Luis de Sebastián le ha replicado que Dejen en paz los impuestos, que lo que hay que hacer es combatir la evasión fiscal y que "la fiscalidad es un instrumento de progreso económico y desarrollo social". Asegura que "lo que garantiza el éxito de la actividad empresarial es el aumento de los bienes públicos: la ley y el orden, la educación en todos sus niveles, las comunicaciones, el buen funcionamiento de los tribunales de justicia". Ley, orden, justicia, educación, comunicaciones: todo suena muy bien. El problema es engañarse pretendiendo que todos estos servicios deben ser proporcionados de forma monopólica y coercitiva por el Estado: por políticos sin escrúpulos morales y funcionarios opositores deseosos de trabajos seguros que no dependen de la satisfacción de aquellos a quienes presuntamente sirven.

"La cuestión (dentro de un marco de justicia, que se supone en una democracia madura) no es el nivel de los impuestos sino cómo se gastan. Los empresarios ilustrados prefieren que el Estado cree externalidades a que se les rebajen más impuestos, cuyos beneficios se pierden luego por mala administración y las dificultades que encuentra la nueva inversión". Aparte de no explicar su concepto de justicia, que seguramente deje mucho que desear, no entiende que el nivel de los impuestos y cómo se gastan no son hechos independientes: los ciudadanos son quienes mejor saben cómo gastar su propio dinero, y las personas no son tan cuidadosas cuando se trata de dinero ajeno. Y con mucha desvergüenza habla en nombre de los empresarios, no cualesquiera sino sólo los ilustrados que están de acuerdo con él.

Un argumento intelectualmente ridículo pero muy repetido es mostrar cómo los países más eficientes y competitivos incluyen a muchos con gran carga fiscal: se pretende que el gasto público "contribuye a elevar la productividad de las empresas y el bienestar de los ciudadanos", cuando lo que en realidad sucede es que los países ricos pueden permitirse altos niveles de parasitismo estatal.

Y ya para rizar el rizo del ridículo, Joaquín Estefanía: "Debemos celebrar el hecho de que los impuestos existan: sin impuestos no podemos tener libertad y seguridad contra la violencia; sin impuestos no cobrarían su sueldo público los catedráticos que exigen su reducción o desaparición. Lejos de ser una obstrucción a la libertad, los impuestos son una condición necesaria de su existencia". No sólo es obligatorio pagar impuestos: ahora también hay que celebrarlos.

Cuando la desigualdad es progreso

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Para expresarlos de modo sencillo, el informe divide las personas estudiadas en cinco grupos iguales en número (quintiles), ordenadas de menor a mayor renta. Bien, pues según ha observado el estudio, el 58 por ciento del quienes estaban en 1996 en el primer grupo, el de ingresos más bajos, habían pasado en 2005 a otro de mayores rentas. De media aumentaron la renta que generaban en un 90,3 por ciento. Sólo el 1 por ciento con mayores rentas ha caído en este tiempo.

Este resultado es compatible con el de otros informes, como uno que siguió la evolución de las rentas de un grupo de personas entre 1975 y 1991. Según éste, sólo uno de cada veinte personas que estaban en el quintil más bajo en 1975 seguían allí 16 años después. Cuatro de cada cinco habían dado el salto a los grupos intermedio, cuarto y quinto.

Estos datos dan que pensar. Resulta que las estadísticas que miden la desigualdad de rentas también miden la desigualdad de edades. Es decir, que en los ingresos más bajos están los más jóvenes y que la edad media va subiendo con la renta (o viceversa), hasta llegar al quintil con mayores ingresos, en la culminación de la carrera profesional, justo antes de jubilarte y disfrutar de la jubilación más todo el capital que haya logrado acumular en una vida de trabajo y ahorro.

La correspondencia entre ingresos y edad no es exacta, claro, pero sí alta. Nada que no podamos apreciar simplemente mirando en nuestro derredor. Pero no lo solemos tener en cuenta cuando vemos estadísticas de desigualdad de rentas. Resulta que lo que miden es cuánto puede progresar una persona en aquella sociedad. Quizá por ello son siempre mayores las desigualdades en Estados Unidos.

Las buenas intenciones

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Las buenas intenciones, como las del Partido Popular con su reforma constitucional. Que nuestra Constitución no es la de Cádiz es notorio. Que el consenso y el acuerdo que la hizo posible se impusieron a la racionalidad y la atención prioritaria a los derechos individuales, todos lo sabemos. Que la libertad no vivía entonces la consideración que se le tiene hoy, no habrá que negarlo. De modo que si nos planteamos una reforma de la norma fundamental, lo primero que habrá que preguntarse es ¿para qué?

El PP, a mi modo de ver, se equivocará si no hace suyo como primer objetivo la plena libertad de los ciudadanos españoles y la subordina a la identificación de España con el Estado central o las concesiones al Estado de Bienestar para hacerse perdonar no se sabe qué. Una bolsa de dizqueciudadanos dependientes del Estado es feudo electoral de los socialistas. Miren el caso de Andalucía. Cuanto más independientes, responsables y libres sean los españoles, menos permeables serán al discurso entre buenista, paternalista y de odio de los socialistas.

Los nacionalistas son la otra gran amenaza para nuestra libertad, pero para responder a ella no hay que concentrar de nuevo el poder en el Estado central sino todo lo contrario. Que cada región, cada ayuntamiento si es posible, compita con el vecino para ofrecer aquella combinación de servicios y libertades que sea menos dañina al ciudadano. Hagamos el diseño facilite la mayor competencia entre administraciones. No se tema la diferencia, porque amplía las opciones de elección de los ciudadanos. Pero que tampoco que quede sólo en eso, porque lo principal es la definición y la defensa efectiva, permanente e independiente de la política de nuestros derechos. Tenemos plena libertad, se nos reconozca o no, a montar una empresa y llegar a los acuerdos que queramos con quien los acepte de buen grado. Tenemos la libertad sin fisuras de elegir la forma que deseemos para educar a nuestros hijos, elegir nuestro estilo de vida, expresar lo que consideremos oportuno, a obviar al Estado cuando sobrepasa el ámbito de nuestros derechos. Ese, y no otro, debe ser el vértice de la Constitución, el espacio protegido contra cualquier interferencia, frente a cualquier justificación.

Y, sobre ello, el resto debe de estar encaminado a restarle instrumentos de poder a la política. Bien está que el CGPJ salga elegido de los propios jueces, como propone Rajoy, y no por los políticos. Pero también deberíamos fijarnos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos para importar la fórmula de los miembros vitalicios al Constitucional. Y, sobre todo, romper las circunscripciones hasta hacerlas uninominales. Si a un diputado lo elige el señor Rajoy y no el votante, que no nos venga diciendo que lo que quiere es algún tipo de regeneración democrática.

Las buenas intenciones hay que engarzarlas con un sano escepticismo hacia la política y una confianza, aunque fuese moderada, en una sociedad libre y desenvuelta. Si no, mejor no tocallo.

La campaña electoral ya ha comenzado

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuarenta y ocho horas más tarde de la visita del señor ministro, la fiscalía regional ordena el registro de domicilios particulares, empresas privadas y dependencias municipales, y comienza a arrestar a políticos del PSOE bajo una nebulosa acusación relacionada con el urbanismo. Añadamos a nuestro relato la circunstancia de que la prensa afín al Gobierno hubiera sabido con antelación dónde, cómo y quién iba a ir siendo entrullado, de forma que pudiera obtener el documento gráfico con la mayor comodidad. No es necesario tener superpoderes adivinatorios para saber que la campaña que hubiera desatado el PSOE a nivel nacional denunciando el uso partidista de la justicia por el Gobierno hubiera sido clamorosa, con toda la trompetería de los medios afines afirmando el carácter eminentemente fascista de ese comportamiento de los poderes públicos.

Pues bien, en Totana ha ocurrido precisamente esto mismo, con la única salvedad de que el papel de ambos partidos políticos es exactamente el contrario. Como respuesta, la única reacción del PP regional ha sido una suave nota de prensa en la que se pide a la fiscalía que, hombre, por lo menos informe a los acusados del delito que se les imputa antes que a la prensa amiga.

Sin prejuzgar la culpabilidad de los encausados ni la gravedad del posible delito, parece que las formas son más propias de la Venezuela chavista que la de un país democrático. Porque eso de que te detengan, te lleven al calabozo y te requisen ordenadores y papeles a ver cómo concretan la acusación contra ti no es algo que se lleve mucho en las democracias occidentales.

En el momento de acabar estas líneas dos de los detenidos ya han sido puestos en libertad, aunque permanecen encausados. En unas horas más, la jueza encargada del caso decidirá si la fiscalía tiene pruebas solventes para mantener el arresto o, por el contrario, pasa como en los ayuntamientos canarios cuando el anterior ministro de Justicia aterrizó en las listas del PSOE local, cuyos alcaldes del PP, después de ser detenidos sin orden judicial y permanecer arrestados durante algunos días fueron puestos en libertad sin medidas cautelares.

Lo grave es que, en estas circunstancias, el estigma de haber sido detenido acusado de corrupto ya no se lo quita nadie a las familias de los afectados en dos o tres generaciones. Pero aquí el único estigma que merece el cariño judicial es el de Felipe González. Los demás a chupar calabozo y a callar. Cosas de la justicia progresista made in Bermejo.

Envía spam, ZP te lo pide

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Se les anima a hacerlo desde la propia página oficial de José Luis Rodríguez Zapatero como líder socialista, que lleva el cursi nombre de La mirada positiva. En dicha web cualquiera puede descargarse en PDF la Guía Vcp. Voluntari@s CiberProgresistas. El documento, que comienza con un texto de Pepe Blanco animando a la participación, es un despropósito. No sólo por las cosas que invita a hacer, sino porque demuestra que estos políticos de la vieja guardia siguen sin entender la realidad de internet.

En su página 2, los redactores comienzan diciendo de la misión de la Vcp que es la de "facilitar nuevas formas de participación política a los militantes y simpatizantes progresistas". El uso del correo electrónico, los mensajes de móvil y las bitácoras está demasiado extendido como para resultar novedoso. Pero continúa. Estas "nuevas formas" se facilitan de manera "estructurada y organizada". Vamos, que ni se plantean que los ciudadanos de ideas próximas al PSOE puedan ser lo suficientemente listos como para hacer esas cosas por sí solos.

De todos modos, lo grave es lo que invita a hacer. Se anima a los "cibervoluntari@s progresistas" a crear listas de distribución de correo electrónico que contengan al menos entre cinco y diez direcciones de "indecisos y simpatizantes". En ningún caso se les sugiere que se les pregunte a esos destinatarios si quieren recibir propaganda. Su opinión no cuenta. Puro spam. Pero la cosa no termina ahí. Advierte que no se debe incluir a personas "reconocidas como contrarias. Podrían entenderlo como una agresión a sus ideas".

Que alguien mantenga un pensamiento político diferente no le convierte en "contrario", sólo en alguien que piensa de forma distinta. Significativa, por tanto, la elección de palabras escogida. Y otra cosa, esos "contrarios" no entenderían los mensajes como una agresión a sus ideas. Los verían como cualquier mero spam, una agresión por saturar su correo con mensajes no deseados, con independencia de que sean del PSOE o de un alargador del pene. También cabe preguntarse si lo que pretenden desde Ferraz es evitar que alguno conteste y se establezca un debate de ideas que los "zapateriles" quieren evitar.

Los de la mirada amable también animan a hacer el troll al pedir que se detecten "Blogs y páginas web de las candidaturas de otros partidos" para que los Cvp participen con "comentarios o preguntas". Si en los mensajes a los simpatizantes e indecisos dejaban claro que se debía utilizar un "talante amable", aquí nada de eso. Se ve que en los sitios de otros partidos se puede insultar y cosas así. También se pide a los cibervoluntari@s progresistas que informen de todos los foros y chats donde participan para que desde el PSOE puedan sugerir a otros que entren también en ellos. Vamos, que lo saturen.

Definitivamente, los amigos del "pásalo" (la guía recomienda utilizar esta palabra en los mensajes a móviles) demuestran una total falta de respeto a las normas de educación y respeto más básicas de la red. Ya sabes, si quieres ser un buen Cvp envía spam, ZP te lo pide. Y también que hagas el troll.

Por qué gastan nuestro dinero en grandes causas inútiles

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Ellen Axson Wilson, primera esposa de Woodrow Wilson, plasmó esta idea al decir que su marido "tiene gran pasión por ser el transmisor de los acontecimientos mundiales" e "inspirador de un gran movimiento de opinión". Que alguien del Gobierno, esa organización que tiene el monopolio de la fuerza y agresión, tenga estos delirios de grandeza es una amenaza para todo hombre libre.

El presidente Zapatero tiene la misma visión caudillista que Wilson y que otros grandes tiranos de las democracia formales, que no funcionales, de hoy día. Es incapaz de hacer nada para que lleguemos a final de mes, pero se presta rápido a tirar nuestro dinero al primero que se le tropieza en una cumbre internacional. En estos años de Gobierno Zapatero, España ha sido el país de la OCDE que más cantidad de nuestro dinero ha regalado al "desarrollo". Concretamente, el presidente ha destinado 4.200 millones de euros a este concepto, lo que representa más de 200 euros por persona que trabaja en este país. El año que viene serán más de 5.500 millones. A propósito, ¿sabría decirme un solo país que haya salido del subdesarrollo gracias al dinero que le regalan los gobiernos ricos?

Lo mismo sucede con el cuento del cambio climático. A pesar de estos cuatro años verdes, España sigue siendo el miembro de la UE más alejado de Kioto. Es la excusa perfecta para doblarnos a impuestos en un momento en el que España no está pasando por su mejor momento económico.

¿Y qué tal si nos miramos los temas "pequeños" señor presidente? El Banco de España ha alertado que puede haber una fuerte reducción del empleo el año que viene que afectará, como es evidente, a los empleos temporales. De nada han servido las maravillosas imposiciones de crear estabilidad en el trabajo, como era previsible. Más de un 30% de los asalariados y el 65% de aquellos menores de 29 años tienen un contrato temporal. Como ha recordado José Luis Malo de Molina, director del Servicio de Estudios del Banco de España (BdE), en las épocas de bonanza económica el hiperregulado mercado laboral español no es capaz de generar los empleos deseados, pero cuando los malos momentos se acercan se vuelve especialmente sensible al enfriamiento económico. Siendo así, es de esperar que en 2008 pueda haber auténticas oleadas de despidos y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Los más afectados, tal y como ha indicado el BdE, los trabajadores temporales. Nada ayuda a esta situación las absurdas y antieconómicas medidas de subir el salario mínimo que no benefician a empresas ni empleados.

Los delirios grandilocuentes de Zapatero no contemplan datos como que el beneficio neto empresarial haya caído sustancialmente este año, que el importante aumento del precio de las materias primas y la inflación afecten negativamente a nuestros bolsillos –lo que puede obligar al Banco Central Europeo a subir tipos–, o que el país pierda 6 puestos en competitividad. Él sigue aumentando la presión fiscal a empresas y particulares. Todo esto son minucias comparado con los grandes planes de nuestro líder.

El presidente, a la vista de los acontecimientos, quiere pasar a la historia a toda costa. Que lo nominen al premio Nobel de la Paz como a su amigo Al Gore y figurar en los libros de historia como el altruista que quiso salvar al mundo. Es igual que sus medidas sólo respondan a su necesidad de promocionarse a sí mismo y no sirvan ni para salvar a los países pobres ni para evitar las agoreras predicciones del cambio climático. Da lo mismo que lo único que hagan sea evitar que los ciudadanos lleguen a fin de mes. Siempre podrá decir que el mundo estaba en su contra y que él sólo pretendía cambiar el mundo con una sonrisa.

Si las palabras de Zapatero fueran francas y él un altruista, dejaría de imponernos su visión con multas, leyes, prohibicionismo, regulaciones e impuestos; se alejaría del frívolo mundo de la política y se haría misionero o, si su laicismo le impide semejante cosa, ingresaría en una ONG. Por más buenas palabras que usen los gobernantes, la política siempre es lo mismo: imposiciones a los hombres libres para satisfacer las ambiciones de los burócratas.

Formatos abiertos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta decisión, adoptada por diversos organismos públicos en todo el mundo, ha hecho que muchos se planteen preguntas que hasta entonces no habían pasado por su cabeza: ¿es racional depender de la voluntad de una empresa para asegurarse el acceso a los propios datos? ¿Es legítimo que lo haga un Gobierno?

Un formato es la estructura en la que un conjunto de datos se guarda en un fichero. Por ejemplo, cuando editamos un documento en un procesador de textos, al guardarlo en un fichero éste contendrá no sólo las palabras que hemos escrito, sino también el tipo de letra empleado, los márgenes de la página, la disposición de los párrafos, etcétera. Para que una aplicación pueda luego recuperar toda esta información sin pérdida alguna, estos datos deben almacenarse de una manera preestablecida. A esa forma única de guardar la información se la denomina formato.

Cualquier persona que utilice un ordenador está abocada a lidiar con múltiples formatos de infinidad de tipos distintos de información. Puede escuchar música en formato MP3, observar imágenes en formato JPG, escribir sus documentos en formato DOC, leer páginas web en formato HTML, contemplar animaciones en formato SWF o ver vídeos en formato AVI, entre infinidad de otras opciones.

Todo formato mínimamente importante está perfectamente documentado para que la aplicación que debe abrir ficheros que tengan esa estructura concreta pueda hacerlo correctamente. La diferencia entre un formato abierto y otro cerrado es que en este último caso esa documentación solo está disponible dentro de la organización, generalmente una empresa, que ha creado la aplicación que trabaja con ella, mientras que los formatos abiertos son aquellos sobre los que existe una información completamente disponible a todo el mundo. Se podría considerar como un caso intermedio aquellos formatos a cuya documentación se puede acceder previo pago de una licencia, pero a casi todos los efectos –excepto, quizá, a los que se refieren a la legislación de protección de la competencia– resulta un caso equivalente al de los formatos cerrados.

Las ventajas de los formatos abiertos

Un anuncio televisivo ha hecho popular la llamada pirámide de Maslow. Según escribió el psicólogo en su Teoría de la motivación humana, de 1945, los seres humanos tenemos una escala de necesidades que vamos cubriendo en orden. Así, mientras no tuviéramos las necesidades fisiológicas cubiertas (alimento, abrigo, salud, cobijo) no pasaríamos a preocuparnos por el siguiente nivel de la pirámide, la seguridad de tenerlas en todo momento, a salvo de contratiempos. Después de esto vendría la búsqueda de la aceptación social, el amor familiar y romántico; la búsqueda de la estima, propia y ajena, el éxito, etcétera; y, finalmente, la autorrealización.

Puede establecerse cierto paralelismo con el impulso que estos últimos años han tenido los formatos abiertos, especialmente en lo que se refiere a la ofimática. La primera necesidad de usuarios, empresas y administraciones públicas es disponer de procesadores de texto, hojas de cálculo y software de presentaciones que funcionen correctamente y sean cómodos y razonablemente sencillos de utilizar. Pero una vez que existen varias soluciones que garantizan esto, nacen nuevas necesidades. La principal es la seguridad. Actualmente, la mayor parte de nosotros emplea Office; es un estándar de facto. Sin embargo, al emplear esta suite sus propios formatos cerrados, nos ata a Microsoft de por vida. Otras suites ofimáticas han logrado trabajar de forma más o menos aceptable con los ficheros DOC, PPT y XLS, pero no han conseguido una compatibilidad completa. Si queremos seguir empleando nuestros datos, necesitamos recurrir a una empresa específica, por los siglos de los siglos.

En las administraciones públicas, a esto se une la imposición a los ciudadanos que quieran interactuar por vía electrónica con ellas de unas aplicaciones que cuestan su dinero y que sólo oferta una empresa. Es cierto que buena parte de los ciudadanos disponen ilegalmente de esa suite ofimática, pero no parece de recibo que el Estado obligue a sus administrados a cometer una infracción o pagar un impuesto a una empresa para poder cumplir con sus obligaciones. Esa es la razón por la que el Gobierno del estado de Massachussets decidió apostar por los formatos abiertos y obligar a todas sus agencias y empleados a emplear software que los soporte.

En realidad, emplear formatos abiertos es para el Estado algo más importante que emplear software libre. Durante varios años he defendido la conveniencia de que las administraciones públicas tengan en cuenta la licencia de las aplicaciones a la hora de optar por ellas y promuevan el uso del software libre, pero especialmente que el software creado dentro del Estado sea puesto a disposición de quienes lo han pagado por medio de licencias de código abierto. Pero es la adopción de formatos libres la que garantiza a sucesivas administraciones la posibilidad de cambiar de proveedor manteniendo accesible toda la información almacenada hasta ese momento, y emplear esa posibilidad como forma de presión frente a quien fabrique el software que utiliza actualmente.

Por supuesto, a las empresas y organizaciones (pues podemos estar hablando de software libre) que compiten en un mercado específico, los formatos abiertos les resultan de gran ayuda, pues eliminan una importante barrera de entrada, provocada por el efecto red: si la mayoría usa un software específico con un formato cerrado, los demás tienen un incentivo enorme para emplearlo también y así poder enviar y recibir información en el mismo formato que los demás.

Por supuesto, las ventajas de los formatos abiertos han sido conocidas desde hace mucho tiempo por todo tipo de organizaciones y empresas. Así, es natural que cuando Tim Berners-Lee pensara en un servicio de Internet basado en el hipertexto (páginas texto con referencias a otras páginas) al que acabaríamos conociendo como World Wide Web, propusiera un lenguaje sencillo y abierto llamado HTML para implementarlas. Cuando Adobe pergeñó su sistema de creación y lectura de ficheros para imprimir que pudieran transmitirse por vía electrónica, hacerlo abierto –aun cuando no fuera un estándar– permitió que PDF se convirtiera en el formato más empleado dentro y fuera de la red. Lo que ha llegado la hora de plantearse es si las administraciones públicas ya han pasado del primer nivel dentro de esa pirámide de Maslow, y deben establecer legalmente la obligación de usar formatos abiertos. Parece que donde quiera que hay varias opciones alternativas de calidad suficiente, la respuesta en un sí rotundo.

La reacción de Microsoft

La decisión del Gobierno del estado de Massachussets y, sobre todo, los movimientos de la Unión Europea encaminados en la misma dirección llevaron a Microsoft a crear un nuevo formato basado en XML llamado Open Office XML, que es el empleado por las versiones 2007 para PC y 2008 para Mac, de próxima aparición, de Microsoft Office. Presenta unas características similares al estándar ISO 26300 Open Document, que emplean no sólo las suites ofimáticas libres OpenOffice y KOffice sino que es soportada por un gran número de aplicaciones, incluyendo las alojadas en Internet como Google Docs y Zoho Writer.

Tras la aprobación como estándar del organismo europeo ECMA, Microsoft intentó hacerlo aprobar por ISO, mucho más estricto, fracasando en el intento de hacerlo aprobar por la vía rápida. Pero al fin y al cabo, lo esencial de un formato no es si ha sido aprobado por un organismo de estandarización. Muchos de ellos no lo han sido porque éste es un proceso caro que no suele merecer la pena. Todos estos procesos de aprobación o rechazo no deben desviar la atención de la pregunta que debe hacerse al respecto: ¿es un formato abierto sí o no? La respuesta a esa cuestión clave es, me temo, ambigua. Quizá la respuesta más cercana a la realidad es que es un formato abierto tan chapucero que puede considerarse, en la práctica, como uno cerrado.

Hay que recordar lo que decíamos al principio. Un formato es abierto si la documentación está disponible a todos. Microsoft ha cumplido esa parte, pero no completamente. El estándar ECMA está plagado de referencias a formatos propietarios de Microsoft y a aplicaciones de la compañía (el documento indica que varios elementos debe representarse como en Word 95, Word 6 y hasta WordPerfect 5.1, una aplicación con más de 16 años de antigüedad), lo que lo hace imposible de implementar por terceros, por lo que en la práctica puede considerarse como un formato cerrado, aunque menos que los anteriores de la empresa.

Dado que muchos tienen a Microsoft como el temible monstruo empresarial dispuesto a comerse el mundo, asumirán que esos errores son debidos a que sigue deseando tener a sus clientes cautivos de sus productos. En cambio, tiendo a pensar que es más debido a las prisas de sacar un nuevo formato que les permitiera seguir vendiendo a sus clientes gubernamentales y un nueva versión de su suite ofimática que les permitiera que uno de sus dos productos estrella siguiera rindiéndoles beneficios. En cualquier caso, mientras no solucione esos problemas, las administraciones públicas deberían seguir considerándolo como cerrado, pues las razones que existen para no adoptar ese tipo de formatos siguen siendo válidas en lo que se refiere a Open Office XML. No obstante, podría suceder que Microsoft finalmente solucionara los problemas de su especificación, de modo que tampoco hay que cerrar completamente la puerta a futuras versiones.

Conclusiones

Los formatos abiertos favorecen la expansión de información y la competencia. La industria ha sido consciente de ello durante mucho tiempo y por eso existen formatos abiertos para casi todo tipo de ficheros. Sólo en algunos casos concretos, de formatos que han logrado hacerse estándares de facto porque no había aplicaciones equivalentes de similar calidad, los formatos cerrados han triunfados.

No obstante, abrir un formato es un proceso costoso, que en muchos casos no merece la pena abordar, y que en otros puede resultar contraproducente, como es el caso de mercados y empresas muy pequeñas que necesitan mantener cierto control sobre ellos para sobrevivir. Así, no tendría sentido obligar a adoptarlos por ley. Pero sí que las administraciones públicas adoptaran una política de optar por formatos abiertos siempre que exista la opción. La información que todos pagamos por producir debería poder ser accesible siempre, sin depender de la voluntad de terceros.