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Privilegios contraproducentes

Recuerdo que encontraron serios problemas para encontrar una casa. Es cierto que el mercado de alquiler es allí muy duro y que no es infrecuente para los inmigrantes tener que adelantar seis, y hasta ocho meses de renta para poder acceder a un hueco en la gran manzana. Pero este no era el problema a que se enfrentaban nuestros amigos.

Los caseros eran renuentes a alquilarles precisamente por el hecho de que él trabajara en una embajada. Gozaba de inmunidad diplomática y si quisiese podría dejar de pagar; nada podría hacer el dueño para hacer cumplir el contrato. Es más, los dueños no tenían que recurrir a la imaginación para plantearse esa situación, sino a la memoria. Había ocurrido varias veces, aunque, claro está, jamás con un diplomático español.

Cuando me contó sus dificultades para encontrar piso me acordé de Bruno Leoni. En su libro La libertad y la ley (para el que inventaría nuevas palabras si fuese necesario con tal de recomendar su lectura), cuenta un caso homólogo, aunque de una época y de un lugar muy alejados. Fue uno de esos tropezones del Derecho Romano que le hicieron crecer a base del viejo método de la prueba y el error. Es, al fin, un derecho consuetudinario, que recoge el poso de la experiencia de siglos, destilado por el buen sentido y la sabiduría de los jurisconsultos.

Lo que ocurrió, según cuenta Leoni, es que los romanos observaron que la opinión de las mujeres, que tenían en sus manos una parte importante de la propiedad, era mudable. Y decidieron concederles el privilegio de deshacer un contrato si, después de haberlo firmado, cambiaban de parecer. Lo que ocurrió fue que nadie, y no sólo los hombres, quería firmar un contrato con ellas.

Se ve que en ocasiones los privilegios resultan contraproducentes.

Las ratas de Gallardón

Estaba repasando estas y otras paradojas contemporáneas cuando escucho a Alberto Ruiz Gallardón, engolando el tono… ya saben, como quitándose importancia, para decir que la actuación de una veintena de personas entre "más de 20.000 funcionarios" no podía empañar la labor de todos ellos. ¿Había oído bien? ¡20.000 funcionarios para el Ayuntamiento de esta villa castellana! ¡Y los medios preocupándose de la suerte de apenas dos decenas!

Lo bien cierto es que a lo que estamos acostumbrados es al escándalo. El escándalo de que uno no pueda abrir un local sin la aprobación de un funcionario. Luego la concesión se hace lo más complicada posible precisamente para acrecentar el poder de los funcionarios sobre el ciudadano de a pie. El proceso es tan largo y costoso que está exactamente pensado para que haya quien quiera tomar atajos. La corrupción no son las coímas pagadas a docena y media de funcionarios, sino la misma idea de que el Ayuntamiento intervenga en la decisión de un particular de dedicar un local a lo que le plazca. La corrupción es, también, que Madrid haya acumulado nada menos que 20.000 personas en nómina, de las cuales una parte está dedicada, como la que se entromete en el uso de los locales, a trabajar contra el ciudadano.

Pero ¡20.000 funcionarios! ¿De verdad alguien puede pensar que son necesarios? Gallardón ha saltado con una de sus propuestas más sensatas, al proponer la subcontratación de este servicio, aunque lo mejor hubiese sido eliminarlo. La subcontratación se puede llevar tan lejos como se desee. Miren el caso de Chester Stranczek, que se convirtió en alcalde de Crestwood, una ciudad estadounidense de 12.000 habitantes, en 1969. Desde que llegó al poder decidió reducir a lo mínimo el equipo consistorial y subcontratar todos los servicios públicos, desde la gestión de las infraestructuras a la propia contabilidad del ayuntamiento. El Ayuntamiento es tan barato y tan eficaz que no ha perdido una sola elección desde el año de Woodstock. Por los 150 funcionarios que gastan las ciudades de su tamaño, él cuenta con sólo 17. Y todavía sobran, como demuestra la experiencia de Weston, una localidad de Florida de 65.000 habitantes. Tres funcionarios son suficientes para un presupuesto que supera los 100 millones de dólares.

Sandy Springs ha seguido el mismo camino. Su alcaldesa, Eva Galambos, declaró en su momento que "hemos aprovechado la energía del sector privado para organizar las principales funciones del Gobierno municipal, en lugar de crear nuestra propia burocracia. Lo hemos hecho así porque creemos que el modelo competitivo es lo que ha hecho de América tan exitosa. Y estamos aquí para demostrar que este mismo modelo competitivo se puede llevar a un Gobierno local efectivo y eficiente". La policía, los bomberos, la limpieza de las calles…

Imagínense que el Ayuntamiento de Madrid lo constituyesen tres funcionarios, Gallardón, Cobo y Ana Botella. O un par de docenas, si me apuran. Seguro que encontraban una habitación más modesta que el Palacio de Correos. Y no tendrían problemas con las ratas.

El comando antiburocracia

Salvo que los permisos que finalmente se tramitaban no cumplieran los requisitos legales para ser otorgados, en cuyo caso sí estaríamos ante un caso evidente de prevaricación, la única actividad de este "comando antiburócrata" parece ser la de agilizar los trámites para el otorgamiento de estas autorizaciones oficiales a cambio de una cantidad de dinero. Pero si los trámites se hacían con sujeción a la legalidad, no veo dónde está el perjuicio para el ayuntamiento o para el resto de ciudadanos.

Cualquiera que solicite una licencia de apertura para un negocio sabe que tendrá que esperar varios meses antes de tener todo el papeleo en regla para poder iniciar su actividad. El tiempo es dinero, sobre todo porque los bancos no esperan a cobrar los intereses del dinero prestado hasta después que Gallardón estampa su firma en el documento oficial por el que se concede la autorización solicitada. Al contrario, los banqueros tienen la fea costumbre de exigir el pago de los réditos desde el mismo momento en que la pasta abandona la sucursal. Pero no se trata solamente de los compromisos con los bancos, sino que, además, cada mes que un negocio está cerrado por la falta de la firma en un documento, es dinero contante y sonante que el propietario deja de ingresar.

Por tanto, el soborno a los funcionarios encargados de esos trámites no es, en última instancia, más que una cuestión sobre la relación coste-beneficio. Si el pago que exigen los funcionatas es inferior al coste que la demora le va a suponer al empresario, es evidente que muchos de ellos optarán por acudir a ese mercado negro burocrático.

Hombre, el caso de los tíos estos del "guateque" gallardonita es un poco sorprendente, porque eso de establecer los precios según el tipo de negocio o los meses de tramitación que se ahorra el solicitante parece demasiado grosero. Sólo les faltó abrir una ventanilla adicional con el cartelito de "sobornos" y un listado con las tarifas vigentes.

Ahora dice Gallardón que va a privatizar el servicio de concesión de licencias, permisos y autorizaciones. Coño, pues eso mismo es precisamente lo que estaban haciendo ya sus funcionarios. De hecho, el alcalde debería otorgarles esa concesión a los creadores del sistema "guateque", por su probada eficacia a la hora de dar un servicio ágil al ciudadano. La otra solución es dejar de interferir en el proceso de creación de actividades económicas, más allá de los controles sobre el cumplimiento de normativas básicas una vez el negocio esté instalado. Pero eso supondría que los políticos perderían poder y las instituciones públicas un montón de dinero en concepto de tasas, y no parece que ningún político esté dispuesto a renunciar ni a lo uno ni a lo otro. Y Gallardón, probablemente, menos que los demás.

Latrocinio inflacionista

La pérdida de poder adquisitivo del euro y, por extensión, de los salarios reales en Europa ya no es una sensación sino una desagradable certitud. En España no vivíamos un incremento tan fuerte desde 1988. En tan solo un mes se ha incrementado en nueve décimas (de un 2,7% a un 3,6%) la tasa de inflación interanual.

Hace ya 398 años, Juan de Mariana explicaba con claridad que la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos debida a la inflación es responsabilidad de quienes monopolizan la política monetaria. Con el envilecimiento de la moneda, decía el jesuita, “las mercadurías se encarecerán todas en breve en la misma proporción que la moneda se baja”. “No decimos aquí sueños sino lo que ha pasado en estos reinos todas las veces que se ha acudido a este” recurso.

Lo mismo ocurre cuatro siglos más tarde. En lo que va de año, el precio de la cebolla ha subido un 22%, el del pollo un 18,31%, y el de los huevos, un 10,38%. Pero, además, en agosto tiene lugar un punto de inflexión en el que se disparan los precios de la mayoría de las materias primas. Entre agosto y finales de octubre el precio del trigo ha subido aproximadamente un 7,2%, el del algodón un 11%, el de la plata, un 20,4%, y el del petróleo, un 31,7%. El aumento espectacular de numerosos precios desde el mes de agosto no es una casualidad. Ése fue el mesen el que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo inyectaron enormes cantidades de liquidez en los mercados para tratar de retrasar el estallido del alud de malos créditos que ellos mismos han provocado con su prolongada política de expansión crediticia sin respaldo en el ahorro, popularmente conocida como políticas de dinero barato.

Precisamente a esas cantidades de numerario inyectadas y a esa mala calidad del crédito es a lo que aludía el escolástico de Talavera cuando afirmaba que “no hay duda, sino que en esta moneda concurren las dos causas que hacen subir las mercadurías, la una ser, como será, mucha sin número y sin cuenta, que hace abaratar cualquier cosa que sea, y, por el contrario, encarecer lo que por ella se trueca; la segunda, ser moneda tan baja y tan mala que todos la querrán echar de su casa, y los que tienen las mercadurías no las querrán dar sino por mayores cuantías”.

Políticos intervencionistas

En efecto, esto último también está pasando ahora. La gente no quiere quedarse con el dinero ni por asomo y trata de depositarlo lo antes posible en materias primas o en bolsa (la vivienda ya no está para bromas).

En este punto advertía Mariana que “el Rey querrá remediar el daño poniéndole con poner tasa a todo, y será enconar la llaga”. Bueno, hoy en día los precios tasados no están de moda ni entre los políticos intervencionistas. Pero el Gobierno hace lo que puede. Por un lado, la vicepresidenta anima a los ciudadanos a “acudir a los Servicios de Defensa de la Competencia para denunciar cualquier situación que ellos consideren abusiva”, mientras que el presidente de la Comisión Nacional de Competencia advierte de que investiga a las empresas de alimentación por si estuvieran alentando subidas de precio.

Se nos venda como se nos venda, la pérdida de poder adquisitivo que padecemos es, como decía el autor del Siglo de Oro, un “infame latrocinio” orquestado por los modernos monarcas y sus allegados, que son quienes habrán sacado tajada cuando el país se haya empobrecido.

Feliz fracaso de la ONU

De nuevo, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha estado acertada al definirse sobre cuestiones relacionadas con la Red. Hace unos días, RSF denunciaba que con la excusa de quitar a la estadounidense ICANN la gestión de los nombres de dominio se ocultaban cuestiones mucho más importantes: el intento de los gobiernos más represivos en materia de ciberlibertades de hacerse con el control de internet a través de la ONU.

Es cierto que la hegemonía de la entidad estadounidense (que, por cierto, es privada) tiene algunos riesgos, como que desconecte los dominios de ciertos países que tienen gobiernos abiertamente enemigos de Estados Unidos. Sin embargo, eso no ha ocurrido jamás y resulta más peligroso permitir que sean esos estados quienes controlen la Red. Y que los sistemas políticos represivos (fuera y dentro de la Red) tienen aliados importantes en Naciones Unidas es evidente.

El subsecretario general para Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Sha Zukang, ha defendido que hay que regular Internet. La excusa: luchar contra el terrorismo o impedir que la pornografía llegue a los menores. Zukang no duda en afirmar que "todos estamos a favor de la libertad, pero la libertad no significa que podamos hacer cualquier cosa". Estos argumentos recuerdan demasiado a lo que dice el Gobierno comunista chino para ejercer la represión en Internet. Y el subsecretario general en cuestión ha sido el embajador ante la ONU de China (el país que concentra el mayor número de ciberdisidentes encarcelados en el mundo), lo que no cabe atribuir más que a una mera casualidad, naturalmente.

Una vez más, tenemos que felicitarnos de que la ONU no haya conseguido poner sus zarpas (que no dejan de ser en este caso las garras de dictaduras a través de la organización internacional) en internet. El día que lo consiga, los internautas deberemos decir: "adiós libertad, adiós".

Enseñar a su hijo es delito en España

El matrimonio tiene cuatro hijos que, aunque están matriculados en un colegio, no acuden a él. La razón es que sus padres, al ser maestros, tienen mucho tiempo libre y desean educar a sus hijos ellos mismos. Al centro sólo van a hacer los exámenes.

Tener la opción que cada familia pueda educar a sus hijos se le llama libertad, y por esa razón la administración está en contra. ¿Se imaginan un futuro de personas educadas previamente en la "escuela en casa" donde lo normal fuese la diversidad ideológica y que cada uno pensara algo radicalmente diferente a lo que dice la televisión, ordena el Gobierno o leemos en los manipulados medios de comunicación impresos? No controlar a los niños y dejar que sean las familias quienes decidan es algo que aterra a todo socialista, y al Gobierno en especial.

La administración tomó en monopolio la educación –como sector– y eso ha creado que los jóvenes cada vez sean más incapaces. Y es que el propio sistema docente está pervertido. En la vida real las personas aprenden de sus errores y necesitan tiempo. La vida académica hace lo contrario, pretende que alguien sepa de algo al momento sin cometer errores. A diferencia de la vida real, no les ofrece varias opciones y oportunidades, sino un examen cuyos contenidos, en el mejor de los casos, el alumno habrá olvidado en menos de un año. Por ejemplo, para destacar en una empresa no necesita empollar ningún libro ni creerse lo que le diga un profesor acreditado por el Estado, sino aprender de la empresa, del mercado y sus compañeros. Sólo a base de aprender de sus errores y de trabajar duro conseguirá el éxito.

Esto nos lleva un paso más allá. ¿Por qué el Gobierno nos ha de imponer qué estudiar, qué no y cómo? El Gobierno no tiene incentivo alguno en que su hijo esté bien educado. El único incentivo que tiene es asegurar que su hijo sea un futuro esclavo del Estado y que le siga manteniendo y obedeciendo.

Tal vez hayamos olvidado que los niños son de sus padres y no del Estado. Los pequeños no tienen más "función social" que desarrollarse al principio como sus padres les indiquen y más tarde como ellos quieran, sin tener que sufrir los continuos bandazos políticos del Gobierno de turno. ¿Son cuatro burócratas demasiado bien pagados los que han de decidir lo que ha de estudiar su hijo? ¿Es Educación para la Ciudadanía la asignatura que usted habría querido para su hijo? Y ustedes, socialistas, si algún día el PP tomara el Poder e impusiera una educación conservadora, ¿no se alegrarían entonces de poder apartar a sus hijos de tales materias?

En España hay entre 1.000 y 2.000 familias en situación de "educación en casa". En este país varios jueces ya han dado sentencias favorables a aquellas familias a las que el Gobierno ha denunciado. Únase a ellos y visite centros como la Asociación para la Libre Educación donde le enviarán por correo un didáctico libro sobre las razones para educar en familia. Visite también la página Crecer Sin Escuela donde encontrará libros que comprar, experiencias, explicaciones de todo tipo, o visite la página de la familia Branson-Sánchez que le mantendrá al día de los diferentes acontecimientos que se van produciendo.

Los burócratas quieren ilegalizar la escuela en casa de forma rotunda. Lo están haciendo en varios países de Europa. En Alemania, por ejemplo, ya se ha prohibido y han encarcelado a varios padres de familia. Si toma parte activa aún puede evitar que buenos padres sean juzgados por querer lo mejor para sus hijos. Como dijo Henry Thoreau, "si la injusticia tiene un resorte, una polea, un cable, una manivela exclusivamente para sí, […] entonces yo le digo, incumpla la ley". 150 años después, su mensaje sigue igual de vigente.

El poder absoluto corrompe absolutamente

Por otro lado, como decía Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Así que trabajando en un medio totalmente intervenido como es el urbanismo sería de necios pensar que no hay corrupción. La hay a mansalva; a una escala más grande de la que la gente tiende a pensar.

El caso del urbanismo es paradigmático del efecto que tiene el poder sobre las relaciones humanas y las restricciones en la propiedad y la libertad individual. Políticos y burócratas se han erigido desde 1956 en amos absolutos de nuestras propiedades inmobiliarias. Unos y otros se han arrogado un poder sobre nuestras vidas que ya hubieran querido para sí muchos monarcas de la Edad Media. La centralización del poder urbanístico, debida primero al franquismo y luego al socialismo de ambos partidos, ha traído una marea de corrupción imparable. Los políticos, por el tipo de decisiones que nos han expropiado, cuando se corrompen suele ser en el terreno de los pelotazos de las recalificaciones. En cambio, los funcionarios suelen moverse en otro nivel: el de las licencias.

La operación Guateque parece haber encontrado una trama dedicada a lo segundo. Hasta el momento han sido detenidos 16 funcionarios en cinco departamentos distintos de la capital. Personalmente he visitado en numerosas ocasiones tres de las oficinas intervenidas por la Policía y no porque me guste martirizarme o localizar escenarios para películas tipo Brazil, sino porque hace cuatro años solicité una licencia de apertura de local comercial en la capital que nunca llega. Al parecer, la solicitud ha cobrado vida propia y deambula por departamentos del ayuntamiento en busca de firmas y sellos que están entre este mundo y uno situado en una cuarta dimensión.

Todo el que lo haya pasado por este mal trago sabe lo que es el despotismo de un burócrata cuando habla sobre tu propiedad. Es una verdadera pesadilla que no le deseo a nadie. Después de meses soportando que unos desconocidos te digan hasta el color que ha de tener tu casa o la forma de las puertas de tu local, uno empieza a desesperarse. Ese es el momento en el que alguien te susurra al oído que por qué no te ahorras esta travesía por el desierto y te reúnes con alguien que te puede ayudar a agilizar la concesión de la licencia. En mi caso, nunca me tentó esa opción. Estoy más interesado en comprobar que en este país el derecho a la propiedad privada ha sido limitado hasta extremos insospechados; que si Hernando de Soto hubiera hecho su famosa comparación sobre el tiempo que tardan en darte una licencia de apertura en Estados Unidos y en Perú pero sustituyendo al país andino por el ibérico, la diferencia hubiese sido aún mayor.

Sin embargo, me alegro profundamente por quienes, atrapados en el laberinto de la solicitud de una licencia, al menos encontraron esa vía de escape. Verse en la necesidad de pagar 20.000 euros a una red de estafadores para que te dejen usar tu propiedad puede ser una humillación moral, pero peor aún es no tener siquiera esa opción. Lo indigno es que una persona pueda estar años a expensas de políticos y burócratas hasta poder hacer algo con su propiedad. No estoy disculpando a estos chupatintas corruptos, ni mucho menos, pero no me cabe ninguna duda de que la verdadera corrupción, la madre de todas las corrupciones, es el sistema de urbanismo que ha ideado y defiende la inmensa mayoría de nuestros políticos. Sin el urbanismo socializado no habría tramas de corrupción urbanística; ni políticas, ni burocráticas.

La ley de internet del PSOE da su primer paso

Sin embargo, lo que se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP (para variar) nos pone sobre la pista de que lo que finalmente se apruebe. Esta ley tiene cuatro puntos esenciales que en su día comentó Enrique Dans, aunque su visión sobre ellas sea, para qué engañarnos, bastante distinta a la mía.

El primero y sin duda más polémico es el que se refiere a la posible retirada de contenidos de internet por violar la ley sin que un juez tenga que aprobarlo. Parece que al final no han incluido el polémico artículo 17bis, que es como el Guadiana y aparece y desaparece de vez en cuando, y que permitía a la SGAE obligar a los proveedores a retirar contenidos o desconectar personas que "violaran los derechos de autor". Sin embargo, la ley abre la puerta a que "organismos competentes" no especificados puedan hacer lo mismo que el 17bis permitía a la SGAE; la cuestión es que entre los motivos ya no están los derechos de autor, sólo "la seguridad, la salud, el consumo o la protección de la infancia", lo cual da manga muy ancha a la censura previa. Según el Partido Pirata, "un blog alojado en una página web no es equiparable a un bar clausurable por sanidad ni a un producto retirable por consumo, ni a un anuncio, es mucho más". Es una publicación y debe disfrutar del derecho constitucional a la libre expresión.

Después está la liberación de la información pública. La ley obligará a las administraciones a poner a disposición de todo el mundo –eso sí, sin fecha– todos los contenidos de titularidad pública que sean digitales o estén ya digitalizados. Éstos se podrán copiar, estudiar o distribuir de forma libre pero, ojo, no modificar ni crear obras derivadas. De modo que la gente de Hispalinux ya ha protestado, porque eso elimina una de las libertades clásicas del software libre e impide que sus legítimos dueños, los que hemos pagado la creación de esos contenidos, podamos usarlos como queramos.

Y para terminar, y en términos más económicos, tenemos dos puntos que afectan más a la infraestructura de internet en España. El primero es la llamada "neutralidad de la red", que es una solución en busca de un problema. La idea es prohibir a las compañías de telecomunicación que discriminen en la información que circula por la red y den más prioridad a una que a otra, o impidan el acceso a una parte de internet, etc. El caso es que, hasta ahora, podían hacerlo sin problemas legales y no lo han hecho. En España, excepto el caso de Ono, que se sabe que bloquea el acceso a las redes P2P en algunas zonas por problemas de ancho de banda, no tengo noticias de que suceda pese a que no exista ley que lo impida. La razón es evidente: a los usuarios no nos hacen ninguna gracia esas prácticas y, aunque sea cierto que no hay mucha competencia en el sector, alguna hay, de modo que podemos cambiarnos de proveedor. Regular esto es querer meter al Estado donde ninguna falta hace. Y, por una vez, el Gobierno socialista ha estado de acuerdo en que no es necesario meter la mano de más.

El otro se refiere es la declaración de la banda ancha como un servicio universal, es decir, que exista obligación de llevarlo a toda la geografía española para el 31 de diciembre de 2008. Permitan que me ría con el plazo que dan; parece que piensen que poner unas palabras en papel trimbrado permite la aparición de infraestructuras mágicamente, de la noche a la mañana. Pero plazos aparte, y aun sabiendo que voy a sonar muy políticamente incorrecto, no me acaba de gustar esta decisión. ¿Por qué? Porque lo pagaremos usted y yo. Del mismo modo que un tío de un pueblo perdido de Cuenca no me va a pagar parte del piso, ni debe, con el dinero que se ahorra no viviendo en Madrid no sé por qué debo pagarle yo para que tenga internet. Cada lugar de residencia tiene sus ventajas e inconvenientes y cada persona debería ser responsable tanto de unas como de otras. Eso del "servicio universal" lo defienden muchos como un "derecho". Es decir, como algo que debe sufragar otro porque a ellos les parece bueno que lo disfruten quienes no están dispuestos a pagar lo que cuesta.

En definitiva, la nueva ley ofrece una de cal y otra de arena. El problema es que la amenaza a la libertad de expresión parece mucho más grave que cualquier otra cosa que tengan a bien incluir. Mientras eso no desaparezca, lo demás es lo de menos.

¿Qué hace una chica como tú en un antro como ése?

Al episodio de la espantada progre en el debate de Canal Sur sobre la Memoria Histórica, hay que sumar ahora el espectáculo bochornoso del programa 59 segundos, en el que Isabel San Sebastián hubo de marcharse para no tener que seguir soportando el hostigamiento y los graves insultos de José María Calleja, antaño valeroso defensor de los que sufren el terror nacionalista en el País Vasco, hogaño cómodo asalariado de una de las cadenas del grupo PRISA, desde la que, con fervor típico del neoconverso que vuelve al redil de la secta, se dedica a escarnecer a los que defienden lo que él mismo compartía hace tan sólo unos meses.

Z, que es el Maligno como todo el mundo sabe, seguramente le pidió durante la cena que compartieron en La Moncloa con Fernando Savater que le mirara a los ojos, petición siniestra que no había vuelto a escuchar desde que Bela Lugosi interpretaba al Conde Drácula, antes de que la morfina le licuara definitivamente el cerebro. Calleja probablemente miró bajo las cejas circunflejas y desde entonces está poseído.

Lo que me pregunto es por qué acuden los periodistas críticos con el Gobierno a las guaridas mediáticas de Z. Isabel San Sebastián tiene el prestigio suficiente como para no tener que someterse a las vejaciones de un programa preparado para destrozar a quien no piensa como Pepiño Blanco. Yo es que cuando escucho la palabra "pluralismo" echo mano al revólver que no tengo. Pluralismo no es reunir en torno a una mesa a unos cuantos hooligans zapateristas y un par de periodistas desafectos como nota de exotismo ideológico para que los primeros les azoten, sino la existencia de medios diferenciados en los que quienes comparten ideas y filosofía puedan expresarse libremente. Y que el espectador, con el mando a distancia, elija lo que prefiera.

Pero es que ni siquiera cuando se producen estos espectáculos de escarnecimiento al discrepante las televisiones públicas tienen la gallardía de actuar bajo el mismo rasero. En Canal Sur, la espantada progre supuso la suspensión del programa porque, al parecer, si la izquierda renuncia al debate éste ya no tiene sentido. En cambio, cuando quienes se ven obligados a abandonar un programa televisivo hartos de soportar graves insultos pertenecen a la prensa desafecta, el espacio continúa sin mayor problema, lamentando su directora, eso sí, que la intolerancia del insultado prive a la audiencia de seguir disfrutando de ese espectáculo de casquería totalitaria.

Dice Z que por fin Televisión Española es la televisión de todos. En efecto lo es. De todos "los nuestros".

La paridaz amarga al Partido Pirata

Debido a la poca cantidad de afiliados que tiene el Partido Pirata y a que la proporción de mujeres entre ellos es más bien baja, esta formación no tiene por ahora capacidad para presentar candidaturas en todas las provincias españolas. ¿El motivo? Que no dispone de las suficientes féminas como para cubrir la cuota femenina en todas las circunscripciones. A pesar de que no es mi intención votarles por motivos que ya expliqué en su día, defiendo su derecho a poder presentarse sin que se lo impidan los caprichos supuestamente igualitaristas transformados en una ley que demuestra tener entre sus efectos el bloqueo electoral de pequeñas formaciones políticas.

Desconocemos el motivo de tan baja tasa de filiación femenina, pero dudamos que sea producto de un supuesto machismo de estos tipos de parche en el ojo y teclado en el lugar del garfio. No hemos visto en su web nada que nos haga suponer que consideren a las mujeres inferiores o algo parecido. Tal vez ocurre algo similar que en las facultades de Informática. Hay menos mujeres debido a que en general los temas relacionados con los ordenadores o con internet les interesan menos. Quizás con el paso del tiempo las aulas de las que salen programadores y similares se vayan llenando de chicas y que lo mismo ocurra con el Partido Pirata. Pero la realidad es que a día de hoy todavía no ha sucedido. Y por ese motivo, la ley castiga a este último a no poder presentarse en todas las provincias.

Es más, podría ocurrir que con una fuerte campaña de afiliación entre el sexo femenino, los responsables de la formación pudieran conseguir las suficientes afiliadas como para completar sus listas. Esto también crearía un problema al partido. Mientras los candidatos masculinos serían elegidos, suponemos, por su idoneidad para representar a los "piratas", en alguna provincia las candidatas lo serían sólo por ser mujeres. Esto es malo tanto para la formación política como para las féminas presentes en las candidaturas. A las que estén por méritos propios más de uno les reprochará ser "de cuota" y a las que están precisamente por serlos muchos se negarán a darles el beneficio de la duda.

La igualdaz por decreto, la paridaz a la que nos obliga el inquilino de La Moncloa daña hasta a unos altruistas que tan sólo buscan defender lo que ellos entienden como los derechos de los internautas. El populismo barato también perjudica a la red.