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FACUA se equivoca

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Aunque un análisis simplista puede hacer creer que una medida así por parte del Ejecutivo beneficia a los clientes de estas compañías, la realidad es muy distinta. Las compañías encontrarían un modo de compensar, por ejemplo, mediante la subida de precios en otros servicios, la pérdida de ingresos que una intervención de este tipo les causaría.

Además, uno de los argumentos de FACUA es delirante. La organización dice que los precios siguen siendo los mismos que hace diez años. Eso significa que no han bajado, claro, pero también que no han subido. Esto último no es precisamente una mala noticia. De hecho, teniendo en cuenta la inflación que hemos tenido durante esta década, significa que en términos relativos sí han disminuido. Además, no tiene ninguna lógica que un servicio tenga que disminuir de precio sin otro motivo que el capricho de una asociación de consumidores que tan sólo se representa a sí misma.

Existe una manera simple de que esos precios disminuyan de manera que beneficie a los consumidores y no implique la siempre nociva intervención estatal. Si realmente a FACUA le preocuparan aquellos a los que dice defender pediría una liberalización real del sector de la telefonía móvil. En España la mayor parte del sector se la reparten tres grandes compañías debido a decisiones políticas. Han sido los diferentes gobiernos los que han decidido en todo momento cuantas operadoras podían competir en dicho mercado en vez de dejar que este sea abierto y sean los usuarios los que terminen definiendo esa cifra al confiar más en unas empresas que otras.

Entre los damnificados de una política como la propuesta por FACUA estarían los competidores recientemente llegados al mercado, que sí ofrecen precios más bajos. Si el Gobierno fijara los precios poniendo una tarifa máxima permitida, el efecto sería que tanto Yoigo como los operadores virtuales pierdan una de sus mejores armas para conseguir nuevos clientes: disponer de tarifas más baratas que las tres grandes. Esto tendría efectos catastróficos para ellos. Les impediría crecer o incluso podría echarles del mercado, con lo que la competencia volvería a reducirse. Los mayores perjudicados de esa situación serían los consumidores.

Las organizaciones de consumidores deberían aprender que lo más beneficioso para todos es la libre competencia, la liberalización de los mercados intervenidos. Eso se aplica tanto al sector de las tecnologías de la comunicación como a cualquier otro. Si FACUA pretende que bajen los precios lo que debería defender es que el Gobierno permita la entrada de cuantos operadores quieran estar presentes en el sector, lo que haría que tanto nuevos como viejos tuvieran que competir en precios y servicios para captar o mantener clientes. El recurso a fórmulas más propias de la Edad Media o de un régimen de tipo fascista que de una economía libre y moderna tan sólo perjudica a los usuarios.

Nacida para reñir

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Ella vino para decirle al mundo cómo debe conducirse y corregir de una vez la pulsión innata del ser humano a hacer con su vida lo que le parece oportuno, algo inadmisible para una mentalidad socialista como la suya.

Lo interesante del caso es que sus sermones (laicos, por supuesto) tienen un carácter selectivo, de forma que los reproches únicamente recaen en los grupos considerados como "malos", por utilizar las categorías de ideólogos del socialismo posmoderno como Peces Barba. "Los buenos", o sea, los amigos de Elena, están a salvo de la sanción ministerial así se metan entre pecho y espalda media docena diaria de hamburguesas con tocino hasta ponerse del tamaño de un ballenato que compartiera los hábitos alimenticios de Michael Moore. La ministra completa así el círculo virtuoso del relativismo ético: una acción no es buena o mala por sí misma, sino en función de quien la realiza.

Esta semana hemos visto un ejemplo muy claro de cómo interpreta la Salgado su función censora. Una amenaza de muerte a un cargo público utilizando la peor jerga terrorista es algo muy feo… salvo que sea proferida por "los buenos" contra un representante de "los malos", en cuyo caso la exigencia de un comportamiento democrático hay que dirigirla únicamente a quien recibe el ultimátum. Con esta sencilla anécdota, la ministra demuestra con nitidez que la misión del Gobierno del ingrávido no es velar por los derechos civiles de los ciudadanos sin distinción de sus ideas, sino seguir avanzando en la construcción de un nuevo mundo socialista, a cuyo éxito se sacrifica cualquier principio ético.

Como ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, pueden estar tranquilos, jamás sacará a relucir su vena de amargada Rottenmeier para exigir que en los edificios de muchas administraciones ondee la bandera constitucional, tal y como establecen las leyes. Nuevamente nos encontramos ante la barrera primordial de que quienes se ciscan en la ley son "los buenos". Cuando "los malos" protesten se les aplicará la receta de la casa Salgado, según la cual su irascibilidad obedece únicamente a la presencia de un espíritu escasamente democrático.

Mientras todo se quede en el diagnóstico podemos ir tirando. Lo preocupante vendrá cuando, cansada de convivir con tanto antidemócrata, la Salgado se decida a convertir a los malos en buenos reeducándonos mediante tratamientos de choque. Tengo entendido que son muy dolorosos.

El Estado, la gran ficción

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Saben ya los españoles que el Gobierno es improductivo, sólo gasta, y su financiación nace únicamente de hipotecar nuestra producción –deuda– y de la recaudación de los impuestos? Como dijo Frédéric Bastiat, "el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo".

El Estado del bienestar pretendía instaurar el paraíso celestial en la Tierra por medio de la ley. Sus insalvables contradicciones jamás le permitieron conseguir tal hito. Después de décadas y décadas de Estado del bienestar siguen habiendo pobres hasta el punto de que en algunos lugares, como Barcelona, quieren expulsarlos. Tenemos una sanidad pública que no requiere de dinero para acceder a ella, pero nos exige hacer largas colas y una enorme dosis de paciencia, a veces de años, para que nos pueda sanar. Tenemos también una educación pública, pero no hay donde impartir la enseñanza. Sólo en Cataluña este curso escolar ha comenzado dándose clase en más de 800 barracones (un 7% más que el año pasado).

También hay sectores fuertemente regulados por el Estado con la excusa de que así darán un buen servicio. La intromisión estatal en el abastecimiento de agua ha creado restricciones y llamadas al no consumo debido a su venta por debajo del precio de mercado, una diferencia que se refinancia con impuestos. Estamos pagando ahora la electricidad que consumimos hace varios años, generando un abultadísimo déficit que terminará siendo cubierto un día de éstos vía impuestos; cada verano se hacen más habituales los apagones. El Gobierno nos aseguró una pensión y los menores de 40 años difícilmente la van a cobrar.

Ni el Gobierno ni los políticos han ganado en sensatez, honestidad ni eficiencia desde que una de las primeras leyes socialistas del capitalismo, la reforma a la Ley de Pobres que se produjo en la Inglaterra del siglo XIX y que generó, en parte, enormes penurias económicas popularizadas por las novelas de Charles Dickens.

La compra de votos es, como nos enseña la historia y expresa bien el refranero popular, "pan para hoy, hambre para mañana". El Estado no es un cuerno de la abundancia ni un ente distributivo responsable. Si el Estado, con grandes promesas lanzadas al crédulo y al incauto toma la economía para burocratizarla corremos el riesgo de tener derecho a todo por ley y a nada de facto, creando pérdidas totales netas e irreversibles en nuestro tejido productivo.

¿Qué cree que pasará si el Estado se dedica a sacar más dinero de nuestros bolsillos para gastárselo en aumentar su peso y en hacernos más dependientes de él? ¿Y qué cree que ocurrirá en un entorno de creciente globalización, deslocalización de empresas, aumento de la presión fiscal y a las puertas de una posible recesión? Cuando el Estado no pueda hacer frente a sus deudas o haga chapuzas para parchear los problemas que él mismo ha creado como aumentar la edad de jubilación o pagar pensiones por debajo del nivel de subsistencia, como ya ocurre, ¿seguirá votando como solución a los partidos que le prometan más Estado y más derechos sociales?

Se nos viene encima el canon

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

No es el único caso. También en lo que se refiere a las empresas, se considerará culpables de discriminación a las que no cumplan con las cuotas de sexos entre sus empleados mientras no demuestren lo contrario, algo prácticamente imposible, como demuestra la experiencia de Estados Unidos.

Parece que medio año después del previsto se va a aprobar la cuantía del canon y la identificación de los dispositivos en los que se va a aplicar. El objetivo final de la SGAE es cobrar cuatro veces por la misma descarga, con un canon a la conexión a Internet, otro por el disco duro donde se almacena temporalmente, otro por el dispositivo con el que se graba en un soporte óptico y, finalmente, el clásico canon a los CD y DVD. Y si las descargas se hacen en tiendas de música como iTunes, pues entonces ellos seguirán cobrando y, además, pagaremos directamente. Es que hay presunción de culpabilidad, ¿saben ustedes?

Finalmente, parece que la cuantía no será exagerada, al menos en lo que se refiere a los aparatos, y se situará entre el 2 y el 5% del precio, que es lo que pedía la industria. No se sabe nada (o, al menos, yo no lo sé) sobre los soportes digitales, donde ese porcentaje podía exceder la mitad del precio de los DVD. Otra cosa es la inclusión de determinados aparatos en la lista.

No me sorprende demasiado que se vayan a gravar los móviles. Cada vez es más frecuente que se pueda escuchar y descargar música con ellos, y no digamos nada cuando empiecen a proliferar iPhones y sus diversos clones. De hecho, cada vez es más desagradablemente habitual que muchos idiotas vayan escuchando música en el metro y en la calle en los altavoces de sus móviles, como si no existieran los auriculares y los demás tuviéramos la obligación de escuchar bachatas. Aunque, eso sí, cabría desear que se discriminara entre los aparatos que disponen de esa función y los que no.

Lo que, en cambio, no tiene ningún sentido, se pongan como se pongan, es al gravar las cámaras de fotos digitales, que todo el mundo sabe que se usan principalmente para almacenar películas y música. Tampoco las tarjetas de memoria, pues es evidente también que no es ese su propósito principal, ni siquiera según la teoría de la presunción de culpabilidad elaborada por el prestigiosísimo penalista José Luis Borau.

Como ven, he procurado ser de lo más razonable en este artículo. No he calificado de atraco a mano armada (la del Estado), el hecho de que se asuma que debamos pagar por obligación a una asociación especializada en la extorsión de los ciudadanos. No he hablado de la caradura de quienes quieren vivir de la sopa boba. He dado por supuesto que la implantación del canon es un hecho razonable, aunque no lo sea, y he seguido la lógica detrás del mismo para analizar lo que sabemos del canon que nos van a implantar. Y oigan, es que ni con esas.

Se acabó la fiesta

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El Gobierno se empeña en ubicar los malos augurios en la precampaña electoral; los críticos son tildados de antiespañoles por desear que la bonanza se tuerza y la cena se achicharre. Más bien cabría pensar que el Gobierno está tratando de guardar el polvo bajo la alfombra y de conectar el ventilador para despejar el tufillo a socarrado y poder presentar un balance económico ante las elecciones con más maquillaje que el de Enron.

Es cierto que el mal dato del paro de agosto podría tener un carácter puramente coyuntural y que, de manera aislada, no permite concluir que los buenos tiempos hayan tocado a su fin. De hecho, erraríamos si pensáramos que, a partir de este  momento, cualquier noticia económica será mala. Los ciclos económicos son fruto de las acciones de los individuos, y por tanto tienen un cierto componente de indefinición; sabemos cuáles son sus fases, pero muchas veces es difícil señalar puntos de inflexión definitivos.

En el caso de España, parece que la construcción ha entrado definitivamente en parálisis, tras las continuadas subidas de los tipos de interés. Los españoles ya están demasiado endeudados (La Caixa calculó hace unos días que el endeudamiento de las familias representaba el 103% de su renta disponible) como para embarcarse en nuevas venturas inmobiliarias, y la escalada de los tipos no ayuda a que los individuos que aún son solventes decidan adquirir nuevas viviendas.

Y no, pese a los ignorantes que proclaman lo contrario, esto no es fenómeno patológico del capitalismo, ni de los mercados financieros. El capitalismo no es estructuralmente inestable ni engendra ciclos económicos: el intervencionismo del Estado en materia monetaria sí lo hace.

El Banco Central Europeo mantuvo durante años unos tipos de interés muy bajos (llegaron al 2%) que alentaron a miles de familias a endeudarse para adquirir una vivienda. ¿Quién iba a pensar que la época del crédito barato, de las facilidades financieras y de la liquidez a borbotones iba a terminar en algún momento? Es más, ¿qué habría cambiado si un grupo de numantinos se resistiera a endeudarse ante un panorama de tipos artificialmente bajos? El BCE los hubiera mantenido al 2% el tiempo que fuera necesario para que los conejillos picaran y se engendrara un boom.

Todo esto no hubiera sucedido en un sistema de patrón oro, donde cada banco puede emitir libremente su propio dinero. En estos casos, las reducciones de los tipos de interés que no están respaldadas por ahorros reales se traducen rápidamente en sangrías de oro para el banco que está expandiendo el crédito, por lo que la creación de mala deuda pronto tocaría a su fin.

El crecimiento de la demanda de vivienda, auspiciada por las "autoridades monetarias" de corte socialista, ha provocado durante años una expansión ficticia de la economía que muchos confundieron con bienestar económico. Simplemente estábamos consumiendo las rentas de nuestro futuro; o, por decirlo en términos más coloquiales y precisos, estábamos hipotecando nuestro bienestar futuro y despilfarrando en el presente.

Ha llegado la hora de la verdad. Toca devolver las deudas, y a muchos el agua les llega al cuello. Entre ellos se cuentan los bancos, cuyas carteras de activos están compuestas en su mayor parte (alrededor del 60%) por préstamos a la construcción y sectores afines. ¿Qué harán cuando la morosidad se dispare? Sin duda, adquirirán una cuantiosa cartera de activos inmobiliarios procedentes de las garantías a los préstamos, pero no queda claro cómo lograrán convertirlos en fondos líquidos para sus depositantes sin enajenarlos con importantes descuentos.

De momento, la construcción ha dejado de tirar del carro, y ya está destruyendo empleo. El Gobierno dice que estamos ante un cambio en nuestro patrón de crecimiento y que otros sectores tomarán el relevo en la creación de riqueza. Lástima que estemos más ante un brindis al sol que ante realidades contrastadas. Los servicios y la industria llevan dejando de crear empleo desde finales de 2005; de hecho, en agosto concentraron alrededor del 60% de todo el paro.

Es verdad que si estuviéramos en una economía no intervenida la crisis de la construcción habría dado lugar a una reasignación de recursos hacia otras actividades más rentables. La construcción habría menguado para que otros se expandieran. Pero en España y en el resto del mundo este proceso se halla seriamente limitado por el intervencionismo estatal.

En primer lugar, los factores productivos (especialmente el trabajo) están rígidamente regulados, por lo que resulta muy complicada y cara su reasignación. En segundo lugar, la excesiva carga financiera que soportan las familias como consecuencia del intervencionismo monetario impide que el consumo se traslade de unos sectores a otros. Simplemente, aquéllas restringen su consumo e inversión para intentar devolver la enorme deuda que han contraído.

La labor de un Gobierno que carece de control sobre la política monetaria ante una crisis debería pasar por flexibilizar al máximo los mercados de factores y por incrementar la renta disponible de los individuos. Para lo primero sería necesario acometer una reforma laboral drástica, más allá de la fotografía corporativista a que da lugar el llamado "diálogo social"; para lo segundo, nada mejor que reducir el gasto público y rebajar los impuestos.

Tenemos un ejemplo claro: en 1920 Estados Unidos sufrió la mayor crisis de su historia. Ni siquiera el famoso crack del 29 dio lugar a una reducción mensual tan abrupta del PIB y la producción industrial. Ante esta situación, el secretario del Tesoro, Andrew Mellon, redujo el gasto desde los 6.403 millones de dólares de 1920 a los 3.373 de 1922, lo que le permitió reducir la recaudación por impuestos de 6.695 millones a 4.109 (el tipo máximo pasó del 77 al 58%; y siguió recortándolo hasta el 25% de 1925). Además, también redujo el número de funcionarios y militares, con lo que se incrementó la mano de obra disponible y se facilitó la recuperación. A mediados de 1921, el país ya había salido de la crisis.

Entre sonrisa y sonrisa, ZP pretende camelar a los españoles. En lugar de reformar el mercado laboral y bajar los impuestos de manera sustancial, ha incrementado el gasto de manera desproporcionada (baby-cheque, subida de pensiones, permisos de paternidad, servicio odontológico gratuito), con lo que limita el margen de maniobra ante la incipiente crisis.

El Estado, con su control monetario y su despilfarro de los recursos, nos ha situado en una muy difícil situación. Ojalá la próxima crisis sirva para que entendamos que ya es hora de desembarazarnos de los burócratas okupas que viven de nuestro esfuerzo y se dedican a empobrecernos y reprimirnos. Sobran los Bancos Centrales y los Presupuestos.

APEC es el camino

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La diferencia entre ambos es muy clara. Kioto sigue el modelo que, por ejemplo, impuso Franco a comienzos de su dictadura: el racionamiento, aquí impuesto sobre las emisiones de CO2. Se crean cuotas de emisión y se reparten como hacen los políticos las cosas. Y luego los distintos ministerios de industria obligan a las empresas a reducir su actividad lo suficiente como para cumplir con las cuotas. En realidad no se suele llegar a tanto, y no hay más que mirar a España, cerca de un 50 por ciento por encima de sus emisiones de 1990. Necesitaríamos diez Narbonas o un Lenin para ajustarnos a lo firmado.

El APEC, que acaba de renovar este fin de semana su acuerdo, sigue un modelo distinto. No pretende acabar con el desarrollo, sino fomentarlo; de ahí la histeria de los ecologistas en su contra. A la reducción de las emisiones por la tecnología y la eficiencia, parece ser su lema. Estados Unidos, con ese modelo, ha logrado mantener las emisiones desde 2000, mientras que Europa las ha aumentado notablemente.

El acuerdo prevé fomentar el desarrollo de tecnologías más limpias y su implantación tanto en economías punteras como en las más atrasadas (China). Y la conservación de sumideros de CO2; es decir, de los bosques que lo absorben durante la fotosíntesis. Puesto que la introducción de tecnologías está engarzada con el desarrollo económico y éste necesita al libre comercio como las plantas el CO2, el acuerdo del APEC firmado en Sydney declara que "el comercio abierto, la inversión y las políticas medioambientales son cruciales para extender las tecnologías de bajas emisiones". Para cuidar la Tierra hacen falta más medios, no menos. El desarrollo es el camino.

El oro y la soberanía del consumidor

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Antes de que a ningún facineroso se le ocurriera hablar de monedas de curso legal, varios bienes han servido como dinero. Pero ninguno como la plata y especialmente el oro.

Parece que la larga relación entre el oro y el dinero se haya roto para siempre. Después de la crisis social y económica de los 30’ y de Bretton Woods parece que el oro ha quedado para la joyería. Pero no es así, sigue siendo un activo monetario de primer orden y más que lo va a ser en el inmediato futuro. Hay quien quiere exortizarlo repitiendo las palabras bárbara reliquia. Pero no resulta efectivo.

El Instituto Juan de Mariana ha publicado recientemente un informe que, cuando menos, es sugerente. Se plantea la posibilidad –real, aunque no se pensara entonces en ello– de adoptar el oro como base para la peseta en el año 1972. Desde entonces han corrido 35 años, toda una vida para quien les escribe. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiésemos confiado en el metal como moneda? Entre otras los precios serían hoy 21 veces inferiores. Una casa de 600.000 euros costaría poco menos de 30.000. Y el precio del petróleo se habría abaratado especialmente, teniendo en cuenta que su precio se fija en dólares. Una energía barata, para un país dependiente como España, hubiera venido muy bien.

Pero hemos seguido el camino inflacionista que también han transitado otros, y con un enorme coste. Hay una relación negativa a largo plazo entre inflación y crecimiento. Además la inflación afecta especialmente a las economías más modestas y hace subir los impuestos sin aumentar los tipos, simplemente haciendo parecer real una mejora en los salarios que no lo es.

Pero una de las muchas perversidades de la inflación, una de la que apenas se habla, es el modo como mina la soberanía del consumidor. Cuando uno tiene en la mano una moneda que no pierde valor con el tiempo, mantiene con ella toda su fuerza negociadora. Si, por el contrario, cada día que pasa es un nuevo sacrificio inútil ante el dios de la inflación, vale más correr a las tiendas a entregar un dinero que quema en el bolsillo y llevarse a casa, al menos, un bien real. Una moneda sana es la mejor defensa de los consumidores. Y el oro, como muestra el informe del Juan de Mariana, nos habría defendido muy bien.

La verdadera catástrofe

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El dinero, siguiendo la filosofía del acuerdo firmado en julio de 2005 en Laos por los gobiernos de EEUU, Australia, Japón, China, India y Corea del Sur, que representan a la mayoría de los habitantes del planeta, se destinará a mejoras tecnológicas, innovaciones en la producción energética y conservación de sumideros tales como bosques que reduzcan el CO2.

El anuncio no le ha hecho ninguna gracia a Greenpeace. La organización ecologista radical ha acusado al Gobierno australiano de querer descarrilar el Protocolo de Kioto. Parece que, para los fanáticos, la cuestión no es tanto como buscar la forma de contener las emisiones de CO2 al tiempo que se permite el crecimiento económico, sino racionar la industria y reducir el consumo humano.

Esto cuadra con el hecho de que a pesar de que Estados Unidos esté conteniendo sus emisiones de CO2 mucho mejor que Europa, los ecologistas sigan presentándole como el país que no hace nada por evitar el cataclismo que no termina de llegar. En efecto, Estados Unidos ha conseguido prácticamente estabilizar sus emisiones de CO2 desde el año 2000 gracias a la acumulación de capital, la introducción de innovaciones tecnológicas y la implantación de incentivos fiscales, mientras que la Unión Europea observa cómo sus emisiones siguen aumentando desde el año 2000 a una tasa anual superior al 1% por mucho que haya prometido reducirlas drásticamente al más puro estilo intervencionista rojiverde.

Si a esto le sumamos el dato conocido de que aunque todos los países cumplieran con Kioto, el efecto sobre el clima global sería de apenas 0,07 grados centígrados para 2050, no está de más preguntarse de qué demonios sirve Kioto. La respuesta es que de nada. Otorga a los burócratas, ecologistas y políticos un control arbitrario sobre la producción energética e industrial al tiempo que carga a nuestra economía con enormes costes.

Así las cosas, no es difícil entender por qué a Japón, Nueva Zelanda, Rusia, Canadá y Suiza han rehuido en Viena la propuesta de la Unión Europea de incrementar las restricciones de Kioto entre 2012 y 2020 exigiendo una reducción obligatoria de emisiones de entre el 25% y el 40%. A Greenpeace, esto también le ha cabreado hasta el punto de calificar la postura de Japón de "atroz". Empiezo a pensar que, para estos autoproclamados redentores del planeta, la única catástrofe verdadera sería que desapareciera el riesgo de un cambio climático de consecuencias desastrosas para el hombre.

Transgénicos para todos

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero cuando dejaron de preocuparse de las especies en peligro de extinción y decidieron meterse en harina política perdieron ese halo de sensibilidad que rodeaba todas sus acciones. Hasta en Hollywood, colonia progre donde sólo se habla de dietas vegetarianas y cambio climático, empezaron a atizarles. Vean si no los tres primeros minutos de Armageddon, los más divertidos que ha producido el cine americano en los últimos veinte años.

Pues bien, la última “fazaña” de los activistas de Greenpeace ha sido volcar a la puerta del Ministerio de Medio Ambiente de Tailandia varios contenedores de papaya modificada genéticamente. Once toneladas de fruta transgénica, once (estos cuando se ponen, se ponen), inundaron las puertas de entrada del ministerio para concienciar a la población tailandesa de los peligros de este tipo de cultivo. El resultado fue que en cuestión de media hora, las toneladas de fruta desaparecieron porque la gente, sencillamente, se las llevó a casa. Hasta los conductores paraban los coches para llenar el maletero con fruta gratis, ajenos a las advertencias de los ecologistas, que no daban crédito a lo que veían. No sólo eso, los funcionarios del ministerio, al ver el revuelo, también bajaron a llenar unas bolsas de fruta que los cachondos de Greenpeace habían dejado tan a mano.

La gran tragedia es que por culpa de la campaña papayera de los pacifistas verduscos, varios miles de ciudadanos inocentes están consumiendo una bomba transgénica cuyas consecuencias futuras sólo cabrá atribuir a la inconsciencia de una organización ecologista. Cuando empiecen a aparecer casos de tailandeses con un color de piel sospechosamente parecido al amarillo verdoso de esa fruta tropical o comiencen a nacer niños que en lugar de caca harán la fotosíntesis, alguien tendrá que responder de ello. No quiero ser agorero, pero las demandas judiciales contra los activistas papayeros pueden ser numerosísimas. Igual hasta se ven obligados a subastar el Rainbow Warrior para pagar las indemnizaciones de los afectados

O sea, un desastre. Se pone uno a salvar el mundo y resulta que el mundo no quiere salvarse sino que prefiere llenarse la barriga de fruta transgénica. Y es que hay mucho enemigo del planeta suelto. También en Tailandia.

Borau y la culpabilidad

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

En una entrevista publicada en El Periódico, en la cual el periodista demuestra ser un inmenso pelota, el cineasta se saca de la manga la "presunción de culpabilidad".

La única pregunta un poco comprometida a la que tiene que responder el director de cine –alguien que por su trabajo está acostumbrado a vivir del dinero de otros sin que estos se lo hayan dado libremente a cambio de un bien o servicio– se refiere al canon. La respuesta es digna de entrar en los anales de la desvergüenza. Borau dice, entre otras cosas: "Hay gente que dice que compra sus artilugios y no se bajan películas ni discos. Pero es que eso no se puede controlar. Hay presunción de inocencia, sí. Pero también hay una presunción de culpabilidad". Menuda vuelta al ordenamiento jurídico español, y de cualquier otro país democrático. Alguien le debería explicar que para considerar a alguien culpable tiene que demostrarse que lo es.

Además, para que exista culpabilidad tiene que haber delito y el canon no tiene como objetivo compensar la piratería, es una remuneración por copia privada. Y esta última es legal. Así que el canon no tiene nada que ver con la descarga de películas y discos. No hay nada que controlar relacionado con el mismo. Ya es demasiado aceptar que la legislación admita como existente esa ficción llamada "propiedad intelectual". Puesto que las leyes nos la imponen, al menos que se regule de una manera racional el tema del canon para que sea menos injusto. Hace algo más de un año, desde esta misma columna lanzamos una propuesta alternativa. Que el canon se cobre al comprar el original.

Pero volvamos a Borau. Su respuesta a la cuestión da para más. Dice que el canon "son unos céntimos" y que "no es un invento español". El hecho de que según él la cantidad que se cobra sea pequeña, no lo hace más defendible. Aunque fuera un solo euro seguiría siendo una apropiación indebida e injustificada. Además hay motivos fundados para sospechar que el ministro de Cultura está dispuesto a que sea lo más alto posible. Y el hecho de que sea algo que han inventado fuera de España no lo hace menos malos. Su origen no tiene nada que ver.

El presidente que la SGAE recuerda que es "una exigencia de la UE", a lo que añade que "de los 27 países, 25 están adscritos a esa fórmula. Si no hubiera canon, incumpliríamos las normas europeas". Algo no cuadra. Si es una exigencia comunitaria, ¿cómo es posible que dos estados miembros de la Unión no tengan canon y al mismo tiempo no violen la legislación comunitaria? Que muchos gobiernos cedan ante las entidades de gestión sólo significa que hay una mayor cantidad de ciudadanos perjudicados.

Borau, como todos los directivos de la SGAE y demasiados miembros del mundo de la farándula lo que pretende es vivir del cuento y que encima les aplaudamos. Si tuvieran que ganarse el sustento con su trabajo lo pasarían demasiado mal. Es su problema y ni usted ni yo tenemos que pagar por ello.