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Regresión en Zimbabwe

Luego le llegarían más sorpresas, menos para quien conoce antecedentes como la Alemania de los años 30. Ha pervertido la moneda, y la inflación, del 3.700%, hace que los precios sean lo único que suba en esa economía. Para detenerlos ha impuesto una rebaja por decreto y obliga a los comerciantes a vender a pérdidas. Como se resistían, ha lanzado a sus cachorros, que New Reds hay en todos lados, a ir de comercio en comercio convenciendo a los tenderos con el argumento más antiguo del mundo de que cumplan los deseos de Mugabe.

Tras de ellos, una turba de personas vacían las tiendas, comprando a precios falsos. Los mostradores vuelven a relucir como el primer día, antes de que llegaran los primeros productos. Los más ricos, incluso en sociedades tan pobres como Zimbabwe, se las arreglan, pero la gente de a pie se encuentra con que las tiendas dejan de tener lo que más necesitan. Los productos básicos sólo se pueden ver por televisión, y eso el que tenga corriente eléctrica.

Los comercios cierran o dejan de pedir, por no vender a pérdida. Le siguen sus proveedores. Hitler solucionó este problema militarizando las fábricas. Mugabe les amenaza, si no producen, con la confiscación, que la técnica la tiene ya muy depurada.

La sociedad se organiza al margen de lo que sólo un positivista seguiría llamando legalidad. Y lo hace en el mercado negro. Milagrosamente, el pan, la carne, el aceite que han abandonado los comercios reaparecen, a un precio varias veces el oficial, en el mercado informal.

Incluso hay una regresión en la división del trabajo y la economía es cada vez más sencilla. Vuelve la tracción animal, ante la falta de combustible. Las familias se convierten en improvisados agricultores. Hay historias condenadas a repetirse.

La lucha contra el cambio climático cuesta una pasta

Ahora, a pesar de que en los últimos cinco años no se ha detectado calentamiento alguno, el Gobierno nos anuncia que pondrá en marcha toda una batería de medidas "concretas y urgentes" para lograr "un cambio de modelo social, de producción, de consumo energético y de desarrollo mucho más saludable y respetuoso con nuestro planeta".

Qué miedo. La frase parece copiada de la famosa obra del Club de Roma Los Límites del Crecimiento, que proponía el control centralizado de toda la vida socio-económica y, especialmente, de la natalidad por no ya ni recuerdo qué cataclismos que se producirían si no deteníamos el sistema capitalista de inmediato. Hoy a nadie le importa que las profecías del esos neomalthusianos no se hayan cumplido ni por asomo. Sus autores siguen siendo reconocidos como científicos de conciencia social. Parece que las predicciones erróneas no cuentan si se dan en el campo antiliberal. Claro que en el campo de lo políticamente correcto tampoco importan las contradicciones. Uno puede decir que el nivel del mar va a subir un metro y acabar con el valor inmobiliario de primera línea de la costa y al mismo tiempo comprarse un chalecito junto al mar; si se es un presidente rojo con conciencia verde no pasa nada de nada.

A los ministros de ZP ni los últimos datos ni este fresquito de julio les enfrían la cabeza. Ellos siguen en sus trece: nada de nucleares, nada de reducciones de impuestos para las tecnologías menos emisoras y todo un reguero de impuestos y regulaciones gravosas. Ahora les ha dado con meterse con el transporte, sobre todo si es privado. Que nadie se atreva a comprarse coches grandes y seguros para la vida de los ocupantes porque les van a clavar con el nuevo impuesto de matriculaciones. Eso sí, ellos van a aprovechar el rollo ecolojeta para comprarse coches nuevos con el dinero del contribuyente. Han decidido que para el año 2012 quieren que al menos el 50% de los automóviles oficiales utilicen biocarburantes, lo que representa una fenomenal excusa para cambiar de máquina. Con la cantidad descomunal de coches oficiales que debe haber en este país en el que lo primero que hace un político electo es ver qué vehículo/s le ha/n tocado y de qué color es la gorra del chofer, no me extrañaría que esto vaya a suponer una demanda record de biocarburantes que deje atrás por sí sólo el objetivo europeo de sustituir un 10% de la gasolina y el gasóleo por biocarburantes hacia 2020.

Los efectos de esta esquizofrenia colectiva no se van a hacer esperar. Primero porque en cuanto en Bruselas comprueben el éxito arrasador de la política socialista del coche oficial, todos los burrócratas de la capital belga querrán tener su carro a cargo del presupuesto comunitario. Por otro lado la reducción de campos de cultivo de trigo en beneficio del maíz va a costar una pasta. Y nunca mejor dicho: resulta que la reducción actual de la superficie de cultivo de trigo está provocando un aumento del precio del trigo y de la pasta. El trigo lo ha hecho en los últimos meses en torno al 50% mientras que la pasta se prevé que al final del verano haya subido un 20%. Y eso antes de que los políticos españoles empiecen a cambiar de coche; así que agárrense.

Al final va a resultar que la catástrofe mundial la van a provocar estos chiflados con un encarecimiento artificial de los alimentos más básicos. Esperemos que el histerismo calenturiento de políticos y ecologistas se pase con la misma rapidez con la que lo hacen las modas más extravagantes. Si no, disfrutemos al menos de este bendito cambio climático del mes de julio.

El Jueves

Pero como la genialidad y el ingenio son huidizos y caprichosos, no todo el mundo está tocado por ellos. Y como ganas de reír no le faltan al público, lo que sí sobran son quienes recurren a la zafiedad y a la maldad para arrancar las peores sonrisas. Miren, si no, El Jueves, la revista que se secuestra los viernes, como decía el gran editorial de esta casa. La portada de la polémica es tan cutre como la de cualquier otro número. El contenido no es mejor. Si el buen gusto fuera ley, estaría prohibida.

Pero ni lo zafio, ni lo burdo, ni lo inmoral son argumentos para prohibir nada. Ni siquiera el mal gusto. Incluso la cursilería entra dentro de la ley, como demuestra el hecho de que ZP no esté cumpliendo cadena perpetua. Una sociedad libre no tiene más remedio que convivir con lo inicuo, lo indecoroso, lo inmoral. Mientras no ataques los derechos de los demás y sea con uno mismo o con otros de forma consensuada, no hay lugar para la prohibición.

Pero ¿tiene uno derecho a la buena fama? En absoluto. La opinión que los demás tengan de uno sólo le pertenece a ellos y puede ser tan buena o mala como les plazca, y por supuesto que tienen todo el derecho a expresarla libremente. El delito de difamación, uno más de la larga lista de crímenes sin víctima, fue instaurado en España por tres generales: Narváez, Primo de Rivera y Franco. Los socialistas, que odian la libertad de expresión casi más que cualquier otra, quisieron recuperarlo en plena cleptocracia felipista, pero prefirieron guardarse ese as para una ocasión más propicia. Reaparecerá.

Como todos somos desiguales ante la ley (los impuestos son Ley, le recuerdo), parece que no tenga que escandalizar que la legislación arrogue a la Corona el privilegio de poner los instrumentos del Estado a la protección de su prestigio (el Estado, siempre tan eficaz, por cierto, ha multiplicado el mal). Pero sí, es muy injusto. La Corona tiene todavía suficiente buena fama en España como para dilapidarla por arrobas, como hace nuestro Jefe de Estado. Secuestrar libelos no le ayudará a mantener su prestigio, pero sí le sería de ayuda mostrar un poco de firmeza en la defensa de lo que queda de nuestra Constitución y de nuestra democracia, hoy en peligro.

Este ataque a la libertad de expresión le ha granjeado defensores entre sus más firmes enemigos: Los mismos que callaron cuando otros fueron instrumento de su propia intolerancia, con las caricaturas de Mahoma; los mismos que miraron a otro lado, por no mostrar su satisfacción, cuando la COPE recibía el acoso más vil contra un medio de comunicación en España. Sus incondicionales seguimos siendo pocos.

Bloggeando en vivo

Quien les escribe fue el encargado de cubrir la primera semana de dicho Campus, en la cual se celebraron los cursos Reinventar Occidente, dirigido por el responsable del Área Internacional de FAES, Alberto Carnero; y La democracia frente al terrorismo, al frente del cual estuvo el director tanto del Área de Constitución e Instituciones de FAES como de su muy recomendable revista Cuadernos de pensamiento político, Javier Zarzalejos. Los dos cursos de la siguiente semana fueron cubiertos por las bitácoras editadas por Álvaro Vermoet y Víctor Gago.

La experiencia fue fascinante. No sólo por lo interesante de la cita que tuve que cubrir (los ponentes eran de un alto nivel y los contenidos realmente interesantes). También lo fue por el formato. Editar una bitácora en vivo para un medio de comunicación es muy diferente a escribir informaciones tradicionales o un artículo de opinión como el presente. Eso hace, entre otras cosas, que el estilo personal del autor se note mucho más que en textos de información clara, y es algo que pudo notar quien siguiera los tres blogs con los que este periódico cubrió el encuentro político-académico.

Con independencia del toque personal de cada autor, la bitácora en vivo se diferencia también de otros modos de hacer periodismo en que el autor está más apegado a la inmediatez que en otros formatos. Las cosas no se cuentan después de que sucedan, sino que se narran según tienen lugar. Al mismo tiempo, se proporciona al lector una cercanía con lo hechos y con quien los narra (esto último es algo propio de una bitácora) que no se consiguen con otros estilos informativos. Todo ello obliga a una adaptación del periodista para que su blog no se convierta en un simple soporte diferente para escribir noticias tradicionales.

También es fundamental la buena disposición de los organizadores del acto que se cubre. Todavía existe por parte de muchos directores de comunicación cierta desconfianza hacia las bitácoras, puesto que al tratarse de algo tan nuevo no saben como enfrentarse a ellas. Sin embargo, como ya ha ocurrido en Estados Unidos, tendrán que terminar aceptándolas. En este sentido los responsables de esta materia en FAES han demostrado una gran visión y valor, al aceptar tener a tres sucesivos bloggers "incrustados" en su Campus. Esperemos que cunda el ejemplo.

Las bitácoras en directo, sean en el marco de un periódico digital o fuera de él, no podrán sustituir a la información tradicional, pero sin duda son un perfecto e interesante complemento. Tanto los medios como quienes son objeto de la atención de estos tendrán que aceptar esta realidad.

Mire usted a Dinamarca

Allí todos los padres, independientemente de la renta que generen, reciben cheques con dinero público que sólo se puede gastar en colegios, privados y públicos. Desde que se instauró, la oferta de colegios privados es mejor y más variada y atiende de forma más cumplida los deseos de los padres. Y la educación pública ha mejorado tanto que hoy los colegios del Estado son una institución respetada.

El principio del cheque escolar es sencillo y parte de una distinción muy clara: una cosa es que el Estado pague la educación y otra que sea el propio Estado quien la gestione, e incluso elija qué educación deben recibir los niños, un derecho que corresponde en exclusiva a los padres. Para dar a esas ideas una salida práctica, Milton Friedman concibió en un artículo escrito en 1955 el cheque escolar: el Gobierno otorga a las familias unos bonos que sólo se pueden gastar en educación, y ellas deciden gastarlo en el colegio que les ofrezca mejores garantías para la formación intelectual y moral de sus hijos.

Se ha implantado en muchos sitios, y en todos con un éxito más que evidente. En Estados Unidos, donde hay un sistema educativo como el que querría Izquierda Unida para España, la lucha por la elección de centro fue un rumor creciente, pronunciado por gentes de toda raza y condición social, políticamente independiente o de los dos grandes partidos. Éstos no le hicieron caso hasta que el estruendo llegó a Estados como Milwaukee, Arizona, Nueva York y muchos otros en que se han impuesto reformas como el cheque escolar o los charter schools, con enorme éxito. En otros países, como Holanda, Dinamarca y Suecia, Canadá, Chile y Colombia, Japón, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, la reforma adelantó a la reacción social, siempre favorable.

Los resultados son siempre los mismos. Mejoran el interés de los profesores por su trabajo y los resultados académicos de los alumnos. Los padres están más satisfechos. E incluso cuando los colegios públicos quedan fuera del cheque escolar, la competencia les obliga a mejorar.

La implantación del cheque escolar en España no es ya sólo una buena idea. Se ha convertido en una urgencia, en una necesidad irrenunciable. Nuestro sistema educativo cuenta con colegios públicos cada vez más degradados, más los privados y concertados. Estos últimos sienten la permanente presión de recibir dinero de un poder que no les es favorable en absoluto. Para ellos el cheque escolar supondría un cambio radical, una transformación liberadora, pues, aunque el dinero seguiría siendo público, dejarían de recibirlo del Estado. Las familias, los padres, serán su única preocupación. Y éstos recuperarían un poder de influencia sobre los centros que el Estado les ha usurpado con toda injusticia.

Mi propuesta es la siguiente. El Gobierno fija una cantidad única para las familias que no alcancen cierto nivel de renta. El cheque escolar se podrá utilizar en todos los colegios públicos sin excepción y en los privados que elijan mantenerse dentro del sistema. Si la cantidad no es suficiente para cubrir las tasas del colegio, la familia aportará el resto. Si lo supera, se podrá crear con el resto una cuenta ahorro-escolar en la que se acumula el dinero, que más tarde se podrá gastar, bien en colegios e institutos, bien en universidades públicas o en las privadas que acepten entrar en el sistema.

El cheque escolar se podría combinar con la libertad de gestión, recogiendo experiencia de los charter schools en Estados Unidos. Son estos colegios que llegan a un acuerdo con el Estado, en nuestro caso con la Comunidad Autónoma, por el cual quedan libres de toda regulación educativa (libertad de gestión), y a cambio se comprometen a cumplir unos objetivos de calidad. En España pasaría por superar la calidad de la enseñanza de los colegios públicos en cada Comunidad.

Se les otorgaría libertad por un período, digamos, de cinco años, y si sus alumnos superan en conocimientos a los de los centros públicos, se les renovaría automáticamente. Para ello, la Consejería de Educación impondría evaluaciones externas, iguales para todos los centros, y recabaría de este modo los conocimientos medios de los alumnos. Por otro lado, se reconocería a las familias su derecho natural a educar en casa.

Aunque no podamos despreciar el inmenso daño que es capaz de hacer en cuatro u ocho años, Zapatero pasará. Pero llegará otro con el mismo proyecto radical: eliminar una realidad social que no le gusta y sustituirla por la que imagina. Y para crear ese "nuevo hombre progresista" es necesario imponerse a la voluntad de los padres en la educación de nuestros hijos.

No basta con confiar en que el PP remedará en parte el daño en el sistema educativo, entre otras cosas porque no lo hará. Les falta el valor, es decir, la integridad moral, para hacerlo. Lo único que puede salvarnos del adoctrinamiento y de la ignorancia institucionalizada es recuperar, aunque sea en parte, la libertad de educar a nuestros hijos. Y el cheque escolar es un instrumento adecuado.

Los telepredicadores de Bruselas

En muchas ocasiones oímos a grandes dirigentes de los bancos centrales decir a los empresarios que no suban los sueldos a sus trabajadores para así contener la inflación, aunque también pueden usar cualquier otra excusa. Todo por el bien común aunque éste vaya contra nuestro bienestar. ¿No le parece un absurdo indefendible?

Ahora la Unión Europea ha publicado un informe donde se les dice a las familias qué cantidad de horas deben dedicar hombres y mujeres en las tareas domésticas. Al parecer, según el estudio, los europeos trabajan 7 horas a la semana en casa, mientras que las europeas emplean 35. Haga las cuentas. "Es simplemente inaceptable", ha dicho Vladimír Špidla, comisario de Empleo de la UE. Špidla parece estar por encima del bien y del mal, dedicándose a insultar a gente que ni conoce mientras pretende meterse en nuestras vidas como si alguien le hubiese dado permiso para ello.

Para el comisario de Empleo esta actitud discriminatoria del hombre hacia su esposa o compañera provoca una renta inferior en la media agregada del sueldo de las mujeres respecto al hombre. A la vez, conlleva que los sectores copados por mujeres sean menos productivos y los sueldos bajen y –ya explayándonos en su razonamiento– esto también podría provocar que la renta agregada bajase, lo que a la vez haría disminuir el consumo agregado, lo que nos llevaría a posteriores pérdidas empresariales y nos sumiría en una horrible crisis europea. Para Špidla, la deslocalización, la fuga de capitales y de empresarios, la rigidez laboral, la merma de productividad y los continuos impuestos, elementos todos cuyos únicos responsables son gente como él, no son las causas del continuo retroceso económico de Europa, sino que lo es el malvado hombre corriente que le paga su sueldazo.

No sólo eso, Špidla también está diciendo que las mujeres son idiotas porque se dejan doblegar por las órdenes de sus "amos", sin tener suficiente inteligencia ni voluntad como para no discrepar de ellos. No parece muy realista creer algo así. Tal vez el comisario ha olvidado que las parejas se unen libremente y convienen las normas familiares de mutuo acuerdo; si no se separan. Eso es lo que le molesta a nuestro redentor social, que la gente tenga libertad para elegir incluso lo que a él le parece inaceptable, lo que está al margen del pensamiento único totalitario europeo.

¿Realmente cree que las conclusiones de este informe de este telepredicador ansioso de fama y poder no estaban decididas antes de realizarse o que Špidla no está sacando un beneficio político con tales palabras que le harán medrar dentro de la burocracia europea?

Michael Moore, sic(k)ofante

Busca la empatía facilona del espectador presentando abundantes anécdotas calamitosas (cánceres, accidentes, amputaciones de miembros) de clientes que se sienten maltratados o estafados por las aseguradoras privadas. Pero no muestra a ninguno de los cientos de millones de clientes satisfechos, y tampoco ofrece datos estadísticos significativos respecto a los precios y la calidad de los servicios. Le parece mal que los individuos tengan que preocuparse por contratar seguros médicos: mejor que Papá Estado se encargue de todo y solucione mágicamente los problemas, sin importar el coste.

Presenta a personas sin seguro médico que afirman tener miedo de que les suceda algo malo, pero no les recomienda que contraten uno, ni se ofrece a ayudarles a pagarlo si es que no pueden. Un matrimonio mayor tiene que enfrentarse a grandes pagos no cubiertos por su seguro (suelen tener límites respecto a los tratamientos, los medicamentos o los costes), por lo cual quedan arruinados y tienen que mudarse a vivir con su hija: declaran llorosos que creían que en su país no se permitiría algo así. Tal vez deberían haber pagado antes más dinero por un seguro con mejor cobertura; ahora que descubren que han tenido mala suerte, protestan porque el sistema no les ayuda de forma automática: es fácil culpar a los demás en lugar de reconocer los propios errores.

Una viuda se queja, sin ofrecer prueba alguna, de que su marido no fue tratado a tiempo porque era negro. Una mujer lleva su hija a un hospital no aprobado por el seguro y la niña fallece por el retraso. No se entera de lo que ha contratado, pero exige a los demás que satisfagan sus necesidades según sus condiciones. Una paciente es expulsada de un hospital porque no puede pagar: parece espantoso, pero quien quiera practicar la caridad puede ayudar a los demás y asumir sus facturas, en lugar de pretender que lo hagan otros a la fuerza.

Las aseguradoras no son hermanitas de la caridad, sino empresas con accionistas que buscan ganar dinero proporcionando un servicio a consumidores potenciales en un mercado relativamente libre y competitivo. Por principios actuariales, rechazan a gente con ciertas enfermedades o probabilidades de ocasionar grandes costes. Una trabajadora encargada de tramitar solicitudes llora porque sabe que algunas serán rechazadas; un médico reconoce arrepentido que negó a un paciente una operación que le habría salvado la vida porque ahorró muchísimo dinero a la compañía (y él también ganó mucho dinero haciéndolo).

Los contratos de seguros médicos pueden ser bastante complejos, y las aseguradoras buscan posibilidades de exclusión de responsabilidad para no tener que compensar los gastos que reclaman algunos clientes. Puede parecer inhumano, pero los contratos tienen cláusulas para cumplirlas, para aclarar a qué se compromete cada parte, y ambas pueden disputar su interpretación. Si un cliente no queda satisfecho, puede reclamar ante los tribunales o exponer públicamente su caso, para que otras personas conozcan la reputación de la compañía. Pero los individuos a veces también hacen trampas e intentan estafar a las aseguradoras…

El sistema público de salud se presenta como de cobertura universal, pero se omite que la participación en el mismo es obligatoria, coactiva, no voluntaria: medicina socialista. Para evitar el afán de lucro de una aseguradora privada sería posible organizarse como una mutua cooperativa de seguros, pero esto ni se propone como solución ni se muestra ningún ejemplo: tal vez porque las cooperativas tienden a ser menos eficientes que las empresas privadas. Resulta curioso que los funcionarios españoles, en su inmensa mayoría, eligen libremente abandonar el sistema público a favor de opciones privadas.

Que las aseguradoras privadas tengan enormes beneficios no es una inmoralidad: es una señal y un incentivo para que otras empresas se introduzcan en el sector e incrementen la competencia. Quienes creen que un sistema universal público es maravilloso pueden demostrarlo no obligando a nadie a participar en él. Pero entonces nos contarán que es por los pobres, que no pueden pagárselo, que hay que redistribuir la riqueza por criterios de solidaridad y justicia social: obligar violentamente a la gente a que ayude a los demás les parece perfectamente aceptable.

La Organización Mundial de la Salud coloca muy mal al sistema sanitario de Estados Unidos: lo que la gente seguramente no sabe es que el baremo utilizado para puntuar sólo considera la calidad de los servicios médicos en un 25%, y el resto son indicadores que favorecen automáticamente a los sistemas estatistas colectivizados (equidad, gratuidad, universalización de la cobertura).
 
Moore critica de forma indiferenciada a compañías de seguros, farmacéuticas y políticos: las empresas hacen generosas contribuciones para las campañas electorales de los políticos, y los contratan como asesores o ejecutivos cuando abandonan la política. Pero el problema está en el poder coactivo de los políticos para regular a favor de algunas empresas, comprar sus productos (recetas gratuitas para los ancianos) y cargarlos al bolsillo de los contribuyentes. La solución es privatizar completamente el sistema de salud.

Una ciudadana estadounidense enferma de cáncer intenta engañar al sistema público canadiense haciéndose pasar por residente local (lo de la cobertura estatal universal parece que no es para todo el mundo, sólo para los locales). En Canadá, el sistema es tan liberticida que está prácticamente prohibida la medicina privada y hay largas listas de espera (bastantes canadienses viajan a Estados Unidos para recibir asistencia privada). En la Unión Europea ya hay países, como España, que reciben turismo sanitario.

Moore alaba los sistemas canadiense, británico y francés, y entrevista a personas (pacientes y médicos) que comparten sus mismos prejuicios socialistas. No ofrece crítica alguna, ni analiza sus graves problemas de financiación, listas de espera o falta de profesionales cualificados. En Francia hay servicio de urgencias a domicilio: conviene recordar que cualquier sistema puede tener cierta calidad si se gasta suficiente dinero, pero enseñar sólo lo obvio y lo bonito sin indicar los costes es trampa.

Europa parece maravillosa: a la gente le gusta todo lo que recibe aparentemente gratis o fuertemente subvencionado (educación, guarderías, asistentes sociales, vacaciones pagadas, permiso por boda, por mudanza). No ve las ineficiencias, el déficit presupuestario, la deuda estatal, el estancamiento económico, los desincentivos al trabajo. Vemos a un enfermo que recibe su sueldo aunque no trabaje: parece que no puede trabajar, pero sí disfrutar de unas vacaciones en la playa a costa de los demás. La familia media europea es más pobre que la americana, pero Moore intenta hace creer que el francés vive mejor.

Se hace el tonto sorprendido cuando descubre que los pacientes no pagan sus tratamientos (incluso les reembolsan el transporte), que no hay facturas: el sistema parece gratis si no se muestran los impuestos confiscados a los ciudadanos productivos. Igual que compran productos o reciben ideas de otros países (coches, vinos), los estadounidenses deberían adoptar sus sistemas de salud: es tan inepto que no ve la diferencia entre múltiples decisiones individuales en un mercado libre y decisiones políticas desacertadas impuestas a todos.

Moore elogia los servicios estatizados, como la policía, los bomberos, la enseñanza y el correo. Todos ellos, de peor calidad que los que puede proporcionar un mercado libre competitivo. La enseñanza pública en Estados Unidos es patética, y el monopolio de correos, una vergüenza ridículamente ineficiente. Es tan ignorante en asuntos económicos que sugiere que su modelo crearía empleos curando a la gente: no ve los que se destruirían en otros sectores. Afirma que en la guerra no había desempleo, pero no explora las consecuencias lógicas de tan atrevida afirmación.

Moore critica el mercado y alaba la democracia, donde los pobres votan. Para él, la solidaridad es comunismo puro: que te den lo que necesites y que pagues según lo que puedas. No le gustan las decisiones individuales libres, y olvida mencionar cómo las mayorías imponen por la fuerza sus criterios a las minorías en desacuerdo. Siempre habla de cómo el país debe cuidar a su gente, nunca de personas libres relacionándose (o no) voluntariamente: "Nadamos juntos o nos hundimos juntos".

En el colmo de su desfachatez, Moore intenta ayudar a cinco trabajadores de la Zona Cero presuntamente afectados por los gases tóxicos durante las tareas de desescombro y que no están cubiertos por seguro alguno. Primero los lleva a la prisión de Guantánamo (intenta acceder de forma ridícula en barco, sin seguir ningún procedimiento oficial), porque parece que los presuntos terroristas ahí presos reciben muy buen tratamiento médico (esto tiene que doler a toda la progresía que denuncia lo inhumana que es dicha cárcel). Como no le hacen caso, recurre a la aparentemente maravillosa sanidad de la dictadura castrista, que los trata maravillosamente y gratis.

Moore pretende que el espectador es tan tonto que va a creer que no hay ninguna propaganda política tras estos hechos, que a todos los cubanos les tratan igual de bien (por eso mueren al intentar escapar de la isla-cárcel), que no se trata de un montaje bendecido por las autoridades, que ellos simplemente pasaban por allí y no pidieron un trato especial. Se esperan avalanchas de turistas enfermos en Cuba, a ver si les reciben igual de bien (e igual de gratis, que enfermos extranjeros de pago ya hay muchos en la Isla). Aleida Guevara, hija del Che Guevara, aparece entrevistada como comentarista objetiva e imparcial.

Moore es tan generoso que manda un cheque anónimo a su principal crítico para que pueda pagar un tratamiento médico a su mujer y no tenga que cerrar el portal a través del cual lo critica; y ahora lo hace público. ¡Qué bueno es, y qué poco discreta su caridad!

Rajoy y los impuestos

La semana pasada Mariano Rajoy desgranó el programa económico del PP en una conferencia ante los empresarios y en una entrevista concedida al periódico Negocio. Como es lógico, habló de impuestos y, como viene siendo habitual en los programas electorales del PP, prometió bajarlos. En concreto, prometió reducir el Impuesto de Sociedades hasta el 25% (para las pymes, hasta el 20%), dejar el tipo máximo del IRPF en un 40% y el mínimo en un 12% y suprimir, entre otros, el impuesto sobre el patrimonio.

El Impuesto de Sociedades constituye un serio obstáculo a la función empresarial. Cuanto más elevado sea, menor será el incentivo para que los individuos empleen su riqueza en satisfacer las necesidades de los consumidores y, así, lograr una ganancia. El motivo es evidente: toda inversión supone un coste (la no disponibilidad del capital invertido y la incertidumbre de perderlo) y permite obtener un beneficio. El Impuesto de Sociedades reduce el beneficio esperado, pero no el coste, de modo que, para mucha gente, los incentivos se evaporan.

Los efectos no inciden únicamente sobre quienes no son empresarios y podrían llegar a serlo, también sobre las empresas ya establecidas que se plantean acometer nuevas inversiones y sobre aquellas personas con que se relacionen. Dado que las decisiones de reinversión de beneficios se determinan por la ganancia esperada, cuanto menor sea esa ganancia menor será la reinversión.

El IRPF es otro impuesto completamente injusto y perjudicial. Al reducir las remuneraciones efectivas que perciben las personas, disminuye los incentivos para incrementar la renta. Por ejemplo, si el impuesto sobre la renta se situara en el 99%, nadie trabajaría, ya que en la práctica todo el mundo estaría prestando sus servicios laborales gratis. Unos tipos más reducidos moderan los efectos, pero no los eliminan. A causa del impuesto sobre la renta, la gente trabaja, ahorra e invierte menos.

La razón es sencilla: el tiempo de ocio no tributa. Si reducimos las rentas salariales mediante el IRPF, los individuos trabajarán menos de lo que lo habrían hecho. Del mismo modo, si el IRPF grava las plusvalías del capital, la gente dedicará menos recursos a la inversión, pues le resultará más cómodo consumirlos.

Además, el IRPF es una de las mayores barreras contra la movilidad social. Las clases altas suelen tener una gran patrimonio acumulado, que les proporciona rentas permanentes. Las clases bajas, en cambio, carecen de esa riqueza, por lo que deben acumular para mejorar su nivel de vida. Sin embargo, la acumulación de riqueza se ve enormemente dificultada con el IRPF. Si un individuo tiene un par de años muy buenos que en principio le permitirían invertir para lograr rentas futuras, el IRPF se lo impedirá, ya que parte de sus ganancias extraordinarias podrían tributar a tipos tan elevados como el 43%. En otras palabras, el IRPF perjudica especialmente a quienes no disponen de una fuente permanente de rentas, a las clases bajas, a las que impide aprovechar sus ganancias extraordinarias para construir su riqueza.

Por lo que hace al Impuesto sobre el Patrimonio, atenta contra la base de nuestra sociedad: la propiedad privada y la acumulación de capital. Al expoliar a cada individuo en función de la riqueza que ha acumulado previamente, favorece la desinversión y el consumo de esa riqueza.

En otras palabras, las propuestas de Rajoy apuntan en la buena dirección, por cuanto amplían la libertad de las personas. Sin embargo, una cosa es que las celebre si llegan a materializarse y otra que considere que esas propuestas encajan con la filosofía del presidente del PP.

Al menos por su discurso –cosa distinta es que sea un mero ropaje electoralista–, las propuestas del PP se insertan en el típico estatismo de corte socialista. Los impuestos se bajarán siempre y cuando el peso y el poder del Estado no se tambaleen. Rajoy lo dejaba claro Rajoy en la mencionada entrevista: "La única forma de mantener el Estado del Bienestar es haciendo reformas económicas y, entre ellas, las reformas fiscales".

Dicho de otro modo, las rebajas de impuestos de Rajoy son instrumentales, están al servicio del poder político. Rajoy actúa como el empresario que baja el precio de sus productos para vender más y así obtener mayores beneficios; con la diferencia esencial de que el empresario no fuerza a los consumidores a pagarle.

El PP no se plantea la posibilidad de devolver la responsabilidad a los individuos, ni la de permitir que la sociedad civil proporcione los servicios que hoy provee coactivamente el Estado. Quiere que el Estado siga tutelando múltiples aspectos de al vida de las personas; que las vigile y las cuide como un padre marimandón.

Así, por ejemplo, en matería de I+D, Rajoy sentenciaba que "corresponde al Gobierno un impulso cuantitativo y cualitativo capaz de generar posteriores desarrollos". "Las políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación no pueden quedarse reducidas a meros adornos de un programa electoral porque suenan a moderno, ni a los crecimientos presupuestarios tranquilizadores para lucir aquí o allá. Tienen que ser uno de los ejes vertebrales de todas las políticas públicas".

A los del PP les molesta incluso que las personas no inviertan en I+D tanto como ellos querrían. Si los empresarios prefieren comprar máquinas viejas, repartir beneficios entre los accionistas o rebajar el precio de sus productos en lugar de invertir en I+D, Rajoy defiende que el Estado cubra la diferencia, esto es, que impida a los empresarios gastar el dinero como lo habrían gastado si no se lo hubieran arrebatado por la fuerza. Y ello a pesar de que, según Rajoy, "a los empresarios no es preciso decirles lo que tienen que hacer, que ellos ya saben en cada caso lo que más conviene a sus empresa". ¡Pues nadie lo diría! Si saben lo que tienen que hacer, ¿por qué les quita el dinero para invertirlo allí donde ellos no lo harían?

No, las ideas actuales del PP tampoco son compatibles con la libertad. Los impuestos sólo se rebajarán mientras no entren en conflicto con el Estado del Bienestar, pero nunca si, por ejemplo, fuera necesario privatizar la educación o la sanidad para recortarlos aún más. El PP necesita cambiar la filosofía social y política sobre la que construye sus propuestas. Si quiere pasar por liberal, no basta con realizar propuestas que coyunturalmente también podría lanzar el PSOE. Tiene que adoptar una política de principios que tenga por prioridad la libertad, no los intereses del Estado.

Pero me temo que nadie del PP tiene hoy el coraje –no sé si los valores– para liderar esta transición que tanto necesitan los españoles.

Stallman hipócrita (lo dice Linus)

Y segundo, y bastante más importante, en el propio Stallman, su fundación (la Free Software Foundation) y su idea de lo que es la libertad, lo que ha provocado fricciones entre él y otros gurús del movimiento, especialmente Eric S. Raymond y el creador de Linux.

De hecho, recientemente se ha formado un pequeño escándalo debido a un mensaje de Linus Torvalds en el que, según un periodista de Information Week, habría llamado "hipócritas" a Stallman y la FSF. Lo cierto es que está sacado un poco de contexto y, al contrario de lo que sucede con los deportistas cuando meten la pata, en este caso no es sólo una excusa para escurrir el bulto. Torvalds se refería a algunos de sus interlocutores en la lista de correo, especialmente un tal Alexandre Oliva; después de leer un par de mensajes suyos me entraron ganas de torturarle, de modo que no me extraña que Linus le acabara llamando de todo.

El motivo de todo esto es la publicación de la versión final de la licencia GPL3. Lo que hemos conocido hasta ahora como licencia GPL, a secas, creada por Stallman y sus cuates y que es una de las más empleadas en el mundillo, en realidad era la GPL2, pues hubo otras versiones anteriores. La importancia que tiene esta licencia, además de venir de quien viene, es que muchos proyectos licenciados bajo GPL2 venían con la coletilla de "y versiones superiores", de modo que, en la práctica, ahora que hay una nueva versión también están licenciados en ella. Pero Linux no es uno de ellos, y Torvalds ha sido bien claro especificando que lo hizo a propósito porque no quería dejar en manos de nadie que no fuera él la licencia que empleaba su sistema. GPL3 le parece peor y no quiere utilizarla. Algunos desarrolladores que colaboran con él le decían que debía cambiarla en nombre de la "libertad", y Linus les contestó que le parecía bastante hipócrita decir eso mientras querían forzarle a que no escogiera libremente la licencia que mejor le parecía.

El problema del GPL3 para Torvalds es que prohíbe lo que la FSF ha dado en llamar TiVoización, que consiste en emplear software libre para unos aparatos concretos y cumplir las reglas del GPL, que consisten en publicar los cambios que hagan al código, pero cerrando el hardware de modo que no se pueda utilizar una versión distinta a la suya en sus aparatos. A Linus eso le parece estupendo, porque lo que le interesa es el código en sí, no lo que se haga con ese código. A Stallman le parece intolerable, porque restringe la libertad de los usuarios de TiVo de hacer cambios. Sin embargo, los usuarios pueden hacer al software todos los cambios que quieran; simplemente no pueden emplear esos cambios en los aparatos de TiVo. La GPL3 lo que obliga es a dar libre acceso al hardware si sobre éste se ejecuta código con licencia GPL3.

Pero licencias aparte, lo cierto es que, precisamente por el argumento utilizado, Torvalds ha llamado hipócrita a Stallman, aunque no fuera su intención. Porque el creador del software libre ya ha declarado en más de una ocasión que se debían prohibir que las aplicaciones emplearan cualquier tipo de licencia que no fuera de software libre, y esa restricción la quiere imponer en nombre de la "libertad". Para él la libertad no es poder escoger sin coacción cómo distribuimos nuestras creaciones, sino escoger la opción que él considera correcta, porque da más opciones a los usuarios al permitirles modificar lo que otros producen. Sin embargo, los usuarios no son los creadores; no está claro por qué ha de estar su capacidad de modificar el código (libertad positiva) por encima de la decisión del programador del código (libertad negativa).

En realidad, Linus ha escrito cosas bastante más graves sobre Stallman estos últimos días. Considera que el creador del software libre cree que tiene la obligación de decirle a los demás cómo vivir sus vidas y siente la necesidad de "difundir su mensaje" del mismo modo que las personas que llaman a la puerta, estilo testigos de Jehová, para "salvarte". Stallman "literalmente te está salvando del pecado". Me parece una caracterización muy precisa del personaje.

Los coches de choque

Su sonrisa, entre divertida y cómplice, me hizo pensar que ya no iría a los coches de al lado. Pero recapacité e hice exactamente eso, para ver qué me ofrecía el otro por mis 500 pesetas. Así descubrí que la competencia funciona.

También recuerdo que en primero de periodismo nos daban introducción a la economía. A mí me gustaba, pero había cosas que no podía entender. Cuando el profesor y el libro hablaban de competencia se referían a una situación en que las empresas ofrecían el mismo producto y al mismo precio. A mí me parecía absurdo, porque me resultaba evidente que esas empresas no estaban compitiendo en absoluto. "Competencia perfecta", recuerdo que se llamaba. No entendía nada.

Pensé que lo que recibíamos era eso, economía para periodistas. ¿Qué podía esperar? Los libros de economía de verdad sí explicarían lo que veía en la calle; sí darían cuenta del feriante que me dio más fichas de las que yo esperaba. Pero luego me interesé por la teoría económica y me encontré con que se daba exactamente lo que me habían enseñado en la Universidad. Me tuve que buscar la vida para dar con autores que sí hablaban de competencia como una rivalidad entre empresas para ganarse el favor de los consumidores. Y así topé con Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Israel Kirzner o Murray Rothbard. Leyéndoles me acordé de mi experiencia en las ferias de mi pueblo.

La competencia es rivalidad. Es un proceso de descubrimiento, como dice Hayek. Y es el ambiente en que los buenos empresarios se ven recompensados. Pero los comisarios europeos han leído otros libros, y por eso reparten estopa a Microsoft, Schneider o Telefónica. Eso, o que cuando eran niños no fueron a los coches de choque.