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¿Qué fue de ese talante?

Y es eso lo que explica que la censura pueda actuar en varios países democráticos del Viejo Continente sin que suponga un escándalo. Puede ser cierto que Manhunt2 contenga una violencia gratuita excesiva, hasta grados de sadismo, pero eso no implica que su prohibición en Inglaterra, Irlanda e Italia esté justificada.

Al margen de los responsables de Amnistía Internacional, que debe de estar celebrando una medida que cuadra con sus deseos de censura en el sector, los europeos deberían protestar por una política que atenta gravemente contra su libertad. La violencia excesiva no es una excusa válida para sumir a los videojuegos en una situación que recuerda a los índices de libros prohibidos de siglos pasados o a las restricciones a las proyecciones de películas propias de sistemas dictatoriales. Una cosa es que una empresa decida libremente retirar un título del mercado por las justificadas protestas de una madre que perdió a su hijo de una forma especialmente traumática. Otra muy diferente es sea el Estado quien marque qué es tolerable para la población.

Los adultos deben decidir libremente con qué videojuegos entretenerse, al igual que hacen con los libros, el cine o la televisión. Y sobre los niños, se pongan como se pongan algunos supuestos defensores de los derechos humanos, es responsabilidad de los padres controlarles en estos terrenos. Lo realmente terrible es que en lo referido al software del entretenimiento gran parte de los ciudadanos europeos están dispuestos a admitir sin problema una cesura que no tolerarían en otras materias.

Casi nadie admitiría que se prohibieran películas con un alto contenido de violencia. Ejemplos sobran, y en algunos casos se trata de filmes considerados por crítica y público como excelentes. Pensemos, entre otros, en La Naranja Mecánica, La Chaqueta Metálica o La Cruz de Hierro. En todas ellas el espectador puede ver muertes violentas y escenas de un sadismo explícito innegable. Lo mismo ocurre en literatura. Numerosos libros contienen descripciones muy gráficas de asesinatos y otro tipo de muertes muy sangrientas. Sin embargo, se venden libremente en librerías de todo el mundo democrático. Se entiende, y de hecho es así, que la libertad de expresión es fundamental y no debe ser cercenada.

Pero con los videojuegos no ocurre lo mismo. Demasiadas personas están dispuestas a admitir sin problema alguno que el Estado le recorte su libertad, y de paso la del resto de ciudadanos, en aras de protegerles de una violencia de ficción excesiva. Son los felices siervos que sufren la censura con alegría. El miedo a lo "nuevo" (los juegos de ordenador ya llevan unos cuantos años entre nosotros) puede influir en esto. La constante demonización de los mismos –que recuerda a la que antes sufrieron los libros, el cine o la televisión– ha conseguido que muchos bajen la guardia ente los excesos de los Gobiernos.

Si antes se prohibían películas y libros con la excusa de proteger al pueblo de la "inmoralidad" del sexo o de ideas consideradas nocivas, la nueva moral políticamente correcta hace creer que es correcto quitar libertad para evitar que el ciudadano vea violencia en videojuegos. Como entonces, lo de ahora también es simple censura.

Vuelve la censura

En realidad no va a ser una, sino ciento setenta las disposiciones que el gobierno pondrá en marcha para que el siempre esquivo cambio climático esta vez no tenga escapatoria.

En sus últimas declaraciones públicas respecto a este asunto, ZP aseguró que el cambio climático "es uno de los principales retos mundiales y el mayor riesgo que afronta la vida en La Tierra". Es una lástima que Al Gore no estuviera en primera fila para escuchar a su pupilo más aventajado, porque hubiera tenido una sublime erección cerebral al oírle recitar su mensaje utilizando casi las mismas palabras.

Sin embargo, tanta contundencia a la hora de atajar un problema imaginario choca frontalmente con la trayectoria reciente de ZP en su acción de gobierno, caracterizada por el talante y el diálogo sin condiciones. Ya en sus tiempos de líder de oposición, Zapatero mostró que lo suyo es la moderación. Al propio Iñaki Gabilondo le ha recordado más de una vez que su estrategia en la oposición a Aznar esuvo sujeta en todo momento a la más exquisita elegancia política y al rechazo constante de cualquier postura que pudiera provocar crispación. Seguramente se refería a las manifestaciones del Prestige o a las algaradas de Irak, o tal vez a los ataques a los miembros y sedes del partido en el gobierno durante las jornadas de exaltación democrática inmediatamente posteriores al 11-M, plenas de tolerancia política, exquisitez en las formas y respeto al adversario.

Pues bien, todo este bagaje de mesura democrática, que el presidente por accidente reclama como su patrimonio más valioso, se ha desvanecido con el asunto del cambio climático. Gran decepción para los que vieron en ZP la quintaesencia de las cuatro virtudes teologales de progreso: diálogo, talante, mestizaje y tolerancia.

Lo que debería hacer Zapatero es abrir un proceso de diálogo con el clima para llegar a una solución de consenso, que satisfaga a las dos partes de forma que no haya vencedores ni vencidos. Sería un camino largo y difícil, a lo largo del cual podrían ocurrir accidentes (una inundación, un par de tsunamis…), pero la sociedad democrática apoyaría sin dudarlo ese esfuerzo talantudo ZP I El Pacificador.

El único problema es que la mayor parte de los climatólogos serios está cada vez más convencida de que el origen de las fluctuaciones de temperatura del planeta no se encuentra en la acción humana, sino en los ciclos de actividad solar. O sea, que por mucho que nos riña la ministra Narbona y por más que nos vacíen el bolsillo con coacciones absurdas, el planeta se seguirá calentando y enfriando, exactamente igual que lo viene haciendo en los últimos cuatro mil millones de años. Por tanto, no estaría de más que nuestro gobierno sacara su vena autoritaria para atajar otros problemas mucho más cercanos al ciudadano de bien. ¿Qué tal 170 medidas para acabar con la ETA? Es sólo una sugerencia.

Regulemos la inmigración con capitalismo

Nunca han destacado aquí los empresarios ni sus amigos por ser defensores del capitalismo ni la libertad individual. “Fomentar” y “adoptar medidas” sólo significa que sea el Estado quien incurra en tales costes en lugar de los propios empresarios. No es la gente (¡inmigrantes incluidos!) la que se debe adaptar a las “necesidades del país” (¿quiénes son ellos para representarlas?), sino al revés. Este tipo de empresario pretende externalizar sus costes a expensas de la sociedad para aprovecharlos como un beneficio. Su justificación es la misma que usan los falsos altruistas y demás socialistas. Se trata de proclamar una decisión partidista y esconderla tras la solidaridad a punta de pistola, la del estado: barreras de entrada, discriminación aleatoria, sumisión, fiscalización y más impuestos para mantener el Estado omnipotente.

Los inmigrantes pueden significar una fuente de prosperidad o un sinfín de problemas sociales y económicos. La diferencia entre los dos es la diferencia entre que el Estado intervenga, o en que se quede al margen.

Desde el punto de vista económico, el Gobierno de ZP ha utilizado al inmigrante para maquillar las magnitudes macroeconómicas. La reducción del paro o el superávit de la Seguridad Social —todos ellos en parte gracias a la inmigración— pueden parecer buenas noticias, pero cualquiera que observe detenidamente las cuentas advertirá rápidamente que esos magníficos datos sólo se sustentan en una economía intensiva en trabajo, que se puede volver en nuestra contra con la misma facilidad con la que ha venido. En una sociedad libre, ante una crisis, el capital humano expulsado es rápidamente canalizo hacia otras ramas de la estructura productiva. Con el Estado de por medio, es imposible que algo así ocurra porque no hay incentivos suficientes para el cambio.

Adicionalmente, los inmigrantes han descubierto que el esfuerzo personal no va necesariamente ligado a la producción ni a mayores rentas en este país. El estado del bienestar les proporciona dinero gratis por su condición, y la economía sumergida una fuente de recursos extra por su nivel de cooperación económica y productiva.

Esto nos lleva al tan nombrado “coste social” de la inmigración. Parece ser que los españoles somos muy favorables al estado del bienestar cuando nos beneficia (o eso creemos). No cesamos de alabar la igualdad, la redistribución e impuestos progresivos, pero cuando vemos cómo todo este dinero se desvía a los inmigrantes, proclamamos nuestra indignación. Los inmigrantes tienen un indudable trato de favor ante el Gobierno; nos puede gustar o no, pero eso es el estado del bienestar desde siempre. Consiste en bajar las rentas altas —la de los españoles en este caso—, para subir las rentas bajas —la de los inmigrantes. Evidentemente, sólo las declaradas. En el momento que un defensor del estado del bienestar proclama su indignación por este favoritismo gubernamental hacia los inmigrantes, le cae la careta de falso altruista para mostrar su auténtico rostro egoísta. En parte, el socialismo se alimenta de ese egoísmo forzado por el Estado. Si el aforismo “ley de la jungla” tiene alguna aplicación, es sin duda al socialismo.

El antiguo Estados Unidos, al que entonces le llamaban “La Tierra de las Oportunidades”, se creó con la fuerza de inmigrantes que venían con lo puesto y una ambición sin límite. Si no hubiese sido por la nula intervención estatal, Estados Unidos no sería más que un país del montón o seguiría en los mismos niveles de pobreza del siglo XIX. No hay que inventar nada, sólo aprender de la historia y mantener en primer lugar la libertad por encima de todo.

Su pensión sigue sin estar asegurada

La medida del Gobierno es, ciertamente, un despropósito, un intento desesperado por mantener a flote un barco, el sistema público de pensiones, con más agujeros que un colador. Desde luego, lo más sensato sería abandonarlo, en botes salvavidas o a brazada limpia; pero si de lo que se trata es de acercarlo a puerto antes de evacuarlo, no pueden caber dudas sobre la ruta que ha de seguirse.

Es posible que algunos liberales se hayan dejado seducir por la reforma, al imaginar los beneficios derivados de que parte de las cotizaciones a la Seguridad Social vayan a parar la bolsa, el centro neurálgico del capitalismo. Que no se engañen: una cosa es que los mercados de capitales sean un elemento esencial de nuestra sociedad y otra muy distinta que sean la panacea.

Si queremos ubicar la polémica en su contexto y entender por qué el Gobierno no ha avanzado ni un ápice en la buena dirección, conviene que analicemos los dos grandes planteamientos que presiden el debate sobre las pensiones. Uno de ellos, el partidario de los llamados "sistemas de reparto", aboga por los sistemas coactivos de "solidaridad intergeneracional", que funcionan así: los trabajadores de hoy pagan la pensión a los de ayer (jubilados) a cambio de que los del futuro hagan lo propio cuando sean ellos quienes lleguen a la edad de retiro.

Pese a la pompa con que se los describe, son sistemas fraudulentos, injustos e ineficientes. Fraudulentos, porque es imposible que cobren todos y cada uno de sus integrantes (al final, siempre habrá alguien que no tenga a nadie detrás en la cola), por lo que habrá trabajadores que paguen sin recibir nada a cambio; injustos, porque son coactivos: como se obliga a la gente a cotizar, en ellos ni se es ni se puede ser solidario; e ineficientes, porque reducen la cantidad de ahorro disponible en los mercados financieros y porque las pensiones que brindan son una miseria.

El otro gran planteamiento es el que defiende la puesta en marcha de sistemas de capitalización. Aquí, cada individuo ahorra voluntariamente una porción de la renta que obtiene durante su vida laboral y la destina a la inversión, con cuyos beneficios pagará su propia jubilación.

Si los sistemas de reparto son fraudulentos, injustos e ineficientes, los de capitalización son autosostenibles, justos y eficientes. Autosostenibles, porque los individuos no necesitan expoliar a nadie para percibir sus pensiones; justos, porque son voluntarios; eficientes, porque incrementan los niveles de ahorro e inversión –por lo que se genera más riqueza, lo que a su vez permite que haya más proyectos empresariales, más avances tecnológicos, y más bienes y servicios a precios más baratos– y dan la posibilidad de percibir unas pensiones mucho más cuantiosas.

El Instituto Juan de Mariana estima que la pensión media de una persona que empezara a ahorrar unos 4.200 euros anuales a los 25 años y se jubilara, como ahora, a los 65 oscilaría entre los 8.000 y los 27.000 euros mensuales (según la rentabilidad obtenida cada año). Si comparamos este monto con lo que percibe hoy en día un pensionista, podremos hacernos una ligera idea de la miseria que engendra el sector público.

Pues bien, la inversión en bolsa del fondo de reserva de las pensiones, en lugar de acercarnos a un sistema de capitalización donde cada individuo tome sus propias decisiones y se convierta en propietario de las empresas cuyas acciones adquiera, nos afianza en el dirigismo político de los recursos económicos y en la irresponsabilidad individual. Pero es que además se trata de una medida que entraña un peligro considerable para la libertad y el mercado: como el Estado comprará numerosas acciones, ejercerá una influencia aún mayor sobre el empresariado. Si lo deseara, podría llegar a entrar en los Consejos de Administración y participar en la toma de decisiones de gran calado.

Por mucho que el fondo de reserva vaya a parar a los mercados financieros, esto no tiene nada que ver con el capitalismo, sino más bien con el corporativismo y el neoliberalismo.

El camino debería ser otro. Si los políticos no tienen el coraje necesario para privatizar la Seguridad Social y avanzar hacia un sistema de capitalización, al menos no deberían tener excusa para no devolvernos los excedentes de nuestras cotizaciones, con los que constituyen el fondo de reserva. Si ya están pagando las pensiones actuales, ¿por qué no nos devuelven el exceso y nos permiten invertirlo? ¿Por qué lo retienen y se lo entregan a sus amiguetes?

Los sistemas de reparto y capitalización expresan dos filosofías políticas: la que sostiene que el individuo debe ser un apéndice del Estado desde la cuna hasta la sepultura y la que considera que cada persona tiene derecho a utilizar su propiedad para tratar de lograr sus objetivos existenciales. Y ya sabemos que el socialismo quiere convertirnos a todos en siervos del poder político.

El Estado tutelar contra las apuestas online

Los españoles apostaron por Internet el año pasado 413 millones de euros y este año se estima que la cifra llegará a los 600, una cantidad "por la que el Estado no recauda ninguna cantidad" dado que los sitios web de apuestas y casinos, gracias a las ventajas de la globalización y de Internet, valga la redundancia, suelen radicarse en paraísos fiscales.

Este es un ejemplo del tan alabado consenso entre todos los partidos; podrán llevarse a matar por asuntos como la idea de España y el proceso de rendición, pero en lo que se refiere a regular el libre mercado y sacar impuestos de cualquier actividad se ponen todos de acuerdo. Incluso hacen carreritas ridículas a ver quién llega antes. Luego ponen excusas absurdas, como que "apostar online es fácil para cualquier usuario de Internet", sin necesidad de desplazarse y "durante las 24 horas del día", como si semejantes características fueran un desdoro para una empresa, en lugar de una virtud que ya quisiéramos que tuvieran, por ejemplo, los organismos públicos a la hora de dar atención a sus obligados clientes.

Pero quizá la excusa más llamativa y falsa que se han buscado es la protección a la infancia. Ciertamente, un niño armado con un ordenador conectado a Internet puede entrar en una página de apuestas y mentir sobre sus datos para registrarse. Pero para poder jugar necesita una cosa más: dinero. Y no unas monedas, sino una tarjeta de crédito o acceso a un talonario de cheques; cosas que tiene vedadas en cualquier hogar mínimamente responsable. No es, por tanto, un problema que vaya a quitar el sueño a los españoles, aunque no dudo que se vayan a dar casos. Pero la anécdota no es categoría.

El caso es que los españoles se suben tarde al carro. Ya el Senado estadounidense prohibió las apuestas y casinos online exactamente por el mismo método que emplearía un padre: impidiendo el uso de tarjetas de crédito, cheques y giros electrónicos para apostar vía Internet. El problema de esta medida es el que atisbara la sabiduría de Tocqueville en 1835, cuando conjeturó que el peligro que podría conllevar la democracia a largo plazo sería la aparición de "un inmenso poder tutelar" cuya autoridad sería como la de un padre "si su objetivo fuera, como aquella, preparar a los hombres para la edad adulta", pero que, sin embargo, lo que buscaba era "mantenerlos en una perpetua infancia". A un Estado así, que garantizara la seguridad de los hombres, previera y atendiera a sus necesidades, facilitara sus placeres y se ocupara de sus principales preocupaciones, "¿qué le queda sino ahorrarles a todos la preocupación de pensar y la angustia de vivir?"

Ciertamente, el Estado tiene un papel que jugar y que, como es lógico, no está cumpliendo. Buena parte de la publicidad de los casinos online en España es fraudulenta. Pagan a sitios web para que aseguren haber encontrado un método matemático infalible con el que cual siempre se gana, tras lo cual ofrecen un enlace al casino que les ha puesto la pasta encima de la mesa. El hecho de que alguien afirme que existe una forma sencilla, matemática y universal de ganar debería hacer dudar a cualquier persona sensata: si así fuera no lo dirían sino que lo usarían para forrarse, pues al contar su secreto a todo el mundo sólo conseguirían que su fuente de ingresos, los casinos, se arruinaran. Se puede creer a gente como "los Pelayo", pues su secreto simplemente consistía en estudiar las ruletas para averiguar los defectos físicos que pudieran tener y que se reflejaran en apuestas que salían más a menudo; lo difícil era averiguar esos fallos, no tener esa idea. Las matemáticas, claro, hacen caso al sentido común y demuestran que el sistema de doblar la apuesta al perder, o martingala, no funciona.

Pero esto no tiene nada de particular; un timo es un timo en Internet y fuera de Internet, y debe perseguirse en ambos casos. Eso no es excusa para montarse a crear leyes cuyo único objetivo es recaudar impuestos y ahogar a quienes osan amenazar el monopolio estatal sobre el juego.

Paradojas stiglitzianas

Los premios Nobel han adquirido un reconocido prestigio en las ciencias naturales. En Economía, no obstante, tiene sus más y sus menos. Entre sus últimos aciertos, los de Phelps, Prescott o Vernon Smith. Pero siempre me maravilló que se lo dieran a Joseph Stiglitz.

Este viernes se pasó por Madrid, invitado por la Fundación Atman, y dejó su poso de economía misteriosa y contradictoria. Acaso lo más chocante fuera su juicio sobre las remesas. Son importantes para el desarrollo, ha dicho. Y lo cierto es que, a diferencia de las ayudas públicas, llegan de verdad a quien las necesita y además de una forma muy barata.

Mas, aunque ayudan a mantenerse a las familias de los países pobres, no contribuyen al desarrollo si el país no favorece la creación de capital, es decir, transformar esa renta en riqueza. Y los países pobres lo son precisamente porque no favorecen esa transformación.

Acaso el bueno de Stiglitz no quisiera aburrir a la audiencia con estas razones, o acaso le sean ajenas. Pero lo que sí dijo es que era criticable la “fuga de cerebros” de los países pobres a los ricos.

Pero esa fuga se explica porque los países ricos tienen más capital y hacen el trabajo más productivo, de modo que generan una renta mucho mayor que la que podrían crear en su país, y eso acaba beneficiando al terruño de origen.

También dijo que la globalización obliga a los trabajadores más cualificados a competir con quienes lo son menos. ¿En serio? ¿Compite todo un Nobel de Economía con un porteador o un cajero? Más bien lo que ocurre es que los trabajadores con poco capital humano que van a los países ricos ayudan a profundizar la división del trabajo, desde un puesto más productivo.

Es autor de un libro que el mercado ha llevado a todos los rincones, y que es una crítica a la globalización. Su último libro es una nueva contradicción, un oxímoron, una paradoja. Propone un comercio más justo, pero no más libre. Qué cosas.

Los mangoneos de ZP

A estos sí, pero no a Pizarro; quita, quita. No al empresario que ha dicho no a las maniobras de Zapatero para repartir Endesa a precio de saldo entre los amigos de sus apoyos políticos, aquél por quien ZP ha estado dispuesto a echarse encima a la Comisión Europea. Justo a ese no le están vigilando. Ni ahora ni cuando le seguían dos guardias civiles (fuera de servicio, eh), ni cuando dos ladrones quieren hacerse con unos buenos ordenadores y van a sisarlos al área de auditoría de la empresa, ni cuando dos agentes privados fueron sorprendidos vigilándole. Juan Carlos Girauta se explica esta súbita atención a su persona como una inopinada pulsión de algunos por dedicar su tiempo libre a mirar con ojitos tímidos a Pizarro, sin atreverse a acercarse demasiado. Se ve que el presidente de Endesa levanta pasiones.

El Estado sigue teniendo cierto prestigio. Se dice, con toda razón, que está mal esto de dedicar los recursos del Estado a vigilar a los enemigos (ZP tiene claro quiénes son), a repartir las empresas privadas entre los amigos, a premiar a los empresarios aliados con cambios en la regulación, yo que sé, de las energías renovables, o subiendo el precio del gas natural (que está a la vuelta de la esquina). Se supone que ese poder en manos de los políticos debía utilizarse para mejorar la situación de nosotros los súbditos y que el abuso del mismo es, simplemente, que hemos tenido la mala suerte de elegir a un político intervencionista y corrupto. Pero se mantiene esa imagen inmaculada del poder como si estuviera esperando (eternamente, eso sí), a que llegue el presidente que sólo mire por el ciudadano común, sin dejarse seducir por ningún interés organizado.

Pero me temo que es un error. El poder no es un invento, una creación ideada para cuidar de la ciudadanía, sino la desnuda realidad de que, simplemente, unos se imponen sobre otros. Una vez montado el engranaje del poder, la eterna lucha con la sociedad le ha obligado a pactar aquí y allá, para ceder una parte a cambio de ganar legitimidad, y para eso ha tenido que someterse a ciertas normas. Pero la política, como dice Bruce Benson, consiste en que "las autoridades públicas intentan aumentar su propio bienestar a través de transferencias dirigidas a sí mismas y a otros que son lo suficientemente poderosos como para afectar al bienestar de quienes toman las decisiones". Es decir, el mangoneo, pero con el BOE en la mano.

Los socialistas lo tienen claro, y por eso no pierden el tiempo en cuanto llegan al poder. Por eso es tan urgente limitarlo.

La T.I.A.

Sin embargo, su principal aportación a nuestra identidad colectiva es recuperar, como lo está haciendo, el legado del inolvidable Ibáñez, nuestro mejor dibujante de tebeos, que con gran visión de futuro reflejó en sus historietas las características que debería tener un cuerpo de agentes secretos verdadera y racialmente español.

A los que crecimos devorando las aventuras de Mortadelo y Filemón no nos sorprende la última fazaña de nuestro servicio secreto. Me refiero a la persecución motorizada con los papeles de acosador y sospechoso intercambiándose continuamente y especialmente a la inteligentísima forma de disimular del primer Anacleto cuando es descubierto por el escolta de Manuel Pizarro. Eso de que te pillen espiando y en lugar de fingir una angina de pecho ponerte a hablar cinco minutos por el móvil gesticulando como un poseso es, desde luego, lo más original que se ha visto nunca en materia de espionaje. Los guionistas de la saga de James Bond habrán tomado buena nota para incluir la escena en la próxima película. Imagínenla: Bond, James Bond, vigilando desde su cochazo las actividades del malo que quiere conquistar el mundo y cuando es descubierto por sus escoltas, en lugar de utilizar el spray de la invisibilidad o cualquier otro supergadget, tira de móvil y se pone a hablar con su churri con el codo en la ventanilla y un mondadientes en la comisura de la boca. Y así cinco minutos oiga, para que los guionistas aprendan de una vez cómo se realiza una maniobra de evasión.

Ahora bien, la T.I.A. ("Técnicos de Investigación Aeroterráquea", recuerden) no espiaba a las personas decentes, aunque estuvieran al frente de una de las principales empresas europeas. De hecho, se dedicaban a neutralizar a los malos con la discutible ayuda de los inventos del profesor Bacterio. Es más, el superintendente Vicente jamás hubiera redactado una nota de disculpa tan chorra como la del CNI sobre su seguimiento a Manuel Pizarro. Porque eso de que el CNI "nunca ha realizado vigilancia alguna sobre personas cuyas actividades no sean objetivo del CNI" no es serio ni siquiera como argumento de un tebeo. Precisamente por eso no es descartable que a partir de ahora lo utilice Zapatero para justificar sus fechorías. "No he dialogado ni mantenido reuniones con nadie cuyas actividades no sean de interés para el Gobierno". Y a ver quien le dice lo contrario.

Los admiradores del gran humorista gráfico sabrán perdonar la licencia de comparar a sus personajes con el CNI de Zapatero. Ibáñez siempre tuvo un gran respeto por la inteligencia de sus lectores.

531 euros por canción

Entre ellos destaca el legislativo sueco, autor de una ley que ha permitido condenar al pago de una multa de 2.124 euros a un pobre hombre por el gravísimo delito de descargarse cuatro canciones. Nada menos que 531 euros por tema. Es el sueño dorado de Teddy Bautista y Pedro Farré.

Afortunadamente para los españoles, la SGAE descarta por el momento presentar este tipo de demandas. Más que nada debido a que les resulta técnicamente imposible conseguir las pruebas de forma legal. Sin embargo, ya tenemos en España quien intenta que sí sea factible. Las discográficas, agrupadas en Promusicae, pretenden que Telefónica les revele la identidad y dirección de internautas que se han descargado música en redes de pares. La operadora, que ahora está del mismo bando que los internautas, se niega debido a que esos datos no son para una investigación criminal. Efectivamente, los derechos de autor nada tienen que ver con la seguridad nacional.

De todos modos no tiene nada de extraño la pretensión de Promusicae, sobre todo si tenemos en cuenta que ya en noviembre de 2005 un grupo europeo de discográficas que respondía a las siglas de CMBA propuso que la información almacenada por medio de la terrible retención de datos sirviera para combatir la "piratería" online. Pero a no ser que los tribunales europeos digan lo contrario, los españoles nos libramos por ahora de esta absurda pretensión. Lo mismo podrán decir los suecos tras la citada sentencia, pues en el país escandinavo los datos almacenados sólo pueden ser usados en casos de crímenes castigados con cárcel.

Eso sí, en el caso de que los tribunales situados en Bruselas dieran la razón a Promusicae, los usuarios españoles de redes de intercambio de archivos pueden ir preparándose. Muchos de ellos vivirán situaciones dantescas como las sufridas por numerosos estadounidenses por culpa de la RIAA o nuestro nórdico amigo al que nos referíamos más arriba. Muchos recordarán todavía cuando Javier Ribas, del despacho de abogados Landwell-PwC, se inventó la presentación de una demanda masiva contra usuarios de redes de pares en 2003. Entonces se trató de una vulgar mentira, tal vez con el objetivo de asustar. Pero si a un juez pagado con los impuestos de los europeos se le cruzan los cables, podría convertirse en realidad.

Con independencia de la deriva que tome el asunto, que las discográficas pretendan que los proveedores de Internet les entreguen una delicada información que los eurócratas les obligan a almacenar no es nada sorprendente. De hecho, aunque ahora no se salgan con la suya seguirán insistiendo. Y antes o después se les sumarán la SGAE y el resto de entidades de gestión de derechos de autor. Ya han dado muestras sobradas de su desprecio por los derechos más sagrados de los ciudadanos. Por eso mismo, no debemos bajar la guardia. Se trata de algo mucho más importante incluso que la absurda cifra de 531 euros por canción.

El negocio de la mentira y el fraude

La rebaja de impuestos de "Sarko" puede suponer una merma en los ingresos estatales de 15.000 millones de euros al año. La pregunta que nos surge es: ¿dónde hará los recortes? Pues en ninguna parte. La idea que planea ahora Francia es subir el IVA para compensar la bajada. No sólo es absurdo, sino que es un fraude al electorado del país vecino.

Prometer el paraíso terrenal para luego desdecirse como si nada es la tónica general de los políticos. No sólo en Europa los altos burócratas presentan tan lamentable comportamiento; en el resto del mundo hacen lo mismo. Bush padre aseguró en campaña: "Lean mis labios, no habrá nuevos impuestos". No fue un comentario ocasional, sino el principal caballo de batalla para ganar las elecciones. Como era de esperar, los acabó subiendo.

De Bush hijo, todo el mundo esperaba un Gobierno liberal en el terreno económico. Prometió incentivar la creación de una "sociedad de propietarios", arreglar la Seguridad Social porque iba a quebrar antes del 2050 y un Gobierno pequeño, entre muchas otras cosas. No sólo no lo hizo, sino que se ha esforzado en la dirección contraria. Ha agigantado el Estado federal, la Seguridad Social norteamericana no ha mejorado un ápice y la deuda estatal tiene dimensiones históricas: desde octubre del año pasado, crece a un ritmo superior a los 1.300 millones de dólares diarios, lo que ya representa más de 29.000 dólares por estadounidense, que llevarán a aumentar los impuestos en el futuro. Los Bush, de tal palo, tal astilla.

No sólo los políticos de "derechas" (o centro) mienten. Bill Clinton dijo que no quería ser recordado como un presidente Eisenhower, un republicano. Pero Clinton, a diferencia de lo que podía esperar su electorado, fue mucho más liberal económicamente que el presidente militar. Proclamó "el fin del Estado del Bienestar tal y como lo conocemos" y liquidó el déficit fiscal. Clinton no fue, ni de lejos, un amante del libre mercado ni jamás estuvo al lado de los ciudadanos ya que aumentó los impuestos e hizo muchas políticas intervencionistas. Su gestión también se rigió por la mentira, y no sólo en el terreno político; también lo inhabilitaron para ejercer la abogacía a raíz de sus embustes.

Lo mismo ha ocurrido con Rodríguez Zapatero. "Quiero un gobierno que no intervenga en la economía", dijo el entonces candidato a la presidencia. Intervencionismo en el caso Endesa, escándalos gigantescos en la CNMV, crecientes subvenciones a los actores, manipulación de las decisiones de la Comisión Nacional de Energía, persecución a grandes empresarios como Francisco González (presidente del BBVA) o Manuel Pizarro (presidente de Endesa), continuas amenazas a la libertad de expresión o prohibiciones económicas y sociales de todo tipo, como las de la ministra de Sanidad, sólo son una parte de las actividades del Gobierno Zapatero. Las demás no han sido mucho mejores.

La confianza en la política es una de las armas que permiten que esas cosas sucedan. La confianza es crucial en nuestras vidas; el libre mercado también depende de ella. Si no confiamos en la gente, no negociamos con ellos. El capitalismo sobrevive en parte a este principio, por eso funciona desenvolviéndose bastante bien. No necesita limitaciones, restricciones ni guías. El capitalismo sólo deja de funcionar cuando lo limitan o manipulan, especialmente si quien lo hace es un mentiroso patológico que usa el fraude y la extorsión para satisfacer sus fines económicos y de rango social; da igual que se llame Clinton, Bush, Zapatero o Sarkozy. Como demuestra la historia, la política es así y no hay nada que pueda cambiarla.

En el capitalismo, cuando un empresario miente sistemáticamente se arruina o va a la cárcel. En política, cuando algún burócrata miente, gana votos. No es un sistema que merezca nuestra confianza ni apoyo. Si los políticos son el mal, reduzcamos el peso del Estado. Como ha dicho Grover Norquist: "No quiero abolir el Gobierno, sólo reducirlo para que quepa en la bañera y ahí se ahogue".