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Rajoy apóstol

En esta España de duelos por los consensos recién muertos y quebrantos del Estado de Derecho, en que el Gobierno crea problemas donde no los había y convierte el escenario público en el retablo de las maravillas, Rajoy ha mostrado su honradez hablando a los españoles de reformas. Una de la sisa pública y la otra del sistema electoral.

Rajoy ha hablado de su propuesta fiscal como si no hubiera habido otras; la madre de todas las rebajas, las de enero y de verano en todo un año fiscal. No es para tanto. Yo creo que los españoles nos beneficiaríamos de una reforma de verdad, que apostara por la sencillez del impuesto hasta dejarlo en un único tipo marginal, sin deducciones. Pero si Rajoy prometiera tal cosa se vería abocado a llevarla a cabo por no faltar a su palabra, y no es él hombre de grandes cambios en materia económica, me da a mí. Al menos reconoce que el mundo no se acaba en el terruño, que estamos en un mundo globalizado en que la competencia fiscal es un hecho y ha propuesto una rebaja del Impuesto de Sociedades apreciable, aunque insuficiente. También abrirá la mano en la descentralización fiscal, con pasos breves, pero en la buena dirección.

De la reforma electoral sólo ha mostrado su preocupación por que el viejo principio del gobierno de las mayorías se haya convertido en el gobierno de las minorías. El sistema electoral es la clave de esta democracia antidemocrática, de esta partitocracia extendida a todas las instituciones, de los órganos reguladores al Tribunal Constitucional. Permite, como en Baleares o Navarra, que el sentir mayoritario de los ciudadanos se quede en nada y favorece a los partidos sectarios, nacionalistas y de oportunidad, que entienden la política como el arte de "¿qué hay de lo mío?".

En las democracias los ciudadanos eligen a los representantes. En España son los políticos quienes los eligen y le dejan a los ciudadanos el mal trago de aceptar toda la lista o rechazarla. Por eso en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, vemos a representantes interpelando duramente al presidente de su propio partido, porque sabe que es a los electores a quien debe su sueldo. Aquí la fidelidad se debe al jefe. Y a la jerarquía de partido le llamamos "democracia" porque somos así de cachondos.

Ninguna reforma que no pase por circunscripciones uninominales se puede considerar como tal. Darle contenido a la palabra democracia en nuestro país. Esa sería la mejor contribución, y la más honrada, de un Rajoy presidente de España. No hace falta adoptar el sistema británico, o el estadounidense. Bastaría con seguir el sistema francés, a dos vueltas, que favorece a la vez la creación de partidos pequeños y de mayorías estables, pero con representantes guardando fidelidad a los electores y no necesariamente al partido.

Me temo que Rajoy no llegará tan lejos. Le falta audacia y acaso le sobre cobardía, disfrazada de prudencia. Sólo su honradez le puede animar a dar ese paso. ¿Hará Rajoy apostolado de la honradez? Esperemos.

Diez años después llega “el cambio”

Pero el caso del asesinato del joven concejal de Ermua tuvo una relevancia política que sí es necesario destacar, sobre todo cuando diez años después de su asesinato tantas cosas han cambiado en España.

Durante las horas que transcurrieron entre su secuestro y su asesinato, España entera se echó a la calle. No tiene tampoco ningún mérito. Es la reacción mínima que un acto de estas características debe provocar en una nación que no haya abandonado hasta el último vestigio de decoro colectivo. Los políticos, todos, fueron interpelados por los ciudadanos que pagamos sus sueldos para que se pusieran de acuerdo en algo tan elemental como es acabar con una banda terrorista. La protección de vidas y haciendas de sus ciudadanos es la principal obligación del Estado, pero aquí tuvo que morir cruelmente asesinada una persona en la flor de la vida para que la clase política empezara a plantearse la necesidad de hacer su trabajo. Da vergüenza ajena admitirlo, pero así fue.

Cuando los líderes políticos acudieron esos días al País Vasco para sumarse a las movilizaciones populares, entre ellos los nacionalistas digamos moderados, la gente les abría un pasillo y les aclamaba. No era un gesto espontáneo de agradecimiento ni de aprobación. Era más bien, según yo lo viví, una forma de exigir a los políticos que además de las "condenas enérgicas" tras cada atentado, empezaran a trabajar unidos para acabar con una banda de delincuentes.

Sólo dos partidos interpretaron correctamente las señales de hastío colectivo que el pueblo llano les lanzó durante aquellos dos días y actuaron en consecuencia: el PP y el PNV, aunque por motivos y con resultados completamente opuestos como es bien conocido. En cuanto al PSOE, su ambición de poder es tal que años después protagonizaría el mayor espectáculo de esquizofrenia moral ofrecido hasta el momento por una organización democrática, Mientras proponía un pacto global para aislar a los terroristas de las instituciones, negociaba con sus representantes con vistas a no desperdiciar los réditos electorales de un final dialogado de la violencia cuando llegara al poder.

No es lícito aprovechar la lucha antiterrorista con motivos electorales, dicen. ¿A quién se le ocurrió semejante majadería? Por supuesto que se puede rentabilizar electoralmente el hecho de que un partido presente un expediente brillante de firmeza frente al terrorismo. Es algo que está al alcance de cualquiera, también del PSOE, especialmente ahora que está en el poder. Si los socialistas prefieren el diálogo con los terroristas y el desprecio a sus víctimas como estrategia política son muy libres también de presentarse a las próximas elecciones con esa "conquista" en su haber. Quien sabe si pueden salir beneficiados; ha cambiado tanto España que los mismos que hace diez años exigían seguir en una dirección, ahora se felicitan de que el Gobierno apueste por la contraria. Al final, votar al partido de Miguel Ángel Blanco va a resultar, antes que una decisión política, una cuestión de decencia cívica.

Sanidad se cabrea

No nos referimos tan sólo a los intolerables límites que las legislaciones europea y española imponen al derecho de información al paciente. Un nuevo caso viene a demostrar la libre iniciativa de los enfermos en busca de soluciones causa la ira de burócratas y políticos, el de la jovencísima enferma de leucemia Patricia Pena.

Esta adolescente, de apenas dieciséis años, lleva buena parte de su vida luchando por salir adelante y hace cincuenta días su familia decidió crear la web Amigos de Pati con la esperanza de encontrar un donante compatible con la joven. Lo han logrado. Lo que debería ser un motivo de alegría para todos ha causado irritación en el Ministerio de Sanidad. Si Bernat Soria se estrenaba como ministro pidiendo la concesión del Nobel a Rodríguez Zapatero en inexistentes y extravagantes categorías, días después su departamento se dedica a atacar a unos padres que han luchado para salvar a su hija. No se contenta con acusarles de actuar de forma inútil y contraproducente. También "desmiente" la información que han dado sobre el caso, vamos, que les llama mentirosos.

Lo que realmente molesta al ministerio de Bernat Soria es que, con una simple web, una familia ha puesto al aire las vergüenzas de un sistema de donaciones que –por mucho que se presuma de lo bien que funciona en España– tiene los inevitables fallos propios de toda burocracia centralizada e intervencionista. En este terreno, como en otros, a la Administración le gusta que todo pase por ella y recela de cualquier iniciativa privada. El motivo salta a la vista, su eficiencia le ha sacado los colores a la burocracia de la salud. Resulta absurdo que desde Sanidad se alegue que la web Amigos de Pati atenta contra el "elemental principio" de confidencialidad. Eso es una obligación del médico y las autoridades sanitarias hacia el paciente, nunca al revés. No se le puede negar a un enfermo el derecho a decir que lo está.

También deberían reflexionar los burócratas sobre un hecho que habla muy a favor de la iniciativa privada cuando se le deja actuar libremente: gracias a la movilización provocada por la web en cuestión, ha habido las mismas pruebas de compatibilidad en el banco de sangre del Hospital Joan XXIII en cinco días que en todo un lustro. Algo que no consigue ninguna campaña oficial de búsqueda de donantes. Si lo que le importara realmente a las autoridades sanitarias fuera la salud de los ciudadanos, deberían alegrarse ante una iniciativa como esta, no criticar a quienes la han llevado a cabo.

Sobre la contradicción entre los datos de Sanidad y los de la familia, la verdad es que uno tiende a fiarse más de esta última. Lo único que hay en juego para los padres de Patricia, y lo más importante para ellos, es la vida de su hija. En cambio, las autoridades tienen otros motivos, como evitar que este caso haga daño a su credibilidad y a la de un sistema claramente deficiente. Aún así, puesto que se arrogan la facultad de proteger la salud de los ciudadanos deberían hacer lo que no evitado hacer: felicitar a Pati y celebrar la oportunidad que se le presenta de salir adelante.

¿Se cree al PP?

No está mal del todo, pero algo suena raro en el discurso del PP. Miremos al pasado. Aznar por ejemplo, bajó los impuestos pero en su periodo de mandato la presión fiscal subió. El héroe los "populares", Nicolas Sarkozy, ha prometido reducir algunos impuestos y ahora el Gobierno galo está estudiando qué otros impuestos puede subir para compensar. De momento probará con el IVA. ¿Hará lo mismo el PP si gana?

Cuando Zapatero anunció los 2.500 euros por niño nacido (a propósito, una medida que sólo en Andalucía costará 640.000 euros al día), al PP le faltó tiempo para gritar que él prometía más dinero aún. La semana pasada, el PP se unió con ERC para dotar a la Ley de Dependencia con 500 millones de euros adicionales. No lo pagan los políticos, sino sus ciudadanos, tengan hijos o no. No lo harán por un acto de amor, sino por la amenaza del Gobierno. Si el PP es tan proclive a regalar el dinero de otros para comprar votos, ¿de dónde sacará el dinero si pretende bajar los impuestos en términos netos? ¿Aumentando la deuda tal vez? Estamos en lo mismo, la deuda de hoy son los impuestos de mañana. La creación de déficit, y la consiguiente deuda, es una forma de financiación aún más sucia y dañina que los impuestos ya que aplaza el problema a un futuro incierto generando desajustes económicos.

Tal vez el PP nos diga que la reducción del gasto se puede realizar dotando al aparato burocrático del Gobierno con mayor eficiencia. ¿Cuántas veces ha oído algo así? Ya decía lo mismo Keynes en los años 30 y así nos va. Nadie razonable, contemplando la historia, puede esperar que el Gobierno sea eficiente. Los impuestos sólo se pueden bajar, si se quiere ser coherente, disminuyendo el gasto gubernamental, esto es, reduciendo la presión fiscal. Si la gente del PP quiere ser transparente, que detallen en cuántos puntos quieren bajar la presión fiscal mediante la bajada de impuestos. ¿La va a reducir en 5 puntos? ¿Tal vez en 10 o 15?

Cada punto porcentual de la presión fiscal, en las cotas actuales, equivale a unos 10.000 millones de euros. Si le resulta más fácil valorar el dinero en pesetas, especialmente cuando las cifras son altas, ese número cifra equivale a más de un billón y medio de pesetas. ¿Cree que el "futuro" Gobierno del PP renunciará a esos ingresos o incluso a más?

Piense como un economista: ¿qué incentivos tienen el Gobierno y los políticos para cumplir sus compromisos, cuando no han de pagar precio alguno por no hacerlo? Por ejemplo, si El Corte Inglés realiza una campaña regalándole 50 euros al adquirir su tarjeta de crédito, y la empresa no cumple –es decir, incurre en fraude, como los políticos cuando nos mienten–, usted no sólo la denunciará, sino que ganará el juicio y la compañía tendrá que indemnizarle (tal vez tarde 20 años en cobrar, pero eso también es culpa de la burocracia gubernamental, en este caso la judicial). Por el contrario, si el Gobierno incumple alguno de sus compromisos, sólo ha de hacer otra promesa y untar con nuestro dinero a los voceros para que dejen de dar la lata en los medios de comunicación. Los actores saben muy bien cómo va esto. Cualquier político, especialmente los grandes, tienen poquísimos incentivos para cumplir sus compromisos.

La propuesta económica del PP es igual que la de cualquier otro partido político de este país (salvando tal vez a IU que, guste o no, aún se inspiran en las ideas). Las alternativas de los "populares" son incoherentes, incluso contradictorias; están vacías de contenido real y sólo apuestan por la compra de votos y el populismo. Ni siquiera se molestan en darnos alguna garantía. Nadie espera todo esto de un partido que se autoproclama "liberal", ¿no?

Bofetón a la CMT en la cara de Telefónica

La razón que ha dado la Comisión Europea para imponerle una multa de 151,8 millones de euros a Telefónica es que entre 2001 y 2006 ofrecía el precio mayorista del ADSL a otras operadoras demasiado alto y el precio minorista a sus clientes demasiado bajo. A eso lo llama "estrechamiento de márgenes". Según las autoridades de Bruselas, eso habría provocado que los competidores de Telefónica no hubieran podido rebajar lo suficiente el precio minorista como para plantarle cara.

El pequeño detalle que esta condena administrativa deja en la cuneta es que dichos precios estuvieron controlados por la CMT, el regulador español de las telecomunicaciones, durante todo ese período. Por tanto, si realmente esos precios estuvieron mal, y seguro que lo estuvieron, pues ningún regulador posee el conocimiento necesario para hacer su labor correctamente, sería la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la que tendría que ser condenada y quien tendría que pagar la multa. Naturalmente, Telefónica recurrirá, por eso y porque las anteriores multas a operadores telefónicos fueron entre 10 y 15 veces más bajas.

No obstante, no está claro que realmente Telefónica (o, para ser más exactos, la CMT) estrechara realmente los márgenes. Como argumenta la Asociación de Internautas, en nuestro país no se han desarrollado muchas redes alternativas, lo que indicaría que el precio mayorista era demasiado bajo. En cambio, ha habido una auténtica explosión de empresas que se dedicaban a revender el ADSL de Telefónica, lo que sería un indicio de que el margen era muy amplio.

Lo único que está claro es que la Comisión Europea, seguramente por echarle un pulso a los reguladores nacionales, ha decidido que las empresas pueden ser multadas por obedecer a la CMT y también por desobedecerla. Es como si a Telefónica le hubieran dicho en Bruselas lo que las autoridades antimonopolio le decían a Tom Smith y su increíble máquina de hacer pan en la fábula de R.W. Grant:

Aumento ilegal de precio
es cobrar más que un colega,
pero si cobra usted de menos
es desleal competencia.

Y téngalo bien presente,
no haya en esto confusión:
si cobran todos lo mismo
será confabulación.

¿Y qué ha hecho el Gobierno, el responsable de la CMT? Lavarse las manos. Tampoco parece que esté por la labor de actuar para eliminar el verdadero freno a la competencia en España, que no es otro que el mes o dos meses sin conexión que transcurren entre que te das de baja de un operador para poder pasarte a otro. Yo mismo, sin ir más lejos, ni he mirado otras ofertas de conexión alternativas a la que tengo por eso.

Sócrates y la cocaína

Hoy la mayoría se aburriría con esas historias y algunos, para alcanzar esos estados de ánimo, recurren a la moderna alquimia, que convierte la molécula en felicidad. ¿Qué diría Sócrates de la España que lidera el ranking mundial en consumo de cocaína?

Seguramente le parecería igualmente inmoral. A mí también, pero me temo que prohibir lo inmoral no es lo más adecuado. Hay un hecho sorprendente de la sociedad, pero que es necesario observar. Y es que hay comportamientos que son en la gran mayoría de los casos perniciosos, pero para los que la solución más inmediata, la prohibición, crea más problemas de los que queremos solucionar. Eso ocurre con el consumo y tráfico de drogas.

Yo no me engaño, sé que con un mercado liberalizado tendríamos más drogas y de mayor calidad. Pero al menos los consumidores tendrían la garantía de las marcas: sabrían qué se están metiendo entre pecho y espalda. Y serían notablemente más baratas; nadie tendría que saltarse la ley para costeárselas.

Ocho de cada diez crímenes, grosso modo, tienen relación directa o indirecta con las drogas. Si uno pudiese acudir sin más a un comercio del ramo para alquilar unos minutos de aparente felicidad ese porcentaje caería a plomo. El poder del consumo de drogas hace inútil cualquier intento de frenarlo por medio de la prohibición. Ésta sólo lo cubre con un manto de ilegalidad que atrae, fomenta y protege todo comportamiento indeseable.

Todos los recursos de las fuerzas policiales dedicados a combatir el tráfico de drogas dejarían de crear (de forma involuntaria) un foco de criminalidad, y podrían dedicarse a los verdaderos crímenes: atentados contra la vida y la propiedad de las personas.

No hay soluciones por decreto a los problemas sociales, pero sí podemos formar personas responsables. Claro, que es un esfuerzo individual.

Hipocresía climática

Por lo menos, lo hace por puros motivos estéticos, profilácticos y ecológicos, eso sí; de la moral privada no ha llegado a decir nada, al menos que yo sepa. Que si resultaba feo, que si el "pulmón verde" de Madrid –viva la cursilería– está para el tránsito a patita de los ciudadanos, que si los coches jamás debieron haberla cruzado…

Así, ha hecho suya "una reivindicación histórica del PSOE", como ha declarado la temporera portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pilar Gallego. Muy bien, pero ahora ¿qué van a hacer ellas? ¿Van a dedicarse a otro oficio o a otra acera? Los fugaces encuentros entre prostitutas y clientes se seguirán produciendo, pero ahora tendrán que descubrir el sitio de Madrid en que las primeras puedan acortar sus esperas y los segundos sepan dónde encontrarlas. Lo que no cabe duda es que, por más que resulte hiriente para los demás, la relación es totalmente consensuada y los dos son dueños de su cuerpo y de su tiempo y pueden hacer con ellos lo que les plazca.

La antigua inquisición, al menos, tenía un cuerpo doctrinal de peso. Los neoinquisidores son capaces de prohibir algo tan propio y consensuado porque les parece inmoral, para acto seguido defender que una madre acabe con la vida que ha engendrado porque "puede hacer con su cuerpo lo que quiera". Esto es doblepensar, o en el caso de nuestros progres, del PSOE o del PP, ceropensar.

Me topo en La Razón con la vida de Carolina. Tiene 32 años y hace doce tomó la decisión de prostituirse en Madrid. "Experimentas, valoras y decides", dice. Prefiere la calle, porque "en un club te paga tu jefe y trabajas para él. En la calle, tú mandas. Decides tu horario y al cliente. Te vas con quien quieres y cuando quieres. Yo soy mi jefa". ¿Tiene pinta de no saber lo que hace? Claro que hay otros casos, con circunstancias en ocasiones muy duras, pero han tomado el camino de la prostitución como podían haber elegido otro. La responsabilidad es suya, pero la libertad también.

Ya puestos, Gallardón ha seguido con su guasa, y ahora quiere prohibir los sex shops. Gallardón lava más blanco, advierte, y todo lo feo, inmoral, desaconsejable, comienza a peligrar en Madrid. ¡Qué bien! ¡Con la cantidad de ministerios que tenemos!

Gallardón lava más blanco

Shakira, Police, Madonna, Red Hot Chilli Peppers, Enrique Iglesias, Maná y un sinfín de adictos a los vuelos intercontinentales, los aviones privados, las limusinas, las mansiones bien iluminadas y al último grito en cacharritos electrónicos pretenden convencernos de que el mundo se acabará si los demás no dejamos de respirar o de conducir nuestros coches pasados de moda. Cualquiera diría que nuestros reproductores de CD dan vueltas gracias a carruseles de hamsters convenientemente situados para hacer girar los discos.

Hace unas semanas tuve la desgracia de conocer a una famosa activista británica anti-cambio climático que aseguraba a un auditorio repleto de fieles que sólo quedan diez años para salvar al mundo de la depredación capitalista que llevan a cabo los seres humanos de Occidente. Para evitar el desastre proponía la más completa sovietización de la economía que uno pueda imaginarse. La chica, segura de sus sensibleros poderes de persuasión, no se molestó en dar ni un solo dato de cómo y en qué medida la planificación centralizada de la economía que ella proponía iba a rebajar la temperatura. Mucho menos aún se preocupó en indagar en el coste económico de su plan. Eso sí, no escatimó en realizar detalladas explicaciones de cómo hay que abducir a los niños para gobernar sus mentes y ganar la batalla política. Las únicas pruebas científicas que sometió al escrutinio de los "expertos" eran unos videos en los que archifamosos actores y cantantes repetían machaconamente que el mundo se acaba y que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida.

Pero volvamos a los estridentes conciertos de este fin de semana. Como no podía ser de otra forma, el ideólogo de estos eventos es el vaquero Al Gore, que galopa a lomos de su jet privado y a quien Hollywood parece seguir –salvo honrosas excepciones– como si de un Mesías se tratara. La aureola que recubre a este príncipe de Asturias y de la demagogia puede esconder a veces la realidad a algunas personas pero no podrá tapar todas las grandes contradicciones de su actividad a todo el mundo y de manera continuada. Para organizar estos conciertos se necesitan emitir una inmensa cantidad de CO2 a la atmósfera, aunque seguro que en este caso se trata de moléculas con sensibilidad y conciencia social. Por otro lado, estos conciertos producen montañas de basura que o bien se incineran o bien se tendrán que reciclar siendo muy complicado hacer cualquiera de las dos cosas sin emitir más CO2 a la atmósfera. Además, la gente se desplaza a estos eventos desde largas distancias y, aunque por fortuna sólo hay nueve de estos conciertos en el mundo, como la humanidad aún no ha logrado desarrollar el teletransporte que ayudaría a prescindir de la combustión de petróleo para tales efectos, la música comprometida no logrará reducir tanta emisión de dióxido de carbono.

Gore y su corte de tonadilleros de lujo son unos sacerdotes histriónicos que tratan de sepultar el debate científico y sacar tajada del miedo que meten en cuerpo ajeno. Menos mal que no todos los científicos se venden a las subvenciones públicas ni todos los músicos están dispuestos a hacer de comparsa por un fajo de cheques de las petroleras amigas de Kyoto. Arctic Monkeys ha sido quizá la voz más lúcida en este sentido. El batería de la banda declaró que sería un tanto hipócrita participar como banda de rock en el Live Earth cuando sólo las luces de un escenario gastan más electricidad que 10 casas. El colmo de la sinceridad y la sensatez lo exhibió el bajista al declarar que cómo iban ellos a participar en semejante evento si están siempre subiéndose o bajándose a algún avión. Esperemos que no dejen de hacerlo y que la gente joven sepa elegirles como antídoto a la hipocresía Gore del cambio climático.

El eterno agravio

Curiosamente, los que más énfasis ponen en su exigencia de una compensación histórica pertenecen a regiones españolas que en los dos últimos siglos han gozado de un mayor nivel de vida. Sin embargo, la ominosa certeza de haber sido siempre una nación sometida al yugo extranjero es más fuerte que la satisfacción de disfrutar de un bienestar muy superior al de los propios opresores. Cuando los campesinos del sur de España, entre ellos mi padre, acudían, por ejemplo, a la campaña de la manzana de Lérida a trabajar catorce horas diarias y a dormir tirados en una manta en las naves agrícolas, no eran conscientes de que estaban tiranizando al noble pueblo catalán. Sus hijos ya lo sabemos gracias al señor Cerdá (con acento agudo), y esa es una mancha que llevaremos siempre para nuestra vergüenza.

En la sede de la soberanía nacional hemos de escuchar a estos políticos compitiendo por ser los más agraviados. Los países catalanes, el pueblo vasco, las naciones gallega y aragonesa y el nonato estado canario ponen de manifiesto, por boca de sus representantes, la existencia de estas injusticias ancestrales que ni siquiera el régimen democrático del 78 ha corregido de forma satisfactoria.

En las anteriores legislaturas existía el sobreentendido de que el discurso victimista era una mera cuestión táctica para obtener más dinero del Estado. Con ZP en el poder, y este es un mérito únicamente suyo, esta peculiar retórica se ha convertido en aspiración política irrenunciable.

En la tribuna del Congreso se exigió un referéndum para la autodeterminación de algunas regiones y se afirmó que la ciudadanía española ha sido impuesta, sin su consentimiento, a varios millones de personas (¿?), declaraciones que van abiertamente en contra de la Constitución. Y ante esas andanadas y otras más que siguieron, ZP comenzó su réplica agradeciendo a los protagonistas su exquisito talante democrático y continuó mostrando su firme decisión en seguir trabajando para que tanto agravio se vea alguna vez redimido. A ver si lo hace pronto, porque los opresores murcianos, tiranos andaluces y déspotas madrileños ya no soportamos más tanto cargo de conciencia.

Prohibamos las dietas milagro del Gobierno

Como todo tirano alucinado, los políticos del Gobierno están exentos de sus leyes. Salgado nos ha servido el ejemplo de la publicidad engañosa. No hay organización en el mundo que realice una publicidad engañosa más evidente y dañina que el Gobierno. Prometen, como dice Salgado, "dietas milagro" que acaban siendo un penoso lastre para todos nosotros. Es una dieta donde se sacrifica la libertad y la elección para obtener algo tan abstracto como la felicidad, que luego nunca llega.

Por ejemplo. Zapatero prometió "un Gobierno que no intervenga en la economía" y tenemos la economía más intervenida de toda la democracia. Prometió tarifas "asequibles" para la conexión a Internet y estamos igual que como empezamos. Esto lo podemos extender a la vivienda, al terrorismo o al "capitalismo de amigotes" que tanto gusta al presidente manejando las empresas como si fueran fichas del Monopoly. Sus promesas de alegría, felicidad y progreso se han traducido en mayor presión fiscal, continua desaceleración productiva, más regulaciones, menor poder adquisitivo, multas de todo tipo y monopolios mejor consolidados, especialmente mediáticos. Si aplicásemos la lógica de Salgado al Gobierno, todo el equipo socialista tendría que ir a la cárcel y pagarnos unas indemnizaciones astronómicas para compensarnos.

El Gobierno aumenta día a día su tamaño. La ministra de Sanidad, tras su particular guerra fallida contra el tabaco y las drogas, ahora nos ordena cómo hemos de adelgazar y cómo no. Si aún cree que el Gobierno impondrá un control imparcial, sin cargas, que nos salvará de las "malas prácticas empresariales" o que eliminará de un plumazo la anorexia o bulimia, es que vive en otro planeta.

Para el observador incauto, esta nueva guerra contra la "publicidad engañosa" (la privada) es un soplo de esperanza que producirá una mayor felicidad. Lo que no parecen ver los socialistas es un principio económico básico, y es que las continuas regulaciones crean barreras, reducen la productividad, la innovación, la competencia, aumentan la presión al contribuyente, son partidistas y consolidan o levantan monopolios. Sólo las mayores empresas pueden permitirse un mercado burocratizado, por eso las grandes firmas suelen apoyar las medidas del Gobierno: les libera de competencia y les permite establecer altos precios de venta al cliente final. Además, el intervencionismo jamás acaba solucionando nada. Todo acaba desembocando en un tráfico de favores. Es lo que la escuela del Public Choice llama logrolling, lo que siempre se ha llamado quid pro quo (dar algo por algo) o lo que los españoles conocemos por "mamoneo" y "cultura del pelotazo". Las decisiones masivas y pacíficas del mercado, de la gente, son sustituidas por la parcialidad e intransigencia del burócrata y su capacidad para legislar.

Pero hay más. El control gubernamental nos convierte a todos en víctimas del Estado y potenciales delincuentes. Miremos la lucha contra las drogas. A muchos les parece loable que el Gobierno se meta en lo que otros consumen, pero ¿estarían también de acuerdo en que el Gobierno les obligara a perseguir y espiar a los que les rodean? Eso pretendió Salgado. Quería que los camareros vigilaran a sus clientes para ver si consumían drogas. Después de anunciar su propuesta, tuvo la desfachatez de decir que no quería convertir a los camareros en policías.

Las dietas milagro de una sociedad mejor y feliz son un gran embuste, como nos enseña la Historia. Las promesas políticas incumplidas no penalizan la mala gestión ni la irresponsabilidad como nos ocurre a nosotros, sino que sirven al Gobierno para tomar más fuerza, conduciéndonos, inevitablemente, a la servidumbre y a la pobreza.