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El socialismo del XXI, o del XIX

En cuanto un personaje de la izquierda pone como ejemplo experiencias democráticas foráneas, tenemos que echarnos a temblar. Acordémonos de la admiración de la progresía patria por el Chile de Allende. Mi amigo José Piñera explica admirablemente cómo este protomártir siniestro primero ignoró y luego destruyó la democracia en su país. Era, al fin, un obstáculo de lo más molesto para su último objetivo, que siempre fue llevar al país al socialismo. A la tiranía, en fin.

A Chávez la democracia le resulta también un estorbo. Ya demostró el interés de progreso que tenía en ella cuando protagonizó un golpe de Estado contra CAP. Luego ha seguido protagonizando otros hitos de hombre progresista cerrando medios de comunicación incómodos, por ejemplo. También ha nacionalizado el que está considerado como el mayor pozo petrolífero del mundo, siguiendo el camino de Evo Morales. Es una fuente de ingresos especialmente útil para los dictadores, porque no necesitan a la gente para extraerlos; no son como los impuestos.

La progresiva socialización de la economía ya está rindiendo sus frutos de progreso. Los bienes básicos ya no van a los mercados. Los venezolanos tienen que dedicar el tiempo que no pueden destinar a mejorar su condición a esperar largas colas en unos comercios cada vez más desabastecidos. Chávez está persiguiendo a los productores, y les impone precios máximos, que siempre llevan a abastecimientos mínimos y colas interminables. Su última propuesta como hombre de izquierdas pasa por someter a los bancos a sus proyectos socialistas, o nacionalizarlos si no se pliegan a ellos. No hay problema. En el XX pudimos comprobar que no hay villanía que no cuente con el apoyo de los intelectuales y el "socialismo del siglo XXI" que pregona Chávez ya tiene sus Riefenstahl, o sus Bertolt Brecht.

El socialismo, o el crimen hecho ideología, no desaparecerá jamás. Y como tampoco necesita de muchas sutilezas para imponerse, ni las utiliza, ¿por qué no recuperar a Marx para construir ese socialismo del XXI? Total, ¿qué más da? Marx tiene la virtud de que se puede explicar en un par de frases, en el par de lecciones que Sevilla le dio a Zapatero, o en los miles de tomos inútiles que se han escrito en su nombre. Y es tan falso que quien lo adopta queda automáticamente inmune a cualquier experiencia o razonamiento. Bien, pues Chávez ha resuelto imponer a las empresas que dediquen cuatro horas semanales a explicar el marxismo a sus trabajadores. ¡Cuatro horas semanales! Con lo sencillo que resulta resumirlo todo en una sola cifra: cien millones de muertos.

ZP no cree en el calentamiento global

Ante esta perspectiva, cualquier ciudadano respetuoso con la sostenibilidad y mentalizado con los riesgos medioambientales elegiría construirse una casa en lo alto de una colina en plena cordillera central antes de hacerlo en primera línea de playa. Y, sin embargo, Zapatero ha hecho esto último, a pesar de las advertencias de la ministra Narbona, que en repetidas ocasiones ha aconsejado a la gente que huya de las cercanías de la costa ante la inminente subida de los mares. La residencia veraniega de nuestro presidente estará por tanto entre las primeras que serán engullidas por el océano en cuanto lo del cambio climático pegue el petardazo tantas veces anunciado. Pero como ZP es un tipo bragado, no sólo ha comprado una casa peligrosamente cercana al mar, sino situada además justo en la desembocadura de una rambla, con dos cojones.

El lugar elegido para la segunda residencia de la familia Rodríguez es la ciudad almeriense de Vera, cuyo ayuntamiento ha conseguido la proeza de convertir ese bonito pueblo costero en el primer municipio del mundo mundial que declara urbanizable la totalidad de su superficie. Ciento quince mil viviendas se construirán próximamente en la zona, lo que no está nada mal para un pueblo de once mil habitantes. Con esta inversión, Zapatero hace un flaco favor al discurso de su partido en todas las localidades costeras (en las que no gobierna, me refiero), denunciando incansable la tragedia del urbanismo salvaje, de la que al parecer tan sólo la derecha es responsable. Pues a ZP no le parece tan salvaje, y si se lo parece lo disimula bastante bien.

En sus últimas intervenciones dentro de la actual precampaña electoral, Zapatero ha hecho hincapié en su firme determinación de luchar contra el cambio climático. Lo que no sabíamos es que iba a combatir en primera línea de fuego. Una de dos, o es un farsante que mide nuestras luces en función de las de su gabinete, o es todo un valiente. En cualquier caso, ¡qué tío!

La burocracia del Katrina

Cuando la crisis del Katrina se produjo, los norteamericanos desembolsaron inicialmente 600 millones de dólares de sus bolsillos ofreciendo sus casas, todo tipo de material, suministros y ayuda a quien la necesitase. El auxilio ciudadano y privado no se limitó "sólo" a esto. Aunque es muy difícil realizar el cálculo total, a febrero del año pasado, el Center on Philanthropy de la Universidad de Indiana computó más de 3.000 millones de dólares en donaciones privadas.

Mientras tanto, el Gobierno de los Estados Unidos montaba el show. No sólo dificultó la ayuda, sino que incluso la vetaba: camiones de Wal-Mart con agua y suministros fueron rechazados por el FEMA, la Guarda Costera bloqueó la entrega de combustible a particulares, 600 camas de la Marina se quedaron sin usar, a los bomberos se les ordenó irse de las zonas inundadas, una gran parte del dinero extranjero fue rehusado y muchos ciudadanos fueron retenidos por la Guardia Nacional y el FEMA cuando intentaban ayudar. El FEMA, según la Government Accountability Office, usó parte del dinero en casinos, armas, alcohol, condones y hasta tatuajes. Dos auditorías del Gobierno desvelaron que 900.000 de las 2,5 millones de personas que pidieron ayuda al FEMA pusieron en la solicitud números de la seguridad social duplicados o simplemente nombres falsos. También el FEMA contrató tres cruceros con la conocida empresa Carnival Cruise –que quedaron varias semanas semivacíos– por un importe de 236 millones de dólares.

Además, gran parte del dinero extranjero no se usó porque los políticos se dedicaron a filosofar sobre qué hacer con él o se perdió debido a retrasos burocráticos.

Pero si esto fuera poco, el Gobierno dilapidó 125.000 millones de dólares del pagador de impuestos que aún no se sabe muy bien donde han ido y la situación en Nueva Orleans no ha mejorado demasiado. Una parte de la ayuda extranjera que gestionó el Gobierno –25 millones de dólares– fue a parar directamente a la Bush-Clinton Katrina Fund, fundación de los dos últimos ex presidentes. Cuando hay dinero por medio, los políticos son capaces de hacer hasta fundaciones benéficas. La lista de incoherencias y abusos gubernamentales es larguísima.

Los gobiernos occidentales, con esta actitud de salvadores divinos, están lanzando un mensaje claro a la gente: ciudadano, no hagas nada porque tu Gobierno se ocupa de hacerlo por ti, sé sumiso y estúpido. Pongámonos a temblar. Los resultados siempre son los mismos: corrupción, millones de dólares o euros perdidos, otros tantos arrebatados al pagador de impuestos y mucho sufrimiento.

Ningún Gobierno es una ONG ni un club de altruistas. Las ONG no impiden a su "competencia" que ayuden a las víctimas, ni van casa por casa a recaudar una ayuda forzosa que no será usada con ese fin. El Estado no puede centralizarlo todo. Si cualquier Gobierno es incapaz de satisfacer sus funciones más básicas como mantener nuestra seguridad u ofrecer un servicio de justicia mínimamente decente, ¿por qué esperamos de él que haga cosas más difíciles como solucionar nuestros problemas económicos o salvarnos del cambio climático y de las grandes catástrofes?

El cordón de Sofía

En el fondo de la polémica está el motivo que es el que no se dejan las dos bolsas en España. Si fuera porque en nuestro país no contamos con la misma tecnología para la conservación de la sangre del cordón, el debate no tendría mucho recorrido. Pero la razón por la que tanto los Príncipes como muchos ciudadanos de a pie envían estas muestras fuera de nuestras fronteras es el intento de escapar al comunismo normativo que el Gobierno ha impuesto sobre los cordones umbilicales. Y es que la legislación española viola la propiedad privada de los depósitos de sangre de cordón umbilical en bancos privados. Por alucinante que parezca, uno no es dueño de su cordón umbilical ni aunque pague a una institución privada por conservárselo. El verdadero dueño es el gran hermano estatal. En efecto, el real decreto aprobado por el Gobierno del Partido Socialista obliga a los bancos privados de cordón umbilical a ceder sus muestras de forma altruista. A este aberrante ataque contra la propiedad privada es a lo que De la Vega se refirió como "una decidida apuesta para que nuestro sistema siga siendo un referente ético mundial".

Está visto que la Realeza española no piensa igual que la vicepresidenta. No sé si se deberá a que su sangre no es roja o a que, como cualquier padre y madre responsables, los Príncipes piensan y actúan en beneficio del bienestar de sus retoños.

Además, la norma española prohíbe el carácter lucrativo de estos depósitos. Esta medida no sólo viola la libre contratación de un servicio en torno a un bien privado cercenando así la libertad individual de los padres a la hora de elegir el uso de la sangre del cordón umbilical de sus hijos, sino que vuelve prácticamente inviable el desarrollo de los bancos privados en España dejando a los españoles y a sus empresas en una desventajosa y discriminatoria situación en comparación con otros países europeos.

Hace dos meses, el Tribunal Constitucional decidió admitir a trámite el recurso al real decreto socializador presentado por la Comunidad de Madrid. Por el bien de las familias que no pueden comprar su libertad enviando el cordón umbilical de sus hijos al extranjero, esperemos que el tribunal le dé la razón a quienes con la Comunidad de Madrid defienden la libertad de padres e hijos y la propiedad privada de sus cordones umbilicales.

El día del sindicalista

No parece importarles mucho que la inmensa mayoría de esos trabajadores no se sientan representados por ellos ni estén muy interesados por sus servicios, y por eso no se afilian; quizás porque saben que los grandes sindicatos son en realidad burocracias funcionariales preocupadas por protegerse a sí mismas parasitando a los auténticamente productivos, creando todo tipo de obstáculos y dificultades para luego vender facilidades y presentarse como salvadores y agentes sociales indispensables.

Hace tiempo que se dedican más a la política que a lo laboral, como demuestran sus vacuas y tópicas declaraciones contra el terrorismo y las guerras y por la globalización de los derechos humanos, la sostenibilidad medioambiental, la legalidad internacional, la igualdad, la justicia, la paz y la libertad (no tienen vergüenza ni sentido del ridículo). También comentan algo difuso y sin concretar mucho acerca del trabajo decente, el empleo de calidad y el salario digno. Y en cuanto pueden meten en su discurso a los débiles, a los marginados, a los pobres, a los desprotegidos, a los dependientes, a los niños…

Para aparentar que son muchos y muy activos periódicamente organizan manifestaciones (cada vez más minoritarias) de celebración y reivindicación de presuntos derechos. O sea que exigen más (dinero, comodidad, descanso, seguridad) a cambio de nada o nos vamos a enterar. Exhiben los logros obtenidos para la parroquia de fieles y muestran su poder de convocatoria a los contrincantes políticos. Todo bajo el camuflaje del diálogo social, el pacto y el consenso democrático.

Sus celebraciones de logros podrían denunciarse penalmente como publicidad engañosa: "reformas en nuestro mercado de trabajo que están mostrándose positivas para la contratación indefinida"; "medidas en materia de seguridad social que garantizan la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones"; "la ley de atención a las personas dependientes que arbitra un nuevo derecho de ciudadanía y generará miles de puestos de trabajo cualificados". Se muestran orgullosos de su coacción legalizada: "se ha promulgado la ley de igualdad donde el movimiento sindical ha logrado introducir la obligatoriedad de negociar planes de igualdad en las medianas y grandes empresas".

Reivindican soluciones a problemas que ellos mismos causan o cuyas soluciones dificultan como la precariedad en el empleo. Alarman presentando la siniestralidad laboral como una "catástrofe nacional". Acusan sin pruebas ni argumentos válidos de discriminación salarial entre hombres y mujeres. Fomentan la envidia y el rencor por el "insultante" crecimiento de los beneficios empresariales en relación a los incrementos de los salarios. Se quejan de los precios de la vivienda sin ofrecer soluciones eficientes Exigen más colectivismo e intervencionismo en sanidad y educación, justo lo que reduce su calidad e incrementa su coste.

Injurian a las empresas que abandonan el país (en gran parte debido a la baja productividad fruto de las rigideces laborales y las insaciables exigencias sindicales) con que "practican la rapiña impunemente dejando a miles de familias abandonadas a su suerte"; se quejan de que no se pueden ir porque han recibido subvenciones y luego piden más subvenciones. Reclaman "normas europeas vinculantes que sienten las bases de un derecho del trabajo común", o sea que ningún país pueda librarse de la rémora de la regulación laboral sindicalista. Quieren "un gobierno económico europeo" (socialismo multinacional), "directivas sociales, garantías de servicios públicos para todos los ciudadanos": aquí están descaradamente defendiendo los privilegios de sus principales afiliados, los funcionarios de los generalmente muy mejorables servicios públicos.

Son palabras de José María Hidalgo, de Comisiones Obreras, y de Cándido Méndez, de UGT. "Nos sentimos orgullosos de ser los principales creadores de riqueza y exigimos nuestros derechos". Exigir, que no pedir, es propio de ellos, pero cuesta imaginar a un sindicalista creando riqueza.

Y si no, nos enfadamos

Acostumbrados como están a salirse con la suya sin que los españoles, mayoritariamente contrarios a su canon en todo rango de edades y afiliaciones políticas, sean consultados o siquiera tenidos en cuenta, se marcharon dando un portazo de la reunión del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI) en cuanto Francisco Ros, secretario de Estado de la cosa, explicó su intención de abrir un debate sobre el temible artículo 17 bis.

¿Qué no nos dais la capacidad legal de censurar páginas web? Pues nos enfadamos y nos vamos. Hay que recordar que el polémico artículo, que paradójicamente iba a formar parte de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información, otorgaba a las entidades de gestión de derechos de autor la potestad de ordenar a los proveedores de Internet tanto el cierre de páginas web que consideraran que violaban los derechos de sus asociados como la retirada del acceso a los usuarios que compartieran contenidos protegidos, todo ello sin intervención judicial y ni siquiera administrativa. En definitiva, les facultaba para ser juez y parte. Ese era el impulso a la sociedad de la información que habían acordado con el Gobierno de Zapatero.

Además, la polémica inclusión de este artículo en el anteproyecto de ley se había realizado sin consultar con el CATSI, donde están representadas las asociaciones de internautas, los proveedores de Internet y otras empresas tecnológicas, además de la SGAE y acólitos. Es decir, se intentó colar por la puerta de atrás. La idea, como suele suceder, era imponerla como hecho consumado y que el debate tuviera lugar a partir del artículo 17 bis ya incluido en el proyecto de ley y en trámites de ser aprobado. Es la táctica habitual de las gestoras de derechos: mover el debate hacia sus posiciones de modo que, sea cual sea la conclusión del mismo, seguro que algo de terreno ganan. Hacen lo mismo, por ejemplo, al hablar de meter el canon en la cuota que pagamos al conectarnos a Internet, de modo que tengamos que pagar por conectarnos, almacenar lo que nos bajemos, por el aparato de grabación y por el soporte donde lo guardemos. Si pasamos a discutir sobre lo malo que sería, ya nadie protestaría por el canon realmente existente, y de nuevo jugaríamos en la parte del tablero que le interesa a la mafia de autores y discográficas.

En esta ocasión, sin embargo, se han excedido tanto en sus pretensiones que el escándalo al saberse el contenido del 17 bis y la cercanía de las elecciones han obligado al Gobierno a echar marcha atrás y a Francisco Ros a plantear el debate desde cero, y no a partir del infame texto legal hecho a la medida de quien interpretara en Jesucristo Superstar el muy apropiado papel de Judas Iscariote. De modo que Pedro Farré y demás representantes de las gestoras en el CATSI se enfadaron y se largaron de la reunión, al ver que por primera vez les fallaba su táctica preferida. Menos mal que no se dedicaron a dar puñetazos al estilo de Bud Spencer y Terence Hill en aquella película española en la que se podía contemplar una ribera del Manzanares prácticamente yerma. Ganas, desde luego, no les faltan.

Pero, ¿necesitamos una CNMV?

Su objetivo no declarado consistía en "cartelizar las fuentes de nuevo capital, y dirigir las nuevas ofertas de ahorro a empresas lo suficientemente grandes" y "congelar a las más pequeñas" (Rothbard, 2002). Pero su justificación era muy otra: proteger al inversor medio.

Antes, los propios mecanismos del mercado se encargaban de hacerlo. Tuvo que llegar la Administración Roosevelt, resuelta entusiasta del control, para dar vida a la SEC. Pero los objetivos declarados y reales de los organismos públicos jamás se cruzan, y es el caso de la SEC como lo es de la CNMV. Cualquier lector de este periódico sabe de los saltos en la cotización de las empresas días antes de ser opadas. El inversor no está entre sus preocupaciones, o al menos no sirve para defenderle. Y hace el mercado más opaco, en lugar de contribuir a su funcionamiento. La Bolsa de Madrid no necesitó una CNMV desde su nacimiento, a comienzos del XIX. Tampoco lo necesita ahora.

Los organismos públicos son como seres vivos. Luchan por sobrevivir y adquieren tantas funciones como les sea conveniente para aumentar su poder. Si interviniese cada vez menos pondría en peligro su misma existencia, por lo que está incentivada a sobreactuar. Especialmente si por hacerlo se lleva, como en 2006, 24 millones de euros, a medias con Economía.

Y no tiene que mostrar su probidad compitiendo en el duro mercado. Recuerden el caso Enron. Una gran empresa privada se encargaba de auditarla: Arthur Andersen. ¿Qué ocurrió con ella cuando se descubrió que no cumplía con su papel? Desapareció. La SEC, que en teoría iba a evitar casos como el de Enron, no sólo no se disolvió, sino que pidió más poderes. Vayamos ahora al vergonzoso asalto a Endesa. ¿Qué habría sido de la CNMV si, como Arthur Andersen, viviera de su propio prestigio? Habría desaparecido. Acaso esta sea la oportunidad de que lo haga.

Gamoneda de cambio

Claro que, si hasta Gustavo Bueno ha escrito sobre el pensamiento de Zapatero, yo no voy a ser menos. No iré tan lejos como para aplicarle el cierre categorial, aunque sólo sea porque la nebulosa yuxtaposición de topicazos postmarxistas que maneja el personaje se presta más a la ouija que a la ciencia.

Este domingo nos lo encontramos vestido de progresista. Zapatero, señores, ha hablado de pobreza. ¡Qué digo! De "Pobreza", así, con mayúsculas, que "tiene mucho que ver con el Amor y con la Solidaridad, así nos lo han enseñado filósofos y poetas", dice en su carta abierta a Gamoneda. Si Ferrocarril de Matallana es el mejor poema que ha leído, según confesión propia y en público (dice en laica penitencia), imagino que lo que ha aprendido sobre la pobreza del lado de los filósofos le vendrá de Pero Grullo o de Chomsky.

Ya en faena, insisto, no le busquemos la lógica, porque, por un lado, la pobreza es hermana del amor y la solidaridad y, por otro, madre de "dolor innecesario, tristezas y humillación". Pero Zapatero identifica la pobreza con la injusticia, como si fuera impuesta por los demás, o por "la sociedad"; como si el propio comportamiento fuera algo completamente ajeno. Es una idea paralizadora, porque en ella no tiene cabida el esfuerzo propio, el trabajo honrado y el estudio. No cabe la empresarialidad, el afán de mejora. El pobre nada puede hacer. No hay más esperanza, eso sí, que la del político salvador para imponer, de un golpe de mano, la justicia. El reparto del botín, vaya. Por eso habla de la pobreza "como destino", y de "la posibilidad humana de imaginar y actuar" sobre la miseria, no desde la miseria.

¿Por qué los progres hablan de la pobreza como si fuera cosa suya? ¡Si lo que hacen es enriquecerse mientras predican la miseria para todos los demás! Lo cierto es que en Zapatero, muñidor de todas las estrategias legales e ilegales para entregar Endesa a sus amigos, Montillas y Arenillas de por medio, el discurso sobre la pobreza queda especialmente vacío.

Por lo demás, seguiré su consejo de leer a Gamoneda.

El socialismo causa la corrupción

Resulta curioso que una de las personas que más ha hecho por destapar casos de corrupción en este país no se haya dado cuenta de que el socialismo es el caldo de cultivo de la corrupción ni de que socialismo y corrupción son dos realidades estrechamente unidas. Con esto no quiero decir que casos de corrupsoe como Filesa o este nuevo escándalo urbanístico en Ibiza no puedan darse en partidos distintos del socialista. A lo que me refiero es a que el socialismo fomenta la corrupción y multiplica su potencial enriquecedor. Por el contrario, el liberalismo reduce las posibilidades de corrupción al mínimo.

La corrupción no depende tanto de los hombres o mujeres que uno ponga en los puestos claves de la administración pública como del entramado de incentivos en el que se desenvuelva la acción cotidiana de los funcionarios, los políticos y el resto de los mortales. La naturaleza humana es débil y si el marco de la organización social no elimina los incentivos para corromperse, siempre habrá quien lo haga. Tampoco cambia mucho las cosas el hecho de que quien tome las decisiones administrativas esté en un pueblo o en el Palacio de la Moncloa. Lo único que cambia es el nivel al que se da la corrupción.

El socialismo propugna el intervencionismo estatal en todos los campos de la sociedad. Lo que permite y fomenta la corrupción es esa intervención omnipresente en las decisiones que los individuos llevan a cabo sobre qué hacer con su tierra, su casa, su tiempo, su información, su cuerpo, su salud, su alimentación, su nacimiento, su entierro y, cómo no, su dinero. Por eso el socialismo, se dé en el partido en el que se dé, sea de izquierdas o de derechas, es sinónimo de corrupción. En un sistema liberal en el que el estado se limite a ejercer aquellas funciones de seguridad y defensa que los individuos no puedan desarrollar de manera voluntaria, pocas son las posibilidades de corrupción. Y así sería por muchos liberales que hubiera con ganas de forrarse llevando a cabo actos de corrupción.

Por eso, y no porque el liberalismo vaya a crear un hombre nuevo, la solución a la corrupción urbanística consiste en la liberalización de la ley del suelo, la solución a la corrupción financiera supone liberalizar los mercados y privatizar al regulador y la solución para la corrupción con fondos públicos es reducir los impuestos, el gasto público y el ámbito de actuación del estado. Todo lo demás son cuentos chinos, cartas de Blanco o quimeras sobre la tolerancia cero.

Con mucha naturalidad

Sin embargo, esta gente habla del asunto como si se tratara de los estados financieros de una empresa multinacional y el destino que se va a dar a los beneficios anuales. Todo con mucha naturalidad, ya digo.

Lo más sustantivo de este escándalo es que nos permite confirmar la recuperación de unos modos de hacer política que creíamos superados desde que el Capitán Khan nos devolvió a Roldán, después de su heroica captura siguiendo las órdenes precisas de Juan Alberto Belloc.

Cuando el PSOE era "El Partido", a mediados de los ochenta, esto de adjudicar obras y suministros a los empresarios afectos a la causa era una cuestión asumida con total sencillez en la mayoría de organismos. Cualquiera que haya trabajado durante los ochenta en la administración, incluso en algún departamento remoto como fue mi caso, sabe perfectamente de lo que hablo. Lo más llamativo de aquella época era que, en efecto, igual que en este caso destapado en Ibiza, el contratista en cuestión no se lo llevaba crudo por el afán de enriquecimiento típicamente burgués, sino para contribuir a mejorar la sociedad; y qué mejor forma de hacerlo que a través de "El Partido", llamado por la Historia a salvar a los pobres de su ominoso destino vital.

Luego llegó Borrell con su entrañable petición a los contratistas para que dejaran de pagar comisiones ilegales, suceso inédito en los ministerios de obras públicas del Occidente civilizado, y la lluvia de convoluttos comenzó a amainar. Con la llegada del nuevo socialismo propuesto por ZP, parece que las cosas empiezan a ser como antes, es decir, como deben ser, con la administración como un terminal financiero del partido de turno.

Por supuesto, la corrupción urbanística afecta a todos los partidos instalados en algún centro de poder. Pero lo que les distingue es que mientras unos realizan el chanchullo conscientes de su condición vil, otros lo hacen convencidos de que contribuyen al triunfo del progreso, fin último que justifica todos los medios.

En las provincias desafectas, principalmente Madrid, Valencia y, especialmente, Murcia, el discurso del PSOE de cara a las elecciones municipales y autonómicas se basa en la denuncia masiva de supuestos casos de corrupción del Partido Popular, algunos de ellos, es cierto, con ciertos visos de verosimilitud. Mas no parece que la trama ibicenca contribuya a esmaltar la campaña de regeneración moral emprendida por los socialistas periféricos. O igual sí. Recuerden la estrategia del PSOE madrileño cuando el tamayazo echándole la culpa de todo al PP, que casi les sale bien. Apuesto a que antes de cuarenta y ocho horas don José Blanco anuncia públicamente que todo esto de la corrución en Ibiza es cosa de la derecha. Extrema, por supuesto.