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El día sin móvil

Y todo porque, según el diario de Prisa, "una regla fundamental en la llamada economía de mercado es que los ciudadanos deben pagar por los servicios que obtienen; ni más, ni menos". Desgraciadamente, no fueron nada coherentes con sus propios editoriales y siguieron sin permitir a sus lectores pagar sólo por las páginas de su diario que realmente leen; ni siquiera les permitieron no pagar por los suplementos dominicales que muchos tiran directamente a la basura. Será que la única regla "de la llamada economía de mercado" que siguen es la ley del embudo.

La consecuencia de dicha ley era previsible y, efectivamente, ha llegado. Movistar, Vodafone y Orange tarificarán por segundos, sí, pero aumentarán los precios para seguir cobrándonos más o menos lo mismo de siempre. La primera en anunciarlo ha sido la operadora de Telefónica, pero las otras dos han aclarado que se piensan sumar al aumento. El establecimiento de llamada subirá de 12 a 15 céntimos (pero sin cobrar el primer minuto) y el precio por segundo, sumados 30, también sube con respecto a los bloques que cobraban antes. Las compañías aseguran que no prevén aumentos en sus ingresos con estas subidas, pues lo que hacen es compensar el cambio en el modo en que cobra. De modo que todos aquellos que se tiraban de los pelos porque "se estaba cobrando por un servicio que no se daba" digo yo que ahora estarán muy satisfechos. Pues no.

Evidentemente, eso de que las tarifas debían medirse en segundos era una excusa: los que pedían el cambio lo que querían era pagar menos. Pensaron que una ley obligaría a bajar los precios, y ahora están enfadados no con su propia estupidez, que sería lo lógico, sino con las operadoras, que resulta más satisfactorio para su ego. De modo que han empezado a enviar mensajes de correo electrónico en cadena pidiendo que nadie utilice el móvil el próximo 1 de marzo, día en que entra en vigor tanto la ley como las nuevas tarifas. El objetivo es "enviar una señal" a Movistar, Vodafone y Orange. Es decir, suponen que los gestores de estas empresas son tan idiotas que no saben que sus clientes prefieren pagar menos.

Los precios son señales de una realidad económica subyacente, y aunque una ley pueda obligar a cambiarlos, esa realidad no varía, y se manifiesta de alguna otra manera. Por ejemplo, si el Gobierno de Zapatero tuviera la ocurrencia de fijar precios máximos pagaríamos menos, pero recibiríamos un servicio de peor calidad. Las antenas se estropearían con más frecuencia y el servicio de atención al cliente sería aún peor de lo que ya es, por poner dos ejemplos. Se podría pensar que simplemente evitaríamos así las consecuencias de un oligopolio, pero lo cierto es que no parece existir un campo excesivamente amplio para las reducciones de precios. España es un país con una población bastante dispersa y que requiere por tanto de mayores gastos en infraestructura que otros países europeos en los que la telefonía móvil es mucho más barata.

Eso no quiere decir, claro, que una mayor competencia no pudiera hacer que los precios bajaran algo. El operador Yoigo (el antiguo Xfera) ha anunciado que mantendrá sus tarifas al pasar a tarifar de medio minuto a un segundo. Quizá todos esos que quieren "enviar una señal" lo harían mucho mejor si, en lugar de lloriquear y quejarse como nenazas, se limitaran a algo tan simple como cambiarse de operador. Entonces sí que algunas empresas podrían empezar a preocuparse.

Suelo y corrupción

Sin embargo, las soluciones del PSOE y del PP no podían ser más opuestas. Mientras que el primero propone poner coto a la corrupción incrementando el control político en esta área, el PP parece haber optado por la liberalización. Los socialistas afirman, fieles a sus principios y tradición, que "una mayor y", (¿cómo no?), "mejor intervención pública" sobre la oferta de suelo ayudará a reducir la especulación y, por ende, la corrupción que es fruto, supuestamente, de una libertad que en el mundo real brilla por su ausencia.

Los populares han sustituido su tradicional intervencionismo en este campo por el laissez faire, en el convencimiento de que es precisamente el control político de la oferta el detonante de la corrupción urbanística y de la especulación que la fomenta. El acierto en el cambio de política de los populares y el despropósito socialista no se comprende si no entendemos que la especulación tiene dos orígenes bien distintos: uno autónomo, que permite la adecuación de la oferta a la demanda en el plano intertemporal (la especulación económica), y otra, inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo (la especulación política).

Tratar de evitar la primera es desequilibrar el mercado y distanciar la oferta de la demanda, con los graves problemas que estas divergencias ocasionan. En cambio, tratar de evitar la segunda de una forma distinta al cese de la intervención que ha causado el problema es sentar las bases de ulteriores intervenciones que, de nuevo, descoordinarán las acciones de los agentes económicos y motivarán nuevas ocasiones para vivir de la especulación sobre futuras intervenciones. A su vez, este aumento de la especulación con base en las futuras decisiones políticas y administrativas fomentará aún más la corrupción política en el sector urbanístico.

Una cuestión que añade confusión al asunto es que, conforme al artículo 47 de la Constitución, los poderes públicos deben impedir la especulación. El problema es que la Carta Magna no hace distinción entre los dos tipos de especulación. Pero debería quedar claro que la Constitución sólo puede estar refiriéndose a la especulación política, ya que si se intenta evitar la especulación económica el resultado previsible será el colapso del sector por descoordinación. En este contexto resulta obvio que la propuesta liberalizadora del PP reducirá la corrupción mientras que la socialista la exacerbará aún más.

Chirac, un personaje siniestro

Entre su cúmulo de despropósitos sobresale esta perla: "El liberalismo es igual de peligroso que el comunismo, y conducirá a los mismos excesos". Tampoco debe sorprendernos mucho, pues ya hace dos años sentenció: "El ultraliberalismo es el nuevo comunismo". Pero tampoco entonces fue original: setenta años antes, José Antonio Primo de Rivera había proclamado: "El movimiento nacionalsindicalista está seguro de haber encontrado una salida justa, ni capitalista ni comunista". Y antes que José Antonio estuvo Benito Mussolini, que en 1932, en su artículo "La doctrina del fascismo", dejó escrito: "Que el XIX haya sido el siglo del socialismo, el liberalismo y la democracia no significa que el XX vaya a ser también el siglo del socialismo, el liberalismo y la democracia".

Resulta sintomático que, entre alabanzas a derechistas como Giscard d’Estaing y socialistas como Mitterrand, critique a Le Pen por su racismo y xenofobia. "Siempre he sido alérgico al Frente Nacional; es casi físico, no puedo soportar todo lo que sea racismo o xenofobia". Por supuesto, Chirac no tiene nada contra la xenofobia, tal y como demuestra su antiamericanismo visceral; pero parecer tener menos que nada contra el resto del ideario del Frente Nacional…

Chirac es ante todo un hombre de orden castrense. Rechaza tanto el ideal liberal de que los individuos sean libres frente a cualquier coacción como el socialista de que el Estado organice en todo momento las relaciones sociales. En el ejército, los soldados gozan de una relativa libertad… dentro de la disciplina militar, pero una vez iniciada la guerra se convierten en peones del general. Del mismo modo, Chirac parece creer en la autonomía del individuo… dentro de un Estado centralizado y poderoso, capaz de regir la sociedad y hacia los más elevados objetivos. En sus propias palabras, hay que encontrar "un buen equilibrio", que se encuentra " en medio de los dos sistemas", es decir, del capitalismo y el comunismo.

Es curioso cómo el relativismo y la huida de los valores pueden dar forma a un credo vacío, que sirva para cualquier menester. Si, según Chirac, el capitalismo es tan asesino y represor como el comunismo, no se entiende muy bien por qué el justo medio entre ambos iba a dejar de ser un sistema abominable. A menos, claro está, que Chirac quiera situar al Estado entre dos criminales para convertirlo en una suerte de Cristo redivivo y erigirlo en símbolo de una nueva fe.

La virtud no siempre se encuentra en el punto medio, ni los extremos tienen por qué solaparse. Por poner sólo un ejemplo: la extrema bondad no tiene nada que ver con la extrema maldad. Al equiparar comunismo y liberalismo, esclavitud y libertad, miseria y progreso, veneno y alimento, Chirac muestra su lado más auténtico y terrorífico.

Esta confusión relativista entre libertad y coacción es patente a lo largo de su demagógico discurso. Si hace dos años fue capaz de afirmar: "Tenemos que imponer, a escala planetaria, nuevas formas de gobierno y leyes para el mercado global", y hace unos meses aseveraba: "El modo en que la globalización está funcionando ahora, el modo en que los ricos la imponen, es incompatible con mi idea de moralidad global", en su nuevo libro se queja de la "hegemonía" de empresas como Coca-Cola porque representan… una imposición del punto de vista norteamericano.

Chirac ignora su rol como político, como monopolista de la compulsión social, y lamenta que unas compañías estadounidenses logren hacer tan felices a los franceses como para convertirlas en "hegemónicas". La relación empresario-cliente tiene un carácter voluntario que nunca lograrán las cadenas Estado-contribuyente, por mucho que les duela a los intervencionistas.

Chirac se describe como un "desconocido"; no será por sus ideas. El estatismo, el proteccionismo, el antiliberalismo, el agrarismo y la antiglobalización impregnan por igual a fascistas y socialistas, accionistas mayoritarios del pensamiento único. Uno sólo puede lamentar el infortunio de una sociedad que ha sido dirigida y controlada durante 12 años por tan siniestro personaje… y tocar madera para que no nos veamos nosotros en las mismas. Pero algo me dice que en España todo puede ir a peor.

Colbertismo

Resulta difícil destacar alguno, pero acaso, por la permanente vigencia de su legado, cabría destacar a Jean Baptiste Colbert, administrador de la hacienda de Luis XIV. Desde su privilegiada posición puso en marcha como ningún otro el programa mercantilista hasta sus últimas consecuencias, con una decisión y un convencimiento dignos de mejor causa.

Colbert no conocía límite. Al proteccionismo sin consideración más la creación de empresas públicas o la promoción de gremios, se suma un afán desbocado por regularlo todo, que le llevó del control de la economía al control de la sociedad.

El profesor Cabrillo ha llamado al capítulo dedicado a nuestro hombre Colbert, ministro de cultura. No puede ser más a propósito, porque uno de los afanes de este hombre era el control de las artes y las letras. Para alguien que había ordenado incluso el número de hilos que puede tener un paño, claro está que no quería que ninguna representación del teatro o de música se escapara a sus designios.

Colbert hubiera podido quedar para las curiosidades y extravagancias de la historia, si no fuera porque su legado se mantiene gracias al eviterno deseo de nuestros políticos de controlar la sociedad. Como dice el profesor: "esa mezcla de regulación y subvenciones que hoy atenaza la vida cultural de no pocos países encontró en el ministro francés un valedor decidido".

Pero Colbert no sólo se adelantó a futuros ministros de Cultura, sino a los de Industria y, con ejemplos como el de Elena Salgado en España, incluso a los de Sanidad. Aunque aquello de cercenar el comercio de vino en un país productor y consumidor como es España es posible que le hubiera sorprendido incuso al propio Jean Baptiste Colbert. Para que luego digan que todo lo que no es tradición es plagio.

El PP no se entera

Pero no por ello es menos importante el programa que el único partido de la oposición quiere presentar ante los votantes. ¿Es decepcionante? Mucho. Por comenzar por lo mejor, prevé la rebaja en un punto del IRPF y la progresiva desaparición del impuesto sobre sucesiones y donaciones, uno de los más injustos. Pero a partir de ahí, vacila entre la nada y el despropósito.

Propone penas más duras para los delitos de corrupción, lo que es irrelevante. ¿Están acaso las cárceles llenas de alcaldes y concejales? Si quien se beneficia del poder arbitrario que tienen los responsables de urbanismo de los ayuntamientos sabe perfectamente que lo más que le puede ocurrir es que le sustituyan en el chiringuito, ¿qué más da si aumentan o disminuyen las penas? El problema está en que en última instancia dependa de la decisión de un pequeño grupo de personas el que un terreno se pueda utilizar para un uso ruinoso u otro que generaría enormes beneficios. Hacer política en el urbanismo es el problema. No se permite que sean los empresarios quienes decidan cuál es el uso más adecuado de cada parcela, sino que es el concejal de turno el que puede permitir o no un negocio millonario. Si el PP quiere acabar con la corrupción urbanística, que liberalice el suelo en sus comunidades autónomas, en la medida que le permita la terrible Ley Trujillo.

Por lo que se refiere a Sanidad, el PP propone mantener y profundizar en el sistema. La gente recurre a él para los aspectos en que aún es fiable, pero prefiere el sistema privado. Todos pagamos el sistema público, pero en cuanto podemos huimos de él, incluso haciendo un pago añadido para que nos traten en el privado. ¿No será mejor facilitarle a la gente lo que desea?

¿Qué decir de la educación? El PP lo tiene muy fácil. Sólo tiene que recoger el creciente interés de sus votantes por el cheque escolar. Las ventajas serían enormes. No sólo introduciríamos más competencia entre las escuelas, lo que mejoraría la calidad. Es que facilitaríamos a los padres la elección de la educación que quieren para sus hijos y que, salvo contadas excepciones, no tiene nada que ver con la Formación del Espíritu Progresista que nos quieren imponer desde Educación.

Me da la impresión de que hay algo que todavía no acaban de ver claro en el PP. Sus votantes quieren que se les permita decidir sobre ámbitos cada vez más amplios de sus propias vidas. Pero esta derecha se empeña en imponer sus valores desde el Estado, y en su torpeza acaba asumiendo e imponiendo los de la izquierda. Si acepta el sistema, se traiciona. Si lo transforma en una sociedad más liberal, en que la gente pueda tomar sus propias decisiones y tenga más sobre lo que decidir, no sólo nos hará un enorme favor, sino que ampliará la base de su electorado.

El acomodador y el burócrata

Estamos condenados al fracaso porque intentamos centralizar un tipo de información que no puede ser centralizada. Por más que nos pongamos a discutir sobre cuánta gente ha de entrar y salir, nunca llegaremos a saber cuánta lo está haciendo realmente.

Algo similar le ocurre al tema de la inmigración y la productividad del país. Para el ministro Caldera, España necesita 200.000 inmigrantes más este año. Por otra parte, distintas organizaciones dicen todo lo contrario. Todos ellos dan supuestas soluciones a un problema que no las tiene. De hecho, el verdadero problema es creer que existe una solución y que se puede alcanzar por medio de restricciones centralistas. La información es tan contradictoria que ni el propio gobierno se pone de acuerdo. Por ejemplo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de 2006 aparecían 745.000 inmigrantes en estado de ocupados que no existen en la Seguridad Social. No sólo eso, sino que casi 450.000 españoles registrados en la EPA como ocupados no están dados de alta en la Seguridad Social. Otro ejemplo, si le preguntamos a Caldera cuántos ecuatorianos hay en España nos dirá que 400.000, tal y como afirmó en su último viaje a Quito, pero si le preguntamos lo mismo al responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, nos dirá que 700.000. ¿Quién tiene razón? Probablemente, ninguno de los dos.

A Caldera le ocurre lo mismo que al acomodador de nuestro ejemplo: no tiene ni idea de lo que está manejando. No sabe cuántos inmigrantes tiene España, ni cuántos entran ni salen, ni cuál es la producción real de España (el PIB no es muy de fiar), ni la oferta ni demanda laboral efectiva ni, en definitiva, la mayoría de datos que usa en sus cálculos. El error de los políticos es que tratan a España y sus habitantes como si fueran de su propiedad regulando las acciones humanas, decidiendo sobre las vidas de las personas: Caldera decide la "cuota productiva" de inmigrantes que ha de entrar para mantener el "bienestar del país". La realidad es otra y el fracaso evidente, ¿o es que Caldera ya tenía previsto que a día de hoy más de 100.000 inmigrantes estarían cobrando el paro? Si es tan buen diseñador social, que los coloque a todos. No es Caldera quien paga sus errores, sino nuestras empresas, nuestra economía doméstica y una gran parte de los inmigrantes que esperaban encontrar aquí un país próspero y receptivo a sus ganas de trabajar.

Las acciones humanas no pueden ser reguladas por ningún dictador de la producción, porque la gente se mueve por incentivos, no por las leyes ni por las buenas intenciones de los burócratas. En un entorno de libertad, la inmigración se autorregula según las necesidades reales del libre mercado. Las cuotas, impuestos, leyes laborales, salarios mínimos y el resto de aberraciones económicas impuestas por el Gobierno se limitan a romper la armonía económica fomentando el caos y la filosofía del sálvese quien pueda. Así trabaja el socialismo.

Caldera tendría que darse cuenta que sólo hace falta una ley, y ninguna más, para conseguir una sociedad libre, prospera y civilizada: la de la oferta y la demanda, la de la libre acción humana; de lo contrario, sólo colaborará en la perpetuación del desconcierto y el parasitismo.

Talante intolerante

Entre los fundamentos epistemológicos del conocimiento científico están el escepticismo (la duda) y el análisis crítico; un componente esencial de la libertad es la tolerancia, especialmente hacia lo que dicen los demás. Caldera no es ni un intelectual ni un liberal y se nota: no tolera la duda, ni siquiera la más pequeña.

Las pensiones ya están en quiebra porque no existe un fondo de activos productivos para pagar a los actuales cotizantes. Lo que hay en el sistema actual de reparto es la promesa informal de que si se dejan confiscar ahora parte de su riqueza (para entregársela a los pensionistas de hoy), en el futuro el gobierno confiscará la riqueza de otros para dársela a ellos (salvo que a los políticos les resulte electoralmente rentable cambiar de opinión o sea imposible cumplir su compromiso).

Las pensiones públicas son inestables y su final promete ser catastrófico: el sistema no tiene grandes problemas cuando aún es posible modificarlo (cuando hay muchos cotizantes y pocos pensionistas), y es políticamente muy difícil cambiarlo conforme se aproxima el desastre (cuando hay muchos pensionistas y trabajadores a punto de serlo que no quieren reformas dolorosas, y pocos cotizantes lejos de la jubilación, que es el futuro de la población de España cuando se difumine el efecto transitorio de los inmigrantes).

Tal vez Caldera tenga razón: no hay que dudar sobre la viabilidad futura de las pensiones estatales, pero porque podemos estar plenamente seguros de que son insostenibles. Si alguien insiste en dar plenas garantías tenemos buenas razones para sospechar que se trata de un intento de ocultar un sistema fraudulento (en este caso una estafa piramidal). Y es que el problema principal del sistema de reparto es que viola el derecho de propiedad y no es ético, además de insostenible.

Cuba, Internet y Stalinux

Entre ellas, que el navegador sólo pudiera conectarse a la Stalinternet, que consistiría, naturalmente, en el Granma, en la propia web de Stalin Vive y dos o tres más del jaez, además del afamado buscador Goolag. Pero, claro, aquello era una broma.

El caso es que la semana pasada tuvo lugar en Cuba un evento, cuanto menos, extravagante. Se trata de una gran convención y exposición de informática en un país donde hay que hacer cola para conseguir comida, en el mejor de los casos, o prostituirse, en el peor. Un evento sobre la ingeniería de la información en un país donde la información libre se persigue y castiga. Así pues, se mostró al mundo (es un decir) el buscador del régimen que, como es natural, sólo ofrece resultados de las páginas cubanas, todas ellas pertenecientes al Estado, claro. Además de las tradicionales búsquedas en web, imágenes o prensa ofrece la excitante posibilidad de restringir nuestras pesquisas a los discursos de Fidel Castro. Sin duda, es lo que los cubanos llevaban años reclamando.

El caso es que el acceso a la Red está tan prohibido al ciudadano de a pie como la posesión de un ordenador. Son ambos algo subversivo, que pone en riesgo a la gloriosa robolución que algunos defienden con tanto ahínco en España, quien sabe si por temor a la célebre videoteca del coma-andante. O por verdadera fe en las virtudes del esclavismo comunista, que de todo hay. Sólo el 0,9% de los cubanos tiene acceso a Internet, y en condiciones bastante limitadas. Sin embargo, durante esa convención el matarife a cargo de la Informática, Ramiro Valdés, aparte de echarle la culpa a Estados Unidos de sus males tecnológicos, hizo el gran anuncio de que Cuba se iba a pasar al software libre y que ya estaban creando una distribución propia de Linux. Lamento decepcionarles, pero se llamará Nova, no Stalinux.

El anuncio ha contado con un invitado de honor, el mismísimo Richard Stallman en persona. Delante de varios jerarcas del régimen, tuvo la cara dura de denunciar la inmoralidad de las restricciones impuestas por los derechos de autor, comparándolas con unas leyes que condenaran a prisión a quienes se intercambiaran recetas de cocina, en el mismo país donde se encarcela a quienes disienten del régimen y se pasan unos a otros literatura "subversiva". No hay noticias, por supuesto, de que condenara el régimen o dijera una sola palabra de apoyo a los disidentes, no digamos ya reunirse con ellos; tan sólo esbozó un breve lamento por las restricciones al uso de Internet. Sin embargo, no renunció a calificar a Bush como el "mayor violador de las libertades" y denunciar el "injusto" embargo, como ha de hacer toda estrellita que se precie cuando visita Cuba.

Se ha criticado mucho el comportamiento de las grandes empresas de Internet en China. Sin embargo, al menos Google, Yahoo y Microsoft pueden alegar en su favor haber ofrecido a los internautas chinos una ventana al mundo exterior, tapiada por los tablones que impone el régimen, pero un soplo de libertad al fin y al cabo. No está nada claro, en cambio, qué ventajas para los cubanos sometidos por los Castro ofrece Stallman a cambio de darle palmaditas en la espalda al régimen que los somete. Pero, claro, Stallman es un idealista y, por lo tanto, sus tejemanejes con los tiranos de la Isla-Cárcel no pueden ser censurables. Es que es de izquierdas, el chaval. Que jodío.

E.On y el factor cancha

Y no pocos han interpretado su asalto a Endesa como el intento de dar vida al punto 8 del Pacto del Tinell, el acuerdo político del tripartito, que preveía: "actuar desde la Generalidad, en concertación con el sector privado para impulsar la creación o consolidación, en su caso, de empresas y operadores catalanes, públicos o mixtos, en sectores estratégicos", como la energía.

Cierta o no, la sospecha no puede considerarse infundada, y este simple hecho provoca una distorsión enorme en el mercado. Su desenvolvimiento debería atender a las necesidades reales de la gente, esas que los empresarios se esfuerzan por identificar y atender. Pero es un hecho que la clase política tiene en su mano muchos instrumentos que le permiten meter mano, perjudicar o favorecer a las empresas. No hay regulación que afecte por igual a todas. Puede favorecer una fusión o adquisición en función de un concepto tan vago como los "campeones nacionales" o intentar evitar una operación similar tomando en falso el nombre de la competencia. O puede cambiar las normas en pleno juego, como ha hecho el Gobierno mediante la CNE.

No obstante la OPA de Gas Natural es cosa del pasado y ya sólo queda por dilucidar si la de E.On saldrá adelante. De tener éxito, Endesa pasaría a depender de una empresa extranjera. Salvo que uno sea muy cerrado de mente, nada que objetar; más de la mitad de los accionistas de la eléctrica son de otras partes del mundo.

Mas por lo que se refiere al Gobierno, la situación habrá cambiado notablemente. A partir de ahora cualquier actuación que pueda perjudicar a la empresa le creará problemas que ya no puede resolver "en casa", sino que habrá de vérselas con la CE y con Alemania. Tendrá las manos un poco más atadas por los compromisos internacionales. Entra en juego el factor cancha. Y en eso, salimos ganando.

Otra suspensión de pagos encubierta

"Que no deje de pagar nadie", nos dice, "porque este acto solidario es lo que permite financiar la música y garantizar que cuando sean mayorcitos tengan todos una silla en la que sentarse". El incentivo del garrote es más potente que el de la demagogia, y todos pagamos a pesar de que más de uno protesta entre murmullos que por qué demonios no puede pagarse cada uno su música y su silla. Después de todo, cada uno se busca la vida para pagarse el pan y el agua.

Hasta aquí todo suena a siniestra coacción, pero real como las pensiones mismas. Lo que sigue entra de lleno en el mundo del timo profesional. Caldera sabe que cada vez son más los que se tienen que sentar y menos los que pagan por bailar. Y como el dinero se lo pule a medida que lo recauda en comprar sillas de pésima calidad a precios desorbitados para quienes ya no están en edad de bailar a su son, el ministro no puede quedarse de brazos cruzados. Una de dos, o bien reconoce públicamente que el jueguito "solidario" de las sillitas es un timo y que a partir de ahora cada ciudadano tiene que ahorrar para procurarse una silla cuando la necesite, o continúa como responsable de la farsa para lo cual no le queda más remedio que retirar sigilosamente alguna silla, de manera que un grupo minoritario se quede con el culo al aire cuando se pare la música. Así es como se suceden las suspensiones de pagos encubiertas del sistema público de pensiones. La última se consumó el pasado viernes cuando el asocial ministro anunció la elevación a quince años del período de cotización mínimo en el platito del baile para acceder a una silla, digo, a una pensión.

La clave para que el fraude pueda continuar el máximo tiempo posible, y así el señor ministro pueda seguir cobrando su suculento sueldo, es que las suspensiones de pagos sean continuadas pero parciales, de modo que el grupo sobre el que se haya consumado la estafa sea siempre una minoría cuyos gritos no se puedan escuchar ni en Moncloa ni en el pirulí. El aumento de los años mínimos de participación en el sistema fraudulento seguirá incrementándose para todos. ¿Qué digo? Para todos excepto la clase política que se ha autodeclarado casta privilegiada con derecho a cobrar una pensión vitalicia por el simple hecho de calentar el escaño que pagamos los contribuyentes. Pero no se asusten ustedes porque aunque es cierto que este es un timo que convierte al de los sellos en una broma ligera, Caldera anunció que el estado ha añadido 4.000 millones de euros al colchón de seguridad al que llaman fondo de reserva. Ahora podemos bailar felices y tranquilos, ya tienen dinero para garantizar su fraterna promesa, al menos durante ocho meses.