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Delors, orgulloso de promover el robo y miseria

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Para Delors y amigos una reducción de los impuestos significa una destrucción del bienestar de los franceses. Para el ex presidente de la Comisión, el hombre medio, las empresas, las amas de casa, los inmigrantes, los autónomos o cualquiera que respire –a excepción de él mismo– es demasiado estúpido como para manejar sus finanzas personales. Como consecuencia, la producción privada ha de ser incautada por el Estado mediante la amenaza de la fuerza para gestionar la vida este paleto francés medio. Típica mentalidad del socialista medio: falso paternalismo y uso de la fuerza, canalizada en este caso a través de la confiscación de las rentas individuales.

Imagínese que el Estado le incauta el 100% de todas sus entradas dinerarias. ¿Qué motivación van a tener las empresas o usted mismo en producir algo? Ninguna. Sólo una minoría trabaja por amor al arte; la "gente normal" trabaja para ganar dinero y vivir mejor, comprarse un coche más seguro y rápido, una casa más grande, tener mejores vacaciones o pagar una buena educación privada para sus hijos. ¿Y si la gente no tiene incentivo para trabajar ni producir, quién toma el mando de la economía? El Estado. Las consecuencias de semejante modelo económico ya lo vimos con la URSS: miseria, corrupción, carestías y un modelo de mercado subdesarrollo. Francia aún no ha llegado a este grado de "bienestar socialista", pero va por buen camino. Según la OCDE, la presión fiscal en Francia ronda el 45% del PIB. Un francés medio trabaja más de cinco meses al año para el Estado. Evidentemente, la mayor parte de este dinero incautado al ciudadano no lo podrá recuperar a lo largo de su vida. Los amigos de Delors lo usan para subvencionar el cine, enviar dinero y soldados a cualquier país, mantener lobbies o una élite burocrática que no sirve de nada, etcétera.

¿Qué consecuencias produce este tipo de política? Un desempleo juvenil del 23% o 360 nuevos exiliados fiscales cada año, por ejemplo. Su lugar de destino, cualquiera: Bélgica, Gran Bretaña, Italia y especialmente, como se puede uno imaginar, Suiza. El Ministerio de Economía francés, con estos datos, ha calculado que se han perdido como poco 10.000 millones de euros entre 1997 y 2002.

Los impuestos reducen la producción, encarecen los costes, hacen las empresas menos competitivas, aumentan el desempleo, generan mayor economía sumergida y lo peor de todo, nos arrebatan el dinero que hemos ganado con nuestro esfuerzo sin que nosotros lo queramos ni pidamos. No sólo eso, si decidimos no ceder a la extorsión el bondadoso Estado, éste nos enviará amenazas por carta diciéndonos que paguemos, asaltará nuestras cuentas y, si allí no encuentra lo que busca, enviará a la Policía a nuestra casa. Y no vendrán a felicitarnos las pascuas. Menudo modelo social el de Delors.

Lo que no es bueno para el individuo tampoco lo es para la sociedad, porque ésta es la suma de individuos. Ni más, ni menos. El bienestar o la felicidad no son variables cuantificables ni exactas que puedan ser sumadas ni restadas, son únicamente estados personales e intransferibles. La propuesta de Delors y sus camaradas no es más que la misma receta socialista de siempre, cuyas consecuencias no suponen para Francia ningún milagro salvador. Al contrario, los altos impuestos son una parte importante de sus problemas.

La SGAE nos va a sacar los higadillos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

La SGAE exigía unos gravámenes que le pudieran reportar cerca de 1.200 millones de euros y los fabricantes hicieron notar que eso suponía que, en algunos casos, los consumidores tuvieran que pagar más por el canon que por el propio producto que estaban adquiriendo. Se rumorea que los ministerios pronto publicarán su dictamen y que, aunque lejos de lo que la misma SGAE exigía, seguramente para hacer el paripé de que "los ministerios nos han dado la espalda" decidan lo que decidan, será una cifra muy elevada que pronto notaremos en nuestras compras.

Vemos así una razón más por la que muchos nos declaramos liberales. El capitalismo ha logrado ofrecernos productos cada día más baratos. Los ordenadores ganan en potencia y disminuyen su precio todos los años. Los reproductores de MP3 aumentan constantemente su capacidad. Sin embargo, el Estado sucumbe ante la presión del lobby comandado por la SGAE, de modo que pronto veremos como el precio de todos estos aparatos sube espectacularmente en lugar de bajar.

El canon funciona bajo dos supuestos que deberíamos celebrar porque suponen que la bota del Estado aún no puede alcanzar hasta lo más íntimo de nuestras vidas. El primero es que ningún esfuerzo policial puede ni podrá impedir que se copien obras protegidas por derechos de autor sin disminuir gravemente nuestras libertades. De hecho, el mismo concepto de "derecho de copia privada" surgió en Alemania con la comercialización de los primeros aparatos de grabación domésticos, en vista de que no se podía evitar lo inevitable. El segundo supuesto es que tampoco es posible dilucidar en la mayoría de los casos quienes emplean los aparatos y soportes digitales para copiar música y películas y quienes lo hacen con otros fines. O, para ser exactos, cuándo cada uno de nosotros emplea un CD para copiar unas fotos que ha realizado él mismo y cuándo lo utiliza para grabar una película que se ha descargado de Internet.

En el debate liberal sobre ese asunto se han destacado tres posturas. La primera es la que considera que el acto de creación conlleva unos derechos de propiedad intelectual sobre las ideas más o menos equivalentes a la propiedad sobre objetos físicos, y que ha sido defendida por autores como Ayn Rand o Robert Nozick. La segunda, que aquí en España defiende Carlos Rodríguez Braun entre otros, considera que el derecho de propiedad tiene su fundamento en la escasez permanente que se da en el mundo físico, lo que también explicaría que existan bienes físicos libres, como el aire que respiramos, que al no ser escasos para nuestros fines no son propiedad de nadie. En el mundo de las ideas no existe escasez, puesto que la comunicación de una invención o una melodía permite que se ésta se multiplique en los cerebros de todos.

Con todo, y como siempre, puesto que las dos posturas basadas en derechos naturales no se ponen de acuerdo, ha sido la utilitarista la que se ha acabado imponiendo. Y ésta, aun reconociendo que no existe ningún "derecho" en juego, porque no lo hace nunca, considera apropiados mecanismos como los derechos de autor o las patentes por suponer un incentivo a la creación intelectual. En tal caso, estaríamos en otro terreno de juego, evaluando hasta qué punto incentiva el canon la creación de música y películas y si el precio que se ha de pagar merece la pena. Me parece indudable que la respuesta es un no rotundo. El canon no sirve para remunerar e incentivar a los artistas, sino para que la SGAE y sus acólitos realicen actos "en beneficio de los autores" de dudosa utilidad y extiendan su red de sedes por toda España. Y es que la SGAE, como la industria discográfica, utiliza los "derechos de los autores" como bandera para salvaguardar sus intereses particulares. Por otro lado, los precios que, según los rumores, están barajando Clos y Calvo (y los que se imponen ya sobre los CD y DVD vírgenes), son una exageración tal que provocarán un enorme florecimiento del mercado negro de productos informáticos y un coste brutal para empresas y particulares.

Visto lo visto, sólo resta exigir del PP que abandone salmonismos que no benefician al ciudadano y perjudican sus intereses electorales y adopte una postura clara en contra del canon. De un PSOE que tanto debe al lobby no cabe esperar nada. Pero de un PP que tiene todas las razones para odiarlo y perjudicarlo en la medida de sus posibilidades, cabría esperar otra cosa. Inteligencia, por ejemplo.

Víctimas sin derechos

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El caso de De Juana Chaos es un ejemplo perfecto de cómo la justicia pública es sólo un instrumento en manos de los políticos para satisfacer su propia agenda de conservación del poder. El PSOE ha desairado las legítimas exigencias de las víctimas de De Juana para santificar un proceso que, hoy sí, es una declaración de rendición en toda regla. Un cheque en blanco expedido para contentar el voraz apetito etarra y girado contra fondos ajenos.

Mucho se ha escrito sobre si la condena a De Juana era acorde a derecho, sobre si el Gobierno habría podido seguir con el anterior régimen penitenciario, sobre si el PP excarceló a más o menos presos. Todas estas argumentaciones resultan en mi opinión completamente desenfocadas, en tanto no apuntan al auténtico ultraje cometido por ZP y sus cómplices: han violado los derechos de las víctimas.

No, no me refiero a los derechos que nuestro sistema político les reconoce actualmente, es decir, virtualmente ninguno. Con dificultad hallaremos coherencia y rectitud alguna en millones de legajos aprobados por 350 iluminados cuya única lealtad es hacia ellos mismos y hacia el mismo Estado, que alimenta a sus familias y a sus amistades. Creer que norma estatal equivalente a norma justa, o que sólo podemos reivindicar los derechos que interesadamente nos reconocen nuestros carceleros, sería caer en la trampa del positivismo y del relativismo; en la negación de los principios éticos, que trascienden la arrogancia y la ceguera del Estado.

En este sentido, toda víctima, y también toda víctima del terrorismo, tiene derecho a que el agresor le repare por el daño que le ha causado, esto es, a que la devuelva a una situación lo más precido posible a la previa a la agresión. Dado que la iniciación de la violencia era ilegítima, el agresor queda obligado frente al agredido.

La restitución no tiene necesariamente que ver con el encarcelamiento, y menos con el encarcelamiento actual, consistente en que las víctimas paguen con sus impuestos el mantenimiento de los agresores. La víctima puede escoger, de entre todas las condenas proporcionales, la que más la aproxime a la situación previa al daño. Y ello incluye compensaciones pecuniarias, servicios laborales para la víctima o castigos físicos.

Nuestro sistema penal recurre a una mezcla de las tres cosas: multas, trabajo social y prisión. La diferencia esencial es que la condena, en lugar de beneficiar y restituir a la víctima, ha sido nacionalizada por el Estado. Las multas engrosan el erario público; los trabajos sociales se prestan para la comunidad; el encarcelamiento tiene lugar en prisiones públicas, costeadas con nuestros impuestos.

La víctima se ha visto privada de la capacidad de elección sobre la condena pertinente y sobre los beneficios compensatorios que ésta le proporcionaría. Esta potestad de la víctima ha sido expropiada por un sistema judicial monopolístico y compulsivo, cuyo funcionamiento no atiende a sus intereses, sino a complacer las necesidades de políticos y burócratas.

Por consiguiente, recordemos una idea que no por sencilla está lo suficientemente clara: Zapatero carece de cualquier legitimidad para decidir sobre la condena a De Juana. Y esto por una sola razón: Zapatero no es víctima de De Juana, no ha sufrido ningún daño por el que pueda exigirle reparación.

Los únicos que tienen derecho a decidir sobre el futuro de De Juana son sus víctimas; ni la sociedad, ni el Estado, ni siquiera las víctimas de otros terroristas tienen poder alguno sobre De Juana –y mucho menos sobre los derechos de restitución que ostentan las víctimas de De Juana.

La condena a 21 años de cárcel para De Juana fue decidida de manera unilateral por un sistema judicial que carecía de justo título para ello; un sistema judicial que suplantó a las víctimas y que desatendió su derecho de restitución.

El nuevo régimen penitenciario de De Juana ha sido decidido de manera unilateral por un Gobierno que carece de justo título para ello. Nada ha habido más degradante en todo este asunto que la prepotencia de Rubalcaba, cuando dijo que se ha tratado de "una decisión personal". Pero, oiga, ¿qué legitimidad tiene usted para decidir sobre la condena a De Juana? ¿Acaso es una de sus víctimas? ¿Acaso las víctimas le han delegado su potestad?

Su única legitimidad es y será la del Ejército: el respaldo del poder militar como garantía ejecutiva de sus resoluciones. Pero al proteger a un terrorista con sus "decisiones personales", sustentadas únicamente en su poder coactivo, Rubalcaba no ha actuado de manera distinta a como haría un mafioso que rescatara a alguno de sus compinches de la cárcel.

Y no nos engañemos. Una perversidad de este calibre, un atentado tan flagrante contra la justicia, no es el "precio" necesario para que la sociedad funcione. Una sociedad no puede asentarse sobre la violación sistemática de los derechos ajenos. El coste de la civilización no puede ser el salvajismo.

Las víctimas de De Juana tienen perfecto derecho a que el terrorista permanezca en la cárcel hasta el fin de sus días, incluso a alimentarlo coactivamente y a prolongar la reclusión forzosa. Las sentencias de una pandilla de funcionarios con toga o las decisiones políticas de un Gobierno autócrata no eliminan de ningún modo la validez de ese derecho. Pero sí sirven para mostrarnos el enfoque totalitario hacia el que está orientado el régimen que padecemos.

Los políticos deberían ser conscientes de que la violación alevosa que han perpetrado durante estos días contra los derechos de las víctimas los convierte en agresores y por tanto en responsables.

Guapas, tramposas y lloronas

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

Según Marian, "si es verdad eso de que el cuerpo se deforma tanto después de ser madre, ¿cómo se explica que se presentaran 20 chicas y ganara yo? Son normas que sólo se explican por el machismo. ¿Qué pasa, que querían chicas solteras y sin niños para poder manipularlas mejor, o es que tenían algún interés escondido, les estorbaba algo?". Construye un hombre de paja y ataca resentida a los organizadores de aquel concurso imputándoles motivaciones perversas que no puede demostrar y razones que no son las más relevantes, y no tiene la honradez o la capacidad intelectual de ver que son posibles otras explicaciones aparte del manoseado topicazo del machismo: tal vez tenga que ver con la apretada agenda de una miss, difícilmente compatible con una maternidad responsable.

Parece que es habitual que las candidatas oculten o maquillen datos, o sea, que hagan trampa. Y encima se indignan cuando las descubren, y se quejan de que sufren mucho estrés por la persecución y la injusticia. Pobrecitas, tal vez deberían estar agradecidas porque no las denuncian por falsificar datos. El Gobierno ha pedido a la empresa que organiza el certamen de Miss España que se le devuelva el título a la afectada. Es un asunto de interés nacional, aunque quizás se olvida a la ganadora sustituta que sí cumplió con las normas. Múltiples necios han corrido en su apoyo con argumentos intelectualmente patéticos y liberticidas.

Según Rosa Peris, directora del Instituto de la Mujer, "éste es un caso claro de discriminación directa"; parece que la ley de igualdad hará que cláusulas como la que ha permitido desposeer a Miss Cantabria de su título sean nulas de pleno derecho. "Hay una clara concepción machista en nuestra sociedad de que la maternidad es una tara. Pero no existe la misma percepción con la paternidad."

La secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, insistió en que constituye un caso "clarísimo de discriminación directa" y agregó que así "vamos a hacérselo saber a la entidad que lo ha proclamado". Se van a enterar. Añadió que "ante la ley no se puede justificar" que la maternidad se discrimine "como si fuera un déficit para el funcionamiento profesional de una mujer". Murillo puntualizó que actos de este tipo "muestran que todavía somos tratadas de diferente forma, y no hay ninguna justificación". Tiene un curioso concepto de la justicia, y tal vez es parte interesada al ser mujer (aunque seguramente no se presente a concursos de belleza). Murillo considera que "ninguna entidad privada está exenta de cumplir la ley". Pero tal vez hay leyes ilegítimas (¿no fue legal la esclavitud?) redactadas por ignorantes indeseables.

Según Murillo, al excluir del certamen a una mujer por ser madre se produce la doble discriminación de dejar fuera a una persona porque se da por hecho que su cuerpo nunca podrá volver a ser el mismo después de la gestación y al establecer que sólo la mujer puede encargarse del cuidado de un hijo; subrayó la responsabilidad que tienen los concursos de belleza cuando tratan de forma diferente a las mujeres, porque eso redunda de forma negativa en la imagen social y en la inseguridad de la mujer. Tanta maldad e irresponsabilidad junta es intolerable.

Según el Instituto de la Mujer, "la maternidad no supone ninguna limitación física, intelectual o laboral para las mujeres, por tanto, cualquier concepción de la misma como un problema es discriminatorio"; tal vez no han sido madres, pero como seguro que han sido hijas al menos podrían pedirles a sus madres que les explicaran si la maternidad no implica ninguna limitación ni ningún problema. Tal vez no sea tan cierto el tópico políticamente correcto de que "una madre puede trabajar perfectamente en cualquier ámbito".

Laura López, la Miss Ceuta descalificada el año pasado por ser hermana de la jefa de la delegación de La Coruña, afirma que "todos somos humanos y somos iguales". Qué profundo e informativo. Por cierto, también se presentó a Miss Palencia en una edición anterior; la organización a veces hace la vista gorda. Enriqueta Chicano, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, denunció que estos problemas tienen su origen en "reductos" que implican que "una no puede ser madre y guapa, pero sí padre y cualquier otra cosa".

Hay otros concursos con requisitos distintos y quien quiere puede presentarse a esos otros certámenes, ignorarlos, criticarlos, o incluso organizar nuevos concursos con otra mentalidad. ¿Tal vez estas chicas buscan ser famosas a cualquier precio montando un escándalo? ¿Venden luego sus apariciones televisivas, o sus desnudos? ¿Son realmente víctimas cándidas e inocentes? ¿Tienen la formación intelectual necesaria para realizar argumentaciones éticas? Después de oír a las políticas, están más o menos al mismo nivel: cercano a cero.

¿Necesitamos más y mejores cierres?

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Puerto Real está en pie de guerra ante la decisión del fabricante Delphi de cerrar la factoría que mantenía en la localidad gaditana. Es un asunto grave para todas esas familias, que tendrán que buscarse otra empresa en la que aportar valor y generar una renta. Hay razones de peso para el desmantelamiento de la factoría. Además de los problemas que tuviera esta en concreto, España se enfrenta a la competencia mundial que llamamos globalización. Hay otras partes del mundo en la que hay trabajadores cualificados y que trabajan en unas condiciones menos onerosas para la compañía.

La función social de las empresas consiste en ganar cuantos beneficios sean capaces de generar, porque eso quiere decir que están aportando mucho valor. Y tienen tanto derecho a desplazarse a otro país como lo tuvieron en su momento para venir al nuestro.

Los países ricos no pueden competir en costes laborales con los pobres, pero los costes son sólo una de las razones que maneja una empresa para invertir en uno u otro lugar. Al menos tan importante es la productividad que puedan generar esos trabajadores, y una de las características de los países más ricos es que los miembros de esa sociedad son muy productivos porque cuentan con mucho capital, tanto físico como humano.

La única estrategia válida consiste en permitir que lo que otros puedan producir más barato lo hagan, y beneficiarse de importar aquellos bienes más baratos, más que producirlos en casa más caros, y centrarnos en los sectores en que podamos aportar un mayor valor. No sé si necesitamos más y mejores cierres, pero sí permitir que se produzcan. De nada vale aferrarse al pasado, cuando tenemos muchas oportunidades para crear empresas de futuro.

Una nueva revolución china

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La china sigue siendo una dictadura brutal, aunque por suerte no sea más que una sombra, aún sangrienta, de lo que fue: un Estado matarife como pocos en la Historia. Pero la apertura económica está arrancando a centenares de millones de personas de la pobreza y creando una clase media cada vez más amplia, que crece en riqueza como lo hace en aspiraciones; y con ellas, aumenta el conflicto con el régimen. China albergará antes de que concluya la segunda década de este siglo una de las revoluciones de mayor calado de nuestra era, cuyo resultado marcará en gran medida el carácter del XXI, como las de Francia y Estados Unidos marcaron el rumbo del XIX y la Rusa el del XX.

El presidente Hu ha endurecido la represión; la música de las propuestas de reforma para los próximos cinco años, ya veremos si la letra, suena a vieja tonada socialista. Pero, como cuando se abre una grieta en una presa ya vieja o mal diseñada, la apertura económica libera unas fuerzas que son menos controlables a cada minuto que pasa. La predicción del primer ministro Wen Jiabao de que la dictadura comunista todavía durará cien años me recuerda a François Miterrand diciendo, el 8 de noviembre de 1989, que el muro de Berlín seguiría por muchos años y que tendríamos que aprender a convivir con el bloque soviético.

Además de la presión interna, la dictadura tiene en las relaciones internacionales otro condicionamiento muy importante. China quiere ejercer de nueva superpotencia y ganar un peso que supere al de la Unión Europea e iguale el de los Estados Unidos, y sabe que una vuelta atrás en el respeto a los derechos individuales le restaría capacidad de influencia. Siempre está el camino del rearme, y en 2007 aumentará el presupuesto militar en un 17,8 por ciento, hasta superar los 45.000 millones de dólares. Pero esa carrera sólo la puede mantener si se lo permite la economía, y ésta respondería muy negativamente a una resocialización. Incluso un parón en las reformas podría ser fatal.

El modelo de cerrazón política y apertura económica ha permitido sobrevivir a la maquinaria dictatorial, e incluso la ha fortalecido. Pero tiene en su esencia una enorme contradicción que se resolverá más pronto que tarde. Bien podría ser una nueva victoria para la libertad.

El valor supremo de ZP

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

La demencial decisión del Gobierno está auspiciando una verdadera rebelión cívica –a la que el Partido Popular ha anunciado que se sumará como participante activo– de tales proporciones que el ZP se ha visto obligado a explicarse al final de su discurso ante el Comité Federal del Partido Socialista.

En palabras del todavía presidente de España el argumento para tal despropósito consiste en que "nosotros creemos en el valor supremo de la vida y en el objetivo de que no haya más muertes por el terrorismo". Dudo que, a excepción de los terroristas y quienes sacan partido político de sus atentados, nadie desee más asesinatos por terrorismo. La cuestión reside en cómo conseguirlo, porque no creo que haya alguien tan ciego como para subordinar todos los demás valores a ese fin. La primera parte de la frase, en cambio, sí trata de dar una cobertura más directa al atropello del Gobierno. Y es que la vida resulta ser el valor supremo de quienes gobiernan este país. Así que es de esperar que todos los demás valores y derechos sean subordinados a la vida en las acciones legalmente lleve a cabo el Gobierno.

Sin embargo, resulta interesante constatar la contradictoria postura del gobierno en esta materia según se trate de una persona que desea incurrir en eutanasia y una persona que deja de alimentarse voluntariamente. Si los primeros deberían tener derecho a decidir cuándo acaban con su vida, ¿por qué no iban a tenerlo los carniceros? La única explicación coherente sería que al asesino no se le puede dejar morir porque tiene que restituir a las víctimas. Pero como la justicia descafeinada que padecemos ha olvidado a las víctimas y sólo se preocupa de reinsertar a los criminales o, como mucho, de defender un vago concepto de interés social, la explicación de ZP no cuadra.

Es más, aunque fuese cierto que ese sea el principio rector del gobierno, que ya vemos que no lo es, ¿de verdad alguien piensa que cualquier vida está por delante de otros valores como la justicia o la libertad de las personas? ¿Y qué pasa cuando una vida amenaza la vida de otra persona? Por ejemplo, ¿debemos considerar un valor supremo la vida de una persona que ha entrado en nuestra casa y está agrediendo a nuestra familia?

Además, si ordenáramos los valores de acuerdo con Zapatero, cualquier persona podría conseguir burlar la justicia amenazando con suicidarse y eso es, por cierto, lo que el sanguinario De Juana ha hecho. La ofensa a unas víctimas que no tienen otro derecho que ver como los criminales cumplen condenas de cárcel es mayúscula. Lo cierto es que la teoría ética de ZP tienes importantes complicaciones. En primer lugar, impide una efectiva defensa personal de –¿lo adivinan?– la vida de una persona inocente. En segundo lugar, condiciona la posibilidad de contar con una ética universal y de ejercer la justicia como la diosa romana Justitia hubiera hecho: con los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. El Gobierno le ha retirado a Justitia la balanza y la espada, y le ha hecho un agujero en la venda por el que se privilegia a compañeros de viaje como De Juana.

El neoprogresismo salvaje destruye el planeta

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Sus profetas extienden la falsa creencia de que la única forma de evitar el cataclismo que se avecina es limitar el crecimiento económico, pero se trata únicamente de una estrategia hábilmente diseñada para que los líderes de esta nueva religión puedan esquilmar los recursos terráqueos con mayor impunidad. Nosotros volvemos a las cavernas y ellos arrasan el planeta con la conciencia tranquila.

El vicepresidente de la era Bill Clinton, reconvertido en el Ananías del cambio climático con su documental de chorra-ficción, consume en su casa, por ejemplo, doscientos veinte mil KW-hora, frente a los diez mil que gastan las familias norteamericanas de media . Lo más curioso es que las familias modestas, que ahorran energía para no acabar con las especies en peligro de extinción, tienen que soportar los sermones que Gore I El Derrochador les coloca periódicamente para crearles mala conciencia.

Cuando la compañía eléctrica de Tenessee, proveedora de energía para la casa de Al Gore, desveló los datos de facturación, nuestro protagonista se defendió argumentando que en su casa utiliza bombillas fluorescentes compactas. A juzgar por su consumo de electricidad deben ser bombillas elefantiásicas, del tamaño de la cabeza de Ted Kennedy, porque de lo contrario no se explica que una casa normal utilice semejante volumen de energía.

George W. Bush, en cambio, ha hecho instalar en su rancho de Crawford un sistema de bombas de calor que utilizan la energía geotérmica, así como un depósito para recoger y depurar el agua de lluvia y al mismo tiempo reciclar el agua procedente del uso doméstico con destino al riego de la finca. ¿Quién es entonces el asesino de bebés foca?

Es bueno que haya empresas que cierren

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Para ver un poco mejor el sinsentido de esta medida, alarguemos este intervencionismo al infinito: ante la posibilidad que una empresa cierre, el Gobierno interviene para que ésta siga abierta. Este tipo de intervencionismo nos llevaría a la contradicción del propio sistema capitalista, llegaríamos a la eliminación de la diversidad de productos y precios. Al final, el incentivo de la oferta no sería el beneficio de la demanda o consumidor, sino conseguir las rentas proporcionadas por el Estado.

Esto nos llevaría a la mayor contradicción del capitalismo: tendríamos una estructura productiva plana, inerte, socialista. En este contexto no hay ningún incentivo real para invertir, descubrir necesidades ni avanzar. Si siguiéramos este proceso, dentro de cincuenta años, por poner una fecha, tendríamos el mismo tejido productivo que ahora. El problema es que los países que hubiesen abrazado el capitalismo no estarían como nosotros, sino mucho más avanzados: tendrían una estructura productiva dinámica, rica, diversa, libre y próspera. En algún momento, su superioridad económica acabaría ahogando nuestro bienestar y dejaríamos de ser competitivos para convirtiéndonos en un país subdesarrollado más.

Fíjese en los países comunistas donde siempre había pleno empleo. Mientras las naciones civilizadas avanzan y su bienestar crece, los socialistas se quedan estancados, la pobreza aumenta, la gente quiere escapar de ellos y son incapaces de competir contra nadie. Por el contrario, los países más capitalistas son los más ricos y los que disfrutan de mayor bienestar. Precisamente han sido los antiguos países de la Unión Soviética quienes mejor han acogido al capitalismo y han tenido unos incrementos en bienestar espectaculares. Sería absurdo afirmar que ahora están peor que antes.

Mantener empresas que la gente –o lo que es lo mismo, el mercado– ya no quiere para ganar votos es cerrar la puerta al progreso y a las libres decisiones de los consumidores. Cuando el Gobierno evita un cierre empresarial apoya abiertamente la ineficiencia, el parasitismo y el retroceso económico, creando además una falsa sensación de seguridad laboral y productiva que acaba pagando la sociedad entera con mayores impuestos y desempleo, un mercado laboral rígido e ineficiente y menor diversidad económica. Justo lo que tenemos en España.

La obsesión cortoplacista del Gobierno en detrimento del largo plazo, de la que mantener empresas improductivas que no tienen futuro inmediato no es más que un ejemplo, resta capacidad de riqueza a la comunidad. Localiza los recursos útiles (capital, factor humano…) en labores no productivas. Podemos resumirlo en la expresión: "pan para hoy, hambre para mañana".

Mientras que la economía es una ciencia, la política, tal y como vemos cada día, no es más que la manipulación de los sentimientos para conseguir beneficios a corto plazo a expensas del resto de la sociedad. Mezclar economía con política no hará variar las leyes esenciales de la ciencia económica, sólo nos sumergirá en una ficción de bienestar que nos hará más pobres.

Ley del Suelo, por qué hay que votar “no”

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Además, la ministra ha lanzado la siguiente advertencia: "Los grupos que finalmente no la apoyen, si eso ocurre, deberán explicar por qué". Por ello me veo en la necesidad de solicitar a los diputados del pleno del Congreso a que voten no y a exponer cuáles son los porqués. Entre las razones por las que hay que votar no, destacan las siguientes: incentiva la especulación, incrementa la corrupción, aumenta la inflación, elimina el principio de indemnidad patrimonial en las expropiaciones, y gran parte de su articulado es inconstitucional.

Empezando por el final, la ley es inconstitucional porque no hace caso a la Sentencia 61/1997 del TC, que eliminó el debate sobre si el Estado podía legislar o no en materia urbanística y, además, le atribuye como únicas competencias la de dictar cuáles son los derechos y deberes de la propiedad del suelo y el régimen de valoraciones en los casos expropiatorios. Pues bien, la ley que se somete hoy a votación hace caso omiso a esta sentencia e introduce derechos y deberes, como los de los ciudadanos, que poco tienen que ver con la propiedad.

Por otro lado, también da cobertura a la iniciativa urbanizadora y edificadora a terceros sin necesidad de ostentar la propiedad, con lo que incentiva las expropiaciones privadas que chocan de forma directa con el concepto de propiedad privada definido en nuestra Constitución. Además, este tipo de expropiación incluida en diferentes leyes urbanísticas autonómicas como método de gestión está actualmente denunciado en los tribunales europeos. Por último, la ley introduce un gran número de preceptos que afectan a materias de competencia autonómica, como la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda. Algunos de éstos son: los convenios urbanísticos, los plazos de información pública del planeamiento, exigencia de documentación que debe incorporar el planeamiento (como, por ejemplo, el de sostenibilidad económica, que lo único que le preocupa es que las arcas locales estén saneadas), y para terminar introduce increíbles límites totalmente arbitrarios en los desarrollos urbanísticos que contemplen crecimientos superiores a un 20% de la población actual del municipio o de su territorio (¿por qué no el 14%, el 16% o el 38%?).

Tanto el Tribunal Constitucional, diciendo que debe entenderse como "correspondiente indemnización", como el Tribunal Supremo mediante reiterada jurisprudencia, han venido defendiendo el denominado principio de indemnidad patrimonial, mediante el cual debe existir "un equilibrio entre la indemnización de la expropiación y el valor económico del bien". Sin embargo, esta ley desoye dicho principio y lo elimina por completo mediante el cambio sustancial que sufren las valoraciones de suelo para supuestos expropiatorios. Con el cambio de criterio de valoración (que de ser en función de la clasificación pasa a ser en función de su situación), así como los cambios de los mecanismos o métodos de valoración del suelo, las compensaciones expropiatorias serán infinitamente menores a la de los precios de mercado y, por lo tanto, al valor económico del bien. Por todo ello, el criterio de indemnidad patrimonial definido por la Justicia es eliminado y sustituido por el de indignidad compensatoria o injustiprecio expropiatorio.

La ley en ciernes utiliza como premisa legitimadora de la misma una deducción totalmente errónea de la tendencia inflacionista de los precios, probablemente, producto de la falta de reflexión y del desconocimiento del funcionamiento del mercado por parte del legislador. Ésta atribuye a las clasificaciones de suelo los aumentos de los precios y de la especulación, sin darse cuenta de que lo que produce verdaderamente encarecimiento de precios es la intervención sobre la oferta de suelo, ya sea mediante la clasificación o cualquier otro tipo de intervención estatal que limite los potenciales usos del suelo por parte de su propietario. Si lo que se quiere es acabar con la tendencia inflacionista de los precios, lo único que hay que hacer es eliminar el control sobre los mismos, como explica la ciencia económica. Sin embargo, la ley no sólo produce un importante aumento de la intervención del suelo sino que además introduce nuevos impuestos, como el aumento hasta un 20% de la cesión de la edificabilidad a las arcas municipales y la reserva mínima de un 30% de la edificabilidad destinada para viviendas sujetas con algún régimen de protección, este último de dudosa constitucionalidad. Sin duda alguna, estos nuevos impuestos producirán una tendencia inflacionista de los precios de las viviendas libres.

Por otro lado, otro de los supuestos fines de la futura ley es eliminar la corrupción. Como ya hemos dicho, ésta no sólo no lo conseguirá sino que además la fomentará, ya que incentiva mediante su creciente intervención del suelo la especulación con base en la actividad política y administrativa. Este tipo de especulación, y no la económica, que es necesaria para equilibrar el mercado, inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo, es una de las principales causas de la corrupción y el fomento de la misma. El artículo 47 de nuestra Constitución, cuando dice que los poderes públicos deben impedir la especulación se refiere a ésta, puesto que impedir la economía es llevar nuestra economía al colapso.

Éstas son algunas de las razones de peso por la que todos los representantes parlamentarios deben votar no. Estoy convencido de la buena fe del Gobierno en querer solucionar el problema de la vivienda y la corrupción, y es por ello que, si verdaderamente quieren hacerlo, deben retirar hoy este proyecto de ley y confeccionar una reforma legislativa que gire en torno a los dos siguientes principios: el respeto al derecho a la propiedad privada del suelo y la liberación de la asignación de los usos del mismo. De esta manera se eliminará la especulación política y con ella la corrupción. En caso de que el Gobierno no retire esta catastrófica ley y los diputados del Pleno no quieran utilizar estas razones para explicarle a la ministra por qué han votado no, la oposición debe presentar de inmediato un recurso de inconstitucionalidad de la misma y además derogarla en el primer Consejo de Ministros el día que vuelva al poder.