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Anciana oprimida

Como la primera persona del plural incluye al hablante, resulta que lleva siglos (o sea, doscientos años o más) sufriendo la invisibilidad doméstica y la heteronomía. Sufrimiento que tampoco parece muy creíble en alguien que ha sido funcionaria, política y gobernante casi toda su vida: tal vez su empatía le hace sentir el dolor que ella misma causa a las abundantes víctimas de su coacción política, que son tanto hombres como mujeres. Respecto a lo doméstico, tal vez deba quejarse a sus progenitores y parejas afectivas. Con "frecuentemente exaltadas como objeto puramente estético" seguramente tampoco se refiere a sí misma.

No es raro en un colectivista confundir intelectualmente la parte por el todo. Muchas mujeres han sufrido y sufren agresiones y represión, y en muchos sitios no son iguales a los hombres ante la ley, pero eso no significa que todas las mujeres puedan hacerse las víctimas de los daños sufridos por otras. La justicia no consiste en que unas mujeres no agredidas se beneficien porque otras mujeres distintas fueron o son agredidas; la justicia consiste en identificar a los agresores y obligarles a compensar a sus víctimas, sin que paguen justos por pecadores.

Ignorante profunda de economía y ética, De la Vega protesta con demagogia y cinismo por las "tasas de desempleo superiores a las de los hombres, salarios más bajos, escasa presencia en los puestos de responsabilidad, mayor precariedad laboral". Los salarios más bajos no se deben a sueldos distintos por la misma productividad (si fuera así los empresarios serían tontos si no contrataran sólo mujeres más competitivas); la escasa presencia en puestos directivos tal vez se deba a decisiones libres de muchas mujeres que prefieren dedicar menos tiempo y esfuerzo a su profesión y más a su familia; y el mayor desempleo y precariedad quizás se deban a las regulaciones laborales que presuntamente las protegen pero que lo que realmente consiguen es asustar a sus potenciales empleadores.

No le gusta a De la Vega que las mujeres soporten la carga principal de conciliar actividad profesional y familiar; no está de acuerdo con las decisiones libres que se tomen dentro de cada familia, así que va a corregirlas mediante herramientas políticas: multas y prisión para los malos, subvenciones con cargo al fisco para los que se porten bien. Como intervencionista aspira a la igualdad total, no ante la ley sino mediante la ley, y quiere más derechos políticos y sociales, es decir, violaciones socialistas de derechos de propiedad.

Según el principio de presencia equilibrada, ambos sexos estarán igualmente representados, no sólo en los órganos y cargos de responsabilidad del estado sino también en los consejos de administración de las empresas privadas. Lo siguiente será que los designen por sorteo. Con total desfachatez pretende que esta ley va a contribuir "al progreso de nuestro país, ya que la equidad de género es una exigencia de principio, es una exigencia ética de justicia, pero también es una política inteligente y rentable desde el punto de vista económico y social". La justicia trata de personas, no de hombres o mujeres, así que cualquier ley que considere el género es automáticamente contraria a la ética; y la política no es una actividad donde brillen precisamente la inteligencia y la eficiencia económica. "Hay quienes han dicho que esta norma es intervencionista… Creo sinceramente que cometen una enorme injusticia". Pobrecita, seguramente es cierto que lo cree sinceramente.

La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres es efectivamente un paso histórico: un gran hito liberticida que abarca todos los ámbitos posibles. No se corta la vice al reconocer que busca "cambios profundos en pautas de pensamiento", así que actuará en la educación, la creación artística e intelectual, y los medios de comunicación para imponer el principio de igualdad, la paridad y la imagen igualitaria. No contenta con regular los actos de los demás, también quiere inmiscuirse en las mentes ajenas. "Actuando así estamos extendiendo derechos, ampliando los espacios de libertad e igualdad de los hombres y mujeres de nuestro país". ¿Derechos? ¿Libertad? Resulta dudoso que esta señora sepa lo que significan.

Salgado desprotege a los consumidores

Como consumidores, a todos nos gusta que los precios de los productos sean lo más reducidos posible. Normalmente, un redondeo al alza nos molestará. Como empresarios, intentaremos siempre que nos compren al mayor precio posible; así pues, un redondeo a la baja no nos agradará.

Se trata de un conflicto de intereses natural, similar a los que pueden darse en otros ámbitos. El trabajador prefiere salarios más elevados; el arrendador, alquileres más altos; el prestamista, percibir unas rentas superiores. Lo característico del mercado es que esos intereses aparentemente conflictivos se concilian y armonizan mediante el intercambio voluntario.

Cuando dos personas efectúan voluntariamente una transacción, esperan siempre salir beneficiadas. Cuando alguien acepta un trabajo, lo hace porque con ello su situación mejora, lo cual no quiere decir que no deseara cobrar más por hacer lo mismo. Cuando alguien compra un producto, lo hace porque valora más dicho bien que el dinero que va a pagar por adquirirlo, lo cual no quiere decir que no deseara comprarlo por un monto inferior. Etcétera.

El Estado, por el contrario, es por completo antagónico a la armonía de intereses. Su existencia se basa en un conflicto permanente entre unos individuos (políticos, subvencionados, funcionarios…) que explotan a otros (contribuyentes) por medio de la fuerza. ¿Cuántos contribuyentes pagarían a este ineficiente y torpe Estado por la provisión de servicios jurídicos y de seguridad si se tratara de una decisión voluntaria? No existe el beneficio mutuo. Si así fuera, no sería necesario utilizar la coacción para recaudar los impuestos.

Pero hete aquí que quienes impiden la armonía pacífica de intereses en ciertos ámbitos sociales son los mismos decididos a obstaculizarla en otros… donde ya existía. La prohibición del redondeo es sólo un primer paso para prohibir acuerdos que podrían alcanzarse sin la intervención y que serían beneficiosos para las partes implicadas.

La excusa oficial de la medida represiva es favorecer a una parte frente a la otra, al consumidor frente al empresario. Se alega que el consumidor es la parte débil porque tiene menor poder de negociación, lo cual es falso por completo.

Nadie que se haya percatado del analfabetismo de nuestros políticos y burócratas podrá extrañarse de que no hayan leído a Carl Menger, pero ya en 1882 el padre de la Escuela Austriaca resumió magistralmente por qué, en todo caso, es el empresario quien se encuentra en una posición más débil:

Aquél que trae al mercado productos que no son dinero se encuentra, en mayor o menor grado, en desventaja. Para poder lograr el mismo dominio sobre lo que el mercado produce, deberá convertir primero en dinero sus productos intercambiables.

El vendedor acude al mercado para captar algo (dinero) que el consumidor ya tiene. Si un empresario quiere consumir, tiene que vender sus mercancías a cambio del dinero que ya tienen sus potenciales clientes.

Es más, el consumidor puede elegir no comprar hasta que le ofrezcan algo que le satisfaga, ya que el dinero seguirá siendo aceptado en el futuro. El empresario lo tiene mucho más difícil para elegir no vender hasta que le ofrezcan una cantidad de dinero aceptable: otros empresarios pueden arrebatarle a los clientes mientras espera; y, en todo caso, tarde o temprano tendrá que vender (o liquidar) sus productos, si quiere lograr dinero con el que poder consumir.

Pero aun suponiendo que el comprador fuera la parte más débil, la regulación gubernamental sólo vendría a debilitarle aún más. Por una razón muy sencilla: el objetivo de todo consumidor es adquirir productos que satisfagan sus necesidades, y el redondeo promueve la mala asignación de los recursos, esto es, la creación de bienes y servicios que no satisfacen las necesidades más urgentes de los individuos.

La inversión productiva de una empresa queda determinada en última instancia por los beneficios futuros que pueda obtener, y esos beneficios vienen a su vez determinados por los precios que los potenciales clientes estén dispuestos a pagar. Cuanto mayor sea el precio que acepten pagar los potenciales consumidores, mayor será el beneficio de la empresa, y por tanto su producción futura de bienes y servicios.

Como ya hemos dicho, si un individuo compra un producto es porque lo prefiere sobre todas las demás alternativas. En el momento en que las ventajas que obtenga sean inferiores al precio, dejará de comprar ese producto y empleará su dinero en adquirir otro. La inversión en "productos caros" caerá, y la destinada a "otros productos" aumentará; esto es, la inversión se dirigirá hacia las alternativas que más satisfagan al consumidor.

Si se prohíbe el redondeo al alza, las empresas sólo tendrán que compensar los menores beneficios con subidas de precios en sus productos, tal y como ocurrió hace unos meses, cuando la medida se impuso a las compañías telefónicas. Pasaron a tarifar por el tiempo realmente consumido, pero incrementaron los precios.

La cuestión es qué hará el Gobierno cuando esta práctica se generalice en otros sectores económicos, como los párkings. Si prohibiera o sancionara las subidas, como ya le han reclamado ciertos grupos de presión, estaría limitando los beneficios de esas compañías y, por tanto, la inversión en aquellos bienes y servicios que los consumidores demandan.

Dicho de otro modo: si los consumidores están dispuestos a pagar mucho dinero a las compañías telefónicas es porque, aun así, les proporcionan unos servicios que valoran más que el dinero que pagan por ello. Precisamente esa gran rentabilidad es lo que permite que se sigan desarrollando y mejorando esos servicios telefónicos que los consumidores tanto valoran.

La fijación de precios es una medida de carácter socialista que, en definitiva, implica el racionamiento y la distribución estatal del capital (tal y como postulaban los economistas fascistas). Es el Gobierno y no los consumidores quien dicta los bienes que deben ser producidos.

En otras palabras: el redondeo sólo traerá subidas de precios que, en caso de que el Estado quiera contrarrestarlas, provocarán malas asignaciones de recursos entre las empresas. Las intervenciones estatales sólo generan nuevas complicaciones y no resuelven ninguna.

Si el Gobierno realmente deseara favorecer una mejora en la situación de los consumidores, tan sólo tendría que eliminar el régimen de licencias de la telefonía móvil. Desde hace más de cuatro siglos se sabe que la mejor manera de que bajen los precios es no limitar artificialmente la concurrencia de vendedores, pues crea oligopolios de facto.

Pero el Estado no soporta que la prosperidad provenga de la abundancia de empresarios, y no de sus chapuceras intrusiones; prefiere manipularnos con propagandas y rimbombantes actuaciones legislativas para que los contribuyentes creamos que se trata de un Dios capaz de solucionar la mayor parte de nuestros problemas. Así no caeremos en la cuenta de que el Estado es en realidad el problema.

La propiedad en China y el asombro

Dos tercios del PIB chino están en manos privadas, una propiedad sancionada por el mero uso, pero sobre la cual no cabía defensa alguna frente al Estado. Las expropiaciones a los pequeños campesinos eran comunes, y llevaban a miles de ellos incluso a enfrentarse a la feroz dictadura cuando no tenían ya nada que perder, pues sin su pequeña tierra la propia vida corría un grave riesgo.

El poder de la propiedad privada sorprende incluso a sus mayores estudiosos. Cuando uno sabe que puede contar con seguridad con lo que le pertenece, comienza a dedicar sus esfuerzos a mejorarlo y hacerlo más productivo, en la confianza de que los frutos serán tan suyos como los esfuerzos y sacrificios. La emergente clase media que ocupa las ciudades tiene el suficiente poder e influencia como para hacer valer sus derechos, pero los campesinos no. Esta es la marca de los “dos sistemas” bajo un mismo régimen. Y acaso, cuando el socialismo se limite a la dictadura, con sus discursos y símbolos del pasado, cuando surja una sociedad nueva con exigencias nuevas y con más medios con los que defenderlas, el propio régimen tendrá que cambiar.

En los años por venir veremos una auténtica transformación social. Valdría la expresión revolución silenciosa, si no fuese porque el término está ya muy gastado. Una revolución con fecha de inicio, pero con millones de protagonistas desconocidos, con pequeñas aportaciones, interrelacionadas en la red del mercado, e inaprensibles para el ojo del historiador que quiera fijar los hechos heroicos con que trabar su relato.

Si en las últimas tres décadas han superado el umbral de la pobreza 400 millones de personas en China, este cambio permitirá a los que poco tienen progresar aún más rápido. La economía china desafía año a año las persistentes previsiones de enfriamiento. Ahora el asombro puede ser aún mayor.

Apartheid sexual

La malhadada ley es un compendio de la hética socialista, así, con h, que sin ella la desconocen. Propone sustituir la realidad por sus fantasías, con el método poco imaginativo de imponer cuotas por sexos en este u otro lugar que se les antoja; principalmente en los altos cargos de la administración, las listas electorales y los consejos de administración de las empresas.

Por descontado que la ley es sexista. En lugar de considerar que el sexo es una cualidad más de cada una de las personas, y que todas ellas, independientemente de ésta u otras cualidades que puedan tener, han de ser iguales ante la ley, nos definen a cada uno por ese aspecto de nuestra personalidad, dándole una importancia que no tiene. No la tiene para el trabajo, es decir; no para el desarrollo profesional o para la actividad que cada uno decida que debe ser su principal ocupación. Sí para las relaciones personales, y claro está que no siempre. Además de sexista resulta discriminatoria, ya que literalmente impone una discriminación en función del sexo.

Es arbitraria, además, porque igual que nos quiere discriminar en función de nuestro sexo, también podría hacerlo en función de nuestra raza, con lo que además de sexista sería racista. ¿Qué tiene de malo el racismo que no lo tenga el sexismo? ¿Qué tiene de especial el sexo para que al Gobierno le parezca bien utilizarlo para discriminar y fijar cuotas, que no lo tenga la raza? ¿Qué tiene este apartheid sexual de bueno? Y es contradictoria con otras políticas de este Gobierno, que por un lado desdibuja un hecho natural, como que cada uno tenga un sexo, permitiendo que cada cual lo cambie en el DNI a voluntad, mientras por otro le da una relevancia para la vida laboral que no tiene.

La dignidad de cada individuo está en gran medida al carácter único de cada cual. No ya en sus cualidades personales, sino en sus aspiraciones y deseos, en sus oportunidades vitales, en el encuentro con miles de otras personas tan únicas como él. Reducir esa variedad al sexo es de un obtuso chocante.

Luego, cada cual se busca la vida como le da la gana. Tiene que ser así, y no de otra manera. Y que la realidad refleje esa variedad personal ni nos debe sorprender ni es un hecho malo por sí. ¿Qué en ciertos puestos se ven menos mujeres que hombres? No es asunto del Gobierno; y si es el resultado de la libre elección de cada uno, nadie es quién para decidir que debiera haber sido de otro modo.

Además criminaliza comportamientos normales, y le permitirá al Gobierno perseguir a tal o cual empresa con esta excusa. Desde beber vino a fumar, pasando por anunciar hamburguesas o contratar hombres nos convierte ahora en un fuera de la ley, cada cosa que hacemos normalmente nos hace vulnerables frente al poder. Lo del feminismo no es más que una fachada para su ideología de poder.

Nuestros papás, los políticos europeos

No es momento de hablar del fantasmagórico proceso de armonización pero sí de lo intervencionistas que pueden llegar a ser políticos de todo el espectro ideológico con tal de poner cara de redentores en la foto. Que la intervención termine por perjudicar al consumidor a largo plazo no interesa a nadie. Los problemas del intervencionismo tocará resolverlo en otra legislatura; una vez pasadas las próximas elecciones, que es el único horizonte que conoce el 99% de los políticos.

Un claro ejemplo de este intervencionismo populista es lo que ha tenido lugar esta semana en Hannover. Los ministros de telecomunicaciones de la UE han decidido llevar a cabo la mayor intervención sobre un precio de mercado que jamás haya tenido lugar en la Unión. Se trata de imponer un precio máximo a las llamadas de teléfonos móviles que se hacen desde el extranjero. Los señoritos han decidido que el precio máximo que se puede cobrar es de 50 céntimos de euro por minuto. En España este intervencionismo de corte populista no sorprende a nadie, pero fuera de nuestras fronteras se han quedado alucinados. Dicen los ministros que "la competencia no ha bajado los precios y no lo logrará". Así que, más frescos que una lechuga, imponen el precio máximo de medio euro que entrará en vigor antes del verano y, ni cortos ni perezosos, declaran solemnemente que "han logrado que las personas puedan tener unas buenas vacaciones de verano". Populismo en estado puro. Habría que preguntarles qué es lo habría que hacer con unos políticos que nunca bajan los impuestos, el precio que nos obligan a pagar por sus "servicios".

Hay varias cuestiones interesantes en este ataque al libre mercado que es el mayor sufrido por un sector en la historia de la Unión Europea. La primera es que la teoría chapista sobre la que se sustenta abre la puerta de un sinfín de intervenciones de consecuencias desastrosas. La función del mercado libre y del proceso de competencia empresarial no es bajar los precios hasta el nivel que guste a los políticos sino, más bien, garantizar que se respeta la propiedad privada en los medios de producción y los intercambios voluntarios. Así se consigue que los recursos afluyan hacia aquellas líneas de producción que generan más valor o, lo que es lo mismo, que satisfacen las necesidades más urgentes de los consumidores en cada mercado. Al final el precio queda determinado por los consumidores en función de la oferta que haya. Otra cosa es que los políticos no estén permitiendo que en este mercado exista libertad de entrada, limitando así la oferta y elevando el precio.

Otra cuestión interesante es que los precios de servicio de roaming, que representan aproximadamente un 6 por ciento del volumen total de facturación de la telefonía móvil, varían muchísimo en función del proveedor. En Europa van desde el 1,87 euros de Vodafone a los 22,2 céntimos de KPN Mobile, pasando por el euro y un céntimo de telefónica móviles o los 88,7 céntimos de Orange. Así que el consumidor puede elegir proveedores con precios muy distintos y servicios bastante diferenciados. En este marco, el precio máximo impuesto sólo puede perjudicar el modelo de negocio de unas empresas y beneficiar al de otras, dañando el proceso dinámico de competencia y perjudicando en última instancia al consumidor final, que verá empeorar el servicio o elevar la factura por otro lado como consecuencia del intervencionismo político. Eso sí, los señores ministros se quedarán muy a gusto porque pueden anunciar a los cuatro vientos que te mejoran las vacaciones, te acurrucan por la noche y te ponen el chupete en la boquita.

El problema es la subvención

Lo que de verdad resulta obsceno de todo este escándalo es el hecho de que la mamarrachada se haya financiado con dinero público, que al contrario de lo que opina la CCCP, pertenece a los ciudadanos que pagamos impuestos, es decir, todos menos los luchadores por un mundo más justo y otros especimenes alternativos, que con su afán de salvar a la humanidad de la humanidad misma ya dan por cubierta su cuota solidaria.

Ahora bien, no se trata de dejar de financiar expresiones culturales porque ofendan a una parte de la población, aunque sea mayoritaria, sino de acabar de una vez con la inmoralidad del fenómeno de la subvención. Cuando un organismo oficial dedica dinero público a editar un libro, está cogiendo recursos propiedad de los ciudadanos para invertirlos según el criterio estético de sus dirigentes, y no hay que ser un antropólogo avezado para constatar que los políticos no son precisamente unos expertos literatos. Ahí está la ministra de Cultura para demostrarlo. Lo decente no es dejar de subvencionar a unos para hacerlo a favor de otros, sino acabar con las subvenciones a la (supuesta) cultura de una vez. ¿No quieren los socialistas la igualdad? Pues no se me ocurre otra fórmula más igualitaria que acabar con el nepotismo subvencionador y que cada cual viva de su talento, en lugar de sus relaciones con el político de turno.

Estoy seguro de que los extremeños podrían sobrevivir perfectamente sin que su presidente financie las paranoias exhibicionistas de un abuelete depravado. Si se trata de juzgar el criterio inversor de las autoridades, la construcción de un hospital o de una carretera seguramente contaría con una mayor aprobación popular que estas obras polémicas. En buena lógica política, cualquier desvío de fondos públicos para subvencionar los caprichos de un artista debería tener un coste electoral. Sin embargo, el socialismo ha conseguido penetrar de tal forma en la mentalidad moderna que la ecuación se ha invertido radicalmente. Así pues, si un político actual, sea del partido que sea, decidiera cerrar un departamento de cultura y devolver a los ciudadanos esas ingentes cantidades de dinero malgastado, no duraría ni cinco minutos en la poltrona.

La "redistribución de la riqueza" nos hace malas personas. Desincentiva al creador con talento en favor de una fauna apesebrada que sólo activa su intelecto para descubrir la manera de influir en la voluntad de los políticos, de cuyo favor depende. Sin la subvención de la junta extremeña, el "artista" Montoya tendría que haber buscado un editor privado y confiar en que el público aclamara su talento comprando el libro. Montoyita sería más feliz, constatando que su arte tiene aceptación popular, y los extremeños tendrían un motivo menos para avergonzarse de sus políticos, así que todos contentos. Porque "otro mundo es posible", acabemos con las subvenciones.

Las consecuencias de la manipulación del dinero

En países como Estados Unidos están viviendo lo que puede ser el inicio de una crisis anunciada y que en algún momento llegará aquí. El mercado de la vivienda empieza a retroceder y está repercutiendo directamente en la economía financiera.

Uno de los grandes detonantes del actual estado de volatilidad del mercado ha sido la aparente crisis del carry trade debido a la reciente subida de los tipos de interés del Banco de Japón. El carry trade es una inversión apalancada que se realiza en una divisa cuyos tipos de interés son más bajos que el crédito de los activos que van a ser comprados en otro país. Por ejemplo, pedimos una hipoteca denominada en yenes. Pagamos una cuota muy baja ya que el tipo oficial a corto plazo de Japón está al 0,5% para comprar una casa en España. El problema surge cuando el yen sube como está ocurriendo. En ese momento vamos a tener que devolver el dinero más caro de lo que lo hemos adquirido, luego perdemos. No sólo eso, sino que además estamos financiando un activo a largo plazo (20, 30 años o el término de la hipoteca), con otro de corto plazo. La enganchada puede ser monumental. El carry trade en general, no sólo el hipotecario, mueve más de un billón de dólares, por lo que la subida del yen es una buena razón para el nerviosismo norteamericano.

A esto se ha sumado en Estados Unidos la crisis de las hipotecas subprime (secundarias) que son las concedidas a clientes de alto riesgo, esto es, a aquellos clientes con poca o nula capacidad de financiar proyectos a largo plazo. Las empresas que conceden este tipo de préstamos se endeudan con otras entidades financieras para ofrecer financiación a terceros a un mayor tipo de interés para compensar el riego. Las subprime representan el 20% del mercado hipotecario americano. El problema es que estás empresas tienen los días contados, de hecho, empresas como Central Pacific Mortgage o la gran New Century Financial Corp. están en quiebra. Esta última, por ejemplo, no puede hacer frente a los créditos que tiene con grupos como Merrill Lynch, Citigroup o Morgan Stanley. Por tanto, éstos también tienen un problema, y gordo.

La Bolsa se ha hecho eco de esta situación y sólo se está traduciendo en pérdidas, especialmente en la banca. Las noticias en España no acompañan, parece que vamos de cabeza y a toda velocidad en la misma dirección que Estados Unidos: la deuda bancaria de los españoles se ha doblado desde 2002 (entrada del euro), pasando de 15.500 euros por cabeza en ese año a los poco más de 31.000 euros en 2006 según la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Como no podemos con los pagos, ¿qué hacemos los españoles? Nos endeudamos más aún: la reunificación de créditos aumenta. Curiosamente, esas empresas que están quebrando en Estados Unidos se dedicaban precisamente a esto. ¿Y todo esto qué provoca? Que el ahorro familiar se hunda a cotas anteriores a las del año 2000. El ahorro es una de las piezas clave para una economía sana, y está desapareciendo. Además, en España la deuda hipotecaria roza el nivel del PIB y la subida de tipos por parte del BCE harán aumentar la morosidad.

No es que esto sea el fin, pero tampoco son precisamente buenas perspectivas. Las empresas aún están teniendo muy buenos resultados y los ratios empresariales son más que aceptables. Además, los márgenes de intermediación de las entidades de crédito aún son amplios y pueden soportar cierto grado de pérdidas, pero está claro que este modelo de economía no es sano ni deseable. Algo falla aquí. Teóricamente, estas cosas no tendrían que ocurrir, porque para eso los gobiernos crearon los bancos centrales. Pero éstos no sólo no evitarán una crisis en el futuro, sino que la están provocando.

Los bancos centrales son los responsables de la emisión de dinero y la "estabilidad de precios". En lugar de estabilizar los precios con altos tipos de interés acordes a las necesidades reales productivas han forzado con su política monetaria expansiva y populista algo que jamás tendría que haber ocurrido. Han generado enormes cantidades de papel moneda que no está respaldada por nada y lo han lanzado al mercado. Las consecuencias están a la vista: inflaciones crediticias (no confundir con el IPC) imposibles de asumir por el ciudadano medio que ve subir mes a mes los precios y sueldos que se mantiene igual que la década de los 90. Antes de la creación de los bancos centrales nunca había habido antes tantas crisis globales de tanto calado.

Si los bancos centrales siguen manipulando nuestro dinero como si fuese suyo y sin responsabilidad, las crisis seguirán ocurriendo de forma crónica. La solución pasa por eliminar a estos planificadores monetarios y recobrar un sistema sano y próspero como fue el patrón oro.

Las discográficas odian Internet

Hasta ahora pagaban un porcentaje de los beneficios más un fijo, pero una reciente decisión del Copyright Royalty Board, un organismo del Gobierno norteamericano, ha aceptado las reclamaciones de la RIAA y ha puesto unas tarifas por cada "interpretación", es decir, por cada canción escuchada por un sólo oyente.

Y eso es sólo la tarifa que deben pagar a los músicos. Luego está la que tengan que abonar a los compositores. Los cálculos que se han hecho indican que esto significaría que las emisoras de radio vía Internet tendrían que poner encima de la mesa, como mínimo, el 100% de sus ganancias. O lo que es lo mismo, la RIAA quería poner fuera de combate a estas emisoras, y el Gobierno se ha puesto de su lado. Para que vean que estas cosas no sólo suceden en la tierra de Calvo y Salmones.

La pregunta clave es por qué la SGAE estadounidense renuncia a unos ingresos más modestos que podría cobrar a cambio de unas tarifas brutales por las que jamás recaudará un dólar. Puede ser que hayan tenido demasiado éxito en su labor de cabildeo, y les hayan concedido unas cifras que sólo pusieron para que la previsible rebaja, que no se ha producido, llenara sus arcas.

Sin embargo, lo cierto es que esta decisión les viene como anillo al dedo. Lo que siempre han querido, lo que Internet les ha robado y quieren recuperar es algo que ganan con esta decisión. Control. Las discográficas se sienten cómodas en el mundo que llevan décadas analizando y gestionando, un mundo en que son ellas quienes deciden qué se va a oír y dónde, en el que pagan a unas pocas y enormes cadenas de radio para que emitan las canciones que han decidido que deben ser un éxito. Internet destruye ese mundo y por eso hacen lo que pueden contra la red. Con esta decisión creen que lograrán retener el dominio sobre la radio y, con él, una parte importante de lo que consideran suyo.

Seguramente, lo siguiente que harán será una negociación directa entre las mayores emisoras de radio por Internet y cada una de las discográficas. Les reducirán esas tarifas, pero a cambio exigirán que no emitan en formatos como MP3 que no impiden que el oyente pueda guardar la música. Les obligarán a incluir DRM. Impedirán emisoras "a la carta" en que los oyentes escogen qué quieren oír. Y, desde luego, lograrán hacer desaparecer a las pequeñas emisoras no llegando a acuerdos con ellas.

Pero éstas no morirán; se limitarán a mudarse a otro país. Los emprendedores del gremio que pudiera haber en Estados Unidos emigrarán o tendrán que dedicarse a otras cosas. Pero no, el reloj de la historia no se parará. Los campesinos búlgaros, por más que huyan, terminarán siendo vacunados. Al internauta medio, la medida no le afectará mucho: cambiará Pandora por Last.fm, que está en Gran Bretaña, y listo. Lo siento por los que montaron la primera.

Las tiranías del petróleo

Explicaba, además, cómo cada subida del precio del petróleo ha convertido a un simple demagogo en una fuerza destructora en el continente, y cómo a cada caída le ha seguido el recurso a la inflación y la expropiación para financiar sus crecientes gastos. Si el barril se mantiene por debajo de 40 dólares durante más de año y medio, seguía, Chávez lo tendría difícil para mantenerse en el poder.

En Washington han debido de hacer el mismo análisis, pero no tienen la paciencia de esperar a ver la evolución del crudo. Hace poco más de un año Bush ya hablaba acabar con la "adicción al petróleo" y ahora, en su visita a Iberoamérica, ha acordado con Lula desarrollar conjuntamente los biocombustibles como alternativa.

A corto plazo quizá sean convenientes este tipo de medidas, aunque yo tengo mis reservas. Pero a largo plazo no serán necesarias. Con el petróleo ocurre como con la mayoría de los bienes: a medida que corre el tiempo, su presencia en la economía es menor. Para que se hagan una idea, el peso de las materias primas en la economía estadounidense, de las que el petróleo es una parte, ha pasado del 50% en 1890 al 13% en 1957 y al 3,7% en 1988. Los países productores de petróleo tendrán cada vez menos peso en la economía mundial, si no dan el paso de transformarse en complejas economías capitalistas.

Para los dictadores vivir de una materia prima tiene una ventaja: no necesitan a su propio pueblo para alimentar las arcas del Estado, mientras que si se nutre de los impuestos tiene que tenerle en cuenta. Las tiranías del petróleo todavía tienen mecha, pero su era pasará a la historia.

A la caza del aguilucho

Nos convocaba una decisión de Zapatero de una iniquidad superlativa; nos unía el recuerdo y la consideración por las víctimas; nos llamaba la indignación de ver cómo Zapatero sólo se inquieta por el estado de ánimo de los asesinos, mientras que muestra un desprecio desnudo y genuino por las exigencias más justas de las víctimas. La indignación de la gente parecía engalanarse en este ambiente festivo. Todos los sentimientos que nos concurrían daban todo el sentido a la canción de Jarcha "Libertad sin ira", cuya letra adquirió más sentido que nunca. Libertad, que junto a España es el grito más opuesto a la banda ETA. Sin ira, porque su lugar lo debe ocupar la Justicia. Esa misma Justicia que Zapatero se ha saltado para excarcelar a Ignacio de Juana.

El símbolo oficial de la manifestación era el lazo azul, pero el verdadero, el que eligió la gente para expresarse, fue la bandera de España. El País y demás grupos de Prisa, en su desaforado afán por distorsionar la realidad, se lanzó a la búsqueda del aguilucho. Es cierto que son varios en El País los que tienen un olfato único, una predisposición genética, una inclinación atávica para cazar aguiluchos, porque forman parte de su muestrario sentimental desde la más tierna infancia. Que se lo cuenten a Pradera o Cebrián. Pero la búsqueda, parece, ha resultado en fracaso. Miles y miles de banderas, y ninguna les sirvió para su reportaje, preescrito: "Los fachas del PP se arrejuntan para desestabilizar las instituciones democráticas". Pero seguía faltando la imagen del pajarraco.

Pues ElPaís.com la han sacado, solo que han tenido que recurrir, una vez más, a la manipulación; es decir, a su lenguaje. Han tirado de hemeroteca, rescatando una fotografía de la manifestación del 3 de febrero, y presentándola a sus lectores como si se tomara este sábado. Su manipulación ha llegado por Internet a las pantallas de sus lectores el 11 de marzo, acaso para conmemorar sus grandes éxitos de hace tres años.

Hoy las mentiras de los medios tienen las patas muy cortas, porque el periodismo disperso no les da tregua. Como en el caso del Rathergate, ha sido un comentarista el que ha levantado la liebre; en este caso, desde la bitácora de los lectores de Libertad Digital. Las nubes de la foto ni se acercaron por el cielo de Madrid este sábado. Nadie lleva en la imagen el lazo azul que la mayoría llevamos en la última manifestación. Otro comentarista cae en la cuenta de que es la misma bandera que un blogger recoge de la manifestación del 3 de febrero. Y Libertad Digital ha comprobado que los de El País, que son unos ases, han eliminado la breve autobiografía que acompaña toda imagen, "metadatos" lo llaman los técnicos, y que nos diría la fecha exacta de su nacimiento. Han borrado las huellas, como hacen los profesionales, ya saben de qué. En definitiva, un ejercicio de periodismo canalla; un breve ensayo de "memoria histórica", tal como se entiende desde Prisa. Por un asunto similar, Reuters pidió perdón a sus clientes y a los lectores en general. ¿Hará lo mismo El País?

Decía Dan Rather lo siguiente: "Creo que se puede ser una persona honesta y mentir sobre una serie de cosas". Porque para Rather, la verdad está en la propia ideología. Y mentir sobre la realidad no es ser deshonesto si todo ello se hace al servicio de "la verdad", es decir, de la ideología. Esa es la clave para entender, por desgracia, una parte no desdeñable del periodismo; el español como el mundial. Es la clave para aguilucho fantasma de El País. Lo es para que El Periódico quiera pasar un simple saludo por un gesto fascista. Recuerdo que en una ocasión de le preguntó a los estudiantes de periodismo de la Complutense, en Madrid, por qué habían elegido esa carrera. La respuesta más repetida fue: "para cambiar el mundo". No creo que se acordaran de la oncena tesis de Marx sobre Feuerbach, pero la labor del periodismo es mucho más sencilla y mucho más humilde que todo eso. Consiste, simplemente, en contar lo que ocurre.