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Cosas del calentamiento global

Al Gore, por ejemplo, ha contribuido a la causa haciendo una película sobre este asunto en la que paradójicamente no aparece Mónica Lewinsky, la becaria de su ex jefe, que en materia de calentamiento es toda una autoridad.

Estos días se está haciendo más patente que nunca en la península el peligro evidente de esa "realidad científica" que es el aumento de la temperatura del planeta. Hoy he salido de casa bien temprano y nada más darme el airecillo mañanero en el rostro me he dicho aterrado, "coño con el calentamiento terráqueo, ya está aquí". Lo que pasa es que es un calentamiento digamos negativo, para que nos confiemos antes de la lluvia de fuego y el desbordamiento de los mares predicho por los centinelas de la Diosa Gaia.

El científico que más sabe de climatología por estos pagos, demuestra con datos que nada, o casi nada, de lo que nos cuentan los medios de comunicación sobre el cambio climático tiene una base real. Por ejemplo, con estos días cálidos que hemos disfrutado en enero, la tropa de agoreros ha visto demostrada su tesis de que el planeta se calienta. Sin embargo, la realidad es justamente la contraria, pues lo cierto es que desde 1990 la temperatura media invernal no ha hecho otra cosa que disminuir. Entre 1965 y 1990, en cambio, sí que se apreció un cierto incremento de las temperaturas mínimas en Europa y Siberia, pero entonces la izquierda estaba ocupada en buscar la playa debajo de los adoquines, leer el libro rojo de Mao y hacer la revolución sexual, con lo que la tragedia climática le pasó desapercibida.

A los que con la edad nos vamos volviendo un poco frioleros, nos vendría muy bien que el planeta se calentara un poquito. También iría muy bien para disminuir las enfermedades respiratorias durante los inviernos y para aumentar las cosechas en los veranos, como ocurrió en la fase cálida ocurrida en Europa durante la Edad Media. Quizás también un par de grados más de temperatura contribuyera a paliar la glaciación mental de los que se empeñan en que volvamos a las cavernas, aunque esto último no es seguro; hay hielos que se fosilizan y ya no hay quien los cambie de estado físico.

Los gobernantes antisistema viven muy bien

Son políticos como Inma Mayol, que apoya abiertamente la okupación y mantiene a la vez tres viviendas en España. Entre ella y su pareja, Joan Saura, además ingresan 18.000 euros al mes (más o menos el sueldo bruto anual de un mileurista) sin contar dietas ni los servicios que reciben gratuitamente debido a su cargo y que pagan todos los catalanes, no ellos.

El president, José Montilla, también parece poco fiel a su ideología marxista de juventud. Ahora vive en una lujosa casa del municipio de San Justo Desvern, donde es difícil ver a ningún pobre. Situado a escasos kilómetros de Barcelona, es un pequeño paraíso cerca de la capital catalana. Allí no hay ni un okupa, pero sí una seguridad abundante rodeando su casa. Él no tiene los problemas de inseguridad ciudadana que sufren el resto de catalanes.

Jordi Portabella, teniente de alcalde de Barcelona, ya tiene un plan para los okupas: llegar a un acuerdo para que éstos paguen una "cantidad simbólica" a los propietarios reales. De paso, no ha dudado en insultar y amenazar a los catalanes honrados que tienen propiedades: "las viviendas cerradas deben pagar un canon muy elevado por el grado de incivismo que representa tener pisos cerrados". Se ve que lo que deben hacer los propietarios es dejarlos abiertos para que los okupas no se cansen demasiado echando la puerta abajo. Ya sabe, si tiene una casita heredada de su familia a la que acude en verano es un incívico, algo así como un terrorista ciudadano. Y en Barcelona debe haber muchos, pues el año pasado el ayuntamiento puso 54.000 multas, 147 al día, sólo por ser "incívicos", ingresando 450.000 euros. No se los gastará en pisos para los jóvenes.

Los políticos antisistema viven muy bien para estar contra el sistema. No viajan en autobús ni metro, tienen coches oficiales con aire acondicionado, seguridad todo el día, viven en lujosas casas y apartamentos, muchos llevan sus hijos a colegios privados, tienen sueldos y complementos que les permiten toda clase de lujos e incluso van a comer a uno de los restaurantes más caros de España en helicóptero. Y eso sin mencionar otros posibles ingresos como los derivados de la corrupción, el tres por ciento y vaya usted a saber. Ciertamente, se ve que para ellos algunos son más iguales que otros.

Aparte de la evidente hipocresía y desprecio hacia el ciudadano honrado por parte de esta gente, podemos sacar otra conclusión. Los políticos, al no ser directamente responsables de sus acciones, estar fuera de sus leyes y tener capacidad de mando absoluto sobre sus súbditos, a los que llaman ciudadanos, pueden tomar y toman las medidas de moda más antisociales, convirtiéndose en el primer enemigo real del hombre libre. La política no tiene ningún derecho ético ni moral a meterse en nuestras vidas en nombre del bien común ni para "arreglar" problemas que los propios gobernantes han creado como el de la vivienda, los okupas o la inseguridad ciudadana.

Pisos que no pueden superar más de cinco plantas, leyes sobre el suelo que parecen hechas por un señor feudal, regulaciones e impuestos son los problemas reales de la vivienda. Leyes que promocionan el vandalismo callejero (Inma Mayol tal vez lo llame "cultura") y una justicia que desprecia tanto la propiedad privada como la defensa legítima del ciudadano dan como resultado que los okupas vengan en tropel a Barcelona. Una justicia basada en el control estatal, el desarme civil y el desprecio gubernamental hacia la propiedad privada es lo que crea la inseguridad ciudadana. Ningún político antisistema, que vive como el más rico de los capitalistas, ha de entrar en nuestras vidas como si fuera suya, porque todas las calamidades que creen las pagaremos nosotros, siempre.

Cervantes sigue manco en la red

Protesté porque los enlaces internos empleaban un formato muy intrincado que impedía que los contenidos fueran indexados por los buscadores, lo que básicamente aislaba el proyecto de sus potenciales usuarios. Además, disponían de un texto "legal" denominado "normas de enlaces" que prohibía todo enlace a cualquier parte de la biblioteca que no fuera la portada y unas pocas páginas más, y en el supuesto de que quisiéramos enlazar alguna página, autorizada, había que esperar un plazo de 15 días tras rellenar un formulario para que nos dieran permiso.

Bueno, al final parece que han recapacitado. El 26 de diciembre, como inesperado regalo de Navidad, anunciaban que ya se podía enlazar sin petición previa cualquier página de la biblioteca. Por supuesto, no hacían más que reconocer que era imposible poner puertas al campo y que, además, carecían de cualquier base legal para imponer restricciones a aquellos usuarios que en su propiedad privada, esto es, sus páginas web, incluyeran las referencias a otras páginas que les salieran de… la nariz.

Sin embargo, sus "normas de enlaces" siguen siendo un atraco al sentido común y a la propiedad privada. ¡Y eso que se supone que la institución la preside el liberal Mario Vargas Llosa! Han de saber ustedes que cualquier enlace que hagan a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes debe usar o bien una de estas imágenes o bien un texto que emplee una fuente "Arial, el estilo negrita, el tamaño de un mínimo de 12 y el color deberá tener las siguientes características: rojo 155, verde 23, azul 26, matiz 254, saturación 189 y luminosidad 89". Unos requisitos que, si alguna vez se cumplen, seguramente sea por casualidad. Estoy esperando a que denuncien a todos los buscadores que, tras la eliminación de ese absurdo formato de enlace que tenía, ponen a disposición de los internautas el contenido de la biblioteca. Ni Google ni Yahoo ni MSN ni nadie, en definitiva, cumple las normas. Normal. Los resultados de las búsquedas les pertenecen a ellos, no a ninguna institución retrógrada, del mismo modo que el formato en que está este artículo es responsabilidad de Libertad Digital, no de la Biblioteca Virtual Cervantes ni de cualquiera de los otros sitios web que enlazo.

Repasando sus normas, repiten que el incumplimiento "será perseguido por todos los medios que las leyes prevén" y que "se rigen por las Leyes españolas", pero no dicen qué leyes, seguramente porque aún no las han encontrado. El contenido de la biblioteca puede estar sujeto a los derechos de propiedad intelectual en los casos en que éstos no hayan expirado y, por tanto, emplearlo sin permiso y excediéndonos del derecho de cita sin duda puede ser condenado. Pero  las direcciones web donde se encuentran accesibles esos contenidos no son propiedad industrial o intelectual de ningún tipo e imponer "normas de enlace" no es más que un patético intento de vivir en Internet como si, valga la contradicción, ésta no existiera.

Mientras tanto, en el mundo real, Google Books sigue avanzando, y ahora digitalizará la biblioteca del monasterio de Montserrat. Mientras, su competidor Open Content Alliance, en el que participan Yahoo, Adobe o Internet Archive, ha alcanzado la marca de 100.000 ejemplares. No tienen normas de enlaces. Creo.

Más crecimiento, menos desigualdad

Cada año se acompaña de al menos un estudio que analiza en profundidad algún aspecto concreto. El primero de los dos que completan el informe está escrito por el economista español Xavier Sala-i-Martín, y su contenido está eficazmente resumido en el título: La desigualdad global remite a medida que crece la economía.

Sala i Martín ha ganado merecida fama por haberse acercado como ningún otro a la medida de la pobreza y la desigualdad mundiales, gracias a dos criterios: tomar a las personas como unidad de análisis, no a los países, y acercarse al nivel de vida real de la gente, valorando sus niveles de renta en función de la capacidad de compra de la moneda del lugar.

Fijar una línea bajo la cual colgar el cartel de "pobreza" es siempre arbitrario, por lo que Sala i Martín ha utilizado tres, fijadas en uno, dos y tres dólares diarios de renta. Comparando los datos de 1970 con los de 2000, en cualquiera de las tres medidas hay unos 400 millones de personas menos en la pobreza, y eso que en esos 30 años ha aumentado mucho la población total.

De hecho, el porcentaje de la población mundial que entraría en la categoría de pobre ha caído, para un dólar al día de renta, del 15,4 al 5,7 por ciento y para los tres dólares por día del 47 por ciento al 21 por ciento.

Las áreas que más se han incorporado al comercio mundial son las que más eficazmente han superado la pobreza. En el caso del Asia Oriental, el descenso ha sido de un tercio de la población al 2,4 por ciento en el último año del siglo XX. Y la que menos se ha globalizado es la que se ha quedado atrás: el África subsahariana. Somos más ricos y más iguales a medida que hemos ido estrechando nuestras relaciones comerciales.

Vive y odia

Incapaces de juntar más de diez palabras con algún sentido, han impreso tres en una pared que expresa el sentimiento que mueve a estos jóvenes a actuar como lo hacen: "Vive y odia".

El odio es el sentido del movimiento okupa. No entienden en qué consiste y cómo funciona la sociedad libre y no aceptan todo aquello que hacemos los demás para salir adelante. Levantarse pronto todos los días, llevar un aspecto aseado y agradable, estudiar si estás en la edad de hacerlo, trabajar y ahorrar, llevar una vida (más o menos) ordenada, fijar objetivos para el futuro…

No. Ellos se creen con el derecho a tener lo que desean, pero no aceptan sacrificarse y trabajar para conseguirlo. Y lo toman por la fuerza. Odian la sociedad porque les fuerza a tener unas responsabilidades que no quieren aceptar. Están en la adolescencia permanente que caracteriza a todo progre. Pero éstos no leen con fruición un artículo en El País sobre el último jirón de violencia en Chiapas, o una reunión de movimientos terroristas en Porto Alegre, fantaseando con la revolución pendiente mientras llevan la vida que dicen aborrecer. No son, por tanto, el típico progre, sino que tiran por la calle del medio y parasitan la propiedad de cualquier vecino.

La izquierda siempre ha tenido fascinación por todos los comportamientos antisociales, y los ha justificado (la culpa es de la sociedad, ya sabe). Pero siente especial aprecio por los okupas, siempre que sea la casa de otro y no la suya la que vampiricen. Su alternativa a la sociedad libre se desmoronó a una velocidad espectacular, y la izquierda sigue sonada, aturdida, sin dar con otro modelo que oponer al capitalismo. Lo único que mantiene es el odio, otra vez el odio, por las sociedades abiertas y por todo lo que huela a Occidente, así que se apunta, desde el Islam a los antiglobalización o los okupas a todo lo que se opongan a ellas.

Como cada vez somos más ricos, nos podemos permitir más parásitos, de modo que o se toma el asunto en serio o este movimiento irá a más. El Estado, si tiene alguna justificación, es la de defender la vida y la propiedad de los ciudadanos, y cuando falla, el ciudadano tiene todo el derecho a recurrir a los medios necesarios para recuperar lo que le pertenece. Ya han surgido iniciativas privadas que suplen, una vez más, el hueco creado por la ineficacia estatal, y que se encargan de desalojar los pisos. Seguro que contra ellas no habrá la comprensión que desbordan ciertos políticos hacia quienes ocupan lo ajeno.

Políticos contra la “vivienda digna”

Esta última ha reflexionado sobre el asunto desde el confort de su magnífico ático en la ciudad condal y ha terminado defendiendo públicamente la despenalización de la usurpación de viviendas como solución a las dificultades que encuentran los jóvenes para convertirse en propietarios o arrendadores.

Con políticos de semejante catadura moral no es de extrañar que Barcelona se haya convertido en la capital europea del crimen organizado contra la propiedad inmobiliaria. Y es que en Cataluña se juntan el hambre con las ganas de comer: por un lado, el aletargado sistema judicial español que se da casi la misma prisa en ordenar la devolución de la propiedad a sus verdaderos dueños que en indagar la composición de las bombas del 11-M. Por el otro, políticos como la tal Inma que o bien quieren subvertir el capitalismo, o son demagogos compulsivos. Claro, que si vivimos en un país en el que políticos de primera línea como la ministra de vivienda dicen que la ocupación "es otro estilo de vida", ¿qué podemos esperar de sus socios más radicales? Trujillo, además, ha impulsado una ley que cambia el sistema de valoraciones para que el Estado pueda expropiar a los legítimos dueños del suelo a precios de risa. Coherentes en su desprecio por la propiedad privada, la ministra ha consolidado la figura del agente urbanizador por la que gigantescas empresas adquieren licencia para quedarse con tu trocito de tierra.

En el país vecino les ha dado por ser más sutiles. La fiebre preelectoral ha llevado a Villepin a presentar como solución al monumental fracaso del modelo urbanístico intervencionista una ley que permite exigir ante los tribunales el derecho a una vivienda. Es la típica dinámica del intervencionismo según la cual se tratan de solucionar los problemas creados por anteriores intervenciones sobre el mercado libre con nuevas medidas intervencionistas que darán lugar a ulteriores problemas. A partir de ahora los franceses que no tengan vivienda, en vez de alquilar o vivir más tiempo en casa de familiares –como ocurre en el mundo civilizado–, u ocupar la vivienda de otro –como ocurre en Barcelona–, puede meter la mano en la cartera del resto de la ciudadanía para tener una "casa digna". El problema es que la manera de conseguirla no lo es tanto.

Lo indignante es que son estos mismos políticos superimaginativos los que han hecho de la vivienda un bien de lujo. Han expandido el crédito de manera artificial provocando una gigantesca burbuja inmobiliaria, restringen extremadamente la oferta de suelo urbanizable elevando artificialmente su precio para jugar a las casitas con la propiedad ajena y pedir a los particulares gigantescas sumas por dejarles construir en su terreno, se niegan a dar plenas garantías jurídicas a los propietarios desincentivando la oferta de viviendas en alquilar y, por último, se dedican a cargar al suelo con impuestos de enorme creatividad para mantener un mercado de viviendas para una casta de privilegiados de clase media pagados por el resto de los españoles a través de los elevados precios de las viviendas libres.

Si las soluciones ocupacionales de esta nefasta generación de políticos continúa yendo en contra de la propiedad privada, el mercado terminará ofreciendo soluciones para defender a la gente honrada de sus políticos. Cuando llegue ese día, las legitimidad de las organizaciones privadas se enfrentará a la repugnante legalidad de nuestros políticos. La crisis institucional será enorme si antes no aparece alguien que reubique las leyes, normas y declaraciones que afectan a la vivienda del lado de la propiedad privada.

De Aristóteles a Inma Mayol

No mucho después apareció la propiedad privada, que en contra de lo que opinan los retroprogres, no es un invento de la burguesía para extender sus privilegios a costa de la clase proletaria, sino una institución natural que surge como consecuencia del proceso de civilización. La existencia de la propiedad privada es lo que nos distingue de los animales irracionales y de los comunistas, que ya es bastante. Pero es que además, es lo que permite el desarrollo y el bienestar de las sociedades y la independencia y libertad de los individuos para perseguir los fines que cada uno se marca en la vida. Aristóteles, que con permiso de la parienta de Joan Saura tenía también una ligera noción de estas cosas, llegó a la conclusión de que la propiedad privada está indisolublemente unida a la naturaleza humana, pues si al hombre se le priva de ese derecho esencial, pierde su auténtica condición para convertirse en simple esclavo.

Pero diez mil años de respeto a la propiedad privada han llegado a su fin, al menos en lo que respecta a Cataluña, cuyos dirigentes políticos en lugar de defender las tradiciones que hacen posible la existencia de seres libres, se dedican a dinamitarlas desde la base para crear un orden social nuevo con el movimiento okupa como referente teórico.

La tercera teniente de alcalde de Barcelona, por ejemplo, no ve "tan grave" que se invada la propiedad ajena para darle un uso social alternativo. Pues oiga, lo es; porque el Estado es precisamente el que tiene que salvaguardar los derechos de los individuos, y no convertirse en el principal agente encargado de dinamitarlos como ocurre en Cataluña. Los ciudadanos, en un Estado de Derecho digno de ese nombre, tienen perfecta libertad para hacer el uso que les venga en gana con sus propiedades legítimamente adquiridas y el hecho de que esta facultad elemental esté supeditada al dictado de los gobernantes no es más que una forma de tiranía, además muy poco sofisticada. Ya no es que una mayoría dañe los derechos de una minoría, como suele ocurrir en las democracias, es que ahora se trata de una minoría encaramada al poder, que usa la fuerza coercitiva del Estado para acabar con un derecho básico comúnmente extendido.

Entre la Venezuela de Chávez y la Cataluña de Montilla sólo hay una diferencia de grado. Las nacionalizaciones, las expropiaciones y, en general, cualquier ataque del Estado a los derechos y libertades básicas de los ciudadanos es un retroceso de la civilización y un paso hacia el totalitarismo. Y que no nos vengan hablando estos aprendices de caudillo bananero de nuevas conquistas sociales y más derechos de ciudadanía. La principal conquista social y el derecho más importante es la propiedad privada. Sin él no hay libertad. Punto.

Por qué el IPC no tiene nada que ver con la realidad

Uno de los métodos para recopilar la información del IPC es la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF). Su deficiencia es la misma que tienen todas las encuestas, que la gente no acaba de decir la verdad. Algunas preguntas pueden invadir la intimidad o desvelar secretos y más en un país donde el 23% de la economía está sumergida y quienes están en ella no tienen interés alguno en divulgar estas rentas no declaradas. También tiene la dificultad de las mediciones realizados en los comercios cuando hay variaciones de productos. Cuando desaparece un producto del mercado ha de ser sustituido por otro en el índice. El problema es cómo saber qué producto es un bien sustitutivo exacto e igual de representativo que el que ha desaparecido en la última medición. La elección final no deja de ser arbitraria.

Otro problema en el cálculo del IPC es la poca representatividad de algunos grupos sociales. Sólo a modo de ejemplo, el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas pesa aproximadamente un 23% en el índice. Esto, evidentemente, deja fuera a todos los jóvenes, y no tan jóvenes, que viven con sus padres, mientras que el grupo de las bebidas alcohólicas y tabaco, productos donde el gobierno más impuestos ha cargado, sólo suponen poco más del 3%. Viendo otras estadísticas, podríamos concluir que ese 3% puede ser más de la mitad del gasto de los jóvenes. Y aunque también consumen, se excluyen las personas que residen en hogares colectivos e instituciones como conventos, residencias de ancianos, prisiones…

Por otra parte, el IPC excluye de su cómputo algunos impuestos, tasas pagadas a la administración pública, multas o recargos. Curiosamente, todos son pagos al Estado. Aunque los suban el IPC se queda igual. El índice tampoco contempla otros gastos de consumo pese a su gran peso en nuestra economía, como los de la economía sumergida, el comercio electrónico que ya representa casi el 10% del PIB, la venta ambulante como la que se hace en los mercadillos, los bienes introducidos en la economía hasta que no se consideran "representativos" o el alquiler de casas de vacaciones. Si usted alquila un carísimo apartamento en la costa durante un mes, por ejemplo, no computa en el índice, pero las rebajas sí. Sólo les falta incluir los periódicos gratuitos y las liquidaciones de stock.

Asimismo, tampoco computa la mayor preocupación de casi todos los españoles: la vivienda de propiedad, ya que ésta se considera una inversión y no un gasto. Algo muy conveniente para el gobierno ya que el precio medio de la vivienda se disparó desde la entrada del euro más de un 150%.

Aunque sólo tuviéramos en cuenta que los españoles destinamos un 40% de nuestras rentas al pago de una vivienda, esto bastaría para dejar al índice de precios oficial en un formalismo irreal que sólo sirve para engañarnos. El Gobierno, que se proclama como la organización más transparente de la sociedad, es el primero que nos miente, siempre. Por el contrario, otras organizaciones que sí tienen un interés directo en las mediciones reales de lo que nos gastamos, como la CEACCU, han llegado a la conclusión que, desde la entrada del euro, los precios han subido un 60%. Según el gobierno, un 17,5%.

Ya nos lo advirtió Ludwig von Mises hace sesenta años que "cualquier ama de casa sabe más sobre las variaciones de los precios que afectan a su hogar que los informes estadísticos… [Y es que] ella, no es menos ‘científica’ ni más arbitraria que los rebuscados matemáticos que usan sus métodos para manipular los datos del mercado."

Urbanismo revolucionario

Primero fue el Gobierno central, con su reforma de la Ley del Suelo; poco más tarde, los Gobiernos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, con su ofensiva contra los propietarios de pisos. Aunque no lo parezca, saben muy bien lo que hacen.

La nueva Ley del Suelo: expropiación gratuita

Hace tiempo que el Estado se arrogó la capacidad de expropiar las tierras de los individuos por mor del "interés general". ¡Como si hubiera un interés más general que la defensa de la libertad y la propiedad de cada cual! Con todo, parece ser que a nuestros politicastros no les gustaba demasiado tener que pagar un (mal llamado) justiprecio al expropiado, así que Trujillo ha puesto en marcha su inútil maquinaria ministerial para robar las tierras al propietario sin ningún tipo de compensación.

El Instituto Juan de Mariana denunció el pasado noviembre, en una nota de prensa, que la nueva Ley del Suelo "otorga carta blanca a la Administración para expropiar el patrimonio de los ciudadanos con una compensación mínima". La estratagema es muy sencilla: la ley elimina las calificaciones como método de valoración y se fija únicamente en la situación física actual de la finca. Así, por ejemplo, si usted tiene un terreno urbanizable pero no urbanizado, la Administración se lo pagará como suelo rural. ¡Llegan las rebajas!

Si los políticos quieren un chalet en la montaña, una carretera al lado de sus casas o una megaurbanización de viviendas públicas de 30 metros cuadrados, de ahora en adelante podrán encontrar auténticas gangas. Con el trujillazo no sólo tendremos que aguantar que nos expropien, sino que se rían de nosotros a la cara. El justiprecio es tan justo que no te dejan elegir entre quedarte con la finca o venderla: te colocan la pistola en la sien y te sugieren que aceptes las migajas que te ofrecen. Es el método de la mafia, del socialismo y del Estado.

Marx, 1 – Libertad, 0.

Los okupas Montilla y Madrazo

Si Trujillo pretende expropiar nuestras fincas, su compañero Montilla está decidido a quedarse con los pisos de los catalanes. Hace poco más de un mes, su Gobierno aprobó un proyecto de ley que prevé expropiar durante 6 años aquellos pisos que lleven más de dos años vacíos y no hayan sido puestos en alquiler. Así podrán montar un Buró del Alquiler Público.

Por su parte, el comunista Madrazo, consejero de Vivienda del Gobierno vasco, acaba de salir a la palestra con una propuesta similar: un impuesto de entre 9 y 15 euros diarios sobre las viviendas desocupadas. Ya se sabe, es la otra parte de la fórmula de Marx, lo del empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado.

Por si la exacción fuera escasa, se vigilarán los registros de la luz y agua de los inmuebles, para detectar si se encuentran vacíos y, entonces, inscribirlos en un novedoso registro de viviendas desocupadas.

¡Pobre Narbona! Ella, tan pía, promoviendo el ahorro de agua y energía eléctrica para cumplir con Kioto, y Madrazo sugiriendo (involuntariamente, eso sí) a los propietarios de viviendas vacías que se pasen todos los días a abrir el grifo y encender las luces si no quieren ser víctimas del dichoso impuesto. Ah, y si en su vivienda principal tiene la costumbre de poner la lavadora por la noche o de cerrar el grifo mientras se lava los dientes, vaya olvidándose de ello, que la bromita le puede salir cara.

Montilla y Madrazo se han servido de la atrofia del mercado de alquiler como excusa para atacar a los propietarios de inmuebles. En palabras del castrista Madrazo, "es un lujo inadmisible que haya propietarios que tengan su vivienda absolutamente desocupada y sin ningún uso, cuando hay tantas personas que necesitan una". En realidad quería decir que la propiedad es, en sí misma, un lujo inadmisible, pero no convenía escandalizar demasiado al rebaño, no sea que se rebele y no pueda seguir trasquilándolo.

Traduzcamos los palabros progres al román paladino: Madrazo y Montilla se quejan de que la gente prefiera mantener las viviendas vacías, a la espera de poder venderlas cuando se revaloricen, en lugar de alquilarlas. Es lo que los justicieros sociales llaman "especulación", algo que no saben cómo funciona pero que les suena fatal. Si el analfabetismo económico no obstruyera las sinapsis de semejantes prohombres, podrían plantearse lo siguiente: ¿por qué los propietarios no quieren alquilar sus viviendas mientras esperan a que éstas se revaloricen?

Los propietarios no son tontos

Me explico. Si creo que me voy a forrar vendiendo mi piso dentro de dos años, ¿por qué, entre tanto, no lo alquilo? Basta con que dentro de un año y medio desaloje a mis inquilinos, repare lo reparable y venda. Así habré percibido un alquiler durante año y medio y, luego, el precio de venta del piso. ¿Por qué renunciar a ese año y medio de alquiler? ¿Es que todos los propietarios de pisos son tan tontos como el bachiller Montilla y el marxista Madrazo suponen?

La razón es otra distinta de la ignorancia, la avaricia o la maldad. El artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el plazo mínimo de un contrato de alquiler para una vivienda habitual es de cinco años, y el 14 obliga al adquiriente a soportar al inquilino hasta que finalice dicho plazo. O sea, que si un propietario quiere vender su piso en dos años no puede sacarlo ahora a alquiler. Así que sí, es lógico que los individuos renuncien a las rentas de alquiler a cambio de poder traspasar el piso sin inquilinos indeseados.

La intervención del Estado provoca distorsiones en el mercado que los burócratas necesitan atribuir a otros (inmobiliarias, especuladores, constructores, etcétera) para… volver a intervenir y dictar nuevas regulaciones.

Trujillo, Montilla y Madrazo son claros ejemplos de parasitismo: roban nuestras propiedades y sobre ellas se montan su chiringuito electoral.

Marx, 2 – Libertad, 0.

¡Ah, se me olvidaba!: los antecedentes de estas políticas ultraliberales las tenemos en Gallardón, el amigo de Tim Robbins, que se definía como liberal por "saber escuchar" pero que no dudó en proponer la expropiación de las casas deshabitadas del centro de Madrid. Tiene suerte el alcalde de no ser ni sordo… ni manco.

Marx, 3 – Libertad, 0.

Trujillo, Montilla, Madrazo y Gallardón se funden en un fraternal abrazo. Los socialistas de todos los partidos abandonan el terreno de juego tras una aplastante victoria. La vivienda sigue tan cara como siempre, los propietarios han sido atracados, pero los políticos se han llenado los bolsillos. Definitivamente, la robolución marxista es un chollo.

El canon

Si en vez de uno, son dos, el canon pasa a ser de 12 euros, y el tercero y los siguientes, quince. La justificación del filósofo Madrazo para imponer el canon es que "la vivienda vacía es un ejemplo de uso antisocial y no sostenible".

La lógica de la medida arbitrada por el Gobierno vasco es sencilla: si a un propietario le resulta tan caro guardar una casa sin sacarla al mercado, se verá obligado finalmente a hacerlo. En la consejería han hecho sus cuentas y prevén que los ciudadanos pondrán en alquiler unas 26.000 viviendas.

Pero si le hubieran dado un par de vueltas más al asunto, acaso se habrían dado cuenta de que el canon es innecesario, y que la solución parece ir más bien por otro lado. Está claro que, quien tiene una casa que en principio no va a utilizar y no planea vender tiene un enorme interés en sacarle provecho ofreciéndola en alquiler.

Es más, sin la necesidad de imponer canon alguno, cada día que pasa sin que el propietario le saque una renta le supone un gran coste de oportunidad. Bien sabe él a lo que está renunciando por no hacerlo.

Y sin embargo son muchos, decenas, centenares de miles de propietarios, los que deciden guardarse la casa hasta encontrar una ocasión propicia para venderla, o para cualquier uso que le puedan dar, que prefieren casi cualquier opción antes que ponerla en alquiler, aún a costa de renunciar a unos buenos ingresos. La cuestión es: ¿por qué?

Y la respuesta es que el mercado no funciona bien, porque una vez se firma un contrato con un inquilino son más las incertidumbres que las certezas. ¿Cumplirá puntualmente el nuevo habitante de la casa? De no ser así, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar antes de que recupere el control? Lo que necesitan es seguridad, y el camino no son los cánones, sino seguridad jurídica.