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Dejen de criminalizar a las víctimas

Hemos visto y seguiremos viendo cómo los políticos marean la perdiz diciéndonos que, para que haya más seguridad, necesitamos más policías y endurecer las leyes. Si lo aplican, el remedio será peor que la enfermedad. Uno de los principales problemas es creer que el Gobierno tiene los mismos intereses que nosotros. El Estado no puede garantizarnos nuestra seguridad todos los días a todas horas, pero sí puede imponer un estado policial que se limite a fiscalizarnos. Un ejemplo del libro lo hemos sufrido recientemente en Barcelona, donde la presencia policial ha aumentado con la excusa de la seguridad y el nivel de criminalidad se ha mantenido más o menos igual pero las multas han aumentado casi en un 50%. Está claro que los intereses no son los mismos.

Sólo nosotros y la economía privada nos podemos proteger de los criminales: alarmas, puertas blindadas, habitaciones del miedo, armas y vigilantes privados son respuestas reales a nuestras demandas reales. Sólo el libre mercado es capaz de ajustar la oferta de seguridad con su demanda. Llenar las calles de policías paseando arriba y abajo es actuar de forma ciega, inconsciente, populista, ineficiente y cara. Por ejemplo, el PP catalán querría llegar a un ratio de 5 agentes por cada 1.000 habitantes, ¿por qué 5 y no 6, 4 ó 500? No piense que es el resultado de un estudio de "sabios", simplemente lo dice porque es la media europea. Del mismo modo arbitrario podría haber escogido la de Alemania, el Congo, Colombia o cualquier otro país. Mientras ellos juegan a los chinos, nuestra seguridad pende de un hilo.

En los últimos asaltos que han tenido lugar en Cataluña también comprobamos lo poco que le importa a la administración nuestra seguridad. A las pocas semanas de los atracos a chalés, todos los vecinos se quejaron de lo mismo: la policía sólo estuvo presente después de los crímenes y se fueron con las cámaras de televisión. Fue un espectáculo equivalente a esos simulacros hiperrealistas que nos ofrecen los noticiarios, donde hay víctimas por todas partes y la policía, bomberos o cualquier otro órgano estatal de turno para la seguridad soluciona la situación en un abrir y cerrar de ojos. Es una acción de marketing muy bonita, pero el problema es que a la hora de la verdad esos expertos del estado nunca están aunque se les llame.

En España hace falta un cambio de mentalidad. ¿Qué significa eso de endurecer las leyes? ¿Que si nosotros herimos o matamos a un delincuente en nuestro hogar la ley nos retenga más tiempo en la cárcel por habernos defendido?

La solución real es cambiar para siempre esta perversa ley que criminaliza la defensa de nuestra vida y propiedad. En la anterior oleada de inseguridad la venta de escopetas corredera aumentó un 60%, luego es evidente que la gente no cree en la policía ni en la administración, pero encontramos la contradicción de que si defendemos nuestra vida o propiedad entonces los criminales seremos nosotros. ¿Qué tipo de sistema pervertido es este? La ley ha de volverse justicia y dejar de criminalizar a la víctima.

En el mundo de las ideas, desde los años noventa, se ha levantado todo una bocanada de aire fresco con estudios, libros y estadísticas donde se demuestra que una sociedad con libertad de armas es una sociedad segura. Ahora ya hemos visto empíricamente que los criminales, por más prohibición de armas que haya, siempre van armados; ningún terrorista va a matar con tirachinas. Hoy día, hasta los okupas barceloneses construyen sus propios bazokas y la Policía se los queda mirando. Los nuevos delincuentes van siempre armados e incluso se fabrican sus propias armas de fuego.

Hemos de insistir a esos políticos que parecen tan interesados en salvar a los criminales que hagan profundos cambios en las leyes e incluso en la constitución para que podamos defendernos de los criminales sin acabar nuestros días en prisión. Es importante dar más importancia a la legítima defensa de nuestras vidas y nuestra propiedad, que se aumente la libertad de armas para la gente decente y que se cambie ya esta pervertida ley que infunde más temor a las víctimas que a los criminales. Mientras el gobierno no haga nada de esto seguirá siendo coautor pasivo de estos atroces crímenes y asaltos. Mientras tanto, si se siente indefenso, cómprese un arma.

El traslado político de la CMT

Aunque no sea la única causa ni quizá la más importante, no tengo dudas de que la enorme descentralización que tuvo lugar, principalmente y pese a lo que se diga, durante las dos legislaturas del ogro maligno Aznar (de 607.000 a 235.000 funcionarios) tuvo un gran peso en el gran salto adelante de la economía madrileña. Sin embargo, parece evidente que dicha descentralización debe hacerse sin comprometer la labor de dichos organismos.

Para contentar a la grey nacionalista catalana, Montilla se llevó la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a Cataluña con tanta prisa como incompetencia, de modo que el Tribunal Supremo ha declarado nulo el decreto del traslado. Sin embargo, eso sólo servirá, previsiblemente, para que el Gobierno elabore un nuevo decreto ajustado a derecho, si es que Clos es capaz de enmendar las chapuzas de su predecesor. La decisión ha conllevado un enorme gasto de personal (18 millones de euros en indemnizaciones) e inmobiliario, pues de un local en propiedad se ha pasado a otro en alquiler que cuesta millón y medio de euros al año. Y sabedores de los costes, ¿cuáles han sido los beneficios?

Parece evidente que el organismo no está trabajando mejor por estar en Barcelona. Es más, lo hace peor, porque tiene que contratar a los funcionarios que antes tenía a sus órdenes, personas con experiencia y muy especializadas, a través de subcontratas. Hace unos días supimos que la nueva CMT está pagando hasta un millón de euros al año a una empresa consultora pública que tiene en nómina a varios de los técnicos del organismo que no se trasladaron a Barcelona, donde sólo el 40% de los trabajadores proviene de la plantilla original de Madrid. Así pues, el traslado ha sido caro y no ha servido para mejorar la calidad de la labor del organismo; al contrario, se han visto obligados a pagar fuera lo que antes tenían dentro, pues los nuevos empleados parece que carecen de la capacidad suficiente para realizar las tareas de la CMT.

Así pues, parece que el único beneficio es la satisfacción de la clase política catalana, que puede mostrar la cabeza de la CMT como trofeo. Y esa es quizá la principal razón para no trasladar organismos públicos a Barcelona o Bilbao. No tiene ningún sentido premiar a las élites políticas menos comprometidas con el bien común de todos los españoles; si de descentralizar se trata, lo mejor será hacerlo a ciudades como, no sé, Logroño, Cáceres, Granada, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Murcia o Santander. Si no, nadie podrá evitar pensar que decisiones como la de la CMT no son más que chanchullos políticos que arruinan la carrera profesional de algunos a cambio del engorde de los privilegios de los nacionalistas. Yo, por de pronto, apoyo el inmediato traslado de, por ejemplo, Trujillo y el Ministerio de la Vivienda a, no sé… ¿Teruel también existe?

Economía de guerra

La justificación filosófica para invadir Irak fue la guerra preventiva, que es el principio de precaución del Protocolo de Kioto, pero llevado al terreno del enfrentamiento entre Estados. La idea es: actuemos ahora antes de que sea demasiado tarde. El problema con este planteamiento es que no podemos saber de antemano si habrá un "demasiado tarde" o si nuestro plan podrá completarse con éxito.

Hay más: G. L. S. Shackle decía que hay un tipo de fenómenos que resultan autodestructivos, es decir, que al producirse cambian la situación de manera tal que no se pueden volver a repetir tal como tuvieron lugar. Y ponía a las guerras como ejemplo. Esto también hace más difícil que se puedan prever todas las consecuencias de una guerra, o siquiera las más importantes.

Pero, bajando al terreno de Irak, hay cosas que tampoco se han hecho bien. No se sabe si porque Estados Unidos es un país básicamente liberal y de éxito, una vez derrocado el tirano local han ido a probar… el intervencionismo más acendrado. Es más, la gestión militarizada. El socialismo, en suma.

El resultado no ha sido muy brillante. Lo primero fueron las colas en las gasolineras de uno de los primeros productores de petróleo del mundo. Y es que se han impuesto precios máximos, una medida que parece maquiavélicamente ideada para crear el caos.

Como a un precio por debajo del de mercado no hay oferta suficiente para todos los que querrían adquirirlo, tiene que arbitrarse otra forma de asignarla. Un esforzado militar en un despacho tiene que decidir qué es más y menos importante. No es la situación ideal. El Ejército no ha sabido ni poner en marcha muchas de las plantas de electricidad, que es la sangre de las sociedades modernas.

Quizá lo que haya faltado en Irak sea un cargamento de buenas ideas.

Navidades progresistas

Es un desasosiego mortecino e inútil, pero con el que muchos quieren convertir nuestras conquistas contra la miseria en argumentos para sentirnos mal. Son las navidades progresistas, que convierten estos días, que debieran ser de celebración, en un motivo más para sentirnos culpables por ser como somos y vivir como lo hacemos. Curiosamente, si hay algo típicamente cristiano es el sentimiento de culpa existencial; los progres se han ido a quedar con lo peor del cristianismo, para rechazar todo lo que tiene de bueno.

Quizá lo más molesto de los progresistas es lo aburridos que resultan. Nos dicen permanentemente lo malos que somos y critican que tengamos en nuestros planes consumir más. ¿Pero qué más les dará? Y si les pica, que se amuelen. Consumir es de lo más moral y bueno que podemos hacer, porque consiste nada menos que en satisfacer directamente nuestras necesidades y nuestros deseos. Y, por fortuna para la gente, en lugar de hacerles caso, cada vez consumimos más, porque cada vez somos más ricos.

La consigna anticonsumista se repite más que cualquier anuncio de unos grandes almacenes y, como todo mantra progre, tiene ese tono de reproche de curilla antiguo que lo hace tan encantador. Es un mensaje negativo por todos los poros, porque… si no debemos consumir, ¿qué hacemos con el resto de nuestra renta? Ahorrar, se supone. ¿Por qué, entonces, no lanzan el mensaje positivo de fomentar el ahorro aunque sea en navidades? Porque esto de ahorrar e invertir, lo de crear riqueza, no les va. Una sociedad de propietarios es una sociedad compuesta por personas independientes, con los medios suficientes como para tomar sus propias decisiones y esa mera idea les produce horror. Así que tampoco transforman su anatema sobre el consumo en una llamada al ahorro.

Al final, quién lo diría, el ideal ciudadano de unas navidades progres es Scrooge, ese huraño personaje del Cuento de Navidad, de Dickens. Lo de comprar regalos (esa cosa de pensar en los demás y demostrárselo con un presente) es sucio consumismo capitalista, pero no gastarse un chavo y no contribuir así a la rueda consumista es virtud progre sin parangón. Scrooge sería un héroe del ecologismo, que adoptaba los comportamientos más miserables con tal de no gastar electricidad. Incluso renunciaba a la división del trabajo, al capitalismo, vaya, haciendo por sí mismo todo lo que pudiera. Todo un icono progresista que los fieles de esa religión, eso sí, no parecen imitar.

El vértigo del consenso

Por primera vez en dieciocho años, un presidente de la Generalidad de Cataluña ha decidido acudir a los actos de celebración del día de la Constitución Española. La situación no puede ser más surrealista, con un José Montilla brindando por un documento fundacional a cuya derogación de facto ha contribuido de forma directísima. Porque la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña ha tenido como primera consecuencia precisamente la superación del orden constitucional del 78. Y no sólo por el articulado estatutario, abiertamente inconstitucional sin prejuicio de que el tribunal de la materia nos sorprenda (¿nos sorprenda?) con una bendición judicial al estilo Rumasa, sino porque su espíritu subvierte los principios constitucionales en materia de equilibrio territorial y soberanía, algo que además de no tener arreglo jurídico posible deja preparado un futuro de la nación ingobernable por ningún partido político con una mínima idea de España.

En esta tesitura, rotas las reglas del juego, al PP le caben dos posibilidades: actuar como si éstas todavía existieran y adaptarse a las circunstancias para no dejar de salir en la foto o apartarse del consenso y presentarse a las elecciones con un discurso que sea una enmienda a la totalidad. No hará esto último, porque salirse del consenso supone poner en riesgo los cargos públicos de los que viven miles de sus militantes y, por otra parte, lo que ha distinguido desde la transición a la derecha española ha sido siempre su afán por obtener el visado democrático que expide la izquierda con carácter de monopolio. Si es cierto que el orden constitucional ha sido vulnerado por el gobierno con sus socios, y lo es, lo procedente es abandonar el parlamento y dedicarse a explicar a la ciudadanía un programa radical de reformas de aquí a las próximas elecciones generales, para volver de nuevo "a la senda constitucional". En lugar de eso, el PP pastelea con el PSOE las reformas estatutarias de otras comunidades avalando con su firma conceptos ambiguos como la famosa realidad nacional andaluza, por no hablar de la "realidad genética" de Núñez Feijoo en Galicia, que amenaza con darnos también grandes satisfacciones en el futuro. Suele decir Pepiño Blanco que la derecha aceptará en el futuro todas las reformas que ahora critica con tanta fiereza. Por supuesto, tiene razón. El consenso, siempre el consenso, por encima de todo, ¿verdad Majestad?

 El presidente Zapatero aprovechó para insistir en la negociación con la banda terrorista ETA a través de fórmulas confusas entre las que asoman conceptos abiertamente anticonstitucionales, como la derogación del sujeto de soberanía vigente y la modificación unipartidista del marco territorial. Por lo que respecta al PP, su presidente desgranó en su comparecencia los motivos por los cuales la actual Constitución ha de ser reformada de forma inmediata. Vamos, que ninguno de los dos se sienten cómodos con la actual constitución; el primero porque le estorba y el segundo porque no sirve para parar los desmanes de aquél. Es como organizar un cumpleaños y que los asistentes a la fiesta se dediquen toda la velada a atacar al anfitrión. Sobre la traición, crueldad.

La caridad de ZP se basa en el robo

El segundo desastre está relacionado con el reciente viaje del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, a Senegal. El presidente se ha horrorizado tanto –en un estudiado acto populista– que ha prometido más ayudas para el país africano.

Evidentemente este gesto será visto por muchos como un acto de solidaridad, pero no es así, ese es problema de ver las cosas en su mera superficialidad sin atender a las consecuencias lógicas. El Estado siempre es improductivo, por tanto, su fuente de financiación ha de ser la fuerza. Nos arrebata nuestro dinero y producción sin nuestro consentimiento para quedárselo él y, además, sin garantías de que repercuta en nosotros. Recuerde la definición de impuesto: "cantidad dineraria establecida por el Gobierno y pagada por individuos e instituciones a un organismo público sin contraprestación". Usted paga por el miedo a las represalias gubernamentales; con suerte, quizá le devuelvan algo. Como ve no es un acto de amor ni solidaridad, sino de miedo por el uso de la fuerza.

Que Zapatero nos haga más difícil aún llegar a final de mes para transferir nuestra producción y dinero a países africanos no tiene nada de loable, sino de mezquino. Además, el presidente ha desplegado la típica verborrea política para crear el sentimiento de grupo: "Senegal será objetivo prioritario de la ayuda por parte de España". No se deje engañar, esta decisión no la ha tomado España, sino un político en un calentón pancartista, y el presidente del Gobierno de España, triste es tener que recordarlo, está para servir a las personas que viven en España, no en Senegal ni en cualquier otro país.

Pero la hipocresía de ZP va más allá. Realmente sí que podría hacer algo para mejorar la situación senegalesa eliminando todas las barreras comerciales con el país africano, y cualquier otro, y eliminando también las subvenciones a la agricultura española para que los países africanos puedan empezar a competir con nosotros y ganarse un merecido nicho de mercado para el que son más aptos, pues nosotros estamos en otro escenario o fase económica. El trabajo duro bajo un sistema de libertad capitalista, y no la mendicidad a punta de pistola, es lo que hace a los países ricos y prósperos. Miren Hong Kong, Estados Unidos, Japón o Nueva Zelanda, países que en el S. XIX eran tan profundamente pobres como África; el capitalismo los transformó en los más ricos y prósperos del planeta.

Además, ¿realmente cree que el dinero de las transferencias de gobierno a gobierno tiene como destinatario la población civil? Este dinero sólo sirve para enriquecer a la oligarquía política de los países destinatarios y es usado para todo menos para socorrer a la población civil.

Resultado de la política zapateril: menos dinero en nuestros bolsillos (o más horas de trabajo para ganar lo mismo), regulaciones estatales españolas intactas que matan a la población civil africana y burócratas africanos más ricos y dotados de ejércitos mejor armados. Señor Zapatero, no se preocupe por el trabajo adicional de Solbes sino por los 44 millones de españoles que van a tener más difícil llegar a final de mes gracias a su "solidaridad".

Hasta en la sopa

Muchos han sido los que han criticado el excesivo celo intervencionista de semejante medida pero a mí, qué quieren que les diga, me parece perfectamente acorde con los tiempos. Cuando leí la noticia no me sorprendió en absoluto, ¿acaso alguien pensó que los fumadores iban a ser perseguidos con total complicidad social sin que el Estado colocara nuevas presas en su objetivo? La persecución de las drogas es la antesala de la del tabaco y del alcohol, ésta de la de la comida rápida y ésta de la de hábitos sedentarios, como llevar coche y no caminar o utilizar la bicicleta.

Lo curioso de este proceso no es la senda expansiva y la espiral intervencionista, sino la miopía de una sociedad totalmente anestesiada y complaciente que acepta de manera sumisa recortes en sus libertades. Y digo miopía por no hablar de completa ceguera en torno a todos los dislates que el Estado comete.

Si lo pensamos un momento, las competencias originales del Estado, aquellas que para muchos justifican su existencia y su razón de ser, son la defensa, la justicia y la seguridad. Uno estaría tentado a pensar que, aun por simple amor propio, la gente no habría debido consentir que el Estado se ocupara de otras tareas hasta que gestionara mínimamente bien sus primeros encargos.

Sin embargo, uno sólo tiene que observar la lamentable situación de esos tres sectores para comprobar que no ha sido así. La defensa española depende casi al completo de EEUU y la OTAN, no tenemos capacidad alguna para repeler seriamente ningún ataque exterior de cierta entereza y preparación. Los juzgados son lentos, torpes y enrevesados; muchos individuos prefieren engullirse los perjuicios de una controversia con tal de no acudir a los tribunales. Por último, la inseguridad ciudadana es cada vez más patente ante la ineficiencia de los cuerpos de seguridad.

No satisfecho con el caos generado, el Estado decidió extenderse hacia otros sectores como la moneda o las infraestructuras. Con el primero sólo ha conseguido generar una secular inflación que ha hundido el poder adquisitivo de los ciudadanos y eliminado sus ahorros. Con su diseño de las infraestructuras ha realizado pésimos y antieconómicos trazados, ha engendrado frecuentes atascos y ha encarecido los servicios hasta tal punto que en ciertas líneas el avión ya resulta más barato que el ferrocarril (y ello a pesar de que los aeropuertos siguen siendo públicos y por tanto no hay competencia en las tarifas).

Estos fracasos tampoco lograron refrenarlo y se expandió, con la aquiescencia de la mayoría de la población, hacia nuevos estadios como educación, sanidad y pensiones, esto es, el Estado de bienestar. ¿Cuál ha sido el resultado de años de dirigismo e interferencia en tales actividades? La calidad de la educación empeora año a año a la par que el fracaso escolar y el número de analfabetos funcionales. Las listas de espera colapsan la sanidad e impiden durante largos periodos de tiempo el acceso a una cura a miles de personas. Las pensiones están en quiebra técnica por lo que las futuras generaciones no percibirán aquello por lo que han contribuido coactivamente.

De nuevo, uno esperaría que antes de penetrar en nuevos ámbitos, los burócratas resolvieran el desaguisado que han generado en aquello sectores donde han metido la pata. Pero no, la huida hacia delante continúa con nuevas regulaciones sobre la vivienda, los medios de comunicación, la acogida e integración de inmigrantes o la lucha contra el consumo de drogas.

También en estos puntos el fracaso ha sido mayúsculo. El precio de la vivienda se ha disparado como consecuencias de la restricción del suelo y de la inseguridad en el mercado de alquileres, medidas que debían favorecer un urbanismo sostenible, equilibrado y justo. RTVE está quebrada y con una deuda astronómica. La pretendida integración de los inmigrantes se ha traducido en hacinamientos masivos en condiciones del todo insalubres. Y la cruzada contra las drogas no ha logrado frenar su consumo, sino que ha favorecido su encarecimiento y adulteración.

Todo esto es completamente antitético a la actuación de una empresa. Las compañías suelen comenzar a diversificarse cuando han alcanzado la máxima eficiencia en su mercado original y no pueden seguir creciendo. Es en ese momento cuando deciden aventurarse a producir otros bienes o servicios con la máxima prudencia y diligencia: cualquier error en ese nuevo mercado les puede abocar a desaparecer.

En cambio el Estado tiende a extenderse conforme peor lo está haciendo. Una de las razones, claro está, es que no necesita obtener beneficios para subsistir, basta con que suba los impuestos para financiar su ruinosa actividad. Ahora bien, ésta sólo es una parte de la explicación.

Si la ciudadanía consiente e incluso estimula tal aquelarre es porque hemos sido insuflados con el virus del socialismo. En el fondo seguimos pensando que los problemas de la sociedad son algo tan simple que puede resolverse a través de regulaciones y mandatos desde arriba. La gente consiente el Estado porque desea que se mueva, que actúe y que resuelva sus problemas.

El Estado y los políticos son conscientes de esto y cada cuatro años nos venden gruesos programas electorales con cientos de miles de propuestas para construir el paraíso definitivo. Necesitan vender humo y aparentar que no están quietos, que se preocupan por sus administrados.

Pero dado que la cantidad de regulaciones en sectores como la justicia, la educación o la vivienda es difícilmente superable, tienen que avanzar hacia otros ámbitos no regulados. Una vez han paralizado y convertido en páramos ámbitos enteros de la vida social, sienten la necesidad de buscar nuevos juguetes que ofrecer a la ciudadanía. La situación es tan grotesca que los individuos sólo son capaces de ver una paupérrima seguridad, justicia, sanidad y vivienda, pero no ven que las causas de esa miseria se encuentran en su regulación y monopolización por parte del Estado.

De hecho, muchos incautos afirman incluso que es necesario más intervencionismo para solucionar los problemas que allí aparecen. La parálisis de los sectores cautivos por el Estado transmite la impresión de que no se está haciendo nada cuando en realidad el problema es que el Estado está haciendo demasiadas cosas y obstaculiza el ejercicio de la función empresarial.

Con sus subterfugios el Estado ha logrado introducirse hasta en los ámbitos más íntimos y recónditos de nuestras vidas. Ciertas intromisiones deberían ser el acabóse; ya va siendo hora de que vaya retrocediendo.

Estonia y Adam Smith

Quizá no la haya nunca, pero sí hay ciertas cosas que parecemos saber. Nos las ha señalado, entre otras experiencias de éxito, la del pequeño país báltico de Estonia. Recientemente ha aprobado su adhesión a la Constitución Europea, sin duda una mala noticia. Mala, porque lo que le ha otorgado un éxito con pocos precedentes es exactamente lo contrario de lo que pretende el infumable texto de Giscard d’Estaing: una apuesta decidida y sin compromisos por la libertad económica.

El índice de la Heritage Foundation, que la mide, coloca a Estonia como el séptimo país que más libertad permite a sus ciudadanos. En 1992 eliminó los aranceles y prácticamente todas las barreras no arancelarias al comercio. Su primer ministro entonces, Mart Laar, abrazó el comercio como la vía a la prosperidad, y ha rechazado expresamente las ayudas al desarrollo. Sus empresas se han hecho más efectivas para poder competir en un mundo abierto, y ellas han convertido a la Estonia en una economía moderna y competitiva.

Dos años más tarde se introdujo un sistema fiscal con un tipo marginal único que se mantiene en el 26 por ciento (en Georgia es del 12); es fácil y barato de cumplimentar y recaudar; evita el fraude y es lo suficientemente moderado como para no desincentivar en exceso el trabajo, el ahorro y la producción. Además se ha recortado el gasto público y llevado a cabo un ambicioso programa de privatizaciones, que deja en manos privadas el 70 por ciento del PIB.

No podemos dejar a un lado el esfuerzo de Mart Laar por hacer funcionar lo más parecido a un reloj el sistema judicial, ya que a su juicio "no puede haber economía de mercado ni democracia sin leyes, derechos de propiedad claros y un sistema judicial que funcione". El resultado es una de las sociedades más progresivas y libres del mundo; espero que la UE no le atenace.

¡Al carajo con el Estado de Bienestar!

El consenso es amplio, o al menos tan poderoso como para que los políticos (en Europa, no fuera) no se puedan permitir discursos contra el Estado de Bienestar.

Solo que, como todo lo político, ese consenso es falso. Pagamos impuestos porque no podemos elegir otra cosa. Pero a la hora de recibir los presuntos beneficios confeccionados por la Administración con nuestro botín, los rechazamos. No nos devuelven el dinero, una vez nos quitan lo que hemos generado con trabajo y ahorro, no hay vuelta atrás. Todo lo que rechacemos de las dádivas del Estado no lo podremos recuperar por otro lado. Para mantener una conversación con amigos y demostrar a los demás lo solidario y generoso que es uno con el dinero de los demás, incluso para votar, está muy bien eso de defender el Estado Providencia.

Pero cuando le toca a cada uno, la gente prefiere pagar una segunda vez, añadida a los impuestos, y acudir al mercado para conseguir lo que realmente quiere. A la hora de elegir educación para sus hijos, la gente corre por sacar a sus hijos de los colegios públicos, si tiene la opción. Contrata seguros privados de salud, ahorra en pensiones o acciones. Aquí, además, una parte de los servicios públicos están siendo ocupados por trabajadores de otros países y, por la razón que fuere, es innegable que muchos no se sienten del todo cómodos compartiéndolos. Como dice Toni Mascaró en La teoría del desprendimiento, "cuando éste les ofrece sus servicios ‘universales y gratuitos’, ¡oh, sorpresa!, todo el que puede contesta en la práctica con un rotundo ‘¡no, gracias!’ que, de hecho, es un ‘¡no, gracias, y quédese el cambio!’". Asfixiada por impuestos y regulaciones, la empresa privada es capaz de convencer a la gente para que pague una segunda vez, ésta voluntaria, para obtener lo que desea. La gente, a la hora de la verdad, no quiere al Estado de Bienestar en su casa.

Este desinterés de la gente por los servicios del Estado se hará mayor cuanto más rica sea la gente, cuanto más pueda decidir sobre su vida con sus propios medios. Vivimos una carrera entre el Estado y la sociedad para ver quién se queda con la riqueza añadida que la parte privada de la economía crea cada año. Por eso es importante la iniciativa del Instituto Juan de Mariana de abogar por una sociedad de propietarios. El informe muestra que, sin excesivo esfuerzo añadido, sin más que ahorrar e invertir a largo plazo, con constancia y buen sentido, una familia media o incluso con escasa renta podría acumular en 20 ó 25 años el patrimonio suficiente como para seguir una vida independiente y segura. Incluso pueden bastar 15 años. Ha llegado la hora de sacar todo el partido a lo que nos queda de sociedad libre y desengancharnos, uno a uno, del Estado de Bienestar.

La antropomorfa

El Instituto de la Mujer es un departamento tan inútil como otros cientos de organismos que infestan nuestra administración, si exceptuamos los varios miles de "observatorios" existentes, pináculo de la estolidez humana hecha órgano administrativo, que en esta materia encabezan la lista a gran distancia del segundo clasificado. Jamás los supuestos problemas de las sociedades estuvieron tan observados como ahora. Eso no quiere decir que el gobierno vaya a resolverlos, claro. Los problemas seguirán ahí pero muy bien observados, lo que es un alivio, sobre todo para el bolsillo de miles de funcionarios dedicados a "observar" día y noche el problema en cuestión.

La creación de organismos sigue en las socialdemocracias el proceso inverso dictado por la lógica. Primero se crean y después se buscan las funciones que deberán realizar. No hay noticia de ningún país del mundo en el que un departamento gubernamental se haya autodisuelto por considerar que sus actividades ya no son necesarias. Al contrario, la vocación de los burócratas es crecer más y más, aunque para ello tengan que acabar protagonizando majaderías como ahora el Instituto de la Mujer y su campaña "nombra en red", o la otra empresa cultural del mismo instituto destinada a reformar los cuentos infantiles en clave progresista, uno de cuyos primeros requisitos es exigir que se hable de personajes y "personajas".

Rosa Peris, la presidenta del invento, afirma con total seriedad que la modificación de los sustantivos genéricos es "una necesidad existencial de la mujer", convirtiéndose así en portavoz de todas las mujeres, la inmensa mayoría de las cuales no pierde el tiempo con las gilipolleces de su instituto. Pero los progres son así; como ungidos que son suelen hablar en nombre del género humano. También dice "la presidenta de las mujeres" que el masculino genérico es un "ladrillo simbólico del patriarcado", para finalizar metiéndole un chorreo a la Real Academia por permitir que la lengua española tenga tantas connotaciones "antropomórficas" y además por no cumplir el requisito de paridad entre sus miembros. Con su facilidad para el patinazo metafórico, yo creo que a doña Rosa habría que hacerle un hueco en la academia, sentadita al lado de Carmen Calvo, la sucesora de Antonio Nebrija, gran experta en etimología latina. Menudo par de personajas.