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Las regulaciones nos empobrecen a todos

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El mayor problema de la economía española no es el desempleo, ni la precariedad laboral, ni las bajas ayudas en I+D ni la mayoría de argumentos que suelen dar los "expertos" del Gobierno. El principal problema es uno que jamás nombran: el propio Gobierno y su exceso de regulaciones, una medalla que no corresponde sólo al actual Gobierno del PSOE, sino también a los que tuvimos con Aznar. Los políticos han de cambiar de mentalidad de forma urgente para que el crecimiento económico que tenemos no sea más que una ilusión de bonanza que luego explote como una burbuja.

Si miramos la ficha económica de España que elabora anualmente el Banco Mundial en su informe Doing Business, podremos ver que nuestro Gobierno es de los primeros clasificados en poner trabas a la iniciativa privada. Se tarda una media de 277 días para la obtención de licencias, la rigidez en el empleo dobla a la media de los países de la OCDE, los impuestos a las empresas están entre los más altos, el coste inicial para la creación de una empresa triplica la media de la OCDE y tenemos el dudoso honor de ser el país donde más ha aumentado la presión fiscal en los últimos 30 años. Y la lista completa es mucho más larga; lo milagroso es que aún se creen empresas. Pero esta situación poco importa al Gobierno, que prefiere matar a la gallina de los huevos de oro con tal de lucrarse y, encima, carga contra los empresarios y las empresas por no querer modernizarse o les llama insolidarios por intentar esquivar el estado de sitio al que la administración les tiene sometidos.

Se está hablando mucho de un nuevo tipo de economía para España ante la evidencia de las deslocalizaciones y la globalización. Los políticos, como siempre, abogan por mayores impuestos y mayor control estatal para repartir el dinero arbitrariamente entre sus amigos (subvenciones) planificando la economía como si se tratase un juego de estrategia. Un poco de sentido económico, señores políticos, que nos lo están diciendo todos los informes extranjeros: el problema de la economía española es la regulación y burocracia excesiva. Si el gobierno dejara de ahogar sistemáticamente la iniciativa privada con impuestos y trámites la modernización se produciría de forma natural e inmediata.

Una economía regulada y burocratizada significa que las empresas trabajan para el gobierno y no para la gente, lo que es un lastre para nuestro bienestar.

Vuelve, en silencio, el fascismo digital

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

La Asociación de Internautas, a la que pertenezco, fue objeto a su vez de una completa campaña de descrédito por negociar con el Gobierno para limar los aspectos más controvertidos de la ley, esfuerzo en el que obtuvimos ciertos éxitos, y ciertos fracasos. El PSOE se apuntó a la campaña, llegando a afirmar el senador Félix Lavilla que "garantizaba" que " que cuando los socialistas gobernemos, suprimiremos esta ley tan nefasta para los intereses generales de nuestro país". Sí, por supuesto; sigue siendo senador.

Ahora el PSOE ha propuesto una nueva ley, la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), que hasta en el nombre parece imitar lo peor de la anterior. La Asociación de Internautas, por boca de su presidente, ha denunciado ya que "entra en el terreno de la Inquisición" y se lamenta de que los socialistas parecen creerse "demócratas de fábrica" que lo son porque sí y hagan lo que hagan. Es más, recuerda que pese a ser miembro del Consejo Asesor de la Telecomunicaciones se ha enterado de este proyecto por la prensa, suponemos que por aquello del Gobierno transparente y con talante. Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, considera que con esta nueva ley "podemos caer en situaciones como las recientemente acontecidas en China".

¿Y a qué se debe tanto revuelo? Básicamente a dos puntos de esta ley. El primero, y menor, es que hace responsable a los motores de búsqueda y creadores de páginas web en general por el contenido de los enlaces que hagan, aunque siempre y cuando esos enlaces sean a sitios web bajo su "dirección, autoridad o control". El problema es que no se especifica qué se considera dirección, autoridad o control. ¿Es por ejemplo Google culpable de los enlaces que haga a las bitácoras alojadas en su servicio Blogspot? Pues quedará al arbitrio del juez. ¿Seré yo culpable por lo que se ponga en los blogs alojados en Red Liberal? Pues me da que también eso quedará al arbitrio del juez.

Pero el segundo punto conflictivo es que se faculta a "órganos competentes" sin especificar a cerrar y bloquear el acceso a páginas web, una función que la denostada LSSI dejó finalmente en las exclusivas manos de los jueces. Ya puedo ver a Moraleda frotándose las manos; ya no sólo estará "vigilante con los periodistas para ver hasta dónde llega el veneno del PP" sino que podrá hacer algo al respecto. Al fin y al cabo, ¿qué puede haber más competente para cerrar un periódico digital que la Secretaría de Estado de Comunicación?

Por supuesto, los que se dedicaron a organizar una campaña contra el Gobierno del PP a cuenta de la LSSI ahora están callados. Las asociaciones que denigraban están, como entonces, al servicio de los internautas. En aquel entonces muchos se sumaron a esa campaña porque les parecía mejor que el Estado no metiera sus narices en Internet, algo de lo más saludable. Pero da la sensación de que, a cuenta de la nueva LISI, va a terminar sucediendo lo que pasó en Galicia: el Prestige es muy malo, pero los incendios son estupendos y, si no lo son, entonces son culpa del PP también. De hecho, siguen una trayectoria casi calcada: mientras quienes se preocupan por los derechos de los internautas discuten sobre la amenaza que supone esta nueva ley, los que sólo querían atacar al maligno Gobierno de la derecha se dedican a hablar del cuarto aniversario de la anterior. Si es que son tan previsibles…

Hacer perverso lo razonable

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Las contradicciones no acaban aquí. Al Gobierno no le gustan las malas noticias, como las de los accidentes de tráfico, e intenta moderarlas obligándonos a hacer lo que privadamente debemos hacer: ponerse el cinturón, moderar la velocidad, equipar el coche con todas las medidas de seguridad… Con lo absurdas que son otras regulaciones, ¿habrá alguna más sensata y más sana que estas?

Y, sin embargo siempre hay algo que hace que incluso este tipo de normas se estrellen. El Gobierno obliga a todo el mundo a seguir comportamientos razonables, lo que parece óptimo. Pero somos tan complejos, que es como si diera igual por cuantos lados nos presionen; siempre hay alguna vía de escape, inesperada.

Por ejemplo: cada uno suele elegir un nivel de riesgo para distintas situaciones. Y si a una persona se le obliga a equipar el coche con todos los elementos de seguridad, que de otro modo no hubiera elegido, adapta su comportamiento con una conducción más agresiva, hasta alcanzar el nivel de riesgo que desea mantener. Como le ocurrirá lo mismo a más de uno, el resultado final de obligar a los conductores a ponerse el cinturón, pongo por caso, será incierto.

Pero hay más. George Reisman en su monumental libro Capitalism, muestra una nueva antilogía: Las regulaciones hacen mucho más caros los coches. Y "en la medida en que los nuevos coches se hacen más caros de lo que necesitan ser, la gente se ve impelida a mantener sus coches durante más tiempo. Dado que los coches más viejos por lo general no son tan seguros como los nuevos, esto quiere decir que la gente está forzada a conducir coches que no son tan seguros como lo serían en ausencia de la legislación de seguridad de automóviles". La economía es una ciencia de paradojas.

Zapatero nos da lecciones de moral

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Pues ahora hágase la siguiente pregunta: ¿confiaría a Zapatero la educación moral de su hijo? El simple planteamiento produce escalofríos. Pero eso es exactamente lo que va a ocurrir para millones de familias españolas, gracias a la Formación del Espíritu Progresista, también llamada Educación Para la Progresía.

El objetivo es convertir a sus hijos en los hombres y mujeres nuevos progresistas. Le llamarán "progenitor A" o "progenitor B", o una versión acortada para SMS. Sabrán que eso del género es algo cultural y por tanto arbitrario. Que uno es hombre o mujer no porque tenga lo que hay que tener, sino por oscuras imposiciones sociales, de las que cualquiera puede desembarazarse, sin necesidad ni de pasar por el quirófano. Que, por tanto, la distinción entre heterosexualidad y homosexualidad es arbitraria. Saldrán de la escuela sabiendo que hay una fuerza oscura, llamada religión, cuyo único objetivo es hacerles infelices y prohibirles todo a lo que tienen derecho: todos esos comportamientos que antes se llamaban inmorales.

Menos mal (ellos lo aprenderán así en la escuela) que existe la tolerancia. Es decir, la convicción de que no hay valores absolutos, de que cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas, y que es lo mismo una moral que otra, una cultura que otra. Siempre que no sea represora y retrógrada; es decir, occidental. Para todo lo que huela a transmisión de la cultura y los valores occidentales, "tolerancia cero". Es más, su hijo gozará de auténticas "sesiones de odio", como las de Goldstein en el 1984 de Orwell. Pero con protagonistas distintos, claro, como las sociedades abiertas (la globalización), la familia tradicional, la Iglesia…

Es lo que los redactores de la LOE llaman un "mínimo común ético", que es mínimo ético, pero en absoluto común. De hecho, cuando el Gobierno quiso consensuar la ley con las ONGs al echar mano del listín, a quien llamó es mayoritariamente a los firmantes del Manifiesto por una sociedad laica, es decir, una sociedad en la que el Gobierno logre expulsar la religión de la vida pública.

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio Cañizares, ha llamado a la objeción de conciencia ante la asignatura. Yo ya he recordado los derechos a la desobediencia civil y a ignorar al Estado. Pero es que, además, de puro progresista, la ley nos da el instrumento legal para evitarla, y es que ha "legalizado" los novillos, nada menos. Así que invite a sus hijos a saltarse la instrucción en antivalores, y que juegue o haga algo útil. Leer, pongo por caso.

Alguno dirá que eso no le toca, porque puede llevar a sus hijos a algún colegio suficientemente protegido de los estragos de la LOE. Suerte que tendrá. Se encontrará, además, en las reuniones de padres, a los ministros y dirigentes socialistas, que huyen (con buen criterio) de la educación pública. Pero le toca, ya lo creo que sí. Porque cuando crezcan tendrán que vivir en una sociedad de damnificados por la LOE. Mientras, luchemos por la libertad de enseñanza y resistámonos a tener a Zapatero como guía moral de nuestros hijos.

Con funcionarios esto no pasaría

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Sucedió que un perro callejero tenía por costumbre cobijarse en el patio del parque móvil oficial. Los compañeros conductores (en los años ochenta se suponía que todos los funcionarios éramos "compañeros" y que estábamos ahí no por haber aprobado unas oposiciones, sino para hacer la revolución), sentían cierta simpatía por el chucho, al cual alimentaban con las sobras del almuerzo. El perrillo estaba tan agradecido que vigilaba los vehículos con una fiereza digna de un doberman cocainómano. No había quien se acercara al recinto pues el pobre bicho se desgañitaba ladrando y enseñando los dientes a todo el que no conocía.

Andando el tiempo, los compañeros conductores se apiadaron del animal y entre todos le proporcionaron una caseta para que se resguardara del frío en invierno y del sol en verano. A partir de ese mismo día dejó de importarle lo más mínimo que personas desconocidas deambularan por el recinto. No volvió a dar ni un solo ladrido: ya era funcionario. Después de este episodio, la seguridad del perímetro se funcionarizó también, con dos agentes por turno y un completo sistema de cámaras de vigilancia de última generación.

Con la primera huelga general que las masas trabajadoras le han recetado a Zapatero ocurrirá lo mismo, sobre todo porque se ha convocado donde más duele; dentro de casa. Una cosa es que los trabajadores del aeropuerto del Prat inmovilicen el tráfico aeroportuario, pues uno va a las rebajas de Harrods en aviones del ejército y esos no despegan de allí, y otra bien distinta que la señora vicepresidenta tenga que descuidar los importantes asuntos de su agenda para dar un planchazo al modelo que piensa estrenar al día siguiente.

Es lo que pasa cuando se confía el asunto de la intendencia al sector privado. Y mira que los compañeros sindicalistas nos lo tienen repetido: "lo público es bueno, lo privado malo". Así es, y por si doña Sonsoles aún lo dudaba, ahí tiene la prueba, en su misma cocina. Las empresas, con su manía de optimizar recursos y reducir costes en aras de la competitividad, olvidan con frecuencia que cuando se trabaja para la administración la clave del éxito es otra bien distinta.

Si los servicios de La Moncloa estuvieran gestionados por la administración habría cuatro directores de área (ropa, limpieza, cuidados infantiles y pipí canino) con dos jefes de servicio, tres de sección y cinco de negociado por cada departamento, además de la asesoría técnica compuesta por un veterinario, un dinamizador social especializado en psicopedagogía infantil y al menos diez estilistas. El equipo se completaría con cincuenta funcionarios interinos pertenecientes al grupo E para realizar las labores manuales, en turnos diarios de tres horas con el fin de compensar con descansos la realización de tareas fuera de lo fijado por convenio. De esta forma el servicio sería prestado con pulcritud y a satisfacción de todos.

Sí, sería algo así como veinte veces más caro que ahora, pero dado que la doctrina de la administración ZP fijada por la ministra Calvo es que "el dinero público no es de nadie", ¿Quién se va a molestar por esa minucia?

Hacer del robo, ley

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

El Proyecto de Ley posee infinidad de puntos oscuros, pero quizás el más preocupante es el cambio sustancial que sufren las valoraciones de suelo para supuestos expropiatorios. El criterio general que se viene utilizando para la valoración de inmuebles desde la Ley 6/98 es en función de su clasificación (urbano, urbanizable y no urbanizable). Sin embargo, este criterio es sustituido por el de en función de su situación básica  en el nuevo Proyecto de Ley (situación de urbanizado o situación de no urbanizado). De este modo, y con este cambio, cuando el Estado realice expropiaciones poco importará cómo este clasificado el suelo en el Planeamiento General de los municipios y la expropiación se realizará atendiendo a su situación básica en el momento del expediente expropiatorio. Y es que se podrán expropiar suelos clasificados como urbanizables que no han iniciado su transformación como si de no urbanizables o rústicos se tratase (en situación de no urbanizado).

Si a esta modificación le sumamos los cambios de los mecanismos de valoración del suelo que se detallan en el título III de la futura Ley, nos encontraremos con unas expropiaciones cuyas indemnizaciones incumplen el concepto de indemnidad patrimonial, ya que la compensación será infinitamente inferior a la del mercado libre. Rechazar la formación del precio del suelo en el mercado y sustituirlo por un valor irrisorio debería conllevar el cambio de denominación de justiprecio expropiatorio a injustiprecio.

El legislador, además, se apoya en nuevos conceptos que legitiman la intervención pública del suelo como puede ser el de “desarrollo sostenible”. Sin embargo, este concepto que se emplea en el texto es uno de los más controvertidos y contestados desde la ciencia económica. Este término (auspiciado por el Club de Roma) posee una más que dudosa validez científica debido a su incomprensión del proceso de formación de bienes económicos, el fenómeno de la escasez económica y la importancia del sistema de precios no intervenidos en la atenuación de escasez. Por ello, debido a esta serie de carencias conceptuales, las políticas económicas encaminadas a lograr un desarrollo sostenible sólo han logrado lo último: sostenerse en el tiempo, pero lastrando el desarrollo.

Si analizamos el articulado del Proyecto nos daremos cuenta de que se desarrollan definiciones y exigencias de dudosa constitucionalidad, ya que salen de las competencias del Estado en esta materia, acotadas de forma clara en la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 (según esta sentencia la administración central única y exclusivamente tiene compendias en los deberes y derecho de la propiedad y las valoraciones de suelo para supuestos expropiatorios). Por apuntar dos cuestiones de extrema curiosidad, reseñaré el cambio de los derechos y deberes de la propiedad, al de derechos y deberes de la ciudadanía. De esta forma, se incentivan las decisiones colectivas sobre los límites de la propiedad privada del suelo, lo cual incrementará la inseguridad jurídica en torno a la propiedad y no ayudará a la transformación del suelo para los usos más urgentemente necesitados. La otra cuestión es que el legislador llega incluso a pedir que se incluya entre la documentación de las actuaciones de urbanización un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará su impacto en las haciendas públicas; sin duda alguna este informe deja entrever que lo importante no es el desarrollo armónico en virtud del cual los recursos escasos se utilizan en la consecución de los fines más urgentemente necesitados por los individuos, sino que las arcas locales estén bien saneadas.

En lo que a las haciendas públicas se refiere, el legislador deja bien claro que es lo único que le interesa: incrementar los impuestos urbanísticos de forma sustancial. Por un lado, se incorpora una reserva mínima del 25% de la edificabilidad destinada para viviendas sujetas a algún régimen de protección (incorporación de dudosa constitucionalidad)  y por otro, se aumenta el impuesto del porcentaje de cesión de las plusvalías generadas por la promoción inmobiliaria. En la Ley 6/98 el porcentaje era del 10% del aprovechamiento del sector o ámbito correspondiente con carácter máximo y podía ser reducido por las legislaciones urbanísticas autonómicas. El actual Proyecto de Ley lo modifica de forma considerable: un mínimo del 5% y un máximo del 20%, que ya no se refiere al aprovechamiento urbanístico tipo o medio, sino a la edificabilidad media ponderada (este cambio de definición, aunque no afectará a la recaudación final de las arcas públicas, traerá problemas para los técnicos y burócratas que tiene perfectamente asimilado el concepto de aprovechamiento urbanístico). Sin duda, estos nuevos impuestos repercutirán en el precio final de la vivienda libre produciendo una tendencia inflacionista mayor de la que hoy existe.

Para concluir, habría que señalar la errónea interpretación que hace la futura ley sobre la especulación. La especulación tiene dos orígenes: uno autónomo que permite la adecuación de la oferta a la demanda en el plano intertemporal, y otro inducido por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo. Tratar de evitar el primero (como hace el Proyecto de Ley) es desequilibrar el mercado y distanciar la oferta de la demanda, con los graves problemas que estas divergencias ocasionan. En cambio, tratar de evitar el segundo de una forma distinta al cese de la intervención que ha causado el problema, es sentar las bases de ulteriores intervenciones que,  descoordinarán las acciones de los agentes económicos y motivarán nuevas ocasiones para vivir de la especulación sobre futuras intervenciones y nuevos focos de corrupción. Es por ello que esta Ley, además de ser de dudosa constitucionalidad, de incrementar el precio de la vivienda y promover la mayor intervención pública incentivando de esta forma la especulación no coordinadora, traerá una mayor corrupción de la que hoy tenemos y desacelerará uno de los sectores más importantes de nuestra economía, al incrementar la inseguridad jurídica sobre la propiedad privada.

Los decretos de la elegida Salgado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El gobierno jamás ha tenido autoridad moral en nada, pues la moral es algo que sólo concierne al hombre libre, al ciudadano individual; pero Salgado sí que tiene la capacidad de aplicar la fuerza contra sus enemigos, Burger King y el consumidor, olvidando totalmente la libertad de elección de la gente a meterse en el cuerpo lo que le venga en gana, elegir si quiere estar gordo o no, llevar o no una vida sana. No necesitamos a ninguna ministra socialista para decirnos lo "malo" que es Burger King o McDonalds; otros como Morgan Spurlock, el de Super Size Me, ya lo han hecho con mayor éxito y, de paso, se han forrado. Sí, sí, uno de esos anticapitalistas a los que tanto les gusta el dinero.

Para justificar el acto totalitario de la ministra los defensores de la omnipotencia estatal han apuntado, como siempre, al corazón de la gente para provocar el miedo, diciendo que las hamburguesas inducen a la obesidad y a morir prematuramente, y que además esto representa un coste para la Seguridad Social. Según un informe de FUNCAS publicado en 2005, España tiene una de las tasas de longevidad más altas de Europa y el de las mujeres, concretamente, es el más alto del continente. Realmente no nos hace falta ningún informe para demostrar algo tan obvio, y es que, a pesar de la aparición de Burger King, por más que les duela a los socialistas y otros dictadores de la vida sana, cada vez somos más y vivimos más: si a comienzos del siglo XX el número de personas que alcanzaban cada mes en España los 65 años era de 10.000, en el siglo XXI la cifra se ha triplicado y el futuro pinta mucho mejor. No encontrará ningún informe que afirme que en el futuro moriremos antes. Pero es que incluso nuestra calidad de vida ha mejorado también: los jóvenes son más altos, sanos y robustos que sus padres y llegamos a la vejez en mejores condiciones que nuestros bisabuelos. Esta situación no sólo se debe a los increíbles avances médicos que nos ha proporcionado el capitalismo sino también a la diversidad alimenticia y reducción de costes en la estructura productiva de la alimentación, a la que Burger King y su competencia han contribuido. Hoy pocos alimentos nos resultan prohibitivos por su precio. A principios del siglo XX era exactamente al revés.

Lo que también llama la atención es ver como aquellos que se proclaman anti-materialistas ahora se preocupen por el estado financiero de la Seguridad Social. La Seguridad Social no la pagamos porque queramos, sino porque el Estado nos obliga bajo amenazas de tomar represalias contra nosotros. A pesar de los socialistas, tenemos el derecho de ir al médico estatal cada vez que nos encontremos mal por cualquier causa, y no sólo eso, sino que el médico está obligado a sanarnos. Si lo que quiere la ministra es que cada uno sea responsable de sus actos, algo aberrante para un fanático igualitarista ya que eso implicaría tener libertad, lo que tendría que hacer es privatizar totalmente la medicina y desregular parte del mercado financiero para que aflorase la oferta sanitaria en todas sus ramas y formas de financiación; así no pagaríamos las enfermedades de personas "irresponsables" o de aquellas a las que ni conocemos y a cuyos gastos concurrimos por el miedo a la venganza gubernamental. Pagaríamos no sólo por nuestro consumo sanitario sino también por el de nuestros allegados, pero por amor, no por temor.

Burger King tiene más de 11.000 restaurante en todo el mundo, de los cuales 400 están en España. Mantiene sólo en nuestro país casi 10.000 empleos directos y eso sí que es saludable para nuestro tejido económico a pesar de las intenciones de Salgado. Además, la voluntad de servir a la gente lo señala perfectamente la estrategia de Burger King: "Poner al Servicio del Consumidor lo que le Apetece", que es lo contrario a lo que hace Salgado. Asimismo, Burger King tiene infinitos controles de calidad de los que carece el "Bar Manolo" donde usted va a comer en su hora de descanso laboral, y la compañía facturó en el año 2004 en España 268 millones de euros, un 12% más que el ejercicio anterior.

Esto significa que la gente quiere consumir productos Burger King y no leyes totalitarias Salgado. Siéntase libre de comerse un Whopper XXL, un Big King XXL o cualquier otro delicioso manjar de 1.000 Kilocalorías made in King, y mejor aún si lo acompaña de una o varias cervezas y termina con uno o más cigarrillos. La libertad de elegir es nuestra, no de fanáticos prohibicionistas, y eso significa que, aunque naturalmente siempre se puede no consumir lo que no apetece, no se le puede negar a los demás con amenazas el mismo derecho. Quién sabe, podría ocurrir que esta moda de la prohibición indiscriminada le acabe rebotando a esos fanáticos sobre algo que sí aprecien y que, al igual que comer hamburguesas, no sea un acto criminal.

La propiedad privada por los suelos

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El Proyecto de Ley pretende haber encontrado una fórmula mágica para acabar con la especulación y la presión del precio del suelo sobre el precio de la vivienda. Se trata de la eliminación de la clasificación del suelo como criterio general para la valoración de inmuebles. La idea es que la clasificación "ha contribuido históricamente a la inflación de los valores del suelo, incorporando expectativas de revalorización mucho antes de que se realizaran las operaciones necesarias para materializar las determinaciones urbanísticas de los poderes públicos y, por ende, ha fomentado también las prácticas especulativas, contra las que debemos luchar por imperativo constitucional". Si la eliminación se realizara para liberalizar la urbanización del suelo, esto podría tener algún sentido. Pero la realidad es que este cambio no incrementa la oferta y sólo sirve, como luego veremos, para reducir los pagos por expropiaciones.

Es más, el proyecto incorpora una reserva mínima del 25% de la edificabilidad destinada para viviendas sujetas a algún régimen de protección así como un aumento del porcentaje de cesión de las plusvalías generadas por la promoción inmobiliaria (que pasa del máximo del 10% en la Ley 6/98 a un nuevo máximo del 20%). De estas imposiciones sólo cabe esperar nuevas presiones al alza en el precio.

Además, pensar que con la eliminación de las clasificaciones se elimina la especulación es no entender nada. Existen dos tipos de especulación cuya naturaleza es totalmente opuesta. La primera es económica mientras que la segunda es política. La especulación económica está necesariamente presente en cada acción, grande o pequeña, que los seres humanos llevamos a cabo. Su efecto es claramente beneficioso en cuanto trata de coordinar intertemporalmente el uso presente de los recursos con su previsible escasez futura. En el caso del suelo, la especulación de naturaleza económica tiende a conservar suelos que puedan tener gran valor en el futuro y reduce las fluctuaciones del precio al comprarse terrenos cuando están muy baratos en relación a su potencial uso y venderlos cuando son caros y destinados a usos más provechosos. La especulación política, en cambio, consiste en comprar terrenos no urbanizables a muy bajo precio porque se tiene la certeza de que serán recalificados como urbanos. Mientras que la especulación económica tiene efectos sociales claramente positivos, la política es el caldo de cultivo de una de las mayores lacras modernas: la corrupción. Pues bien, el Proyecto de Ley del Suelo ataca la primera mientras que fomenta la segunda con nuevas dosis de intervencionismo y arbitrariedad.

Desde el derecho "de participación y de prestación de los ciudadanos en relación con el urbanismo", al deber del propietario "de conservar los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar" una enorme cantidad de riesgos, pasando por "el deber de dedicar la vivienda al uso previsto o autorizado directamente o poniéndolo a disposición de terceros" la futura ley es una retahíla de disposiciones cuya aplicación es totalmente arbitraria.

Pero los despropósitos no acaban aquí. En 1994 el Partido Popular introdujo en la Comunidad Valenciana uno de los mayores ataques a la propiedad privada que jamás se han perpetrado en el sector. Me refiero a la creación de la figura del agente urbanizador, ese tercero con derecho a suplantar al propietario a la hora de realizar una actuación urbanística. La Ley del Suelo de 1998 le dio cierta cobertura y se expandió por varias Comunidades Autónomas en poder de ambos partidos. Pues bien, la futura ley socialista trata de legitimar esta estafa legal y abre la puerta en el título del artículo 6 a la ampliación de estas prácticas contrarias la propiedad privada al campo de la edificación haciendo referencia al agente edificador.

Con todo, lo peor del Proyecto de Ley se encuentra en el Título Tercero, que trata las valoraciones de cara a la expropiación. Como hemos visto, las clasificaciones quedan eliminadas y los suelos pasan a ser considerados como rurales o urbanizados a efectos de su valoración. En lugar de valorarse el suelo que la Administración decide expropiar en función de su uso potencial, se hará en virtud de su situación física y se calculará a través del método de capitalización de rentas en lugar del método comparativo de suelos similares en el mercado. Para hacerse una idea de la importancia de este cambio, basta con observar que las fincas urbanizables serán expropiadas como rústicas. La ley se carga 400 años de aplicación más o menos acertada del justiprecio y la sustituye por algo que sólo puede ser calificado como injustiprecio. Las consecuencias de este ataque a la propiedad privada sobre la capacidad de financiación de los pequeños y medianos promotores vía reducción de las garantías hipotecarias no es ninguna broma. Los propietarios salen perdiendo y los únicos que sacan tajada son el Estado y el Agente Urbanizador.

Por desgracia, la ceguera económica de quienes han ideado el proyecto imposibilita solucionar problemas como el de los precios artificialmente elevados y el de la corrupción ligada a la especulación política. Es más, el espíritu de extremo intervencionismo logrará que se agraven aún más. Para colmo de males, la ley está empapada de tal desprecio por la propiedad privada que promoverá mayores cotas de incertidumbre jurídica y un nivel de injusticia propio de países huérfanos de algunas de las libertades más elementales.

Hacia una sociedad de propietarios

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Es evidente que el Estado de Bienestar se ha mostrado incapaz de proveer satisfactoriamente necesidades tan elementales como la sanidad, la educación o la jubilación; muy al contrario, cada año monopoliza una cantidad creciente de recursos para ofrecernos unas prestaciones cada vez peores.

Hace unos días estudiamos la situación de quiebra en que se encuentra el sistema público de pensiones, motivo por el cual incluso los políticos socialistas nos exhortan a trabajar durante más años a cambio de unas rentas más inciertas. La calidad de ese paradisíaco Estado de Bienestar se va degradando día a día, ante su propia inutilidad.

La alternativa que nos propone la sociedad de propietarios está en plena consonancia con los principios capitalistas, que han permitido a la Humanidad disfrutar de los mayores niveles de vida jamás alcanzados. En lugar de contribuir coactivamente a las arcas del Estado, los promotores del estudio defienden que los individuos tengan libertad de disposición de sus rentas, para que puedan ahorrar e invertir en una selección de acciones de las mejores empresas del país.

Es importante comprender que la bolsa no tiene nada que ver con los juegos de azar. Cuando compramos una acción estamos adquiriendo una parte de una empresa y, así, una porción de todos los beneficios que ésta genere en el futuro. La rentabilidad de la inversión en acciones procede de que nos apropiamos del crecimiento futuro de la empresa para incrementar nuestro patrimonio.

El incremento real de nuestro bienestar que se produciría en el caso de abandonar los esquemas estatistas e invertir en bolsa es simplemente espectacular. El estudio, por ejemplo, concluye que una persona que empezara a invertir a los 25 años 700.000 pesetas y luego incrementara la cuantía en un 4% cada año (728.000 pesetas el segundo año, 757.000 el tercero…) podría jubilarse a los 50 años con unas rentas mensuales de casi 400.000 pesetas y un patrimonio de 64 millones. Por supuesto, cuanto mayor sea la aportación anual antes podrá decidir jubilarse el inversor (incluso a los 40 años); si no, percibirá rentas aún mayores.

Compare esto con las reducidas pensiones que se obtienen a los 65 años y pregúntese por qué tiene que soportar la dictadura de la miseria. Los individuos podrían dedicar su tiempo libre a otras actividades (leer, escribir, dibujar, viajar, hacer deporte, etcétera), reducir su jornada laboral y conciliar su vida laboral y familiar de un modo más sencillo (criar y educar a sus hijos en casa) o tomarse varios años de vacaciones, durante los cuales podrían incrementar su formación y, así, percibir más tarde mayores salarios.

Piense incluso en este supuesto, totalmente realista: unos padres que decidan hacer a su hijo recién nacido el que sin duda será el mejor regalo que reciba en su vida: abrirle un fondo de valores bursátiles de dos millones de pesetas. Ese fondo se habrá revalorizado hasta los 15 millones cuando el niño ya no sea tal y cumpla 30 años: le proporcionará unas rentas pasivas mensuales de más de 100.000 pesetas. Todo ello sin que el niño trabaje y, lo que es más importante, ayudando a crear riqueza en el resto de la economía. ¿Quién dijo que el salario mínimo era necesario para una vida digna?

Todos estos cálculos se han obtenido con la estimación, bastante realista, de un crecimiento de la bolsa del 7% anual (podría considerarse incluso conservadora, si tenemos en cuenta la experiencia chilena: allí, tras la implantación de las pensiones por capitalización, el crecimiento económico pasó de un 3 a un 7% anual). Se trata de una cifra obtenida de la suma de un crecimiento real de la economía del 4%, un beneficio de apalancamiento del 2% (diferencia entre el rendimiento del capital y el coste de la financiación) y una reinversión de los beneficios del 1%.

Ahora bien, cualquier individuo con una mínima cultura financiera podría dedicarse a seleccionar sus inversiones y superar ese 7% anual de rentabilidad media: baste decir que la rentabilidad media anual del Ibex 35 es del 10%.

El problema es que la inmensa mayoría de la población ha crecido en una sociedad de trabajadores ajena a la actividad empresarial e inversora. Quien quiere alcanzar una posición económica holgada se esfuerza por conseguir un puesto de trabajo de alta remuneración, y para ello está dispuesto a estudiar entre 15 y 20 años; pero luego descuida la organización de sus finanzas personales.

Dicho de otro modo: la mayoría de la sociedad comete el fatal error de confundir renta con riqueza. Los ricos no lo son porque obtengan cada año unas rentas muy elevadas que les permitan gastar de manera desbocada, sino porque han amasado un gran patrimonio y lo están destinando a tareas productivas.

Si percibimos grandes rentas salariales pero carecemos de riqueza podremos consumir como ricos durante un tiempo, pero cuando esas rentas se interrumpan (por ejemplo, porque seamos despedidos) careceremos de un colchón que nos permita mantener nuestro status de vida. Tendremos que recortar drásticamente nuestros gastos, incluso liquidar parte de nuestra exigua riqueza (pensemos en un desempleado que tenga que vender su coche nuevo poder pagar las cuotas de la hipoteca).

Si queremos consumir como ricos primero deberemos tener el patrimonio de un rico, y para ello sólo hay un camino: capitalizar nuestras rentas, esto es, ahorrar e invertir. O, como diría Robert Kiyosaki, deberemos pasar de una situación como la actual, donde trabajamos para el dinero, a una donde el dinero trabaje para nosotros.

Sólo la sociedad de propietarios crea los incentivos para que emerja esa necesaria cultura financiera, al hacer a las personas responsables de su dinero y de su propio futuro.

Además, la sociedad de propietarios tiene otros dos efectos que la hacen muy superior al Estado de Bienestar. El primero es que, a diferencia de éste, no destruye la riqueza, sino que la estimula. La acumulación de capital se incrementa enormemente gracias a los nuevos ahorros de las personas; igualmente, crecen la productividad y los salarios. La segunda es que nos vuelve independientes del Estado y de su aparato redistributivo. Nuestra pensión futura o nuestra seguridad presente no dependen de un aparato coactivo y centralizado, sino de nuestro propio patrimonio.

¿Permitiría que su alimento dependiera de la aquiescencia de un tercero? Hoy, su salud y su manutención en el futuro dependen de que el Estado siga transfiriéndole recursos a través de su aparato coercitivo. ¿Se ha parado a pensar qué le sucedería si dejara de hacerlo, o si le amenazara con dejar de hacerlo?

Sólo la sociedad de propietarios nos garantiza prosperidad e independencia frente al poder político. El estudio del Instituto Juan de Mariana merece la máxima atención y difusión por parte de todos los liberales, porque en él se encuentra un muy necesario referente para nuestra agenda y nuestra lucha diaria.

Aparten sus sucias manos de Internet

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta aparente contradicción la salvan arguyendo, más o menos directamente, que para salvaguardar la libertad dentro de Internet hay que prohibir y regular cosas en las infraestructuras.

Este debate en concreto ha surgido por la propuesta de evitar por medio de una ley que, en Estados Unidos, las compañías telefónicas puedan discriminar entre los distintos tipos de datos que circulan por los cables de su propiedad para dar más prioridad a unos frente a otros. Esto ha servido para dar como principal argumento del debate la explotación demagógica de la retórica izquierdista de la "gran empresa vs. el pobre y pequeño individuo indefenso"™. Lo cierto es que la llamada neutralidad en la red no ha sido impuesta hasta ahora por ley, e Internet ha funcionado bastante bien y, sí, razonablemente neutra aunque tampoco del todo. Pero las empresas de telecomunicaciones estadounidenses han empezado a ver una oportunidad de negocio, básicamente, en el ofrecimiento de paquetes a los consumidores con o sin telefonía sobre Internet (VoIP) y quieren tener la oportunidad de dar prioridad al tráfico de Internet que provenga de ese servicio de pago sobre el resto. Además, consideran que hay empresas como Google o Yahoo ganando mucho dinero a base de usar una infraestructura de red que no han pagado, y que son ellas quienes les están subvencionando en parte sus beneficios.

Quizá quien mejor represente a ambos lados del debate sea el columnista de USA Today Andrew Kantor. En febrero tomó partido a favor de la neutralidad de la red poniendo como ejemplo un hipotético intento de acceso a su propio diario, encontrándose con un mensaje del tipo "USATODAY.com no ha suscrito ningún acuerdo de transporte de datos con AT&T para que sus contenidos puedan llegar a los clientes de AT&T. Disculpen las molestias". Sin embargo, en junio escribió de nuevo reconsiderando su postura; ninguna empresa duraría mucho en este negocio impidiendo el acceso a sitios web –porque eliminaría de hecho el atractivo de Internet–; por eso no lo han hecho hasta ahora. Es más, la prohibición de que las empresas de telecomunicaciones cobren por un acceso prioritario y más rápido no nos iguala por arriba en cuanto a calidad y velocidad, sino por abajo. Algo así como la LOGSE y su hija la LOE, pero aplicado a la red.

La postura a favor de la neutralidad se basa en una visión estática de la economía y la tecnología, que considera el estado actual de las redes de comunicaciones como algo inamovible, lo que ha llevado a economistas, activistas y pensadores de todo tipo como Roxanne Googin, Lawrence Lessig o Vinton Cerf, a plantearse incluso la opción de volver a nacionalizarlas, siquiera en parte. George Gilder denunció que dicha visión significa trasladar toda la innovación en los bordes de las redes, estatificando cualquier desarrollo de las redes mismas. Es decir, significa que las mejoras tecnológicas, el negocio y los beneficios se queden, vía ley, en el campo de juego de Google, eBay o Yahoo, y se impida a las compañías telefónicas innovar y lograr dinero por ello. Razón por la que las primeras están cabildeando a favor de la legislación de "neutralidad".

Esto no es una pelea entre grandes empresas e indefensos clientes, sino una lucha en la que unas grandes empresas desean pedir ayuda al tío de Zumosol, el Estado, para evitar que otras grandes empresas les cobren por utilizar sus servicios. A nuestra costa, naturalmente; lo que se pide es que sean sólo los consumidores quienes carguen vía factura telefónica con los costes de las redes de comunicaciones. Y si las empresas no logran rentabilizar las inversiones en redes más rápidas, simplemente no invertirán. También olvidan los defensores de las leyes favorables a la neutralidad es que siempre, en todo ámbito conocido, en cuanto se permite al Estado meter mano en un ámbito, se expande hasta ocuparlo y regularlo por completo. Curiosa manera, pues, de "salvar Internet".