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Amazon.es y el precio fijo del libro

Un Amazon en español con centros logísticos en nuestro país e Hispanoamérica tendría un enorme mercado potencial. Nuestro país es la cuarta potencia editorial del mundo. Hubo varios proyectos de aprovechar la ausencia de la compañía de Jeff Bezos en España, pero datan de la burbuja y ciertamente se comportaron como las empresas de la época, gastando dinero a manos llenas e ingresando poco. Aún se recuerda la campaña publicitaria de Diversia, que comenzó ¡antes de que funcionara la página! Actualmente lo que tenemos son las tiendas online de las grandes librerías –como la Casa del Libro o El Corte Inglés– que, desde luego, carecen de la calidad, comodidad y buen precio del gigante norteamericano del comercio electrónico.

Las razones para al ausencia de Amazon en nuestro mercado son muchas. No somos un país amigo del comercio electrónico, aunque sea cada vez más común ver en las oficinas de correo los paquetes con sonrisa de la empresa de Bezos. Tampoco es que seamos muy proclives a eso de la lectura, motivo por el cual se ponen en marcha regularmente ridículos planes ministeriales para fomentarla, que fracasan, lo que no impide que lo vuelvan a intentar porque, claro, el dinero público no es de nadie. A pesar de ello, Amazon podría triunfar en nuestro país si la ley no le impidiera hacer los enormes descuentos que tan bien conocemos quienes compramos en sus tiendas en Estados Unidos y el Reino Unido.

Normalmente, las restricciones al mercado existen porque un grupo de presión exitoso ha logrado convencer a la administración de la necesidad de las mismas. El Estado, como explicó genialmente Carlos Rodríguez Braun, no redistribuye de ricos a pobres sino de grupos desorganizados a grupos organizados. Generalmente, claro está, estos lobbys no suelen actuar nunca exponiendo de forma clara y cruda su propio interés, habitualmente pecuniario. Con respecto a los libros, los principales beneficiarios son los editores, pero ponen la excusa de la pequeña librería "portadora de la cultura" para intentar convencer a los incautos, y vaya si lo consiguen.

La economía básica nos enseña que rebajar el precio de un bien permite que se venda más, de modo que si realmente se quisiera fomentar la lectura –tal y como nos aseguran que hará la nueva Ley del Libro– nada mejor que liberalizar su precio, permitiendo a las librerías aplicar el descuento que gusten. Así nos harían un favor a los consumidores de libros, que podríamos ahorrarnos nuestro buen dinero, que en algunos casos se gastaría en otras obras que a los precios actuales no habríamos adquirido. Eso, desde luego, se entiende perfectamente desde el Ministerio, pues cuando un grupo de presión mayor –las autonomías– es quien tiene que costear en parte o totalmente los libros de texto, curiosamente, y pese al sin duda enorme daño que hará a las pequeñas librerías y por tanto a la "cultura", según sus argumentos, han decidido acabar con el precio único de los mismos.

La edición y la remuneración al autor suponen aproximadamente la mitad del precio que pagamos por un libro. Una librería online como Amazon tendría, por tanto, un espacio enorme para hacer grandes descuentos que compensaran los gastos de envío y aun así obtener beneficios y reducir el precio final al cliente. Una tienda virtual de la calidad técnica de Amazon, con sus recomendaciones generadas por las opiniones y las compras de los clientes, posiblemente haría más por fomentar la venta de libros poco conocidos de editoriales pequeñas que todos los inútiles planes de lectura de todas las administraciones públicas. Pero que no se nos olvide que el Estado lo hace por nuestro bien, como siempre.

La quiebra que viene

Pues bien, algo similar ocurrió la semana pasada con el sistema público de pensiones. Joaquín Almunia, comisario europeo de Economía y Finanzas y antiguo candidato socialista a la presidencia del Gobierno español, sostuvo en el diario francés Libération que el modelo social europeo está en crisis y que será insostenible dentro de 40 años.

Que los políticos, defensores, impulsores y principales beneficiaros del sistema de dependencia estatal, empiecen a reconocer su quiebra no significa, desde luego, que se hayan convertido en unos ultraliberales sin complejos de la noche a la mañana, sino que ni siquiera ellos pueden ocultarla, con su poderosísimo aparato propagandístico. Si un socialista reconocido habla en tales términos será porque la situación es realmente alarmante.

Ciertamente, poco más cabía esperar de un sistema de pensiones patrocinado por el Estado y basado en una absurda redistribución intergeneracional. Las nociones económicas más elementales sugieren que antes de consumir debo producir y que si en un momento no puedo producir pero quiero consumir deberé haber ahorrado la producción precedente. O dicho de otro modo, si soy incapaz de trabajar durante la tercera edad y quiero seguir consumiendo al ritmo anterior, deberé ahorrar durante mi juventud y madurez.

Los políticos, dictadores y demás ralea, desde Bismarck y su Sozialpolitik, encontraron otra vía para lograr consumir sin pasar por el engorroso trámite de la producción: basta con arrebatarle la producción al vecino. Así, los ancianos deben dejar de preocuparse sobre cómo sobrevivirán cuando dejen de trabajar; otros, los más jóvenes, pagarán la factura.

Claro que ni siquiera los demagogos más redomados podían aprobar un sistema donde una parte de la población –por muy desvalida y tierna que nos parezca– robara con tanta claridad y desparpajo a la otra parte. De ahí que se intentara convalidar el invento con un apaño que sólo institucionalizaba el delito: los jóvenes de hoy aguantaban estoicamente la sustracción de parte de sus rentas porque en el futuro el Estado les prometía que serían ellos los que rapiñaran las rentas de sus hijos.

Este esquema, asentado sobre el robo, la corrupción y el engaño, pasó a denominarse con el tiempo "sistema de reparto", y para muchos resultaba ser el máximo exponente de la llamada "solidaridad intergeneracional"; a saber, hoy trincas tú, mañana trinco yo.

Por supuesto, no hacía falta ser una lumbrera para darse cuenta de que este sistema de reparto sólo funcionaría mientras los jóvenes contribuyentes fueran relativamente más que los ancianos pensionistas. Pero este principio es internamente inestable, ya que si hoy el número de contribuyentes es mayor que el de pensionistas, mañana habrá tantos pensionistas como contribuyentes, a menos que el número de estos últimos esté en continua e imparable ascensión; lo cual es equivalente a afirmar que podemos evitar los disparos de una pistola si corremos delante de las balas pero más deprisa que ellas.

Lo cierto es que la quiebra del sistema de reparto es la muestra más visible de su fracaso. Pocas críticas más devastadoras existen contra un mecanismo como la de que no funciona ni puede funcionar. Sin embargo, no deberíamos caer en el error de creer que esta estafa sin proporciones –lo que Almunia llama "nuestro modelo social"– fue una suerte de luna de miel demasiado cara. No deberíamos mirar hacia atrás con añoranza, lamentar la deformación de nuestra pirámide poblacional y decir amargamente: "Fue bonito mientras duro". Una cosa es que el fracaso se haga visible ahora hasta para los socialistas y otra muy distinta que su funcionamiento no fuera intrínsecamente miserable desde el principio.

Como ya hemos explicado, los sistemas de reparto hacen prescindible el ahorro como provisión para la jubilación. La contribución mensual de cada trabajador a la Seguridad Social no se ahorra hasta que éste llegue a la vejez, sino que se entrega ipso facto a un pensionista actual, que previsiblemente la consumirá en su práctica totalidad.

Esto tiene dos efectos perversos sobre el bienestar de los individuos. El primero es que la contribución mensual no es capitalizada, y por tanto no se incrementa a un interés compuesto periódico. El segundo es que la acumulación de capital es mucho menor de lo que podría haber sido.

En los próximos días el Instituto Juan de Mariana publicará un estudio sobre la Sociedad de Propietarios donde se explica cómo la capitalización de nuestros ahorros podría proporcionarnos, siendo conservadores en la estimación, unas rentas mensuales de más de 3000 euros a partir de los 50 años. En otras palabras, la retención coactiva por parte del Estado de la cuota de la Seguridad Social imposibilita que los trabajadores españoles inviertan esa porción de sus salarios y lograr remuneraciones mucho mayores a las que, aun en las previsiones más optimistas, podrá proporcionarles la Seguridad Social.

Por tanto, los intervencionistas son culpables de imponer por la fuerza un sistema que no sólo es ruinoso, sino que sólo ha distribuido unas míseras pensiones del todo insuficientes para lo que ellos mismos denominan una "vida digna". Cuando un estatista le diga que la privatización de las pensiones va en contra de la tercera edad, recuérdele que, muy al contrario, es la Seguridad Social y su intervencionismo rampante lo que empobrecen a los jubilados, atándoles a unas paupérrimas e inciertas rentas.

No sólo eso, a diferencia de los sistemas de reparto, los de capitalización incrementan los ahorros disponibles, y de este modo la inversión, la acumulación de capital y la productividad, dando lugar a aumentos de salario y a reducciones de precios.

En resumen, las pensiones privadas no quiebran, permiten incrementar los salarios, reducir los precios y, sobre todo, lograr una independencia financiera mucho mayor a la obtenida de las pensiones públicas.

Los principios de solidaridad y bienestar blandidos por los intervencionistas no son más que patrañas que ocultan una verdad inquietante: los sistemas de reparto empobrecen a todo el mundo salvo a los políticos, que siguen gestionando y manejando las vidas y ahorros de toda la sociedad. En la consecución de este fatal objetivo no se han privado de utilizar mentiras, propaganda, sentimentalismos baratos y torrentes de demagogia.

Poco les ha importado que estuvieran arruinando el presente e hipotecando el futuro de la sociedad. Los políticos sólo se mueven por la sed de poder; los de ahora no tendrán que afrontar la quiebra del sistema en el futuro, por lo que no moverán ni un dedo para ampliar nuestra libertad. Pero lo cierto es que cada día que pasa la transición se vuelve más complicada y costosa; su inacción represora actual será nuestro gran problema mañana. Lo saben todos tan bien como Almunia: es hora de poner fin a un esquema intervencionista que sólo ha traído pobreza y que nunca debería haber nacido.

Precios contra la pertinaz

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha propuesto que los ayuntamientos apliquen tarifas crecientes en diferentes tramos, a partir de los 60 litros por persona y día. El objetivo es claro: limitar el consumo a los usos más urgentes.

No es la peor de las ideas que puede salir de ese Ministerio, pero las hay mucho mejores. La tarifa es un precio falso, un mal reflejo de lo que haría un mercado en libertad. ¿Por qué no, entonces, introducir verdaderos precios?

El agua es un bien escaso, y por tanto un buen candidato para el mercado. No hace mucho Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, explicaba en un artículo en el Wall Street Journal cómo los empresarios han llevado agua de calidad y a buen precio incluso a las áreas más pobres de Iberoamérica; a las que no llega el agua pública. Si es así entre los más pobres, ¿cómo no hacerlo en un país rico pero deficitario en agua?

La mayoría del agua se la bebe el campo, donde se pierde mucho líquido por mala gestión y falta de infraestructuras. Si los dueños y gestores del agua tuvieran interés en sacar del líquido el mejor provecho, las fugas se reducirían notablemente y tendríamos más aguas para usos muy necesarios.

Los precios, a diferencia de las tarifas, se ajustan automáticamente a la escasez relativa del bien, con lo que subirían cuando hay sequía, fomentando el ahorro, y daría un respiro al bolsillo en época de abundancia. La diferencia de precios entre regiones crearía oportunidades de beneficio para los trasvases, y sólo se harían si fueran económicamente eficientes. Por último, el enfrentamiento regional desaparecería, porque el dinero fluiría en sentido opuesto al agua. Todos saldrían ganando, que ese es el principio del intercambio.

Una historia Gore

Desde que dijo que él se había inventado Internet, Al Gore le ha cogido gusto a decir la verdad al público. Su tema preferido es el del calentamiento global y a él le ha dedicado muchas horas de estudio. Ha recorrido el mundo en busca de los efectos de la subida del termómetro de la Tierra, recogiendo las opiniones de los científicos que cuadraran con su propia visión y perfeccionando su mensaje charla tras charla. La combinación de todo ello con el mejor hacer de Hollywood ha dado como resultado un documental extraordinario: Una verdad incómoda.

El relato es sencillo. Un gráfico que ordena 650.000 años, los últimos, con la evolución del CO2 y la temperatura de la Tierra. Parece la historia de dos amigos inseparables. Luego Gore abre la espita del CO2 en los últimos años, y termina con una vertical que rompe el gráfico. Si la temperatura le sigue en su trayecto, nos viene a decir, esto se va a convertir poco menos que en un nuevo Marte. No dice, claro, que en los períodos interglaciares la temperatura de la Tierra fue mayor a la actual, con menos CO2. Hace creer al espectador que el gas es la principal causa de variación de la temperatura, lo que sencillamente es falso. Es más, si la Tierra se está calentando o no, no es una cuestión cerrada, ya que la medición más precisa de la temperatura global, la recogida por los satélites en la atmósfera, no dice que sí. También somete al espectador al ejercicio de imaginarse cómo se fundirá el océano antártico y sus terroríficas consecuencias, sin mencionar que su temperatura es variable y que no hay que irse muy atrás en el tiempo, en los 1930’, para encontrar años menos fríos por esas latitudes que los actuales.

Pero más allá de las inexactitudes, de las sugerencias tramposas, de las ausencias resonantes en materia científica, llama la atención que mienta cuando dice que el consenso científico es total y que él viene a ser un torpe y humilde portavoz. No hay más que ver las declaraciones sucesivas hechas por Científicos Atmosféricos del Cambio Climático (CAECI) y las de Heidelberg, Leipzig y Oregón, en las que miles de científicos de primer orden reconocen que el consenso científico no existe y denuncian que hay un intento por manipular la ciencia con objetivos políticos.

Pero lo mejor es el final. Una vez metido el miedo en el cuerpo, Gore nos dice que todo se puede conseguir con voluntad política. Y pone un ejemplo muy aleccionador: si utilizáramos una serie de tecnologías más eficientes, reduciríamos nuestras emisiones de CO2 no ya por debajo de 1990, como pretende Kioto, sino de las de 1970. Muy bien, pero ¿quién desarrolla e implanta tecnologías más avanzadas? ¿Los políticos? ¿No serán más bien los empresarios en el mercado? Pues eso parece. Y no tenemos más que ir al ejemplo de… los Estados Unidos que, gracias a la viveza de su economía, pese al aumento de población y al crecimiento económico, de 1997 a 2003 aumentaron las emisiones de CO2 en un 0,007 por ciento. Nada. Vamos, que no necesitamos a los políticos. A usted tampoco, Mr. Gore.

Terrorismo y cambio climático, según ZP

Incluso suponiendo que fuera cierto que la actividad humana es la principal responsable de un cambio climático que estuviese provocando muchas más muertes de las normales, la comparación es totalmente obscena. La reacción de un hombre decente debería de ser: "¿y qué?". Mientras que el supuesto incremento de las muertes por el cambio del clima no serían intencionales y se parecerían mucho a las que tienen lugar en los accidentes de carretera, el terrorista mata conscientemente a sus víctimas para conseguir algún tipo de fin político; en el caso de ETA la sangre derramada hasta ahora tiene el propósito de establecer un estado socialista en el País Vasco. Comparar lo uno con lo otro es fruto de una mente retorcida y perversa capaz de obviar la gigantesca diferencia que hay entre la decisión de asesinar y la ocurrencia de una accidente. Es precisamente lo que ha hecho el entorno de ETA durante años comparando el número de asesinatos con los muertos en accidentes de tráfico para concluir que tampoco es para tanto lo que hacen.

La comparación es todavía más detestable si tenemos en cuenta que los científicos todavía no tienen nada claro en qué medida la actividad del ser humano puede estar contribuyendo al cambio del clima, a través de las emisiones de CO2, en comparación con otros factores como el vapor de agua o la actividad solar. Lo que sí parece que reúne cierto consenso científico es el hecho de que, aunque congelásemos las emisiones de dióxido de carbono como pretende el Protocolo de Kyoto, el calentamiento apenas se reduciría en 0,07 grados centígrados.

Pero es que además, ¿cómo puede Rodríguez culpar al cambio del clima de la muerte de tanta gente si el clima siempre ha estado cambiando? Sospecho que el calentamiento que se produce desde la última era glaciar hasta la actualidad ha salvado millones de vidas. Si se refiere sólo al calentamiento que ha tenido lugar en los últimos cien años, en los que el planeta se ha calentado en torno a los 0,6 grados centígrados, éste puede haber sido malo para algunas personas pero, sin duda alguna, está siendo buenísimo para otras muchas. No olvidemos que, según los modelos usados por las Naciones Unidas, el calentamiento tiende a darse sobre todo en las regiones más frías del planeta. ¿Quién decide qué es más valioso? ¿El mal o el bien que causa el cambio actual del clima? ¿O es que vamos a renunciar a pensar que el calentamiento –tenga la causa que tenga– tiene efectos positivos sobre el ser humano? Detrás de las palabras de ZP también se esconde la peligrosa idea de un óptimo climático que deberíamos de estar persiguiendo continuamente.

Sin embargo, hay un aspecto del que no nos habla ZP en el que el cambio climático y el terrorismo se parecen extraordinariamente. Esa similitud no es otra que la reacción de los gobernantes ante dos fenómenos tan distintos. Y es que tanto el terrorismo como el continuo cambio del clima les sirven de coartada para concentrar más poder político en manos del Estado. Cada mensaje ecológico catastrofista y cada alarma por acciones terroristas están sirviendo a los gobiernos para reducir las libertades económicas y civiles de los individuos. Si no decimos "basta ya" a tiempo, un día nos encontraremos vagando por una sociedad donde un gran hermano vigila todos nuestros movimientos "con el fin de protegernos" mientras que un comité de planificación central ordena cómo producir y cómo resolver los problemas medioambientales con los que nos vayamos encontrando.

Llega la narbomulta

Cada cual es muy dueño de establecer sus pautas higiénicas (diarias, semanales, mensuales, etc.); allá él (o ella) y los que les rodean, pero lo que no está bien es tratar de imponer a los demás esas costumbres, por otra parte más que dudosas, que no deberían sobrepasar la parcela más íntima del ser humano.

La ministra Narbona, que desde que llegó al cargo no para de darnos alegrías, amenaza ahora con castigar pecuniariamente a quienes gastemos más de sesenta litros de agua diarios. Para fijar el cupón de esta cartilla de racionamiento higiénico se ha hecho asesorar, según ella misma confesó, por la ONG Ecologistas en Acción. Hombre, hubiera sido mejor que tomara como modelo de consumo a cualquiera de sus colegas de gabinete, de los que tienen chalecito con césped, piscinita y jacuzzi, porque con esa media hubiéramos tenido un respiro los demás, que no tenemos más remedio que recurrir a la ducha hogareña para toda la familia, en muchos casos numerosa. Porque si se toma como referencia a unos señores acostumbrados a luchar por la salvación del planeta pegando barrigazos por los sembrados y haciendo gala de su compenetración telúrica con su aspecto y hábitos, al final acabamos todos fastidiados. Es como si me toman a mí, alopécico galopante (el exceso de testosterona, ya se sabe), como referencia para la producción nacional de peines; al final, los que lucen una envidiable cabellera acabarían todos multados.

Pero es que el caso del racionamiento del agua es todavía peor, porque, en esencia, no existe ningún motivo para que su uso deba ser restringido. En España, como es notorio, no hay escasez de agua. Hay tan sólo un desequilibrio entre las cuencas del tercio norte y las del tercio sur, para lo cual el ingenio humano inventó los trasvases, el último de los cuales fue suprimido precisamente por el partido de la ministra Narbona. Que sea ella precisamente la que venga a reñirnos (y multarnos) por lo que no es más que una consecuencia de su propia ineficacia y mala fe es algo que sólo puede admitir sin rebelarse una sociedad políticamente anestesiada como la española.

Por otra parte, este asunto del racionamiento del agua potable suscita múltiples interrogantes, a cual más ominoso: Si tengo un vecino ocupa, ¿puedo comprarle su abundante excedente hídrico mensual para evitar la narbomulta? ¿Servirá la gastroenteritis, debidamente justificada con un informe médico, como atenuante del exceso de agua consumido ese mes? ¿Las mascotas entran en el cupo de sesenta litros por persona o se les asignará una parte adicional en proporción a su peso y altura? ¿Volverá Raúl a la selección española? ¡Que llamen a Garzón!

El camarada Solbes nos sube los impuestos

Esta última forma de actuar es la que caracteriza al gobierno: el responsable de que Cuba sea una ruina no es el comunismo, sino los norteamericanos; el fraude fiscal no se debe a los altos impuestos, sino a la codicia de los contribuyentes; que la gente no ahorre no se debe a los elevadísimos impuestos y políticas monetarias expansivas, sino al consumismo enfermizo de los ciudadanos. Y en fin, así todo.

Ahora Solbes ha dicho que se verá forzado a subir las tarifas eléctricas y agua porque el "sistema actual no es sostenible". La culpa –no falla– es nuestra porque gastamos demasiado.

Como el sistema socialista no funciona, y en esto Solbes tiene toda la razón, el ministro ha decidido seguir con el mismo régimen. Y es que el incapaz no aprende nunca. El razonamiento de Solbes es imponer un precio "disuasorio que discrimine" a los consumidores para conseguir "criterios económicos de mayor eficacia", es decir, más impuestos. Mientras que este carácter disuasorio y la eficiencia se crean solos en un escenario de libre mercado, siendo además el resultado de nuestras decisiones, Solbes nos excluye del proceso creyendo que él nos representa mejor porque es más ilustrado, justo y responsable que nosotros mismos. Es decir, que somos idiotas; debe ser por eso que le votaron.

El libre mercado, que no es más que la gente interactuando, ya equilibra solito la oferta y demanda por medio de la variación de precios generando así beneficios para todos, ya seamos consumidores o accionistas. En cambio, cuando es el Estado quien emula el sistema de libre mercado manipulando los precios con impuestos (sistema Solbes) sólo hay un ganador: el propio Estado. Ni los consumidores ni las empresas ganan en este proceso, que provoca una continua escasez y precios más altos. Las medidas de Solbes no van a arreglar ningún problema; sólo lo aplazarán en el tiempo. Y es que, en el fondo, la decisión del gobierno no es más que otra medida recaudatoria.

Además de vaciarnos la cartera hemos de escuchar cómo nos vilipendian. Nos dicen que la culpa de esta situación insostenible la tenemos nosotros, por querer ducharnos y usar el aspirador, cuando los únicos responsables de tan nefasto panorama han sido los fatales controles de precios al estilo soviético impuestos por el gobierno. En la antigua URSS los precios también eran designados por los altos burócratas y, al igual que ocurre ahora con nuestra agua y energía, se producían carestías que sólo pagaba el ciudadano.

La solución, camarada Solbes, no es rebajar nuestro nivel de consumo a cotas de países tan "modernos" y "avanzados" como Zimbabwe –que consume 10 litros de agua por persona y día tal y como le gustaría a nuestro ministro–, sino que quienes no somos burócratas tengamos libertad de elección, que seamos nosotros quienes dictemos los precios, que seamos nosotros quienes digamos quién nos suministra agua o electricidad y quién no. La solución consiste en llevar a cabo privatizaciones bien hechas, y eso significa eliminar impuestos a consumidores y empresas, desregular, liberaliza, y dar entrada libre a la competencia e innovación. Privatizar no es sacar a bolsa Endesa o Repsol; eso no fue más que otra estrategia para engordar las arcas estatales.

El control de precios y planificación central fueron las principales responsables del sufrimiento de millones de personas bajo el comunismo y, finalmente, de su desaparición. Eliminémoslo de España también.

El misterioso caso Kioto

Y esto, ¿por qué lo hacemos? Para reducir nuestra contribución al efecto invernadero. Pero lo que podamos aportar es realmente poco, ya que según las previsiones de Naciones Unidas, si Estados Unidos se subiera sumado al acuerdo y los firmantes cumplieran con el plan previsto de recorte de emisiones, lograríamos reducir el calentamiento en 0,07 grados centígrados. O retrasar en seis años el aumento de las temperaturas previsto para 2100. Todo un éxito.

Pero ¿a qué coste? Según un completo informe de PriceWaterhouseCoopers, no sería inferior a 20.000 millones de euros y dos puntos de inflación. El Consejo Internacional sobre Formación de Capital eleva el coste mínimo a 26.000 millones, más la pérdida de no menos de 600.000 empleos.

Y esos son sólo los costes directos. Hay otros inducidos, mucho más gravosos, como la pérdida de competitividad de nuestras empresas o el fomento de la relocalización a otros países. Y tendríamos que pagar todo ello por ajustar la economía española a un plan que no cumple sus objetivos, y que de haberlo logrado sería a costa de mayores sacrificios económicos; y todo para retrasar en seis años las previsiones de calentamiento. Esto es lo que se dice hacer las cosas bien.

En lo que sí hemos tenido éxito es en criminalizar a los Estados Unidos por tomar la decisión democrática de no sumarse. Mientras nosotros seguimos el racionamiento que impone Kioto, acaso como contribución a la memoria histórica del primer franquismo, EEUU apuesta por el desarrollo y el avance tecnológico, y entre 1997 y 2003 aumentaron sus emisiones en un 0,007 por ciento. Es decir, que hay otra forma de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué Kioto? Un misterio.

Ciudadanos

Los nacionalistas, con la soltura y el desparpajo que otorga la protección institucional, han llevado de nuevo a la práctica sus ideas con amenazas y llamamientos a nuevos pogroms contra el Partido Popular en Tortosa. El último domingo de campaña, el PP ha convocado a los medios de comunicación en Cataluña para informar del asunto. Y, ¿saben qué? No ha ido ni uno.

El nacionalismo es una ideología de poder, que lo supedita todo a la contribución a un ideal colectivista, inasible; la construcción nacional. Es una llamada a nuestros atávicos sentimientos tribales y a la compulsión de la pertenencia a un grupo que supera al individuo, y lleva al enfrentamiento nosotros-ellos. Para esa ideología el libre ejercicio de los derechos resulta en muchas ocasiones molesto, entorpecedor, y al final "intolerable". Donde triunfa el nacionalismo, el papel de las personas con derechos básicos, lo que conocemos como ciudadanos, queda supeditado al tótem de la construcción nacional. En Cataluña ese nacionalismo se ha desarrollado sin oposición, ha ocupado el poder y desde él ha infiltrado todos los aspectos de la vida antes ciudadana. Los medios de comunicación, que están para contar lo-que-pasa, llegan al extremo de huir de la noticia, como ha pasado el domingo en Tortosa.

Un grupo de intelectuales, alertados ante el secuestro de las libertades de los catalanes en nombre de la Nación, ha reaccionado (tarde) bajo el significativo nombre de Ciudadanos de Cataluña. Aportaron el análisis y las ideas y tuvieron el valor de enfrentarse con ellas al nacionalismo. Luego les ha llegado el turno a los políticos, que quieren insertar estas ideas en las instituciones. El uno de noviembre es el turno de los votantes.

Mientras la dirección del PP lucha por convertir a ese partido en un CiU-sin-echarse-al-monte, Ciudadanos habla claramente de la libertad y de los derechos de los catalanes, señala sin ambages las heridas de la enfermedad nacionalista de Cataluña y ha creado un discurso que rompe frente por frente la silenciosa dictadura que se ha ido creando en ese rincón de España. Cataluña y el resto de España necesitan de esa voz y considero que los votantes deben dársela. Siento que me hayan dejado sin candidato en Madrid, pero les agradezco como ciudadano que hayan puesto en marcha la iniciativa política más valiosa de los últimos años.

Aún a oscuras, pagamos luz

En contraposición, esta misma semana, David Vegara, secretario de Estado, ha afirmado justamente lo contrario: se han de subir las tarifas. Su justificación, la economía: si no suben las tarifas eléctricas "podríamos estar cayendo en algo tan sorprendente como que nuestros hijos estén pagando la energía que estamos consumiendo".

Este buen hombre no está muy bien informado porque lo que apunta ya se está produciendo. El déficit de las tarifas eléctricas acumula ahora mismo 8.000 millones de euros. Así, a finales de 2006 aún estamos pagando el consumo de electricidad de los años 2001 a 2003. Sólo el estado es tan irresponsable e ineficiente como para convertir un negocio lucrativo, sólo hace falta ver los beneficios de las eléctricas, en una ruina para el consumidor. En realidad esto sucede con todo lo que gestiona el gobierno: los jóvenes pagan las pensiones de los ancianos, los adultos pagamos durante toda nuestra vida la educación de los hijos de otros, o financiamos con impuestos la comodidad de los agricultores europeos aún siendo letal para los países subdesarrollados.

El sector energético está suficientemente maduro como para que funcione solito sin regulaciones, controles, ni precios máximos. De hecho, es tan fuerte que funciona a pesar de la intromisión e ineptitud gubernamental. ¿Cómo puede ser que tres compañías acaparen el 90% del mercado? ¿Qué libertad de elección tenemos aquí? Cuanto más precios máximos, más regulaciones sobre las diferentes fuentes energéticas, más control de la competencia y, en definitiva, cuanto más intervensionismo habrá más apagones, más carestía, más beneficios para unos pocos y más recibos inflados e impuestos tendremos que pagar.

De esta situación, ¿sabe cuál es la principal preocupación del gobierno socialista y de toda su corte de burócratas? No, no es nuestro bolsillo; si fuese así ya hace años que habrían privatizado el sector totalmente (y no me refiero a la chapuza del 97), o al menos habrían hecho algo más que contemplar como crece el problema mes a mes. La máxima preocupación del gobierno es que si suben las tarifas les tachen de "venderse a las grandes empresas" perdiendo popularidad y votos. Al final la factura eléctrica nos saldrá muy cara. Puede estar convencido que no serán los políticos quienes la paguen.