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El sistema bancario europeo está hoy plenamente inmunizado frente a un posible impago de la deuda pública griega: desde 2010, los bancos europeos han ido liquidando con pérdidas parte de sus tenencias de deuda pública a largo plazo, los vencimientos de su deuda pública a corto plazo han sido amortizados por la refinanciación que le proporcionaron a Grecia el FMI y los gobiernos europeos y, por último, en 2012 Grecia declaró un default del 75% sobre su deuda en manos inversores privados, lo que terminó de laminar casi por entero su cartera de bonos griegos. Actualmente, menos del 15% de la deuda pública helena se halla en manos del sistema financiero extranjero.

No existe, por tanto, ningún riesgo sistémico por una eventual bancarrota griega. Quienes más sufrirían la quita serían, de hecho, los gobiernos europeos por sus préstamos directos otorgados bajo el paraguas del primer plan de rescate y por su exposición al protagonista del segundo rescate: el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF).

Ahora bien, lo anterior no significa que no existan otros y más graves riesgos sistémicos derivados de una posible quiebra unilateral de Grecia. A la postre, si Syriza repudiara la deuda griega sin un acuerdo con sus acreedores, su sistema bancario rápidamente perdería cualquier acceso a la financiación del Eurosistema, por lo que también se vería abocado a la suspensión de pagos. En medio de ese corralito generalizado, el escenario más probable es que Syriza optara por salir del euro regresando a la dracma. Y salir del euro sí tendría consecuencias sistemáticas sobre la Eurozona.

La moneda fiat es una moneda política

Todo papel moneda inconvertible es una moneda política: la moneda fiat es el pasivo de un Estado y como tal es evaluado por el mercado. El dólar es la divisa del entramado estatal estadounidense, la libra es la divisa del entramado estatal británico y el yen es la divisa del entramado estatal japonés. Todos los gobiernos de estos países son propietarios de sus bancos centrales y reconocen la moneda que éstos imprimen como un ticket eficaz para saldar las deudas tributarias que esos gobiernos les imponen a sus ciudadanos. No se produce ninguna inquietud, por tanto, acerca de la desintegración del dólar, de la libra o del yen: en ausencia de un repudio deliberado de la moneda por parte de sus gobiernos, el dólar, la libra o el yen sólo desaparecerán si caen los respectivos Estados que los emiten y reconocen como propios.

El caso de la Eurozona, sin embargo, es distinto a los anteriores: ni existe un entramado estatal de la Eurozona —si bien, por desgracia, se halla “en fase de construcción”— ni el Banco Central Europeo es propiedad de un inexistente gobierno de la Eurozona: el euro es más bien la divisa de una cooperativa de entramados estatales variopintos. Y tratándose de una cooperativa dedicada a emitir pasivos monetarios que cualquier gobierno miembro de la Eurozona reconoce como propios (son aceptados para saldar las obligaciones tributarias), devendrá necesario coordinar las condiciones de emisión de ese pasivo para que ningún gobierno nacional se financie emitiendo moneda a costa de los demás (incluyendo la emisión indirecta: es decir, presionando a los bancos privados de su país a que compren deuda pública y utilizando esta como vía de financiación bancaria ante el BCE). De ahí, por ejemplo, las relativamente estrictas restricciones contra la monetización de deuda pública por parte del BCE y de ahí, sobre todo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que limita el riesgo moral de cada gobierno a la hora de sobreendeudarse ante la expectativa de que sus pares lo rescatarán monetizando su deuda en el banco central.

Pero precisamente por la necesidad de coordinar la creación de una moneda política entre cooperativistas politizados con intereses divergentes, el euro sí puede desaparecer si las cautelas anteriores son desdeñadas por algún Ejecutivo díscolo. Es decir, un país puede abandonar la cooperativa política de la Eurozona si desea recuperar la “soberanía monetaria” (a saber, la capacidad para crear papel moneda inconvertible como herramienta de financiación del Estado). Ese es el brete en el que se encuentra ahora mismo Grecia: el resto de sus socios comunitarios —con razón— no quieren prestarle más sin condiciones y la hiperendeudada Grecia aspira a que se le preste, bien directamente (préstamos intergubernamentales) o indirectamente (monetización de deuda pública griega en el BCE). Y si la hiperendeudada Grecia no consigue que se le preste —ya sea porque ella cede a las condiciones de sus acreedores o porque éstos ceden a sus peticiones—, Grecia podría salir del euro.

El euro es irreversible

Como decíamos, nadie se preocupa de que el dólar o el yen desaparezcan: o al menos nadie se preocupa más de ello de lo que se preocupa por que desaparezca el Estado estadounidense o japonés. No así con el euro: un Estado miembro de la Eurozona sí puede abandonar el euro en caso de que el resto no quieran proporcionarle toda la financiación que él exige para mantenerse dentro.

Hasta la actual crisis no había temores fundados de que se pudiera llegar a esa situación extrema: el crédito barato de la banca privada llegaba fácilmente a cualquier lugar de la Eurozona ante la nula perspectiva de pérdidas futuras. Con la actual crisis, sin embargo, el escenario mutó: conforme las deudas privadas y públicas fueron impagándose, la norma dejó de ser la concesión imprudente y alocada de crédito y pasó a serlo su restricción. No todos los gobiernos, por tanto, podían obtener toda la financiación deseada, por lo que se abría la posibilidad de que alguno abandonara la Eurozona. Los inversores lo sabían y en consecuencia actuaron: hasta 2012, sacaron sus ahorros de aquellos países con mayores probabilidades de abandonar el euro debido a su débil posición financiera y a sus fuertes necesidades de financiación, lo que contribuía a estrangularles todavía más.

Fue entonces cuando Mario Draghi salió a la palestra para templar los ánimos de los inversores y evitar la destrucción endógena de la Eurozona: “haré todo lo necesario para salvar al euro”, dijo; léase, “proporcionaré la financiación que necesitan todos los gobiernos nacionales para evitar que salgan del euro”. La idea que pretendió —y consiguió— transmitir Draghi con tal declaración de intenciones es que el euro era irreversible a cualquier coste: despejados los temores de fragmentación monetaria, los flujos de capital volvieron a esparcirse por toda la Eurozona rebajando los costes de financiación en aquellas zonas que los habían visto incrementar por la fuga de capitales.

El euro no es irreversible

En este contexto, la salida del euro de Grecia tendría un efecto sistémico en tanto en cuanto quebraría el consenso post-draghiniano de que el euro es irreversible. Pondría de manifiesto que el presidente del BCE había ido en gran medida de farol y que, en determinados contextos, no estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para salvar el euro. Y, a partir de ahí, la pregunta obvia pasaría a ser: si Grecia ha terminado saliendo del euro, ¿qué otros miembros de la Eurozona podrían terminar abandonándola? Por ejemplo: si Podemos ganara las elecciones en España y siguiera una política análoga a la de Syriza, ¿acaso no podría ser España la siguiente?

Mas si la victoria de una de las principales fuerzas políticas en algunos países de la Eurozona implica la ruptura de la moneda única europea, es obvio que sus expectativas de supervivencia caerán por los suelos. En estas condiciones, difícilmente un ahorrador alemán u holandés se planteará invertir a largo plazo en una economía periférica susceptible de abandonar el euro por motivos tan triviales como la victoria electoral del principal partido de la oposición. La magia de la irreversibilidad monetaria se esfumará para siempre, cargando los sobrecostes de semejante ruptura sobre los eslabones más débiles y menos creíbles de la Eurozona.

La quiebra de Grecia y su consiguiente salida del euro sí es, pues, un riego sistémico: el sistema de moneda fiat en la Eurozona, tal como lo conocemos, se vendría abajo, restableciéndose muchas de las tendencias de fragmentación de financiera que se produjeron dentro de la misma hasta que Draghi pronunció sus mágicas palabras a mediados de 2012.

Conclusión

El euro, como toda moneda fiat, es una moneda política. Pero, a diferencia de otras monedas fiat, no es la moneda de un único Estado soberano, sino de una cooperativa de ellos. Es esta circunstancia la que convierte al euro en un marco monetario potencialmente inestable: algunos Estados miembros tendrán la tentación de parasitar a sus socios monetarios y éstos tratarán legítimamente de evitarlo. Mas, claro está, el último recurso para evitar el parasitismo es la ruptura del euro.

Acaso por ello, por las enormes repercusiones negativas a medio plazo sobre los distintos socios de la unidad monetaria, la sangre no termine llegando al río griego. Sin embargo, y más allá de cómo se resuelva la controversia particular planteada por Syriza, lo cierto es que a largo plazo la moneda única sólo podrá sobrevivir sin un Estado europeo único si todos los miembros de la Eurozona se comportan con la suficiente responsabilidad y lealtad fiscal como para no requerir de transferencias de renta permanentes del resto de sus socios: es decir, el euro sólo sobrevivirá si sus miembros renuncian a usar la política monetaria como subrogado de la política fiscal y si, por tanto, avanzamos hacia un escenario de endeudamiento público moderado y de déficits públicos equilibrados.

En ausencia de tales condiciones, las alternativas a la descomposición del euro serán justo las que hemos experimentado hasta la fecha: o parasitismo o servidumbre. O transferencia de rentas permanentes del Norte al Sur o centralización política creciente que someta al Sur ante el Norte. Tal vez sea hora de darnos cuenta de que la unidad monetaria es maravillosa, pero que una unidad estable no puede construirse sobre una moneda politizada y que, en consecuencia, necesitamos regresar a un dinero neutral, imparcial y apolítico como el oro.

El Banco Central Europeo acaba de anunciar una "flexibilización cuantitativa" (Quantitative Easing) por importe de 1,1 billones de euros: algo más que todo el Producto Interior Bruto de España. Al entender de muchos, esta "inyección de dinero" en la economía es la clave de nuestra recuperación, pero para evaluar realmente sus efectos conviene conocer tanto su naturaleza como sus atribuidas consecuencias.

¿En qué consiste exactamente?

El Quantitative Easing no es más que la compra de ciertos activos bancarios por parte del banco central. Imagine que el BBVA adquirió hace unos meses un bono del Tesoro español por un importe de diez millones de euros y con un plazo de vencimiento a diez años; imagine, además, que el BBVA se arrepiente de haberlo comprado o simplemente está necesitado de mejorar su liquidez. En tal caso, y dado que todavía falta una década para que el Estado español le devuelva el dinero que previamente le ha prestado, el BBVA tenía hasta ahora dos opciones: la primera, pedir un crédito al BCE aportando como garantía ese título de deuda pública (como quien pide una hipoteca garantizándola con su casa); la segunda, vender la deuda pública a otros inversores privados.

El problema de la primera vía para mejorar la liquidez del BBVA es que se trata de una mejora temporal que conlleva, además, un coste financiero: el crédito que el Banco Central Europeo le concede al BBVA vencerá en un plazo breve de tiempo (un mes, un trimestre o, en el mejor de los casos, tres años) y, además, obliga al BBVA a pagarle un interés periódico al BCE. Es decir, en el fondo el BBVA no está mejorando estructuralmente su liquidez: su saldo de tesorería aumenta sólo de manera temporal y al coste de soportar un cierto coste financiero.

La segunda vía es, en principio, más interesante para el BBVA: vende el bono de deuda pública a otro banco (por ejemplo, Bankia), de modo que se deshace definitivamente de él y, por tanto, se mejora de forma estructural su liquidez sin necesidad de abonarle continuamente intereses a Bankia. Ahora bien, desde un punto de vista macroeconómico, esta transacción tiene un defecto: sí, el BBVA mejora su liquidez… pero lo hace a costa de que Bankia empeore la suya (Bankia tiene que reducir sus disponibilidades de efectivo para comprarle la deuda pública a BBVA). ¿Qué hacer, pues, si nuestro objetivo es que algunos agentes económicos puedan mejorar su liquidez sin que nadie empeore la suya? Aquí entran los Quantitative Easing.

Mediante las flexibilizaciones cuantitativas, es el banco central quien compra la deuda pública (u otra deuda privada) en manos de los bancos privados. ¿Y cómo la compra? Imprimiendo nuevos billetes de euro expresamente para ello (en realidad, incrementa el saldo de la cuenta corriente que los bancos tienen en el BCE, pero el efecto es exactamente el mismo que imprimir nuevos billetes). Por consiguiente, y siguiendo con nuestro ejemplo anterior, el BBVA puede mejorar estructuralmente su liquidez sin que nadie la empeore porque el banco central crea nueva liquidez con la que sanear su balance.

¿Qué efectos supuestamente tiene?

Según se nos dice, los Quantitative Easing poseen varios efectos que redundan en beneficio del conjunto de la economía y que permitirían reanimarla.

Para empezar, contribuyen a reducir los tipos de interés: si el banco central aumenta la demanda de determinados títulos de deuda, el tipo de interés de esos títulos de deuda cae (por simplificar: comprar un título de deuda es equivalente a prestar al deudor de ese título de deuda, y a mayor oferta de préstamos, menores tipos de interés). En sí mismo, esto ya constituye un estímulo para aquellas entidades cuyos títulos de deuda adquiere el banco central: los menores tipos de interés abaratan su coste de financiación (paradigmáticamente, el Tesoro público podrá endeudarse de manera más asequible, liberando recursos para otras partidas del gasto).

Segundo, la situación financiera de los bancos privados mejora: sus inversiones ya no están tan "atascadas" o "comprometidas" en créditos a largo plazo, sino que son reemplazadas por efectivo recién impreso por el banco central.

Tercero, la combinación de menores tipos de interés y del manguerazo de liquidez a los bancos debería incrementar la concesión de nuevos créditos a la economía productiva. Por un lado, el balance de los bancos es más sólido tras la flexibilización cuantitativa y, por tanto, disponen de mayor capacidad para extender nuevo crédito. Por otro, los bajos tipos de interés de cierta clase de deuda (por ejemplo, de la deuda pública) constituyen un incentivo para que la banca busque nuevos caladeros donde invertir su dinero: si la cómoda y segura compra de deuda pública ya no es un negocio (porque las flexibilizaciones cuantitativas del BCE han anulado su rentabilidad), a los bancos no les quedará otro remedio que asumir mayores riesgos y prestar a familias y empresas el nuevo dinero que han recibido del banco central. Además, dado que habrá un torrente de bancos deseosos de prestar a familias y empresas, los tipos de interés del crédito privado caerán, con lo que más gente querrá endeudarse.

Cuarto, el aumento del crédito al sector privado permitirá incrementar el consumo y la inversión con base a la deuda. Mayor gasto privado tenderá a reavivar la economía y, de este modo, no sólo a reanimar la "actividad" sino también a elevar los precios, ahuyentando así el terrible fantasma de la deflación.

Quinto, parte de ese gasto a crédito se filtrará hacia el exterior y, para ello, habrá que vender euros y comprar dólares, libras o yenes, con lo que estas últimas divisas se apreciarán frente al euro (es decir, el euro se depreciará). Y, además, como todo el mundo anticipará esta depreciación del euro, los especuladores tenderán a acelerarla, liquidando sus posiciones en euros o incluso adoptando posiciones cortas en la moneda europea.

Y sexto, la mayor disponibilidad de crédito barato, el mayor gasto interno, las subidas de precios, la depreciación de la moneda y la expectativa de que estas condiciones de laxitud y bonanza se mantendrán tanto tiempo como sea necesario para relanzar el crecimiento económico constituirán un marco macroeconómico en el que los agentes se sentirán cómodos para volver a endeudarse, a invertir, a consumir, a expertos y a contratar a más trabajadores. Todo un éxito.

¿Cuáles son sus contraindicaciones?

Como debería resultar evidente, si los Quantitative Easings fueran tan maravillosos, no habría gobierno alguno en el mundo (ni siquiera los más sádicos con su población) que dejaran de aprovecharse de ellos. Pero claramente éste no es el caso: los Quantitative Easings son la excepción, y no la norma, de la política monetaria de un país. En tiempos normales, el motivo es claro: cuando la economía está creciendo merced al impulso de unos bancos que prestan y de unas familias y empresas que se endeudan, echar más leña al fuego sólo contribuye a recalentar excesivamente la economía y a que suban los precios más de lo deseado.

Sucede que actualmente no estamos en ese escenario: los bancos no prestan, familias y empresas no piden prestado, los precios caen y nadie gasta. Por tanto, actualmente el Quantitative Easing parece constituir un necesario impulso a una economía estancada que no va acompañado de efectos adversos. Pero no tan rápido: aunque el Quantitative Easing no vaya a provocar a medio plazo nada parecido a una elevada inflación (no hablemos ya de hiperinflación), eso no significa que no pueda tener otras consecuencias perjudiciales.

El primer efecto es que el banco central pierde margen de maniobra a la hora de gestionar su moneda: el valor del euro se determina diariamente en los mercados en función de su demanda y de su oferta. Con los Quantitative Easings, el banco central no sólo incrementa la oferta de euros en un momento en el que muchos inversores prefieren tener euros en efectivo a deuda a largo plazo denominada en euros, sino que se esclerotiza a la hora de regular esa oferta en el futuro: si dentro de unos años el público rechazare mantener sus saldos en efectivo y comenzare a gastarlos en bienes de consumo o de inversión, sí podría desatarse una alta inflación en los bienes de consumo o en los activos que el banco central no podría frenar salvo disparando exageradamente los tipos de interés.

O dicho de otra manera, el Quantitative Easing esteriliza los instrumentos tradicionales con los que cuenta el banco central para administrar su provisión de financiación al sistema financiero. Como reconocen los propios ex jerarcas de la Fed, la estrategia de entrada en el Quantitative Easing está muy clara; la estrategia de salida está de momento en pañales. Como la pasta de dientes, sacarla del tubo es muy fácil; volverla a meter, puede ser muy complicado.

El segundo efecto es que los bajos tipos de interés no tienen por qué estimular un nuevo ciclo de endeudamiento que relance la economía, salvo acaso entre las Administraciones Públicas. Estas últimas sí siguen plenamente interesadas en mantener unos déficits públicos desbocados cuyo coste trasladan impunemente a las generaciones futuras: menores tipos de interés de la deuda pública a buen seguro facilitarán su indisciplina a costa del contribuyente. Distinto es el caso de familias y empresas: si éstas siguen altamente endeudadas con respecto a su capacidad futura de generar riqueza, facilitarles de forma artificial el endeudamiento no las llevará normalmente a redoblar sus pasivos, por lo que el efectivo inyectado por el banco central a la banca privada permanecerá en las cajas fuertes de esta última. Se puede llevar el caballo al río (facilitar el endeudamiento), pero no se le puede obligar a beber (a endeudarse).

Ahora bien, lo anterior no significa que la reducción de tipos de interés del Quantitative Easing carezca de efectos adicionales: los tipos de interés no sólo influyen a la hora de determinar el volumen de nueva deuda, sino también a la hora de determinar el precio de los activos y el ritmo al que se amortiza la deuda pasada. Instituir un clima de tipos de interés bajos puede que no relance el nuevo crédito, pero a buen seguro sí ralentizará la velocidad a la que familias y empresas reducen anticipadamente su deuda pasada (la deuda a tipo de interés fijo será mucho más cara de recomprar en el mercado; la deuda a tipos variables dejará de pagar intereses, por lo que no interesará amortizarla) y fomentará un incremento del precio de los activos financieros vía aumento del múltiplo sobre sus beneficios presentes (como en parte ya ha sucedido en la bolsa estadounidense).

Es decir, la reducción de tipos de interés de la flexibilización cuantitativa consolidará un contexto económico de alto endeudamiento y de activos sobrevalorados: lejos de facilitar el reajuste económico —consistente en minorar nuestra deuda y en asignar el capital hacia los proyectos verdaderamente más valiosos— lo dificultará.

En tercer lugar, si los menores tipos de interés de la flexibilización cuantitativa sí estimularen una mayor concesión de nuevo crédito (tal como desean sus impulsores), fijémonos en que lo harían empujando a los bancos a que asumieran mayores riesgos de los que ahora mismo creen prudente asumir. La idea, como ya hemos explicado, es que el Quantitative Easing mate la rentabilidad de los activos seguros para que así los inversores se lancen de cabeza hacia las relativamente más rentables pero inseguras inversiones. Más deuda y más riesgo. Por ende, mucha mayor fragilidad financiera: justo la receta que nos condujo al desastre de la crisis actual y por lo cual muchos de los que ahora defienden las flexibilizaciones cuantitativas se han cansado de exigir una mayor regulación del sistema financiero.

En cuarto término, y ligando los dos puntos anteriores, si el Quantitative Easing estimula una mayor concesión de créditos a tipos de interés más bajos, todos aquellos empresarios que se hayan financiado previamente a tipos de interés más altos verán su deuda como una desventaja competitiva. Si tus rivales se han financiado al 2% mientras tú has de seguir pagando durante años el 6%, es obvio quién tiene las de ganar (y no: justamente porque las flexibilizaciones cuantitativas elevan el valor de mercado de las deudas, quien se ha financiado al 6% no puede refinanciarse al 2% salvo trasladándole a su acreedor las pérdidas derivadas de esa quita de intereses). Por tanto, no sólo se financian proyectos empresariales más inseguros, sino que se concede una artificial ventaja competitiva a los proyectos más inseguros frente a los más seguros.

Y, por último, tampoco la depreciación del tipo de cambio, especialmente con la magnitud que está adoptando la del euro, tiene por qué ser positiva. Desde hace años el mundo está sumergido en una silenciosa guerra monetaria (China contra EEUU, EEUU contra Europa, Japón contra EEUU y China, Europa contra todos…) que en algún momento nos ha perjudicado a todos. Ahora parece que le toca el turno a Europa: hundir el euro para vender más allende los mares y para estimular el gasto interior a costa de las importaciones. El problema de este tipo de depreciaciones es que impiden la construcción de una división internacional del trabajo verdaderamente duradera: la especialización de cada región del planeta no se determina por su ventaja competitiva estructural frente al resto, sino por la transitoria manipulación monetaria que se imprima. Ciego hoy tú, ciego mañana yo.

En suma, las flexibilizaciones cuantitativas son un chute de liquidez que el banco central introduce dentro del sistema bancario. Los sujetos claramente beneficiados por ese chute de liquidez son los propios bancos, las Administraciones Públicas, los antiguos inversores en activos financieros, los exportadores nacionales y acaso los deudores marginalmente menos solventes; los perjudicados, en cambio, son los tenedores de moneda, los contribuyentes, los nuevos ahorradores, los importadores nacionales y acaso los deudores marginalmente más solventes. Se premia la deuda y el riesgo; se castiga el ahorro y la seguridad: la recuperación no busca asentar sobre nuevas y buenas oportunidades de negocio, sino sobre viejas y malas prácticas arriesgadas. Lejos de impulsar el reajuste sano de la economía basándolo en libertad de mercado y ahorro interno, se intenta exprimir todo el potencial de un sistema fallido huyendo hacia delante.

El principal objetivo del nuevo Gobierno de Syriza es "reestructurar" la insoportable losa de la deuda pública griega, actualmente ubicada en el 175% del PIB. Según se nos dice, Grecia no puede pagar, lo que hace imprescindible una profunda reestructuración de la misma: a saber, alargar los plazos de vencimiento, reducir los tipos de interés o incluso aplicar una quita al principal.

En realidad, buena parte del discurso sobre la insostenibilidad de la losa financiera griega está infundada. En las economías modernas, caracterizas por Gobiernos expansivos y monedas inflacionistas, el principal de la deuda pública nunca se devuelve, sólo se refinancia; de ahí que el coste de estar endeudado dependa únicamente del tipo de interés que el Estado deba abonar por el conjunto de su deuda pública.

En 2011 Grecia estaba obligada a pagar unos intereses equivalentes al 7,3% de su PIB, con diferencia la carga más alta de Europa y difícilmente sostenible. Sin embargo, con la reestructuración de su deuda pública orquestada por la Troika en 2012, ha conseguido rebajar su losa de intereses al 4% del PIB, que, si bien no es bajo, tampoco resulta inmanejable. De hecho, países como Irlanda, Italia o Portugal –que hasta el momento no han reclamado reestructuraciones en su deuda pública– están soportando ahora mismo costes financieros mayores.

Grecia ya no es rehén ni de los mercados, ni de la Troika, ni de su casta partitocrática ni de su oligarquía empresarial. Tampoco hay necesidad de que lo siga siendo del euro o de su deuda cienmilmillonaria. Con el poder absoluto en manos de Syriza, Grecia recupera su soberanía. Ya no hay excusas: el programa de la izquierda de casta, del socialismo pata negra, puede aplicarse sin templar gaitas en el primero de esos países rescatados por Bruselas que jamás debieron ser rescatados de su propia irresponsabilidad.

Toca, según se ha prometido, multiplicar el gasto público para enterrar cualquier atisbo de austeridad presupuestaria, crear 200.000 empleos estatales, relanzar la obra pública para estimular olímpicamente la actividad, subir los impuestos estableciendo un tipo marginal máximo del 75% sobre la renta, nacionalizar "sectores estratégicos" como la banca y, sobre todo, decretar una nueva quita del 50% sobre la deuda pública.

Ciertamente, lo lamentaré por los ciudadanos griegos, tanto por aquellos que votaron a Syriza seducidos por las falacias del populismo como, sobre todo, por aquellos que no lo hicieron, conocedores del desastre que supondría aplicar semejante programa. Pero, por desgracia, cuando la mayor parte de los ciudadanos de un país ha interiorizado valores e ideas absolutamente disfuncionales para la convivencia cívica y para el progreso compartido, el desastre deviene inexorable de un modo u otro: mientras el arribismo y el revanchismo prevalezcan sobre el respeto mutuo, la armonía social permanecerá quebrada.

Llegados a este punto, sólo cabe esperar que Syriza cumpla la totalidad de su programa lo antes posible. Que lo cumpla, además, sin interferencias externas de ningún género: ni para penalizarles ni para privilegiarles; es decir, ni bloqueos comerciales ni tampoco inyecciones de liquidez por parte del BCE que contravengan sus propios estatutos. Reglas iguales para todos y que cada cual, dentro de esas reglas, actúe como mejor considere, asumiendo responsablemente las consecuencias de sus actos.

En ocasiones resulta imprescindible que unos pocos se equivoquen para que todos los demás no lo hagan. De los visibles errores ajenos puede aprenderse mucho más que de los ignotos aciertos propios; por eso, por ejemplo, las quiebras empresariales son tan importantes: porque ponen de manifiesto para todos el camino que no debe seguirse. Es verdad que, pese a la elocuencia de ciertos fracasos, no existen garantías de que el ser humano no opte por tropezar dos, tres o veinte veces en la misma piedra. Pero, desde luego, las probabilidades de no repetir en nuestras propias carnes los fiascos ajenos se maximizan cuando el fiasco ajeno deja de ser un simple hipotético y pasa a convertirse en una realidad palpable.

Por eso Syriza debería conciliar el mayor apoyo internacional posible para que ejecute con la mayor premura la totalidad de su programa: sus votantes y simpatizantes deberían exigírselo por elemental coherencia; el resto de europeos no simpatizantes, por simple supervivencia. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y de los hechos a la responsabilidad.

A raíz de mi último artículo sobre el giro de política monetaria perpetrado por el Banco Nacional de Suiza, me gustaría ampliar el tema que tocaba de pasada en los últimos párrafos: a saber, ¿por qué el patrón oro es el sistema monetario más justo desde un punto de vista político?

Comencemos por la situación en la que se halla cualquier país pequeño. Este país soberano tiene de entrada dos opciones para con su moneda: o dejarla flotar libremente o ligarla a alguna moneda extranjera. Aunque en principio podría parecernos razonable que deje flotar la moneda, tengamos presente que las economías pequeñas suelen estar enormemente internacionalizadas (no les queda otra: dentro no pueden producir todos los bienes variados que necesitan), de modo que fluctuaciones bruscas en los tipos de cambio de su divisa con respecto a la de sus principales socios comerciales pueden ser devastadoras para sus economías.

Por ejemplo, supongamos que dentro de esa economía pequeña se desarrolla un producto revolucionario para el resto del mundo (un medicamento contra el cáncer, verbigracia). En tal caso, las exportaciones de ese producto se dispararían, pero junto con las exportaciones específicas de ese producto también se dispararía el tipo de cambio de ese país (los extranjeros comprarían su divisa para poder adquirir el medicamento contra el cáncer). La súbita e intensa apreciación de la moneda del país pequeño supondría así un auténtico mazazo para toda su restante industria exportadora, que vería caer sus ventas al extranjero debido al encarecimiento de su moneda. No es un escenario de ciencia ficción; incluso se ha acuñado una expresión económica para describirlo, el mal holandés, que es plenamente aplicable a la misma naturaleza de los tipos flotantes. De hecho, tal como ilustra el reciente caso de Suiza, las únicas causas que generan una súbita apreciación de la divisa no se limitan a un mayor auge exportador: si la moneda de un país pequeño se convierte en refugio internacional, entonces también se termina machacando a su muy inocente industria exportadora.

Tres cuartos de lo mismo cabría afirmar con respecto a la depreciación de la divisa: imaginemos que la industria exportadora de un país se hunde y que, como consecuencia de ello, su divisa se deprecia enormemente. Muchos ciudadanos verán mermada su capacidad adquisitiva para comprar al exterior incluso productos básicos por el simple hecho de que una parte de su economía (no relacionada necesariamente con su actividad) se ha hundido. Algo similar sucede cuando los ahorradores huyen de una moneda porque el gobierno está destruyendo su valor: la divisa se deprecia tanto que impide financiar la más mínima importación (como le ocurre ahora a Venezuela).

Los problemas anteriores, que se magnifican conforme más pequeña sea una economía, suelen hacer aconsejable que los países diminutos adopten tipos de cambio fijos con sus principales socios comerciales (aquellos otros países a quienes compran y venden mayoritariamente). Y aquí nos topamos con tres posibilidades: el país pequeño puede establecer una convertibilidad fija de su moneda con la moneda extranjera; el país pequeño puede renunciar a su propia moneda y adoptar la de su principal socio comercial; el país pequeño y sus socios comerciales pueden adoptar una moneda común independiente a todos ellos.

El primer caso, la convertibilidad entre monedas nacionales, es problemático. Imaginemos que el país A establece que una unidad de su divisa se intercambiará por una unidad de la divisa del país B (1:1). En tal caso, el banco central del país A tendrá la potencial obligación de comprar ilimitadamente la divisa que emita el banco central del país B, de modo que si éste es tremendamente irresponsable, a aquél no le quedará otro remedio que serlo. Al final, si un país quiere mantener una convertibilidad permanente con su vecino no le queda otra opción que someterse a la política monetaria de ese vecino.

Lo mismo sucede en el segundo caso: si el país pequeño adopta la moneda de un país extranjero, claramente se está subordinando a las decisiones de política monetaria que tome ese país extranjero. Éste, de hecho, estará tentado a adoptar decisiones irresponsable con el objetivo de transferirle parte del coste de las mismas al país pequeño. Por ejemplo, la Reserva Federal de EEUU tiene mucho más margen que otros bancos centrales para comportarse irresponsablemente porque los dólares son empleados como reserva internacional; por consiguiente, las tensiones inflacionistas se trasladan (y se diluyen) por todo el planeta.

Por consiguiente, si un país no quiere ser el satélite monetario de otro, la única forma razonable de implantar tipos de cambio fijos es creando una moneda común e independiente a todos ellos. Y, nuevamente, aquí contamos con dos posibilidades: que esa moneda global sea fiat (un simple pasivo del banco central no convertible en nada) o que sea un activo con cualidades monetarias como el oro (o la plata o asimilados).

La primera de estas dos opciones fue la que defendió Keynes en las negociaciones de Bretton Woods, cuando propuso implantar una divisa mundial conocida como bancor. El problema (político) de este tipo de esquemas es que tienden a volverse ingobernables: dado que la moneda fiat es una moneda manejada, controlada y dirigida por el poder político, inmediatamente tras su implantación la pregunta pasa a ser la de quién controla la moneda fiat global (o, mejor, en beneficio de quién se maneja la moneda fiat global). A este respecto, el caso del euro es muy ilustrativo: la moneda única europea es una pugna continua entre los diversos gobiernos nacionales para orientar la política monetaria del Banco Central Europeo en su propio provecho. Imaginen esos mismos conflictos pero a una escala mundial: es evidente que las tensiones internas serían muchísimo más graves que las vividas hoy en día dentro de Europa (imaginen que el gobierno chino o el gobierno de Irán pudieran decidir sobre la política monetaria aplicable también en España).

Dadas las divergencias de intereses geopolíticos de los distintos gobiernos en liza, la implantación de una moneda fiat única suele ir aparejada a una unificación política: a la institución de un gobierno común que represente los intereses de todos (hacia eso quieren llevarnos muchos en Europa para volver al euro "gobernable" y viable a largo plazo). Pero, nuevamente, esto no constituye solución alguna: obviando las dificultades prácticas para constituir un gobierno mundial, parece claro que los incentivos regionales a secesionarse de un gobierno mundial serían enormes en aquellas regiones que se sintieran agraviadas por su actuación (el caso de Reino Unido con la Unión Europea, por ejemplo). Por tanto, la deficiencia de fondo sigue ahí: como la moneda fiat es un dinero politizado y la política es un juego de suma cero (o incluso negativa), los perjudicados por la acción político-monetaria buscarán romper unilateralmente la baraja.

¿Qué nos queda entonces? Nos queda acudir a un árbitro exterior e imparcial: es decir, al patrón oro. Un dinero no politizado –por cuanto nadie puede determinar ni su producción ni su distribución primaria– y común a todas las sociedades: unas reglas del juego superimpuestas a todos que, como las leyes generales e impersonales, no están concebidas para beneficiar a nadie en particular. A la postre, dado que todos los países comparten el mismo dinero, no hay fuertes apreciaciones o depreciaciones monetarias que distorsionen arbitrariamente la especialización regional: el patrón oro es, pues, la infraestructura adecuada para una división global del trabajo.

Por desgracia, en la actualidad existen pocos incentivos para reimplantar el patrón oro. EEUU, el único país que por su tamaño y ascendencia podría impulsar la reforma, carece de toda razón para hacerlo: el mundo vive hoy en un patrón-dólar de facto, lo que le proporciona enormes regalías. A su vez, el resto de países bajo su área de influencia entienden estas regalías, en parte, como un impuesto por la protección militar que les proporciona la superpotencia estadounidense; además, la fluctuación parcial de sus divisas con respecto al dólar proporciona a sus gobiernos un cierto margen de maniobra para utilizar la política monetaria en su privativo beneficio (si bien de manera limitada: si los países satélites deprecian mucho sus divisas frente al dólar, rápidamente hay una llamada al orden). Por último, los países fuera de su área de influencia (Rusia, China y algunos países musulmanes), si bien podrían tener incentivos para abandonar el patrón-dólar (y algunos intentos ya ha habido), han de ser cautos al respecto: un completo abandono del dólar los expondría a los riesgos exteriores que hemos analizado al comienzo del artículo para el caso de países pequeños (fuerte apreciación y depreciación de la divisa frente a sus socios comerciales que sí usan dólares); eso sí, conforme más se amplíe el tamaño interno del mercado de estas economías fuera del área de influencia de EEUU, mayores serán sus incentivos (y menor será el coste) de escapar del dólar ya sea creando una moneda fiat común a todas ellas o implantando un patrón oro regional.

En cualquier caso, que nuestros políticos ventajistas carezcan de incentivos para regresar al patrón oro no debería cegarnos a los ciudadanos para reclamar un orden social internacional más justo, imparcial, eficiente, cosmopolita y cooperativo para todas las partes: es decir, para reclamar el retorno al patrón oro.

Pocos cuestionan que la necesidad de cumplir con la palabra dada: si uno se endeuda, la buena fe obliga a devolver el dinero prestado. El gobierno griego tampoco debería constituir una excepción al respecto (a menos que uno abogue por la libertaria alternativa de abolir el Estado y repudiar todos sus compromisos adquiridos) y, de nuevo, parece que la buena fe para con sus acreedores obliga a que el Estado griego amortice sus obligaciones financieras.

Sucede que, al entender de muchos, el Estado griego ha sido víctima de unas condiciones de financiación usurarias que justificarían por sí solas un repudio legítimo de la deuda. Una cosa es defender que se honre la palabra dada y otra muy distinta que se honre bajo inaceptables condiciones de usura: tipos de interés del 10%, del 20% o del 40% resultan absolutamente injustificables y, por tanto, Grecia haría bien en impagarlos.

¿Usura contra Grecia?

Dejando de lado lo problemático que resulta trazar una frontera entre intereses usuarios y no usurarios incluso para quienes defienden semejante distinción (ser un deudor de alto riesgo es lo que tiene: que nadie se fía de ti y apenas tienes prestamistas que quieran financiarte), el argumento anterior presenta una dificultad que suele soslayarse con frecuencia: los tipos de interés que se han estado pagando entre 2010 y 2014 por la deuda pública griega en el mercado secundario han sido del todo irrelevantes para configurar su actual situación presupuestaria. Básicamente porque Grecia lleva desde 2010 fuera de los mercados (salvo por un par de emisiones menores en 2014): los altos tipos de interés (del 10%, 20% o 40%) que se han llegado a pagar en el mercado secundario por la deuda griega sólo reflejaban el precio de altísimo riesgo al que se intercambiaban la deuda griega quienes ya tenían deuda griega, no el precio al que se financiaba el gobierno griego.

Para conocer el tipo de interés medio que ha soportado el Estado griego durante los últimos años hemos de poner en relación los pagos anuales de intereses del Estado griego con el stock total de su deuda pública. Si lo hacemos, descubriremos que desde 2006 no ha habido ningún año en el que Grecia haya pagado por su deuda más de un 4,5% de intereses, lo que difícilmente podremos calificar como usura (sobre todo teniendo en cuenta que la inflación media desde 2006 ha sido en Grecia del 2%, de modo que el Estado griego no ha pagado nunca desde ese año tipos de interés reales superiores al 2,5%). De hecho, en el año 2013, Grecia pagó sobre su deuda pública unos tipos de interés nominales inferiores a los de Alemania: en concreto, el 2,28% frente al 2,62% de sus vecinos del norte.

Fuente: Eurostat

No sólo eso: en 2013 Grecia fue el cuarto país de la Eurozona que abonó menores intereses sobre su deuda pública:

Fuente: Eurostat

En realidad, y pese al bombardeo propagandístico sobre la deudocracia usuraria contra Grecia, a nadie deberían sorprenderle tales resultados: en 2012, la Troika aprobó un segundo plan de rescate para Grecia, por el cual el Estado griego obtuvo unas condiciones de financiación extremadamente beneficiosas.

Así, de los 355.000 millones de euros en deuda que mantenía Grecia a finales de 2011, 205.000 millones estaban en manos privadas y 150.000 en manos públicas (55.000 millones en posesión del BCE y unos 100.000 millones en manos de la Troika, fruto del primer rescate). Los 150.000 millones en manos públicas fueron refinanciados a Euribor+1,5%, mientras que los 205.000 millones en manos privadas fueron reestructurados del siguiente modo: primero se aplicó una quita del 53,5% a los acreedores privados, reduciéndola a poco más de 95.000 millones de euros; de esa suma, 30.000 millones fueron recomprados por la Troika (a través del EFSF) y al resto se les rebajaron los intereses al 3,65%. Además, la Troika le extendió una línea de crédito adicional de 100.000 millones de euros para que no tuviera necesidad de financiar sus déficits emitiendo deuda en el mercado (línea de crédito también a Euribor+1,5%): así, desde comienzos de 2012 Grecia ha emitido cerca de 70.000 millones de euros adicionales (en buena medida para recapitalizar a la banca griega, a la que quebró, como a la chipriota, la quita del 53,5% sobre la deuda pública griega), elevando su deuda pública total desde los 250.000 millones en que la dejó este segundo plan de rescate hasta 320.000 millones a finales de 2013. De esos 320.000 millones, el 80% se halla en manos de la Troika, esto es, del Banco Central Europeo, del FMI y de la Comisión Europea.

Difícilmente podrán tildarse estas condiciones de usurarias: más bien, como hemos visto, han logrado para Grecia un tipo de interés medio por debajo del de casi cualquier otro país de la Eurozona y, por supuesto, de cualquier otro deudor privado europeo. Pero, entonces, ¿a qué se debe que la situación financiera del Estado griego sea tan horrorosa? Pues no a los inexistentes altos tipos de interés, sino a la muy existente y muy gigantesca deuda pública griega.

El principal culpable: el desbocado gasto público

El volumen total de deuda pública griega se situaba, ya antes de la crisis, por encima del 250% de los ingresos públicos, frente al 150% que representaba en Alemania. Pero después de la crisis rebasó el 350% y llegó a superar el 400% en el año 2011 (nótese que el rescate y las medidas de “austeridad” se comienzan a imponer a Grecia en el año 2010, y en 2009 ya tenía un volumen de deuda pública completamente desbocado).

Fuente: Eurostat 

Como consecuencia de este enorme volumen de deuda pública (y no como consecuencia del alto interés medio pagado), su factura anual de intereses superó, hasta el segundo rescate a Grecia, el 12% de los ingresos públicos (en 2011, antes del rescate alcanzó, el 17%). Compárenlo con Alemania, cuya factura de intereses se ha mantenido estable en el 6% de todos los ingresos públicos.

Fuente: Eurostat

Por tanto, insisto, el problema no es el tipo de interés medio que abona Grecia por su deuda pública, sino el altísimo volumen de esta deuda pública. Matemáticas básicas: el 50% de 10 euros son 5 euros y el 1% de mil millones de euros son 10 millones; que el tipo de interés sea bajo no garantiza que tu factura en intereses sea baja si debes muchísimo dinero.

En este sentido, la responsabilidad de la situación financiera griega les corresponde a quienes gestaron su elevadísimo volumen de deuda: es decir, a los políticos griegos y a todos aquellos que aplaudían con las orejas las políticas de endeudamiento público (antes y después de la crisis). El grueso de la deuda pública griega se emitió antes de que Grecia fuera rescatada por la Troika: en concreto, el 90% de la deuda pública griega del año 2010 había sido emitida antes de 2010. Ni siquiera es posible inculpar a las políticas de presunta austeridad del deterioro de la solvencia de Grecia por haber provocado un hundimiento de la actividad económica y de los ingresos públicos: aun cuando el Estado griego hubiese conseguido mantener el nivel de ingresos públicos del año 2007 (objetivo complicado en medio de una crisis económica como la actual), el peso de la deuda pública en 2011 habría sido equivalente al 391% de los ingresos (frente al 403% que realmente fue y frente al 180% de Alemania) y el peso de los intereses en estos ingresos habría sido del 15,8% (frente al 17,1% que realmente fue y al 5,8% de Alemania).

No: Grecia no quebró por la Troika y Grecia no está financieramente contra las cuerdas por la Troika. Grecia estaba financieramente contra las cuerdas por esto:

Fuente: Eurostat

Si bien Alemania estabilizó el gasto real por habitante (esto es, descontando la inflación) entre 1996 y 2007, Grecia lo disparó más de un 60%, sufragando gran parte de esa brutal expansión del gasto público en la emisión de deuda. Desde 2010, los recortes en los desembolsos públicos han logrado corregir semejante megalomanía estatal y regresarla a una senda sostenible (de hecho, Grecia alcanzará superávit primario en 2014 y, si no nos mienten más en sus estadísticas, el déficit no superará el 3%); pero por desgracia todo apunta que los próximos gobiernos griegos (ya sean de la oligarquía oficialista de Nueva Democracia o del aspirante a nueva oligarquía de Syriza) tratarán de incrementar nuevamente el gasto público regresándolo a la senda de insostenibilidad.

Por eso, el Estado griego jamás debió ser rescatado por los contribuyentes europeos: no sólo se ha trasladado ilícitamente una gran cantidad de riesgo a los hombros del ciudadano medio europeo, sino que además se ha terminado protegiendo a la oligarquía (y neo-oligarquía) griega de las consecuencias de su propia irresponsabilidad proestatista y liberticida. Lejos de aprender la lección, han conseguido endosar las culpas del desastre que ellos engendraron a la Troika: la solución a sus problemas, nos dicen ahora, no es la austeridad de la Troika, sino volver a incrementar masivamente el gasto público. Es obvio, pues, que no han entendido nada y que están deseosos por volver a las andadas: sólo por eso, repito, jamás debieron ser rescatados con el dinero de todos los contribuyentes europeos.