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Esta semana el presidente Mariano Rajoy anunció nuevos aumentos de impuestos y recortes de gasto para reducir el monstruoso déficit presupuestario de España, provocando que los manifestantes se unan a la huelga de los mineros para protestar en contra de las medidas de austeridad en las calles de Madrid. Pero a pesar de todo lo que se dice acerca de los drásticos recortes, el riesgo de default de España ni siquiera está cerca de haber sido eliminado. El Estado español todavía gasta a un nivel que sobrepasa ampliamente la capacidad que la economía tiene de generar ingresos para respaldar ese gasto.

Entre las medidas de esta semana —que el Gobierno aprobará oficialmente hoy— está un alza de la tasa del impuesto al valor añadido (IVA) a 21% desde 18%; los salarios de los empleados públicos están se reducen en un 7%; los subsidios para las personas que llevan más de seis meses desempleadas serán reducidos en un 15% y algunos gastos y dispendios burocráticos serán reducidos en un tercio. Más adelante, además, se espera que se adelante el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y que se reduzca el monto de las pensiones.

Hasta ahora, el gobierno de Rajoy ha intentado mantener el hipertrofiado sector público aumentando los impuestos a las familias y a las empresas. Una de sus primeras acciones que acometió Rajoy nada más llegar al poder fue incrementar los tipos marginales sobre la renta, ubicándolas entre las más altas de Europa. En marzo, su gobierno eliminó algunas de las deducciones del Impuesto de Sociedades, imponiendo, a efectos prácticas, una subida tributaria a muchas empresas. Como muchos de sus homólogos europeos, Mariano Rajoy ha preferido imponer la austeridad al sector privado en lugar de imponérsela al Estado.

Los recortes de esta semana son un paso en la dirección correcta, pero Madrid todavía está lejos de una posición fiscal sostenible. Ni siquiera es seguro que las nuevas medidas le permitan al gobierno español cumplir con el objetivo fijado por la Unión Europea de un déficit de 6,3% para el 2012, dado que solo quedan cinco meses del año.

La parte más lamentable de la historia es que la obesidad del sector público español es en realidad algo relativamente reciente. El gasto público se disparó gracias al crecimiento extraordinario de los ingresos generado por la burbuja inmobiliaria. Entre 2001 y 2007, la recaudación creció un 67%, mientras que los gastos aumentaron en un 57%. España tuvo unos modestos superávits presupuestarios durante algunos de esos años, pero estos desaparecieron tan pronto como se evaporaron los ingresos de la burbuja y el gasto continuó creciendo a consecuencia de la crisis: un superávit de 1,9% en 2007 se convirtió en un déficit de 11,2% en solamente dos años. Para finales de 2011, el gasto público era un 75% más alto (33% más alto ajustado para la inflación) que hace una década.

De hecho, España tendría un presupuesto balanceado hoy en día si Madrid hubiese congelado su gasto per cápita durante los años de la burbuja entre 2001 y 2007, como lo hizo Alemania. Si el gobierno español quiere cuadrar sus cuentas, lo único que necesita hacer es reventar la burbuja del sector público que se derivó de las burbujas financiera e inmobiliaria.

El gasto público se reduciría en 21.000 millones de euros, por ejemplo, si el ingreso real y el número de empleados públicos por ciudadano se redujera a los niveles de 2001. Si las pensiones fuesen minoradas (en términos reales) a los niveles de 2001, eso recortaría el gasto en alrededor de 20.000 millones de euros. Otros 15.000 a 20.000 millones se podrían ahorrar si se racionalizaran los beneficios de desempleo. Y, por último, eliminando subsidios a industrias que no son productivas, asociaciones, sindicatos y políticos significaría un ahorro adicional de 20.000 millones.

En otras palabras, simplemente ajustando algunas de las partidas más claramente infladas del sector público español, podrían lograrse unos ahorros de alrededor de 80.000 millones de euros. Eso permitiría recortar nuestro déficit de 2011 en un 90%… sin aumentar un solo impuesto.

La buena noticia es que Mariano Rajoy finalmente ha admitido que todas las rúbricas del presupuesto son susceptibles de ser recortadas, incluso aquellas que hasta ahora se decía que eran intocables. Pero para que la economía española crezca y no simplemente se estabilice, necesitamos tanto recortes adicionales del gasto público como reducciones de impuestos: precisamente lo que el Partido Popular prometió hacer antes de las elecciones del año pasado. Es hora de que el Sr. Rajoy cumpla con esa promesa.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 12 de junio de 2012.

La burbuja financiera –la enorme expansión crediticia que llevaron a cabo los bancos gracias a la manipulación de los tipos de interés que efectuó ese monopolio público llamado Banco Central Europeo– engendró la burbuja inmobiliaria y, a su vez, la burbuja inmobiliaria, en tanto en cuanto dio lugar a un hinchazón de la actividad que disparó los ingresos tributarios, dio lugar a la burbuja estatal.

Puede que por burbuja financiera e inmobiliaria todos entiendan perfectamente a qué nos referimos. Pero, ¿qué es la burbuja estatal? La burbuja estatal consiste en haber creado una estructura del sector público mucho más inflada y sobredimensionada de la que la economía privada puede sufragar. Y es que durante los años ilusoriamente felices de la burbuja inmobiliaria, la recaudación fiscal aumentó casi un 70%, lo que llevó a los políticos a comprometer unos niveles absurdamente elevados de gastos que nos fueron imposibles de mantener cuando esta pinchó.

Son muchos los estatistas que argumentan que nuestro sector público fue extremadamente austero durante los años del boom económico porque incluso acumuló un cierto superávit durante tres ejercicios consecutivos. Mas tal aserto es simplemente fruto de una tergiversación cortoplacista de los hechos. Imaginen que a un tipo le toca un millón de euros en la lotería y ese mismo año asume una hipoteca con una letra anual de 900.000 euros. ¿Diríamos que esa persona ha sido prudente y austera por el hecho de que, durante el primer año, exhibiese un superávit de ingresos sobre gastos de 100.000 euros? No, diríamos que esa persona se ha suicidado financieramente.

Pues lo mismo le sucedió a nuestro Estado: pese aque la gran mayoría de sus ingresos eran extraordinarios y no recurrentes, sus gastos se inflaron con la idea de no reducirlos jamás. De hecho, si algo sucedió durante la crisis es que, si bien la recaudación derivada de la burbuja inmobiliaria desapareció en gran parte, los gastos totales del Estado continuaron creciendo. Fue así como, en un par de años, pasamos de un superávit del 2% del PIB a un déficit superior al 11%. Es decir, en dos años el Estado pasó de ahorrar 20.000 millones de euros a endeudarse por más de 110.000 millones: ¡para que luego digan que necesitamos todavía más planes de "estímulo" de la demanda!

No, lo que necesitamos es pinchar la última de las burbujas que ni siquiera hemos comenzado a pinchar: la estatal. Fruto del enorme desequilibrio entre ingresos posburbuja y gastos burbujísticos, los ahorradores temen razonadamente que nuestro país pueda entrar en suspensión de pagos, lo que les está llevando a huir en desbandada hacia el extranjero (por eso, por ejemplo, Alemania o Francia han llegado a pagar tipos de interés negativos por su deuda a corto plazo).

Hasta la fecha, sin embargo, tanto Zapatero como Rajoy intentaron mantener el Estado sobredimensionado fruto de la burbuja inmobiliaria mediante un saqueo más sistemático y desacomplejado de las haciendas de todos los españoles. Sin ir más lejos, en apenas unos meses Rajoy elevó los tipos de nuestro IRPF hasta los niveles más altos de Europa, suprimió la mayoría de beneficios fiscales dentro del Impuesto de Sociedades y, ahora, ha incrementado el IVA hasta el 10% (tipo reducido) y 21% (tipo general). Se trata, pues, de exprimir mucho más al ciudadano para que los políticos puedan seguir gastando a manos llenas, tal como lo hacían durante la insostenible etapa del boom artificial.

Sin embargo, este miércoles pudo empezar a cambiar algo desde el Congreso. Por primera vez desde su llegada al Gobierno, Rajoy ha recortado gastos de verdad (no como los demagogos y falsos recortes precedentes que no hacían más que bajar los desembolsos en un lado para aumentarlos en otro). No es mucho –tirando muy por lo alto, apenas 20.000 o 25.000 millones al año, frente a un déficit total que supera los 90.000 millones– pero podría ser un primer paso. Eso sí, dada la decepcionante trayectoria acreditada por Rajoy hasta el momento, también podría quedarse en el último paso, la última concesión, que está dispuesto a dar el PP en aras de la consolidación fiscal, de un modo muy parecido a lo que sucedió con el tijeretazo de ZP. Si así fuera, a España no le quedaría probablemente otro remedio que suspender pagos.

Sucede, pues, que si Rajoy no opta por pinchar de manera controlada pero veloz la burbuja estatal –por recortar muchos más gastos con más intensidad– esta terminará explotando de manera caótica y se nos llevará a todos por delante. El tiempo corre en nuestra contra y de momento el Gobierno sólo ha sabido subir sangrantemente los impuestos y rebajar tímidamente algunos gastos. Esperemos que, después de la sesión del miércoles, haya un cambio de estrategia. Es la última oportunidad que tendremos.

Optó este Gobierno por la estrategia equivocada desde el comienzo: la de ir lloriqueando a nuestros acreedores, fundamentalmente Alemania, con la milonga de que, tras un simulacro de ajustes que no reducían en absoluto el gasto total de las Administraciones Públicas pero que orwellianamente fueron denominados "los presupuestos más austeros de la historia", España ya no podía hacer más.

Era un farol: un farol dirigido a que los alemanes y otros noreuropeos siguieran corriendo con los gastos de nuestro sobredimensionado Estado. Para desgracia de Rajoy, los políticos del norte de Europa no se tomaron en serio sus lamentos, pues seguían viendo ahí nuestro modelo de Estado, a todas luces disparatado, sino que, mucho más importante, a los mercados les trajo literalmente al pairo si era verdad o no lo era que el Gobierno no pudiese recortar más: si no lo era, teníamos un Ejecutivo demasiado poco fiable como para seguir prestándole dinero; si lo era, España iba a caer en suspensión de pagos, motivo más que razonable para cortar de cuajo toda financiación.

Así las cosas, los acontecimientos se sucedieron tal como es sabido: la prima y el bono se fueron por las nubes, el euro fue puesto contra las cuerdas y, por último, Rajoy consiguió, en un momento de máxima tensión política y económica, que Europa toda financiara el rescate a la banca española. Sólo entonces, sólo cuando Alemania, Holanda y Finlandia llegaron con un saco de dinero a recapitalizar nuestros bancos, descubrimos que sí, que el Gobierno podía hacer más, muchísimo más, para sanear su situación financiera y evitar la suspensión de pagos.

Acaso el mejor titular que nos deja el recorte que acaba de anunciar Mariano Rajoy –como también le ocurriera a su mellizo de hace un par de años, el célebre tijeretazo de Zapatero– es que el PP deja de echar balones fuera y comienza a ser consciente de la realidad. Dicho esto, el problema es que, por un lado, parte de los balones los lanza contra la portería del sector privado (las subidas de impuestos), y que, por otro, todavía tendrá que marcar muchos más goles al gasto público si quiere, al menos, empatar el partido.

Pues, por mucho que el Gobierno hable de un ahorro de 65.000 millones de euros en dos años y medio, convendría que no nos hiciéramos trampas al solitario. De momento, el ahorro anual de las medidas anunciadas se sitúa, más bien, y tirando muy por lo alto, en el entorno de los 25.000 millones, a falta de cuantificar el recorte adicional que se impondrá a las autonomías y a los pensionistas: 3.000 con la reforma de la Administración Local, 6.000 con la supresión de una paga extra de los empleados públicos, 5.000 con la reducción de la prestación por desempleo, 6.000 con el aumento del IVA y 5.000 con el resto de lo anunciado. Esto, como digo, tirando muy por lo alto en las estimaciones.

No es poco, desde luego, pero no es suficiente. Un ajuste de 25.000 millones anuales que, si se cargara la mano en pensiones y autonomías, podría llegar hasta los 40.000 sigue dejando nuestro déficit en el entorno del 5% del PIB (por encima del objetivo inicial). Dicho de otro modo, continuamos sin despejar incertidumbres. Habría sido necesario recortar con mucha más ambición y convicción; no sólo en las partidas que se han tocado (por ejemplo, habría que prescindir de alrededor de 500.000 empleados públicos), también en aquellas que o bien no se han tocado o bien se tocaron insuficientemente en "los presupuestos más austeros de la historia". En suma, reduciendo mucho más los gastos (y sí, hay margen para ello, como ya lo había antes, por mucho que el Gobierno lo negara) nos habríamos ahorrado tanto esas nocivas subidas de impuestos que deprimirán todavía más la actividad en el sector privado (obviemos la cosmética rebaja de dos puntos en las cotizaciones sociales) como seguir instalados en la cuerda floja.

Pero no. Rajoy prefiere no acometer un ajuste intensísimo pero definitivo –tabla rasa– y opta, en cambio, por marchar poco a poco, a ver si milagrosamente Europa sigue dándonos dinero o si, aún más milagrosamente, la economía deja de hundirse y la recaudación tributaria repunta lo suficiente como para evitar rebajas adicionales de nuestro mórbido gasto público. Mas no habrá recuperación sostenible mientras las dudas sobre el ajuste de nuestro déficit terminen de despejarse: hoy se ha dado un paso que, en general, y dejando de lado esa torpe y sangrante nueva subida de impuestos, va en la buena dirección. El riesgo cierto es que, como le sucedió a ZP tras el tijeretazo, a Rajoy se le olvide dar los pasos que todavía faltarán para llegar a la meta. En tal caso, no levantaríamos cabeza; y no por exceso de austeridad, como no se cansarán de repetirnos los keynesianos de todos lares, sino por la misma razón por la que el capital está huyendo de España: una espantosa falta de la misma.

Mi propósito, como fácilmente puede comprobarse, no era otro que el de abrir un debate sobre la conveniencia de que la banca española no sea rescatada a costa de un contribuyente –que ya carga a sus espaldas con una billonada de deuda pública y privada– sino a expensas del acreedor que se equivocó al invertir su dinero en entidades hoy insolventes. La ventaja de la capitalización de deuda, o bail-in, es que evita la liquidación desordenada de las entidades financieras y permite que éstas subsistan en su forma actual, cargando las pérdidas a los malos inversores.

Afortunadamente, diría que el debate está más vivo que nunca, tal como acredita el hecho de que Hans-Werner Sinn, presidente del prestigioso instituto alemán IFO, se haya sumado explícitamente a la propuesta del bail-in. Que incluso desde Alemania, nuestro principal acreedor exterior y, por tanto, uno de los países que más sufriría una capitalización de deuda, abracen esta alternativa como la más saludable de las posibles, sólo puede ser recibido con una moderada y cautelosa esperanza.

Pero regresemos a la crítica que Don Juan Velarde ha efectuado sobre mi artículo. Tres son las peticiones de principio que don Juan me afea: la primera, mi impropia comparación entre el rescate a la banca y los planes de despilfarro tipo Plan E; segunda, mi presunción de que gran parte del rescate terminará acarreando pérdidas tanto para el Estado como para, en última instancia, el contribuyente; y tercero, mi apresurada aseveración de que el préstamo de Bruselas, instrumentado a través del Tesoro, condena a nuestro sector público a la insolvencia. Voy a intentar aclarar estos tres extremos.

En cuanto a mi equiparación entre los estímulos de demanda y el rescate de la banca, es verdad que en apariencia no tienen demasiado que ver. El despilfarro público se articula mediante gastos, corrientes o inversiones, cuyo único propósito es el de generar actividad "sea como sea" para mantener a parte de los trabajadores empleados; en cambio, el rescate de la banca se instrumenta mediante un préstamo que, por un lado, tiene que repagarse en el futuro y, por otro, está garantizado por los activos de las entidades financieras.

Sin embargo, a la hora de la verdad puede que ambas políticas no se diferencien tanto como podría parecer: el préstamo privilegiado a la banca no es más que una inversión pública que el Gobierno espera que le proporcione retornos positivos… exactamente del mismo modo en que espera que se los proporcione un programa de gasto público dirigido a estabilizar la demanda, a que las economías se relancen y a que no se desplomen los ingresos tributarios. Por supuesto, lo segundo es una fantasía keynesiana empíricamente incomprobable y teóricamente falaz, mientras que lo primero es una operación cuyas pérdidas y ganancias contables sí podemos calcular en el futuro, pero desde el punto de vista del político intervencionista, ambas decisiones son análogas: lo que se intenta es minimizar los en parte imprescindibles reajustes propios de toda crisis económica, cargando los errores ajenos a las espaldas de todos los contribuyentes.

Justamente, ése es el contexto en el que enmarco el artículo y en el que debe leerse mi analogía: seguimos insertos en un pensamiento burbuja donde se ha tratado de contrarrestar la parálisis crediticia del sector privado con un sobreendeudamiento público para rescatar a todo aquel damnificado por la sequía crediticia (trabajadores en paro, bancos quebrados por acumulación de morosidad, promotores que acumulan stocks de viviendas invendidos, etc.). Huida hacia adelante que obvia que no estamos en disposición de seguir endeudándonos a ritmos expansivos sino que, por primera vez en varias décadas, debemos proceder a desapalancarnos.

Por lo que se refiere a mi pesimismo acerca de las pérdidas del salvamento bancario para el Tesoro, mi postura se basa tanto en consideraciones teóricas como históricas. En cuanto a la teoría, una mera identidad contable: las pérdidas del activo (derivadas en este caso de la morosidad) se han de trasladar forzosamente al pasivo. Si la parte más debilitada del sistema financiero español, que es la que necesita del rescate, no es capaz de absorber con su pasivo actual las pérdidas de su activo, muy probablemente sean los contribuyentes quienes las soporten. Temor que no hace más que acrecentarse cuando descubrimos que ningún inversor privado, ni nacional ni extranjero, se muestra dispuesto a pujar por nuestras peores entidades a menos que el Estado le otorgue un esquema de protección de activos tan gravoso para el contribuyente que ni siquiera nuestros mandatarios se atreven a proponerlo.

En cuanto a las consideraciones históricas, lo cierto es que los procesos de recapitalización estatal de los bancos suelen ser bastante costosos para el contribuyente. Sin ir más lejos, el profesor Velarde cita el trabajo de Álvaro Cuervo, quien estimó que la crisis bancaria de finales de los 70 y principios de los 80 le costó al erario más de un billón de pesetas de entonces: el equivalente al 4% del PIB. Si tenemos en cuenta que la crisis bancaria actual es mucho más grave, no resulta inverosímil especular sobre unas posibles pérdidas cercanas al 8%-10% del PIB, es decir, entre 80.000 y 100.000 millones de euros, que es la práctica totalidad del importe prestado por Bruselas.

Por último, Don Juan Velarde también ve injustificado que asuma sin más que diez puntos adicionales de deuda pública conducen irreversiblemente a la insolvencia del Reino de España, cuando otros países vecinos, como Alemania, tienen unos pasivos gubernamentales superiores sin que ello socave su posición. Sin embargo, tan importante como la cantidad de deuda es la calidad de esa deuda, es decir, la capacidad para continuar pagándola merced a la riqueza nacional anualmente generada y apropiada por el Gobierno. No deberíamos obviar que España tiene un déficit público enquistado en torno al 7% del PIB, lo que significa que en dos años podemos llegar al 100% de deuda sobre PIB. ¿Se habrá solventado para entonces nuestro agujero presupuestario? Sin medidas más audaces por parte del Gobierno, es muy dudoso. Eso es lo que valora el especulador que decide no comprar nuestra deuda: no si ahora no estamos del todo mal, sino si lo vamos a estar en un futuro verosímil.

Y precisamente por ello, el problema de solvencia de España afecta al conjunto de la economía. En esto no existen diferencias categóricas entre sectores: lo que se valora es la solvencia del conjunto del sistema, donde participan gobiernos, empresas y familias. Un sector privado poco endeudado puede estar abocado a la quiebra si padece un sector público hiperendeudado que amenaza con devaluar su divisa (Grecia); y un público poco endeudado puede estar quebrado si la base de su recaudación es un sector privado hiperendeudado y con escaso margen para generar riqueza. De hecho, no olvidemos que muchos defaults soberanos se han producido con niveles de deuda pública aparentemente reducidos: por citar dos casos recientes, Rusia suspendió pagos en 1998 con un 66% de deuda pública sobre el PIB y Argentina en 2001 con un 47%. Por consiguiente, España no se encuentra ni mucho menos inmunizada contra una reestructuración de su deuda pública, sobre todo si, en el contexto actual, le añadimos de golpe y porrazo 100.000 millones adicionales para reflotar a la banca.

Con todo, lo mollar de las anteriores reflexiones es resaltar lo que, a mi juicio, supone el gran error del modo en que se está tratando de atajar la crisis actual: solucionar los problemas derivados de un exceso de endeudamiento mediante dosis adicionales de endeudamiento que arrastren hasta la insolvencia a aquellos pocos agentes económicos que todavía seguían siendo confiables en la economía. La capitalización de deuda, o el bail-in, posee precisamente la virtud de revertir esta tendencia: saneamos a la banca al tiempo que nos desapalancamos. Sólo por ello, y porque no traslada las pérdidas privadas a los lomos de los contribuyentes, ya merece ser tenida en cuenta.

Pero, en efecto, coincido con el profesor Velarde en que el cambio de mentalidad que hace falta en nuestras sociedades es mucho más amplio: austeridad pública de verdad centrada en el gasto, aumento del ahorro familiar y empresarial, liberalizaciones privadas mucho más intensas y reestructuraciones sensatas de aquella deuda impagable.