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Etiqueta: Dinero y sistemas financieros

¿Sirve para algo la economía financiera?

Y así sucedía en las etapas más primitivas de la producción de bienes y servicios: cuando lo único que teníamos que hacer era tomar de la naturaleza las materias primas necesarias y esforzarnos en transformarlas, crear riqueza equivalía a convertir el entorno en las mercancías que directamente satisfacían nuestras necesidades o en las herramientas que necesitábamos para fabricarlas de una manera más eficiente. Por eso, en su momento los fisiócratas y los socialistas pensaron que el valor procedía respectivamente de la tierra y del trabajo: aquello que parecía esencial para generar riqueza obtenía valor de manera natural.

Con todo, la cosa cambia cuando el proceso de creación de riqueza se vuelve mucho más complejo al implicar a un número infinitamente mayor de agentes y de recursos que deben coordinarse entre sí en momentos muy distintos del tiempo. En tal caso, las decisiones sobre qué y cómo producir ya no resultan tan sencillas, pues de lo que se trata es de organizar todos esos recursos de tal manera que sean capaces de generar la mayor cantidad posible de bienes y servicios valiosos. Es entonces, en el momento en que dejamos de producir para el autoconsumo y pasamos a hacerlo para los demás, cuando los mecanismos de coordinación y de asignación de los factores productivos van adquiriendo una importancia cada vez más decisiva.

Los empresarios son uno de estos elementos coordinadores: pergeñan planes de negocio comprando o alquilando factores productivos, ensamblándolos y vendiendo las mercancías manufacturadas a sus clientes. Sin embargo, tengamos en cuenta que cada empresa es un centro de planificación aislado del resto: lo que decide un empresario no tiene por qué guardar relación con lo que escoge otro empresario, de modo que, al final, podríamos caer en lo que Karl Marx llamaba la "anarquía productiva".

Los empresarios necesitan un marco dentro del que coordinar sus actividades y ese marco es el mercado: el sistema de precios sirve justamente para que los empresarios puedan elaborar planes que sean consistentes entre sí y con las preferencias de los consumidores. Nadie (o muy pocos) disputa que una parte de ese mercado y de esos precios contribuyen claramente a producir riqueza: todas aquellas industrias dedicadas a la producción de bienes de capital y de bienes de consumo. Sin embargo, hay otra parte cuya relación con la generación de riqueza es bastante más difusa: los mercados financieros y todo el batiburrillo de volátiles precios de los activos financieros.

Son numerosas las personas que separan radicalmente la economía productiva de la economía financiera (Main Street vs. Wall Street), como si esta última no fuera también productiva y como si, de hecho, restara recursos a la primera. Una maniquea segregación que no se corresponde con la realidad. Los mercados financieros juegan el papel de coordinar intertemporalmente a los agentes económicos: su cometido es el de dar pautas a los empresarios acerca de cuándo deben proporcionar a los consumidores aquellos bienes que desean.

En concreto, los mercados financieros sirven para que los ahorradores señalicen cuánto tiempo están dispuestos a esperar y qué riesgos están dispuestos a asumir para disponer de bienes económicos futuros: quien invierte en una imposición a cinco años se está comprometiendo a renunciar durante un lustro a hacer uso de ese dinero (a menos que llegue otro ahorrador que se subrogue en tu posición y compre el bono); quien adquiere deuda subordinada está indicando que no le importa asumir un riesgo importante con tal de ver aumentada su rentabilidad; quien compra acciones transmite el mensaje de que desea formar parte de los propietarios de la compañía, asumiendo las venturas y desventuras del negocio; quien emite un CDS se está comprometiendo a asegurar un activo, aportando los recursos necesarios para cubrir las quitas en caso de que aparezcan, etc.

Todos estos instrumentos (imposiciones a plazo fijo, bonos subordinados, acciones, derivados…) sirven para poner en manos de los empresarios los recursos que han de invertir a largo plazo, es decir, los que les permiten producir elevadas cantidades y calidades de bienes de consumo en el futuro. El precio de estos instrumentos, la remuneración que recibe el ahorrador por abstenerse de consumir y el coste que soporta el inversor por emplear recursos ajenos, son los tipos de interés. Como sucede en todos los mercados, oferentes y demandantes deben ponerse en contacto para poder cerrar la transacción y, asimismo, resulta de enorme importancia que los precios de los distintos activos (los tipos de interés) se correspondan con la realidad, a saber, con su demanda y oferta final. Los bancos son los intermediadores por excelencia de los mercados financieros y los especuladores son los encargados de estabilizar los precios dentro de márgenes realistas.

En definitiva, los mercados financieros y sus diversos participantes (ahorradores, inversores, intermediarios y especuladores) desempeñan un servicio muy importante dentro de una economía: coordinar a quienes ahorran con quienes invierten dentro de unos parámetros compatibles con las necesidades de los consumidores. Al igual que las carreteras tampoco producen nada por sí mismas, los mercados financieros son útiles a la hora de distribuir el capital hacia sus usos más valiosos. Y por eso puede decirse que la economía financiera es productiva: porque tan importante como fabricar bienes y servicios es fabricar los bienes y servicios correctos al menor coste posible. Si todo fuera incrementar la producción material de cualquier cosa, el socialismo podría funcionar. Pero no, no puede porque es incapaz de asignar prioridades de acuerdo con las preferencias intertemporales de los agentes.

Siendo, pues, los mercados financieros una parte básica de nuestra estructura productiva, será lógico que parte de nuestros recursos se destinen a esta industria: trabajadores, edificios, ordenadores, redes, materias primas, etc. Simplemente, una parte de nuestras compañías las hemos de dedicar a prestar semejantes servicios, al igual que otra parte las dedicamos a la extracción de petróleo, otra al diseño de nuevas mercancías, otra al marketing, etc.

Cuestión distinta es la tan extendida afirmación de que los mercados financieros están absorbiendo todos los recursos de la economía, dejando a dos velas a la economía real. Aunque a corto plazo pueda tener lugar una absorción de capital por parte de los mercados financieros, no olvidemos que toda deuda, toda acción o todo seguro representan pasivos financieros que se han transformado en activos productivos; es decir, los activos con los que se especula en última instancia no son más que inversiones reales cuya titularidad cambia de manos. Basta con seguir el circuito del dinero: éste va a parar a los vendedores de pasivos financieros, quienes lo utilizarán o para producir bienes y servicios o para adquirir otros pasivos financieros, cuyos vendedores estarán en idéntica coyuntura hasta que al final todo el capital queda asignado de un modo u otro a proyectos reales: unos proyectos que podrían ser útiles… o no. La economía financiera no es infalible, por la simple cuestión de que el futuro –y las perspectivas de generación de riqueza de los distintos planes empresariales– es incierto. Perfectamente pueden aparecer burbujas financieras que den lugar a distorsiones dentro de la economía real. Mas no nos escandalicemos: los errores son inevitables (y se pagan en forma de pérdidas) en el proceso empresarial y, por tanto, también lo son en el sector financiero.

Lo que deberíamos exigir no es que no se produzcan burbujas, sino que esas burbujas no sean incentivadas, protegidas y amparadas por el poder político. Es lo que sucede en la actualidad, connuestro sistema financiero absolutamente intervenido, con nuestros bancos centrales que rebajan de manera artificial los tipos de interés, con nuestra divisa desligada del oro, con nuestros políticos predispuestos a rescatar a deudores insolventes y con nuestros reguladores obsesionados conprohibir las ventas al descubierto. Es decir, lo que deberíamos exigir no es que la economía financiera no exista, sino que deje de existir en su privilegiada forma actual.

Desconozco si, como dicen muchos, la economía financiera ha adquirido un tamaño desproporcionado con respecto a la economía real. Eso no me preocupa, pues existen motivos razonables para que haya más y mayores compañías financieras conforme la complejidad de nuestro tejido productivo se eleve. El problema no es ése, sino que su tamaño actual –grande o pequeño– depende del intervencionismo político dirigido a promover el endeudamiento insostenible de familias, empresas, bancos y gobiernos. El problema no es la economía financiera, sino la economía financiera ultraintervenida. En suma, exactamente lo mismo que sucede con la economía real. No carguemos nuestras iras contra el legítimo y útil oficio de especuladores, banqueros e inversores, sino contra el omnipresente intervencionismo económico que contamina todas sus decisiones.

Dinero, deuda y banca

El dinero mercancía se atesora como depósito de valor o se entrega físicamente para comprar algo o saldar alguna deuda. El dinero es muy susceptible de ser robado: puede ser necesario protegerlo de algún modo, dificultando el acceso de los ladrones al mismo; pero las medidas de protección (esconderlo, custodiarlo personalmente o de forma colectiva en algún refugio) pueden dificultar su uso como medio de intercambio (y para entregarlo físicamente a otro es necesario llevarlo consigo, lo cual puede poner en peligro la integridad física del portador). Además atesorar dinero tiene un coste de oportunidad: no es un bien de consumo ni una herramienta para la producción de más bienes o servicios.

En la búsqueda de la eficiencia económica estos problemas se minimizan mediante agentes especializados, los bancos, que intermedian cobros y pagos utilizando su propia deuda como sustituto o complemento monetario.

El sistema de pagos y cobros de una sociedad puede ser descentralizado o centralizado en diversos grados (con varios centros o nodos más o menos importantes), y puede basarse solamente en dinero mercancía o utilizar también deuda (promesas de entrega de dinero mercancía) como medio de intercambio.

En un sistema completamente descentralizado con solamente dinero mercancía (por ejemplo monedas de metales preciosos), cada individuo guarda por su cuenta o lleva consigo dinero y lo entrega o recibe físicamente en los intercambios. La deuda puede existir si se producen intercambios diferidos (dinero o bienes presentes a cambio de promesas de entrega de dinero en el futuro), pero no hay agentes que se dediquen a compensar deudas para economizar los movimientos físicos de dinero.

La deuda emitida de forma descentralizada no circula (no se acepta por terceros como medio de pago) por varios problemas: es difícil estimar el crédito de una gran cantidad de emisores, y puede ser muy costoso localizarlos y exigirles el pago del dinero (quizás no se sabe dónde están o están muy lejos).

La deuda podría circular de forma limitada en la medida en que el sistema se centralice parcialmente, es decir si existen redes locales de confianza (los agentes son localizables con facilidad y tienen buena reputación gracias al cumplimiento satisfactorio de frecuentes relaciones comerciales previas). Para que la deuda se monetice debe estar emitida por acreedores fácilmente localizables (negocios establecidos) y de confianza (con suficientes garantías, avales o colateral líquido), como es el caso de las letras comerciales.

En un sistema centralizado (parcial o total) con solamente dinero mercancía algunos agentes (o uno solo si la centralización es total) están especializados en recibir el dinero del comprador y entregárselo al vendedor. Para economizar los movimientos físicos de dinero los intermediarios pueden guardar en un mismo lugar (almacén, depósito) el dinero de sus múltiples clientes, quienes pueden pagar a otros entregándoles certificados o resguardos de depósito u ordenando al almacén que cambie la titularidad de la cantidad correspondiente de dinero. Un almacén de dinero es un blanco muy atractivo para los ladrones, de modo que es necesario dedicar muchos recursos a su protección: los clientes deben pagar al almacén para que les guarde el dinero e intermedie sus operaciones.

En un sistema centralizado con monetización de deuda un banco no es simplemente un almacén de dinero mercancía sino un intermediario o gestor de pagos y cobros que emite su propia deuda o pasivo a la vista (billetes como documentos al portador o depósitos como apuntes contables) para ser utilizada por sus clientes como medio de pago; además cada banco actúa como cámara de compensación de deudas entre sus clientes.

El banco guarda ciertas reservas de dinero mercancía para facilitar la convertibilidad de los billetes o depósitos si sus dueños así lo requieren, pero estas reservas son solamente la parte más líquida de los activos que respaldan el valor de ese pasivo, los cuales pueden venderse (liquidarse) en caso de necesidad. La reserva fraccionaria (que los pasivos del banco no estén respaldados al cien por cien por dinero mercancía) no es ninguna estafa sino un rasgo esencial del sistema de monetización de deuda.

Los activos que respaldan los billetes y los depósitos a la vista de un sistema bancario solvente deben ser muy líquidos: tener un plazo semejante al pasivo correspondiente (a la vista o muy corto) y muy poco riesgo (valor estable). Así los depositantes confían en el banco (no corren a retirar sus depósitos porque todos están adecuadamente respaldados), y sus pasivos circulan sin descuento.

Un depositante puede protegerse de un banquero imprudente (que incrementa el plazo o riesgo de sus activos para intentar obtener mayores beneficios) cancelando su cuenta y llevando su negocio a la competencia, y de todo el sistema de monetización de deuda saliéndose del mismo al convertir sus billetes y depósitos en dinero mercancía. Pero no son solamente los depositantes de un banco quienes lo vigilan: todos los agentes económicos (incluidos otros bancos) pueden negarse a aceptar sus medios de pago o aplicarles un descuento.

Diversas formas de intervencionismo estatal (subvenciones y protecciones a los bancos) desactivan de forma progresiva estos mecanismos de protección frente a la imprudencia bancaria: si los bancos no pueden emitir sus propios billetes, los agentes económicos no pueden elegir entre ellos y rechazar los peores; si todos los depósitos están garantizados por igual, entonces los bancos son prácticamente indistinguibles para el depositante; la supresión de cláusulas de convertibilidad en dinero mercancía y las leyes de curso legal forzoso impiden salirse del sistema a un dinero no manipulado ni por los bancos ni por el gobierno; las garantías de refinanciación a bajos tipos de interés de los bancos por el banco central incentivan la toma de riesgos de entidades que además nunca quiebran por ser demasiado grandes e interconectadas.

El sistema de banca libre queda así distorsionado o destruido, se envilece la moneda, se expande el crédito de forma insostenible y se genera el ciclo económico. Pero el problema no está en la reserva fraccionaria.

La crisis de deuda en la eurozona

La moneda de curso legal que denominamos Euro es el principal mecanismo con el que se articula un ambicioso proyecto de integración económica y monetaria de los 17 países que forman parte de la eurozona dentro de la Unión Europea.

Sin embargo, una unión monetaria sólo es económicamente factible en el caso de que los países miembros de la misma constituyan un área económica homogénea. Por ello, desde su inicio en el año 1999, lejos de darse una situación idílica, se ha puesto de manifiesto la existencia de dos grupos de países claramente diferenciados.

Un primer grupo de países del norte y centro de Europa, liderados por Alemania, que impulsan su crecimiento económico vía exportaciones y que se ven favorecidos por un tipo de interés bajo por parte del Banco Central Europeo (BCE). Y un segundo grupo de países periféricos europeos que han estado basando su crecimiento en el consumo interno y la inversión  exterior y que hubiesen requerido un tipo de interés mucho más alto por parte del BCE para evitar la inflación y el sobrecalentamiento de sus economías.

Podemos afirmar con claridad que la responsabilidad directa de la crisis financiera es de los políticos que han presionado irresponsablemente y de las autoridades del BCE que se dejaron influir para sostener una política monetaria expansiva, especialmente aplicada desde el año 2001, con tipos de interés bajos y situados por debajo del débil incremento anual del Producto Interior Bruto (PIB) en Europa.

Es decir, el BCE ha venido estableciendo un tipo de interés real, incluso negativo, muy por debajo de la generación de bienes y servicios de los países europeos periféricos, lo que significa que el BCE ha estado inflando "artificialmente" la masa monetaria en la eurozona por encima de la capacidad de la misma para crear riqueza.

Colapso de la zona Euro

Si se observa la evolución del crecimiento del PIB de la eurozona, empleando como fuente los datos del propio BCE, se puede trazar un gráfico que pone de manifiesto una línea de tendencia descendente hacia el estancamiento o, incluso, hacia el decrecimiento económico en la eurozona:

Intervencionismo monetario

Por un lado, como se observa en el gráfico, se ha producido una peligrosa desaceleración del crecimiento económico que debería corregirse con reformas estructurales que doten de competitividad a los países europeos frente a los países competidores internacionales. Pero, sin embargo, algunos Gobiernos han eludido las reformas porque la existencia del crédito ilimitado del BCE facilita no encarar la adopción de medidas impopulares.

Por otro lado, la falsa sensación de "riqueza" que ha fomentado el BCE ha supuesto que los gobiernos y, también, las empresas y familias aplicasen políticas de gasto más allá de sus ingresos ordinarios.

Significativamente, la política monetaria expansiva del BCE ha permitido el sostenimiento de un tamaño de Estado excesivamente grande y ha pospuesto la obligada adaptación de la sociedad de bienestar, que ha funcionado durante varias décadas en Europa, pero que ahora debe transitar desde un modelo público de prestación de servicios sociales (pensiones, sanidad, desempleo…), hacia un modelo privado o mixto (público-privado) para lograr su viabilidad a medio y largo plazo.

El BCE ha permitido que la eurozona viviese por encima de sus posibilidades, porque no implementó una política monetaria restrictiva que obligase a los gobiernos (y a otros agentes económicos) a aprobar presupuestos equilibrados y afrontar con seriedad las reformas que precisaba Europa para competir internacionalmente con las economías emergentes.

Por tanto, podemos afirmar que el intervencionismo monetario del BCE ha sido la causa principal tanto de los problemas de competitividad como de la crisis de endeudamiento que puede llevar a la ruptura de la eurozona.

Las consecuencias no queridas del dinero barato se han significado en una pérdida de  competitividad de países como España y en un excesivo apalancamiento financiero, tanto público como privado y, principalmente, de los países europeos con peores factores competitivos (flexibilidad laboral, facilidad empresarial, I+D+i…) respecto de países europeos netamente exportadores como Alemania y de áreas económicas más pujantes. 

Posibles soluciones a la crisis de deuda

La crisis de la eurozona podría ser resuelta con quitas sobre la deuda soberana que permitan afrontar los pagos y con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar préstamos, acompañados de políticas de austeridad presupuestaria, privatizaciones e impuestos que garanticen el pago de los mismos.

Sin embargo, los intervencionistas que han generado la crisis de deuda no aprenden de sus errores pasados y quieren imponer nuevamente soluciones que suponen una huída hacia delante que posterga (y empeora) la salida de la crisis económica y financiera.

Pretenden engordar la bola de nieve del endeudamiento con más política monetaria expansiva, mediante la emisión de eurobonos por una Agencia Europea de Deuda y con el reforzamiento del fondo de rescate soberano para recapitalizar países (Grecia) y entidades financieras (BNP, Credit Agricole, Société Générale…) que están en quiebra técnica.

Los planteamientos keynesianos no son, en modo alguno, ni altruistas ni solidarios, si tenemos en cuenta que el mismo BCE es uno de los principales acreedores de Grecia con 50.000 millones de euros al igual que los principales bancos de Alemania y Francia.

En todo caso, los mercados ya están descontando que la eurozona no está funcionando porque tiene un endeudamiento insostenible con respecto a las previsiones de crecimiento del PIB.

De hecho, los inversores abandonan los mercados de capitales europeos y están invirtiendo sus ahorros en las bolsas y los mercados de deuda de EE.UU. y de Asia, dado que tienen presente el elevado riesgo de suspensión de pagos de Grecia, porque no está logrando cumplir sus compromisos de ajuste presupuestario y, con muy alta probabilidad, quebrará en los próximos meses, dado que ni siquiera tiene liquidez para pagar las nóminas de los funcionarios o las pensiones del próximo mes de octubre.

Veremos salir a Grecia de la eurozona y, tal y como señalan expertos reconocidos, sería recomendable entregar Grecia al FMI y negociar su salida para evitar que el incendio se extienda y ardan más países en el infierno del endeudamiento. 

Cambio de modelo económico en la eurozona

Incluso en el supuesto de que el rescate financiero de Grecia fuese bien desarrollado, la situación de la eurozona es crítica y, si no se actúa con rapidez, podría producirse un efecto dominó y la quiebra de otros países endeudados lo que provocaría el colapso del Euro como moneda fiduciaria, ante la inacción de Gobiernos irresponsables y una mayoría de ciudadanos que desean seguir viviendo por encima de sus posibilidades.

Los siguientes países en la lista son Italia y España y, posiblemente, Francia por la elevada exposición de sus bancos con hasta 600.000 millones de euros de deuda soberana de Grecia, Italia y España y con deudas de las entidades financieras francesas por hasta 4,7 billones de euros lo que representa un 250% del PIB de Francia.

Con los anteriores datos en la mano, los Gobiernos de la eurozona deberían adoptar un cambio de modelo económico basado en la austeridad presupuestaria, en la desregulación de mercados y en la competencia empresarial, comenzando con una reducción adicional del gasto público que tranquilizase a los inversores y siguiendo con reformas estructurales que mejoren la competitividad.

En caso contrario, con o sin eurobonos, se incrementará el riesgo de una intervención de sus economías por el FMI, lo que paradójicamente exigirá la aplicación de medidas aún más severas que aquellas que hubiesen sido incapaces de llevar a efecto los Gobiernos.

Las irresponsabilidades en política monetaria se pagan en el largo plazo y, como siempre, las clases medias y emprendedoras serán los chivos expiatorios que padezcan las facturas intervencionistas de los políticos y autoridades monetarias de la eurozona. En los próximos meses, comprobaremos si el paraguas de los Eurobonos es capaz (o no) de soportar el peso del endeudamiento y evitar el colapso de la eurozona.

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Euro: crisis de solvencia y fragilidad política

Estamos en los últimos días de un verano convulso para los mercados financieros que se han mostrado extremamente volátiles. El origen de esta volatilidad se encuentra en la incertidumbre generada en torno a la moneda común y en la posibilidad, cada vez más real, de que países como España no puedan renegociar, o hacerlo a un coste razonable, su deuda soberana con sus acreedores y de que el mundo en su conjunto entre de nuevo en una fase recesiva caracterizada por poco o nulo crecimiento económico y elevadas tasas de desempleo.

En líneas generales los mercados financieros habían anticipado una recuperación que se ha mostrado de pies de barro y lo acontecido este verano ha servido para evidenciar de forma clara que la crisis es profunda y que tardaremos en digerir el sobreapalancamiento financiero que caracterizó la etapa anterior. Por añaduría, a la digestión de la burbuja inmobiliaria, y otras graves distorsiones en la economía real, le hemos de sumar el problema en el que se han convertido las finanzas públicas de los países de la periferia del Euro, fruto de un grave error de diagnóstico a la crisis y que desembocaron en la mayoría de casos en masivos planes de gasto público en base a más deuda que ahora se ha convertido en una espada de Damocles para países como España.

Desde los poderes públicos y muchas tribunas académicas se pensó que la crisis sería una especie de tormenta de verano: con muchos rayos y truenos pero de corta duración y que enseguida daría paso a una etapa de crecimiento. Sin embargo, las causas de la crisis no se podían subsanar en el corto plazo: la crisis era consecuencia de una masiva inyección de crédito que había alimentado una gran burbuja que irremediablemente se tendrá que depurar con el doloroso ajuste.

El problema de un mal diagnóstico es que necesariamente nos conduce hacia un tratamiento equivocado. En este sentido, el intento de combatir una crisis derivada de un elevado apalancamiento con más deuda –siguiendo las recetas de corte keynesiano de aumento del gasto público– ha sido un error gravísimo que ha dejado las finanzas públicas en una delicada situación postergando el necesario ajuste y sumiendo a economías como la de España en un periodo de estancamiento prolongado.

Durante los años de expansión crediticia (y de gestación de la burbuja), asistimos impávidos al apalancamiento masivo de empresas y particulares. A nivel macro nos conformamos con crecer en base a endeudarnos con el exterior dejando en un segundo término cualquier intento de articular una política económica que permitiese generar un crecimiento económico basado en la mejora paulatina de la productividad y la competitividad real de la economía. El bálsamo que supuso la facilidad de crédito y las beneficiosas condiciones que nos ofrecía el Euro nos permitió generar un gran crecimiento económico a costa de reducir nuestra productividad en relación a nuestro coste laboral y generar un abultadísimo déficit comercial que todavía hoy (después de la fuerte contracción de nuestra demanda interna) se sitúa en niveles próximos al 4,5-5% del PIB.

Llegados a este punto, un diagnóstico acertado sugería que la burbuja inmobiliaria, enquistada en los balances de los bancos, se tenía que depurar y las entidades de crédito tenían que recapitalizarse (con dinero público o privado, pero ahorro genuino, el que no se destinó durante la burbuja ahora tiene que servir para sufragar las pérdidas) y que la economía en su conjunto tenía que emprender las reformas estructurales necesarias para permitir: de un lado el ajuste, el periodo recesivo en el que los recursos, capital y trabajo, se recolocan en aquellos sectores en los que son más productivos; y por otro lado, recuperar la competitividad perdida durante los años en los que nuestra economía estuvo inundada de crédito y parecía que podíamos crecer ad infinitum a base de pedir prestado al exterior.

Todo lo anterior se enmarca dentro de la moneda común (que imposibilita una devaluación; a no ser que España abandonase el Euro, hoy por hoy, escenario descartable), que se enfrenta a una grave crisis de solvencia en varias de las economías que la integran. Este escenario de, insisto, crisis de solvencia, no liquidez, desemboca en un único axioma válido: la crisis sólo se resolverá mediante una transmisión efectiva de riqueza de los acreedores a los deudores.

Una vez reconocido el problema y su solución solo cabe preguntarse cómo organizamos de manera ordenada esta transmisión de riqueza de acreedores a deudores de la forma menos dolorosa y más justa posible. Cuando el problema es entre dos partes (imaginemos una empresa y un banco), parece relativamente sencillo alcanzar acuerdos sobre qué deuda se renegocia, en cuál se aplican quitas parciales, en qué partes se amplían los períodos de carencia, y qué activos se dejan caer por ser claramente insolventes. Sin embargo, cuando el problema incluye diferentes países con diferentes agendas nacionales, interacciones con otras regiones e incluso diferentes ideologías y calendarios electorales, la negociación se torna mucho más compleja y difícil (como así está quedando en evidencia estos días).

No obstante, este hecho no debería de ser óbice para que desde las instituciones políticas se ejerza un liderazgo responsable anclado en la realidad y con el firme compromiso de enderezar el barco a la deriva, escenario en el que se encuentra a día de hoy la moneda común.

Existen tres alternativas principales para evitar el colapso del sistema en su conjunto: generar inflación, generar los llamados Eurobonos apalancando el buen rating crediticio de países como Alemania hacia economías hoy por hoy mucho menos solventes dentro del marco de la zona Euro, o la quiebra de muchas entidades financieras. Estas tres alternativas han colisionado en el seno de la Unión Monetaria, en donde se han evidenciado los graves déficits institucionales existentes en lo referente a la unión política que subyace al Euro y que la presente crisis ha puesto de manifiesto.

La posición alemana es contraria a generar inflación, que dañaría su competitividad y por lo tanto su capacidad exportadora y su crecimiento económico, y ha insistido en los planes de ajuste como mejor alternativa… aunque los mercados han dejado ya claro que los ajustes puede que no sean suficientes para hacer frente a los pagos de deuda (los planes de contingencia deprimen aún más la actividad económica en el corto plazo; no se trata del volumen de deuda sino de la capacidad de repago del deudor).

En este sentido, sólo efectivas reformas estructurales (cuyo objetivo es recuperar la competitividad perdida y generar crecimiento sólido), cuyos efectos se hiciesen notar en los indicadores económicos, podrían devolver a los países de la periferia europea la competitividad perdida y a la postre devolver la solvencia a sus economías. Sin embargo, para emprender dichas reformas se necesita un liderazgo político claro (que muchas de estas economías no tienen; por ejemplo España) y tiempo para implementar dichas reformas y que estas surjan efecto. Tiempo del que Europa no dispone.

Una segunda alternativa es la posibilidad de renegociar la deuda generando Eurobonos. Esta alternativa implica una transferencia del rating crediticio de las economías solventes de la zona Euro (principalmente Alemania) hacia las economías con problemas. La opción de emitir Eurobonos tampoco gusta a los alemanes por motivos obvios y a su vez podría genera situaciones de "riesgo moral" (premiando al necio y castigando al responsable) si no se adoptasen las medidas de control y planes de reformas estructurales necesarias.

Por último, está la opción de dejar quebrar los bancos. En Alemania, principal tenedora de bonos de los PIGS, los bancos están de facto nacionalizados (en los últimos stress test la mayor parte de los bancos alemanes no se presentaron a las pruebas para evitar un ridículo innecesario). En cualquier caso, hasta que no se clarifique cómo se van a realizar las transferencias de riqueza entre los diferentes acreedores y deudores en el marco de la zona euro y no se emprendan las reformas económicas que necesitan de manera urgente en las economías del arco mediterráneo no podemos esperar un punto de inflexión claro a partir del cual las economías efectivamente puedan reemprender tendencias de crecimiento más positivas en la Zona Euro.

La fiebre del oro

Hace sólo diez años se pagaba por la onza de oro unos 270 dólares. Hoy por esa misma cantidad se pagan 1.750 o, lo que es lo mismo, casi unas siete veces más. Quien hubiese comprado oro unos días antes del fatídico 11-S y pensase mañana liquidar la inversión poniéndolo a la venta en el mercado habría hecho un negocio inmejorable. Algo parecido puede decirse de todos los metales preciosos; de la plata, que ha pasado de los 4 dólares la onza a los 44, del platino, que se ha ido de los 450 la onza a los 1.900, e incluso del paladio que “sólo” ha doblado su precio en este periodo: en 2001 se pagaba por una onza de este metal unos 400 dólares y hoy se pagan 800.

Los metales preciosos, con el oro a la cabeza, han sido, junto con el petróleo y otras materias primas, la gran inversión de la década. Nadie lo hubiese dicho hace veinte años, cuando invertir en estos activos era considerado poco menos que de locos. En aquel entonces, en plena década de los noventa, su precio iba hacia abajo y todo el que los tenía en sus carteras salía en estampida. El mercado, en definitiva, ofertaba mucho más de lo que demandaba.

¿Qué ha sucedido entonces en los últimos diez años? El oro, a fin de cuentas, es un valor seguro porque todos lo deseamos y guarda el valor mejor que cualquier otro elemento de la naturaleza. Esto es así desde que el hombre es hombre. Todas las civilizaciones lo han atesorado o, directamente, lo han utilizado como dinero, como el mejor dinero posible. Sus ventajas son muchas, tantas que el uso de oro como moneda sigue hoy, cuarenta años después del cierre de la llamada ventanilla del oro por parte de Richard Nixon, siendo objeto de apasionados debates entre economistas.

Su valor, por lo tanto, no se define sólo por su escasez o las especiales cualidades que posee este metal, sino por el aprecio que los seres humanos le tenemos desde tiempo inmemorial como deposito de reserva y medio de cambio comunmente aceptado. La relación es causal. Nos gusta guardarlo porque es especial, muy dúctil y maleable, transportable, asombrosamente escaso e imposible de falsificar. Pero, sobre todo, nos gusta porque es deseado por otros. Parece que la naturaleza lo puso ahí a propósito para guardásemos en él el fruto de nuestro trabajo, esto es, nuestra riqueza y pudiésemos al tiempo comerciar con ella.

El oro, en suma, es dinero, de ahí que cuando el dinero de curso legal –en nuestro caso el dólar y el euro– pierde valor, el oro lo gana automaticamente. Por decirlo brevemente, cuando empezamos a no fiarnos de las divisas fiduciarias, aquellas que valen lo que dice el Gobierno que valen, tendemos a refugiarnos en el oro. El valor, y esto es importante remarcarlo, no es algo que un político decida, sino una proyección individual y subjetiva, de aquí que los precios fluctúen, incluso los del oro, dependiendo de lo valioso que lo percibamos.

Buscar refugio en el oro es algo que ha sucedido siempre. La sucesión de eventos suele seguir idéntico guión: el Gobierno necesitado de fondos gasta más de lo que puede permitirse, para mantener el ritmo envilece la moneda creando nuevas unidades monetarias de la nada –antiguamente se limitaba a envilecer el metal–, los agentes económicos detectamos que la moneda oficial vale cada vez menos y nos refugiamos en el valor seguro del metal amarillo, a ser posible de 24 quilates, sinónimo del oro 100% puro. Eso si nos dejan, en algunos momentos y lugares los Gobiernos han prohibido la posesión de oro precisamente por eso, porque la gente lo prefería a la moneda encanallada que obligaba a utilizar el Gobierno.

Este mecanismo tan sencillo es lo que ha hecho dispararse el precio del oro en los últimos años. El activo internacional de reserva, el dólar norteamericano, vale cada vez menos. Los sucesivos Gobiernos yanquis han ido creando más y más dólares para correr con sus cuantiosos y siempre crecientes gastos. Esta inflación ha provocado, como no podía ser de otra manera, un acusado repunte en el precio de la onza. El resultado es que cada vez estamos dispuestos a entregar más dinero fiduciario a cambio de la misma cantidad de oro. No ha cambiado el segundo –de hecho es ligeramente más abundante que hace diez años–, sino el primero, que está por todos los lados gracias a las políticas irresponsablemente expansivas de los bancos centrales.

Por de pronto el oro sube y seguirá subiendo, y con él todos los metales preciosos. Los inversores lo han entendido a la primera y compran todo el que pueden, los empresarios se afanan en encontrar nuevos yacimientos. Nosotros nos limitamos a guardarlo sabiendo que mantendremos con él a buen recaudo nuestra riqueza. El Gobierno, entretanto, no hace más que alimentar esta máquina diabólica viviendo por encima de sus posibilidades gracias a la máquina de hacer dinero que usa en exclusiva y en provecho propio. Hasta que esa máquina no se pare la fiebre del oro continuará.

Plazos, coste y riesgo del crédito

El tipo de interés de un préstamo tiene tres componentes: preferencia temporal (la prima del presente respecto del futuro), estimación de riesgo de impago (prima de riesgo) y expectativas de inflación.

La preferencia temporal es relativamente estable. La inflación es un fenómeno monetario generalizado (en el sentido de que afecta a todos los que tienen dinero, derechos de cobro u obligaciones de pago); podría ser prácticamente nula si el dinero fuera una auténtica institución de mercado libre; existiendo múltiples divisas, la inflación puede ser diferente para cada una.

El riesgo depende de cada préstamo y deudor concreto (privado o público, y con sus correspondientes garantías y avales), aunque puede verse afectado por percepciones generalizadas de la salud de la economía en su conjunto que pueden cambiar rápidamente y de forma conjunta (psicología de masas, contagios de desconfianza).

Los contratos de préstamo o crédito pueden incluir restricciones que los acreedores imponen a los deudores para reducir o mitigar los riesgos: presentación de cuentas, límites a más endeudamiento, especificación de las actividades a las cuales se dedican los fondos. También se utilizan garantías reales (hipoteca sobre bien inmobiliario) o personales (posibilidad de expropiar bienes o embargar ingresos futuros) y avalistas (personas que se hacen cargo de la deuda en caso de impago).

El tipo de interés de un préstamo depende de la duración del mismo. En condiciones normales mayor plazo implica mayor tipo de interés: la curva de tipos (representación gráfica del interés en función del plazo) tiene pendiente positiva; el tipo de interés a corto plazo es menor que el tipo de interés a largo plazo. La inversión de la curva de tipos (que el tipo a corto sea mayor que el tipo a largo) suele indicar alguna anomalía o crisis económica.

La deuda es más líquida (de valor más estable y seguro) cuanto más corto sea su plazo: más extensión hacia el futuro implica más riesgo e incertidumbre (el deudor tiene más tiempo y probabilidades de tener problemas, quebrar e impagar la deuda en parte o en su totalidad).

La forma de la curva de tipos se debe a la interacción entre la oferta y la demanda de crédito para cada plazo (teniendo en cuenta también la especulación, las expectativas de evolución futura de los tipos de interés). Los deudores prefieren deber a largo plazo (en el caso del crédito para la producción, para tener más tiempo para llevar a cabo proyectos más complejos y productivos, por lo cual podrán asumir una financiación más cara) y no tener restricciones sobre qué hacer con los fondos prestados (poder asumir riesgos); los acreedores prefieren tener derechos de cobro a corto plazo (poder recuperar rápidamente su dinero si lo necesitan) y con pocos riesgos (poder exigir prudencia a sus deudores).

A la fecha de vencimiento de un préstamo el acreedor debe disponer de fondos para amortizarlo por completo, negociar una extensión del mismo con el deudor (renovar o reestructurar el crédito) o declararse en quiebra y liquidar los activos. Los fondos necesarios pueden proceder de los ingresos generados por la actividad productiva (si el proyecto ya ha alcanzado la fase de comercialización y venta), de la venta de algún bien o activo o de la obtención de un nuevo crédito con un acreedor diferente.

Un proyecto productivo que no va a generar ingresos por un tiempo puede financiarse mediante múltiples créditos sucesivos a corto plazo, o mediante un solo crédito a largo plazo. Al financiarse a largo plazo el acreedor paga más por el préstamo pero tiene una situación financiera más sólida y solvente, no necesita preocuparse constantemente por obtener ingresos o renovar créditos, no depende de otros. La financiación a corto plazo es más barata pero más arriesgada: el deudor tiene una posición financiera delicada, depende frecuentemente de encontrar nueva financiación, y esta podría desaparecer o incrementar fuertemente su precio, lo que podría arruinarlo.

Más descalce de plazos entre activos a largo y pasivos a corto, sea para una empresa o para la economía en su conjunto, implica más riesgo, más descoordinación entre los proyectos productivos y sus financiadores (los ahorradores que además son consumidores), más sensibilidad a cambios y problemas, menos resistencia, mayor probabilidad de fracasos y pérdidas. Estos riesgos no pueden desaparecer, pero pueden distribuirse u ocultarse.

Si las empresas se financiaran directamente de los ahorradores no podrían llevar muy lejos estos desajustes: la refinanciación sería cada vez más difícil y las quiebras incentivarían la prudencia de los inversores.

Un banco (o el sistema bancario en su conjunto) puede agravar el problema porque puede intentar realizar arbitraje sobre la curva de tipos y descalzar plazos mezclando sus funciones de gestión de pagos (dinero y deuda a muy corto plazo) e intermediación financiera (deuda a más largo plazo y acciones). El banco distorsiona y envilece sus complementos o sustitutos monetarios para expandir el crédito. Oculta y redistribuye riesgos, agregando los de muchos agentes y concentrándolos en sí mismo; pero es entonces el propio banco el proclive a quebrar cuando haya problemas, y además como intermediario de pagos y finanzas pondrá en peligro a todas sus múltiples contrapartes (riesgo sistémico).

El largo plazo por un plato de lentejas

A pesar del inevitable y reforzado interés que toma el estudio de las cuestiones coyunturales y financieras debido a la Gran Recesión, conviene no perder la perspectiva del crecimiento a largo plazo.

Al contrario de algunos, que en sus declaraciones parecen seguir la filosofía del ‘a largo plazo todos muertos’, otros economistas adquieren una posición mucho más sensata. Así por ejemplo, el prestigioso economista del MIT Daron Acemoglu afirmaba hace un par de años en EconTalk que el peligro auténtico y más importante al que se enfrentaban las economías en 2009 era el de tomar medidas que, con el objetivo de evitar caídas leves –del 1%- del PIB en un año particular, se sacrificara el crecimiento –en un 1%- de este PIB durante un periodo prolongado de tiempo; lo que en 30 años significaría tener un PIB un 35% inferior.

Para él, ése sería un precio demasiado alto para pagar a cambio de suavizar la parte recesiva del ciclo económico: tras aplicar las medidas necesarias destinadas a tratar de evitar una gran depresión –o lo que desde nuestra perspectiva podríamos denominar como ‘contracción secundaria’-, el énfasis de las políticas económicas debería centrarse acto seguido en asegurar un ambiente propicio para el crecimiento económico a largo plazo.

Las palabras de Acemoglu resultan muy interesantes para analizarlas en estos momentos. Más de dos años después, seguimos inmersos en una situación tremendamente delicada, agravada en algunos importantes aspectos por las políticas presuntamente contracíclicas tomadas desde los gobiernos, en particular en lo que se refiere a 1) los niveles de deuda y 2) la abultada incertidumbre.

Respecto a la deuda, ante la caída de la actividad económica y el empleo, con la caída de la recaudación fiscal que ello implica (y que en el caso de España fue excepcionalmente alta), los gobiernos decidieron aplicar medidas de aumento del gasto público con el objetivo de estimular la economía. Las consecuencias directas más palpables han sido la explosión del déficit y la deuda pública, sin mejoras en el crecimiento significativas –más bien lo contrario-.

En Europa, ello ha sido uno –no el único– de los factores que han contribuido a generar la crisis de deuda soberana a la que las autoridades europeas siguen sin dar una respuesta clara y definitiva. En Estados Unidos, similarmente, ha conducido a una situación de insostenibilidad de la deuda gubernamental que debe corregirse con firmeza para alejarse del ya no tan improbable default.

Difícil panorama al que se enfrentan las principales economías desarrolladas, necesitadas todavía de un doloroso y notable proceso de desapalancamiento, para establecer los fundamentos de un crecimiento sostenido.

Este crecimiento sufre de adicionales obstáculos, como es la elevada incertidumbre institucional fruto del activismo gubernamental y/o la mala gestión política de la crisis. Pensemos en las inciertas medidas que vayan a tomarse en el futuro –subidas de impuestos, regulaciones financieras…-, o las que ya se han tomado pero cuyos resultados concretos todavía están lejos de ser claros –reforma sanitaria de Obama-. O pensemos en cómo se está llevando políticamente la crisis de deuda en Europa y la práctica imposibilidad de predecir las próximas decisiones de las autoridades.

Es esta incertidumbre la que puede explicar, entre otros factores, la anémica inversión privada neta –motor del crecimiento a largo plazo- y la escasa recuperación del empleo en los Estados Unidos, especialmente por el impacto distorsionador que la incertidumbre causa sobre los pequeños y medianos empresarios (o aquellos que piensan crear nuevas empresas) a la hora de llevar a cabo el cálculo económico.

Los factores comentados vienen a confirmar los peores augurios de Acemoglu. Peter Boettke suele decir en los últimos años que las políticas gubernamentales tomadas desde 2008 han convertido lo que podría haber sido una corrección del mercado, profunda pero corta, en una crisis prolongada a lo largo y ancho de la economía.

El sacrificar unos sólidos fundamentos para el crecimiento a largo plazo por disfrutar de un aparentemente suculento plato de lentejas en el corto plazo no suele ser una estrategia óptima. Tampoco lo ha sido esta vez.

El Banco de Inglaterra y la Revolución Gloriosa

Tras la Revolución Gloriosa, el Gobierno debía someterse al Parlamento, todo un logro para la historia de la democracia. La guerra que había desembocado en la Revolución había mermado los fondos de la Corona inglesa. A la ascensión de William y Mary siguieron varias guerras que esquilmaron aún más las arcas del Reino, hasta prácticamente vaciarlos a los cinco años de su llegada al Trono. Pero entonces se produjo otra revolución, la financiera, que le dio un vuelco a ambas situaciones.

Un escocés de nombre William Paterson llegó ante la Corona con un plan debajo del brazo: un conjunto de personas, cercanas al poder, constituirán una corporación que le realizarían un préstamo al gobierno que, en lugar de amortizarse en un plazo definido, proveería de un interés perpetuo. Esta institución tendría la facultad de comprar deuda del Gobierno, emitir billetes, comprar y vender oro y descontar pagarés. El capital original de esta institución fue de 1.200.000 libras, de las cuales 10.000 las puso William III y la misma cantidad la reina Mary II. Se constituyó en 1694 y su nombre es el Banco de Inglaterra.

El Gobierno creó dos compañías monopolísticas cuya carta se concedió a cambio de que adquiriesen títulos de deuda del Banco de Inglaterra. A la Compañía de las Indias Orientales, creada en 1709 a partir de otras empresas, se le concedió el monopolio del comercio con Asia a cambio de la compra de grandes cantidades de obligaciones del Banco de Inglaterra, llamadas “anualidades”. La Compañía de los Mares del Sur recibió el monopolio del comercio de bienes y esclavos con África a cambio de comprar 9 millones de libras en anualidades. El Banco de Inglaterra, con esos fondos, pudo financiar cantidades crecientes de deuda pública. En 1719 alcanzó los 50 millones de libras. Pronto empezó a causar cierto temor por su tamaño. Gran parte de la deuda cambió su carácter perpetuo por préstamos a largo plazo y se habilitó en 1716 un fondo de amortización a partir de la retirada de ciertos impuestos fijos. Walpole, que lideró el gobierno de 1721 a 1742, amplió este fondo de amortización para restablecer el crédito de la deuda pública. Pronto comenzaron a venderse los títulos en la Bolsa de Londres, lo que les otorgó gran liquidez.

El primer problema apuntado aquí, el de la pobreza de los fondos públicos, quedó ampliamente resuelto. ¿Qué pasó con el otro, con el triunfo del Parlamento tras la Revolución Gloriosa? Echemos antes la vista atrás para recordar cuál era el papel del Parlamento inglés. El Rey, aunque muy poderoso, tenía cierto carácter de primus inter pares. No sólo había pretendientes al trono sin poder alegar derecho de sucesión, sino que hubo varios cambios de dinastía, como es bien sabido. Sus fuentes de ingresos procedían sobre todo de sus rentas como terrateniente y su riqueza se ampliaba o dividía con las conquistas y alianzas matrimoniales. Contaba, además, con el apoyo militar con la nobleza, o con la parte de ésta con la que había logrado una alianza.

Tenía también otra fuente de ingresos. La proveían los Comunes, que se reunían para fijar las contribuciones a las necesidades del reino. Se consideraba que los impuestos eran dádivas (gifts) que se entregaban a cambio de que la Corte los destinase a ciertos usos consensuados. El Gobierno no se podía distinguir de la persona del Rey y de su Corte, con un personal bastante escaso. Su capacidad de financiación, más allá de sus propias rentas, era muy limitada e inflexible. Lo que podía sacarle a los Comunes era del orden de magnitud de varios cientos de miles de libras. Los Comunes eran una institución distinta de la Corona, y no podía disponer de ella a su voluntad.

De hecho, en eso se basaba la idea de separación de poderes o, más propiamente, de gobierno mixto de Inglaterra. Desde el siglo XVII se acuñó la idea de que aquel país había resuelto el problema clásico del gobierno expresado por Polibio de que éste siempre tendía a la corrupción: desde la monarquía a la tiranía, de la aristocracia a la oligarquía y de la democracia a la demagogia y la anarquía. Y ello gracias a que había conservado un equilibrio entre los tres principios, una monarquía que conservaba todas sus virtudes, pero que estaba fiscalizada por la democracia (los Comunes), moderados a su vez por el buen sentido de la aristocracia (la Cámara de los Lores).

La revolución financiera cambió todo eso. “A partir de entonces”, escribe Forrest McDonald en Novus Ordo Seclorum, “los tres estados del país se encarnaron en un sólo Estado, cuyos recursos y cuyo crédito comprendía todo el reino”. Y, dotado de nuevos medios económicos, el Gobierno adquirió un poder antes desconocido. Es más, esa fuente de financiación no dependía del Parlamento, por lo que podía tomar medidas al margen y en contra de sus indicaciones. La administración creció a un ritmo inaudito. Pronto surgió una corriente de opinión contraria a la revolución financiera y a sus implicaciones políticas. Esta “corriente de la oposición”, que tanto influiría en los Padres Fundadores de los Estados Unidos, veía en estos cambios una corrupción del sistema de gobierno inglés. Bolinbroke, el tory líder de la oposición a Walpole, acuñó el término “Robinocracia”, que hacía referencia a que el primer ministro seguía ejerciendo el poder en un entorno institucional aparentemente constitucional, pero corrompido por la influencia del Ejecutivo sobre el Parlamento: “El Ejecutivo posee medios para distraer al Parlamento de sus funciones propias; seduce a sus miembros ofreciéndoles puestos y pensiones (…) persuadiéndoles de que adopten medidas (Ejército permanente, deuda nacional, impuestos sobre el consumo) por las que las actividades de la administración crecen más allá de lo que pueda controlar el Parlamento”. Sí. El Gobierno podía comprar a los miembros del Parlamento con prebendas y condicionar el sentido de su voto. ¿A quién representaban ahora?

En las Cartas de Cato, John Trenchard y Thomas Gordon dejaron claro que el poder Ejecutivo era la mayor amenaza para la libertad porque podía corromper al resto de poderes, y lo había logrado gracias a su nueva capacidad financiera. Bolinbroke consideraba que, dado que el sistema financiero afectaba directamente a los hábitos de la gente, suponía una amenaza superior a todas las demás. Y veía en los créditos a largo plazo que obtenía el Gobierno una forma de beneficiar al partido de la Corte, a los adinerados que se adhieren al poder político, hipotecando a la gente (el partido del campo), que acabará pagando tales deudas con sus impuestos.

El primer banco central de la historia ayudó a corromper el gobierno mixto inglés que, lejos de acercarse a cualquier ideal de perfección, había evolucionado hacia un sistema bastante razonable, enraizado en la estructura social del país, y que dificultaba el crecimiento del poder central. Valga como ejemplo que tradicionalmente se había confiado la defensa del país a las milicias, a la propia gente armada y organizada localmente, y que se había identificado a los ejércitos permanentes (standing army) con la tiranía. Gracias al Banco de Inglaterra y a los monopolios comerciales, gracias a la corrupción del Parlamento que denunciaron desde la corriente de la oposición, William III pudo tener su ejército permanente.

Los mercados malvados antipatriotas… ¡somos nosotros!

Una de las cabezas de turco de esta crisis son, sin duda, "los mercados". A diario podemos leer y escuchar que los mercados nos están suicidando (sic) porque dictan órdenes (desde el capitalismo más salvaje) que a los gobernantes no les queda más remedio que obedecer. En realidad, todo nace del hecho que hay estados (como España e Italia actualmente) que no consiguen refinanciarse con facilidad. Los mercados, se nos dice, especulan siniestramente porque no compran deuda soberana española masivamente y la encarecen.

Bueno, veamos. Lo primero a señalar es que los mercados no pueden dirigir nada ni a nadie. El mercado es un proceso de tipo espontáneo constituido por numerosas interacciones humanas (a veces millones) que actúan persiguiendo sus fines individuales. En este proceso se crea, descubre y transmite información. Esta información relevante es de tipo práctica, dispersa y tácita no articulable. De esta manera se ajustan y coordinan de forma competitiva los planes contradictorios de los individuos y se hace posible la vida en común. No tiene sentido, por tanto, hablar de ningún órgano de planificación central del mercado. Es un proceso no intencionado y espontáneo.

Muy bien. Y cuando se habla de esos mercados especuladores, malvados y despiadados que no compran deuda soberana española (o italiana), ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quiénes son realmente? Para responder a esta pregunta deberemos mirarnos al espejo, ya que sencillamente, "los mercados"… somos todos nosotros.

Me explico. La mayoría de nosotros llevamos nuestros ahorros al banco y contratamos depósitos o suscribimos un fondo (como mínimo para que la inflación no los pulverice en poco tiempo). ¿Qué esperamos del banco? Corríjanme si me equivoco, pero lo que solemos esperar es que nos consigan la máxima rentabilidad posible. Es decir, que inviertan en aquellos valores que son seguros, fiables y con mucho futuro. ¿No es así?

¿Qué pasaría si usted se acercase al banco para ver qué tal va su fondo, y le dijesen que la rentabilidad de sus ahorros ha sido nula o incluso negativa (ha perdido parte de sus ahorros) porque fueron patriotas e invirtieron su dinero en deuda española o italiana? Lo que ocurriría previsiblemente es que usted cogería un enfado monumental, se sentiría estafado, llegaría incluso a insultar a su asesor bancario y quitaría inmediatamente todo su dinero de ese banco… ¡para meterlo en otro que sí le consiga una buena rentabilidad a sus ahorros! ¿Está de acuerdo conmigo, no? Perfecto, es usted lo que suelen llamar un especulador malvado antipatriota que participa en la tiranía despiadada de los mercados.

Pese al tono de humor que he empleado, la explicación dista mucho de ser una broma. Es la realidad. Los ahorradores e inversores no se fían del futuro de España, y por lo tanto, no van a invertir en ella pudiendo invertir en otros valores más seguros y previsiblemente más prósperos. A nadie le gusta perder dinero miserablemente o correr riesgos innecesarios. ¿Parece lógico no?

¿Y por qué los inversores no se fían de España? Muy sencillo: porque España está muy endeudada (más del 60% del PIB), con un importante déficit (entre el 9 y el 10% del PIB) y, lo que es más preocupante: sin haber cambios estructurales significativos que reduzcan este déficit y reviertan la situación. ¿El futuro no es muy alentador, verdad?

En cualquier caso, pese a la explicación que yo le he dado, usted puede dejar de participar en esta lógica de los mercados si considera que es perversa e inmoral. Sólo tiene que sacar todo su dinero del banco e invertirlo directamente en letras, bonos y obligaciones del Estado Español. Así de sencillo. ¿Se atreve?

La responsabilidad no es del viento

Durante las dos últimas semanas, los ciudadanos españoles hemos asistido a un espectáculo vergonzoso. La situación económica se agravaba a pasos agigantados; la prima de riesgo escalaba hasta más arriba de los míticos 400 enteros; la subasta de la deuda soberana se zanjaba a un precio un 12% mayor a la del mes pasado… y nuestros políticos correteando de un sitio a otro haciendo que hacen algo pero sin capacidad para mover un dedo, por diversas razones.

Decía Frank H. Knight en su trabajo Riesgo, Incertidumbre y Beneficio (1921) que la función del empresario consiste en asumir el riesgo que no se puede compensar, que no se puede asegurar. En su obra distingue entre "riesgo" (que es aleatorio con probabilidades conocidas) e "incertidumbre" (que es un fenómeno aleatorio con probabilidades desconocidas) y destaca sobresalientemente el papel del empresario en la economía. Cuando la empresa era pequeña esa incertidumbre estaba asociada al hecho de apostar tu dinero en una empresa que no sabes si va a ser una ruina o no. Pero cuando la empresa crece y se vuelve más compleja, aparece la figura del gestor, que será el que tome efectivamente las decisiones empresariales. ¿Ha cambiado de hombros la carga del riesgo-incertidumbre? No, dice Knight. El riesgo ha evolucionado, pero siempre recae en quien se juega el dinero. Ahora la incertidumbre se proyecta en la elección de ese gestor que debe llevar a buen puerto la empresa. Pero Knight deja claro que siempre se trata de tomas de decisión respecto a los medios, nunca respecto a los fines empresariales, porque los fines están determinados por el soberano: el consumidor.

Esta teoría del empresario me hace pensar la parte de responsabilidad que tenemos en la situación económica actual. Hay muchas diferencias entre la política y la empresa. En política, los ciudadanos somos los que ponemos el dinero y los consumidores a un tiempo. Es decir, establecemos los fines y contratamos al gestor que debe poner los medios para alcanzarlos.

En los últimos tres meses se ha duplicado la cantidad extra que pagamos debido a que nuestra deuda es riesgosa. Ha pasado de 200 a 400 puntos enteros. Y nadie paga las consecuencias. Los malos gestores no son solamente los ministros de economía de esta legislatura, que verdaderamente parecen empeñados en hundirnos. Sino también de aquellos políticos que pudiendo, no hicieron la reforma laboral ni arreglaron las cuentas de las autonomías, o el sistema de pensiones. Todos ellos. Y los políticos de todas las comunidades autónomas que han inflado con operaciones por debajo de la mesa la burbuja inmobiliaria. Y esos gestores de comunidades autónomas y de municipios que gastan más de lo que se puede y fuerzan la deuda en vez de ajustar el presupuesto, como cualquier ama de casa sensata haría.

Tenemos responsabilidad en cuanto a los fines que mueven a nuestros políticos porque hemos favorecido a los que nos aseguran el corto plazo pero no se fijan el largo plazo. Y eso significa que hemos preferido subvenciones a tutiplén a costa de endeudarnos. Hemos preferido los excesos de hoy sin pensar en mañana, y hemos elegido al que prometía el cielo aquí y ahora, aun sabiendo que eran cantos de sirenas.

Los fines no deben estar en manos de nuestros políticos. Su fin debe ser nuestra libertad. En el momento en que el gobierno nos adoctrina a nosotros y a nuestros hijos, nos dice qué comer, trata de manejar nuestras costumbres sexuales, y se mete en terrenos que no son suyos… y nosotros lo consentimos. ¿De qué nos extrañamos?

Obviamente el castillo de naipes de la economía se ha caído al primer golpe de viento (que ya nos advirtió el presidente lo poderoso que es) y lo que suceda ya no depende tanto de lo que hagan nuestros políticos, porque ya nadie se cree sus reformas. Dependemos de la confianza que inspiramos en el mercado, de lo que hagan los demás, de lo que pase en nuestro entorno. Esa es la impresión que se tiene.

Lo aterrador es que no hay muchas esperanzas de que la posible alternativa vaya mucho más allá. Tal vez tome las medidas necesarias para salir del hoyo, consiga que recobremos la confianza de nuestros vecinos, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta que se aseguren la poltrona? ¿Y luego? Pues eso: a seguir cebando al monstruo como ya hicieron cuando tuvieron ocasión. Llevaron a cabo mejoras económicas, sí, pero no tuvieron el coraje de emprender las reformas que habrían impedido que esta crisis nos perjudicara tanto: el mercado de trabajo, la reforma de las pensiones, la ordenación territorial, la independencia judicial, la ley electoral.

Tal vez este trago tan amargo nos haga mirarnos al espejo y entonar, en la medida que nos toque a cada cual, el mea culpa.