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Etiqueta: Dinero y sistemas financieros

Aprendamos de Corea del Norte

Sin duda se hace raro. Que desde una perspectiva liberal se ponga como ejemplo a la República Democrática Popular de Corea,  es, cuando menos, chocante.

Un régimen de partido único, el Partido de los Trabajadores de Corea, que ha creado una de las dictaduras totalitarias más feroces del mundo, que ha sumido a su pueblo en la mayor de las miserias, con hambrunas periódicas, con las libertades absolutamente cercenadas.

Un “rogue state” que dedica ingentes esfuerzos a desarrollar armamentos nucleares y se ha convertido en un peligro para sus vecinos, especialmente Japón, cuyas aguas territoriales han sido escenario de las pruebas balísticas norcoreanas y, por supuesto, Corea de Sur y que es un entusiasta colaborador de todo tipo de grupos terroristas, estados fallidos, y dictadores tercermundistas.

Un miembro honorífico del Eje del Mal, expresión muy vilipendiada por los medios progres, pero que define perfectamente a una serie de países como Irán, Cuba o Venezuela , cuyos dirigentes, tipos como Chávez, Castro o Ahmadinejad,  son un peligro para la paz, y enemigos de todo lo que significa libertad y democracia.

Un estado comunista, de verdad, auténtico…una monarquía hereditaria creada en 1.948 por Kim Il Sung, Gran Líder, Presidente Eterno de la República y cuyo vástago, Kim Jong Il, Querido Líder y Gran Dirigente heredo el poder a su muerte.

Pero no es necesario tener la talla intelectual y moral de personajes como Gaspar Llamazares , Pelayo “Willy” Toledo o el hermano de Gabilondo, para reconocer que no todo está tan mal en Corea del Norte,  y que en algunos casos, nosotros, los occidentales, las democracias, deberíamos aprender de algunas políticas llevadas a cabo en dicho país…

Y esta es una de ella.

“El régimen de Corea del Norte ejecuta al responsable de de la reforma monetaria

¡¡Bravo!! ¡El amigo Kim Jong Il ha dado en el clavo!

Estas son es el tipo de medidas que deberíamos aplicar en nuestras latitudes, auténtica terapia de choque para solucionar el problema de gasto incontrolado, déficit público descomunal y deuda hipertrofiada que padecemos…

Pues  la verdad es que otro gallo nos cantaría si tanto Bernanke en la Reserva Federal como Trinchet en el BCE, supiesen que las medidas que han tomado estos últimos años pudiesen significar para ellos otro final, más drástico y concluyente, que el retiro multimillonario que les espera con su superjubilación de lujo garantizada.

Pero ¿Por qué  limitar dichas medidas a altos responsables de las políticas monetarias? Sin duda, las enseñanzas del Querido Líder deberían ser aplicadas a todos los niveles. Ministros derrochadores, alcaldes manirrotos, responsables de empresas públicas deficitarias, artistas subvencionados y demás fauna.

Seguro que el tema de los dineros públicos empieza a ser tratado con más cuidadín…

Aunque eso sí,  dichas enseñanzas del Gran Dirigente deberían ser adaptadas a los conceptos occidentales de máximo respeto de la vida humana como valor supremo, buscando, un compromiso, una solución que conjugue la eficacia coreana con la larga tradición humanística occidental.

Y esa solución la tenemos.

Señoras y señores… “El tío la vara”

¿Aguantará Estados Unidos?

Obviamente, la situación actual, aunque herencia de ese año, no se asemeja demasiado a la de 2003. Si en esa ocasión tenía sentido formularse tal pregunta, ahora mucho más.

A lo largo de los dos últimos años, desde que comenzó la crisis, se han sucedido las reflexiones en torno a la fortaleza de la economía norteamericana. Las respuestas han sido variadas, desde los más optimistas (o menos pesimistas) que ven una recuperación inminente más o menos sólida, a los más catastrofistas, quienes llegan a prever hiperinflación o colapsos monetarios de primer orden –cayendo en la sensata crítica que Robert Higgs dedicaba a los agoreros, quien hace notar que en sus análisis nunca aborden el qué pasará después.

En el artículo de 2003, el profesor Argandoña advertía de ciertos fenómenos preocupantes dentro de la economía norteamericana, como el hecho de que los norteamericanos estaban viviendo muy por encima de sus posibilidades –con un gasto muy elevado y un ahorro ridículo–, endeudándose masivamente con el exterior y dependiendo totalmente del crédito. Pero esta práctica tenía un límite: "En cualquier momento [los países extranjeros, especialmente los asiáticos y emergentes] pueden decidir reducir su flujo de fondos hacia Estados Unidos".

Unos años después podemos constatar la insostenibilidad del crecimiento económico estadounidense de la última década, basado en una burbuja de crédito que alimentó y sostuvo una fase de artificial auge económico. Y unos años más tarde, no podría ser de mayor relevancia la advertencia que apuntaba el profesor Argandoña, referida en este caso a la deuda pública: en cualquier momento los acreedores del Tesoro de Estados Unidos pueden decidir reducir su flujo de fondos, o exigir tipos de interés sensiblemente más elevados.

Las políticas de la administración de Obama han disparado la deuda pública hasta niveles sin precedentes, como se muestra en este gráfico. El déficit público también está disparado, y las cuentas públicas empiezan a preocupar al establishment norteamericano, que alerta de un nivel de déficit "altamente insostenible". Pero puede que lleguen un poco tarde: la agencia de calificación de deuda Moody’s lanzó una importante advertencia al Gobierno estadounidense de que deben recortar gastos y controlar urgentemente el déficit, si no quieren que acaben rebajando la calidad de la deuda pública.

Si bien esto parecía impensable hace muy poco tiempo –y quizás lo siga siendo ahora–, los recientes acontecimientos nos están enseñando a no descartar escenarios posibles, por improbables que parezcan (¿quién hubiera previsto el colapso de Islandia?). Este toque de atención sugiere que nadie, por muy potencia económica que se sea, debe confiarse y permitirse el lujo de gastar y endeudarse –todavía más– como si no existiera mañana, ni intereses que pagar.

Pero quizás lo más preocupante es que los escenarios más pesimistas no sólo vienen lanzados por quienes aprovechan la mínima ocasión para predecir el colapso y la tragedia más absoluta, sino que vienen avalados, al menos parcialmente, por datos. Algunos de estos datos los analizaba recientemente el analista independiente Charles Hugh Smith.

En primer lugar, dice Smith que en este año se estima que el Tesoro necesitará encontrar compradores para alrededor de 1,6 billones de dólares en bonos estadounidenses, lo que refleja el gran y creciente agujero fiscal que se proyecta para 2010 y 2011. Esta cifra superaría la de 1,42 billones de 2009, que a su vez multiplicaba casi por tres la de 2008. Por poner estas desorbitadas cifras en contexto, los dos mayores acreedores de EEUU del mundo, China y Japón, poseen juntos unos 1,65 billones de dólares en bonos americanos. Dicho de otra manera, estos dos países deberían doblar en un solo año la cantidad total de deuda norteamericana que poseen para financiar todo el déficit.

La pregunta, pues, es obvia: ¿existirá demanda para una cantidad tan ingente de deuda pública? En el último año, según muestran algunos analistas, el ritmo de compra de deuda americana por parte del exterior se ha desacelerado, mientras que las familias norteamericanas han incrementado notablemente sus préstamos al Gobierno. El restante, que es una cantidad muy notable, ha sido absorbido por la Reserva Federal en su programa de expansión monetaria de "relajación cuantitativa" (quantitative easing).

Pero, volviendo a lo que decía el profesor Argandoña, en cualquier momento el público, ya sea nacional o extranjero, puede decidir reducir su flujo de fondos hacia la compra de bonos del Tesoro. Así que no sería improbable ver en el futuro próximo cómo suben los tipos de interés –con las consecuencias que ello genera –, como vía para atraer una demanda que escasea, y quizás unido a una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores.

Una alternativa a este escenario consistiría en que la Fed continúe expandiendo su balance mediante la compra directa de deuda pública. Pero los riesgos inflacionarios de esta estrategia deben tenerse muy en cuenta, a pesar de que es una opción atractiva para los políticos. Tampoco debe despreciarse la posibilidad, mucho más halagüeña pero quizás poco realista, de que la economía norteamericana se recupere de manera inminente, y genere los ingresos necesarios para tapar, siquiera de manera chapucera, algunos de los agujeros fiscales más urgentes.

Un riesgo añadido que perciben diversos analistas es el efecto contagio que se podría desencadenar si se recrudecen los ya graves problemas de algunos estados con respecto a su deuda soberana: la Torre de Babel de deuda estadounidense podría sufrir temblores significativos.

Entonces, ¿aguantará Estados Unidos? En estos tiempos pocas certezas acerca del futuro pueden sostenerse, y esta cuestión no es ninguna excepción. Lo que sí parece cierto es que la probabilidad de default de la deuda norteamericana ya no es cero. Aunque ciertamente, tampoco le haría ningún mal la administración Obama el sobreestimar la posibilidad de impago, si ésa es la única forma de garantizar una pizca de disciplina fiscal. 

Ángel Martín Oro escribe regularmente en su blog.

Un nuevo consenso contra la ciencia

Era una manera sencilla de evitarse entrar en el debate: si todos comulgamos con lo mismo, será que todos tenemos razón y, por tanto, que los díscolos y heterodoxos no merecen consideración alguna.

Por supuesto, eso no impedía que el consenso tuviera los pies de barro y fuera fruto de un error colectivo (supongo que la memética algo tendrá que decir al respecto), pero a quienes se escudaban en él les servía para ir medrando social y económicamente.

Nada ha hecho tanto como la actual crisis económica para demostrar que tal consenso no tenía base sólida alguna y que los presupuestos de la macroeconomía moderna deben ser reconsiderados por completo. Al fin y al cabo, la época que muchos cantaron como paradigmática, La Era de la Gran Moderación, los años de Greenspan, se reveló simple y llanamente como un período en el que se gestó una de mayores crisis económicas de la historia reciente.

Algunas de las figuras más notables de ese consenso, como Gregory Mankiw, el tombolero monetario, incluso admiten estar reflexionando sobre la conveniencia de que las entidades financieras descalcen plazos. Ya saben, aquello que la Escuela Austriaca viene denunciando desde hace décadas con más pena que gloria. Pero hay otros, muy cómodos dentro de ese consenso, que se han resistido más a levantar su acta de defunción. Fue el caso de Olivier Blanchart, economista jefe del FMI, quien hace unos meses publicó un artículo sobre "El estado de la macroeconomía" en el que insuflaba ánimos a sus compañeros de profesión, jurándoles y requetejurándoles que, pese al accidente, no estaban en coma, que todavía podían ganar los 100 metros lisos.

Lo cierto es que, por malo que fuera el artículo de Blanchart, las respuestas que recibió, como la de Krugman, no elevaron demasiado el listón: construyeron lo que en apariencia era una nueva entente fundamentada en la mediocridad y la decadencia.

Estos días, ese mismo Blanchart que consideraba que el consenso seguía vivo ha escrito otro artículo, titulado "Replantear las políticas macroeconómicas", en el que implícitamente desmiente que el estado de la macroeconomía fuera tan saludable como sostenía sólo unos meses atrás. El economista jefe del FMI se plantea que tal vez la macroeconomía moderna tenga algunas lagunas menores, sobre las que convendría reflexionar. Claro que, cuando pasa a enumerarlas, nos damos cuenta de que en realidad todo son lagunas.

El ejercicio de Blanchart es ciertamente loable desde el punto de vista intelectual, aunque llega con retraso y forzado por las circunstancias. Ahora bien, frente a la positiva actitud de poner el dedo en la llaga sobre asuntos en los que el consenso simplemente actuó como un obstáculo para el progreso científico, parece que Blanchart quiere edificar inmediatamente… otro consenso. Tras leer su artículo, uno le imagina diciéndose algo así como: "Vale, bien, de acuerdo: llevamos 20 años creyendo que esto era así y la hemos pifiado; pero no pasa nada, porque en apenas unos meses hemos descubierto que las cosas son de otra manera que rápidamente volveremos a convertir en dogma".

Da la impresión de que algunos viven demasiado bien instalados en un mundo en que no sucedan ciertas cosas como, por ejemplo, cuestionar la existencia de la institución que le paga el sueldo a Blanchart, el FMI. Es humanamente comprensible, pero eso no quita para que otros rechacemos el nuevo consenso precocinado que estos sacerdotes nos ofrecen.

Básicamente, Blanchart afirma que la sabiduría convencional pensaba que la estabilidad macroeconómica podía alcanzarse con una inflación persistentemente baja que podía ser controlada por el tipo de interés fijado por el Banco Central y donde, por consiguiente, la política fiscal y las regulaciones eran irrelevantes.

En su opinión, es esta proposición la que se ha mostrado fallida durante esta crisis. Así, el economista jefe del FMI sugiere que una baja inflación ni es suficiente para evitar la recurrencia de las crisis económicas (pues hay otras variables que influyen, como la acumulación de crédito) ni necesariamente beneficiosa, si la economía ha caído en la llamada "trampa de la liquidez" y el Banco Central pierde su capacidad para estimularla artificialmente. Para evitar las crisis propone un marco regulatorio más omnicomprensivo y una política monetaria más heterodoxa, en la que el banquero central utilice todos los mecanismos posibles para inflar el crédito y evitar su colapso. Y para combatir las crisis defiende una política fiscal de mucho mayor calado que la actual (para ello, los Estados deberían sanear sus cuentas en época de bonanza) y la necesidad de que los Bancos Centrales generen inflación con tal de salir de la trampa de la liquidez.

El problema de sustituir un consenso por otro a bote pronto es que todo degenera. En este caso, si bien aplaudo que se reconozca que el marco teórico precedente tenía sus muy graves deficiencias, no puedo sino horrorizarme ante el nuevo que algunos proponen. Al menos el anterior no pretendía controlar cada engranaje de la economía, lo que dejaba al sector privado un cierto espacio para generar riqueza sin padecer los embates de demasiadas moscas cojoneras; con el nuevo, los instrumentos de política económica en manos del Estado se multiplican y se abandona cualquier atisbo de prudencia: inflación monetaria a tutiplén, déficits públicos desacomplejados, regulaciones draconianas…

Todo, por no admitir que el origen de los problemas proviene de nuestro perverso sistema monetario. Seamos claros: si los bancos descalzan masivamente plazos, se apalancan a corto plazo hasta grados insostenibles; dan lugar, con ese crédito desligado de los ahorros reales, a malas inversiones en el sector real de la economía; provocan inflaciones cuando el crédito crece y deflaciones cuando el crédito se contrae, colocan a unas hiperendeudadas familias y empresas en una posición de iliquidez e insolvencia tal que no pueden reanudar sus actividades hasta reestructurar sus cuentas y empresas; si hacen todo esto es porque tienen la certeza de que podrán refinanciar sus enormes pasivos en el Banco Central siempre que lo necesiten.

En este contexto, la regulación puede servir para contener de alguna manera el grado de expansión crediticia que el privilegiado sistema bancario promueve (por ejemplo, requiriendo mayores ratios de solvencia), pero no cambiará su contenido esencial (entre otras cosas, porque los que proponen regular son los mismos que se niegan de plano a impedir que el Banco Central expanda el crédito): un crecimiento insostenible del crédito apartado de los ahorros reales de la economía.

Los déficits públicos no son herramientas que permitan reanimar la economía, en esencia porque son totalmente procíclicos en época de crisis, pese a que la profesión económica piensa lo contrario. No hay nada más suicida que seguir cebando el endeudamiento en una depresión que estalla por el insostenible nivel de deuda y las malas inversiones a que aquélla ha dado lugar. Blanchart afirma que si los gobiernos hubiesen tenido más capacidad para rebajar los tipos de interés y para incrementar el déficit público, hubiesen estado "mejor preparados para combatir la crisis". Lo cual tiene una refutación empírica clarísima, que se resume en una palabra: España.

Nuestro país entró oficialmente en la crisis, allá por septiembre de 2008, con un envidiable endeudamiento público: alrededor del 38% del PIB, y unos tipos de interés (marcados por el Banco Central Europeo) tirando a altos, del 4,25%. Desde entonces, el Gobierno de Zapatero ha incurrido en enormes déficits presupuestarios y los tipos han caído hasta el 1%, y sin embargo nuestra economía está a la cola de la recuperación mundial.

No olvidemos que recuperarse de una crisis implica reestructurar el activo (inversiones) y el pasivo (instrumentos de financiación) de los agentes económicos, y el gasto público desbocado sólo contribuye a degradar el pasivo (añadiendo más deuda a los ciudadanos) y a impedir el reajuste del activo (sosteniendo artificialmente la demanda de las inversiones fallidas).

En lugar de admitir que hemos estado discutiendo sobre el sexo de los ángeles durante 50 años en lugar de haber profundizado en los problemas macroeconómicos fundamentales (cuáles son las características del buen dinero, cuál es el marco en el que puede crearse y acumularse saludablemente el crédito, cómo detectar la acumulación de mal crédito, qué consecuencias tiene esto último sobre la estructura de capital, cuáles son las respuestas de los agentes ante su iliquidez y cómo facilitar su reajuste, cómo varía el valor del dinero y los tipos de interés según la situación financiera de los agentes…), nos hemos perdido en macroagregados irrelevantes (oferta agregada, demanda agregada, nivel general de precios, tipo de interés de la economía, tasa de paro, stock de capital, oferta monetaria…) propios de dirigistas ciegos que no entienden nada del proceso económico pero que pretenden manejarlo a su antojo.

No es de extrañar que, ante la implosión de sus falaces recetas, busquen ahora otras nuevas que les permitan conservar sus privilegios. ¿Hasta la próxima crisis?

Eurofracaso

No es que fuera impensable que pudiese funcionar, pero era ciertamente muy difícil. El euro impone una misma política monetaria a países muy distintos. Sólo es viable si la política fiscal de todos sus miembros es estable, de ahí los criterios de Maastricht. Pero la moneda común se enfrentaba a varios riesgos y parece haber caído en todos.

Por un lado, quienes marcan la política monetaria son dos países, Francia y Alemania, y anteponen sus intereses a los del resto de la mal llamada Unión. Por otro, actúa en un contexto global y tras la crisis de las puntocom y del 11 de septiembre de 2001, optó por ir en comandita con la Reserva Federal para apostar por una política monetaria laxa. No tienen por qué reaccionar todas las economías del mismo modo y, de hecho, no lo hacen. En España, las tasas de crecimiento de los préstamos hipotecarios arqueaban las cejas, y son sólo una parte del aumento del crédito, que era llamativo. Decidimos ponernos a invertir y consumir tomando prestado del exterior, y acumulamos un déficit por cuenta corriente espectacular.

Por lo que se refiere a la política fiscal, no es ya que los distintos países puedan optar por seguir caminos diferentes. O que baste una crisis económica para que todo el mundo se dedique a hacer keynesianismo cutre a costa de la moneda. Es que la opinión griega no es igual que la alemana. Ni la española es como la de Luxemburgo. Los griegos, con un Gobierno conservador, se han lanzado a una política de gasto sin medida. Y si votaron a los socialistas no es porque quisiesen menos socialismo. Los griegos, sencillamente, han huido de la disciplina fiscal necesaria para mantenerse dentro del euro. Y esa cultura económica fallida es muy difícil de cambiar.

Todas las monedas, la peseta, el dólar, la libra, el franco, cogían sus nombres de medidas de pesos, porque indicaban la cantidad de oro o de plata. ¿Qué es un euro? ¿Qué nos dice su nombre? No nos habla de una moneda surgida por haberse probado en el mercado, sino de un acuerdo político. Por eso está a punto de fracasar. Nos habría ido mejor si pudieran entrar varias monedas en competencia, y todos pudiésemos elegir la que quisiésemos. Pero eso es muy poco europeo.

La depresión de los bajos tipos de interés

¿Qué significa esto? Básicamente que los agentes económicos valoran más los bienes presentes que los bienes futuros. A saber, que todo el mundo prefiere disponer de 100 euros hoy a 100 euros dentro de cinco años y que los agentes sólo estarán dispuestos a renunciar a la disponibilidad de 100 euros hoy a cambio de algo más de 100 euros mañana. Ese "algo más" son los tipos de interés: si los individuos valoran mucho más los bienes presentes que los bienes futuros, los tipos de interés serán altos, y si ven mucha diferencia entre ambos, serán bajos.

El tipo de interés, por tanto, permite a los agentes coordinarse a lo largo del tiempo: unos renuncian a la disponibilidad de los bienes presentes hoy (los ahorradores) para que la ganen otros (los empresarios que invierten) a cambio de que estos otros les devuelvan en el futuro una cantidad incrementada de bienes futuros.

El problema empieza a surgir cuando los agentes manipulan este intercambio entre bienes presentes y bienes futuros. Si el sistema bancario presta más dinero del que otros agentes han ahorrado, el crédito crecerá de manera desmesurada: habrá más agentes que querrán controlar bienes presentes que bienes presentes disponibles para ser controlados. De ahí que a las expansiones crediticias siempre sean seguidas por períodos de inflación y de repuntes incontrolables de los tipos de interés: cuando la gente quiere dominar más bienes presentes de los que existen, eventualmente el valor de los bienes presentes sobre los bienes futuros (tipo de interés) repunta.

Los bancos centrales pueden manipular durante un tiempo los tipos de interés, pero no indefinidamente. Mientras no aprendan a manejar aquello de multiplicar panes y peces –es decir, mientras no creen de la nada bienes presentes–, les será imposible mantener indefinidamente los tipos de interés por debajo de los que vendrían justificados por el mercado. Por eso a la Fed y al BCE no les quedó más remedio que aceptar sus subidas en 2005, 2006 y 2007 y por eso cuando la Fed en 2008 trató de reducirlos, el mercado le hizo una peineta.

Pero entonces, ¿a qué se debe que los tipos de interés estén tan sumamente bajos a día de hoy? Pues a que los agentes están renunciando a controlar bienes presentes: cuando una empresa quiebra o una familia vende su vivienda, está mandando la señal de que renuncia a controlar esos bienes y, por tanto, el valor de los mismos en relación con los bienes futuros se reduce.

Hay muchos hoolingans de la banca central que sostienen que la Reserva Federal debería mantener bajos los tipos de interés hasta que se produzca la recuperación… e incluso más allá si esto contribuye a apuntalarla. No entienden que no es la banca central hoy la que mantiene bajos los tipos de interés, sino una estancada demanda de crédito. Se puede llevar el caballo al río, pero no forzarlo a beber.

De ahí que Trichet haga bien en advertir de que los tipos de interés subirán en el futuro y que no hará esfuerzos inflacionistas para mantenerlos artificialmente bajos. En la medida en que la economía se recupere y los empresarios quieran volver a invertir (a controlar más bienes presentes), los tipos de interés deberán subir. Lo contrario sólo generaría inútilmente inflación.

Quienes ansían una sociedad de tipos de interés bajos e incluso tipos de interés negativos no entienden qué significa semejante escenario: un estancamiento de la vida económica hasta tal punto que nadie quiere invertir nada. Como le decía hace unas semanas Scott Sumner a Russell Roberts, espero que los tipos de interés suban, de lo contrario significará que nos habremos hundido en la depresión.

Ahí lo tienen: los tipos de interés más bajos de la historia de Occidente los han disfrutado los Estados Unidos durante toda la Gran Depresión y el Japón de los últimos 20 años. Que les aprovechen. Yo prefiero una sociedad solvente y dinámica donde haya agentes dispuestos a invertir y a no morir ahogados en sus deudas. Algunos parece que sueñan con reinflar la burbuja antes de que termine de explotar. Al menos tengan el pudor de esperar un poco hombres de bien.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

¿Necesitamos un banco central?

Según cuenta Shermer, Gates respondió: "Eso no funcionaría, necesitamos a la Reserva Federal para evitar movimientos extremos en la inflación y la deflación". Curiosa manera de justificar la existencia de ese banco central, que desde su creación ha hecho perder al dólar más del 95% de su valor.

Ya ha pasado casi un siglo desde que el nacimiento de la Fed, y hace mucho más que otras naciones occidentales, como Inglaterra, cuentan con sus propias entidades emisoras. Nos hemos acostumbrado a pensar que el dinero es un monopolio natural del Estado, y no concebimos cómo sería un mundo en el que la acuñación de moneda fuera libre y no existieran las leyes de curso forzoso. Pero lo cierto es que EEUU ha vivido la mayor parte de su historia sin banco central, y quien dice EEUU dice Canadá, que sólo lo tiene desde hace 80 años.

Las razones que suelen aducirse a favor de que el dinero siga siendo un monopolio público no están demasiado claras –basta ver las que utiliza Gates–, sobre todo si tenemos en cuenta que vivimos en un mundo en el que hay –en muchos lugares– libertad de capitales y en el que no existe un banco central global (tampoco una ley de curso forzoso universal). Cualquier ciudadano español puede abrirse hoy cuentas corrientes en dólares, formalizar un contrato de compraventa internacional pagadero en libras y contratar una hipoteca en yenes.

No parece, pues, que argumentos tan simplistas y frecuentes como el de que la pluralidad de medios de pago incrementa los costes de gestión y transacción de la unidad monetaria tengan especial relevancia en la actualidad.

Otro motivo que suele aducirse a favor de los bancos centrales –un motivo que parece más sensato– es la necesidad de que haya un prestamista de última instancia al que puedan acudir los bancos para descontar sus activos y proveerse de liquidez. En este sentido, la experiencia estadounidense suele ser descrita como paradigmática: hasta que se estableció la Fed, los pánicos bancarios estaban a la orden del día.

No voy a ser yo quien me oponga a la idea de fondo que contiene ese razonamiento. Sin embargo, la defensa que suele hacerse del mismo peca de simplista y errónea. Primero, porque tampoco queda muy claro que la Fed haya conseguido estabilizar el sistema bancario estadounidense, como bien ilustran la Gran Depresión y la crisis actual. Segundo, porque tampoco está claro que en el s. XIX, cuando los bancos centrales eran menos habituales, hubiese más pánicos bancarios que en el XX. El economista e historiador Charles Calomiris sostiene más bien lo contrario, esto es, que el número y la intensidad de las crisis bancarias es mayor en la actualidad que hace 100 años; lo cual, si bien no demuestra per se la superioridad de los sistemas que no se dotan de un banco central, sí pone bastante en duda la supuesta capacidad estabilizadora de nuestros bancos centrales. Tercero, las crisis bancarias estadounidenses del s. XIX estaban más relacionadas con las draconianas regulaciones bancarias que con la ausencia de un banco central; así, los bancos no podían abrir sucursales en más de un estado (y muchas veces ni siquiera dentro del mismo estado), y sólo tenían permitido emitir dinero contra deuda pública: lo primero provocaba una concentración de los riesgos y lo segundo una profunda incapacidad para gestionar los medios de pago que necesitaban los agentes económicos. Y cuarto: Canadá no padeció una sola crisis bancaria… hasta que se dotó de un banco central.

Cada vez tengo más claro que hay que desmitificar, para bien y para mal, la naturaleza de los bancos centrales. Un banco central no es más que el banco de los bancos (y en muchas ocasiones también el banco del Estado); su papel es muy necesario (como cámara de compensación interbancaria, como depósito centralizado de las reservas del país y como prestamista de última instancia), pero no tiene por qué desempeñarlo el Estado, ni siquiera es necesario que lo desempeñe un banco privado en régimen de monopolio. Si se desnacionalizara el dinero, como proponía Hayek, muy probablemente tendríamos diversos bancos de bancos compitiendo entre sí, incluso en un mismo territorio.

Es más: en cierta medida, en todo sistema bancario se desarrollan las funciones que en nuestras economías concentra el banco central. Siempre ha habido bancos que actúan como depositarios de otros bancos, a los que éstos acuden para obtener liquidez en momentos puntuales (incluso hoy tenemos un intensísimo mercado interbancario); dentro de éstos, la nota distintiva de los centrales era que se encontraban en el centro del sistema financiero, en aquellas urbes donde se realizaba la mayor parte de los pagos, es decir, donde tenía más sentido disponer de reservas de dinero.

Personalmente, no le veo ventajas a un banco central monopolístico frente a un sistema de bancos centrales privados en competencia, y sí, en cambio, muchos inconvenientes. Los bancos privados tienen fuentes incentivos para emplear sus reservas en descontar los activos líquidos de los bancos comerciales en caso de necesidad, de modo que no tendrían por qué producirse restricciones artificiales del crédito; de hecho, con varios bancos de bancos en competencia, ante un pánico bancario algunos podrían optar por restringir el crédito, mientras que los otros podrían elegir incrementar sus descuentos. Una variedad de opciones que no existe en los regímenes de monopolio, donde la política sólo es una y nada impide que, contrariamente a lo que recomendaba Bagehot, sea una política de restricción del crédito al buen papel comercial.

Por consiguiente, ¿qué nos queda para defender la existencia de un banco central monopolístico? La verdad es que no mucho. Se me ocurren dos argumentos… que en realidad son el mismo: por un lado, el banco central tiene que facilitar el cumplimiento de ciertos objetivos macroeconómicos, como la reducción del desempleo y la estabilidad de precios; por otro, los bancos centrales privados podrían no estar interesados en prestar a los deudores ilíquidos o insolventes, cuando esto puede ser necesario ora para expandir la economía, ora para aplacar un pánico.

Como digo, esta última intentona pasa por defender que el banco central no se guíe únicamente por consideraciones económico-empresariales, sino por criterios políticos: a saber, que habrá ocasiones en las que sería necesario inflar artificialmente el crédito en perjuicio de la liquidez del banco central, y, como es lógico, las empresas privadas no tendrían incentivos para hacerlo.

Sin embargo, me temo que precisamente ésta sea la razón más importante para abogar por la… eliminación de los bancos centrales. Los bancos privados, en ausencia de paracaídas y colchones estatales, tienen, como digo, fuertes incentivos para preservar su liquidez. Es la aparición del banco central público y de sus préstamos indiscriminados a todo tipo de bancos, con independencia de la calidad de sus activos, lo que favorece que los segundos se sumen a la orgía de expansión del crédito sin respaldo de ahorro real, origen de los ciclos económicos en las sociedades capitalistas.

No existen beneficios económicos en el hecho de que el banco central provoque una inflación del crédito, pues la dilución del valor de las deudas perjudica a los acreedores y el estímulo artificial del empleo es sólo consecuencia de la iniciación de un ciclo económico que más adelante revertirá.

De ahí que el motivo último de que los bancos centrales continúen existiendo no sea otro que el deseo de intentar someter las leyes económicas a los caprichos políticos, la buena gestión al despilfarro y la ciencia a las supersticiones. Por eso hay que eliminarlos; no para que nadie haga lo que ellos hacen, sino para que desaparezcan las prácticas nocivas en las que ahora incurren y que en un mercado financiero verdaderamente libre nadie o casi nadie adoptaría por falta de incentivos.

Salvar la economía puede ser perjudicial

El rampante incremento del intervencionismo de los diferentes gobiernos sobre la economía con la excusa de salvar el sistema financiero de su colapso y evitar el fin del mundo, podría tener consecuencias permanentes sobre la estructura económica de las naciones desarrolladas, en especial de los sistemas financieros y bancarios.

Así lo piensa el profesor de economía y estudioso del sector público y el Gobierno, Randall Holcombe. En su artículo Transformando América: Los programas de estímulo Bush-Obama, argumenta que las medidas aplicadas como respuesta a la crisis van a "transformar (negativa y) permanentemente a la economía americana". Para Holcombe, estas medidas son: la política expansiva y no convencional de la Reserva Federal –compras masivas de deuda pública y de activos del sector bancario de dudosa calidad–, el Programa de Alivio de Activos Problemáticos (TARP, Troubled Asset Relief Program), el plan de estímulo de gasto público de Obama y los rescates de compañías financieras y automovilísticas.

Y esto a pesar de las declaraciones de algunas de las principales autoridades económicas –como la del (sospechoso y nada transparente) secretario del Tesoro norteamericano Timothy Geithner– que han insistido una y otra vez en que estas intervenciones eran meramente temporales y de emergencia. Incluso hay quienes, como el ex presidente George W. Bush, se arrogaron el papel de salvadores del sistema de libre mercado: "Con el fin de asegurar que la economía no se desplome, he abandonado los principios del libre mercado para salvar el sistema de libre mercado", declaraba el 16 de diciembre de 2008. Una idea muy similar a la sostenida por quienes piensan que J. M. Keynes en los años 30 trataba de salvar al capitalismo de libre mercado de sus propias e inherentes inestabilidades mediante la aplicación de políticas intervencionistas de gasto público y estímulo monetario.

Lo más probable es, sin embargo, que estas políticas, programas, agencias, y empleos públicos perduren, en una clara manifestación del Efecto Trinquete. Pero nadie podrá decir que no ha existido una frenética actividad en los últimos tiempos.

Desgraciadamente, esta actividad no ha sido económica –en forma de generación de empleos productivos o apertura de nuevas empresas– sino principalmente política y burocrática. Las autoridades políticas y monetarias han tenido que hacer horas extras para tratar de averiguar cómo resolver los graves problemas que asolan a las economías avanzadas. Aunque, parafraseando al inversor Jim Rogers antes de las cumbres del G20, igual habría sido mejor que en lugar de trabajar tanto, se hubieran tomado un par de años sabáticos.

Una de las maravillosas consecuencias de este intenso trabajo de los políticos es el brutal incremento del déficit público de los países desarrollados (si bien parte de esto se debe a los llamados "estabilizadores automáticos"). Las implicaciones de seguir por este camino y empecinarse en no hacer los deberes (dolorosos, sí, pero, ¿a quién le gusta hacer los deberes?) podrían llegar a ser tenebrosas. Como los malos alumnos, el Gobierno español está retrasando hasta el último día las tareas pendientes, y puede que cuando llegue el día del examen ya sea demasiado tarde, o se tenga que hacer todo a la fuerza, tarde y mal.

A medida que avanza el tiempo, organismos oficiales como el Banco Central Europeo –raramente dado a aceptar escenarios extremadamente pesimistas, y con la prudencia y corrección diplomática que lo caracteriza–, o reputados analistas, como Roubini Global Economics, van alertando de las negativas consecuencias de los aumentos desorbitados de la deuda pública, hablando incluso de degradaciones de la calidad de la deuda soberana y expulsión de países miembros de la zona euro. Un escenario que ya se rumoreaba hace más de un año.

La cruda realidad de la crisis financiera está empezando a asomar la cabeza en las finanzas de los mismos gobiernos, a pesar de lo que podría parecer tras el auge de empleos y remuneraciones que vive parte del sector público. Quienes parecían ser inmunes, y no necesitaban ajustarse para nada el cinturón –más bien, todo lo contrario–, están recibiendo ahora numerosos jarros de agua fría.

Lo cierto es que los efectos distorsionadores del ciclo económico, generado por las abultadas expansiones crediticias lideradas por los bancos centrales, también afectan a los gobiernos y sector público, induciéndoles a graves errores de previsión en sus presupuestos, cuya adecuación y sostenibilidad depende de la continuidad de la burbuja del crédito, algo a todas luces imposible.

Así, si en la etapa de auge –por ejemplo, durante la burbuja inmobiliaria– ayuntamientos y Estados ven llegar dinero a espuertas, gracias a la mayor recaudación debida al incremento de la actividad –entre otros, se disparan las transacciones inmobiliarias y en consecuencia la recaudación por impuestos sobre bienes inmuebles–, en la etapa de recesión los ingresos se hunden y crecen las dificultades.

Pero aquí el sector público tiene un as en la manga: su naturaleza coercitiva le permite burlar la disciplina que el mercado sí impone a las empresas privadas. De esta manera, en vez de que los gestores de lo público paguen por sus errores, tienen la fantástica alternativa de recurrir al siempre dispuesto y generoso contribuyente mediante el endeudamiento público o las subidas de impuestos.

No obstante, esto tiene un límite, como ha puesto de manifiesto la reciente situación de, entre otras zonas, el estado de California. Este límite es la capacidad de aguante de la gente ante futuras subidas de impuestos y de los exigentes inversores para financiar la creciente deuda pública.

Y en este límite es en el que se están moviendo algunos países, dentro de los cuales –sin necesidad de recurrir a un grado exacerbado de sentimiento antipatriota– me temo que se encuentra España.

Ángel Martín Oro escribe regularmente en su blog.

¿El impuesto Robin Hood?

…un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales. Originalmente fue concebida para penalizar transacciones de divisas muy a corto plazo para evitar situaciones de inestabilidad, luego fue apropiada por el movimiento anti-globalización para reclamar un impuesto del 1% sobre todas las transacciones financieras internacionales para "castigar la especulación" y ahora, en un nuevo giro propagandístico, los socialistas la han rebautizado como el "impuesto Robin Hood" y le atribuyen una función básicamente redistribucionista.

Según los firmantes de la petición, la crisis ha demostrado "los peligros de la desregulación financiera" y un mero impuesto del 0,05% serviría para recaudar cientos de miles de millones de euros. La tasa, dicen, se aplicaría a las transacciones financieras y no afectaría al ciudadano de a pie. Los fondos deberían destinarse a mitigar la pobreza y el cambio climático.

Para empezar, no estamos ante un mercado monetario "desregulado" o "libre". El banco central, un órgano de planificación de corte soviético, actúa como prestamista de última instancia y expande la oferta monetaria manipulando el precio más importante de la economía, el tipo de interés. Esta interferencia en el mercado crea un grave riesgo moral y estimula la iliquidez de los bancos, inflando una burbuja que luego estalla en forma de crisis. Un impuesto del 0,05% a las transacciones financieras no tiene ningún efecto sobre la generación de estas burbujas y es contraproducente en otros aspectos. Si lo que quieren esos 350 economistas es poner coto a los ciclos económicos, que pidan el cierre de los bancos centrales o el retorno del patrón oro.

Se habla de penalizar la especulación financiera como si fuera algo positivo. En el peor de los casos es contraproducente, y en el mejor de los casos es inútil. Es contraproducente cuando se trata de especulaciones que incrementan la negociabilidad de los activos. Los especuladores actúan a menudo como una suerte de intermediarios. Al comprar un bien para revenderlo más caro en el futuro, o venderlo para recomprarlo más barato, están aplanando los precios a largo plazo, facilitando a los inversores la compra y venta de activos.

El gravamen es inútil a la hora de mitigar los efectos de la expansión crediticia. Es posible que reduzca el uso de determinados instrumentos de endeudamiento a corto plazo, pero los bancos pueden dar salida al crédito artificial mediante otras operaciones.

Lo que sí conseguiría este nuevo "impuesto de Robin Hood" es encarecer el movimiento del capital y dificultar la inversión en países pobres. Además, el impuesto acabaría repercutiendo en el cliente con una cuenta bancaria, una póliza de seguro, una hipoteca, un crédito o un plan de pensiones. Sus proponentes aseguran, por un lado, que el impuesto es pequeño, pero por el otro prometen una ingente recaudación de 400.000 millones de dólares, casi la mitad de los beneficios de la industria bancaria. Es absurdo pensar que los bancos no van a trasladar ese coste a los consumidores.

Afortunadamente, como señala Madsen Pirie, es improbable que este impuesto llegue a materializarse, pues requeriría un acuerdo global de todas las jurisdicciones. Esta clase de consensos internacionales, como ilustra el estancamiento de la Ronda de Doha para liberalizar el comercio mundial, son difíciles de conseguir.

Si lo que quieren es ayudar a los países pobres, que hagan una campaña para que la Unión Europea suprima el proteccionismo agrícola y el Tercer Mundo pueda competir libremente con los productores locales. Es una reforma más simple y marcadamente progresiva (aunque en este caso la transferencia de renta de ricos a pobres sería voluntaria, como debe ser).

¿Realmente este impuesto que perjudica al ciudadano medio y dificulta la inversión en países en desarrollo merece ser asociado con una figura como Robin Hood, el amigo de los pobres? De nuevo hay que recalcar a los estatistas que las buenas intenciones y la indignación moral no les eximen de la responsabilidad de encontrar soluciones prácticas a los problemas.

Cabe recordar también a los hurtadores de narrativas que Robin Hood no robaba a los ricos para ayudar a los pobres. "Robaba" al tirano Rey Juan y a su séquito para devolvérselo al ciudadano. Como dice Guido, Robin Hood debe estar revolviéndose en su tumba viendo cómo son los que defienden una subida de impuestos quienes reivindican su nombre.

Albert Esplugas Boter es miembro del Instituto Juan de Mariana, autor del libro La comunicación en una sociedad libre y escribe regularmente en su blog.

Un nuevo paso para destruir el derecho

No por casualidad, se trata de un paso más en el camino emprendido por el Gobierno que padecemos hacia un régimen despótico y arbitrario, cuya función esencial consiste en favorecer a distintas cuadrillas de amiguetes con la fuerza coactiva del Estado.

Sin embargo, creo que esta vez el Gobierno se ha dejado llevar por las prisas. El objetivo de conseguir que un órgano administrativo tome la decisión de cerrar las webs de enlaces para descargas (¿sólo?) por la presunta vulneración de derechos de propiedad intelectual, les ha llevado a pergeñar una argucia leguleya de fácil impugnación.

Sin ser ideal ni mucho menos en la actualidad el cierre de una página en internet cuyo servidor esté establecido en España y albergue enlaces a otras u ofrezca por sí misma los contenidos, puede acordarse como medida cautelar en dos tipos de procedimientos. Bien porque lo decide un juez de instrucción, en el curso de un procedimiento penal por la comisión de algún delito; o bien porque un juez de lo mercantil o uno de primera instancia así lo decida dentro de un procedimiento civil, previa solicitud de una amplia lista de legitimados, que incluye de forma muy peligrosa no solo a los directamente afectados, sino también a representantes de intereses difusos.

Es cierto que, además, la confusa Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información (en adelante LSSI) estableció la posibilidad de sanciones de ese tipo en el ámbito de un procedimiento administrativo (e incluso su ejecución provisional) siempre que se atente o pueda atentarse contra una lista de vagos principios, aunque subordina la resolución administrativa a la decisión judicial cuando se incida sobre derechos fundamentales.

Asimismo, existe la posibilidad de que las autoridades españolas sean requeridas para ejecutar una decisión de este tipo adoptada en un país miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo, donde su ordenamiento jurídico permita un cierre administrativo.

Aun con todo, se nota que los autores de esa disposición del anteproyecto están avisados de las garantías constitucionales que se oponen a un cierre gubernativo de una página web. Es por esto por lo que comienzan por retorcer la legislación vigente e incluyen en la LSSI la vulneración de derechos de propiedad intelectual (una materia civil o penal) entre las materias que merecen una protección administrativa. A continuación, pretenden crear una sección segunda (S.S) dentro de un órgano dependiente del Ministerio de Cultura, la comisión de propiedad intelectual, en el que –a semejanza del modelo corporativo fascista– se anuncia la incorporación de las entidades de gestión de derechos (léase SGAE) como componentes decisivos. Lo cual pone de manifiesto que los amiguetes del Gobierno no están contentos con haber saturado los juzgados de lo mercantil con muchas de sus extravagantes demandas. Quieren tener la sartén por el mango. Este comité tan ecuánime será el encargado de adoptar las resoluciones administrativas sobre "la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial".

Tomada la decisión se remitiría a un juez central de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional para que resuelva en un plazo de cuatro días sobre su ejecución, si afecta las libertades de expresión y opinión, después de oír a las partes personadas. Ni siquiera se prevé una vista propiamente dicha.

Este procedimiento de excepción, que se incrustaría en el nuevo artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual, vulnera crasamente los artículo 20.5 y 117.3 de la Constitución, en la medida que limita la función jurisdiccional a resolver sólo sobre la ejecución de una decisión administrativa que forzosamente incide sobre los derechos fundamentales a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Lo curioso es que los redactores no se han preocupado de proponer la supresión de los preceptos de la LSSI (artículos 8.1 y 40.2) que reconocen la competencia judicial para acordar órdenes de interrupción del servicio o retirada de contenidos, de acuerdo al artículo 20.5 de la Constitución. De esta manera, si se aprueba el texto conocido, no sólo se vislumbraría una antinomia más, sino que se dejaría un rastro del carácter manifiestamente inconstitucional que, en cualquier caso, la introducción de una regulación de ese tipo tendría.


José Antonio Baonza
Díaz es abogado y miembro del Instituto Juan de Mariana

¿Los masones contra Zapatero?

…países que, a excepción del tercero, integran una Unión Monetaria a la que dudo que quieran hacer estallar por los aires.

Aun así, nada se interpone entre el disparate y la lengua de un socialista cuando de defender a Zapatero se trata. De este modo, D. José Blanco, ese eminente estadista en el que durante años muchos no vieron más que al Sancho Panza de Zapatero, no ha vacilado en anunciar una conspiración internacional contra el paraíso socialista que, contra viento, marea y neocons, nuestro egregio presidente esta instaurando en España.

Al parecer, los especuladores internacionales no tendrían nada mejor que hacer que tratar de derribar el Gobierno de ZP, abanderado en la lucha por regular a estos señores y por despojarles de su impunidad para arruinar países enteros, por lo que se habrían dedicado a pergeñar "maniobras turbias" que desestabilizaran nuestros mercados financieros. Por ejemplo, vender todo aquello que lleve asociada la marca España, incluso las acciones de un banco como el Santander que acababa de presentar los mayores beneficios de su historia.

Sin embargo, tal vez cabe una explicación alternativa que no sé si habrá considerado D. José: que efectivamente la economía española sea cada vez una inversión más arriesgada y que nadie quiera depositar en ella su dinero a menos que espere obtener rentabilidades mucho mayores que antes. Cierto que España no es Grecia, pero liderada por Zapatero va camino de serlo. Entenderá, pues, que a quien piense invertir a varios años en España no le preocupe tanto cómo estamos hoy, sino cómo vamos a estar mañana. ¿Y acaso es del todo descartable que degeneremos a una situación similar a la griega? No, porque a menos que Zapatero rectifique, en esos estamos ya. De hecho, precisamente porque con este rumbo vamos camino del abismo, Zapatero ha rectificado (o más probablemente le han hecho rectificar) en asuntos tan críticos como las pensiones, el gasto público o la reforma laboral.

Si según D. José todo son maniobras infundadas, ¿por qué rectifica ZP? Quizá porque los ritmos actuales de despilfarro son insostenibles y los mercados ya se están dando cuenta. La incógnita es ahora si el PSOE conseguirá sacar adelante las reformas que precisa nuestra economía y en esto, permítame excelentísimo ministro de Fomento, que tanto los malvados especuladores como un servidor tengamos serias dudas, sin necesidad de que meta en la ecuación turbia maniobra alguna.

No es cuestión de que el mercado sea una selva en la que los depredadores con más dinero pueden devorar sin miramientos a unas pobres hormigas progresistas cuyo incontenible altruismo les quitó tiempo para enriquecerse. No, cualquiera con un capital suficiente puede hacer mover al mercado en una dirección justo un segundo antes de que otro con el mismo capital o muchos con pequeños capitales lo hagan mover en la contraria. Porque, no lo olvidemos, si estamos diciendo que merced a las distorsiones judeo-masónicas las acciones de las empresas españolas están artificialmente baratas o que la deuda pública española ofrece rentabilidades mucho mayores a las que justificaría su riesgo real, entonces debería haber cantidades ingentes de inversores ansiosos por forrarse mediante la adquisición de esos activos a unos precios tan atractivos. Pero no los hay, simple y llanamente porque Zapatero, y no los especuladores, ha terminado por cargarse una economía ya debilitada por la propia burbuja que el Banco Central Europeo, y no los especuladores, sentó las bases para crear.

Ya ve D. José, quizá no se trate de que haya una campaña para convertir a Zapatero en un demonio, sino de que muchos, al verlo, ya lo identifiquen con uno. Motivos los tendrían sobrados, aunque más que con cuernos y rabo, habría que imaginárselo vestido de negro, con un pasamontañas y un gran saco en la espalda. En los tiempos que corren, no sería para menos.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.