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Etiqueta: Dinero y sistemas financieros

Venezuela devaluada

No cabe duda que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, es coherente. Este dictador con vocación de cómico no engaña a nadie; se le ve venir. No quiere saber nada de la economía capitalista y actúa en consecuencia. Todas sus acciones son consecuentes con lo que él llama “el socialismo del siglo XXI”, que a estas alturas de la película ya sabemos que viene a ser el socialismo de toda la vida.

Y ahí está la tragedia de Venezuela, porque los resultados de las medidas económicas implantadas por Chávez también acabarán siendo las del socialismo de siempre: pobreza y escasez generalizada.

El viernes 8 de enero, el gobierno de Hugo Chávez anunció la devaluación de la moneda. Posiblemente se inspiró en su admirado Lenin, que en una ocasión dijo: "¿Queréis destruir una nación? Primero destruid su moneda". Así, desde el lunes 11, comenzaron a regir dos nuevos tipos de cambio en el país. El llamado “bolívar fuerte" sufrió ajustes. Pasó de la paridad oficial actual de 2,15 bolívares por dólar, a una de 2,6 y a otra de 4,3 bolívares por dólar. Lo que significa dos devaluaciones, una de casi el 21% y otra del 100%.

¿Qué hizo la población ante esta circunstancia? Deshacerse de sus saldos de caja comprando bienes en tiendas y supermercados (¡incluso aunque no los necesitasen en ese momento!) porque sabían que se iba a producir una notable subida de precios (al doble en algunos casos) debido a que los bolívares iban a perder muchísimo poder adquisitivo.

Ante esto, Chávez no dejó pasar la ocasión para mostrar su estilo matonesco y su ineptitud económica. Aseguró que no hay ninguna razón para que nadie incremente los precios, y que no aceptaría que ningún comerciante burgués especulador (Chávez dixit) subiese los precios de los productos. Incluso instó a la población a “denunciar públicamente al especulador para que ellos [el ejército] interviniesen”. Un estilo que sólo identificamos al recordar los grandes totalitarismos del siglo XX.

Evidentemente, pese a las bobadas chavistas, los precios deben subir forzosamente debido al aumento notable de los costes. Imaginemos el caso de un comerciante que vendía a 700 bolívares un determinado producto que había adquirido previamente por 500. Si ahora ese producto le pasa a costar 1000 bolívares, resulta un poco difícil que prospere su negocio si lo sigue vendiendo a 700. Es decir, o suben los precios o desaparecen los negocios, no hay más salidas posibles.

Los ciudadanos, a su vez, por mucho que Chávez se ponga colérico, tratarán de huir de los bolívares para sustituirlos por otros activos/monedas con la intención de salvaguardar el valor de su riqueza. Los particulares acuden al mercado negro, donde pueden adquirir dólares a unos 6 ó 7 bolívares.

Menos suerte tienen las empresas extranjeras de cierto tamaño (sobre todo las españolas, colombianas y estadounidenses), que tienen que pasar obligatoriamente por el Banco de Venezuela para que les cambien sus bolívares a dólares (u otra divisa extranjera). Debido al criminal control de cambios que opera desde 2003, la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) procesa las demandas de conversión de moneda de las empresas. Éstas son obligadas a mostrar el origen de sus beneficios y luego solicitar la repatriación de dividendos a CADIVI. ¿Qué pasa con las empresas españolas que operan en Venezuela? Pues ha sucedido que después de la devaluación, y debido a que el Gobierno sigue teniendo la llave para que las filiales de empresas españolas paguen dividendos a sus matrices, éstas han visto reducirse a la mitad sus ingresos, beneficios, recursos y dividendos. Así de fácil. De un plumazo totalitario.

En realidad, el único que saldrá beneficiado con estas devaluaciones es el gobierno liberticida de Chávez, que al recibir más bolívares por cada dólar ingresado por petróleo, tendrá más fondos para poder cubrir el presupuesto y las numerosas obligaciones sociales de gasto que tiene. También podrá saldar y hacer frente a sus deudas, como, por ejemplo, pagar a los proveedores de servicios de la petrolera estatal PDVSA.

Y es que vivir gracias al petróleo (aporta cerca del 50% de los ingresos del presupuesto nacional y del 90% de las divisas que entran en el país) tiene un problema, a saber, que cuando los ingresos por petróleo disminuyen, dejan ver las consecuencias del socialismo chavista en Venezuela: existe escasez de agua y alimentos (la importación de alimentos se ha disparado); la inflación en 2009 fue del 25%, la acumulada es de más de 700%, y la deuda pública está cerca del 200%; las expropiaciones están a la orden del día; el número de funcionarios se ha casi triplicado; las exportaciones del sector privado venezolano son inexistentes; y han aumentado notablemente el número de pobres y enfermedades.

Y es que, desgraciadamente, lo que ese sátrapa llamado Chávez está consiguiendo con su gobierno incompetente, no es devaluar el bolívar, sino devaluar a Venezuela entera.

Cómo atemorizar al mercado desde Washington

Probablemente el Gobierno (o burócrata de Washington). Evidentemente, Obama no hará nada contra su Gobierno, quiere expandirlo, no contraerlo. La Casa Blanca pasa a la siguiente alternativa. La segunda bestia negra del americano medio es, sin duda, los banqueros. Todo el mundo los odia. En realidad, la medida era hasta previsible.

Tras un año de matrimonio perfecto con la banca, ahora Obama trata a los banqueros de terroristas. Las consecuencias han sido el hundimiento de la bolsa. Cada intervención de Obama ha sido un nuevo batacazo para el mercado. En Estados Unidos, un porcentaje importante de ciudadanos tiene sus ahorros en bolsa de forma directa (un 63% según Gallup) o indirecta. Generalmente, siempre que el mercado de renta variable ha tenido duras sacudidas por temas políticos, acababa saliendo el presidente del país sacando hierro al asunto. El actual presidente de Estados Unidos ha hecho todo contrario. La nueva regulación bancaria se podría haber hecho sin causar ningún terremoto. Simplemente ofreciendo un diálogo abierto y pausado en lugar de dar gritos. Algo así habría restado impacto popular, pero habría sido menos dañino para todos.

Tenemos un Obama que antes de ser elegido presidente hablaba de diplomacia, paz, sentido común y entendimiento. Sólo le ha faltado un año para sacarse la máscara e incumplir todas sus promesas. Sigue en Irak, Guantánamo está igual que hace un año, lejos de extender la paz se ha metido con toda la artillería en Afganistán, el paro sigue castigando al país y su reforma de la seguridad social no se hará (lo de Massachusetts ha hecho inviable el ya descafeinado modelo que quedaba).

Algunos analistas han visto con buenos ojos la nueva regulación bancaria del presidente. Concretamente, el punto que forzará a los bancos a no tomar dinero de la Reserva Federal ni de sus clientes para el trading propio. Sería volver a la época anterior a 1999 rescatando la Ley Glass-Steagall. ¿Qué arreglaría la situación? Nada, los hechos inmediatos sólo han servido para desestabilizar el mercado a corto y medio plazo creando incertidumbre y miedo. Ha generado alarmismo sólo para ganar votos.

De todos los problemas monetarios y financieros que hay en Estados Unidos, éste se encuentra al final de la cola. Es el chocolate del loro. ¿Dejarán de existir lo ciclos con la nueva ley si se aprueba? ¿Se convertirá el dólar en una moneda fuerte con un respaldo sano? ¿Se amplía el libre mercado? Tajantemente, no.

El lobby bancario en Estados Unidos es muy fuerte. A veces, los bancos actúan como partidos políticos emitiendo comunicados, en entrevistas, presionando al mercado, etc. ¿Cree que Wall Street se dejará manosear sin pedir alguna compensación? Hace un año en Europa se hablaba repetidamente de regular profundamente los hedge funds. No se ha hecho nada. En España los políticos dicen pretender cambiar la fiscalidad de las SICAVs continuamente. Tampoco se ha hecho nada. Eso sí, con la nueva fiscalidad sobre los productos de ahorro han dejado "crujida" a la clase media. Por definición, el Gobierno siempre es fuerte con el débil, y débil con el fuerte. Obama va a compensar a Wall Street de una forma u otra. De hecho, ellos le financiaron.

Sobre la nueva regulación bancaria falta ver cómo serán los detalles. Es lo más importante de todo. Muy probablemente, el Gobierno obligue a la banca de inversión a partirse y acabe instaurando un impuesto bancario, pero el matrimonio Estado-Gran Empresa (Capitalismo de Estado o economía del fascismo) seguirá intacto, como siempre.

El problema real no está en la forma de operar de las grandes instituciones. Ni en que sean demasiado grandes. Las empresas de comunicaciones americanas también son enormes y no son un peligro por esta razón. El gran problema actual, y que ha sido el mismo que ha causado la crisis, es que el Gobierno omnipotente ha convertido al mercado en un soviet. Ya no sólo con la manipulación de la creación de dinero. Cada vez hay más quejas de inversores privados que piden explicaciones de las supuestas manipulaciones de la Reserva Federal en el futuro del Mini del S&P. ¿La nueva ley contra la especulación también afectará al banco central americano? Bueno, de hecho ya está operando en la ilegalidad con el Plunge Protection Team (aquí llamada "mano de dios"). ¿Nos hemos de creer a alguien así? ¿Realmente hay alguien aún tan iluso como para pensar que la Reserva Federal y Gobierno actúan por el bien común en lugar de satisfacer únicamente sus propios intereses?

No existen apaños para solventar las recurrentes crisis de este Capitalismo de Estado. Abolición de los bancos centrales, libre concurrencia de monedas privadas y eliminación del curso forzoso de moneda la "nacional". Es una drástica solución, pero es que las medidas pragmáticas de los políticos nos han llevado a una hecatombe económica aún más dramática. Ninguna forma de populismo ha creado prosperidad en ninguna nación. El de Obama y sus cantos de sirena para contentar al incauto y al técnico, tampoco van a servir de nada. El mercado no pude depender de cómo se levante el burócrata de turno o de cómo evolucione su índice de popularidad. El mercado necesita reglas claras y un sistema económico sano. Todo lo contrario a lo que tenemos ahora mismo.

Intervencionismo sobre intervencionismo

Así, entiendo que muchos sospechen que las nuevas regulaciones que ha propuesto Obama para el sistema financiero –y que medio mundo se ha afanado ya en copiar, demostrando una vez más los pocos escrúpulos que tienen los políticos a la hora de aplicarnos el rodillo legislativo ante cualquier ocurrencia– tienen como propósito real acrecentar su poder y limitar el del mercado. Yo también lo creo y tras un año de presidencia de Obama, sólo sus feligreses deberían dudar de ello.

Ahora bien, dicho esto, no pienso que debamos descartar in toto su propuesta reguladora de ayer, que en esencia no es suya sino de una cabeza bastante bien amueblada en asuntos monetarios, como es la del ex presidente de la Fed Paul Volcker.

La normativa contiene dos grandes medidas. Una de ellas es por completo absurda y demuestra una vez más que a algunos no les interesa demasiado la historia. Obama pretende limitar el tamaño de los bancos impidiendo que ninguno acumule más del 10% del total de los depósitos del país. De este modo, barruntan, no habrá "bancos demasiado grandes para quebrar" y los contribuyentes no se verán forzados a rescatarlos. Cuando quiebre un banco pequeño, se lo podrá dejar quebrar –o se podrá optar por rescatarlo por cuatro dólares– sin riesgo a que contamine al resto del sistema.

Me sorprende que alguien siga creyendo en estas tonterías, máxime cuando el tamaño, a estos adoradores de la burocracia, sólo parece importarles en el sector privado. Estos señores que quieren impedir que haya bancos demasiado grandes son los mismos que luego abogan por incrementar las competencias del mayor banco de Estados Unidos –la Reserva Federal– y los que, por supuesto, no tienen ninguna pega a la hora de cebar el déficit público hasta las cifras más mórbidas de la historia.

Además, como digo, bastaría que se fijaran en el episodio de la Gran Depresión para que se dieran cuenta de lo estériles que son sus medidas para limitar el tamaño de los bancos. Durante los años 20 del siglo pasado, el sistema bancario de Estados Unidos estaba enormemente atomizado, de modo que las brutales expansiones crediticias que emprendió la Fed afectaron, no a unos pocos bancos grandes, sino a decenas de miles de bancos pequeños. En 1929 había 25.000 bancos en Estados Unidos; cinco años más tarde habían quebrado 10.000. ¿En qué sentido es más aconsejable rescatar 25.000 bancos que hacerlo con cinco? Ya se lo digo yo: en ninguno. Lo relevante no es el número de bancos, sino el tamaño del sistema bancario. Y obviamente sobre esto último Obama no se ha preocupado.

Hasta aquí los sin sentidos de la regulación. Vayamos con la otra medida que, salvo por los temores sobre cómo se va a implementar, considero bastante adecuada. Obama pretende restaurar la Ley Glass-Steagall aprobada durante la Gran Depresión y derogada parcialmente por Greenspan (a través de diversas excepciones que la fueron erosionando) y definitivamente por Clinton en 1999 (con la Ley Gramm-Leach-Bliley).

El objetivo de la Glass-Stegall era separar la banca comercial de la banca de inversión, es decir, que los bancos que captan depósitos y que pueden pedir dinero prestado al banco central no tengan permitido ni hacer trading por cuenta propia en la bolsa (lo que muchos llamarían con cara agria "especular") ni patrocinar ciertas emisiones de valores.

Muchos opinarán que debe ser el mercado y no el Estado quien fije este tipo de regulaciones… entre ellos yo. Creo que una banca libre podría autorregularse infinitamente mejor que a través de una panda de políticos que sólo pretenden instrumentarla para su propio beneficio. Ahora bien, no conviene olvidar que la banca actual dista mucho de ser libre. Mientras los bancos comerciales detenten el privilegio de refinanciar sus fondos de maniobra negativos en la Reserva Federal, trasladando su iliquidez al resto de la sociedad en forma de inflación, no podremos hablar de libertad bancaria.

Thomas Tooke, uno de los grandes teóricos de la banca en el s. XIX, lo dejó escrito: "La libertad de los bancos es la libertad para estafar". Cierto, pero sólo cuando los bancos prosperan a la sombra del Gobierno y de sus privilegios, esto es, cuando no son realmente libres sino que sólo lo parecen.

Obama, con sus regulaciones, ha venido a recortar alguno de estos privilegios (aunque, a la espera de leer los detalles, mucho me temo que pretenderá arrimar el ascua a la sardina de la deuda pública y si no, al tiempo). Así, los bancos comerciales ni podrán emplear el dinero de sus depositantes ni podrán pedir prestados fondos a la Reserva Federal para realizar algunas operaciones con activos a largo plazo y bastante arriesgadas (como el trading por cuenta propia). Además, tampoco estarán cubiertos por el fondo de garantía de depósitos a la hora de especular, lo que en principio debería incrementar un poco su prudencia.

Dicho de otra manera, con esta regulación se limitarán algo las brutales expansiones crediticias que dan lugar a los ciclos económicos y que son fruto del descalce de plazos de la banca y de las políticas laxas de los bancos centrales. Lo cual no significa, tal y como rápidamente ha anunciado Obama, ni que vayan a desaparecer las crisis (ya que siguen existiendo muchos otros circuitos por los que expandir el crédito) ni que los contribuyentes no vayan a tener que seguir sufragando rescates bancarios.

Para lograr estos dos objetivos sería necesaria regresar a una auténtica libertad bancaria: libre acuñación de moneda, abolición del curso forzoso y libre competencia entre bancos centrales (tal y como propusiera Hayek en 1976 con su opúsculo La desnacionalización del dinero). Pero eso ni siquiera el revolucionario Obama se atreverá a aprobarlo, pues al fin y al cabo el principal interesado en manipular artificialmente el crédito y la economía es el propio Obama.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

La progresiva confusión entre liquidez y negociabilidad

Hasta comienzos del siglo XX, los estudiosos del dinero y de la banca se dividían en dos grupos: aquellos que se oponían a que los bancos realizaran cualquier clase de descuento con los fondos que les eran prestados a la vista y aquellos que si bien aceptaban la viabilidad del descuento comercial, lo limitaban a ciertos activos de muy alta calidad (como las letras de cambio con origen en transacciones reales).

La preocupación de ambos grupos de economistas consistía, pues, en que los bancos fueran capaces de atender en todo momento y circunstancia sus obligaciones a la vista. Los del primer grupo, la llamada Escuela Monetaria, pensaban que este sano propósito sólo podía lograrse si los bancos mantenían en reservas el 100% de los fondos necesarios para atender esas obligaciones; los del segundo grupo, la Escuela Bancaria, eran conscientes de que el efectivo no es el único activo circulante que permitía hacer frente a estos pasivos con un margen de seguridad razonable.

Dicho de otra manera, los teóricos de la Escuela Bancaria se preocupaban –con muchos matices– de que los bancos se mantuvieran líquidos. Como explicaba Melchior Palyi en 1936, "la liquidez, de entrada, es la capacidad para hacer frente a las obligaciones financieras. Esto, a su vez, no coincide con tener reservas de efectivo. La ratio de efectivo es un asunto menor comparado con la composición del resto de activos del banco. Si estos activos son líquidos, el efectivo necesario, con el preceptivo descuento, se hallará con facilidad".

En definitiva, para Palyi y demás teóricos de la liquidez, lo esencial era que los bancos dispusieran de una cantidad suficiente de reservas o de entradas de efectivo procedentes del vencimiento de sus activos como para atender siempre a sus pasivos. Esa fue la regla de oro –tal y como la llamó a mediados del s. XIX el economista alemán Otto Hübner– sobre la que se desarrolló durante más de un siglo la práctica bancaria ortodoxa.

Tras la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos tuvo lugar, sin embargo, una fuerte contrarrevolución dentro de la literatura bancaria, que, no obstante, ya venía mascándose en los escritos de algunos economistas alemanes (por ejemplo, Carl Knies en 1879). Así, por ejemplo, Benjamín Anderson, sin dudas uno de los mejores teóricos monetarios del s. XX, escribía en 1917: "La función del crédito es universalizar la característica del dinero, la alta vendibilidad. Su propósito es ‘acuñar’, por decirlo de alguna manera, las mercancías de los escaparates, las tierras… en una forma que los convierta en tan vendibles como el propio dinero para que así funcionen como dinero. El crédito tiende a universalizar esa característica que Menger consideraba única del dinero [la liquidez]".

Sin embargo, fue sin duda alguna el famoso economista H. G. Moulton quien más hizo por desbancar el concepto tradicional de liquidez. En 1918, Moulton publicó una serie de artículos en un journal de la Universidad de Chicago bajo el título de La banca y la formación de capital. En su tercer número, el economista proponía sustituir el concepto de liquidez por el de negociabilidad: "En tiempos ordinarios, el problema de la liquidez no es tanto un problema de préstamos que maduran [a corto plazo] cuanto un problema de activos de unos bancos que deben ser enajenados a otros bancos a cambio de liquidez. Si un banco puede recibir siempre ayuda de otro banco en caso de necesidad, no es imprescindible que concentre su activo en préstamos que maduran [al tiempo que vencen sus obligaciones]. De hecho, ya está universalmente reconocido en los círculos bancarios que la manera de obtener las reservas necesarias no es fijándose en los vencimientos de los activos, sino acumulando una cantidad considerable de activos que puedan ser enajenados a otros bancos cuando se requiera. Liquidez equivale pues a negociabilidad".

Dicho de otra manera, para Moulton las reservas o las entradas de caja derivadas del vencimiento de activos eran irrelevantes con tal de que esos activos pudieran enajenarse a otros inversores obteniendo así el efectivo necesario. Así, más importante que invertir en activos a corto plazo de calidad lo era invertir en activos que tuvieran un mercado muy profundo donde poderlos vender con rapidez y sin prácticamente pérdida de valor. Es el caso de la deuda pública de ciertos países (como Estados Unidos) o de las acciones bursátiles de grandes compañías (blue chips): en principio, si un banco sin reservas ha de atender una obligación a corto plazo, podrá enajenar estos activos negociables para obtener la caja que necesita. ¿Qué importancia tiene, pues, que los bancos inviertan en activos que maduren a corto plazo si pueden simplemente vender sus activos a largo plazo antes de que sean amortizados?

De hecho, en la práctica ni siquiera resulta evidente qué activos son líquidos y cuáles negociables. La liquidez se define en términos relativos: un bien es más líquido que otro si su utilidad marginal se reduce más lentamente ante incrementos de su cantidad. La manifestación de la liquidez en el mercado se produce a través del llamado diferencial entre el precio ofrecido y el precio pedido (bid/asked spread): los bienes más líquidos son aquellos cuyos diferenciales se incrementan más lentamente conforme aumente la cantidad demandada u ofrecida.

Pero, al mismo tiempo, numerosos activos a largo plazo –como la ya mentada deuda públicas o las acciones de empresas importantes– también cotizan con spreads muy reducidos gracias a la creación de los mercados organizados (como el mercado bursátil) y, sobre todo, a la continua participación de los market markers, cuya función consiste en comprar al precio ofrecido (bid price) todas las cantidades que quieran venderse de un bien y en vender al precio pedido (asked price) todas las que quieran comprarse (estrechando, como consecuencia, el diferencial entre ambos precios).

Parecería, pues, que en la práctica, como afirma Moulton, no existan diferencias entre liquidez y negociabilidad y que ambas dependan del marco institucional existente. Como ya sostuviera Waldo Mitchell en 1923: "El que un bien en particular sea líquido o no (…) depende de las instituciones existentes para darle circulación. Cuando los mercados de acciones, los almacenes o los mercados de abastos no existían, los bancos tenían más restringido el tipo de préstamos de calidad que podían conceder".

Si durante el s. XIX se decía que la primera lección que debía aprender un banquero era distinguir entre una letra y un bono, hoy ambos instrumentos resultan plenamente intercambiables. La mayoría de economistas no entiende la necesidad de que los bancos mantengan una cartera de activos líquidos para hacer frente a sus pasivos a corto plazo, pues el efectivo siempre parece fluir cuando se lo necesita (especialmente gracias a los bancos centrales).

De hecho, apoyándose en esta idea, las entidades financieras incrementaron de manera muy sustancial entre 2001 y 2006 los activos a largo plazo que integraban sus carteras de negociación (trading assets) a través de la emisión de deuda a corto plazo. Pensaron que siempre que fuera necesario, esos activos podrían ser traspasados por su importe nominal o, en todo caso, usados como colateral para obtener créditos con los que amortizar las obligaciones que fueran venciendo. Qué decir tiene que se equivocaron y que, como consecuencia de esa equivocación, se generó un ciclo económico cuya crisis ahora estamos padeciendo.

Por ello, se vuelve esencial trazar una línea divisoria clara entre liquidez y negociabilidad con el fin de ofrecer de nuevo a la banca una pauta que pueda seguir para realizar una gestión prudente de sus activos y de sus pasivos. A ello dedicaremos el próximo artículo.

¿Deben subir los tipos de interés?

Desde hace ya varios meses es tema común de conversación en círculos políticos, periodísticos y económicos, el hecho de si los bancos centrales deberían subir o no los tipos de interés. Los defensores de la subida arguyen que la política de dinero barato que se ha venido siguiendo en los últimos años ha inundado de papel el mercado, y que por tanto, existen tensiones inflacionistas que conviene corregir cuanto antes. Por el contrario, los defensores de tipos de interés bajos afirman que una subida de tipos de interés dificultaría cualquier posible recuperación económica, y que, por lo tanto, lo mejor es dejarlos como están, hasta que se haya iniciado ésta y tenga un carácter firme.

En general, tanto los defensores de una postura como los de otra consideran los tipos de interés como una mera herramienta de política económica. No obstante suelen olvidar la función fundamental que tienen, y que no es otra sino la de retribuir a quien realiza un préstamo.

A la hora de comprar y vender bienes, compradores y vendedores realizan una transacción si previamente han llegado a un acuerdo sobre la contrapartida, que generalmente suele ser una contraprestación de carácter monetario. De igual forma, a la hora de prestar dinero, prestamista y el prestatario, realizarían la operación si previamente se han puesto de acuerdo en la contrapartida, que suele ser el pago de una cierta cantidad de dinero, es decir, el interés. Por lo tanto, al igual que el cruce de la oferta y la demanda de bienes y servicios se produce para una determinada cantidad y a un precio precio, el cruce de la oferta y demanda de dinero se establecería para un importe establecido a un tipo de interés.

Pero, sin embargo, esto no es así, ya que el mercado monetario tiene una peculiaridad y es el monopolio de emisión. Sólo los bancos centrales están autorizados a emitir moneda, y por lo tanto, como monopolio, son ellos quienes fijan la retribución que se va a percibir por dicho dinero. Esos tipos de interés fijados por los bancos centrales van a servir como referencia al resto de operaciones. Así, si los particulares decidiesen depositar su dinero en la banca comercial a un tipo de interés sensiblemente superior al que el banco central realiza sus operaciones, el banco comercial acudirá para financiar sus operaciones al banco central. Por lo tanto, la oferta y la demanda de dinero pasan a no ser factores prioritarios a la hora de fijar los tipos de interés.

Si los tipos de interés se fijasen por el libre cruce de la oferta y la demanda, ahorro e inversión se igualarían. Sin embargo, no sucede así en la realidad, y estos tipos pueden estar fijados en unos importes superiores o inferiores a los que se realizarían las operaciones en un mercado libre. La consecuencia de esto es que el ahorro y la inversión no tienen por qué ser iguales. Así, si los tipos de interés resultasen más bajos de lo que se registrasen en el mercado libre, las empresas e inversores notarían como sus costes de financiación disminuirían. Ello les llevaría a acometer inversiones con muy baja rentabilidad, que no habrían llevado a cabo si los tipos de interés se hubiesen fijado libremente. Por lo tanto se produciría un exceso de inversión que acabaría muy probablemente estallando en forma de burbujas, tal y como ha sucedido en los últimos años. Por el contrario, si los tipos de interés fuesen superiores a los del mercado libre, muchas empresas tendrían unos costes de financiación elevados, y habría inversores que decidirían no acometer proyectos de inversión, ralentizándose la creación y expansión de las empresas.

Adicionalmente si las bajadas artificiales de interés conducen a un aumento de las inversiones, también trae consigo una disminución del ahorro ya que la contraprestación no sería lo suficientemente atractiva. Si se hubiese producido una subida artificial, conjuntamente con una bajada de la inversión habría un aumento del ahorro.

Es por ello por lo que no es aconsejable fijar los tipos de interés simplemente acudiendo a razones políticas de orden macroeconómica, ya que cuando más alejados estén los valores que se establezcan de los que se hubiesen acordado en un mercado libre, mayores perjuicios ocasionará la medida.

Mr. Bernanke: los responsables son ustedes

Eso es, al menos, lo que opina la mayoría de los encuestados por la Fundación de las Cajas de Ahorros de España, situando al líder popular por debajo de Zapatero en el grado de confianza para salir de la crisis. Es un resultado asombroso porque hasta hoy había un consenso general en que no existe nadie capaz de hacerlo peor que Zapatero. Hasta el último medio cargo de la más remota Casa del Pueblo sabe perfectamente que su presidente es una calamidad pública, así que o bien la encuesta se ha realizado en los pasillos de Ferraz o va a ser cierto que en España nadie dice la verdad cuando le preguntan sobre política.

Pero, ¿y si fuera cierto que la mayoría de los españoles confía menos en Rajoy que en Zapatero para acabar con la crisis? Entonces Arriola tendría un problema difícil de resolver, puesto que si la estrategia del PP para vencer a Zapatero en 2012 ha sido hasta ahora dejar que los problemas económicos acaben por hastiar a los votantes socialistas y resulta que ni siquiera así consigue Rajoy remontar el vuelo, ya nos contarán D. Pedro y D. Mariano en qué otros asuntos importantes tiene el PP margen para ofrecer una alternativa seria de Gobierno en que los electores puedan confiar.

En la defensa del derecho a la vida el PP pasa de perfil, limitándose a no sancionar a los altos cargos que acuden a las concentraciones en contra de la nueva ley del aborto, al igual que ocurre con el separatismo catalán, muy del gusto del nuevo PP de cara a futuros pactos, con el derecho a utilizar la lengua común de los españoles en todos sus territorios o con la necesidad evidente satisfacer las necesidades hídricas del sur de España con el agua sobrante en el norte, donde también Rajoy anda mansurreando para no poner en evidencia a su secretaria general, firme partidaria de que el agua de los ríos sea propiedad exclusiva del Gobierno autonómico por cuyo territorio transcurre una parte del cauce.

Si el PP piensa dejar a Zapatero cocerse en su propio fracaso puede ocurrirle lo que a Aznar en el 93 con González. La diferencia es que hasta ese momento el antecesor de Rajoy sólo había perdido unas elecciones generales y él ya lleva dos fracasos consecutivos. Uno más sería excesivo hasta para el PP, pero vaya usted a saber si eso está también previsto en los planes de Arriola. "Rajoy 2020", como las olimpiadas de Gallardón.

Una encuesta para Arriola

Se puede formular de esta manera: "a medida que una discusión en internet se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende al 100%". En cualquier caso, aunque sea inevitable que en muchas ocasiones las discusiones terminen por estos derroteros, no estaría de más intentar dar los menos motivos posibles para que las cosas terminen así. Pero nada, que si quieres arroz: el Gobierno ha decidido que las webs de enlaces las cerrará la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, es decir, la SS.

La red está que trina, y no es para menos. Los internautas han vivido en sus propias carnes la forma de legislar que tiene este Gobierno. Primero, se propone un texto que va en contra de los intereses, la moral o los derechos de un grupo más o menos extenso de españoles. Este texto incluye disposiciones auténticamente desvergonzadas, como pueda ser, por ejemplo, que las menores de 16 años puedan abortar sin permiso ni conocimiento de sus padres. El alboroto subsiguiente se centra mucho en esos apartados, porque son los que más pueden movilizar a los contrarios a la ley e incluso a algunos tibios. Finalmente, en algún punto del debate, el PSOE se echa para atrás retirando parte de esos puntos tan escandalosos, pasando a argumentar que habiéndolos quitado ya no hay razones para oponerse. Y muchos se lo creen, claro.

Así ha pasado con esta ley. Los internautas han centrado sus protestas en que el cierre afectaba a derechos fundamentales, así que tenía que ser un juez quien así lo dictara y debía ser regulado en su propia ley orgánica y con un debate amplio y, a ser posible, consenso. El Gobierno dio a entender el viernes que así sería y que, por tanto, las protestas ya sólo podrían deberse a que se estaba "mal informado" –concepto muy empleado por el PSOE para englobar a quienes se ponen a sus iniciativas– o que simplemente querían bajarse cine y música gratis y se opondrían a cualquier cosa que pusiera eso en peligro.

La jugada es buena, pero no han conseguido que ni siquiera los más entusiastas del Gobierno en todos los demás ámbitos, incluyendo la gestión de la crisis, que alguno hay, se hayan tragado el anzuelo. Primero, porque el texto sigue en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que ya me dirán ustedes qué hace ahí salvo porque lo haya metido de capón el lobby de Teddy Bautista y sus mariachis, impidiendo un debate aislado y diferenciado. El Gobierno pretende así poder conseguir el apoyo de algunos nacionalistas para la medida a cambio de alguna gabela presupuestaria, y seguramente lo consiga, algo que no podría lograr de estar tramitado aparte.

Por otro lado, la introducción de la figura de un juez es casi meramente cosmética. No del todo, cierto, pues podrá frenar, pongamos, un hipotético intento de la comisión de cerrar un diario digital porque tenga enlaces a redes P2P. Pero no será un magistrado quien decida qué sitios web vulneran los derechos de propiedad intelectual y deben ser cerrados. Eso lo hará una comisión dependiente del Ministerio de la Ceja en la que estarán incluidos miembros de las entidades de gestión; es decir, los titiriteros serán juez y parte. Y podrán equivocarse lo que quieran, pues los posibles perjuicios que provoquen sus decisiones los pagará el Estado. Es decir, que si a usted le roban, quien tiene que restituirle es su seguro, si lo tiene contratado, o el ladrón, si lo pillan y tiene con qué. Sin embargo, si los artistas deciden sentirse perjudicados por una web y la cierran injustamente, quien les representará en los tribunales será el Estado y quien pague las consecuencias si los jueces dan la razón al pobre ciudadano al que violan sus derechos no será la SGAE sino los contribuyentes.

En definitiva, el texto de la ley Sinde es un intento de conseguir que la SGAE y sus acólitos puedan cerrar webs como medida cautelar con todo el peso del Estado. ¿Y por qué? Porque, cada vez más, los jueces estaban viendo estos sitios de internet como meros intermediarios que no cometían delito alguno, y por tanto se negaban a cerrarlos, en algún caso condenando a la SGAE por mala fe procesal al pedirlo. Es lo que tiene disfrutar de un Gobierno a tu servicio, plenamente dispuesto. Si no tienes la razón, te da la fuerza para imponerte de todos modos.

Implicaciones de la teoría del capital sobre el ciclo

En mis dos artículos anteriores traté de analizar por qué las definiciones de capital y de bienes de capital necesitan de una revisión a fondo para adaptarlos a la realidad y para que resulten fructíferos en el desarrollo de la ciencia económica.

Uno de los campos donde más importante tiene adoptar una visión correcta del capital y de los bienes de capital es en el ciclo económico. Sin ella podemos caer fácilmente en las falacias lógicas keynesianas que nos aseguran que lo único que le pasa a la economía es que ha perdido fuelle, que han empeorado las expectativas y que es necesario reanimarlas.

Al fin y al cabo, hay algo ciertamente incomprensible en que la misma estructura productiva que durante años estuvo creciendo a elevadas tasas entre en crisis de la noche a la mañana. ¿Por qué las mismas máquinas, los mismos edificios o los mismos procesos que ayer creaban riqueza hoy son incapaces de hacerlo?

La teoría austriaca del ciclo económico da una respuesta válida que, sin embargo, muchos no han sabido interpretar correctamente por carecer de una buena teoría del capital y de los bienes de capital. Según Mises y Hayek, el crecimiento vivido durante el boom es inducido por un sistema bancario al expandir masivamente el crédito, por lo que en su mayor parte ni es real ni es sostenible; al manipular a la baja los tipos de interés, las industrias más alejadas del consumo comienzan a hiperdesarrollarse a costa de las industrias más cercanas al consumo, arrojando una estructura productiva que dura más tiempo del que están dispuestos a esperar los consumidores para adquirir sus frutos (tal y como manifiestan en el volumen de ahorro real). Las crisis no son más que la etapa en la que esta expansión artificial se detiene, se desinflan las demandas insostenibles, se corrigen los precios relativos distorsionados por esas demandas, desaparece la rentabilidad ficticia que arrojaban esos falsos precios relativos y se procede a la purga de las malas inversiones sectoriales.

Cierto, esta explicación tiene su complejidad pero no debería resultar incomprensible para nadie y mucho menos para economistas supuestamente duchos en la materia. Sin embargo, la ausencia de toda una buena teoría del capital en la que insertar estas conclusiones conduce a muchos de ellos a descartarlas por inconciliables con la realidad.

Tomemos el famoso caso de Paul Krugman y su supuesta refutación de la teoría austriaca del ciclo. El premio Nobel de 2008 plantea en este artículo dos objeciones a la teoría austriaca: a) si los consumidores deciden adquirir más bienes de consumo de los planeados por las empresas, la economía no debería entrar en crisis, sino tan sólo incrementar el capital y la capacidad productiva de las industrias de consumo a costa del de las industrias de bienes de inversión, b) si se han producido malas inversiones, basta con darlas de baja del balance para volver a crecer, lo cual deja sin explicar por qué las buenas inversiones permanecen ociosas durante la crisis y numerosos trabajadores muy productivos son despedidos.

En definitiva, Krugman no entiende por qué una crisis no puede solventarse de la noche a la mañana transportando el exceso de capacidad de las industrias de bienes de inversión hasta las deficitarias industrias de consumo.

Buena parte del problema de Krugman –como el de toda la vertiente keynesiana– es precisamente que carece de una teoría del capital y de los bienes de capital. Las malas inversiones en la etapa del boom se han plasmado en toda una serie de bienes de capital que están diseñados para prestar sus servicios en las industrias muy alejadas del consumo. Como ya vimos, los bienes de capital son heterogéneos, complementarios, específicos y difícilmente reconvertibles, lo que significa que su transferencia de unas industrias a otras no puede ser un proceso automático y ausente de costes. Es más, en la medida en que esos bienes de capital se utilizaban con otros de manera complementaria, la pérdida de valor de alguno de ellos elimina esas sinergias, que no siempre podrán aparecer –o no de un modo tan intenso– en otras estructuras de bienes de capital, dejando muchas de ellas ociosas.

Tomemos el caso de la industria del ladrillo. El hiperdesarrollo de la misma conllevó la aparición y el crecimiento de constructoras, cementeras, inmobiliarias, promotoras, fábricas y minoristas de mobiliario, despachos de arquitectos… Cada una de estas industrias tenía sus propios planes de negocio, en los que se empleaban bienes de capital muy especializados y específicos: grúas, hornos, canteras, pozos, trituradoras, elevadores, palas mecánicas, secaderos, lavadores, laminadores, desintegradores, chapeadoras, barnizadoras, ventiladores, sierras, afiladoras, troqueladoras, lijadoras, canteadoras, aspiradoras, escuadradoras, fresadoras o incluso capital humano diverso como la arquitectura. Y a su vez, cada uno de estos bienes de capital poseía diversos grados de heterogeneidad, especificidad e inconvertibilidad (no todas las sierras son iguales, por ejemplo) que los hacía más o menos aptos para desempeñar una función distinta de la originalmente planeada en otras industrias.

La crisis precisamente revela que todos estos bienes de capital deben reorientarse a otras partes de la economía –las industrias más cercanas al consumo–, al haberse generado un exceso de capacidad en unos sectores cuya demanda estaba inflada por una oferta del crédito artificialmente elevada y barata. Y este proceso, obviamente, ni es sencillo ni automático como parece suponer Krugman y el resto de keynesianos, quienes obvian, bajo el velo del capital, la naturaleza de las estructuras de los bienes de capital.

Debería resultar evidente que la manera de acelerar el ajuste pasa por facilitar tanto como sea posible esa recolocación de los bienes de capital, para lo cual será de vital importancia eliminar todos los costes artificiales a sus movimientos (regulaciones e impuestos) y a las rigideces de sus precios. Al fin y al cabo, para que un bien de capital pueda ser recolocado en otras partes de la estructura productiva será necesario que el precio que los potenciales compradores hayan de pagar por él sea inferior a su productividad marginal dentro de los nuevos planes empresariales; productividad que debido a su complementariedad, especificidad e inconvertibilidad será mucho más baja que en sus anteriores funciones. Pero mientras su precio continúe por encima de su productividad marginal el recurso permanecerá "ocioso" y no contribuirá a generar nueva riqueza.

Asimismo, también será necesario acumular grandes cantidades de ahorro para financiar la reconversión de aquellos bienes de capital cuya transformación no resulte especialmente costosa; para crear nuevos bienes de capital que se complementen en sus nuevas tareas con los antiguos bienes de capital y así aparezcan nuevas complementariedades que eleven su productividad; y para reducir la presión que ejerce una fuerte demanda de consumo que fuerza su traslado hacia las industrias más cercanas al mismo donde previsiblemente su productividad marginal será más baja.

La solución keynesiana, sin embargo, pasa por obstaculizar tanto como sea posible ese ajuste, bajo la falsa idea de que el crecimiento económico se puede reanudar sobre las endebles bases de las malas inversiones previas a través de estímulos de demanda. Convencidos de que el capital equivale no al valor que en un mercado libre tienen los bienes de capital destinados a satisfacer las necesidades de los consumidores, sino al valor que resulta de unos precios manipulados e intervenidos, consideran preferible reorientar todos los bienes de capital específicos e inconvertibles hacia proyectos promovidos con gasto público donde sean fácilmente reutilizables. Así, se pretende buscar salida a toda la maquinaria de la construcción privada en faraónicos planes de obra pública, sin darse cuenta que de este modo obstruyen su recolocación en otras partes del mercado y absorben los escasos capitales necesarios para reconvertirlos, crear nuevos bienes de capital complementarios y rebajar la presión depresora sobre su valor que ejerce una fuerte demanda de consumo.

El keynesianismo es una ideología orientada a conservar las malas inversiones y a evitar la catarsis y el reajuste de la estructura productiva. No entienden la necesidad de purgar los espejos del pasado porque caen en el error de considerar que todo crecimiento del "capital", tanto durante la fase del boom en la que se acumulan las malas inversiones como durante los estímulos artificiales y cortoplacistas de la demanda a través del déficit, es sinónimo de creación de riqueza. Se olvidaron de qué es realmente el capital y de qué valor y función tienen las libres elecciones individuales en todo esto.

El coup de whisky que provocó el crack del 29

Con tal de no molestar a las centrales sindicales, unas autoridades convencidas –como siguen convencidas hoy– de que la imperiosa necesidad de deflación puede sustituirse por una impetuosa inflación del crédito prefirieron presionar a los bancos para que proporcionaran crédito con el que comprar el carbón al resto del continente. Una operación financiera sin demasiado sentido que deterioró enormemente la salud de los bancos ingleses y los convirtió en deudores de Francia y Alemania, cuyos bancos centrales acumulaban grandes cantidades de libras esterlinas convertibles en oro. Años más tarde, en 1929, Sir Felix Schuster, uno de los principales banqueros de Inglaterra, resumiría los hechos de la siguiente manera:

Nuestra sensatez ha cedido ante las presiones del Gobierno y ante el sentimiento de Londres. Nuestra situación es alarmante.

Y tan pronto como la City comenzó a perder oro a finales de ese año, todas las alarmas saltaron.

Se trataba de una situación incómoda para todas las partes implicadas: por un lado, el Banque de France y el Reichsbank consideraban que ya estaban demasiado expuestos a una moneda –la libra– que cada vez resultaba menos creíble, y además querían reconstruir sus reservas de oro para estabilizar sus respectivas divisas; por otro, el Banco de Inglaterra sabía que no tenía suficiente metal para seguir pagándoles, y que su única alternativa para proteger sus reservas –la única que habían tenido desde siempre los banqueros centrales en este tipo de situaciones– era subir el tipo de interés, medida que resultaba inaceptable para los propagandistas del dinero barato, como Keynes.

Por este motivo, el gobernador del Banco de Inglaterra, el célebre Montagu Norman, solicitó auxilio al poderosísimo presidente de la Reserva Federal de Nueva York, aquel al que Milton Friedman calificaría años más tarde como "un hombre verdaderamente notable": Benjamin Strong. Norman y Strong eran amigos íntimos (Barry Eichengreen describe sus relaciones personales como "cálidas y de mutuo respeto"), y ambos estaban vinculados directa o indirectamente con JP Morgan.

Strong estaba convencido de que los bancos centrales debían ser solidarios y ayudarse entre sí, motivo por el cual convocó a mediados de 1927 una reunión de gobernadores de bancos centrales en Long Island; "el club más exclusivo del mundo", como se dijo entonces.

La reunión estaba claramente diseñada desde un principio para presionar a los bancos centrales de Francia y Alemania para que dejaran de exigir al de Inglaterra el pago en oro de sus deudas y se conformaran con libras esterlinas (algunos infelices todavía confunden hoy esta suerte de farsa monetaria con el patrón oro). Pero las cosas no salieron como Strong y Norman habían planeado. El gobernador del Reichsbank, Hjalmar Schacht, era un astuto negociador que no se casaba con nadie, y su homólogo francés, Émile Moreau, declinó asistir: en su lugar envió a uno de los economistas monetarios más brillantes del s. XX, Charles Rist.

Rist conocía perfectamente las intenciones del tándem Strong-Norman, pero antes de tomar una decisión prefirió consultar a otro de los grandes genios monetarios del s. XX, Benjamin Anderson, economista en jefe del Chase National Bank.

Anderson acudió a la Reserva Federal de Nueva York con la intención de presentarse en el despacho de Rist, donde ambos tenían pensado discutir sobre la situación financiera internacional y cuál debía ser la política de los bancos centrales al respecto. Pero mientras deambulaba por los pasillos de la Fed, Strong se cruzó con Anderson y rápidamente trató de abortar la reunión entre ambos entrando primero en el despacho de Rist. En teoría, mientras Strong estuviera reunido con Rist, éste no podría atender a Anderson.

Sin embargo, el economista en jefe del Chase National Bank era un hombre de gran paciencia, y ante las disculpas reiteradas del secretario personal de Rist, le advirtió de que estaba dispuesto a esperar "indefinidamente", hasta que Strong saliera. Finalmente, tras cerca de una hora, se le invitó a entrar… pese a que Strong todavía seguía dentro. Una vez se marchó éste, Rist y Anderson discutieron libremente sobre la gran expansión crediticia que había tenido lugar al amparo del patrón-divisa oro y de la muy delicada situación en que se hallaba el Banco de Inglaterra.

Así, cuando Norman y Strong pidieron a Schacht y Rist que se olvidaran de demandar oro a Londres y que acometieran una política monetaria expansiva que aliviara aún más las tensiones sobre la City, ambos se negaron. Schacht fue rotundo: no quería bajar artificialmente los tipos para seguir inflando más el crédito: "No me deis un tipo de interés bajo. Dadme un tipo de interés verdadero y yo sabré cómo mantener mi casa en orden", les reprochó.

Fue entonces cuando Strong desistió y advirtió de que, incluso si Francia y Alemania no colaboraban, Estados Unidos ayudaría a Gran Bretaña mediante una política de crédito barato, lo que de paso le serviría para "dar un pequeño coup de whisky a la bolsa estadounidense".

Desde luego, Strong sabía de qué hablaba. No era la primera vez que le daba un empujoncito mediante la expansión artificial del crédito. En 1922, la Reserva Federal llevó a cabo la primera operación de mercado abierto de su historia (compras de deuda pública) y el Dow Jones se disparó de 70 puntos a más de 100. En 1923, Strong enfermó y el resto de miembros de la Fed, no demasiado de acuerdo con sus políticas inflacionistas, dejaron de expandir el crédito, con lo que el Dow Jones cayó a 90 puntos. Cuando Strong se reincorporó un año más tarde y se reanudaron estas operaciones, el Dow Jones se catapultó hasta los 160 puntos. En 1927 se trataba, pues, de meterle la última inyección energética.

La conferencia de gobernadores no cristalizó en ningún acuerdo unánime demasiado concreto. Schacht y Rist se fueron con el compromiso de rebajar ligeramente su presión sobre el Banco de Inglaterra pero sin sumarse a la orgía inflacionista que estaba a punto de empezar. En cambio, Strong sí prometió a su buen amigo Morgan que la Reserva Federal prestaría 12 millones de libras en oro al Banco de Inglaterra, y que rebajaría los tipos de interés por debajo de los suyos para evitar que los inversores ingleses sacaran su oro del país a fin de depositarlo en los bancos estadounidenses.

Dicho y hecho. En agosto de 1927 los tipos de interés caen medio punto, hasta alcanzar prácticamente su mínimo histórico, y, sobre todo, se duplica el volumen de las operaciones de mercado abierto (por las que se canalizaba el crédito a los bancos para que a su vez rebajaran los tipos de interés a sus clientes). Y, ciertamente, la borrachera bursátil respondió a las expectativas: entre agosto de 1927 y octubre de 1929, el Dow Jones se disparó de 170 a 380 puntos.

No es extraño, vistas esas cifras, que la Reserva Federal se asustara del monstruo que ella misma había ayudado a crear. A finales de 1927, el gobernador Strong enfermó de nuevo y se retiró de la política activa (murió un año después), por lo que su sustituto, Roy Young, tuvo las manos libres para intentar revertir sus errores. Entre febrero y julio de 1928 los tipos de interés pasaron del 3,5 al 5%, pero aunque el ritmo de expansión crediticia se moderó, ya era tarde: el boom bursátil había empezado, y ni siquiera la Reserva Federal tenía capacidad para detenerlo.

Se había creado demasiado crédito durante demasiado tiempo, y ahora era imposible de retirar. Ya lo decía con resignación Benjamin Anderson:

Cuando la bañera del piso de arriba se ha desbordado y ha estado vertiendo agua durante cinco minutos, no es complicado lograr que deje de hacerlo y aprovechar para fregar el suelo. Pero cuando ha estado vertiéndola en grandes cantidades durante muchos años, las paredes, los falsos techos y el suelo están echados a perder, y resulta muy costoso y complicado retirarla. Mucho después de que se haya cerrado el grifo, el agua seguirá rezumando por las paredes y el techo.

El exceso de crédito siguió ahí hasta que fue destruido, de manera desordenada y caótica, durante el proceso de quiebras bancarias que inauguró el crack bursátil de 1929.

Ochenta años después, no está de más recordar que fueron las políticas inflacionistas de la Reserva Federal las que generaron ese auge artificial que inevitablemente terminó pinchando. Nuestro Strong fue Greenspan. Entonces como ahora, se dejaron los grifos abiertos y anegaron el sistema financiero. Entonces como ahora, se culpó al libre mercado de la negligencia de un monopolio público, el que rige sobre la emisión de moneda. Hay cosas que, por desgracia, no cambian.

Mercantilismo monetario

Los artistas de la canción, que llevaban ya un tiempecito sin echarse un manifiesto al bolígrafo, acaban de firmar un documento en el que afirman que sus productos suponen una seña de identidad nacional que hay que preservar de internet, ese nido de libertarios que ni siquiera el gran Janli Cebrián ha podido amojonar.

Dicen que la industria musical está en crisis, gran novedad en los tiempos que corren, y en lugar de echar la culpa a la política económica de Zapatero, al que llevaron al poder a golpe de ceja, se la endosan a los adolescentes frikis que combaten los ataques de acné bajándose de las redes P2P el último éxito del momento.

En los últimos tiempos han descendido los ingresos de las discográficas, como lo han hecho en el sector del automóvil, de la panadería o de la fabricación de esparteñas, pero lo que no dicen los artistas es que, en cambio, han aumentado los beneficios directos de los grupos musicales gracias a la proliferación de actuaciones, debido en gran parte a la popularidad que obtienen sin ninguna inversión a través de internet.

Los tiempos han cambiado y las líneas de negocio que hace una década eran rentables ahora son deficitarias por la propia evolución de la tecnología y, por tanto, del mercado. Las dos únicas posibilidades para triunfar son adaptarse a las nuevas circunstancias y explotar sus posibilidades, como hacen los músicos de otros países, o exigir al Gobierno que coarte la libertad de los ciudadanos que, sin cometer ningún delito, comparten afición a través de la red.

Los cantantes, músicos y empresarios de la copla españoles han optado por lo segundo, que es más cómodo y bastante rápido. En última instancia, el coste de imponer una coacción institucional en internet lo asumiría el Gobierno y ellos serían los beneficiarios limpios de culpa. Sin embargo, la pasión por la libertad de los usuarios de internet les puede pasar una gravosa factura, y si no sólo tienen que preguntarse a sí mismos a qué festival puede acudir hoy en día su colega Ramoncín, pionero en el intento liberticida que ahora pretenden llevar a cabo todos estos "abajofirmantes". Es lo malo de la red: nada pasa desapercibido. Y mucho menos los nombres de los enemigos de la libertad.