Etiqueta: Dinero y sistemas financieros

Después de forzar la fusión entre Unicaja y Caja Castilla-La Mancha por aquello de echar dinero bueno sobre dinero malo, el Banco de España ha reconocido que asignará 1.000 millones del fondo de garantía de depósito para compensar el agujero de la entidad manchega.

Es curioso cómo casi los mismos economistas que defienden la imperiosa necesidad de que el Gobierno acuda al rescate de los bancos quebrados se afanan por defender que el correspondiente banco central rebaje los tipos de interés para promover una nueva expansión crediticia; preocupados, claro, de que la sequedad del crédito esté ahogando a las familias y a las empresas y así se estén disparando el número de quiebras (de modo que la salud financiera de los bancos siga empeorando pese a los rescates).

No se dan cuenta de que son sus desastrosas intervenciones las que en primer lugar están agravando el fenómeno de la restricción crediticia. Y es que quienes desde un principio nos opusimos al Plan Paulson para rescatar a la banca estadounidense –y a todos los que han venido detrás– lo hicimos bajo un argumento muy sencillo: se estaba dilapidando un ahorro que empezaba a escasear para evitar que afloraran las malas inversiones de la economía.

Desde entonces, los acontecimientos parecen habernos dado la razón. Los bancos han sido rescatados de casi todas las maneras posibles y, sin embargo, la crisis no se ha aliviado ni un ápice. Es más, desde que comenzó la recapitalización de los bancos a costa del erario público (es decir, a costa del ahorro de los ciudadanos) la carestía de crédito no ha dejado de agravarse, en contra de lo que predecían quienes defendían el rescate. No es de extrañar: el crédito nace del ahorro y si el ahorro se dilapida, el crédito desaparece.

Deténgase un momento a pensar en qué han consistido todos estos planes de rescate de la banca: tenemos una economía repleta de malas inversiones (por ejemplo, construcción masiva de inmuebles) que necesita reconvertirse y para lo cual requiere de ahorro con el que poder invertir en nuevas empresas; pero los Estados captan ese ahorro y lo destinan a evitar que las malas inversiones se liquiden (por ejemplo, comprándoles a los bancos las hipotecas impagadas y, por tanto, impidiendo que ejecuten la hipoteca y que vendan el piso a precios menores a los que alcanzaron durante la burbuja). En definitiva, estamos quemando las reservas que tenemos para evitar que se corrijan los errores en los que hemos incurrido.

Y ante esto de nada sirve que Trichet o Bernanke rebajen los tipos de interés. El problema de los bancos no es esencialmente que tengan dificultades para acceder a la financiación, sino que están al borde de la insolvencia. Es como si usted se hipoteca para adquirir un piso de 200.000 euros y al poco tiempo el piso pasa a valer 150.000. ¿Se volvería a hipotecar para adquirir otro piso aun cuando se pudiese financiar a un interés anual del 1%? No tendría mucho sentido, la verdad. Lo mismo le pasa a un banco, ahora mismo no piensa ni tiene capacidad para prestar más dinero, por muy barato que se lo preste a él el banco central.

Ahora bien, no crean que las rebajas de tipos salen gratis. Aunque ahora no arreglen nada, la situación financiera del banco central sigue empeorando al prestar dinero a entidades potencialmente insolventes a unos tipos de interés cada vez más bajos. Lo mismo que les ocurre a los bancos privados con sus deudores morosos le pasa al banco central con los suyos (los bancos privados). Al final, sólo hay una institución que esté respaldando esta disparatada política de extensión de cheques en blanco a banca: el Estado, es decir, usted. Pero el Estado tampoco tiene una capacidad de financiación ilimitada y cuando quiebra, llega el colapso.

En una deflación ningún agente económico está exento del riesgo de quiebra y aunque exista la ilusión de que el Estado tiene una capacidad infinita para captar recursos, en realidad su contabilidad es similar a la de cualquier otro agente económico; que pueda rapiñar y apropiarse de la riqueza ajena le concede un colchón adicional, pero ese colchón cada vez está más vacío: los ingresos están menguando y los gobiernos irresponsables como el español no dejan de expandir el gasto con cargo al déficit público.

Nuestro país –o mejor dicho, nuestra Administración Central– que durante los últimos años había sido un ejemplo de diligencia a la hora de reducir el endeudamiento público y ofrecer capacidad adicional al sector privado para que creara riqueza, se ha convertido en el último año y medio en una auténtica rémora que succiona casi cualquier amago de ahorro que pudiera dirigirse hacia España.

Con sus programas de gasto público y con su cerrazón a liberalizar mercados como el laboral o el energético, el Gobierno está agravando la crisis, es decir, está retrasando la recuperación. Pero las nefastas consecuencias de sus decisiones todavía no son del todo palpables, ya que está comprando tiempo con cargo al Presupuesto público. Si ahora cree que los efectos de la recesión ya son insufribles, espere a cuando el Estado no pueda pagar ya los subsidios de desempleo e incluso se produzcan retrasos en los pagos a pensionistas y funcionarios, con todo el desorden social que ello acarrearía.

Ante estas perspectivas, los inversores ven cada vez más probable que el Estado español siga emitiendo deuda hasta el colapso. No habrá una gestión razonable que restrinja gastos e intente amortizar parte del cada vez mayor endeudamiento, por lo que el único camino es el default.

Y por eso el euro se retuerce. El Banco Central Europeo no está lleno de "millones y millones de euros", como decía Corbacho imaginándose a un Trichet bañándose en billetes cual Tío Gilito, pero su balance sí está lleno de deuda pública de los países que integran la moneda única: son estos activos los que permiten al BCE conducir su política monetaria periódica y preservar el valor del euro. Si la deuda pública de algún Estado resulta impagada, el BCE tendrá un agujero negro en los balances similar al de cualquier entidad que haya invertido masivamente en subprime.

Para evitar estas situaciones es por las que se aprobó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que, no por casualidad, España acaba de incumplir. Se creía que si los Estados limitaban su deuda pública al 60% del PIB y su déficit anual al 3%, el riesgo de impago sería muy bajo y no se pondría en jaque al Banco Central Europeo.

Ciertamente, no es que el BCE sea el único banco central con dificultades. La Reserva Federal también está al borde de la insolvencia, pero el Gobierno de Estados Unidos puede recapitalizarla inyectándole capital, como ya hiciera el pasado mes de septiembre. Técnicamente también existe esta posibilidad con el Banco Central Europeo: si España impaga su deuda, el BCE sólo tendría que dotar provisiones por pérdidas y esperar a que Alemania le inyecte nuevo capital. ¿Pero qué margen tiene Alemania para impedir que España, Italia y Portugal quiebren y para salvarles continuamente la papeleta?

Y, sobre todo, ¿por qué debería hacerlo? El euro no es más que la europeización del marco alemán y de las buenas prácticas del Bundesbank. ¿Por qué no soltar simplemente lastre? ¿Por qué no proseguir su camino tan sólo con países que cuenten co unas finanzas públicas sólidas y dejar que los cerdos se sigan enfangando por su cuenta? Sin duda ése será el dilema al que deberá enfrentarse Alemania. ¿Financiará la unificación europea como ya financió su reunificación? A los españoles más nos vale que así sea.

¿De todos? No. Hay dos excepciones: la deuda pública y el oro. La semana pasada el precio del metal amarillo volvió a alcanzar su máximo histórico: 1.000 dólares la onza, con lo que colocó en un aprieto a todos aquellos que piensan que es una materia prima como cualquier otra y que ha dejado de ser dinero. Al fin y al cabo, si el precio de todas las materias primas se ha desinflado en los últimos seis meses, ¿por qué el oro ha recuperado su tendencia alcista? ¿Acaso la demanda industrial del mismo se ha disparado? No, las razones son otras: el oro sigue siendo dinero, por mucho que los bancos centrales hayan suspendido la convertibilidad.

En su célebre estudio The Golden Constant Roy Jastram recopiló la serie histórica (de 1560 a 1976) del precio del oro en Gran Bretaña y EEUU. Las conclusiones eran básicamente tres: el oro a) no sirve para protegernos de las inflaciones, b) sirve para protegernos de las deflaciones, y c) a largo plazo, su poder adquisitivo se mantiene constante, ya que el precio de las mercancías tiende a revertir a una relación más o menos constante con el oro.

La obra de Jastram, descatalogada durante años pero que en pocos meses volverá a estar a la venta, resulta de especial interés, no ya porque el autor no esté sesgado ideológicamente (de hecho, en su opinión, el oro no es dinero), sino porque las conclusiones empíricas de 400 años pueden aplicarse también a los últimos 30.

Entre 1980 y 2006, invertir en oro fue un negocio bastante ruinoso. El precio de la onza cayó de 700 dólares a aproximadamente 400, con algún movimiento por debajo de los 300. En cambio, desde 2006 hemos pasado de 400 a 1.000. No es casualidad que, como apuntara Jastram, entre 1980 y 2006 viviéramos una época inflacionista, en la que el crédito comenzó a expandirse masivamente; tampoco lo es que desde mediados de ese último año estemos sumergidos en una etapa deflacionista, en la que el crédito se está destruyendo a marchas forzadas.

Tanto o más importante que detectar una regularidad histórica es explicarla. En principio resulta contraintuitivo que el oro, que sirve para conservar valor a lo largo del tiempo, sea una inversión mala en tiempos de inflación (cuando el papel moneda se deprecia) y buena en tiempos de deflación (cuando el papel moneda se aprecia). Aunque haya sido un tema poco tratado, sí existe alguna explicación convincente. Durante las épocas de inflación el crédito es abundante y afluye hacia casi todos los activos productivos. Por consiguiente, aunque el papel moneda se deprecie, existen activos alternativos (las acciones, la vivienda y las materias primas) que aumentan más de valor que el oro. Lo lógico, por tanto, es que los inversores salgan de éste para buscar rentabilidades extraordinarias en otros mercados.

En cambio, durante las épocas deflacionarias el crédito se contrae, con lo que todos los activos caen de precio, salvo los más líquidos. Y es que los activos tienen que venderse (o liquidarse) para pagar deudas. La gente quiere captar dinero, y lo único que puede ofrecer son sus activos, que, obviamente, se deprecian frente al dinero. Por eso mismo el oro exhibe un buen comportamiento durante las épocas deflacionarias: porque es dinero y se demanda como el activo más líquido en el que conservar valor. Por mucho oro que se venda en el mercado, siempre encuentra un comprador dispuesto a adquirirlo con un escaso descuento.

Por supuesto, podría objetarse que lo que necesitan los inversores para saldar sus deudas son dólares, euros o yenes, no lingotes de oro, y que por tanto la contracción del crédito sólo explicaría la revaloración de esas divisas, no la del oro. Pero precisamente aquí es donde se demuestra que el metal amarillo es más líquido que el papel moneda: quienes adquieren dólares, euros o yenes no confían en que estas divisas sean seguras durante el proceso deflacionario y consideran que el oro es un mejor refugio y una mejor reserva de valor. Por eso, tras adquirir las divisas las transforman rápidamente en oro.

¿Qué temen los inversores para incurrir en tal práctica? Recordemos que las divisas no son más que un pasivo de un banco central cuyo valor éste se compromete defender. ¿Y cómo ejecuta esta labor? Con sus activos, que en su mayor parte consisten en deuda pública. La contracción crediticia que estamos sufriendo amenaza con ocasionar impagos no sólo de familias y empresas, sino de gobiernos. En este caso, el banco central quebraría y su divisa sufriría un proceso hiperinflacionario en el que sólo podría conservarse la liquidez a través del oro.

Por consiguiente, ante el aumento de los impagos característico de un proceso deflacionario, el oro suele conservar el valor de los patrimonios. En el período estudiado por Jastram (1570 a 1976) lo hacía porque las deudas estaban concentradas en el oro y su liquidación elevaba su valor (del mismo modo en que hoy elevan el valor del dólar); y hoy lo está haciendo porque el riesgo de impago también afecta a los bancos centrales y, por tanto, los inversores tienden a refugiarse en lo que ha sido el dinero de Occidente durante los últimos 2.000 años.

En la medida en que la crisis siga agravándose y la deuda impagándose, el oro continuará subiendo de valor, precisamente porque es un dinero superior a cualquier papel moneda. Al fin y al cabo, éste es sólo una promesa impagada en oro, y nunca se ha visto que la promesa del pago de algo tenga más valor que ese algo…

El pasado año ya reflejé en mi primer artículo en Libertad Digital que la privacidad es uno de los grandes retos de la sociedad actual y que el desarrollo de las redes sociales depende en gran parte del tratamiento de la información personal que los usuarios depositan en ellas.

Esta misma semana la decisión de Facebook de incluir modificaciones en sus condiciones generales de uso empezó a inquietar a muchos de sus usuarios. Dentro de estos cambios se encontraban frases cuanto menos inquietantes, donde la red social se otorgaba la "licencia perpetua y mundial" sobre todo el contenido publicado en el sitio por parte de sus usuarios. Marck Zuckerberg, el fundador de Facebook, argumentaba que estas modificaciones eran coherentes, ya que están relacionadas con la forma de compartir fotos y mensajes en la red social. La defensa que hacían de esto era que si un usuario decide cancelar el servicio, su información desaparecería de la página, pero no para todos aquellos a los que ya se la había enviado. Otro de los puntos polémicos es el derecho que se otorga Facebook de utilizar libremente todo el contenido en el sitio, incluso si una persona elimina un documento o cierra su cuenta. La red social explica que este punto está ideado, no para comercializar la información de alguna forma, sino para poder innovar con la presentación de la misma y no tener trabas legales que se lo impidan.

En pocos días, el debate en la red y en el propio Facebook se disparó y las reclamaciones no dejaron de llegar. Uno de los grupos más importantes en cuanto a privacidad en entornos electrónicos, el Centro de Privacidad en la Información Electrónica (EPIC), exigió a la red social el regreso a los anteriores términos de condiciones de uso.

Con buen criterio, la red social ha escuchado a los usuarios y a los diferentes grupos de presión y ha vuelto a las anteriores condiciones de uso. Pero además ha decidido abrir un debate público para trazar la líneas de las nuevas, con el objetivo de que al mismo tiempo se defiendan los intereses de la empresa y se satisfaga la privacidad de sus usuarios. El grupo en Facebook ya está abierto para que podamos participar y aportar nuestra visión, porque en este caso las reglas las marcamos entre todos.

Kemmerer recuerda que tanto en 1933, cuando el país se enfrentaba a una deflación, como en 1973, cuando corría el riesgo de padecer una hiperinflación, la solución que adoptaron las autoridades estadounidenses fue la misma: devaluar el dólar.

Guardando las distancias, la histórica desorientación del Gobierno estadounidense parece estar trasladándose a la sociedad española. Son muchos los que lamentan que España no se encuentre fuera de la zona del euro para, así, poder devaluar libremente la moneda y recuperar, por esta vía rápida, la competitividad perdida. Ya vimos que no habríamos evitado la crisis estando fuera del euro, pero ¿la capearíamos mejor si nos saliéramos?

Lo primero que debemos tener claro es que existe una diferencia conceptual entre devaluar y depreciar la moneda. Las devaluaciones se dan en un sistema de tipos de cambio fijos, donde los bancos centrales se muestran dispuestos a comprar y vender sus respectivas divisas a un tanto preestablecido; las depreciaciones, por el contrario, se producen en un sistema de tipos flexibles, donde aquéllos se desentienden de la protección de sus divisas, a las que dejan flotar.

Con independencia de que una España fuera del euro estableciera un tipo de cambio fijo o variable para su nueva peseta, entiendo que lo que los defensores de la devaluación pretenden es que la divisa española pierda valor con respecto a todas las demás para, de este modo, encarecer las importancias y abaratar las exportaciones (lo que haría mejorar nuestro deficitario saldo exterior).

En la práctica, este supuesto automatismo, descrito por Friedman en 1953, se cumple tantas veces como se incumple. Por ejemplo, el déficit por cuenta corriente de la zona del euro con Japón creció un 40% entre 2003 y 2007, de modo que, en teoría, el euro debería haberse depreciado con respecto al yen, pero, en cambio, se apreció un 30%. El superávit de la zona del euro con Canadá se incrementó en ese mismo período un 92%, con lo que en principio la moneda europea debería haberse apreciado, pero se depreció aproximadamente un 10%. El superávit corriente con Dinamarca aumentó en un 430%, con lo que cabría esperar una rápida apreciación del euro frente a la corona danesa, pero apenas se apreció un 1%. Por último, el superávit corriente con Suecia se redujo en un 40%, sin que el euro se apreciara más de un 2%.

La intuición de Friedman de que los desequilibrios externos tendían a corregirse con simples cambios en las cotizaciones de divisas parece no conciliarse con la realidad. Y no es complicado comprender el motivo.

En una economía globalizada, esto es, integrada en la división internacional del trabajo, las importaciones no se refieren únicamente a bienes de consumo, sino a factores productivos. Por consiguiente, la devaluación de una moneda no sólo encarece los bienes de consumo extranjeros frente a los domésticos, sino que también encarece los factores productivos extranjeros que necesitamos, entre otras cosas, para exportar. Desde luego, nuestros productos terminados se abaratan con la devaluación, pero también se nos encarece el producirlos, con lo cual nos volvemos menos competitivos.

Imagine que compramos acero a Estados Unidos por 100 dólares para construir unas placas que venderemos a los propios Estados Unidos por 150 euros. Imagine, asimismo, una paridad euro-dólar de 1 a 1, pero que el Banco Central Europeo pretende mejorar la competividad devaluando el euro hasta los 0,8 dólares. Pues bien, si antes comprábamos el acero a 100 euros y lo vendíamos a 150 (1 euro = 1 dólar), ahora pasaremos a comprarlo a 125 euros para venderlo por 150 (1 euro = 0,8 dólares). Con lo que nuestro margen de beneficio se reduciría de 50 euros (el 50% sobre los 100 euros que costaba el acero) a sólo 25 (el 20% sobre los 125 euros que cuesta el acero).

Así las cosas, si el exportador español quiere mantener el margen tendrá que subir el precio de las placas a 187,5 euros, con lo que los estadounidenses seguirán pagando 150 dólares por nuestras placas… y en nada mejoraremos nuestra competitividad. Es más, debido a la subida de precios para mantener el margen, puede que la empeoremos frente a otros socios comerciales que comparten nuestra misma moneda (el euro) o frente a los que no nos hemos devaluado.

Visto lo anterior, conviene preguntarse qué beneficios obtendría España de la devaluación si una abultada parte de nuestro déficit exterior se debe a la importación de petróleo, del que dependemos no sólo para producir electricidad, sino para poner en funcionamiento los camiones que distribuyen nuestras exportaciones hasta, al menos, la frontera. Si una electricidad cara y unos costes de transporte altos fueran a elevarnos en el ranking de competitividad, España debería estar entre los países más competitivos del mundo desde hace años.

No, salir del euro para devaluar nuestra divisa no arregla casi nada. Como mucho, permitiría reanimar la industria del turismo y regresar al tradicional modelo de crecimiento de los años 60 de sol, playa y bocadillo. Con la diferencia de que ahora habría destinos turísticos alternativos más baratos… pese a la devaluación.

Mucho me temo que la solución de nuestro déficit exterior y, sobre todo, la reactivación de nuestro crecimiento sólo procederá de un cambio de nuestro modelo productivo, y no de un pseudoabaratamiento inflacionario del caduco modelo de negocio actual.

Para ello, la receta es la de siempre: ajuste de precios de los activos y liberalización de los mercados de factores para permitir que se creen nuevas industrias exportadoras y otras que reduzcan nuestra dependencia de las importaciones. Para mejorar nuestra competitividad no hace falta que suframos un drástico ajuste interno de salarios que nos sitúe al nivel de los chinos, sino que sepamos reorganizar adecuadamente nuestra estructura productiva.

En su opinión, la actitud de los bancos nos está sumergiendo en un círculo vicioso: los bancos están viendo repuntar su morosidad, motivo por el cual cierran el grifo del crédito a la economía, pero sin crédito la economía se ralentiza todavía más, con lo que la morosidad sigue aumentando y el crédito restringiéndose.

Para estos dos economistas la solución está clara: debe ser el Estado, con su potente músculo financiero, quien dé un paso adelante en esta coyuntura crítica y vuelva a expandir el crédito hacia la economía. De esta manera, pasaremos del círculo vicioso al círculo virtuoso: más crédito significará más crecimiento económico, menor morosidad, balances bancarios más saneados y mayor crédito y crecimiento.

En economía las relaciones automáticas, desligadas de su sustrato teleológico, no suelen tener ninguna relevancia. Lo que importa no es tanto la cantidad del crédito en la economía como su calidad. Si el Estado presta masivamente dinero a las empresas para que acometan proyectos fallidos, difícilmente superaremos la crisis por mucho que se haya abierto el chorro del crédito.

Aunque las críticas que se pueden hacer a la propuesta de regresar a la banca pública son muy numerosas (y en otras ocasiones ya he apuntado algunas), uno de los fallos esenciales de sus proponentes podría parecer una mera cuestión léxica, pero que esconde un trasfondo mucho más profundo: la banca no concede crédito, sino que reconoce crédito.

¿Qué implicaciones tiene esta simple matización de verbo? Es un error considerar que la banca crea por sí misma la capacidad para financiar los proyectos productivos. La inversión procede siempre del ahorro de las familias y de las empresas: son estos agentes económicos los que generan la capacidad para conceder créditos. La misión de la banca, por el contrario, es reconocer crédito. Es decir, asignar ese ahorro de las familias y de las empresas a aquellos acreedores lo suficientemente solventes como para devolverlo con intereses.

La banca, por consiguiente, de lo que debería encargarse es de discriminar los proyectos buenos de los proyectos malos y asignar el ahorro escaso hacia los primeros. El problema económico ahora mismo no es que la banca esté restringiendo deliberadamente la oferta de crédito, sino que la demanda solvente del mismo se está desplomando. Si las empresas están quebrando y los familias quedando desempleadas, ¿en qué sentido podemos decir que serán capaces de devolver el ahorro que se les preste?

Si forzamos a que los bancos presten sin tener en cuenta la solvencia de sus deudores, volveremos a reproducir las condiciones que han generado la crisis actual, pero lo haremos en un momento donde la salud de los bancos está mucho más debilitada. ¿Acaso queremos abocarlos a una nueva quiebra para que el Gobierno pueda justificar una nueva lluvia de millones para rescatarlos?

Poco cambia la cosa si quien presta es el Estado, porque un mal proyecto es malo con independencia de la fuente de financiación. Si se crea una banca pública que compense con nuestros impuestos los impagos de los deudores insolventes, sólo estaremos echando dinero bueno sobre dinero malo, empeorando todavía más la salud de nuestra economía y la bases sobre las que edificar la recuperación.

Lo que hace falta no es más crédito, sino más ahorro y más proyectos rentables que financiar. Para lo primero, el Estado puede reducir el gasto público y los impuestos. Para lo segundo, hay que dejar que se ajusten los precios de los activos y liberalizar los mercados de factores productivos, especialmente el de trabajo, el energético y el de transportes.

Pero las voces autorizadas de Gómez Navarro y Villarreal parecen indicar que el Gobierno va justo en la dirección contraria. Extender más crédito –esta vez forzoso– a proyectos que han dejado de ser rentables y dificultar tanto como pueda los ajustes del mercado. Qué reconfortante.

Un narcótico con el que pretendía acallar las crecientes críticas entre una población que no entendía la necesidad de regalar su dinero a los bancos mientras ellos atravesaban serias penurias económicas.

La idea de Solbes era sencilla: vamos a comprarles a los bancos activos de calidad que el mercado esté infravalorando por la crisis y luego, cuando se inicie la recuperación, los volveremos a vender a un precio incluso superior. Sería como si el Gobierno adquiriera acciones de Telefónica a 13 euros y luego las revendiera a 20. ¿Coste? Ninguno. Es más, pingües ganancias a la vista.

El problema estaba en que no parecía muy lógico que el Estado les comprara a los bancos sus activos de calidad para dejar sus balances llenos de basura. ¿Se imaginan una liposucción destinada a arrancar los músculos y a dejar la grasa en el cuerpo del paciente? Poco verosímil, más bien cabía pensar que nos estaban vendiendo la moto: el Estado utilizaba nuestro dinero para comprarles a los bancos la peor parte de sus balances y, mientras se comportaba como un Madoff de pacotilla, nos juraba que se estaba convirtiendo en el nuevo Warren Buffett.

En Estados Unidos la mascarada de Paulson siguió un curso similar: Bush y su secretario del Tesoro repetían una y otra vez que el contribuyente no sufriría ningún desfalco en sus cuentas mientras los banqueros llenaban sus bolsillos y los de sus accionistas repartiendo dividendos con el dinero que se les había entregado.

Pero por lo visto, la salud de los bancos se encuentra tan deteriorada –y cada vez más– que ni siquiera estos timos están sirviendo para reanimarles. Como agujeros negros, no paran de engullir los fondos de los contribuyentes sin que se logre evitar su quiebra, sino sólo retrasarla.

En este contexto, Obama, que en política económica no es más que una versión progre friendly de Bush, ya ha decidido ir más lejos: la situación es tan crítica que hay que echar abajo cualquier barrera al intervencionismo estatal. Así, ya no piensan vendernos el camelo de que sólo adquieren activos de calidad con problemas transitorios, sino que incluso hablan de crear un "banco malo" que les compre a los bancos privados todos sus activos tóxicos. Una especie de estercolero público que pague la basura de los bancos a precios de oro. Se cree que así estos últimos podrán recapitalizarse, volverán a conceder créditos y la economía se reactivará.

Lo mismo parece opinar Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, casualmente desde nuestro país. Será que España está a la cabeza del estercolero europeo en el que los bancos –y especialmente las politizadas cajas– ya advierten que será el año de la insolvencia bancaria.

Me temo que ahora ya nadie podrá sostener que el rescate de los bancos nos saldrá gratis total; el propio Almunia se ve forzado a reconocer "riesgos para los contribuyentes". Y es que no se trata de estar comprando acciones de Telefónica a 13 para venderlas a 20, sino de adquirir acciones de Terra a 100 para venderlas a 2.

No entienden nada y, lo que es peor, nos arrastran a todos con su ignorancia. En estos momentos todos los agentes económicos están reconstruyendo sus posiciones de liquidez, incluyendo los bancos. De ahí que no exista ningún automatismo entre bancos saneados y expansión del crédito, simplemente porque durante las crisis la demanda de crédito de todos los agentes se desploma.

Es cierto que los bancos deben recapitalizarse antes de iniciar la recuperación; pero también deben sanearse familias y empresas, reduciendo sus pasivos y aumentando sus activos más líquidos. Comprar activos inflados a costa de familias y empresas no sanea el conjunto de la sociedad, sino que socializa las pérdidas en lugar de concentrarlas en los agentes responsables de ellas. Y si la situación patrimonial de familias y empresas todavía se agrava más con los mayores impuestos futuros que serán necesarios para financiar este desaguisado, difícilmente volverán a pedir crédito por muy sólidos que sean nuestros bancos.

Nuestros políticos parecen haber optado por salvar a los bancos a costa de hundir a la economía. Sólo conciben dos alternativas: la fascista (conservar la dirección privada de bancos y concentrar sus activos tóxicos en un banco malo) y la comunista (nacionalizar los bancos). Que dejen de despilfarrar ya el dinero de los contribuyentes y empiecen a aplicar una receta más liberal: bajar impuestos, adelgazar el Estado y dejar quebrar a aquellos bancos que estén de basura hasta las cejas.