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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Libres e iguales: algo más que unos “fachas”

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

La acometida rupturista liderada por el actual gobierno de Cataluña se ha convertido en el principal reto al que se debe dar respuesta en los próximos meses. Hasta la fecha, la reacción o bien había sido aislada y canalizada a través de voces individuales, o bien a través de plataformas que, ubicadas en territorio catalán, no habían tenido el eco merecido, entre otras razones por la "política" de comunicación que viene desarrollando el bipartito CIU-ERC.

En este sentido, notables iniciativas como Sociedad Civil Catalana sufrieron en sus propias carnes la doble y peligrosa combinación de ninguneamiento y acusación de españolistas. Aún así, ha desarrollado su trabajo de forma ejemplar y lo hará de igual modo en los próximos meses.

La Plataforma Libres e Iguales, con su irrupción, ha generado un torrente de repercusiones. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, por el apoyo de intelectuales de la talla de Mario Vargas Llosa o Albert Boadella. Ambos conocen a la perfección las consecuencias que provocan los nacionalismos identitarios. Además, tampoco es la primera vez que denuncian el panorama que se viene cocinando en Cataluña. De hecho, en el caso del director de teatro, la asfixia nacionalista ha motivado su cambio de residencia a Madrid. ¿Un centralista encubierto? No, simplemente alguien que ama la libertad y por tanto, la defiende.

En segundo lugar, debemos valorar la defensa a ultranza de la Constitución española (e indirectamente de la Transición). En efecto, desde diferentes sectores que van allá del nacionalismo catalán, la Constitución de 1978 está siendo injuriada. La izquierda radical de nuestro país, para la que todo vale siempre y cuando los métodos los decida ella, ha liderado un ataque plagado de ofensas y en el que no desprecia compañeros de viaje en su estrategia liberticida, cuyo fin último es la voladura del edificio creado hace casi 40 años.

En tercer lugar, la transversalidad de libres e iguales, es un aspecto muy a valorar. Destacadas figuras del PP, PSOE o UPyD se han unido en defensa de España y no lo han hecho a modo de respuesta cortoplacista, sino con vocación de perdurar. Para ello plantean la batalla de las ideas, reto que tiene una traducción práctica. Por un lado, no a la consulta del 9 de noviembre y por otro, oposición a una negociación más o menos encubierta con quienes quieren celebrar aquélla.

Sobre el primero de los puntos, aunque es una verdad palmaria, no siempre se ha combatido adecuadamente la particular visión del derecho de autodeterminación por el que ha apostado el nacionalismo periférico a través de un recurso ladino a la ambigüedad. Gracias a esta polisemia viciada, pervierten la realidad y transforman una ilegalidad en un ejemplo de exaltación de la libertad. Ver para creer, pero así es…

En cuanto al segundo de los puntos, por la trayectoria del denominado "nacionalismo moderado" catalán, no es descartable, sondeos en mano, que finalmente acabe por canjear su órdago rupturista por algún tipo de medida en principio de menor calado, pero igual de peligrosa para la convivencia entre todos los españoles. Dentro de este apartado se incluyen desde una mejora en el sistema de financiación (difícil de vender para aquellos a los que han convencido de que España roba a Cataluña) hasta un tratamiento diferenciado de Cataluña en el texto constitucional.

Esta última opción implica una aberración jurídica difícilmente superable pero que podría llevarse a efecto, opuesto que es una solución defendida por determinados sectores académicos, periodísticos e intelectuales. Se trataría, en definitiva, de una modificación parcial de la Constitución para satisfacer (contentar momentáneamente, más bien) sólo a una de las partes, no al todo. Error mayúsculo que jamás detendría el supuesto problema a resolver, puesto que si algo caracteriza al nacionalismo, es su insaciable voracidad.

Raúl Castro y Putin o el romance imposible

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

Vladimir Putin aclaró tajantemente que su país no pensaba reabrir las operaciones de inteligencia electrónica de la base Lourdes, cercana a La Habana. Eso era lo predecible. Meterse de nuevo en la cama con los Castro no tenía sentido. No debe olvidarse que Putin llegó al poder de la mano de Boris Yeltsin para que completara el entierro del comunismo, no para revivirlo.

Las instalaciones de espionaje creadas en Cuba en 1964 fueron abruptamente clausuradas en octubre del 2001 por órdenes del propio Putin. Esa acción no se la perdonaron Fidel Castro ni los viejos kagebistas nostálgicos del comunismo, como su exjefe el general Nikolai Leonov, quien así lo manifestó en una entrevista concedida hace algunos años a los medios rusos.

En agosto de 1991 el KGB urdió un golpe político-militar para liquidar a Mijail Gorbachev y su política de reformas. A las 24 horas de iniciado el movimiento subversivo, Vladimir Putin, teniente coronel del KGB, renunció a su cargo y se situó junto a Boris Yeltsin, el hombre que hizo abortar el coup d’etat.

Aunque Putin no tenía mucha importancia dentro de la inteligencia, sus excompañeros lo vieron como un traidor, pero en el bando de Yeltsin lo aceptaron como un buen aporte a la Rusia que huía de su pasado bolchevique.

Casi una década más tarde, el 31 de diciembre de 1999, Yeltsin, enfermo y alcoholizado, renunciaría a la presidencia del país dejando a su discípulo Vladimir Putin al frente de la Federación Rusa con la secreta tarea de que le cuidara las espaldas y lo defendiera de las (fundadas) acusaciones de corrupción.

Juntos, con perdón, habían armado la de Dios es Cristo. Enterraron la URSS, disolvieron el Partido Comunista, privatizaron con amiguetes el aparato productivo, renunciaron al colectivismo y a la planificación centralizada y transformaron los servicios de inteligencia.

Yeltsin y Putin sabían que Fidel Castro era un estalinista irredento. Y lo sabían porque al desertar el embajador (interino) cubano en Moscú, Jesús Renzolí, quien escapó vía Finlandia con la ayuda del diplomático costarricense Plutarco Hernández, reveló que algunas de las conversaciones conspirativas para restituir la dictadura marxista-leninista en la URSS se habían llevado a cabo en la embajada cubana en Moscú.

No obstante, la base de Lourdes permaneció abierta durante la década en que gobernó Yeltsin. Pero Putin, a poco de asumir el poder, la cerró, y lo hizo tan sorpresivamente que Fidel y Raúl Castro se enteraron por la prensa de la decisión del nuevo líder ruso, propinando un durísimo golpe a la vanidad de ambos personajes.

Sin embargo, la desilusión mayor fue la de Raúl Castro. De los dos hermanos, era él quien siempre había admirado más a Rusia, al extremo de llenar su antedespacho de fotos de mariscales y líderes militares soviéticos. Incluso llegó a declarar, en el juicio-pantomima que organizaron para asesinar al general Arnaldo Ochoa y otros tres oficiales, que él, Raúl, era, en realidad, "un ruso del Caribe".

En definitiva, ¿qué buscan Raúl Castro y Vladimir Putin en esta etapa de las relaciones entre ambos países?

El cubano busca armas para renovar su herrumbroso arsenal de los años ochenta, plantas eléctricas, una línea de crédito e inversiones en las elusivas prospecciones petroleras. Ofrece como garantía los petrodólares venezolanos –su permanente fuente de financiamiento–, pues nada tiene para exportar a Rusia, incluidos los médicos cubanos, innecesarios y muy poco respetados en ese país.

El ruso, por su parte, anda a la captura de mercados para sus cachivaches, especialmente armas, para lo cual –y ésta es una reflexión del sagaz político boliviano Sánchez Berzaín– le conviene arreglar cuentas con Raúl Castro, porque se trata del godfather de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, y mantiene unas magníficas relaciones con Argentina, Brasil y Uruguay. Aunque pobre, desorientado y andrajoso, Raúl, paradójicamente es el director del circo y el domador de los enanos.

Hace muchos años, cuando conocí a Boris Yeltsin, le escuché expresar su temor a que el KGB le paralizara el corazón con unas ondas de radio que producían fibrilaciones. Yeltsin no quería nada a Castro.

Ignoro si Vladimir Putin ha controlado a sus excompañeros o si cree que ya pasó el peligro. Tampoco sé lo que realmente piensa de los dos hermanos Castro, pero intuyo que no es nada bueno. Fue en Moscú, en esa época, cuando escuché una expresión llena de desprecio hacia Cuba y el comunismo tercermundista: "Mendicidad revolucionaria". Putin no quiere saber de eso nunca más.

elblogdemontaner.com

Usos e imposturas

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Cualesquiera que sean las circunstancias de su ejercicio dentro de una sociedad dada, la función de juzgar cabalmente constituye una de las actividades más díficiles y complicadas que un ser humano pueda emprender.

Se exige, en primer lugar, acotar los hechos que tengan relevancia jurídica teniendo en cuenta que las propias normas jurídicas en las que finalmente habrá de subsumirse el caso influirán en su interpretación. Se produce en la práctica una inescindibilidad entre el hecho y su típicación en el precepto concreto. Con ese objetivo en mente, debe acometerse una investigación previa o una preparación de pruebas por las partes interesadas que conformarán la fase previa al juicio definitivo.

En segundo término se requiere la práctica de una serie de pruebas de forma contradictoria ante un juez –o jueces- que valore jurídicamente los hechos que considere probados y les atribuya unas consecuencias determinadas. Estás últimas varían, según los órdenes jurisdiccionales, pero singularmente en el orden penal, los estados han reservado para sus tribunales, previa acusación pública o privada, la potestad de privar de libertad a los individuos condenados como responsables de delitos que se consideran menos graves y graves. En buena lógica parece que de la grave responsabilidad asumida por un juez penal se derivaría la necesidad de extremar el cuidado en su selección, de suerte que solo lleguen a desempeñar un cargo de ese tipo personas dotadas de contrastable ecuanimidad y metódico conocimiento del Derecho.

Viene al caso esta disgresión a propósito del último ejemplo de la larga lista de decisiones chocantes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: Me refiero naturalmente a la Sentencia profundamente injusta que absuelve a diecinueve acusados de varios delitos con motivo del asedio al Parlamento de Cataluña el 14 de junio de 2011 y tan solo condena a uno por una falta de daños.

Llama la atención desde el principio de la sentencia, respaldada por el voto de dos magistrados de la Sala, la reiteración del término "conflicto" para referirse a unos incidentes violentos protagonizados por numerosos asistentes a una manifestación que, en principio, no debería degenerar en un tumulto dirigido contra los parlamentarios y el gobierno autónomo catalán, si no hubiera, como señala el voto particular discrepante, un pactum scaeleris, es decir, un acuerdo por el que varias personas convienen la realización de una actividad criminal, que suele suponer la condena de los partícipes como coautores del hecho o hechos ilícitos realizados.

La instrucción judicial fue atraída en un estadio preliminar a la competencia de la Audiencia Nacional [Art. 65.1º a) LOPJ] al calificarse muy pronto los hechos como un delito de coacciones especiales contra los miembros de una Asamblea legislativa autónomica dirigidas a impedir su asistencia o coartar la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto (Art. 498 C.P) en una sesión donde se iban a debatir y votar determinados medidas presupuestarias que disgustaban a los organizadores de la manifestación, en concurso ideal con otro delito de atentado agravado (Art. 550 y 551.2 CP).

La propia dilación del procedimiento –el juicio no se celebró hasta tres años después- da una idea de las dificultades que la instrucción debió atravesar. En cualquier caso, los pseudoargumentos jurídicos fundamentales para justificar la actuación de los manifestantes violentos se contestaría con una sola línea: El derecho a la manifestación protegido constitucionalmente (Art. 21.1) requiere el cumplimiento de dos condiciones: que sea pacífica y sin armas, en la medida que éstas constituyen un indicio de intimidación o coacción frente a otras personas.

Mas, lejos de ello, los magistrados Ramón Sáez Valcárcel (ponente) y Manuela Fernández Prado descienden en un camino de ampulosa retórica y citas inconsistentes de las doctrinas del Tribunal Constitucional español, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (¿es un guiño a alguien citar las sentencias de los casos Castells y Otegui contra España en las que se invocó la libertad de expresión, cuando hay otras más representativas?) e incluso el Tribunal Supremo norteamericano. Básicamente estos ilustres magistrados pretenden colar la especie de que la justificación de los "excesos" en el ejercicio de la libertad de expresión frente a otros derechos resulta equiparable a los de una manifestación violenta.

Pero van más allá: aluden a una dramática falta de acceso de estos manifestantes (a los que atribuyen la representación de los sectores más débiles de la sociedad) a los medios de comunicación, pues éstos estarían en manos privadas o de titularidad estatal, pero gestionados con criterios partidistas, como presupuesto que vendrá a justificar excesos de su parte. Y como claúsula de blindaje, se sirven de una singular apología de los piquetes para trasladar la responsabilidad de lo acontecido a las autoridades competentes por no establecer un perímetro "para hacer compatible, de un lado, la acción de los piquetes, que se erigían en portavoces de un sector de la sociedad, de los representados, que buscaban confrontarse físicamente y dialogar con los representantes parlamentarios, trasladándoles el malestar y las consecuencias de los presupuestos que se iban a votar aquella jornada, con, de otro lado, la libertad de los diputados de acceder a la asamblea para ejercer sus funciones". Una cosa es la probable incompetencia de las autoridades en la ordenación de las protestas en espacios públicos y otra muy distinta basar en ella la irresponsabilidad de quienes participan en esas manifestaciones.

Frente a un tribunal politizado en el sentido apetecido por las defensas de los acusados caben todas las sospechas de que no reúne las condiciones necesarias para desempeñar la función de juzgar. A la espera de una sentencia del Tribunal Supremo que resuelva los recursos de casación anunciados, si se observa el voto discrepante, emitido a modo de sentencia alternativa con distintos hechos probados y fundamentos de derecho por el tercero de los magistrados, las sospechas pasan a ser indicios de la impostura de la mayoría.

No es la economía, estúpido

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Resulta de sobra conocido que uno de los eslóganes que fueron claves para que Bill Clinton venciera a George H. W. Bush en las presidenciales de Estados Unidos de 1992 fue: "La economía, estúpido". La frase se fue popularizando cada vez más y mayoritariamente es recordada en su variante "es la economía, estúpido". Ese mismo eslogan parece haber sido adoptado, incluso desde hace años antes de que la utilizara el cuadragésimo segundo presidente de EEUU, por numerosos liberales. Por no decir por la mayoría. 

Otros, que también nos metemos con frecuencia en jardines económicos, compartimos sin embargo la crítica que nos ha hecho Alejandro Chafuen, una de las grandes voces del liberalismo internacional, en una reciente entrevista: "Los liberales se han equivocado en reducir todo a la economía". Efectivamente, hay una gran cantidad de cuestiones en las que el Estado se inmiscuye en la vida de las personas, cuando no ataca de forma directa y descarada su libertad individual, y de las que no solemos hablar, o lo hacemos sólo de pasada, incluso cuando son asuntos que nos preocupan.

Se trata de temas que preocupan o interesan a una gran cantidad de personas y en las que los liberales no nos solemos poner en primera línea a la hora de enfrentar los abusos del poder político. De esta manera, dejamos la iniciativa a otros sectores ideológicos que, muchas veces por mero interés estratégico coyuntural, se apropian de esas causas y alejan de las ideas generales de la libertad a personas que están interesadas en ellas. Y esto pasa tanto con las distintas variantes de la izquierda como con conservadores y democristianos.

Los ejemplos son múltiples. Los medios de comunicación públicos son poderosos medios de propaganda en manos del Gobierno (central o autonómico de turno), y la denuncia de ello suele venir normalmente de quienes no lo controlan, mientras que debería ser siempre denunciado (así como puesta en duda la legitimidad de su existencia). La educación se utiliza para el adoctrinamiento en unos denominados "valores", da igual cuales sean, que coinciden con los del poder político o el de los lobbies del propio sistema educativo… Y ejemplos en este sentido hay de sobra.

Pero existen otros "frentes" todavía más abandonados. La reclamación de la igualdad ante la ley de las parejas con independencia de si son homosexuales o heterosexuales, se llamen matrimonio o de otra manera, fue una causa en la que los liberales estuvimos ausentes. Y lo mismo debe decirse en la reclamación de que no exista discriminación a la hora de poder adoptar. Incluso se debería defender que unos padres puedan marcar qué tipos de personas podrían adoptar a sus hijos en el caso de que ellos fallezcan.

Los liberales deberíamos reclamar que ninguna moral particular, sea religiosa o de otro tipo ("progresista", tradicional, feminista o cualquier otra), se imponga por medio de la legislación en cualquier aspecto de la vida y del comportamiento individual, ya sea en solitario o en relaciones con otras personas. Se podría decir que habría que aplicar que "es pecado pero no es delito" (aunque "pecado" sea un concepto religioso, por extensión lo aplicaremos a cualquier sistema de valores).

Así, los liberales deberíamos defender la legalidad de cualquier tipo de relación sexual consentida entre adultos, medie intercambio comercial en ella o no (cosas muy distintas son la violación o la trata de blancas). De igual manera, deberíamos oponernos a que se estigmatice desde el poder o sus terminales mediáticas o educativas a quienes optan por el celibato, sea por razones religiosas u otras. Lo mismo debería aplicarse al consumo no forzado de estupefacientes, aunque sólo sea por uso terapéutico. Además de sus efectos positivos de reducción de la delincuencia vinculada a la comercialización y el uso de drogas, es una cuestión de respetar la libre voluntad de cada persona.

La lista de cuestiones en las que los liberales podríamos implicarnos en mayor medida es todavía más larga. Deberíamos estar en primera fila contra los abusos policiales, el trato denigrante que reciben muchos extranjeros en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (en ocasiones verdaderas cárceles sin juicio para personas que no han cometido delito alguno); el abuso de poder, malos tratos incluidos, por parte de determinados miembros de los distintos cuerpos policiales; el control estatal del uso de internet de los ciudadanos (nuestros datos de navegación, en España, quedan almacenados durante medio año por si las fuerzas de seguridad quieren comprobarlos, teóricamente bajo orden judicial) o las escuchas ilegales de conversaciones telefónicas.

Todas esas son causas en las que dar la batalla por la libertad, que cuentan además con la ventaja de interesar a mucha gente que ahora no se acerca al liberalismo por pensar que tan sólo se preocupa de la economía. Esta última es una materia demasiado compleja como para resultar un punto de enganche efectivo para gran cantidad de personas. Sin embargo, si se les convence de que la libertad es positiva en todos los demás aspectos de la vida, llegarán incluso a aceptarla en la economía. Y, aunque no fuera así, son cuestiones en las que deberíamos ser muy activos.

Tal vez sería sano que cada uno de los liberales nos miráramos a nosotros mismos y nos dijéramos: "no es la economía, estúpido. O, al menos, no lo es todo".

La libertad de prensa y la prensa de la libertad

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Podemos y su mediático líder, Pablo Iglesias, han sido toda una sorpresa en el inmovilista mundo político español. Este nuevo partido, que es hijo de la crisis y radical en sus propuestas, dignas de la mejor tradición castrista o chavista, se ha visto favorecido, entre otros factores, por la fama que le han proporcionado unas televisiones más centradas en el amarillismo periodístico, en la polémica como objetivo, que en un análisis político o económico sosegado y veraz. Y es que el reality show, de alguna manera, también se ha instalado en la política.

El partido que dirigen Iglesias, Errejón y Monedero se ha sabido alimentar de la aversión ciudadana a una política dominada por la imagen de la corrupción, pero sobre todo del miedo, el de perder derechos positivos y servicios públicos que durante años los políticos de todos los colores nos han vendido sin aclararnos quién y cómo iban a pagar todo ello. Frente al miedo, Podemos ha creado esperanza, ciertamente envenenada, pero esperanza al fin y al cabo y el resultado ha sido 1,2 millones de votos en las últimas elecciones europeas y unas expectativas para las municipales y autonómicas que sólo han podido soñar, y nunca alcanzar, partidos como C’s, UPyD o Vox, alternativas a priori más naturales para PP y PSOE.

Pero poco a poco, Iglesias muestra la patita de lo que es, un visionario con una concepción totalitaria de la política, lo que no sé si asustará a sus electores o los atraerá a más. Una de sus últimas perlas ha sido sobre los medios de comunicación y de cómo debería ser el marco regulatorio que rigiera el periodismo. Para Iglesias, tienen que existir mecanismos de control público que regulen la labor periodística y por ello alaba leyes como las promulgadas en Ecuador por su bolivariano presidente Rafael Correa. Se pregunta si parece razonable que garantice la libertad de expresión que el 80 % de lo que los españoles ven pertenezca a dos imperios mediáticos, Mediaset y Atresmedia, y asegura que "nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada pero sí estamos en contra de ese modelo de burocracias que implica que en última instancia hay monopolios y oligopolios que lo controlan todo", puntualizando que los monopolios no son compatibles con la democracia.

Como buen demagogo de izquierdas sabe acercarse al trabajador (siempre explotado cuando de capitalismo hablamos), defendiendo al reportero que se ve obligado a seguir la línea editorial de la empresa y no lo que le dice su conciencia o ideología: "Estoy harto de encontrarme periodistas de El País, de El Mundo, de La Sexta, de Cuatro que me dicen, muchas veces, con cara de trabajo donde trabajo pero me marcan la línea editorial y qué le voy a hacer". Por último, dentro de la línea anticlerical de la izquierda española se pregunta que "si los obispos pueden tener radios y televisiones por qué no otros colectivos".

Más allá de que Pablo Iglesias arremeta contra aquellos que le han ayudado a llegar donde ha llegado, sobre todo Cuatro (Mediaset) y La Sexta (Atresmedia), no dejan de ser interesantes sus precisiones, porque en la descripción del sector no le falta razón en algunos aspectos.

El actual sistema de licencias español, donde las administraciones públicas permiten o no emitir a radios y televisiones y establecen en qué condiciones se hace esta emisión, nos ha llevado a la situación actual, precisamente de la que se queja Pablo Iglesias. En ningún momento ha actuado el libre mercado, así pues la lamento de Iglesias se dirige paradójicamente hacía el sistema que el mismo defiende, cayendo de nuevo en el viejo tópico de los intervencionistas de que lo que falla es que la regulación es poco intensa.

En el sector audiovisual, como en otros sectores de la economía, las empresas deben satisfacer las necesidades políticas del poder de turno del que dependen, a la vez que mantener cierta imagen de objetividad y obtener un beneficio, condición sine qua non los accionistas no invertirían su capital. Es normal, por tanto, que se genere un sistema corrupto de base, donde los favores políticos estén a la orden del día, las ayudas y subvenciones públicas formen parte de la contabilidad oficial y la prensa molesta no se vea favorecida desde el poder e incluso termine desapareciendo por una serie de presiones y malas artes. Así pues, no es cierto como dice Iglesias que el monopolio o el oligopolio no sea democrático, sino que este surge precisamente de las reglas que sustentan a esta, nuestra democracia.

Si el panorama mediático español no es más asfixiante todavía se debe a dos factores. Por una parte, la existencia de Internet, un canal aún sin regulación, o al menos con una regulación poco definida, que permite a los ciudadanos acceder a fuentes distintas, nacionales e internacionales, para mantenerse informado o entretenido sin necesidad de pasar por los cauces tradicionales. Además, la naturaleza de Internet permite a casi cualquiera crear su propio sistema para informar o dar su opinión (blogs, redes sociales, páginas personales, etc.) de forma que el periodismo está experimentando una seria revolución.

El segundo factor, ligado a lo anterior es la convergencia tecnológica. No hace muchos años, los periódicos de papel, las radios y las televisiones eran entes aislados el uno del otro, aunque una misma empresa pudiera tener en propiedad varios de estos canales. Hoy por hoy, estos canales se mezclan, podemos escuchar un programa de radio o ver uno de televisión cuando nos place y en lugares tan "exóticos" como nuestro teléfono móvil, PC o tablet. Los periódicos digitales se están comiendo a los de papel, que tienen que reconvertirse en lo que antes eran las revistas y estas a su vez, especializarse en otras cosas. Y parece que es un proceso sin retorno, en tanto las generaciones más digitales vayan sustituyendo a las analógicas.

Pero mientras este canal se hace más poderoso, la televisión es la que marca el nivel informativo y casi cultural de los españoles. Pablo Iglesias y Podemos lo vieron y lo aprovecharon y ahora están sufriendo en sus carnes algunas de las tácticas que ellos mismos han usado, y es normal que les duela. Por eso quieren regular el sector, como han hecho los bolivarianos en los países que gobiernan. Por eso no duda Pablo Iglesias, fiel a su demagogia, en convertir una trifulca televisiva entre Bertín Osborne y Beatriz Montáñez sobre el apoyo de Podemos al régimen chavista en un supuesto ataque a sus 1,2 millones de votantes. No le mueve la libertad de prensa y mucho menos la prensa de la libertad, sino la toma del poder y su control.

Casta eres tú

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando un político en ejercicio y con sueldo oficial llama a otros representantes públicos "casta", un resorte intelectual salta inmediatamente advirtiendo de que algo no está bien. La expresión"casta política" (o "castuza", cuando el desdén se desliza hacia el terreno de la ofensa) se viene utilizando desde que arreció la crisis para poner de relieve el rechazo a los políticos, señalados muy justamente como los principales responsables de la catástrofe económica que todavía padecemos todos los españoles. Los políticos en su conjunto, sin atención a las siglas de sus respectivos partidos, con la única condición de que hayan tenido responsabilidades ejecutivas de relevancia en cualquier ámbito, porque, si bien es cierto que el Gobierno de Zapatero trajo la ruina a España, no menos innegable resulta que algunas comunidades gobernadas por el PP y los nacionalistas han contribuido lo suyo a que el desastre sea completo. A estos dos factores hay que sumar el no menos decisivo de la quiebra en cadena de las cajas de ahorro, donde además de los tres partidos mayoritarios medraban losagentes sociales para que el resultado del expolio fuera exquisitamente democrático.

Situado el asunto en sus justos términos, casta deberían ser los políticos del PSOE en lugar bien destacado, seguidos de los del PP e IU en un pelotón que cerrarían los liberados sindicales de UGT y CCOO, con los delegados del sindicato de patronos en funciones de coche escoba. Aceptando esta distribución por estratos en función del distinto grado de responsabilidad de unos y otros, hay dos anomalías que distorsionan por completo la expresión "casta política" hasta despojarla de su verdadero significado. La primera es que la izquierda política y sindical se ha zafado con gran éxito de la acusación que encierra. El caso de los comunistas es paradigmático de la impunidad de la izquierda por sus desmanes, teniendo en cuenta que son colaboradores necesarios en las tropelías de la comunidad autónoma más corrupta del mundo civilizado. Los políticos de IU, en efecto, se refieren al Gobierno y a la "troika", otro concepto técnico que los progres han convertido en el epítome de la maldad, como la casta política a la que hay que pedir explicaciones del desastre provocado ¡por las medidas que ellos mismos apoyaban en su día!, cuando al frente de España estaba el gran ZP. Su responsabilidad directa en los desafueros de las entidades de ahorro ha pasado también inadvertida (al igual que la de CEOE, UGT y CCOO), a pesar de que sus representantes apoyaron siempre las locuras de los dirigentes de las cajas a cambio de trincar los correspondientes megasueldos que se repartían en los órganos de gobierno con extraordinaria fruición.

Pero lo que resulta más llamativo es que políticos que son el ejemplo perfecto de la casta, por llevar décadas trincando un sueldo público, acusen a los demás de formar parte de ese gremio, y eso que muchos de ellos no han cumplido ni siquiera el primer trienio amorrados a la teta estatal. Eso por no mencionar a los jóvenes universitarios que han irrumpido recientemente en la esfera política llamando "casta" hasta a los bedeles del Congreso de los Diputados, a pesar de que todo su esfuerzo en los últimos años ha estado dirigido, precisamente, a ingresar en la cofradía a la que ahora pretenden insultar. Treintañeros que no han conocido otra cosa que la universidad pública, que jamás han tenido un trabajo en el sector privado ni pagado impuestos, acceden al Parlamento Europeo, lugar en el que hoza la clase política más privilegiada de todo el planeta, y desde allí siguen acusando a todos sus colegas de formar parte de una "casta" a la que es necesario fumigar. 

Y lo mejor de todo es que no lo hacen porque sean culpables de algún delito concreto, sino por haber cometido el pecado, grave donde los haya, de haber llegado a tan selecto club antes que ellos. ¿O no resulta extraño que los pokémon justicieros pidan acabar con todo menos con el Parlamento Europeo?

Inmigración (XII): ¿amenaza terrorista?

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

“Hay entre 9 y 11 millones de extranjeros ilegales viviendo entre nosotros a los que nunca se les ha comprobado su historial criminal y a los que nunca se les ha filtrado contra bases de datos de terroristas”. Tom Tancredo.

“Vivir en libertad, en cierta medida, significa vivir peligrosamente”. Chandran Kukathas.

“No veo cómo se puede tener una buena política de seguridad sin un buen programa de trabajadores-huéspedes”. Tom Ridge, ex secretario del DHS.

Los atentados del 11-S han intensificado los sentimientos nativistas. Desde entonces, la mezcla de la inmigración ilegal con el terrorismo ha sido frecuente en muchas personas, especialmente en los EE UU. Dicha lógica es difícil de entender.

Ha habido un cambio de percepción de la inmigración en los EE UU. El hecho de que ésta fuese inicialmente competencia del Departamento de Trabajo para luego pasar al de Justicia y, finalmente, al de Seguridad Nacional es todo un síntoma.

Se alega que los incesantes aumentos de los recursos para el control de la inmigración en los EE UU están justificados por motivos de seguridad nacional (siendo el terrorismo una de sus prioridades, supuestamente). No obstante, la mayor parte de dichos recursos en infraestructuras y personal de patrulla va dirigido hacia la frontera con México, cuando se sabe que en ese país no existe terrorismo organizado (islamista o de otro tipo como sucede en Colombia). En todo caso, puede haber alguna mayor probabilidad de haberlo en Canadá, frontera muchísimo menos vigilada. Por tanto, los motivos aducidos para gastar más en controlar la llegada de la inmigración nada tienen que ver con la lucha anti-terrorista.

¿Limitar el turismo y la llegada de estudiantes tras el 11-S? 

Todos los integrantes terroristas de los atentados del 11-S entraron con sus visados legales correspondientes por la frontera de los aeropuertos de los EE UU en calidad de turistas, estudiantes u hombres de negocio; ninguno lo hizo como inmigrante. Los padres de los dos hermanos terroristas del atentado del maratón de Boston entraron también como turistas y luego pidieron asilo para ellos y sus hijos. Sin embargo, casi nadie propone por ello restringir severamente el turismo, las visitas de hombres de negocio, las concesiones de asilo o la estancia de estudiantes tal y como sucede con la inmigración en nuestros días.

Debemos recordar que el número de inmigrantes es una exigua fracción de extranjeros que acceden cada año a un país cualquiera. Por ejemplo, anualmente se estima que entran en los EE UU unos 800.000 inmigrantes –entre legales e ilegales- pero son más de 65 millones de foráneos los que traspasan sus fronteras cada año. La mayoría de ellos entran con visados de turismo o por motivos de negocios. Por su parte, entran al año en Norteamérica unos 750.000 extranjeros jóvenes en calidad de estudiantes o por intercambios de visitas según el ICE.

Para que nos hagamos una idea del tamaño de lo que entra en juego, dicho país cuenta con 216 aeropuertos internacionales, 143 puertos (con la recepción de casi 9 millones de contenedores al año) y 115 instalaciones terrestres adicionales que pueden servir de puertos de entrada o paso de camiones.

Son desproporcionadamente muchos más los que se mueven de un país a otro como turistas o visitantes ocasionales que como inmigrantes. Los visados de turismo o por motivos de negocio se conceden generalmente con suma facilidad y con mínimas restricciones. No tiene mucho sentido venir de fuera a trabajar –con toda la dificultad o gestiones burocráticas que ello entraña- para servir de coartada a la comisión de atentados posteriores.

Si desde el punto de vista de la seguridad nacional una persona es considerada segura para concederle un visado de turismo, de negocios o de estudiante, no se entiende muy bien por qué razón puede denegárselo a un inmigrante sobre la misma premisa. Esto es inconsecuente.

Lo que va a impedir que los cónsules nacionales emitan visas a los terroristas procedentes del exterior no es una política inmigratoria restrictiva y severa sino una adecuada política antiterrorista complementada con una labor de inteligencia (tanto en el interior como en el exterior del país).

Incrementar la vigilancia en casos excepcionales 

Pueden darse ocasionalmente situaciones de mayor peligro de lo normal para un país, por lo que sería justificable tomar medidas excepcionales de incremento de control fronterizo para todos los que pretendan traspasarlo (la amenaza de guerra o actos de terrorismo continuados como sucede en Israel serían razones más que suficientes).

Estas medidas de mayor vigilancia debieran, no obstante, aplicarse de forma temporal. Es bueno que exista siempre entre la población una sana desconfianza ante las mismas o manifestar rechazo abierto en caso de que persistan cuando el peligro se haya extinguido. En este sentido Chandran Kukathas nos previene sobre el riesgo a que tales medidas atípicas del gobierno se prolonguen más de lo necesario tal y como sucedió en Malasia con la Ley de Seguridad Interior que permitía arrestar y detener sin juicio a sospechosos de insurgencia comunista en los años 60. Dicha ley permaneció en vigor unos 25 años, muchos años después de que dicha amenaza se desvaneciera.

Pretender erradicar por completo los actos terroristas es algo imposible. Por tanto, los miembros de las democracias liberales debieran estar siempre vigilantes a los controles estatales excepcionales en nombre de la seguridad nacional porque implican necesariamente merma para la libertad de todos (incluidos los propios nacionales). Otorgar demasiado poder a los representantes del Estado en nombre de la seguridad nacional a fin de cuentas acaba dañando y socavando los principios conformadores de la propia sociedad libre y abierta (el objetivo que persiguen todos los terroristas). Así de compleja y de delicada es la denominada lucha anti-terrorista.

Opinión de los que saben en los EE UU 

Dado que los recursos son limitados, proteger todas las entradas posibles con la misma intensidad es completamente inviable. Se debe cribar. En el caso de los EE UU hay que priorizar. Consumir enormes recursos en la frontera mexicana con la excusa de la seguridad nacional es derrochar dinero público. Janson Riley escribe en su libro Let Them In que militarizar la frontera sur con la excusa de parar al próximo Mohamed Atta es como tomar un laxante para tratar la psoriasis. Un sinsentido, además, costoso.

El problema no es la escasez de patrullas sino cómo están siendo utilizadas las mismas. Michael Chertoff, ex secretario también del Departamento del Homeland Security (DHS), lo tiene muy claro; cuando se tiene a buena parte del personal de seguridad dedicado todo el día a vigilar, transportar, registrar o deportar a inmigrantes por motivos económicos es una distracción de lo que debería ser la prioridad número uno de su organismo: vigilar y perseguir a los miembros de los narcos o de cuadrillas de criminales. Lo mismo sucede con la policía estatal y local que tienen cosas mucho más importantes que llevar a cabo que vigilar a inmigrantes que carecen de documentos.

Por otra parte, se sabe que los departamentos policiales de las grandes ciudades de los EE UU muestran reservas, cuando no enojo, al tener que aplicar las leyes federales de inmigración porque ello les hace ser menos efectivos en su trabajo diario. Además de desviar personal y tiempo hacia donde no ven peligros graves para la sociedad, alegan que si los inmigrantes perciben a la policía local como un cuerpo de control inmigratorio y, por tanto, como agentes de deportación, acaban siendo más reacios a colaborar con la misma en la denuncia de delitos o en las investigaciones que llevan a cabo, lo que hace a fin de cuentas menos segura la ciudad.

Tratar a los inmigrantes como amenaza terrorista es errar el tiro y un verdadero despilfarro al dejar de emplear recursos en donde más falta hace: en combatir y prevenir en la medida de lo posible crímenes y verdaderos actos terroristas.

Su predecesor en el cargo de la DHS, Tom Ridge, después de muchos años empleados en vigilar las fronteras de los EE UU, ha llegado a una reveladora conclusión: con la globalización y las mayores interrelaciones entre países lo mejor es combinar una postura defensiva en las fronteras, una labor de inteligencia y unos mecanismos de coordinación entre policías y justicia de países vecinos que detecten las amenazas reales junto con un ambicioso programa de trabajadores-huéspedes para poder legalizar fácilmente a todos aquellos que quieren venir a trabajar. Con ello se estaría trabajando eficientemente a favor de la seguridad del país.

La inmigración no es un delito. Debería incluirse en la agenda de los representantes del Estado como política de trabajo y de desarrollo, no como política de seguridad. Son deducciones sensatas de un hombre cargado de experiencia que quiere lo mejor para su país. Tal y como apunta, esas medidas conjuntas son “en nuestro interés económico, en nuestro interés por la seguridad y por nuestros intereses globales”.

Los políticos y legisladores harían bien en escuchar a los que saben y no se guían por meros temores irracionales o falsas intuiciones cognitivas.

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI.

Castas viejas y castas nuevas

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Podemos ha construido inteligentemente su discurso en torno a un término que despierta un natural y sano rechazo entre la ciudadanía: casta. Según se nos repite con insistencia, son los miembros de la casta quienes han desvalijado los bolsillos de los españoles y quienes se empecinan por mantenernos en las miserias de la crisis. Bajo estas coordenadas, oponerse al discurso presuntamente regenerador de Podemos se ha convertido en equivalente a defender los intereses de la casta. Y no.

En España ciertamente existe una casta parasitaria. Algunos, de hecho, la hemos venido denunciando desde que tenemos conciencia política. Quizá no tildándola de casta, pero sí de oligarquía, plutocracia ocleptocracia desde las tribunas periodísticas que nos han brindado. A la postre, casta son PP y PSOE; casta son los empresarios subvencionados, privilegiados, concesionados o rescatados por el Estado a costa de los contribuyentes y de sus competidores; casta son los verticalizados sindicatos y patronales que pastan en el BOE; y casta son los burócratas que deciden unilateralmente sobre nuestras vidas. Contra todos ellos llevamos años bregando.

Pero entonces, ¿cómo es posible que Podemos –un partido genuinamente anticasta– despierte tanto recelo, o incluso abierta oposición, entre quienes llevamos años criticando y denunciando a la casta? Pues por una razón muy simple: las políticas que promueve Podemos no contribuyen a erradicar la casta, sino a reemplazar la casta de PP y PSOE por la casta de Podemos e IU.

A la postre, "la casta" no es más que un conjunto de oligarcas con capacidad para robar a los ciudadanos merced al uso y abuso del hipertrofiado aparato estatal. ¿Y qué propone Podemos? ¡Incrementar todavía más los poderes de ese aparato estatal! La diferencia, nos dicen, es que en la actualidad la democracia se halla secuestrada por la casta y cuando ellos gobiernen la soberanía última volverá a residir en el pueblo y el pueblo podrá usar en su propio interés la coacción del Estado.

Mas ¿acaso pensamos que "el pueblo" –como si fuera una entidad única con intereses homogéneos– va a votar o fiscalizar los millones de decisiones administrativas que diariamente adopta hoy un cuerpo de tres millones de empleados públicos? Evidentemente no: si en la actualidad ya sería del todo inmanejable que el cuerpo electoral sustituyera a la megaburocracia gobernante, ¿qué decir de un Estado con todavía más competencias, como el que ambiciona Podemos?

La idea de que el pueblo gobernará es falaz: el pueblo forzosamente delegará la práctica totalidad de los poderes del Estado en una jerarquía de burócratas, y esa jerarquía de burócratas –con sus propias agendas políticas, económicas e ideológicas– constituirá la nueva casta. Ellos… y los grupos de presión que los rodeen o los corrompan con el ánimo de imponer sus intereses sobre el conjunto de la sociedad valiéndose de los nuevos resortes intervencionistas con que contará el Estado. En la Unión Soviética a esa nueva casta se la conocía como nomenklatura; en Venezuela, como boliburguesía. En estos países socialistas las castas no fueron destruidas, sólo reemplazadas.

El problema de fondo es claro: siempre que padezcamos un monopolio de la violencia que se inmiscuya en todas las áreas de la vida de las personas se hará imprescindible la existencia de un gigantesco y omnipotente aparato de burócratas que administre por delegación los amplísimos poderes que detenta el Estado sobre nuestras vidas. Por ese motivo, resultará altamente lucrativo corromper o capturar a parte de los burócratas para lograr sus favores: incluso los propios burócratas tendrán fuertes incentivos para extraer la mayor cantidad posible de rentas a los ciudadanos por la vía de maximizar sus prebendas y de minimizar sus obligaciones. Podemos podrá ondear la bandera de la regeneración y la participación democrática, pero su proyecto político –más poder para el Estado– conduce necesariamente a la constitución de una nueva casta oligárquica.

En suma, la solución a los problemas de España no pasa por sustituir al carcelero, sino por escaparnos de la prisión. No más impuestos, más gasto público, más políticos, más regulaciones o más privilegios, sino más sociedad civil, más contratos voluntarios, más imperio de la ley y más libertad. No maximizar la burocracia, sino minimizarla. Sé que resulta difícil de comprender, pero algunos no aspiramos a colonizar la casta conlos nuestros, sino a que la casta, simple y llanamente, deje de existir.

El misterioso caso de los comunistas incapaces de aprender

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

Jorge Giordani es un viejo comunista que hasta hace pocas fechas fue el ministro de Planificación y Finanzas del chavismo, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. Tiene fama de haber sido un funcionario honrado en un Gobierno en el que abundan los rateros.

Nadie, sin embargo, ha acusado a Giordani de ser competente. Sería una peligrosa temeridad. No se metía la plata de los demás en el bolsillo. Lo que hacía era destruirla en esa trituradora implacable de riqueza que es la ideología marxista. Es uno de los responsables del hundimiento económico del país. Cuando llegó al poder había seis millones y medio de pobres. Cuando lo dejó, hace unos días, la cifra había aumentado a más de nueve.

Giordani se despidió del cargo con una larga carta en la que culpa a los demás del desastre económico venezolano. Sus culpables son el irresponsable gasto público, la corrupción, PDVSA y el pobre Nicolás Maduro, quien supuestamente ha traicionado al socialismo y al legado inmarcesible de Hugo Chávez. (Inmarcesible, Nicolás, quiere decir que no se marchita. Y marchita no es una marcha pequeña de estudiantes indignados, sino un verbo que procede del latín). 

El ingeniero Giordani no es capaz de advertir que el error intelectual está en el presupuesto ideológico. Cuando se debilitan los derechos de propiedad y las decisiones económicas las toman los funcionarios; cuando se potencia la aparición del Estado-empresario y se estatiza el aparato productivo; cuando se eliminan las principales libertades porque la crítica se convierte en traición a la patria, inevitablemente surge la escasez, se deteriora progresivamente el entorno físico por falta de mantenimiento y comienza un acelerado proceso de empobrecimiento colectivo que no tiene fin ni alivio. Mañana siempre será peor que hoy.

Mientras los venezolanos leían la carta de Giordani, los cubanos, asombrados, repasaban otra misiva escrita por el comunista, escritor y exembajador Rolando López del Amo, jubilado en La Habana tras haber ocupado diversos cargos de primer rango en la diplomacia castrista. El texto puede localizarse en internet, donde circula profusamente.

El señor López del Amo tiene una explicación parcialmente diferente a la de Giordani. Supone que el responsable del desastre cubano es el burocratismo, ese enmarañado ejército de funcionarios indolentes que no deja que el país avance. Como es una persona seria, no culpa al embargo norteamericano, ni a la sequía ni a los ciclones, porque el país no padece hace tiempo estos fenómenos naturales. Cree que el mal está en otra parte: es la malvada gente que entorpece la marcha gloriosa del socialismo.

Termina su carta con un conmovedor llamado a sus camaradas:

Estamos en el año 56 de nuestra experiencia revolucionaria y no podemos continuar cometiendo los mismos errores ni ofreciendo las mismas justificaciones. Se impone un cambio de mentalidad, de actitud, de estructuras y de personas para lograr el sueño colectivo de un socialismo próspero y sostenible.

¡Madre mía! Estamos ante un comunista inasequible al desaliento. ¡Qué gente más dura de mollera! Cincuenta y seis años de fracasos continuados y barbarie, de "oprobio y bobería", como Borges decía del peronismo, no le han bastado para entender que el sistema no sirve para nada en ninguna latitud. Ni con los laboriosos alemanes o norcoreanos ni con los muy serios checos y húngaros, y mucho menos con los caribeños de Cuba o Venezuela.

Es posible, sin embargo, que Raúl Castro, finalmente, haya comprendido esta dolorosa verdad. Lo triste es que la educación del hermano de Fidel ha durado más de medio siglo y costado miles de vidas y la ruina completa de una nación. (Fidel, en cambio, es indiferente a la realidad y morirá defendiendo las mismas tonterías de siempre). En todo caso, mientras el embajador López del Amo escribía su carta, el zar de la economía cubana, un excoronel llamado Marino Murillo, anunciaba que todos los restaurantes del país serían privatizados.

Es el principio del fin del loco proyecto marxista del colectivismo, pero no de la dictadura. Ahora, poco a poco, sin prisa, pero sin tregua, como le gusta repetir a Raúl Castro, quieren desmantelar el socialismo y gobernar con mano férrea un país pseudocapitalista. Ya no son marxistas. Son, simplemente, una banda autoritaria de gente decidida a mandar a palos. Puros matones.

elblogdemontaner.com

Raíces de la tragedia argentina

Escrito por Mauricio Rojas en . Publicado en Artículos en prensa.

Más que un país, Argentina es una paradoja o el enigma de una nación que parece tenerlo todo para ser infinitamente próspera pero que se empeña en no serlo. Las noticias que cotidianamente nos llegan desde allí ya no son tales, sino meras repeticiones, cada vez más rocambolescas, de los despropósitos de siempre: un vicepresidente enjuiciado por corrupción, un Gobierno que crea una Secretaría para la Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, un país en recesión y al borde del default, un clan gobernante que se enriquece a una velocidad "vertiginosa para cualquier bípedo común y corriente", para decirlo con las palabras de Mario Vargas Llosa. Nada de esto es nuevo y requiere por ello de una explicación que vaya más allá de lo circunstancial, es decir, de la contingencia y de los nombres de quienes hoy encarnan roles que son ya infaltables en el drama argentino.

Las raíces de la tragedia argentina nos remiten a lo más básico: la geografía y la dotación de recursos naturales del país. Argentina fue muy poco hasta que despertó la asombrosa riqueza productiva de la pampa, pero una vez que lo hizo marcó para siempre su destino. Era un país predestinado a ser lo que fuesen sus infinitas praderas. Pudo haber gozado de una prosperidad perdurable y ser una gran democracia como Estados Unidos si los pequeños colonos propietarios –los célebres farmers del ideal jeffersoniano– las hubiesen conquistado, pero en lugar de ellos fueron los grandes terratenientes, los estancieros, los que lo hicieron. La riqueza de la pampa se transformó así en la gran ubre que nutrió las fortunas de la elite, pero también fue la madre de la corrupción política y las luchas redistributivas que asolarían una sociedad donde lo importante fue apropiarse de la riqueza más que producirla.

El estanciero fue también el caudillo, local o nacional, que asaltaba el poder con ayuda de su clientela armada y se constituía en el amo de la nación. Fue, además, el populista por definición, ya que su poder se fundaba en la movilización carismática del gauchaje y otros grupos subalternos. Ese fue el arquetipo creado por el más célebre y siniestro de todos los caudillos argentinos, Juan Manuel de Rosas. Se creó así un paradigma político que aún hoy marca los destinos de la Argentina: el ogro filantrópico de que nos hablaba Octavio Paz, que considera el Estado como su patrimonio personal y hace de su voluntad la ley.

Hacia fines del siglo XIX el caudillo dejó el poncho y se puso frac, como bien lo dijese Juan Bautista Alberdi. Pero sus métodos no cambiaron y Argentina fue consolidando esa tradición personalista y autoritaria que luego se renovaría con Perón y sus secuaces cada vez más depredadores, como los Menem y los Kirchner.

En suma, la política argentina nunca ha dejado de ser premoderna y predemocrática. Su estructura es básicamente feudal, asentada en lazos de poder y dependencia personales que van desde el gran caudillo nacional hasta sus punteros locales y los piqueteros de las barriadas, pasando por toda una cadena de caudillos y mafias subalternos que han encontrado su expresión más acabada y devastadora en el movimiento peronista.

Lo más dañino de todo ha sido, sin embargo, la transformación del espíritu rentista en el corazón de la cultura predominante en el país. Definió la figura clave del apropiador –de tierras, del poder del Estado, de subsidios y prebendas–, es decir, el vivo por antonomasia, que se convertiría en el prototipo de la persona exitosa y admirada. A su vez, el productor, el que labura "noche y día como un buey", para decirlo con letra de tango, sería visto como el arquetipo de lo menos argentino que se puede ser: el zonzo, el gil, el que cumple la ley, vive de su trabajo y alimenta al vivo. Caricaturas dolorosas de una cultura autodestructiva, resumidas en esa frase lapidaria de Borges según la cual a un argentino "pasar por un inmoral le importa menos que pasar por un zonzo".

Esas son, en pocas líneas, las grandes lacras de la Argentina. Por ello, quienes quieren romper con la triste continuidad de los caudillos y los ciclos populistas de la ilusión y el desencanto tienen ante sí un reto de grandes proporciones: cambiar las bases culturales de una sociedad donde siempre terminan ganando los chantas, los vivos, los cancheros, los madrugadores, los ventajeros, los cuenteros, las patotas, las clientelas, la corrupción y los compadrazgos.

No es tarea fácil, pero la esperanza es lo último que se pierde y yo quiero creer que un día triunfarán los zonzos y los giles, los que viven de su trabajo, los que a pesar de todo siguen creyendo en la decencia y en aquellas virtudes cívicas que son las únicas que hacen, de manera duradera, grandes a los pueblos y ricas a las naciones.

Mauricio Rojas, autor de Argentina: breve historia de un largo fracaso.