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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

El secreto de los Estados totalitarios

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Cuál es la pieza clave en la construcción de la jaula totalitaria? Sencillo: la eliminación real de la separación de poderes, aunque se mantenga la fantasía formal de que continúa existiendo.

Lo explico.

Max Weber describió el fenómeno y acuñó la frase "monopolio de la violencia". Lo hizo en La política como vocación. Era la facultad que tenían los Estados para castigar. Sólo a ellos les correspondía la responsabilidad de multar, encarcelar, maltratar y hasta matar a quienes violaban las reglas. 

Podían, eso sí, delegar esa facultad, pero sin renunciar a ella. Permitir mafias y bandas paramilitares que actúan al margen de la ley descalificaba totalmente al Estado. Era una disfuncionalidad que lo convertía en una entidad totalmente fallida, en la medida en que abdicaba de una de sus responsabilidades esenciales.

No obstante, el Estado, si se acomodaba al diseño republicano, incluso si se trataba de una monarquía constitucional, no podía recurrir a los castigos sin que lo decidiera una corte independiente. Este tribunal, a su vez, debía interpretar una ley previa, y sancionar de acuerdo con un Código Penal igualmente aprobado por un Parlamento independiente.

El Barón de Montesquieu, lector de John Locke, lo había propuesto en 1748 en el Espíritu de las leyes: el Estado debía fragmentar la autoridad en tres poderes independientes y de rango similar para evitar la tiranía. Las monarquías absolutistas reunían en el soberano esas tres facultades y eso, precisamente, las hacía repugnantemente autoritarias.

Si quien castigaba se arrogaba las facultades de hacer las reglas y de aplicarlas, la sociedad, carente de protección, se convertía en rehén de sus caprichos. Los gobernantes podían hacer de ella y con ella lo que les daba la gana.

Ese elemento –la separación de poderes– era la médula de las repúblicas creadas los siglos XVIII y XIX tras las revoluciones norteamericana, francesa y, por supuesto, latinoamericanas. De alguna manera, era la garantía de la libertad.

Este preámbulo viene a cuento del bochornoso espectáculo de la Venezuela de Nicolás Maduro, donde los paramilitares en sus motos, amparados por la complicidad del Gobierno, asesinan impunemente a los manifestantes que ejercen su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente.

Viene a cuento de un Parlamento convertido en un coso taurino en el que se lidia a la oposición, se le clavan banderillas, se golpea a los diputados que protestan, o los expulsan arbitrariamente, como hicieron con María Corina Machado, y se dictan medidas ajustadas a las necesidades represivas de la oligarquía socialista que gobierna.

Si Maduro necesita eliminar las manifestaciones de los estudiantes o encerrar a los alcaldes que protestan, o a los líderes a los que teme, como a Leopoldo López, solicita las normas, hechas a la medida por tribunales o por parlamentarios obsecuentes, y da la orden a los cuerpos represivos para que actúen.

Viene a cuento de unos tribunales que sentencian con arreglo a la voluntad del Poder Ejecutivo, porque la ley ha dejado de ser una norma neutral para convertirse en un instrumento al servicio de la camarilla gobernante, empeñada en arrastrar por la fuerza a los venezolanos hacia "el mar de la felicidad" cubano.

Un país, Cuba, donde, como en cualquier dictadura totalitaria, sencillamente no creen en las virtudes de la separación de poderes y repiten, con Marx y con Lenin, que ésa es una zarandaja de las sociedades capitalistas para mantener los privilegios de la clase dominante.

Esta falsificación de las ideas republicanas –las de Bolívar y Martí, las de Juárez– van gestando una nueva facultad propia de este tipo de Estado: desarrollan el monopolio de la intimidación. Gobiernan mediante el miedo. Ese es el elemento que uniforma a la sociedad y la convierte en un coro amaestrado.

Como quienes mandan hacen las leyes y juzgan e imponen los castigos, acaban por generar un terror insuperable entre los ciudadanos e inducen en ellos una actitud de sumisa obediencia que suelen transmitirles a los hijos para que no se metan en problemas.

La víctima termina por colaborar con su verdugo. Ése exactamente es el objetivo. Una vez que las tuercas han sido convenientemente apretadas y la jaula perfeccionada, el común de la gente, con la excepción de un puñado de rebeldes, aplaude y baja la cabeza.

En ese punto ya no existen vestigios de la separación de poderes.

elblogdemontaner.com

Imperio de la Ley en contraposición a Estado de derecho

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en Imperio de la Ley en contraposición a Estado de derecho

En el lenguaje común entendemos “Estado de Derecho” como la garantía de nuestros derechos individuales, igualdad ante la Ley (isonomía) y la seguridad jurídica. Ello se debe a una confusión en la que colaboran muchas traducciones, ya que en el mundo anglosajón Estado de derecho se traduce como “Rule of law” y viceversa. Se entiende que son conceptos equivalentes, pero muchos autores no lo consideran así y supone una distinción interesante que nos ayuda a entender la evolución del Estado, que sólo es una de las formas de gobierno (Dalmacio Negro escribe que “el Estado no es lo Político, sino una de las formas de lo Político”).

Simplificando bastante, el Estado de derecho se impone con la Revolución Francesa y se consolida con el paso de los años en el siglo XIX con la formulación del Rechsstaat alemán hasta lo que tenemos actualmente. Es un concepto que se contrapone al de Imperio de la Ley, lo que los ingleses entienden como “Common Law”. De hecho éste puede existir sin Estado y no se puede decir que exista Estado de derecho antes de la propia “creación” -entrecomillada porque en realidad se trata de un proceso de siglos- del Estado.

Imperio de la Ley

Se trata de un matiz importante, ya que las dos perspectivas conllevan modelos diferentes. En el Estado de Derecho, y su desarrollo en la Teoría Pura del Derecho de Kelsen, toda creación legislativa se reduce a que cumpla formalmente con la jerarquía legal que deriva de la hipotética Grundnorm materializada en las Constituciones de las que emanan el resto de leyes. El resultado es un modelo centralizado y artificial que puede derivar en cualquier forma legal de acuerdo al procedimiento (la puerta de entrada legal de las dictaduras).

Por el contrario, el Imperio de la Ley basado en el Derecho Común es anterior a la “creación” de los Estados y se basa en el descubrimiento del Derecho más que en su creación. Podría decirse que es un proceso espontáneo, siempre inacabado, en continuo perfeccionamiento, que permite el autogobierno en lugar de necesitar alguna forma estatal que lo imponga. De hecho, el surgimiento de un Estado tiene que amoldarse al Derecho Común o terminar con él para imponerse.

En última instancia, ambas visiones son profundamente contradictorias y termina imponiéndose la del Estado de derecho, ya que tiene la fuerza de su lado. No es casual que Estado se defina como monopolio, sin dejar lugar a que nada ni nadie le haga sombra.

Miquel Roselló

Aires de libertad: Societat Civil Catalana

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

CIU y ERC llevan insistiendo desde hace varios años de manera reiterada en mantras como que están "oprimidos" (por el Estado Español) o que el gobierno español roba y expolia a Cataluña. A base de repetir soflamas de esta naturaleza han logrado que sectores de la población, que no habían comulgado con el independentismo, se hayan sumado al mismo, particularmente con el inicio de la crisis económica. Cada 11 de septiembre es una oda al victimismo, compatible con la manipulación de la historia.

Para ello, la Generalitat no ha escatimado medios a la hora de hacer proselitismo de sus intenciones rupturistas. La Asamblea Nacional de Cataluña es el gran ejemplo pero no el único. Junto al citado órgano, un buen número de asociaciones, medios de comunicación y fundaciones se esfuerzan en captar adeptos para sus fines. El dinero público al servicio de los intereses sólo de una parte de la sociedad.

La condescendencia simplista con que sectores académicos y políticos del "resto de España" encaran estos envites, no ha hecho más que espolear a CIU y ERC, nunca calmar a las formaciones aludidas. En consecuencia, hablar de choque entre los nacionalismos catalán y español sólo describe actitudes buenistas que no solventan el problema.

Igualmente, PP y PSOE se empeñan en hablar de conceptos como federalismo o reforma de la Constitución con los cuales sostienen, ingenuamente, que el nacionalismo catalán va a recular. Sin embargo, de los liberticidios recurrentes de la Generalitat en materias como la libertad de expresión o de elección de lengua para la escolarización, poco han dicho que no sea retórica.

Con todo ello, no debemos sorprendernos por que hayan aparecido partidos como Ciudadanos que se han enfrentado sin tapujos al nacionalismo excluyente en el Parlamento de Cataluña. La irrupción de Societat Civil Catalana sigue la estela de organizaciones, como el Foro de Babel, que aglutinó a "rebeldes" que se oponían al statu quo.

De la misma manera, Societat Civil Catalana, en su manifiesto fundacional, ha servido para sacar a la superficie hechos que estaban "olvidados" como el progreso de Cataluña con el resto de España, los vínculos profundísimos que unen a los catalanes con el resto de españoles o a nivel más global, que una Cataluña independiente se quedaría fuera de la UE, idea esta última que CIU y ERC menosprecian.

De un modo más particular, es pertinente que Societat Civil Catalana rechace que Cataluña esté oprimida por España. Al mismo tiempo y sin demagogia lanza un deseo que refleja a las claras el panorama actual de la citada comunidad autónoma: "aspiramos a que Cataluña vuelva a ser un punto de atracción intelectual y económica, un hogar donde se respire una atmósfera dinámica, emprendedora y cosmopolita". En esta última premisa, por tanto, apreciamos una clara referencia a la Cataluña de los setenta, aquella que constantemente evocan con conocimiento de causa periodistas (Jiménez Losantos), intelectuales (Amando de Miguel, Albert Boadella) o músicos (Loquillo).

Como era previsible, el recibimiento por parte del establishment nacionalista de Societat Civil Catalana ha combinado la indiferencia con las recurrentes acusaciones de fascistas, menospreciando de este modo, entre otras cosas, su origen plural. Nada sorprendente. El PPC, Ciudadanos, Vidal Quadras, Inés Arrimadas, Albert Rivera…ya sufrieron la estigmatización, fenómeno que por otro lado, también encontró palmeros en el resto de España. De nuevo el buenismo rodeado de múltiples complejos apareció. Defender a los citados políticos no formaba parte de lo políticamente correcto; por el contrario, el ataque y los insultos a ellos sí. Resultado: el nacionalismo excluyente ganaba una partida sin necesidad de emplear grandes esfuerzos.

En definitiva, la Cataluña real, no la oficial, se moviliza. De cara a hacer llegar su mensaje, sería bueno que se le brindara plataformas mediáticas (algo que al nacionalismo le sobra). El escenario que afrontará en el medio y corto plazo estará plagado de dificultades. 

El nuevo rapto de Europa

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Desde el primero de abril, día en el que se dio el pistoletazo de salida de la campaña europea, nos encontramos sumergidos en un vaivén de slogans que son soltados al aire como los globos en las fiestas infantiles. Y da la sensación de que los candidatos y demás políticos involucrados en dicha campaña, exactamente igual que los niños de la fiesta se emboban mirando cómo sube el globo, una vez soltada la frase se entretienen mirando el termómetro electoral, para ver cuántas décimas porcentuales ganan al otro.

Explicaba el profesor Luis Díez del Corral en su libro El Rapto de Europa que la palabra “rapto” puede entenderse como secuestro o como lapsus que priva de sentido a quien lo padece. En mi opinión, las elecciones al Parlamento Europeo son una exhibición del nuevo rapto de Europa, una conmemoración del secuestro de una realidad que probablemente no regrese nunca.

El canto difónico de los partidos políticos españoles

Los partidos mayoritarios españoles, en lugar de presentar un programa detallado, elaborado y defenderlo como si se lo creyeran, se muestran los dientes el uno al otro de cara a las futuras elecciones en nuestro país. El resultado es una suerte de canto difónico, en el que se oyen dos voces que salen de la misma persona, separadas normalmente por una variación de un armónico.

De esta forma, las palabras de Cañete, Valenciano y el resto de la pandilla, hablan de la troika, de los ciudadanos europeos y del gran proyecto europeo, y a la vez, nos cuentan las miserias del partido de enfrente, la responsabilidad del contrincante en la crisis, lo bien que lo hacemos, lo bien que lo hicimos y que si no ganamos viene el hombre del saco, así que ¡vótanos!

El ciudadano español, además, ha de soportar el coro de maracas de los medios de comunicación afines a unos y a otros (cada cual tiene uno, como se tiene un cepillo de dientes) que maquillan cifras, informan sesgadamente y sobre todo, marean muchísimo, con el fin último de que su candidato gane para seguir siendo ‘el’ medio de comunicación del partido en el gobierno (presente, pretérito o futuro). Como resultado, al cabo de apenas un mes la sensación generalizada es de confusión total. O bien te aplasta la responsabilidad de dejar que el PP o el PSOE aparezcan renovados tras las elecciones europeas, y votas pensando en la batalla nacional, o bien, te reconoces perdido en el espacio y decides no votar. Porque nadie cuenta la diferencia entre Juncker y Schulz, nadie te dice cómo va a afectar a tu presupuesto familiar, si la unión bancaria y presupuestaria son una meta para ya o es mejor esperar, los motivos que sustentan una u otra opción, y por qué es necesariamente una meta.

La Europa “arrebatada”

Y, volviendo a Díez del Corral, que afirmaba en 1954 que Europa se arrebataba y era arrebatada a un tiempo, lo que está sucediendo es un nuevo rapto.

La Europa que reclaman tanto PP como PSOE, es una unidad de destino en la intervención, diría parafraseando una definición de España de otros tiempos. Una intervención que conduce a un Estado europeo tan totalitario o más que el Estado nacional actual, sancionado por una población a la que se le extrae su riqueza sin preguntar y que se mantiene democráticamente amedrentada. La propaganda que afirma que si no votas todo lo malo que sobrevenga es merecido es de lo más sucio y rastrero que hay. Y de ahí, en adelante: las siete plagas caerán sobre nuestras cabezas si no aceptas mis políticas, si gana la derecha quitan el pan de la boca a tus hijos, si gana la izquierda también pero más socialmente. Pero Europa no es eso aunque traten de secuestrar su significado.

Cuando algún iluso se atreve a presentar un proyecto de Europa más libre, menos centralizada e intervenida, enseguida se recurre a todo tipo de descalificaciones, como antieuropeísta o euroescéptico, como si el escepticismo fuera malo. Más aún si uno se declara abstencionista y aconseja esa opción. Entonces los insultos y las maldiciones traperas son lo normal.

Hace muchas décadas que Mises y Hayek explicaron por qué la economía central planificada era un unicornio, un mito imposible de alcanzar, en cuya persecución se desperdiciaba el esfuerzo, tiempo y dinero de muchos trabajadores. Yo añadiría a la vertiente económica la jurídica y la política. Cuanto mayor sea la unidad de gestión (económica, jurídica y política), mucho peor. Se pueden obtener mejores resultados sin comprometer la libertad de los ciudadanos.

Pero nuestros políticos prefieren, por su propio interés, seguir embaucando a los votantes europeos con cantos de sirena. Eso sí, cantos difónicos.

No podemos votar con los pies, Profesor

Escrito por David de Bedoya en . Publicado en Análisis diario.

El mes pasado tuvimos ocasión de comentar el excelente libro de Juan Ramón Rallo, “Una revolución liberal para España”. La verdad es que el libro está siendo un verdadero éxito. El Profesor lo ha presentado ya en Madrid, Barcelona y Sevilla. Ha acudido a entrevistas con los principales medios económicos, tanto liberales como no -Vozpopuli, LibreMercado, esRadio o elEconomista-. Además, recientemente hemos conocido la inclusión del Profesor en una “lista negra” de economistas enfrentados con este Gobierno. Señal inequívoca de que algo bien estará haciendo Juan Ramón.

El libro merece muchísimos comentarios. Tanto elogios como los que brindó un servidor o José Luis Ricón como matizaciones y críticas como la de Andrés Casas. Y sobre uno de los temas del libro querría yo volver a reflexionar: las ciudades “autónomas” que propone Juan Ramón en el libro al hilo de la consabida capacidad de votar con los pies que tanto han defendido diversos economistas en España (Diego Sánchez de la Cruz, Adrià Pérez, Carlos Rodríguez Braun, María Blanco, etc. Y la lista sigue).

El argumento es sencillo y es de meros incentivos. Si un gobernante aumenta los impuestos y cercena las instituciones privadas (de propiedad individual o de mano común) junto con la autonomía de la voluntad corre el riesgo de perder a su ciudadanía. Algo que ya estudió la Public Choice respecto de la fuga de cerebros y que en España ha traído como paradigma a la Comunidad de Madrid con sus mayores libertades y sus menores impuestos.

Sucede, no obstante, que votar con los pies no resulta sencillo a nivel personal. Algo que sí reflexiona Juan Ramón. Uno ha tejido una valiosa red de contactos en su lugar de residencia (capital social), cuenta con la institución de la familia (lo que Huerta de Soto diría que genera seguridad al individuo) e, incluso, tiene su mayor fuente de renta en su lugar de residencia (habida cuenta de que la diversificación de la procedencia de los flujos de caja para los ciudadanos es casi inexistente). Por ello, expone Juan Ramón, si las Administraciones son pequeñas, territorialmente hablando, se consigue ese doble efecto verdaderamente sano: el ciudadano puede votar con los pies con mayor facilidad al reducir el desplazamiento necesario y tiene a sus políticos más cerca para elevar sus protestas. Al cabo, y perdonen el simplismo del símil, es como cambiar de comunidad de vecinos porque te suben las cuotas a un nivel inasumible.

El problema viene no sólo auspiciado por este apego a la red de contactos tejidas y al lugar de residencia, el problema viene con la ley fiscal. Supuesto, obviamente, no contemplado en el libro del Profesor pero existente a día de hoy. La Hacienda Pública, perra vieja y sabia, ya ha previsto el sufragio con los pies y ha trabajado muy duro para evitarlo. Alguno pensará que tal trabajo es orientado a mantener a los ciudadanos en sus residencias con leyes fiscales más benévolas y sencillas. Pero nada más lejos de la realidad. El duro trabajo del legislador fiscal ha ido orientado a lograr que el ciudadano que abandona su territorio siga tributando y rindiendo cuentas ante el territorio que abandona. Veamos algunos ejemplos de semejante mordida:

  • IRPF: La ley del IRPF considera residente y por tanto contribuyente del IRPF a todo aquel que resida más de la mitad del año en España o que perciba más de la mitad de sus rentas en España. Con que se dé una condición ya tributa. Es decir, el que emigra pero percibe todas sus rentas, verbigracia, por dividendos de El Corte Inglés, tributa por el IRPF. Pero hay un caso más sangrante. Supongamos que un individuo emigra a trabajar para ACS en Inglaterra. Las rentas del trabajo las paga la filial inglesa. Pero, según la ley del IRPF el contribuyente sigue residiendo en España salvo que haga un complejo papeleo. Porque para la Hacienda será un contribuyente ausente “esporádicamente”. Pero si tal ciudadano, en vez de Inglaterra, acude a las Islas Caimán la cosa empeora mucho. Deberá probar fehacientemente la residencia en las Caimán durante más de medio año y después de probarlo durante ese año deberá esperar 4 años más. Si uno va hoy a las Caimán seguirá tributando por el IRPF hasta 2020.
  • ISD: Si uno quiere que cuando muera se le aplique a sus herederos un impuesto de sucesiones como el de la Comunidad de Madrid deberá acudir presto al citado lugar. Con 5 años de antelación a su fallecimiento como mínimo. Si no, se le aplicará el maravilloso 30% andaluz, en caso de que uno sea sevillano.
  • Impuesto de Sociedades: el abandono de la residencia fiscal debe ser por “motivos económicos válidos”. ¿Cuáles son esos? Pues los que el burócrata de turno decida, como no podría ser de otra manera.

En fin, ejemplos similares los hay en patrimonio y otros impuestos. Evitando a toda costa ese voto con los pies. Tanto fuera de las fronteras españolas como a nivel intracomunitario entre distintas autonomías. Lo cómico de todo esto es que, una vez logra el individuo salir de España, seguirá tributando lo que perciba en rentas aquí por el Impuesto de la Renta de No Residentes.

Capitalismo inhumano

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Nicolás Guerra Aguiar, colaborador de «Canarias 7», afirmaba en un artículo publicado el pasado jueves que nuestra crisis económica «fue inteligentemente programada e impuesta desde el más inhumano capitalismo que domina hoy». Ese mismo día, Pablo Iglesias, candidato a las elecciones europeas del nuevo partido de extrema izquierda Podemos, defendía las mismas ideas en las Islas.

El capitalismo nace cuando dejas a los seres humanos en libertad. Es decir, se organizan libremente cooperando a través del mercado intercambiando bienes y servicios mediante acuerdos voluntarios. Además, para que esto ocurra, tiene que existir la propiedad privada y unas normas claras que protejan los derechos y garanticen el cumplimiento de los contratos.

Este comportamiento humano y capitalista de cooperación social es el que ha contribuido a la creación y acumulación de riqueza y que la pobreza haya ido desapareciendo en nuestras sociedades. Sin embargo, lo que sí es inhumano son los millones de personas que viven bajo el yugo del socialismo compartiendo la miseria y sin ningún tipo de libertad. Por esta razón, nunca he comprendido por qué muchos intelectuales, artistas y personajes de la cultura hablan de capitalismo inhumano pero nunca de socialismo inhumano.

Tampoco es comprensible afirmar que la crisis fue «inteligentemente programada» por el capitalismo, pues este no es nadie en concreto sino que son las distintas personas de nuestra gran sociedad cooperando entre sí y satisfaciendo las necesidades de los demás. Por ello, es difícil, o mejor dicho imposible, que todas ellas programen una crisis económica y, de hacerlo, no podría ser tildado de inteligente.

De la misma forma, no es lógico sostener que el capitalismo ha impuesto la crisis, pues aquel no impone nada, es decir, cuando uno entra en un supermercado lo hace libremente y nadie le obliga a comprar nada. Estoy convencido de que el señor Guerra habrá entrado alguna vez en uno de ellos y nunca le han obligado a entregar su dinero.

Pero lo más sorprendente es decir que en el mundo domina el capitalismo y que es el causante de la crisis, pues, además de que son muchos los mercados intervenidos, el origen de la misma estuvo en uno de los mercados más regulados del mundo, el financiero. Frente a lo que algunos creen, el sistema financiero actual nada tiene que ver con las sociedades libres o capitalistas, sino que está totalmente planificado a través de los bancos centrales y los gobiernos.

Bien podría probar don Nicolás a dejar de pagar los impuestos y entonces verá quién es el que realmente domina en la actualidad. La respuesta le ayudará a conocer quién ha sido el causante de nuestra crisis.

A vueltas con la policía judicial

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Determinadas actuaciones de ciertas unidades de la policía nacional integradas en la Comisaría de Policía Judicial, así como los relevos de sus mandos en los últimos años plantean la inquietante cuestión del funcionamiento politizado de las distintas policías españolas. 

En efecto, la lucha partidaria por el control del estado no se ha detenido ante las puertas de departamentos que cabría presumir blindados en su profesionalidad, sino que, antes al contrario, se perfilan como campos donde los partidos políticos del sistema libran una nada soterrada batalla por aprovechar sus medios y efectivos para proteger sus intereses y atacar a las fuerzas contrarias.

Obviamente, las discordias partidistas acerca del control a su favor de la policía no pasarían de una disertación académica, si en medio de ese campo de Agramante no se hubieran producido acontecimientos estremecedores, que ponen en cuestión la esencia misma de la utilidad del Estado como garante de una mínima libertad y seguridad para las personas que lo soportan.

A este respecto, el sistema político español ha tenido una curiosa evolución, pues, al mismo tiempo que ha descentralizado el poder político en Comunidades autónomas y ha cedido competencias a la Unión Europea, ha concentrado en el ejecutivo una ingente cantidad de decisiones, hasta subordinar claramente a las Cortes o el poder judicial a sus designios. El estamento político – formado por los dirigentes de unos pocos partidos que han copado el reparto de los puestos clave de organizaciones fuertemente jerarquizadas con el refrendo de las urnas – constituye el ejemplo más pintiparado de una "élite extractiva" que no ha cejado en ridiculizar las declaraciones constitucionales sobre un poder judicial, integrado por jueces "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley" (Art. 117.1 CE) que "controla la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa" (Art. 106 CE) y "ejerce la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado" (Art. 117.3 CE).

De modo análogo, los partidos turnantes dan por descontado que deben aprovechar su estancia en el poder para ralentizar las investigaciones policiales que les afecten y, por el contrario, impulsar un paso más adelante aquéllas que involucran a sus rivales. La manipulación resulta táctica, ya que en última instancia un entramado institucional que no discuten les garantiza auténticas patentes de corso, más allá del escándalo momentáneo. La lucha sin cuartel por el poder, obteniendo ventajas coyunturales por el dominio de los resortes decisivos, no resulta incompatible con la identificación de intereses comunes.

Nuevamente, sorprende hasta el punto que han llegado los políticos para garantizar su impunidad y la de sus allegados. Una larga retahíla de instrumentos, legales e ilegales, configurados con el paso del tiempo les ha rendido unos resultados nada desfavorables para sus intereses, habida cuenta de la ausencia de nombres de importancia en el banquillo de los acusados de casos que se remontan en el tiempo como la trama Gürtell/Bárcenas , la financiación de Convergencia i Unió, los EREs de Andalucia, Mercasevilla, el caso "Urdangarín" o la estafa procesal dada por la destrucción y manipulación de pruebas y vestigios de la masacre del 11-M.

Así, a pesar de las previsiones constitucionales, no solo se ha apuntalado la dependencia del poder judicial al ejecutivo y legislativo, sino que también se ha mantenido una dependencia dual de la Policía Judicial desde la promulgación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986.

Aunque la Constitución pareció distinguir dos tipos de policías; una encargada de las labores de seguridad ciudadana (Art. 104 CE) bajo la dependencia del Gobierno y otra judicial (Art. 126 CE) dependiente de los jueces y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Es decir, si bien los jueces y fiscales dirigen a las fuerzas policiales que les auxilian en su labor, éstas quedan bajo el mando organizativo de los distintos gobiernos que cuentan con ellas (incluidos los gobiernos autónomos y ayutamientos). Más aún, esas unidades de policía judicial no se desgajan de los cuerpos policiales a los que pertenecen y su asignación depende de los planes en ese sentido del Ministerio del Interior de turno.

Como anticipó el antiguo fiscal del Tribunal Supremo en un artículo doctrinal, Candido Conde-Pumpido Ferreiro (no confundir con el hijo magistrado y luego Fiscal General del Estado) la dualidad de dependencias de esos policías adscritos a las unidades de policía judicial podía suscitar problemas de confrontación y de "obediencia" a dos superiores. Observando la realidad que ocurría en aquel tiempo, este jurista, que ilusamente creía en la independencia del Ministerio Fiscal, concluía que "los policías de las unidades adscritas sí saben a quién elegir en la obediciencia: a sus mandos naturales que tienen el poder de disciplina (…)". Pues eso.

Medios públicos contra la libertad de expresión

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

En las diferentes protestas de sindicatos y otras organizaciones a favor “de lo público” en el ámbito de los medios de comunicación se observan diversas constantes. Una de ellas, que es la que nos interesa en este caso, es que se vincula la existencia de radios y televisiones de titularidad estatal (o autonómica, en el caso de España) con la libertad de expresión, como si una y otra tuvieran algún tipo de relación positiva directa. Sin embargo, la realidad es bien distinta.

Los medios de comunicación públicos son órganos de propaganda al servicio del poder político, con independencia de que sea el Ejecutivo (caso más frecuente en España) o el Legislativo. En cualquier caso, son instrumentos de adoctrinamiento de los ciudadanos pagados por estos mismos. En el caso de que existiera la muy elogiada “independencia” política de los medios, tampoco sería muy distinto.

En estos casos seguirían siendo un órgano de propaganda al servicio de los supuestos representantes de los trabajadores de los medios (el poder sindical, directamente conectado con determinados partidos) o de cualesquieras que fueran las organizaciones encargadas de nombrar a los directivos de las radios y televisiones públicas. Además, se trataría de vender, y seguramente se lograría, la idea de que la supuesta “independencia” garantiza la “objetividad”, con lo que el espectador estaría con la guardia baja ante las posibles manipulaciones o incluso la mera existencia de una línea editorial.

Pero los medios públicos tienen una característica que les hace todavía más nocivos para la libertad de expresión: distorsionan el mercado de los medios debilitando al resto de empresas del sector, hasta el punto de poder poner en peligro la continuidad de algunas de ellas.

Si como ocurría antiguamente en España con TVE (y sigue ocurriendo con las radios y televisiones autonómicas) los medios públicos tienen publicidad, esto significa una merma en los ingresos del resto de radios y televisiones al quedarse con una parte nada despreciable del mercado.

Si se sigue el actual modelo de financiación de Radio Televisión Española, se impone un coste añadido al resto de cadenas, que deben entregar al Estado una parte de sus ingresos para sufragar RTVE. Esto afecta no sólo a las grandes cadenas de ámbito nacional (que al menos se han visto beneficiadas con un aumento de sus ingresos publicitarios al desaparecer la competencia de las cadenas estatales). También han de hacer frente a esos pagos televisiones pequeñas, de ámbito autonómico o local, con cuentas muy ajustadas y para las que el fin de la publicidad en TVE no ha supuesto la llegada de nuevos anunciantes.

Esto último, un incremento artificial de los costes destinado a mantener la televisión pública sin que aumenten los ingresos, se puede traducir en la pérdida de empleos en estas cadenas o incluso en el cierre de alguna de ellas que estuviera ya en una situación especialmente difícil. De esta manera, al querer dar oxígeno a un medio público se reduce la pluralidad en el ámbito audiovisual.

El modelo de la BBC, mediante el canon por la propiedad de un aparato de televisión, es simplemente un robo. Se obliga a los ciudadanos a estar suscritos a un canal que tal vez no quieran ver nunca. En cualquier caso, los medios públicos al final siempre reciben financiación pública que sale de los impuestos de los ciudanos, incluyendo algunos que no quieren verlas jamás.

En el caso de España, ocurre algo similar en otros países, otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de ver la relación entre medios de comunicación públicos y libertad de expresión y de prensa es la existencia de la agencia EFE. No se suele hablar de este caso, pero su efecto es especialmente nocivo. Creada en los inicios de la dictadura franquista, es la principal proveedora de teletipos para una gran cantidad de medios, al tiempo que está bajo control político al ser estatal. Eso significa que gran parte de la información que llega a los medios corre el riesgo de estar manipulada al servicio del Gobierno de turno (o por los sindicatos, o una confluencia de ambos).

Para la libertad de prensa, y por el respeto a los ciudadanos, lo mejor es la inexistencia de medios públicos. Sería necesario privatizarlos y para eso se puede optar por varias fórmulas. Además de la venta a una o varias empresas, existen otras opciones.

Lo ideal sería dividir el capital de estas empresas en acciones que se repartieran entre los ciudadanos (que a la postre son quienes han pagado con sus impuestos la creación y el mantenimiento de esas empresas) y después cada accionista-ciudadano podría hacer con sus participaciones lo que quisiera, mantenerlas sin más, mantenerlas sindicadas con otros accionistas, o venderlas. Otra opción viable sería convertir esos medios en cooperativas, y que los trabajadores empleados fueran los propietarios cooperativistas y tuvieran que hacer frente a la gestión y los gastos sin ayuda pública.

Si no es posible ninguna de las opciones anteriores, hay que cerrar esos órganos de propaganda y distorsionadores del sector de los medios que son las radios, las televisones y las agencias públicas. Si se admite que no es lógico que el Estado sea propietario de medios impresos (como sí lo era durante el franquismo o en cualquier régimen comunista de Europa central y oriental, o lo es en Cuba), debería resultar insostenible aceptar que sí posea medios audiovisuales o una agencia de noticias.

No llamen a esto capitalismo

Escrito por Antonio España en . Publicado en Artículos en prensa.

Probablemente han visto ustedes la película El show de Truman, que narra los avatares de un hombre de treinta años que ha nacido, crecido y vivido los 10.909 días de su existencia dentro de un reality show. Su protagonista, Truman Burbank –interpretado por Jim Carrey–, ha pasado todo ese tiempo creyendo que era libre y dueño de su propio destino cuando, en realidad, todo lo que le rodeaba era pura ficción. Es decir, toda esa percepción de libertad y control de su propia vida era una farsa, estando su existencia sujeta a los designios del creador del show, Christof –Ed Harris– y las audiencias. Pues bien, algo similar ocurre en Occidente, que creemos que disfrutamos de un régimen de libre mercado cuando, en realidad, se trata de capitalismo de amiguetes –crony capitalism.

Y es que es habitual leer en columnas de opinión y escuchar en tertulias radiofónicas o debates televisivos ataques al capitalismo, tildándolo de salvaje, inhumano, egoísta, ruin o cualquier otro epíteto negativo que se les ocurra. Parece, cuando se les presta atención, que viviéramos en el paraíso liberal, en la Arcadia del libre mercado. Sin embargo, lo que describen políticos, tertulianos y otros profesionales de la opinión cuando critican al capitalismo no son sino acciones y sus consecuencias, que poco tienen que ver con el sistema genuino de libre mercado, que tanto progreso y bienestar ha aportado a la sociedad en las pocas ocasiones que se le ha dado la oportunidad.

Díganme, ¿creen que puede catalogarse de capitalismo un sistema en el que las Administraciones Públicas concedieron en 2012, según recoge el anuario de la firma de rating española Axesor, más de 3.000 millones de euros en subvenciones a sociedades mercantiles? Tan sólo 50 de las 35.000 empresas subvencionadas con el dinero de sus bolsillos, un 0,14%, acapararon el 20% de todas esas ayudas. ¿Creen que esa cantidad se empleó en apoyar a pymes? No, ese ranking lo encabezan fabricantes de automoción (133 millones de euros), empresas mineras del carbón (100 millones de euros), empresas de telecomunicaciones (80 millones euros) o energéticas (70 millones de euros). Buena parte de ellas, empresas del Ibex o multinacionales.

Todo ello sin contar el rescate a la banca, que según las normas de contabilización de las autoridades comunitarias de defensa –sic– de la competencia ascendieron –según el informe de la antigua CNC– a 84.630 millones de euros y que, en total, podrían alcanzar fácilmente los 100.000 millones de euros. Y todo ello sin contar, naturalmente, las privilegiadas condiciones de liquidez facilitadas por el Banco Central Europeo (BCE), que actúa a modo de red de seguridad de la que ningún otro ser mortal dispone para el desarrollo de su actividad, aparte, claro está, de proporcionarles pingües beneficios en forma de carry trade.

Sin embargo, los rescates estatales de empresas privadas no se circunscriben únicamente al sector financiero. Todos tenemos en mente empresas que se han visto auxiliadas con dinero de los contribuyentes cuando se han visto en dificultades. Todas comparten la característica esencial de ser grandes y tener conexiones políticas. Si ustedes tienen una pyme a punto de quebrar, una hipoteca que no pueden pagar o una deuda con Hacienda, esperen sentados, y preferiblemente a la sombra, a que vengan los políticos a rescatarles. Pero si tienen un exministro o similar sentado en un consejo de administración o de asesor, estén tranquilos. ¿De verdad puede alguien pensar que el liberalismo que defendieron Locke, Smith, Bastiat, Mises, Hayek, Hazlitt, etc. es esto?

El capitalismo se define por ser un sistema de beneficios pero también, pese a que esto se olvida con frecuencia, de pérdidas. No obstante, cuando el sistema se corrompe y las ganancias se continúan privatizando, pero las pérdidas de unos pocos escogidos se socializan, deja de ser un mercado libre y se convierte en capitalismo de amiguetes. Como Truman en la película, podemos sentir la apariencia de libertad, pero la realidad es otra. Y eso inflige un daño mayor en la sociedad, pues este sistema ha usurpado el nombre al capitalismo de libre mercado y ha puesto en bandeja la excusa a los enemigos de la libertad. Como el capitalismo es el mal, aumenta la regulación, y se crean más oportunidades para que los amiguetes puedan sacar tajada.

Y es que existen empresarios genuinos que hacen su dinero compitiendo limpiamente en el mercado y se juegan su capital tratando de acertar los deseos de sus clientes y seleccionar los proyectos que son rentables. Y existen otros, empresarios también, que medran en sus negocios gracias al favor del Gobierno, bien sea erigiendo barreras de entrada, adjudicando subvenciones y créditos blandos u otorgándoles contratos y otros privilegios.

Es esencial distinguir entre ambos tipos de empresarios, dado que los primeros, aun buscando el propio interés, contribuyen al crecimiento económico y a la creación de empleo, mientras que los segundos se limitan a redistribuir la riqueza para beneficio suyo y de sus contactos en la Administración. Beneficio que, por definición, obtienen siempre a costa de otros. Estos capitalistas simplemente no podrían sobrevivir en un mercado libre, ya que necesitan para vivir de sus amiguetes.

Al principio de El Show de Truman, si lo recuerdan, aparecen una serie de entrevistas a los actores del programa, entre ellas al supuesto mejor amigo de Truman, Marlon –Louis Coltrane–, que dice: “Es auténtico, todo es real, aquí nada es falso, nada de lo que ven en este programa es falso… sólo está controlado”. Piensen ahora en todas las regulaciones, trámites y restricciones que nos imponen todos y cada uno de los niveles de la Administración Pública. ¿Creen que viven en la selva del libre mercado? Intenten montar una simple cafetería y adéntrense en la jungla burocrática para dar de alta su negocio, algo que, según el informe Doing Business 2014 del Banco Mundial, lleva en España 23 días en promedio, con unos 10 trámites y un coste medio de 1.000 euros.

Y, si aún no han visto el foco caer, como le ocurre al principio de la película al protagonista y que hace que empiece a albergar sospechas, valoren si es un mercado libre aquel en el que el 60% de la tarifa eléctrica se va en cargas fiscales y subvenciones que fija el Gobierno, aquel en el que el 50% del precio de la gasolina corresponde a impuestos, aquel en el que el Estado atosiga al ciudadano con más de cien figuras impositivas distintas y en el que este debe trabajar 130 días sólo para pagar sus tributos. Aquel, en definitiva, en el que el sector público pesa en la economía más del 40% del producto interior bruto (PIB). ¿Es esto capitalismo salvaje o estatismo desbocado?

Una de las principales críticas que se realizan a las sociedades capitalistas es la desigualdad. No se tolera que en una sociedad haya ricos y pobres, que algunos acumulen riqueza y otros deuda y que permitan la existencia de diferencias salariales de varios órdenes de magnitud entre los directivos de las empresas y sus trabajadores menos cualificados. Sin embargo, la realidad es que todas las sociedades son desiguales, incluso las supuestamente comunistas. Miren si no dónde viven y a qué lujos tienen acceso los Raúl Castro, Nicolás Maduro o Kim Jong-un de este planeta y compárenlo con el nivel de vida de sus oprimidos súbditos.

La cuestión no es tanto la existencia o no de desigualdades, que a nadie en su sano juicio le pueden parecer deseables, sino su origen. ¿Son ricos los ricos gracias al botín obtenido en el ejercicio de la fuerza, como ocurre en las sociedades feudales, o gracias a los monopolios concedidos por el Estado, como ocurre en los sistemas mercantilistas? ¿O han alcanzado su posición económica porque han sabido anticipar y satisfacer las necesidades de otras personas y han obtenido su recompensa?

¿Ofrece el entorno institucional oportunidades e incentivos para mejorar la propia condición o, por el contrario, fomenta la existencia de grupos reducidos que concentran el poder político y económico y que bloquean sistemáticamente la movilidad social, creando techos artificiales de cristal? Por ejemplo, les invito a reflexionar sobre lo siguiente: ¿a quién beneficia realmente la progresividad fiscal? Piénsenlo por un momento y díganme si aplicando un impuesto confiscatorio del 56% a las nóminas más altas no impide la acumulación de ahorro de aquellos profesionales de mayor cualificación y que han empezado desde cero, a fuerza de esfuerzo y sacrificio.

Díganme si esta progresividad agresiva no dificulta que puedan invertir en proyectos empresariales y competir con quienes ya están instalados en la aristocracia político-económica, con mayor facilidad para eludir el pago de impuestos y con un acceso infinitamente mayor a los circuitos de poder político. ¿Aún piensan que la progresividad fiscal beneficia a los pobres? Recuerden la isla en la que vivía el Truman de la película y las dificultades que le ponían cada vez que intentaba abandonarla.

En definitiva, ¿prefieren ustedes (1) un sistema capitalista corrompido como el actual, que permite que unos cuantos amiguetes se lucren a costa del resto, o (2) un mercado auténticamente libre, que promueva la sana competencia, elimine barreras de entrada, multiplique las opciones de los consumidores, suprima las subvenciones y créditos blandos y que asegure que la única forma de hacerse rico sea sirviendo a los demás, creando productos que hagan la vida más fácil, utilizando los recursos de forma eficiente e innovando continuamente a favor de la sociedad? No les quepa la menor duda de que quienes defendemos el capitalismo abogamos por un mercado genuinamente libre y rechazamos el capitalismo de amiguetes, incompatible con el primero.

¿Qué piensan los venezolanos?

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

María Corina Machado electrizó a los asistentes con su entrada apresurada al gran salón de actos. Acababa de llegar a Lima tras un viaje incierto. Todos nos pusimos de pie conmovidos, incluidos los expresidentes Felipe Calderón y Sebastián Piñera. Unos jóvenes venezolanos entonaron el himno de la patria y desplegaron la bandera. Algunos lloraban de emoción. Ocurrió a fines de marzo en la Universidad de Lima en un acto convocado por Mario Vargas Llosa y la Fundación Internacional para la Libertad.

El novelista explicó por qué era tan importante la visita de la joven ingeniera y diputada. En ese país se jugaba el destino de la democracia americana y en ese momento nadie representaba mejor a los estudiantes que protestaban en las calles de veinte ciudades venezolanas que esta mujer decidida a darlo todo por la libertad de su país. Cuando ella hablaba ya habían sido asesinados 40 jóvenes por los represores de la Guardia Nacional y los paramilitares armados con pistolas y fusiles que los acompañan a bordo de motocicletas.

¿Asumía Vargas Llosa una postura compartida por los peruanos o era la visión sesgada de los liberales? Una encuesta reciente de Ipsos confirmaba que esta vez Mario no nadaba contra la corriente. El 94% de los peruanos condenaba el chavismo tajantemente y rechazaba a Nicolás Maduro.

A mi juicio, esa encuesta, hecha en cualquier país de América Latina, arrojaría resultados parecidos. Los peruanos no son diferentes al resto de los latinoamericanos. Tras 15 años de disparates y violencia, el chavismo y el socialismo del siglo XXI han demostrado su carácter intolerante, empobrecedor y antidemocrático. Los pueblos no los quieren.

Pero ¿y dentro de Venezuela? ¿Cuánto ha calado en esa sociedad el clientelismo chavista, la propaganda abusiva contra la oposición, los insultos y descalificaciones personales, el control casi total de los medios de comunicación?

Afortunadamente, ya lo sabemos con bastante certeza: el oficialismo chavista está en franca minoría y cae en picado. Al menos dos encuestas muy profesionales lo revelan con un margen de error insignificante.

Ambas aparecieron en marzo. Una se debe a Alfredo Keller, un encuestador muy prestigioso. La otra es conocida como Venebarómetro y la llevó a cabo el Instituto Venezolano de Análisis de Datos. Las dos coinciden en los resultados generales y confirman el juicio del analista Joaquín Pérez Rodríguez, tal vez el mayor experto electoral del país. Estos documentos se pueden localizar fácilmente en Internet. Basta con googlearlos.

Entre el 62 y el 72% piensa que Venezuela está a las puertas de un colapso económico. Los dos peores y crecientes problemas son la inseguridad y el desabastecimiento. Lo afirman más del 70% de los venezolanos. El 65% rechaza las milicias paramilitares, formadas, en gran medida, por delincuentes que disparan a matar y asaltan tiendas y supermercados. Los malandros asesinan a 25.000 personas al año. Simultáneamente, crece por horas la lista de los productos básicos que no se encuentran. Ni siquiera harina para hacer arepas o leche para los niños.

La población no cree la versión oficial de que la crisis se debe a los burgueses. Es demasiado burda. El 51% está convencido de que la responsabilidad es del gobierno. El 57% piensa que de Maduro directamente. Apenas el 16% culpa a los empresarios y el 8% a los Estados Unidos. El 81% de los venezolanos respalda la existencia de las empresas privadas. Sólo el 18% se opone. El mensaje colectivista y el loco proyecto comunal, sencillamente, no han calado.

Los venezolanos no quieren navegar "hacia el mar cubano de la felicidad", como les propuso Hugo Chávez. El 63% tiene una visión desfavorable de Cuba, país al que acusan de haber convertido a Venezuela en una colonia con el objeto de saquearla. Sólo el 31% simpatiza con el régimen comunista creado por los hermanos Castro.

La institución más valorada es el llamado Movimiento Estudiantil, con un 66,4% de aprobación. El 57% apoyaría una forma constitucional de salir del gobierno de Maduro. Sólo lo respalda el 36%. Cualquiera de estos tres opositores derrotaría fácilmente a Maduro en las urnas: Henrique Capriles, Leopoldo López o María Corina Machado.

¿A dónde conducirá este contundente rechazo? Probablemente, a un encontronazo entre militares que rechazan al chavismo y militares que (todavía) lo defienden. Las noticias de generales presos y coroneles insubordinados es todo un síntoma de este malestar dentro de las Fuerzas Armadas.

También es posible un resquebrajamiento en la zona política del chavismo. Muchos opinan que Maduro es un mal calco del militar desaparecido, carente de carisma. Apenas es respaldado por "los cubanos", a quienes les atribuyen haberlo colocado en la presidencia, tras imponérselo a un Chávez moribundo y sin voluntad, pese a la evidente violación de las normas legales, a su legendaria incapacidad y al tiempo que pierde hablando con los pajaritos.

¿Qué impide que el poderoso chavismo antimaduro, tal vez mayoritario, pida la renuncia al presidente y busque una salida constitucional a la crisis?

Sencillo: el miedo. Los narcogenerales temen acabar perseguidos por la DEA. Los cleptochavistas piensan que pueden terminar ante los tribunales y perder sus bienes mal habidos. Los represores saben que hay instituciones internacionales que juzgan y condenan a los genocidas. Le ocurrió a Milosevic.

Como en el poema de Borges, a los chavistas no los une el amor, sino el espanto. Si la oposición no se divide y los estudiantes persisten en las calles, acabarán triunfando.

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