Ir al contenido principal

Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

España tiene TDA

En las últimas semanas, la sociedad española se ha mostrado completamente distraída, pendiente, en especial, del recambio real, el mundial de fútbol y, cómo no, el tiempo que hace. Lo raro es que no haya salido a la palestra algún meteorito a punto de chocar contra el planeta. ¿Y lo relevante?

Lo relevante y lo accesorio

¿Quiere eso decir que lo relevante para los españoles es si reina Juan Carlos o Felipe, si la selección de España es eliminada del Campeonato del Mundo o si el bochorno que nos azota es normal en este tiempo de solsticio de verano? No necesariamente.  Porque, siendo estos tres hechos de diferente naturaleza y rango, tienen la misma limitación: no nos va a sacar de la atonía inversora, ni van a evitar que usted y yo no lleguemos a fin de mes (de nuevo), no van a impedir que quiebren empresas o van a proporcionar millones de puestos de trabajo.  Y, sinceramente, visto lo visto, eso es lo relevante.

Porque es cierto el simbolismo político y el momento histórico que implica que el jefe del Estado sea Felipe VI y que no haya pasado nada, es importante comprobar que somos un país encantado de tener casi diez mil aforados y que sería muy hipócrita rechazar solamente el aforamiento real cuando hay cerca de siete mil jueces aforados, por no hablar de políticos locales y demás privilegiados, ciudadanos de primera, inmunes por la gracia un privilegio al que ni ellos pueden renunciar. Aunque lo cierto es que ni el rey saliente ni el entrante gobiernan, ni tienen potestad para tomar decisiones muy relevantes sin el asentimiento de los que de verdad mandan: los políticos.

También es cierta la debacle de una selección de fútbol que concita lo peor y lo mejor de nuestra sociedad: el triunfalismo pueblerino y la unidad de los españoles frente a un rival. Con lo difícil que es aunar opiniones y gustos en este país, dentro de lo que cabe, había cierto consenso a la hora de animar a la selección, salvo algún escéptico sin gusto por el fútbol que, normalmente, era (éramos) severamente reprendidos. Perfectamente comprensible.

Y finalmente, está el eterno tema de conversación: el tiempo. Comentamos si hace frío en invierno, si hace calor en verano, si hay viento o no lo hay. El tiempo es siempre un punto de referencia en las charlas entre mis conciudadanos.

Pero más relevante que todo eso, el paro, el cumplimiento del objetivo de déficit, la reforma fiscal, la activación de la inversión a partir del fomento del ahorro, me parecen temas en los que debían estar fijas nuestras miradas y nuestra atención. Y ese es el problema.

La España trastornada

El problema es que nos centramos en la solución al paro y entonces el rey abdica. Y ya tenemos motivo para distraernos. Se van los inversores y Pablo Iglesias estornuda. Y, de nuevo, encontramos un recurso fantástico para cambiar de tema. La Comisión Europea se preocupa porque cree que este Gobierno está poniendo en peligro el cumplimiento del objetivo de déficit (que significa que nos empobreceremos y nos costará más caro salir de la atonía económica) y entonces nos eliminan del Mundial. Y todos olvidamos el roto en el bolsillo presupuestario del Gobierno del Partido Popular y pasamos al sesudo análisis de las capacidades de nuestros casi cuarentones jugadores. Somos como los afectados por el Trastorno de Déficit de Atención (niños o adultos), pero sin el componente de hiperactividad, más bien al contrario, somos como el alumno que desconecta , en el que brota con fuerza la hiedra de la apatía, hasta paralizarle por completo. Al final nadie hace nada ni respecto a los temas económicos ni respecto a los distractores (realeza, fútbol y tiempo meteorológico).

Más allá de lo cuestionado que está el diagnóstico del déficit de atención, solamente hay que leer la definición de trastorno en psicología para darse cuenta de lo que hablo. Un trastorno remite a un patrón de comportamiento asociado con un malestar, un impedimento, o con un riesgo grande de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. En ese sentido, el comportamiento de los españoles en su conjunto no puede ceñirse más a la definición. Lo que me escuece especialmente  es el creciente riesgo de un dolor en aumento en el bolsillo de la sufrida clase media y de una pérdida de libertad que se dispara ante nuestra incapacidad para poner remedio y, muchas veces, de darnos cuenta de lo que nos está sucediendo y de su alcance. 

El chavismo se quita la careta

Nicolás Maduro no pondrá en libertad a Leopoldo López, pese a la evidente injusticia. A Maduro, incluso, le conviene que Leopoldo sea inocente. Como enseñó el padre Lenin, la clave de la obediencia es el miedo, la inseguridad. Es la ominosa certeza de que el Estado puede descargar su fuerza cuando lo decide la policía política sin que exista una previa violación de la ley. Lo importante no es la legalidad, esa despreciable minucia burguesa, sino la revolución.

Pero hay mucho más.

Nicolás Maduro afirma que la diputada María Corina Machado es una asesina que trata de matarlo. La fiscal general, la señora Luisa Ortega Díaz, al frente del sicariato que en Venezuela se conoce como Poder Judicial, acusó de ser cómplices a tres demócratas de la oposición: el exembajador Diego Arria, el exdirector de PDVSA Pedro Burelli y el abogado Ricardo Koesling. En la fantástica trama, como era predecible, también figura el americano feoKevin Whitaker, siniestro embajador de Estados Unidos en Colombia. 

¿Por qué y para qué Nicolás Maduro fabrica una acusación tan ridículamente falsa?

Porque en esta situación cualquier opositor barrería al chavismo en las elecciones. Según las encuestas, los opositores demócratas tienen el 65% de apoyo y el chavismo el 35. Pero como no van a entregar el poder, intentan desbandar a la oposición, exiliarla, como hicieron con Manuel Rosales, o encarcelarla, como hacen con los políticos que alcanzan alguna prominencia, ya sea Leopoldo López o los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos.

La popularidad del chavismo cae en picado como consecuencia del inmenso caos económico en el que ha sumido a Venezuela y necesita desesperadamente cambiar el foco del debate. Maduro no quiere que la sociedad proteste por el desabastecimiento, la inflación, la corrupción, la oleada que no cesa de crímenes impunes (de 4.500 en 1999 a 21.692 en 2013, aumento del 382%). Quiere centrar la atención en el falso magnicidio y criminalizar cualquier manifestación de inconformidad. Es lo que Cuba recomienda y hace: repriman para sobrevivir.

Desde que Maduro asumió las riendas, la cifra de hogares pobres aumentó en 416.326, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Un 30% más. En 1999 había en el país 6.400.000 pobres. Hoy hay 9.000.000.

Todo esto sucede en medio de la bonanza del ingreso constante de petrodólares. En los 15 años de chavismo, a partir de 1999, el país ha recibido más divisas como consecuencia del precio del petróleo que en toda su historia, desde que obtuvo la independencia de España en 1823.

¿Cómo ha sido posible esta catástrofe? Porque la burocracia y el gasto público crecieron exponencialmente. Durante el chavismo se ha pasado de 900.000 empleados públicos a 2.300.000 (un 156%). La nómina de PDVSA ascendió de 40.000 a 120.000, mientras la productividad –barriles por empleado– se redujo de 75 a 18, y la deuda de la empresa pasó de 6.000 a 40.000 millones de dólares.

Han malgastado irresponsablemente los recursos del país, a lo que se agrega la increíble corrupción propiciada por el Gobierno y la boliburguesía. Según Jorge Giordani, hasta hace poco ministro de Planificación, del Sitme –donde se otorgan las divisas– se esfumaron 20.000 millones de dólares.

La inflación acumulada es del 933%. Cuba les cuesta más de 13.000 millones de dólares anuales, pero cuando se suman el resto de los chupópteros del ALBA, más los maletines a los Kirchner, más todas las compras de influencia internacional, esa cifra acaso se duplica.

Estatizaron decenas de empresas que eran rentables hasta que las controló y arruinó el Gobierno. Intervinieron más de 600 fincas, lo que provocó la destrucción del aparato productivo. Antes de Chávez se importaba el 37% de los alimentos. En época de Maduro ya andamos por el 78%.

¿Para qué seguir? Los chavistas lograron la sorprendente proeza de quebrar Venezuela. Ya no tiene crédito ni, mucho menos, capitales extranjeros. ¿Quién invierte en ese manicomio colectivista sin ley ni justicia, donde el Poder Judicial es una rama de la policía política?

Venezuela hace rato que dejó de ser una república democrática. Rápidamente se convirtió en una dictablanda corrompida. Cada día que pasa se acerca más a una dictadura podrida, pura y dura, que conserva el poder a palos. Están ahora en la fase de quitarse la careta. Es triste, pero tan grave como eso es el silencio cómplice de América Latina. Vergonzoso.

elblogdemontaner.com

Espacios públicos: libertad y civismo

La ciudad puede mostrar abundantes ejemplos de incivismo: basura en el suelo (colillas de cigarrillos, restos de chicles, envases, latas, papeles); cacas de perro; contaminación por escapes de vehículos mal mantenidos; ruidos y malos olores; pintadas en las paredes (simples firmas garabateadas o grafiti presuntamente artístico); mobiliario público roto o cubierto de papeles o pegatinas con anuncios de particulares; pancartas con reivindicaciones políticas o sindicales; carteles de publicidad de comercios en soportes portátiles que invaden la vía pública; vendedores callejeros o tiendas físicas que bloquean el paso con sus mercancías en la acera; vehículos aparcados de forma irregular; conducción temeraria o poco fluida; botellón; prostitución en calles y parques; mendigos en la acera o en los semáforos; calles cortadas por alguna protesta o manifestación ilegal; fachadas de edificios en mal estado de conservación o con elementos antiestéticos (aparatos de aire acondicionado o antenas parabólicas) o cierres ilegales. En zonas más apartadas es posible encontrar chabolas o vertidos de basura o escombros junto a los caminos.

Un entorno agradable es muy relevante para el bienestar de las personas: los lugares más atractivos para la vida, el trabajo o el turismo lo son, entre otras cosas, en la medida en que no tienen estos problemas. Un ambiente degradado es desmoralizador, puede reflejar una cultura de poco respeto por la legalidad y además es un problema difícil de resolver: es común imitar conductas ajenas, de modo que lo que está sucio o mal cuidado puede ensuciarse o deteriorarse más.

Estas agresiones contra los espacios comunes muestran una falta de respeto de algunas personas por los demás: minoritarios o no, son individuos mal educados, pícaros, tramposos o vándalos. También muestran la incompetencia o negligencia de los poderes públicos (políticos, burócratas, legisladores, inspectores, policías, jueces, servicios de limpieza) que toleran, no vigilan y castigan adecuadamente o no remedian estas actividades nocivas.

Son fenómenos que no se dan por igual en todos los ámbitos: son raros en zonas de control privado (centros comerciales, parques de atracciones, urbanizaciones), y algunos países o culturas son más civilizados que otros. El estado de los espacios públicos puede servir como indicativo del desarrollo moral y económico de una sociedad: las más prósperas y avanzadas los respetan; las más pobres y retrasadas abusan de ellos.

Algunas personas pueden pretender que los espacios públicos no requieren regulación ni vigilancia especial y que cada persona puede hacer lo que quiera en ellos (siempre que no mate, robe o agreda a otros): que no son de nadie, o que su propiedad pública es ilegítima, y por lo tanto cualquiera puede apropiarse de ellos y usarlos como desee; o que como son de todos, entonces son míos y hago en ellos como me place. Sin embargo la propiedad común no siempre es ilegítima y obviamente no es equivalente a los bienes sin propietario; y la propiedad de varios es de cada uno de los dueños, pero no sólo de cada uno de ellos de forma exclusiva.

Otra posible pretensión es que los espacios públicos no deben existir y que todo debe privatizarse a título individual. El liberal puede legítimamente proponer o exigir que muchos bienes y servicios estatales se privaticen: sanidad, pensiones, educación, televisiones, empresas y entes estatales. Son sectores ineficientes (cuando no corrompidos), poco productivos y competitivos, con problemas de incentivos y de información, faltos de empresarialidad y capturados por diversos grupos de interés organizados (como los funcionarios y otros empleados públicos). Su impacto presupuestario y los daños económicos y sociales que causan son grandes.

Pero privatizarlo todo a escala individual tal vez sea absurdo: el mantenimiento de ciertos espacios comunes puede tener sentido siempre que consigan articularse normas cívicas y mecanismos para su cumplimiento. Estas normas regulan la financiación de la producción y mantenimiento en buen estado de estos espacios, si es posible en función del aprovechamiento por cada individuo (impuestos, tasas, peajes, precios de acceso), y sirven para evitar su deterioro o degradación y los abusos o molestias.

Privatizar absolutamente todo es problemático. Es posible definir la libertad como el respeto al derecho de propiedad privada, el cumplimiento del principio de no agresión (no invasión, daño o robo de lo ajeno), y la posibilidad legal de realizar pactos contractuales voluntarios exigibles por la fuerza. Pero la propiedad no siempre es individual: algunos espacios físicos, como calles, caminos, carreteras, plazas y parques, se poseen y gestionan de forma común por algún grupo privado o por alguna unidad de convivencia colectiva (pueblo, barrio, ciudad, provincia, región, país).

Son bienes que o son difícilmente separables en unidades discretas, o tienen límites extensos que hacen muy difícil el control de acceso y la exclusión, o se colonizan y usan por un grupo de forma conjunta, o simplemente las personas desean compartirlos o gestionarlos como un colectivo. A menudo son espacios comunes, zonas de tránsito y convivencia que requieren una normativa adecuada que permita su uso y disfrute con el máximo aprovechamiento y la mínima conflictividad posible: se trata de normas mínimas de urbanidad, de elemental buena educación para respetar al prójimo, evitar molestias y mantener y no deteriorar el entorno común.

Toda la convivencia en sociedad se basa en normas: el derecho de propiedad es una norma peculiar que indica que el dueño decide las reglas dentro de su propiedad; pero cuando la propiedad es de varios el establecimiento de las normas no es tan sencillo; mucho menos cuando la propiedad es de todos. En los espacios privados los propietarios pueden decidir las normas de conducta e informar a sus potenciales invitados, visitantes o clientes: no es necesario alcanzar acuerdos entre agentes en posiciones iguales o simétricas; los dueños mandan, y los demás o aceptan sus reglas o no son admitidos; cualquier conducta e interacción es posible siempre que sea voluntaria y se eviten los daños a terceros. En los espacios públicos los propietarios son todos o casi todos (salvo extranjeros): como en toda propiedad colectiva, la gran cantidad y diversidad de individuos con derechos de decisión puede originar múltiples conflictos al intentar regular su uso.

Los espacios privados pueden cerrarse o aislarse para evitar daños al exterior; los espacios públicos son por su propia naturaleza abiertos y de interacción constante, de modo que las acciones de unos afectan fácilmente a otros. En los espacios privados el acceso y los usos, quiénes tienen permiso y qué pueden hacer, están restringidos por la voluntad del propietario: tal vez sean pocas o muchas personas autorizadas, y pocas o muchas las conductas permitidas o prohibidas. En los espacios públicos el acceso y la movilidad son libres para todos, pero su uso debe estar estrictamente limitado. Como lugares de tránsito y convivencia los principios que deben regularlos son la funcionalidad (que cumplan con su cometido, que la circulación de personas y vehículos sea fluida) y el respeto al otro (que se pueda vivir en ellos con otros y no contra otros).

Los problemas de los espacios públicos pueden resultar difíciles de resolver por varias razones: su delimitación y diseño suele realizarse por planificación urbanística centralizada que rara vez produce resultados óptimos sino más bien escasez o excesos; los actos de incivismo no son crímenes o delitos graves (como asesinatos, daños físicos, violaciones, secuestros, robos) con víctimas afectadas muy concretas que se benefician directamente de su resolución; suelen ser externalidades negativas difusas, de costes relativamente bajos para cada individuo pero acumulativos y que afectan a mucha gente cuya coordinación es compleja; puede ser costoso descubrir y castigar a los responsables; y los poderes públicos suelen ser incompetentes o negligentes y es difícil para los ciudadanos exigir rendición de cuentas y sustituirlos por otros mejores.

Posibles soluciones son: limitar la extensión de los espacios públicos y exigir respeto de los que tienen sentido; separación de poderes públicos por zonas y funcionalidades (como tráfico, limpieza, mobiliario urbano), con elección directa de los responsables por los ciudadanos; una mínima buena educación para la ciudadanía basada en principios básicos de decencia y cortesía (no hacer daño, no molestar, no traspasar costes a otros) en lugar del adoctrinamiento colectivista e igualitarista y la moralina de baja calidad de la solidaridad estatal coactiva; participación altruista en campañas de limpieza y vigilancia (complementando la escasa capacidad de los vigilantes públicos); incentivar denuncias ciudadanas adecuadamente probadas (testimonios múltiples, imágenes grabadas) y castigos disuasorios para los culpables; represalias ciudadanas (avergonzar públicamente a los incívicos en medios de comunicación, saturar los teléfonos de quienes se anuncian de forma irregular); supervisión y denuncia de los vigilantes incompetentes (policías, inspectores) que no cumplen con su deber.

Madinemos

La retirada voluntaria de Susana Díaz de la carrera para dirigir el PSOE deja como principal candidato a ocupar la secretaría general a Eduardo Madina, un joven socialista que apenas lleva una década amorrado al presupuesto y, por tanto, es garantía de renovación. Enfrente tendrá a Pedro Sánchez, un ZP con estudios que, como Madina, empezó a cobrar un sueldo público también en 2004. Las dos criaturas se disputarán el liderazgo del PSOE con el permiso de Carmen Chacón, otra jóvena renovadora pero con algo más de experiencia, puesto que se subió al coche oficial en 1999 y además ha sido ministra con Zapatero, mérito que en según qué ámbitos del PSOE tiene también su importancia.

La posibilidad de que Madina sea finalmente el preferido por los afiliados socialistas ofrece un panorama apasionante en la izquierda, con el PSOE compitiendo abiertamente con Pablemos por ver qué partido disparata más en su discurso antisistema. Madina, además, es probablemente el político más soporífero de todos los que escriben ocasionalmente en los periódicos, lo que no es nada fácil dado el nivel existente entre la profesión, pero es que este muchacho talla sus artículos en basalto. Como ejemplo sublime de los extremos a los que puede llegar una mezcla apropiada de tedio y pedantería, consúltese el último artículo del protocandidato socialista en el diario El País, "El paso suspendido de la cigüeña", donde Madina le atiza al lector una mano de citas de Engels en pleno arrebato de originalidad. El pobre becario de turno solo atinó a resumirlo de esta manera antes de salir huyendo de la redacción en busca de apoyo psicológico: "La defensa de la diversidad hacia fuera entre colectivos, se acompaña de pluralidad hacia dentro". Ele.

Madina ha dado abundantes pruebas de que es casi tan sectario como Pablemos e igual de versátil. Uno se confiesa republicano y, en consecuencia, anuncia que votará a favor de la Ley Orgánica de sucesión del trono de España, y el otro trinca una beca de una organización eminentemente corrupta para pasar una temporada viendo mundo a costa del sufrimiento de los estafados por las preferentes que dice defender. Ahora bien, Pablemos no es tan peñazo como Madina. Es decir, no hay quien lo soporte más de un par de minutos en La Sexta, cuya programación está a su servicio como la de Telecinco al de Belén Esteban, pero como escribe poquito en la prensa y además va siempre al grano, sus alardes de marketing pijoflauta son más llevaderos. 

Susana Díaz ha dado un paso atrás a ver qué hacen estos desoficiados con su partido, pero no es descartable que antes de que el PSOE se convierta en Madinemos aparezca en la calle Ferraz en un trono de salvadora, portado a hombros por los barones más insignes del partido y con Moreno Bonilla de cabo de andas.

España y el atajo de la violencia

De acuerdo con el sociólogo alemán Franz Oppenheimer, sólo existen dos formas de obtener los medios necesarios para satisfacer nuestras necesidades y deseos. La primera es mediante nuestro propio trabajo y el intercambio voluntario con los demás miembros de la sociedad, forma a la que denominó “medios económicos”. La segunda consiste en la apropiación violenta de la riqueza de los demás, a la que por contraste denominó “medios políticos”.

El hecho de denominar “medios políticos” al empleo de la fuerza, a la extracción forzosa de recursos de las demás personas, no es casual. Una de las mayores fuentes de violencia en nuestras sociedades no es otra que su propio gobierno, su clase política. Como bien decía Ludwig von Mises en La Acción Humana, “conviene recordar que la interferencia del gobierno siempre significa acción violenta o la amenaza de dicha acción. Aquéllos que piden más interferencia gubernamental están pidiendo en última instancia más coacción y menos libertad”.

Lo que el liberalismo propone es minimizar el uso de la coacción en la vida en sociedad. Es sobre los pilares de la libertad y el respeto a la propiedad privada sobre los que deben descansar las relaciones humanas. Son, precisamente, los “medios económicos” que describe Oppenheimer, la libre cooperación social en el marco de la división del trabajo y el intercambio voluntario, el ideal que defiende el liberal no sólo desde el punto de vista ético, sino también desde una perspectiva práctica. Libertad y propiedad privada tienden a traducirse en prosperidad. Coacción y violencia, si bien pueden ser una gran tentación a corto plazo, a la larga siempre devienen en conflicto y miseria.

En España, una buena parte de la ciudadanía cada vez clama de manera más clara por una mayor coacción y menos libertad. El resultado electoral de las elecciones europeas es una buena muestra de lo poco que han calado las ideas liberales. El peso del liberalismo es cada vez menor dentro de los grandes partidos, y los pocos partidos minoritarios que han ofrecido una propuesta liberal han salido escaldados de las urnas. Una gran mayoría de la sociedad española está cada vez más lejos de creer que la mejor solución a los problemas sociales y económicos pasa por el camino de la libertad, por respetar la propiedad de los demás y permitir que sean los propios ciudadanos los que se organicen de la mejor manera posible para solucionar dichos problemas de manera pacífica.

Hay que entender que una gran parte de la sociedad española está desesperada por el efecto de la larga depresión económica. No sólo porque el desempleo lleva años superando el 25%, los salarios están por los suelos y muchas familias están sumidas en la pobreza. Lo más desesperante para una buena parte de la población es la percepción de que no se ve luz al final del túnel, de que esto aún va a seguir así mucho tiempo. La gente, aunque escucha que estamos en el inicio de la recuperación, sigue viendo muy lejos un escenario en el que algo tan básico como encontrar un empleo para mantener a su familia no sea misión imposible.

El problema es que la desesperación es el caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos populistas que aboguen por ofrecer a sus votantes soluciones inmediatas por medio de la fuerza. Es en este contexto en el que irrumpe en la escena política española un partido como Podemos. Más de 1,2 millones de ciudadanos han optado por respaldar con su voto a un partido cuyo programa es un completo disparate.

Uno de los problemas del programa de Podemos es que no se puede pagar. El partido dirigido por Pablo Iglesias propone una cantidad de gasto estratosférica. Además del deficitario Estado de Bienestar existente y toda su batería adicional de propuestas de gasto público, el plan estrella de Podemos consiste en el pago de una renta básica para todo el mundo, sea pobre o rico, a cargo de los presupuestos del Estado. Leyendo el programa queda claro cómo se pretende financiar todo este supuesto jardín del edén: impuestos desorbitados y, sobre todo, emisión de moneda por parte del banco central para pagar directamente los gastos del Estado. La hiperinflación, la pobreza y el caos social están garantizados.

Sin embargo, lo más preocupante no es que el programa económico no pueda pagarse, ni las nefastas consecuencias económicas de la propuesta política de Pablo Iglesias. Lo peor es que todo el programa rezuma violencia. Supone el auge de lo que Oppenheimer denominaba los “medios políticos”, es decir, el uso de la fuerza para obtener los bienes y servicios que demandamos. Es, en resumen, toda una negación de la libertad individual y del derecho de propiedad. Expropiaciones de viviendas, de hospitales y de tierras; planificación centralizada y control político directo sobre un sin fin de sectores, como la energía, la alimentación, el transporte, las telecomunicaciones, la sanidad, el sector farmacéutico o el educativo; creación de una banca pública al servicio de la política; fiscalidad confiscatoria e impuestos sobre la riqueza; prohibición de los despidos para las empresas con beneficios y fijación estatal de los salarios. No es una política simplemente equivocada. Es una política destinada a desatar la miseria y a provocar la ruptura de la cooperación social.

El ascenso de partidos como Podemos y otras fuerzas políticas que proponen similares soluciones puede explicarse por la desesperación de mucha gente que no ve salida a la crisis y por repulsa a la actual clase política. De esas entendibles causas, sin embargo, no sigue que el populismo estatista que se abre paso en España vaya a solucionar los problemas. Más bien, los agravaría. La única solución, ética y práctica, pasa por ir hacia un marco institucional basado en la libertad individual, la cooperación social voluntaria y el escrupuloso respeto a la propiedad privada. Ése es el único camino a la prosperidad. El atajo de la violencia que propone Podemos no lleva a otro sitio que a la catástrofe.

España y la norma: ni contigo ni sin ti

A pesar de los fantásticos juristas que ha dado nuestra tierra, las ideas de Derecho, Legislación, normas parece que no han calado en la mente de los españoles. Convencidos, a fuerza de repetirlo delante del espejo, de que somos los más demócratas, los más constitucionalistas, los más estupendos del mundo, a la altura del “estupendismo” de franceses, ingleses y alemanes, un repaso a lo que dice la calle, una vez oídas las reacciones políticas a la inesperada abdicación de Juan Carlos I, puede servirnos de termómetro de cómo somos en realidad.

Respecto a la abdicación

Es muy pronto. Es muy tarde. Es inesperado. Ya se veía venir. Se va porque quiere darse la gran vida. Se va porque está enfermo de gravedad. El príncipe está perfectamente preparado. El príncipe está muy verde. Vaya faena que le ha hecho a Felipe. Felipe lleva rezando para que esto pase desde hace años. No debería gastarse en celebraciones. Parece mentira que no se celebre ni nada.

Hay que seguir la Constitución que establece la sucesión monárquica con normalidad (cita de artículos). Hay que seguir la Constitución que establece la posibilidad de un referéndum para acabar con el anacronismo de la monarquía con normalidad (cita de artículos). Ningún demócrata puede ser republicano. Ningún demócrata puede ser monárquico. La monarquía es una reliquia franquista. La monarquía es el primer paso de la transición democrática. La monarquía es más cara que la república (muestra de datos en Excel). La república es más cara que la monarquía(muestra de datos en Excel). Los monárquicos van a acabar con el progreso en España. Los republicanos van a acabar con el progreso en España. La Iglesia Católica debería pronunciarse, al fin y al cabo es una monarquía católica. La Iglesia Católica no tiene nada que decir, al fin y al cabo España es un estado laico.

Respecto a lo que dicen los partidos políticos

El PSOE es republicano de toda la vida. El PSOE es constitucionalista respetuoso de la monarquía de toda la vida. Artur Más debe ir a la proclamación de Felipe VI porque representa a todos los catalanes. Artur Mas no debe ir a la proclamación de Felipe VI porque representa la opción independentista explícitamente. La izquierda de Podemos, IU, y demás, quieren una guerra civil. La izquierda de Podemos, IU y demás, quieren evitar un conflicto violento en las calles mediante cauces legales. El PP y la derecha le hacen la pelota a la monarquía porque siempre se han llevado bien. El PP y la derecha intentan congraciarse con la monarquía con la que se llevan fatal.

La conclusión: ni contigo ni sin ti

La retahíla de frases contradictorias de ese tipo que se oyen a propios y extraños, gentes con formación o iletrados, en radios, televisiones, corrillos, mesas camillas a la hora del café… no tiene posiblemente fin. Representa el carácter español, que si no sale en las encuestas de mayoría republicana es porque no tenemos un referente glamuroso que podamos despellejar, pero que sea campechano y estirado a un tiempo, como son los miembros de la realeza española (unos más, otros menos). Pero si Felipe González se postulara a sí mismo como presidente de la III República y la lucha fuera de Felipe a Felipe… ya no sé qué pasaría. Creo que nos quedaríamos con el gracejo sevillano frente a la periodista venida a más y su marido.

Y todo esto me lleva a concluir que nos importa un guano el verdadero meollo del asunto. ¿Nos representa el Parlamento? ¿Necesitamos un referéndum porque no tenemos claro que ese PP, ese PSOE y el resto de los elegidos hace apenas dos años expresen nuestra voluntad? ¿Necesitamos elecciones generales cada menos tiempo? ¿Cada dos años? ¿Cada tres meses? ¿Cada día? ¿Si la Constitución es tan importante por qué consentimos que el Tribunal Constitucional esté politizado y funcione tan mal? ¿O a lo mejor no nos importa la Constitución? ¿O sólo cuando truena?

Pues eso, un guano.

La inmensa tarea de los nuevos reyes de España

Francisco Franco murió en 1975 seguro de que el futuro de España estaba "atado y bien atado". Nunca he creído la hipótesis de que el Caudillo preparó una transición post mortem hacia la democracia. Franco era un hombre de orden y cuartel, melancólicamente convencido de que los demonios familiares del separatismo y la anarquía inevitablemente conducirían a los españoles a la catástrofe, a menos que una mano dura lo evitara.

Afortunadamente, Juan Carlos, el joven Borbón seleccionado, educado y designado por Franco para continuar su régimen autoritario al frente del Estado, tenía una idea diferente de España. Sabía que sólo podía o valía la pena reinar en una nación democrática en la que la Corona estuviera subordinada a la Constitución y al Parlamento, como era la norma en el norte de Europa Occidental.

El monarca no perdió tiempo. Con la ayuda de las Cortes, acertadamente reclutó a Adolfo Suárez como presidente de Gobierno. Fue el negociador ideal para lograr un cambio que parecía imposible: a trancas y barrancas, porque no fue fácil, los franquistas se transformaron en demócratas, los socialistas abandonaron el marxismo, los comunistas renunciaron al leninismo, los vascos y catalanes silenciaron y aplazaron sus pulsiones nacionalistas, el ejército se subordinó a la jefatura de los civiles –salvo el limitado espasmo golpista de 1981–, la Iglesia católica bendijo la metamorfosis y todos admitieron la monarquía. 

Juan Carlos, heredero de una dinastía desacreditada ante los ojos de los españoles, dos veces derribada por una sociedad que no amaba ni respetaba a la familia real, a lo que se agregaba el origen espurio de su poder, arbitrariamente impuesto por Franco, los necesitaba a todos para poder reinar con legitimidad moral (tenía la política), pero todos necesitaban a Juan Carlos para ocupar cierto espacio en un orden democrático que surgió milagrosamente en apenas tres años.

La transacción funcionó espléndidamente, al menos por un tiempo. Los españoles, como se ha dicho mil veces, no se hicieron monárquicos, pero sí juancarlistas. Casi todo el país agradeció al Rey el establecimiento de la democracia y su actitud decidida cuando varios militares trataron de derribar el Gobierno por la fuerza. El consenso general era que sin la tutela de Juan Carlos y su predicamento en las Fuerzas Armadas el tránsito hacia la democracia se habría interrumpido.

Esa primera transición duró 39 años. Algo más que el franquismo. En ese periodo, con aciertos y fallos, los grandes partidos gobernaron en el ámbito nacional o regional, solos o en coalición, y las instituciones funcionaron razonablemente bien. Sólo faltaba por ponerse a prueba la transmisión de la autoridad dentro de la monarquía.

Acaba de suceder. Con la abdicación de Juan Carlos I y el acceso al trono de su hijo, quien reinará como Felipe VI junto a Letizia, la reina, se cierra el ciclo y comienza una segunda etapa en la que las prioridades generales son otras: propiciar la creación de empleo, lo que entraña generar el surgimiento de empresas; combatir la corrupción; enfrentarse constructivamente al separatismo vasco y catalán, si ello es posible; y revitalizar la monarquía, hoy muy devaluada por los escándalos económicos del yerno del rey, Iñaki Urdangarín, y por el comportamiento un tanto frívolo de Juan Carlos I, quien se marchó con una amiga a África a cazar elefantes en medio de una severa crisis económica.

La inmensa tarea que Felipe y Letizia tienen por delante desde el día uno de su reinado es convertir a los españoles de juancarlistas desengañados en monárquicos convencidos de la utilidad de una institución que los conecta con su vieja historia nacional y forma parte de las señas de identidad colectivas, como sucede en Holanda, Inglaterra o Escandinavia.

Los dos tienen el talento, la formación, las virtudes y la simpatía que se necesitan para poder consolidar la monarquía, pero esa peculiar institución no se sostiene de manera autónoma, sino dentro de la estructura de un Estado que tiene que funcionar con probidad y eficiencia, para ganarse el respeto de una sociedad que necesariamente debe percibir que posee posibilidades de mejorar progresivamente su calidad de vida si hace los necesarios esfuerzos.

El prestigio de Juan Carlos creció mientras España prosperaba y cayó en picado cuando la economía se hundió. Felipe y Letizia serán pronto los reyes de España. Están llenos de buenas intenciones, pero les tocará a Rajoy y a los que vengan detrás gobernar bien para que la monarquía se sostenga. En 1981 el rey salvó a la democracia. Ahora la democracia debe salvar a los reyes.

elblogdemontaner.com

Inmigración (XI): ¿importando o descendiendo el crimen?

“La guerra aquí en casa… es incluso más mortífera que la guerra en Irak y en Afganistán”. Newt Gingrich. 

Menos inmigrantes significa menos criminalidad“. Silvio Berlusconi. 

“El problema del crimen en los EE UU no está causado (ni siquiera agravado) por los inmigrantes, cualquiera que sea su status legal”. Rubén Rumbaut & Walter Ewing. 

“Cuanto más tiempo se vive en un grupo, más probable es que se llegue a ser como dicho grupo”. Ronit Dinovitzer.

Desgraciadamente, cualquier noticia delictiva en la que participe algún inmigrante recibe una atención desmesurada por parte de los medios de comunicación, dejando la impresión, no respaldada por los datos o las frías estadísticas, de que hay una ola de criminalidad originada por los inmigrantes.

Repetidas encuestas llevadas a cabo en los EE UU confirman un dato bastante deprimente: alrededor del 70% de los encuestados percibe un nexo causal entre mayor inmigración y mayor tasa de criminalidad (aquí tampoco nos libramos de ese prejuicio: los análisis llevados a cabo en España por parte del CIS sitúan dicho porcentaje en torno al 65%). Los hechos, sin embrago, dicen otra cosa.

Estudios solventes en los EE UU

El sociólogo de la Universidad de Harvard, Robert J. Sampson, es uno de los estudiosos actuales más reconocidos en los EE UU en tratar de comprobar si la creencia popular de vincular inmigración con el crimen tiene correspondencia o no con la realidad. Los resultados de sus investigaciones desmienten tajantemente dicha percepción.

Por su parte, un informe del FBI de septiembre de 2009 constató que los índices de delitos violentos se habían desplomado por todo el país desde inicio de los años 90. Desde entonces estos ratios se han mantenido. Criminólogos y otros expertos han ido confirmando esta sorprendente tendencia. Por irónico que parezca, ésta se ha dado conjuntamente con un aumento de la inmigración, tanto legal como ilegal.

Más recientemente, dos analistas de los EE UU, Kristin Butcher y Anne Morrison Piehl, han demostrado que las tasas de encarcelación por delitos de inmigrantes (incluidos los nacionales nacidos en el extranjero) con respecto a los nativos llevan bajando consistentemente desde hace décadas: en 1980 estaba en un 1% por debajo de la tasa de encarcelación de los nativos, en 1990 estaba un poco más del 1% por debajo y en 2000 estaba casi en un 3% por debajo. La ola de criminalidad extranjera de la que ya se hablaba hace 30 años no tenía fundamento alguno y mucho menos lo tiene ahora. Estos datos tienen aún más relevancia cuando se considera que la inmigración, tanto legal como ilegal, se ha disparado en las últimas décadas en los EE UU. Estos datos son corroborados por el propio censo del Departamento de Justicia americano.

Según otro estudio de Rubén Rumbaut y Walter Ewing de 2007, a pesar de que la población de indocumentados inmigrantes se ha doblado desde 1994 (fecha de la firma del acuerdo de libre comercio NAFTA), el índice general de crímenes violentos contra las personas ha bajado desde entonces en un 34,2% y los delitos contra la propiedad han bajado en un 26,4%. Ciudades con importante población de inmigrantes como Los Ángeles, Nueva York, Miami o Chicago muestran para el mismo periodo de tiempo parecidos índices a la baja.

Ejemplo de activismo anti-inmigración

A pesar de estos reveladores datos, los activitas anti-inmigración les encanta sacar datos aislados o sesgados para activar temores entre la población y los legisladores. Tomemos el caso del informe del Government Accountability Office (es decir, el brazo observador y/o investigador del Congreso) en el que se afirma que casi un cuarto de los encarcelados en prisiones federales son extranjeros. Lo que no aclaran los restriccionistas al utilizar ese dato es la proporción y peculiaridad de los reclusos del sistema de prisiones federales en relación con el resto de las cárceles de los EE UU.

De acuerdo con el Departamento de Justicia americano, a finales de 2005 solo el 8% de los 2,2 millones de personas confinadas entre rejas correspondía a reclusos de las prisiones federales. El 92% de los reclusos, por tanto, se encontraban en las cárceles estatales (el 57%) o en las locales (34%) en las que un alto porcentaje eran nativos. Pero, lo más importante aún es saber que la gran proporción de los reclusos extranjeros en las referidas prisiones federales se debía (y se debe) a violaciones de las leyes de inmigración que son ofensas civiles –no penales- tal y como pueden ser las infracciones de tráfico, pero con la particularidad de que son tratadas como ofensas federales. Como vemos, en este asunto los nativistas muestran a modo de espantajo parte de las estadísticas oficiales sin contar toda la verdad.

El “milagro” de El Paso

La ciudad fronteriza de El Paso en Texas tiene una abrumadora población de inmigrantes; El 80% de la misma es hispana y un cuarto de los residentes paseños son nacidos en el extranjero. Una buena proporción de la población inmigrante vive ilegalmente. El índice de pobreza allí es más del doble que la media estadounidense. Asimismo las políticas de control de armas son bastante laxas debido a que se halla en un Estado que cuenta con una de las legislaciones más pro-armas de los EE UU. Si a esto se suma que El Paso se sitúa en la ribera del río Grande justo enfrente de la mexicana Ciudad Juárez, una de las más violentas del hemisferio occidental debido a la desquiciada guerra desatada contra las drogas, deberíamos tener -según la lógica nativista- todas las papeletas para encontrarnos con una ciudad regida por el crimen. Pues no es así, ni mucho menos.

El Paso desde hace tiempo es una de las ciudades más seguras de los EE UU, su ratio de crímenes violentos contra personas y propiedades es francamente bajo. Numerosos criminólogos estadounidenses afirman que ciudades fronterizas como El Paso, San Diego o Laredo (donde el 90% de su población es hispana), así como otras ciudades con gran población inmigrante como Nueva York, Los Ángeles o Miami no son seguras a pesar de la gran proporción de inmigrantes viviendo en ellas, sino que lo son precisamente debido a ella.

El inmigrante generalmente es una persona que ha dejado a su familia en su país de origen y lo que persigue es trabajar para mandar ayuda a sus seres queridos o traerlos junto a sí. Lo último que desea es tener problemas con la justicia o verse involucrado en comportamientos arriesgados que puedan impedirle llevar a cabo esas metas. Esta actitud cautelosa es especialmente acusada en aquellos que se encuentran indocumentados porque podrían ser objeto de deportación. Tal y como mantiene Jack Levin, criminólogo de la Northeastern University, “si quieres vivir en una ciudad segura, busca una con una gran población de inmigrantes.”

Menos propensos a cometer crímenes

Dado que la inmigración trae a los países receptores un número desproporcionado de jóvenes varones y dado que viven muchas veces en zonas o barrios desorganizados, se podría esperar que los inmigrantes exhibiesen “lógicamente” tasas de delincuencia mayores que las de la población nativa. Sin embargo, tal y como argumentó Gary Becker, el delito no se explica por el entorno social o por la irracionalidad del autor sino por los incentivos racionales, por cálculos económicos de los beneficios y los riesgos y por los reducidos horizontes temporales de la persona que delinque. Ninguna de las razones anteriores empuja más al emigrante que al nativo hacia el delito. Más bien al revés.

Los datos resultantes de casi un siglo de investigaciones en diversos países sobre la relación entre crimen e inmigración concluyen que, por lo general, la población inmigrada exhibe tasas de delincuencia inferiores en grados diversos (según el lugar y el periodo que se considere) a la de la población autóctona.

Hay, como es natural, excepciones parciales a esta evidencia mayoritaria pero se deben a incentivos concretos de momentos o lugares determinados más que a la propia propensión delictiva intrínseca de dichos grupos inmigrantes.

Para quitar telarañas imaginarias es muy recomendable leer al respecto los trabajos de investigación de referencia de Johan Thorsten Sellin (1938), Charles Kindelberg (1967), Franco Ferracuti (1968), Stephen Steinberg (1981), Michael Tonry, (1997), Hagan y Palloni (1998), Ramiro Martínez y Matthew T. Lee (2000) o Robert J. Sampson (1987, 2008).

Bandas de criminales transnacionales

La globalización de la criminalidad organizada es muy distinta a la inmigración. Los casos minoritarios de extranjeros que forman parte de bandas de criminales transfronterizas nada tienen que ver con la lógica de los flujos migratorios y, en la mayoría de los casos, sus integrantes se trasladan de un país a otro como meros turistas o visitantes ocasionales.

Las noticias reales y graves de delincuencia llevada a cabo por medio de estas bandas sirven de coartada a los nativistas para endurecer, aún más si cabe, las leyes de inmigración. El problema aquí no es que el gobierno esté dejando entrar a demasiados extranjeros sino que no está consiguiendo excluir a aquellos que son más peligrosos.

Puede resultarnos de ayuda una analogía de este asunto que Daniel Griswold, analista del Cato Institute, hace con el comercio: se puede llevar a cabo perfectamente una política de comercio abierto, con todas sus consecuencias beneficiosas para el conjunto de la economía, al tiempo que se lleva un control por parte de las autoridades para excluir la entrada de aquellos bienes que puedan suponer una amenaza para la seguridad o salud públicas (alimentos tóxicos o contaminados, explosivos, materiales radiactivos, etc.). De la misma manera, podemos ser partidarios de una política más abierta a la inmigración pero no dejar de hacer por ello los pertinentes controles para tratar de excluir a las personas indeseables en la medida de lo posible.

Favorable evolución del crimen en España

En nuestro país, un estudio al respecto de varios autores muestra que existe también una evolución favorable en el descenso de la criminalidad en España y que la llegada de inmigrantes explicaría –sólo parcialmente- esos buenos datos.

La inmigración en España es un fenómeno extremadamente heterogéneo (como sucede en casi todos los países) pero un nativista recalcitrante podría argüir que la española en particular está condicionada por la presencia de grandes grupos de jubilados provenientes fundamentalmente de Europa. Estos son menos propensos a delinquir y, por tanto, la favorable conexión entre descenso acusado de la delincuencia y la llegada de inmigrantes podría estar afectada. No se puede negar esa posibilidad.

En cualquier caso, lo que a todas luces no hay es una correlación entre mayor inmigración y aumento de los ratios delincuenciales en el país de acogida, por mucho que algunos irresponsables (o ignorantes) se empeñen en establecer dicha conexión.

También buenas noticias y estudios en Canadá

En los últimos 40 años la incidencia del crimen ha bajado significativamente en Canadá. Parece que la inmigración también juega un papel no desdeñable en ello.

Uno de los primeros investigadores en dicho país del fenómeno de la delincuencia relacionada con la inmigración fue John Hagan. Sus descubrimientos fueron concluyentes: cuanto mayor proporción de inmigrantes había en una población dada, menor eran sus índices de criminalidad.

Por otra parte, el sociólogo Ron Levi de la Universidad de Toronto afirma que los datos de su reciente estudio contradicen, una vez más, la creencia popular de “a más inmigrantes, más crímenes”. Según dicho autor, los nuevos inmigrantes apenas cometen crímenes aunque reconoce que sus descendientes son más propensos a perpetrarlos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, una vez los inmigrantes se han establecido en Canadá, el promedio delincuencial es, con todo y con ello, menor que el promedio de la sociedad canadiense en general.

La socióloga de la misma universidad, Ronit Dinovitzer constata que a medida que se prologan las generaciones de inmigrantes en suelo canadiense y se apartan de sus orígenes extranjeros, sus miembros se van asemejando cada vez más a los nativos. Con el transcurso del tiempo tienden a igualarse todas sus pautas de comportamiento, tanto si son referidas al consumo, al número de hijos concebidos, a los hábitos de vida, a la propensión a endeudarse, al uso de tarjetas de crédito… o a la comisión de delitos.

Los inmigrantes nos hacen más seguros

Parece que los análisis estadísticos –no sólo de los EE UU- nos conducen a esta sorprendente conclusión: la llegada de inmigrantes nos hace más seguros. Por desgracia, buena parte de las políticas de inmigración del siglo XX han estado guiadas por estudios cuestionables y por prejuicios o creencias erróneas antes que por investigaciones solventes o estudios científicos sobre la materia.

Es decir, los datos nos muestran que los inmigrantes en su conjunto son menos propensos a cometer delitos a no ser que se trate de descendientes de la primera o segunda generación, en cuyo caso su ratio delincuencial tiende a converger con el de los autóctonos.

No nos dejemos engañar por nuestros prejuicios o impulsos intuitivos; cuando un nativista declara que con la llegada de inmigrantes se aumenta la criminalidad blandiendo cualquier noticia de un delito cometido por un extranjero, está haciendo una mala inducción o cometiendo una falacia de generalización apresurada.


Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  IIIIIIVVVIVIIVIIIIX y X.

Podemos, los albañiles de la democracia

El resultado electoral de Podemos ha sorprendido a todo el mundo. También a su Líder Supremo, que esperaba arrasar en estas elecciones y se ha quedado a doce eurodiputados de cumplir su objetivo. El golpe ha sido duro –sólo había que ver la cara de Iglesias la noche electoral–, pero lo cierto es que cinco escaños para un partido que tiene tan sólo cuatro meses de vida es un resultado más que aseado, como podrían decirle muy bien en el PSOE y en IU.

Pablo Iglesias –nombre para dirigir un partido de izquierdas por el que cualquier asesor electoral mataría a su abuela con sus propias manos– no ha venido a la política para gestionar los asuntos públicos mejor que los actuales gobernantes. Él ha venido a traernos la democracia, que es algo muy distinto. El matiz es importante porque añade al programa político una dimensión ética que justifica cualquier medida contra los que entorpezcan su desarrollo, como ha ocurrido siempre en los países en que los defensores de estas ideas han llegado al poder.

Ocupados como están en "construir la democracia", sintagma con el que finalizan los seis epígrafes de su programa electoral, los dirigentes de Podemos no han prestado demasiada atención a las medidas concretas que proponen para salir de la crisis. Ahí han ido a lo rápido: arrasar con todo lo que produzca riqueza o darle una paga estatal a todo ser humano por el mero hecho de serlo, una medida esta última que parece mentira que no se le haya ocurrido a los otros partidos, con lo bien que suena para captar el voto de la juventud. Su programa económico implica nacionalizar el 80% del IBEX 35 y el 90% del PIB, y ni aun así sería posible atender todos los gastos que proponen, pero en un grupo de amiguetes izquierdistas, que no tienen la menor idea de cómo se genera la riqueza ni han gestionado jamás un presupuesto público, estos detalles carecen de interés. 

El salto a lo público, aunque sea en un lugar tan prescindible como el muy inútil parlamento europeo, va a agudizar las contradicciones de este movimiento asambleario, porque no veo yo a Iglesias pidiendo la suspensión de una votación en Estrasburgo hasta que los 237 comités de igualdad de Podemos emitan un dictamen previo al referéndum online para decidir el sentido del voto de los cinco eurodiputados. Acusaciones de autoritarismo, insidias entre las distintas corrientes del aparato, traiciones y posibles escisiones son riesgos que Polpotito tendrá que asumir actuando con mano dura cada vez que las circunstancias lo requieran. Y eso contando con que en el partido no aparezca un trincón, que, con la millonada que les va a caer de ahora en adelante del bolsillo de todos los españoles, tampoco es algo que podamos descartar. Los próximos meses, hasta las elecciones generales, van a ser apasionantes, ya lo verán.

El liberticidio como estrategia política

El nacionalismo catalán no desprecia escenario alguno ni repara en gastos (siempre con dinero público). En su huida hacia delante, cualquier oportunidad es de oro para mostrar lo acertado de su propuesta política y lo nefasta que es la influencia de España, pese a que la Generalidad "no atraviesa un buen momento económico" y es, precisamente, ese "Estado opresor" contra el que arremeten quien financia sus ingentes dispendios.

Como se está pudiendo comprobar en los últimos años, CIU y ERC se aferran a que "España les roba", mantra que en un panorama de crisis económica como el actual, les permite sumar adeptos a su causa, aunque algunos no sean independentistas por razones identitarias, sino "de bolsillo".

Sin embargo, en el modus operandi convergente-republicano existen formas muy alejadas al modo en que en democracia se debe explicar, defender y argumentar una opción política, por muy utópica que sea ésta. Al respecto, durante la campaña de estas elecciones europeas hemos asistido a un fenómeno recurrente en la Cataluña actual: la amenaza física al que piensa distinto y ahí, el PP ha sido, una vez más, la víctima elegida, si bien no la única.

En efecto, ya en los tiempos de tramitación del nuevo Estatuto de Cataluña (2003-2006), la oposición mostrada por los populares les hizo acreedores de ataques verbales y físicos. Josep Piqué, líder del PPC, difícilmente podía exponer las razones de su rechazo a los deseos del Tripartito (bien secundados, por otro lado, por CIU cuyo discurso se desmarcó de las líneas básicas y ambiguas trazadas durante el Pujolismo).

Además, desde el gobierno de la Nación, por acción y por omisión, se estimuló que el PP fuera considerado un partido de "derecha extrema", a pesar de que representaba a 10 millones de españoles y a pesar de que dentro de las filas socialistas políticos como Rosa Díez o Joaquín Leguina, rechazaron el vocabulario y conceptos ("España plural") que José Luis Rodríguez Zapatero patrocinaba. De este modo llegó el Pacto del Tinell, cordón sanitario para unos (sus signatarios), afrenta a la democracia para otros.

Como los hechos han corroborado, esta dinámica liberticida no ha concluido. Los escraches de ayer los ha sufrido en los últimos tiempos Cristóbal Montoro. A modo de nexo entre ambas épocas, Albert Rivera, Arcadi Espada o Albert Boadella también fueron víctimas de su oposición a lo que en Cataluña se considera políticamente correcto.

Lo más grave del asunto es que, cuando se amenaza a un político, desde las instancias del gobierno catalán se emplea la equidistancia como respuesta. En efecto, por un lado se condena el incidente (sin excesiva vehemencia) pero inmediatamente se añade "algo habrá hecho" que le ha convertido en merecedor del ataque.

Y en esas estamos. Mientras España como nación afronta una etapa delicada en el terreno económico, el nacionalismo catalán quiere romper una historia (política, cultural y social) compartida. Para ello, considera como verdades absolutas falacias tales como que, tras la separación, Cataluña será automáticamente un Estado nuevo en la UE o que la opulencia y el bienestar se instalarán en la aludida comunidad autónoma. Ciertamente, la visión de CIU y ERC adolece de realismo, al mismo tiempo que es un brindis a favor del proteccionismo.

Se trata de un ideario que cae por su propio peso y muy fácil de desmantelar. Sin embargo, y eso es lo grave, hasta ahora salvo honrosas excepciones, no se ha efectuado pedagogía alguna. Dicho con otras palabras: aún no se ha comparecido en la batalla por las ideas, lo que deja el campo libre para que el nacionalismo catalán machaque las mentes de sus ciudadanos con mentiras y utopías.

En ese sentido, hay mucho que aprender de los británicos. Laboristas, tories y liberales muestran que están por encima de epítetos y hacen frente común para defender la unidad de Reino Unido. En España, por el contrario, el complejo se ha instalado en unos niveles tales, que se confunde nacionalismo con progreso.