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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

El marco constitucional y la democracia

El tema catalán es uno de los que me resultan más antipáticos de la política española desde hace años. Siendo partidaria sobre el papel de la secesión, la competencia fiscal, y de unidades administrativas de un tamaño más adecuado para poner en práctica un verdadero control ciudadano, lo de Cataluña me parece una operetaNo el deseo de independencia, sino el cómo se está llevando a cabo. El problema es mío: es sabido que el papel (como los Excel) aguanta todo. De manera que mis teorías acerca de la secesión, el tamaño óptimo de gestión y todo lo demás han de quedarse en la nube de las ideas. Lo que demanda la situación que vivimos es otro tipo de análisis, más realista y con los principios por guía.

El rey que (probablemente) nunca reinará

Da la sensación de que Artur Mas está decidido a pasar a la historia como el primer presidente de la Cataluña independiente. No importa si hay muchos catalanes que no quieren o que no están tan interesados, o que no se lo toman tan a la tremenda, no importa qué pisotee en su camino, no importa nada de nada. Él va a seguir adelante contra viento y marea. La sospecha más que fundada y compartida es que no es honesto, no quiere lo que dice que quiere para Cataluña y los catalanes, sino que busca alimentar su ego, busca la gloria. Como tantos políticos patrios, eso también es verdad.

El problema es que en ese camino hacia la gloria histórica lo está haciendo fatal. Como si sigue los cauces estipulados se le agota el mandato, necesita ir a más velocidad, pero para ello tiene que buscar atajos. Y en esos atajos Más está cuestionando una de las claves de nuestra democracia, la Constitución, reclamando precisamente más democracia. Así que el lío es fenomenal. Cuando se le recuerda que su procedimiento va en contra de la Constitución señala con el dedo acusando de anti demócratas a los constitucionalistas y proclamándose él a sí mismo como el mega-demócrata. Hay que tener cierta cara y cierto ego para una cosa así. Retar al Gobierno, a la oposición y a los partidos constitucionalistas de semejante forma es mucho retar y ni Rajoy va a flaquear ni la oposición lo va a consentir (por la cuenta que les trae). Porque poner en duda la Constitución tiene consecuencias no previstas que pueden volverse contra todos. También contra Cataluña. Y sea por mantener su tajada, sea por convicción verdadera, son mayoría quienes prefieren salvaguardar la Constitución frente a ceder al reto de Mas.

La responsabilidad de todos frente a la Constitución

Y, sí, claro que la Constitución tiene imperfecciones. Claro que debería reformarse. Y probablemente permitir que hubiera un referéndum acerca de si se debería abrir la mano a la secesión y el federalismo. Pero no así, por mis pistolas. Dicho lo cual, cuando me pregunto qué alimenta el ego de Mas, cuál es su fuerza, me doy cuenta de que somos los españoles, desde Rajoy y muchos otros presidentes del Gobierno hasta la mayoría de la población a lo largo y ancho de nuestro país.

No se puede jugar con fuego, a menos que estés dispuesto a quemarte en condiciones. Y jugar con fuego es cachondearse de la misión y la importancia del Tribunal Constitucional: repartirse sus magistrados, usarlo con intereses políticos de manera obscena. Jugar con fuego es apelar a la ley de leyes para algunas cosas y para otras, no. O estar permanentemente mentando la madre de la Constitución, o reclamar que como yo nací cuando ya estaba votada, no vale, como si fuera una fruta que en pocos días se pocha y hay que tirarla.

Seamos serios: o respetamos o no. Y si no respetamos, esto es lo que hay: un pretendiente a reyezuelo que busca la gloria aporreando el texto que debería ser el marco de convivencia de nuestra democracia. Nuestra ignorancia, blandida como espada de la manera más vergonzosa y paleta que se puede imaginar, nos lleva a no entender que con lo que jugamos no es con un libro, sino con un concepto, el respeto. Un tipo de respeto político que admite cambios pero no de cualquier manera. Convóquese un referéndum nacional. Véase el resultado en Cataluña y en el resto de la geografía española. Tómense las medidas pertinentes.

Pero para reclamar todo eso, hace falta un paso previo: que nuestros políticos respeten con hechos esa Constitución, que se limpie su vigilante Tribunal Constitucional y que dejen de lado (un ratito) su amor a la poltrona todos los involucrados.

Plaza Margaret Thatcher

La contribución de Margaret Thatcher a la libertad quedó muy bien reflejada en las precisas palabras de la alcaldesa de la capital, Ana Botella: "para creer de verdad en la libertad hay que creer en la libertad de las personas frente a la imposición del Estado". Thatcher tradujo esta aseveración en una máxima irrefutable: el Estado debe ser servidor, nunca amo. Sin embargo, el Partido Conservador venía apostando por la dinámica contraria. Ella la invirtió. Fue, consecuentemente, una transgresora.

Valiente actuación la del ayuntamiento de la capital de España. Obviamente, ha dado munición a la izquierda para que despliegue todo su arsenal de demagogia por la medida adoptada. Esa misma izquierda con total seguridad no verá con malos ojos que en el futuro se dedique alguna avenida a sus iconos favoritos, en especial a su ideólogo de cabecera, Fidel Castro.

Positivo, igualmente, es que la derecha madrileña se haya mantenido firme ante las acometidas vía redes sociales de un buen número de "politólogos de nuevo cuño" que, amparándose en la libertad de expresión, han vilipendiado a la homenajeada e insultado a quienes han tomado esta decisión.

Asimismo, ha habido una proliferación de artículos de mal gusto, algunos de los cuales, han recurrido a argumentos escatológicos para referirse a la Dama de Hierro. Nada nuevo. La izquierda tiene el monopolio para expedir carnets de demócratas al resto. Esta tarea la ejerce a su antojo guiada por una constante: la secta primero.

Sin embargo, esta misma izquierda desconoce algunos conceptos que puso de moda Margaret Thatcher como la responsabilidad y el deber. Ambos le parecen superfluos y fuera de moda ya que para esta izquierda trasnochada sólo existen derechos. Dentro de su particular concepción de la libertad de expresión, el escrache y reventar las conferencias de quienes no piensan como ella, integran su estrategia.

Como puede observarse, Margaret Thatcher sigue generando titulares. Provoca risa ver los análisis tan sesgados como simples que se hacen de su trayectoria política. La demagogia hace que aquellos metidos a analistas políticos la acusen de aplastar al sindicalismo o de provocar la guerra de las Malvinas.

Son dos puntos recurrentes en la crítica que exigen ser matizados. Con respecto al primero de ellos, el protagonismo de los sindicatos en Reino Unido había llegado a tal punto que eran quienes dictaban la política económica a los gobiernos de Harold Wilson y James Callagham. "Gracias" a ello, el país se convirtió en el enfermo de Europa.

Cuando Thatcher los devolvió al redil de los parámetros del Estado de Derecho, la sociedad británica se lo agradeció. Sus mayorías absolutas de 1983 y 1987 así lo corroboran. Votantes otrora fieles al Labour Party, se inclinaron hacia el Partido Conservador.

Por tanto, decir que hizo política sólo para los grandes empresarios implica desconocer la verdad, además de olvidarse de los propios orígenes sociales de Thatcher, quien procedía de la clase media pura y dura. Quizás por esta razón, sabía entender como nadie lo que era preciso para el desarrollo de aquélla. Más tarde, matiz que los amigos del dogma izquierdista olvidan o malinterpretan, Blair terminó de socavar cualquier conato de influencia sindical en el laborismo.

No obstante, el líder laborista es otra de las bestias negras para esa izquierda tan pueril en su pensamiento como incendiaria en su modus operandi. Blair renunció voluntariamnte al socialismo. Eso es progresismo y no el que se destila, entre otros lugares, por España. Para nuestros progres, el ejemplo de avance máximo es decir en la misma frase "compañeros y compañeras" o apostar por la paridad en lugar de por la meritocracia.

Finalmente, sobre Malvinas, basta con recordar quién gobernaba Argentina a comienzos de los 80 y a dónde llevó a su pueblo. Actualmente, Fernández de Kirchner, cuando el contexto doméstico se complica más de lo normal, enarbola la bandera de "las Malvinas son argentinas", para lo cual no escatima ni recursos ni escenarios, si bien la influencia está lejos de ser la que le gustaría a los inquilinos de la Casa Rosada.

Por qué defiendo el Toro de la Vega

Vaya por delante que no me gusta el Toro de la Vega, condeno sin ambages el maltrato animal y ni siquiera soy aficionado a los toros, pero defiendo enérgicamente que los vecinos de Tordesillas celebren todos los años, si así lo desean, este histórico festejo, cuyo origen se remonta siglos atrás. Y la razón, por raro o extraño que parezca, no es el respeto a la tradición o a la cultura de un determinado pueblo, como alegan muchos, sino la defensa acérrima de mi libertad, ya que éste es el bien más valioso que posee el hombre y su vulneración, por mínima que sea, conduce, siempre y en todo lugar, hacia la senda de la intolerancia, la represión y la miseria.

El siempre polémico Torneo del Toro de la Vega acabó este año ensangrentado, y no, precisamente, por la habilidad del lancero a la hora de matar el animal, que también, sino porque los asistentes al festejo y los manifestantes que pretenden prohibirlo acabaron a pedradas durante su celebración.

Las protestas de los animalistas, amplificadas a través de las redes sociales y los medios de comunicación, han retumbado tan fuerte en esta ocasión que el debate ha acabado trasladándose a la arena política, hasta el punto de que el PSOE presentó el pasado jueves en el Congreso una iniciativa para impedir el "maltrato animal" en los espectáculos y fiestas populares que se celebren en todo el territorio nacional. 

Así pues, en caso de prosperar ésta o cualquier otra propuesta legislativa similar, el Estado se arrogará una nueva competencia por la cual podrá prohibir el Toro de la Vega, pero -cuidado- también otras muchas tradiciones en las que participan animales, como el Toro Embolado, el de Coria, el de San Juan, los toros enmaromados típicos de numerosos pueblos de España, y tantos otros festejos en los que, de una u otra forma, el toro forma parte intrínseca de la celebración.

Llegados a este punto se habrán dado cuenta de que, en última instancia, y puesto que el argumento empleado no es otro que el"maltrato animal", el Estado gozaría de plena potestad para prohibir los encierros -véanse los Sanfermines de Pamplona- y, por supuesto, la tauromaquia, tal y como ya ha sucedido en Cataluña. Sí, sí, como oyen… Tarde o temprano, adiós a la fiesta nacional.

La clave de este asunto, como casi todos, radica en la ideología sobre la que se asientan los argumentos que esgrimen los animalistas, y cada vez más políticos, para exigir la prohibición del Toro de la Vega hoy, pero otras muchas más cosas mañana. Y el fundamento no es otro que el reconocimiento de "derechos" a los animales. No en vano, el Parlamento de Cataluña se agarró a este particular concepto para prohibir las corridas de toros en dicha región. Y ello, sobre la base de que el toro "es un animal mamífero con un sistema nervioso muy próximo al de la especie humana, lo que significa que los humanos compartimos muchos aspectos de su sistema neurológico y emotivo".

He ahí el núcleo de la sesuda argumentación para acabar con los toros en Cataluña. El toro padece en la plaza de forma similar a como sufriría un hombre, ergo, las corridas quedan prohibidas. No hay más. Por esa regla de tres, aplicando el mismo razonamiento, la Generalidad también debería prohibir la venta de matarratas y la experimentación de roedores en laboratorios, ya que la rata comparte el 90% de los genes del hombre. Además, también son mamíferos y, por supuesto, sufren cuando se les hace daño. Aunque suene a broma, no lo es. En el fondo, esto es lo que subyace en la ideología animalista que profesan los detractores del Toro de la Vega.

Todo gira en torno a un único punto: "Los animales tienen derechos" de forma muy similar al hombre, hasta el punto de equiparar a ambos en ciertos aspectos. Así, desde su perspectiva, lo único que hace a un ser digno de protección moral y jurídica es la capacidad de sentir, ya sea dolor o placer, y, por tanto, los animales son "sujetos de derecho", tal y como defiende Peter Singer, uno de los grandes precursores del movimiento animalista y autor de la obra Liberación Animal. Entre otras cosas, Singer afirma que conceder una protección legal inferior al hombre a seres que padecen dolor por el mero hecho de tener alas o pelaje no es más justo que discriminar a un ser humano por el color de su piel.

Por ello, el llamado animalismo está en contra tanto de las corridas y los espectáculos de toros como de los circos, la experimentación médica y científica con animales, las granjas agroalimentarias, la explotación ganadera, la compraventa de mascotas -los animales no son cosas y, por tanto, no pueden ser propiedad de nadie- y, en última instancia, en contra de que los animales sirvan de comida al hombre, de ahí que propugnen el vegetarianismo y el veganismo -no consumen ningún producto de origen animal, incluyendo leche, huevos, miel, etc.-.

El partido animalista en España (Pacma), uno de los principales impulsores de la campaña en contra del Toro de la Vega, lo explica a la perfección en su web y en su programa electoral. Así, su objetivo es prohibir los toros y todas las tradiciones similares, pero también acabar con la experimentación animal, la caza y la pesca deportivas, el uso y la venta de pieles, la compraventa de mascotas, los circos con animales, así como imponer fuertes restricciones a la industria agroalimentariao prohibir el foie-gras, entre otras muchas medidas.

En este sentido, basta señalar que el Pacma considera que las granjas de explotación avícola, porcina y ganadera "son auténticos campos de concentración", comparando el sacrificio de animales para alimentación con el genocidio de seres humanos, lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta que esta formación emplea el término "individuo" para referirse a los animales y "masacre" para aludir a la explotación agroalimentaria. Por el momento, los animalistas no se atreven a defender abiertamente la prohibición general de comer carne y pescado, y si no lo han hecho aún es, simplemente, porque saben que tal despropósito sería frontalmente rechazado por la inmensa mayoría de la población… Pero, tiempo al tiempo, porque ganas no les faltan.

Y lo grave es que el argumento jurídico que serviría mañana para imponer por ley el veganismo es el mismo que blanden hoy animalistas y ciertos políticos para prohibir el Toro de la Vega y las corridas taurinas. Aquí no se cortan, puesto que ya cuentan con un cierto apoyo popular, mientras que en el tema del vegetarianismo aún están muy lejos de conseguirlo, de ahí que, por el momento, aboguen por la "sensibilización social" para que el consumo de carne y pescado disminuya de forma progresiva con el tiempo. No en vano, si se parte del hecho de que el animal es un sujeto de derecho equiparable en ciertos aspectos al hombre, comer animales es casi un acto de canibalismo. Tal y como explica Pacma, "resultaría esquizofrénico estar luchando por los derechos de los animales y comiéndoselos por otro lado".

La raíz del problema es que parten de un error básico: sólo el hombre es sujeto de derechos, y la mera capacidad de sentir dolor no es razón suficiente para ello; sólo el hombre es un ser autoconsciente, capaz de reflexionar sobre sus pensamientos y su propia existencia, de enjuiciar sus juicios y de valorar conscientemente sus actos; sólo el hombre, en definitiva, es un ser moral, con capacidad de decidir libre y responsablemente y, por ello, está dotado de forma natural de derechos y deberes. Equiparar a los animales con el hombre es negar la humanidad misma.

Defiendo el Toro de la Vega, en definitiva, porque defiendo mi libertad, porque ningún otro ser, a excepción del hombre, es sujeto de derechos y porque admitir tal aberración jurídica y moral abriría las puertas de par en par a la prohibición de todo tipo de fiestas tradicionales, encierros, corridas de toros, investigaciones médicas y farmacológicas… Y, en última instancia, la explotación agroalimentaria y el consumo de carne, pescado y demás productos de origen animal. Si se admite lo primero -prohibir el Toro de la Vega-, se admite el resto.

Soy contrario al Toro de la Vega, no me gusta dicho festejo y, por tanto, no participaré ni contribuiré de ningún modo a su mantenimiento, pero respeto el derecho y la libertad de los vecinos de Tordesillas a mantener su tradición, a diferencia de los animalistas y políticos que pretenden imponer su voluntad, gustos y criterios sobre el resto. El Toro de la Vega desaparecerá el día que no haya lanceros dispuestos a matar el toro y la tauromaquia cuando el público deje de asistir a las corridas, sin necesidad de decretos dictatoriales inspirados en animalismos colectivistas.

Si los animalistas quieren acabar con esas prácticas que lo hagan con la fuerza de los argumentos, el convencimiento y la "sensibilización social" que emplean hoy para extender el vegeterianismo, no imponiendo por la fuerza a los demás su particular modo de ver el mundo. Yo respeto su estilo de vida y jamás les obligaría a asistir a una cacería o a una corrida, respeten ustedes el derecho de los demás a poder hacerlo siempre y cuando no perjudiquen a nadie. Y por nadie me refiero a personas, que son los únicos sujetos de derechos, no a animales, que carecen de ellos.

Mujica

Juan José Millás entrevistó al presidente uruguayo José Mujica, y ambos describieron las consignas y contradicciones del pensamiento único.

Uno de los aspectos más reveladores de la progresía europea con respecto a América Latina es su paternalismo selectivo. Así, si alguien quiere cambiar el mundo a tiros en Europa nos parece intolerable, lo llamamos terrorista y pensamos que lo mejor es que esté en la cárcel. Si algún día sale, y se presenta a las elecciones, seguimos sospechando de él. En cambio, si es latinoamericano, nos parece todo estupendo. El Che Guevara es un héroe, cuando nada de lo que hizo sería admitido en España. En América Latina, sí. Ya se sabe, es que somos tan pintorescos allí… ¿verdad?

Naturalmente, la violencia que es condenable es siempre la que es hostil a la izquierda. Así, Guevara es un santo, pero Pinochet un demonio. Y, en fin, si no hay libertad de prensa en Cuba… pues, que se aguanten, porque no son europeos… ¿verdad? Y, naturalmente, si hay violaciones de los derechos humanos, siempre son en Chile, nunca en Cuba. Si hay desaparecidos, siempre son en la Argentina, jamás en ningún país comunista. Si hay opresión, explotación, mentira y contaminación, siempre es en países capitalistas y la culpa es de los malvados empresarios. Y así siguiendo.

Y así sigue Millás, según el cual Mujica fue un "guerrillero". Qué romántico, ¿verdad? No dice ni una sola palabra sobre lo que hicieron de hecho los famosos guerrilleros en América Latina. Jamás nadie dice ni una sola palabra sobre eso. Hubo unas pérfidas dictaduras que se impusieron sólo por la maldad inherente de unos criminales, de derechas, claro está, mientras que la izquierda nunca hizo nada malo, los guerrilleros nunca violaron los derechos humanos de nadie, etc. etc.

Esto es repugnante, pero habitual. Lo que no es tan habitual es la expresión abierta de la contradicción económica. Proclama el presidente uruguayo, dramáticamente, que los que mandan son… tachán, tachán… "los grandes poderes financieros". A continuación, y sin que él mismo ni por supuesto el señor Millás detecten contradicción alguna, don José aclara quién manda en realidad: "Más del 50 % del movimiento bancario está en manos del Estado. La banca privada es débil". Todo en la misma entrevista.

Y en la misma entrevista donde se habla del gran poder de las fuerzas capitalistas el propio Millás, sin apuntar que igual hay un problema entre lo que dice en un momento y un minuto después, va y dice:"Todos los sectores estratégicos de Uruguay están nacionalizados".

Las gansadas son torrenciales, con frases del estilo de Smiley como "O gobernamos la globalización o la globalización nos gobernará a nosotros", o que el malvado "neoliberalismo" hostiga los "derechos", y lo que usted quiera sobre el cambio climático, o incluso que la monarquía española cuesta “un disparate”. Pero una y otra vez se repite una cosa y la contraria a propósito del supuesto gran poder de las finanzas. Por ejemplo, “se ha descuidado la economía productiva, subordinándola al engranaje financiero”. Poderoso engranaje, ¿verdad? Pues al mismo tiempo el presidente asevera: “Los bancos de fuera, como el Santander, son una plaga en Uruguay, pero no pueden hacer nada, los tenemos agarrados del pescuezo”, y nos enteramos de que los bancos más fuertes son… ¡del Estado!

El ‘paraíso’ que vende Podemos es el sistema más corrupto, inseguro y despilfarrador del mundo

El partido de Pablo Iglesias ha sido tachado habitualmente de populista y anti-sistema debido a la radicalidad que incluye buena parte de su programa político. Según los expertos, el éxito que está cosechando Podemos en las encuestas electorales responde, en buena medida, al descrédito de la clase política española y a la sensación de impunidad que ostentan los grandes partidos.

No en vano, la corrupción y los políticos se han aupado como los principales problemas del país durante estos últimos años, tan sólo superados por el paro y los efectos de la crisis. La habilidad mostrada por Iglesias y sus socios para identificarse con el "pueblo" y culpar a la"casta" de casi todos los males que padece España constituye el núcleo de su particular estrategia política.

Pero, ¿en qué se traduciría realmente su alternativa? La regeneración democrática que vende Podemos consiste, básicamente, en un control casi total del Estado sobre la economía, con muchos más impuestos, más gasto público y la nacionalización de los grandes industrias y sectores denominados "estratégicos".

En esencia, el ejemplo a seguir que propone la formación de Iglesias no es otro que el "socialismo del siglo XXI" instaurado en Venezuela o Argentina, un modelo político amplia y abiertamente aplaudido por Podemos.

¿Solventaría este sistema la grave corrupción institucional que sufre España? Los datos prueban justo lo contrario: los paraísos socialistas que tanto defiende este partido son, en realidad, los países más corruptos, inseguros y despilfarradores del mundo. Así pues, lejos de solventar las profundas deficiencias que sufre la política española, exacerbaría hasta el extremo sus defectos en caso de seguir la senda marcada por el reciente chavismo venezolano o el ya crónico peronismo argentino.

Líderes en corrupción

En concreto, Venezuela es el país más corrupto del mundo, según el último Índice de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial, correspondiente a 2014, en donde se analiza un total de 144 economías. Su nota en este ámbito es de 1,7 puntos, en donde 1 es la valoración mínima y siete la máxima. Por detrás de Venezuela se sitúan Líbano, Paraguay, Angola, Nigeria y Argentina, cuya posición en el ranking es el 139.

España también suspende, con una nota de 3,1, y su valoración es pésima en lo que a corrupción se refiere siendo uno de los países más desarrollados del mundo, pero su puesto 80 está a una gran distancia del que ostentan los grandes referentes políticos de Podemos.

Bajo el epígrafe "corrupción", el Foro Económico Mundial mide tres indicadores muy concretos:

  • Desvío de fondos públicos: Venezuela vuelve a ser líder absoluto (144), seguido de Argentina (143), mientras que España ocupa el puesto 90 del mundo.
  • Confianza de la población en los políticos: aquí Venezuela ocupa el puesto 143, sólo superado por Líbano, Argentina se sitúa en el 141 y España en el 117.
  • Pagos irregulares y sobornos: Venezuela se mantiene entre los peores puestos (137), mientras Argentina baja al 127 y España, sin embargo, mejora hasta colocarse en el 50 del mundo.

Además, no se trata de una opinión aislada. La ONG Transparencia Internacional sitúa a Venezuela en el puesto 160 del mundo, de un total 175, en cuanto a percepción de la corrupción en 2013, y a Argentina en el 106, frente a la posición 40 que ocupa España.

Opacidad política y despilfarro de dinero

Otro de los indicadores relevantes que recoge el Índice de Competitividad es el relativo a la eficiencia gubernamental. Pero, más allá de la buena o mala gestión presupuestaria, destacan dos aspectos muy relacionados con el modo y forma de hacer política: la opacidad y el despilfarro.

La "transparencia en políticas públicas", entendida como la facilidad que tienen las empresas para obtener y conocer los cambios jurídicos y regulatorios que afectan a su actividad, brilla por su ausencia: Venezuela vuelve a ocupar la peor posición del mundo (144) y Argentina se mantiene a la cola del ranking (135), mientras España se coloca en el 105.

La situación es muy similar si se analiza la eficiencia en el gasto público, medido, directamente, en términos de despilfarro de dinero por parte del Estado: Venezuela (144) y Argentina (142) sacan peores notas que España (113).

Arbitrariedad e inseguridad jurídica

Asimismo, el problema de la corrupción suele ir asociado a una deficiente seguridad jurídica, en el sentido de que las leyes pueden ser retorcidas e interpretadas a gusto del poder político, vulnerando los principios básicos del Estado de Derecho. La cuestión, sin embargo, es que los referentes políticos de Podemos no se caracterizan, precisamente, por ser estados rigurosos y fiables en materia jurídica, sino todo lo contrario.

Los regímenes socialistas de Venezuela (144) y Argentina (141) son ejemplos de absoluta arbitrariedad política -España ocupa el puesto 92 del mundo-, debido a su manifiesta ausencia de independencia judicial y favoritismo gubernamental.

Crimen y violencia

Por último, cabe señalar, igualmente, la percepción de inseguridad personal, crimen y violencia, ya que el mantenimiento del orden público es una de las principales tareas que tiene encomendado todo estado, con independencia del sistema político bajo el que opere.

Bajo el epígrafe "seguridad", que engloba el coste del terrorismo y la violencia sobre la actividad económica, así como el impacto del crimen organizado y la fiabilidad de la Policía, Venezuela ocupa el puesto 141 del mundo, tan sólo por detrás de Yemen, Libia y Pakistán, mientras que Argentina se sitúa en el 105. España, por el contrario, saca una buena nota en esta materia, alzándose en la posición 36 del ranking.

España presenta grandes deficiencias a nivel político, pero el modelo socialista que tanto admira y aplaude Podemos saca unas puntuaciones mucho peores en todos los indicadores relacionados con la percepción de la actividad política, según revela el Foro Económico Mundial, tales como corrupción, transparencia, despilfarro, seguridad jurídica o seguridad personal, entre otros.

Podemos y el centro de gravedad político

Al parecer, la fuerza del nuevo grupo político Podemos crece y crece frente a la mirada medio expectante, medio aterrada de las formaciones tradicionales de nuestro panorama político. Una de sus características más llamativas, el sistema organizativo asambleario, suele apuntarse como un fallo garrafal, de bulto. Sin embargo, un hervor neuronal más puede ayudarnos a enfocar los beneficios de las asambleas.

¿Quién maneja nuestra barca?

El problema de las asambleas no es de los asamblearios sino del líder que tiene que moderarlas. Y más en un país como el nuestro donde a cada uno le gusta el café de una manera: corto de café con la leche fría, americano con sacarina, doble con dos bolsitas de azúcar. Se diría que hay un café por ciudadano. De la misma forma, parece que cada español es árbitro, juez, economista, teólogo y lo que sea menester, eso sí, en el bar y con los amigos. Así que, reunidos en asamblea y preguntados por soluciones, alternativas, propuestas, los españoles funcionamos muy bien.  El que tenga que aunar mentes y actos que se prepare, que para eso es líder.

Y la gente se queda tan relajada pensando que opina, hace, participa, que maneja de alguna manera su propia barca, que no es un títere movido por los hilos que convienen a otros. Yo estuve en una asamblea de economía del 15M y propuse que se abolieran los bancos centrales. A la gente le encantó la idea. También les encantaron las tres siguientes: nacionalización de la banca, nacionalización de las empresas de energía y establecimiento de un salario máximo para las empresas privadas. No volví. Con la ilusión que me hizo explicar mis razones con el megáfono en la mano, me sentí tan decepcionada al comprobar que los que escuchaban no tenían criterio y aplaudían casi todo, que me planteé por qué alguien con dos dedos de frente puede defender el sistema asambleario.

La primera razón, obviamente es que la gente afianza su sensación de pertenencia y de control. Es verdad que cuando llegue el momento y las asambleas eleven sus propuestas a las asambleas de mayor grado y estatus y siga el proceso ascendente, la propuesta de la señora del tercero poco va a contar. Pero mientras tanto, la señora del tercero ha aportado algo y siente que ella es sociedad civil.

Pero hay más razones. Y creo que la principal es la exculpatoria. Es la mejor solución para los presuntos líderes del cambio. Les permite proponer cualquier cosa y no ser responsables de nada.

El efecto “Fuenteovejuna” en la política

Cuando todos deciden, el líder queda exento de responsabilidad alguna: la gente lo ha querido así. Excusas como “lo hemos decidido en asamblea” es lo mismo que decir que no hay responsables. En efecto, la señora del tercero, los que hablamos en el megáfono, los que levantaron su mano, todos seríamos los responsables de cualquier decisión por brutal que ésta sea. Si votamos todos, todos asumimos firmamos y sancionamos. Y eso le da espacio al líder para ir en dos direcciones opuestas.

Podemos proponer cualquier imposible, el famoso “unicornios para todos”, porque nos respalda un sistema estructurado en “círculos” donde cabe todo, sobre todo porque es gratis, y donde haya tres o más reunidos para pedir, allá está Pablo Iglesias. ¿Para pedir qué? No importa, que venga a nosotros el Islam o la renta universal. Eso sí, como la dirección (los de arriba, los que piensan, los que salen en la tele, se sientan en los escaños y cobran) ha mandado por correo electrónico las bases ideológicas del partido, se supone que todos las respetamos. Y por eso cada día es un festival de titulares extravagantes con el tándem Iglesias-Monedero diciendo barbaridades, generando noticia, ocupando gratis espacio publicitario, creando opinión y transmitiendo viralmente su mensaje.

También Podemos bajarnos del proyecto, desdecirnos, arrugarnos sin dolor, sin precio, sin responsabilidad. Porque siempre hay una asamblea que vota a quien echar la culpa. Y claro, si la gente que se reúne propone esto, yo que soy líder pero no impongo mi criterio, porque no soy casta, no manipulo ni entro en los entresijos del poder, pues estoy fuera, ha sido Fuenteovejuna, señores. Cae el telón, y Pablo y Juan Carlos se van de rositas después de haber chafardeado, mentido, prometido imposibles y de haber manipulado sin sonrojo el malestar natural de unos españoles empobrecidos y muy cansados del zoo político en el que vivimos.

De esta forma magistral, Podemos logra cambiar el centro de gravedad de la política, la responsabilidad, desde los propios políticos hasta los ciudadanos asamblearios. Y Pablo Iglesias y los elegidos, que no son casta, se lavan las manos. Esperemos que en la balanza de la ciudadanía pese más la sensatez frente al populismo. Y según lo escribo me da la risa floja…

La sociedad que no quiere luchar

A riesgo de que me acusen de ser un hipócrita, voy a utilizar un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) para este comentario. Por fortuna no va a ser el, por otro lado interesante, Cambio climático y conflictos, sino el estudio realizado junto con el CIS sobre la percepción de la sociedad española sobre la Defensa Nacional y FAS.

La mayoría de periódicos se han hecho eco del informe y se han centrado en la poca disposición de la sociedad española a defender el país en caso de ser éste atacado.

La verdad es que hay partes bastantes más interesantes, y que su vez ayudan a entender esa poca motivación para defender España.

Lo primero que indica la encuesta es que las personas se están alejando bastante de la solidaridad que, según los medios de comunicación, nos inunda a todos desde que vivimos en un "Estado de Bienestar". Me explico: menos de la mitad de los encuestados declaran que estarían dispuestos a arriesgar la vida por alguien, o algo, ajeno a su familia.

Parece que en los medios de comunicación se ha mezclado esta respuesta con la reticencia de la sociedad a defender al país, pero en realidad no tiene que ver una cosa con la otra. No arriesgar la vida por nada que no sea tu familia incluye no arriesgarla por alguien que corra grave peligro en cualquier circunstancia de tu vida. O sea que en la sociedad comprometida y solidaria del siglo XXI la mitad de las personas declara implícitamente que no arriesgaría la vida intentando sacar, por ejemplo, a un niño de un coche en llamas si se ven en esa tesitura.

Claro está que si la pregunta se les formula así el porcentaje de personas que contestaría lo mismo bajaría considerablemente. Y es bastante posible que en muchos de esos casos, al verse en situaciones reales, sí arriesgarían su vida, pero, precisamente por ser decisiones que se suelen tomar instintivamente, es razonable pensar que, con un porcentaje tan alto de españoles que se muestra reticente a arriesgar su vida, el número de personas que no serían auxiliadas a no ser que lleguen equipos de emergencia puede ser muy alto.

Lo segundo que se vislumbra con la encuesta es que la sociedad pone la salvaguarda de su propia vida por encima de prácticamente todo. En el caso anterior se ve que solo la mitad de la población está dispuesta a arriesgar su vida por alguna razón ajena a su familia. Pues bien, de este 50% la gran mayoría solo arriesgaría la vida por salvar la de otra persona. Aunque es verdad que dos terceras partes afirman que también lo harían por la libertad o la paz, luego no estarían dispuestos a arriesgarla por sus ideas políticas o por su religión, así que parece difícil pensar que de verdad entiendan cómo se consigue la libertad o la paz.

Lo tercero que muestra la encuesta es que la mayor parte de la población no estaría dispuesta a defender el país voluntariamente si es atacado o tendría una disposición negativa a hacerlo. El hecho de tener una disposición negativa o tener reservas a aceptar no me parece muy significativo, ya que un escenario abstracto de ataque al país no es muy lógico y no permite posicionarse. Lo que ya es más importante es que casi el 40% se declara rotundamente en contra de participar voluntariamente en esta defensa sin saber ni siquiera de qué peligro hay que defenderse.

Por último, de la encuesta parece desprenderse una nula implicación en la Unión Europea, al ser solo un 11% de los encuestados los que creen que estaría justificada una acción militar ante la invasión de territorio Europeo, contra las dos terceras partes que sí lo creen cuando el territorio es nacional.

Aunque las preguntas de la encuestas son demasiado abstractas para llegar a conclusiones definitivas, sí parece claro que una buena parte de la sociedad española está lo bastante desencantada de sí misma como para no mostrar mucho interés en defender su modo de vida. Es bastante significativo de ello: que mientras el Estado nos obliga a dar más del 50% de nuestros ingresos por "el bien común" la mitad de la población se declara en contra de arriesgar su vida por nada que no sea la supervivencia de su familia.

Que se ponga límites muy estrictos a los gobiernos a la hora de emprender acciones militares, o que se deje claro que no existe una anexión de los ciudadanos a defender el país ante cualquier circunstancia puede ser motivo de alegría, ya que podría indicar una sociedad madura y responsable, pero no hay que cerrar los ojos a que este pacifismo parece nacer más bien de la firme convicción a no involucrarse en nada que conlleve un riesgo personal, y ese es el mejor caldo de cultivo para que se vaya reduciendo la libertad de las personas.

Hay una diferencia inmensa entre ser pacífico y ser sumiso. Entre querer la paz y no estar dispuesto a luchar por nada. Por desgracia el IEEE no creo que vaya a dar con la forma de que la sociedad vuelva a comprender algo tan básico. Los institutos públicos son útiles para publicar estudios y encuestas, pero que la defensa de un país dependa solo del ministerio del que depende nos termina llevando a peligros mucho mayores de los que creen defendernos.

Pujol y la bruja Adelina

Gracias a Antena 3 hemos sabido que las presuntas actividades comisionistas del clan de los Pujol no se limitaban al tráfico de influencias realizado al amparo del boletín oficial de la Generalidad. También en su vida personal el patriarca del nacionalismo hizo alarde de una extraordinaria capacidad para fomentar los negocios ajenos a cambio de un porcentaje que, en el caso que nos ocupa, está muy lejos de ser precisamente modesto.

La damnificada en cuestión es la bruja Adelina, una médium gallega de provecta edad, que durante los 23 años que Pujol estuvo al frente de la Generalidad rindió grandes servicios a la causa del nacionalismo catalán con sus capacidades adivinatorias. Pujol viajaba frecuentemente a Andorra, lugar de residencia de la vidente, para consultar con Adelina sus decisiones políticas, familiares y, con toda seguridad, también las de carácter económico, indisociable de los otros dos ámbitos como estamos viendo. Además, Adelina utilizaba sus poderes para realizarle a Pujol limpiezas periódicas de malas energías (sic) pasando repetidamente un huevo por la espalda del Molt Honorable, escena deliciosa cuya simple evocación acota el nivel intelectual del nacionalismo catalán y sus principales dirigentes.

El ajetreo de los viajes a Andorra con fines no lucrativos comenzó a ser una carga para Pujol, así que el presidente de la Generalidad se trajo a la bruja a Barcelona con el fin de tenerla más a mano. De paso, según afirma Adelina, D. Jordi se encargó de dirigir el negocio de las adivinaciones y curaciones energéticas brindándole a la vidente una nutrida cartera de clientes cercanos al nacionalismo. Cada vez que Adelina le pasaba el huevo por la espalda a un dirigente político o un empresario catalán Pujol le pagaba 150 euros (25.000 ptas. de la época), pero el cliente desembolsaba el equivalente a 300 eurazos. Y así consulta tras consulta y día tras día durante años, lo que hace imposible a estas alturas evaluar, siquiera aproximadamente, el volumen de dinero que se le debe a la bruja Adelina, cuyas dotes adivinatorias no fueron suficientes para que advirtiera que Pujol la estaba estafando.

Maragall situó las comisiones de CiU en un sobrio 3%, elevado en dos puntos por Carod Rovira tras un repentino ataque de memoria histórica. Sin embargo, de ser ciertas las acusaciones que la última víctima de los Pujol desgranó este lunes en el programa de Susana Griso, estaríamos hablando de una comisión de nada menos que del 50%. Inalcanzable hasta para los sindicatos andaluces, únicos rivales serios del nacionalismo a la hora de trincar.

Inmigración (XIV): Descentralización de Canadá

"La escasez laboral va a ser el único gran impedimento para el crecimiento económico en Alberta en el futuro próximo… no podremos aliviar nuestras necesidades de mano de obra sin recurrir a la inmigración". Ben Brunnen.

"Si la gente está preocupada por la carga que suponen los inmigrantes en el Estado del bienestar, la solución no está en prevenirles que vengan sino en decirles que no pueden acceder al mismo". Alexander Tabarrok.

"Creemos que no hay país en el mundo que pueda beneficiarse más económicamente de la diversidad que Canadá…Vamos a tener una ventaja incomparable". Gordon M. Nixon.

"Tener una fuerza de trabajo global nos ayuda a crear productos que sirven al mercado global". John Baker (CEO de Desire2Learn).

Canadá es el segundo país más extenso del mundo después de Rusia. También es el más septentrional y, por tanto, con inviernos largos y duros para los no acostumbrados a ellos. Está entre las naciones con mayor renta per capita (42.500 USD). Su dinámico sector exportador ha contado con dos catalizadores esenciales: la potente y cercana economía de los EE UU y sus numerosos trabajadores provenientes de distintas latitudes (más del 21% de su actual población es ya nacida en el extranjero).

Es un caso singular de entre los países desarrollados ya que buena parte de su población y sus representantes políticos son favorables a la constante entrada de inmigrantes en su territorio. Su composición poblacional en muy distintos grupos étnico-raciales es una constante desde su fundación. Constatar su diversidad actual y la integración de sus inmigrantes es estimulante.

Los cálculos más recientes de la población de Canadá indican que ésta ha sobrepasado los 35 millones de habitantes. Sin embargo es un país con una densidad que apenas alcanza los 3,5 habitantes por Kmt2, una de las más bajas del planeta junto a Australia, Namibia o Islandia.

El experimento de Manitoba

La localidad de Steinbach, situada en la provincia de Manitoba, era hace un par de décadas un pequeño pueblo con escasa actividad económica. Contaba con una población menguante por lo que muchos puestos de trabajo quedaban sin cubrirse. Sus habitantes eran bastante religiosos ("tenemos más iglesias que semáforos", solían decir los lugareños) y llegaron incluso a convocar un referéndum local por el que se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en lugares públicos. La gente joven de Steinbach solía abandonar su localidad para procurarse mejores oportunidades laborales en Calgary o en la más cercana Winnipeg. Steinbach corría el riesgo muy serio de convertirse en un lugar despoblado.

Québec fue hasta finales del siglo XX la única provincia canadiense que había asumido competencias propias en materia de inmigración. Pues bien, en 1998 el gobierno central acordó dar atribuciones a las autoridades de Manitoba para gestionar directamente los asuntos de inmigración. Éstas introdujeron programas específicos para inmigrantes más flexibles y acogedores que en otros estados (incluida la propia Québec) y dieron también participación a otras instituciones locales. En concreto, los funcionarios de la cámara de comercio de Steinbach se interesaron y atendieron las necesidades de los empresarios/empleadores locales, cercanos y próximos a ellos.

La ciudad se fue repoblando rápidamente de trabajadores residentes extranjeros, mayormente alemanes, rusos, latinos y filipinos. A resultas de ello, Steinbach creció y se revitalizó. En muy poco tiempo se ha convertido por méritos propios en la tercera ciudad en importancia de la provincia de Manitoba. Por supuesto, las bebidas alcohólicas han vuelto a servirse en sus restaurantes y tiendas.

La inmigración depende a la vez del gobierno y de las provincias

La experiencia de Manitoba fomentó que la Federación canadiense siguiese repartiendo poderes entre el gobierno federal y las provincias en materia de inmigración, tal y como reconoce su Constitución. Es uno de los pocos países en tener ya totalmente descentralizada dicha facultad. Actualmente se otorgan en total más de 200.000 visados nuevos al año por motivos de trabajo, de los cuales en torno a un 40% corresponde gestionar al gobierno federal y el 60% restante es administrado en exclusiva por las provincias que se lo reparten por cuotas en función de la población de cada una de ellas.

Cada provincia da prioridad en sus respectivos programas de inmigración a lo que sus gobernantes locales consideran que es mejor para su territorio. La competencia entre unidades administrativas por captar capital humano extranjero se ha puesto en marcha. Unos dan más importancia al conocimiento del idioma (i.e. Quebec), otros a la formación o cualificación del candidato y, los más, a las necesidades económicas reales o empresariales de su zona. Con ello se evita tratar la economía de Canadá como un todo monolítico. No es un sistema perfecto pero impide que unos pocos y distantes burócratas federales puedan decidir y planificar centralmente sobre las necesidades de mano de obra de todos rincones del país.

La única cortapisa que tienen las provincias es el número máximo de inmigrantes que pueden acoger al año, pero al menos los criterios se fijan por cada gobierno local. Los funcionarios federales de Ottawa nada tienen que decir sobre los programas o procedimientos de selección usados por las administraciones locales para traerlos a su respectivo territorio, limitándose únicamente a llevar a cabo los controles de seguridad y sanitarios básicos de los extranjeros seleccionados previamente por cada provincia.

Hubo inicialmente críticos de este sistema descentralizado de aceptación de inmigrantes porque pensaban que las provincias podían ser utilizadas como coladeros para que, en fraude de ley, sirviesen de plataforma para entrar luego a otras partes del país. Pues bien, las estadísticas oficiales desmienten este temor: desde 2006 sólo el 11% de los inmigrantes que entraron por programas provinciales se encuentran trabajando en otras provincias.

Es interesante constatar cómo sus representantes locales, al rivalizar entre sí por captar trabajadores del exterior, se han vuelto mucho más proclives hacia la inmigración. Algunos de ellos hacen lobby para aumentar su cuota respectiva o incluso para que se elimine completamente. Se confrontan aquí dos intereses: el de las provincias y otros entes locales, que tienen un interés natural por la economía de su región (son tendentes, por tanto, a ser más flexibles en la entrada de inmigrantes) y el del gobierno federal, que tiene un interés por la "seguridad" nacional (por lo que suele ser más restrictivo en materia de inmigración). Dichos poderes se contrarrestan siendo este sistema el más acorde con un verdadero espíritu federalista, ausente en la mayoría de los países en este asunto (incluido los EE UU).

Eso sí, el otorgamiento de la residencia permanente, el estatuto de refugiado/asilado y la nacionalidad son concedidos en exclusiva por el gobierno federal a través de su Departamento de Ciudadanía e Inmigración (CIC). El control exterior de las fronteras es llevado a cabo también centralmente por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá.

Doblar la apuesta

Pese a lo anterior, se padece aún escasez de población en edad laboral. La sufren con especial intensidad las provincias de Alberta y Saskatchewan en donde la insuficiencia de mano de obra en las explotaciones respectivas de las arenas bituminosas o en las minas de potasio se ha convertido ya en un asunto nacional. También las provincias del Oeste padecen carestía similar en otros sectores. Supone un freno evidente para el crecimiento potencial del país.

Si en los años 70 había 6,6 trabajadores en activo por pensionista, actualmente hay 4,2 y para dentro de un par de décadas, si la tendencia continúa como hasta ahora, el ratio será de 2,3 personas activas por jubilado. Se camina lentamente pero sin pausa hacia un suicidio demográfico a no ser que repentinamente Canadá aumente su propia tasa de natalidad (es improbable un baby boom) o bien se aplique en todas partes las mismas medidas introducidas en Steinbach hace una década: incrementar drásticamente los niveles de inmigración.

Un estudio de la Conference Board of Canada prevé que de aquí a diez años un millón de empleos se quedarán sin cubrir. El crecimiento actual de su población depende ya en mayor proporción de la inmigración. Es uno de los países con mayor índice de inmigrantes per cápita del mundo pero el sistema planteado incluso hoy es insuficiente. Desde hace una década entran anualmente una media de 250.000 inmigrantes en Canadá (incluidos a todos: los que lo son por razones económicas, los refugiados y los de reagrupación familiar). Pese a haber cambiado su composición por país de origen – en los años 70 la mayor parte de los inmigrantes eran de procedencia estadounidense, británica y europea, mientras hoy la mayoría procede de Asia (Filipinas, India y China)- su número total no llega a cubrir las necesidades del país.

La llegada de unos 250.000 inmigrantes supone que su población extranjera apenas aumenta anualmente la población total en más allá del 0,7%. Las políticas migratorias canadienses se han atascado incomprensiblemente en ese tope. Son incapaces de cuestionarlo. Los consabidos (y cansinos) temores nativistas están tomando peso en los debates nacionales, aunque afortunadamente suelen ser contrarrestados con argumentos consistentes en los medios de comunicación.

Tengamos en cuenta que desde 1903 a 1913 los niveles de inmigración no bajaron nunca en Canadá del 2% de su población. Es más, justo en los dos años anteriores a la Primera Guerra Mundial entraron casi 500.000 inmigrantes (el 6,4% de su población de entonces).

Algunos analistas piensan que lo mejor sería llegar casi al doble de la tasa actual, es decir, a unos 400.000 inmigrantes al año. Es la recomendación en todo caso del Royal Bank of Canada, del grupo de analistas económicos Conference Board of Canada y, desde hace más tiempo, del think tank radicado en Alberta, Canada West Foundation.

En los próximos quince años Canadá puede convertirse en un "Tigre del Norte" sólo si se tiene la determinación de llegar a los anteriores niveles de inmigración. De lo contrario, si los políticos actuales se vuelven complacientes con el statu quo, se seguirá padeciendo escasez de mano de obra y se correrá el riesgo de entrar en cierto estancamiento de su nivel de vida.

Así de desafiante y exigente es la dinámica globalización de nuestros días. Esta es una de las muchas razones por la que tiene tantos detractores.


Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII y XIII.

¿Bravo por Obama?

Este verano sigo con preocupación y curiosidad las noticias sobre las intervenciones "selectivas" de aviones norteamericanos en el norte de Iraq. Desde luego que las atrocidades de ese ejército yihadista del Estado Islámico merecen toda nuestra condena, a pesar de que algunos se empeñen en medio justificar su existencia debido a la ya un poco lejana invasión de Bush o la famosa foto de Las Azores. Resultaría un tanto hipócrita ponderar a Sadam Hussein (como a veces se lee entre líneas) por una supuesta tolerancia (que habría que analizar despacio) con las minorías cristianas o yasidíes que ahora son masacradas violentamente. Yo no soy capaz de comparar la perversidad de uno u otro régimen: solo puedo insistir en la necesidad de establecer sistemas de convivencia en los que se respete la libertad religiosa y civil de unos ciudadanos que, también en el ejercicio de su libertad, decidan quiénes les gobiernan y puedan remover a sus líderes de sus cargos cuando no lo hacen bien. Ésta es una lección que hemos aprendido en Occidente después de tiempo y sufrimientos, y que considero perfectamente transferible al resto de culturas, civilizaciones o creencias religiosas. Como bien ha señalado el Papa Francisco, al que me referiré enseguida, "matar en nombre de Dios es una blasfemia".

La curiosidad que les decía se debe a la coincidencia de haber sido el mismo Presidente americano, que fue elegido por su mensaje de retirar las tropas de Iraq, el que se haya visto obligado a intervenir militarmente allí mismo. Es cierto que por ahora no hay un ejército de ocupación, ni aparentemente daños en la población civil. Por otra parte, las noticias que nos llegan deben estar bastante controladas; al principio incluso escuché en la radio que apenas hubo más que un bombardeo sobre unas piezas de artillería, que se tuvo que repetir para lograr su objetivo. Últimamente parece que la cosa va más en serio, e incluso dicen que Obama se está encontrando con alguna respuesta disconforme en su país.

Confieso que los EEUU me desconciertan un poco: es una sociedad con un sentido de los derechos individuales muchas veces envidiable, pero en la que conviven al mismo tiempo los más aburridos clichés de la progresía occidental. Por eso, no deja de tener un poco de morbo que sea Obama el que haya ordenado esos bombardeos: tampoco me parece el mejor Presidente desde la óptica de quienes defendemos con pasión la libertad, pero al menos quería señalar que en esta ocasión ha sido más valiente que otros muchos (¡si no todos!) gobernantes europeos que se paralizan ante cualquier slogan pacifista que les haga perder popularidad.

¿Dirán entonces que podemos justificar la guerra? De ninguna manera: hace siglos ya dejó escrito Cicerón que en tiempos de guerra se desmorona el orden legal ("silent leges inter arma"); tampoco suele ser una solución útil, como me gusta repetir con esa frase de la que desconozco su autor: "war is a bad business". Pero sí conviene asumir con realismo la naturaleza humana que, frente a las bondades rousseaunianas o los buenismos zapateristas, en muchas ocasiones trata de abusar del prójimo. Para los cristianos, se trata de un efecto del pecado original y el Catecismo de la Iglesia Católica especifica que "el amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal" (nº 2264).

¿Dónde están los límites? Pueden leer algunas consideraciones interesantes alrededor de ese punto: la prudencia para intervenir militarmente cuando no haya otra salida o la adecuación de las armas y los medios al peligro objetivo. Incluso se habla, como en aquellos viejos tratados De iure belli de nuestros escolásticos salmantinos, de la necesidad de que "se reúnan las condiciones serias de éxito" (nº 2309): vaya, que puestos a entrar en una guerra, hay que estar seguros de ganarla…! (en fin, no pretendo frivolizar de ninguna forma en un asunto tan grave).

Es por todo ello que no me han extrañado las declaraciones del Papa Francisco a propósito de la situación en Iraq: "es legítimo detener a un agresor injusto". Ya pueden suponer que lo expresaba con toda la cautela que cabe esperar: "no estoy diciendo bombardear o hacer la guerra, sino detener". Eso forma parte del juicio ponderado que reclama la Iglesia a los gobernantes, no solo respecto a cuándo intervenir, sino también a cómo hacerlo. Proponía por ejemplo que "una única nación no puede juzgar cómo debe ser frenado un agresor injusto".

Aquí el Papa me ha recordado una apreciación del Catecismo (nº 2308) que también se encuentra en la doctrina del Vaticano II (Gaudium et Spes): "sin embargo, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa". Es un tema complejo esto de la "autoridad competente", que nos evoca esas referencias a una "gobernanza mundial" que a veces hemos escuchado desde Roma (mayormente a propósito de cuestiones económicas), y sobre la que personalmente recelo. De lo que no cabe duda, me parece, es que los países representados en la ONU tienen una muy seria responsabilidad moral en la defensa, en estos días, de las minorías cristianas y yasidíes a las que aludía al comienzo de este Comentario.