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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

El populismo amenaza con desatar una nueva crisis del euro

El auge de los partidos populistas, defensores de impagar la deuda e incluso abandonar el euro como solución a la crisis, no es un fenómeno exclusivo de España, tras la fuerte irrupción de Podemos en el mapa político, sino que también se extiende a Grecia e Italia, afectando así a buena parte del sur de Europa.

Las últimas encuestas electorales muestran que este tipo de formaciones lideran la intención de voto en Grecia, con los comunistas de Syriza a la cabeza, en España con Podemos, y se sitúan como segunda fuerza en Italia a través del Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, tal y como recoge el siguiente gráfico.

Fuente: Bloomberg

Este crecimiento constituye un nuevo factor de riesgo para la estabilidad económica de Europa y la propia supervivencia del euro, ya que estos tres partidos abogan por decretar la suspensión de pagos y, en última instancia, salir del euro. El mercado, por el momento, no ha descontado dicha posibilidad y mantiene la calma gracias a las promesas que sigue lanzando el Banco Central Europeo (BCE) de que intervendrá comprando deuda pública en caso necesario. 

Sin embargo, el ascenso al poder de alguno de estos partidos bien podría desatar una nueva e impredecible crisis en el seno de la Unión Monetaria, puesto que defienden abiertamente impagar la deuda y abandonar la política de ajustes y reformas estructurales que recomienda Bruselas, con lo que, una de dos, o bien estos estados reciben más dinero de las autoridades comunitarias para financiar su gasto público -con el consiguiente enfado de los contribuyentes del norte- o bien abandonan el euro para recuperar su autonomía monetaria. En cualquiera de los dos casos, la tormenta financiera está asegurada.

De hecho, los inversores ya han dado un primer toque de atención debido a la creciente incertidumbre política que vive Grecia. Las turbulencias financieras regresaron brevemente el pasado octubre como consecuencia de la debilidad económica que registra la zona euro y, sobre todo, el riesgo de que se adelanten las elecciones generales en Grecia y Syriza se haga con el control del país. Su líder, Alexis Tsipras, aliado político de Pablo Iglesias, lidera las encuestas electorales con la promesa de acabar con las medidas de austeridad, nacionalizar la banca y suspender el pago de la deuda.

Mientras, en el caso de España, el brutal ascenso que ha obtenido Podemos en los últimos meses ha empezado a recabar la atención de las principales firmas de análisis, advirtiendo a los inversores del desastre económico que supondría la victoria electoral del partido de Iglesias o la preocupante fragmentación e inestabilidad política que, en todo caso, arrojarán las urnas el próximo año.

El caso de Italia también es paradigmático. Aunque el Movimiento 5 Estrellas no lidera las encuestas de intención de voto, se mantiene como la segunda fuerza del país y, además, acaba de lanzar una campaña de recogida de firmas entre la población para discutir en el Parlamento la celebración de un referéndum vinculante sobre la permanencia o no de Italia en el euro. Su líder, Beppe Grillo, afirma que "vamos a dejar el euro y a derribar este sistema de banqueros, de escoria". Y añade que "estamos en guerra con el Banco Central Europeo, que nos ha despojado de nuestra soberanía".

La cuestión es que dicha iniciativa podría triunfar, ya que, según las últimas encuestas, el 44% de los italianos quiere recuperar su antigua moneda, la lira, mientras que apenas el 45% apuesta por mantener el euro. Podemos defiende una línea muy similar para España, aunque sus líderes no lo defiendan de forma explícita para no asustar a los votantes. El partido de Pablo Iglesias apuesta, igualmente, por impagar la deuda y, en última instancia, salir del euro, tal y como avanzó Libre Mercado.

Por último, los analistas de Bloomberg señalan que, en un entorno económico deprimido como el actual y elevadas tasas de paro, el creciente apoyo electoral que están cosechando los populistas en Grecia, España e Italia podría acabar tentando a los partidos tradicionales a adoptar alguno de sus grandes emblemas, como, por ejemplo, el impago de la deuda soberana, desatando con ello una nueva crisis financiera. No en vano, estos tres estados acumulan una deuda pública próxima a 3,5 billones de euros.

La deuda del Estado español roza el 100% del PIB, la de Italia supera el 130% y la de Grecia el 175%; sus tasas de paro son las más elevadas de Europa: 26% en el caso de Grecia, 24% en España y 12,6% en Italia; además, tras siete años de crisis, ninguno de los tres ha logrado superar sus problemas económicos: el PIB de Grecia es hoy un 25% inferior al nivel registrado antes del estallido de la crisis, un 9% menos en el caso de Italia y un 5% inferior en España.

Fuente: Bloomberg

Esta agonía económica, sumada a los escándalos de corrupción, han terminado por impacientar a muchos votantes que, ahora, ven en este tipo de formaciones una posible solución a los problemas del país, dado el absoluto descrédito que atraviesan los partidos tradicionales.

Los datos, sin embargo, demuestran que ninguno de estos tres países han implementando un profundo y serio programa de recortes de gasto y reformas económicas, a diferencia de otras economías europeas que, gracias precisamente a este amarga receta, no sólo han logrado dejar atrás la crisis, sino que lideran el crecimiento y la creación de empleo en la UE.

La justicia: la piedra en el camino

Dice la Real Academia de la Lengua Española que la palabra escrúpulo proviene de un término latino que significa piedrecilla. En una de sus acepciones, probablemente la más sorprendente por desconocida, nos cuenta que se refiere a la china o piedrecilla que al meterse en el zapato, lastima el pie y nos incomoda. Visto lo visto, yo diría que la Justicia es, más que la piedra en el zapato o el garbanzo bajo el colchón, el peñasco en medio del camino que no nos deja caminar.  Y ese “nosotros” no se refiere solamente a España.

Los espejos y los grados

España, europea de pro, por supuesto que anda muy por encima de esos países que vemos en la televisión donde desaparecen estudiantes por decenas en manifestaciones, y de esos otros en donde la mujer de un mal gobernante (por sus actos les conoceréis) elegido digamos “democráticamente”, que ahora es presidenta electa a su vez, campa por sus respetos y acaba de exprimir al ciudadano de bien que ni puede comprar bienes extranjeros, ni tiene la propiedad real de casi nada, excepto de la creciente miseria. España no tiene unos tribunales de república bananera, ni unas instituciones tan degradadas como por otros lugares. ¡Somos europeos!

Sin embargo, ironías aparte, no puedo evitar dar un respingo cuando leo artículos donde más de la mitad de los párrafos parecen dirigidos a mi país, pero resulta que no, que se trata de un autor y un periódico extranjeros. Y como es un amigo quien ha escrito el artículo, me permito poner un ejemplo. Segundo párrafo: “… si uno se pregunta cómo ha sido posible todo esto [la crisis en la justicia], la respuesta puede darse en dos sentidos. Primero, puede decirse que el sistema político de  (¿España?) ha experimentado una degradación ética, pues muchos líderes de los diversos sectores que inciden en la vida pública de la nación anteponen sus intereses personales a los del estado”. Y mi amigo continúa explicando cómo la actividad política se ha convertido en una suerte de trampolín para conseguir poder, estatus y en general, beneficio personal. También expone el coste político versus el beneficio de manipular la elección de los magistrados en las diferentes instituciones de justicia y analiza los problemas que ese procedimiento, contaminado por los intereses políticos más vanos, acarrea.

Pues se trata del Diario Siglo21 de Guatemala y el autor es el doctor en Derecho, notario y profesor, Eduardo Mayora. Y ya sé que hay una diferencia de grado enorme, que las instituciones están peor allí que aquí, la inseguridad ciudadana es una cosa terrible en Guatemala, que la policía, los sobornos, los jueces, las mafias… ya sé todo eso. Pero se me hiela la sangre cuando compruebo que la crisis de justicia es sistémica. Porque la solución en ese caso es mucho más compleja.

El mal sistémico y sus soluciones

No se trata de crear tejido empresarial para absorber tantos millones de parados. No se trata de echar a tres corruptos aislados de los partidos más poderosos. Es más complicado. Se trata de restañar la fiabilidad, credibilidad, prestigio y solidez de las instituciones fundamentales de justicia, que están en la misma base de nuestras sociedades, que sustentan la civilización occidental como la conocemos, y cuyo establecimiento ha costado sangre, sudor y lágrimas a muchas generaciones. Esas instituciones que surgen de la evolución del derecho tras siglos de maduración y que los incentivos políticos perversos están minando, en algunos lugares de manera más irremediable que en otros.

Si se tratara de un país, un tribunal superior, un caso aislado… pero cuando son muchos, cuando se trata de un sistema de justicia, la cosa cambia. Y es aquí cuando hay que volverse estricto y adoptar los escrúpulos, pero en otro sentido que en el aludido al principio, como actitud diaria. Porque escrúpulo también hace alusión a aquella “duda o recelo que punza la conciencia sobre si algo es o no cierto, si es bueno o malo, si obliga o no obliga”. De este modo, el esmero y la pulcritud en el uso de nuestras instituciones de justicia, el castigo implacable a quien se salte la ley y quien  degrade dichas instituciones, por supuesto, considerando todos los españoles en igualdad ante la ley, tal vez actúen a tiempo para que los ciudadanos recuperemos la perdida confianza en nuestras instituciones, en nuestros jueces y en nuestra capacidad para no desmoronarnos.

Eso requiere de la “punzada en la conciencia” que describe el diccionario de la Real Academia. Y por tanto, hay que tener conciencia. Y ahí creo que es donde empieza el problema, porque nadie da el primer paso, hace un examen particular y reconoce nada de nada. Y así ¿cómo se puede predicar ni transparencia ni regeneración de la justicia o de la vida política? 

Once millones de españoles, atrapados en la trampa de la precariedad

Once millones de trabajadores españoles son precarios, es decir, están en una situación laboral peor de la que les gustaría. Es decir, once millones de españoles están produciendo menos de lo que querrían porque o están en el paro o sus contratos no cubren sus expectativas. La cuenta la ha hecho Florentino Felgueroso para Nada es gratis e incluye a parados, desanimados (ya no buscan empleo porque no creen que lo encontrarán), subempleados (trabajan a tiempo parcial porque no encuentran nada a tiempo completo) y temporales que están buscando un empleo fijo.

Es una cifra descomunal, que representa aproximadamente el 45% de la fuerza laboral española. En algunas regiones, la situación es dramática. Así, lo que podríamos denominar como tasa de precariedad se acerca al 60% en Andalucía, Canarias o Extremadura.

Las consecuencias de esta situación son muchas y muy graves. Para empezar, tiene un impacto directo en la productividad. Un trabajador que no encuentra empleo o sólo encadena contratos temporales será mucho menos eficiente que uno fijo. Ni la empresa se querrá gastar un euro de más en su formación (para qué, si se va a ir en unos meses), ni sus opciones de crecer dentro de la estructura de la compañía serán muy elevadas (nadie asciende a un empleado temporal), ni los pocos meses que pase en cada puesto le servirán para consolidar una experiencia valiosa en ningún sector. Al final, una larga temporada con contratos temporales se traduce también en sueldos más bajos, una situación que se arrastrará durante toda la vida laboral, incluso cuando se consiga el Santo Grial del contrato indefinido.

De esta manera, lo que se planteó en sus orígenes como una puerta de acceso al mercado laboral (un contrato por unos meses para que la empresa analizase si el trabajador se ajustaba a sus necesidades), se ha convertido en una trampa sin salidas. El número de treintañeros y cuarentones que no han conocido la estabilidad en su carrera laboral se dispara, con las implicaciones para toda su vida, no sólo profesional: ¿quién se atreve a emanciparse con un contrato de seis meses? ¿y a casarse o tener hijos?

Y esta situación tampoco es buena para la empresa. Por un lado, por el asunto de la productividad que hemos comentado. Pero es que además, la dualidad tiene unas implicaciones muy importantes en las decisiones empresariales. En España, lo más habitual cuando vienen mal dadas es aplicar la regla LIFO (last in, first out); es decir, ante cualquier revés en el negocio, los empresarios tienden a deshacerse de los recién llegados temporales, sólo porque su despido es mucho más barato, sin tener en cuenta la calidad de su trabajo en comparación con la de sus compañeros. Vamos, que es normal echar al bueno y quedarse con el malo, con las consecuencias que cualquiera puede imaginar.

Trabajadores precarios en España 2007-2013

De hecho, como explica el profesor Felgueroso, si nos ponemos puristas, la cifra incluso podría ser mayor. Por un lado, tenemos el caso de los falsos autónomos: personas dadas de alta como trabajadores por cuenta propia pero que realizan el 100% de su actividad para una empresa (y lo hacen de forma involuntaria). También está el caso de los falsos fijos, con uno de los nuevos contratos para el fomento de la contratación indefinida, que permiten el despido libre durante un año, y que saben que no renovarán este contrato. Y todo esto por no hablar de los cientos de miles de exiliados por la crisis.

CUADRO 2 CCAA FELGUEROSO

Precarios por CCAA

¿Por qué?

Con este planteamiento, la primera pregunta que uno es hace es ¿por qué ocurre algo que no interesa a nadie, ni empresas ni trabajadores? La respuesta está en la legislación laboral española, que establece una enorme diferencia entre fijos y temporales.

Cuando a un empresario le van las cosas bien, lo lógico es que se plantee mejorar las condiciones laborales de sus empleados: bien contratando más para hacer frente a los nuevos pedidos, haciendo fijos a los temporales o subiendo sus salarios para evitar que se vayan a la competencia. Sin embargo, en España existe un freno: el empresario sabe que cualquiera de estas decisiones se volverá en su contra si las cosas salen mal. Por ejemplo, si seis meses después de haber convertido un contrato fijo en temporal se le cae el 10% de la facturación y debe despedir, el coste será mucho más elevado que si hubiera dejado el contrato temporal. Y lo mismo vale para las nuevas contrataciones o las subidas de sueldo. Así, un empresario tiene que estar muy seguro de lo que hace, porque se la juega. En esta crisis, ha habido miles de pymes que han quebrado o que han estado a punto de hacerlo sólo por los costes del despido.

Imaginemos una empresa de 12 trabajadores. Se cae la facturación un 25% debido a la crisis. Lo normal es que tenga que despedir a 3-4 de sus empleados. Pues bien, la indemnización a estos puede ser una carga imposible de asumir para la empresa (no han sido una ni dos las que han tenido que liquidar activos para pagar la indemnización). Y no olvidemos que, además, esta hipotética empresa se encuentra en su peor momento, con un descenso importante de los ingresos. Ante esta eventualidad, el empresario se protege contratando lo mínimo, haciéndolo de forma temporal salvo que no le quede otro remedio y ajustando el salario al máximo, porque con éste se calculará la indemnización.

El resultado final es que el que ya hemos visto. La empresa no crece, su productividad se resiente y sus trabajadores no están contentos y no consolidan una carrera profesional estable. El problema es que las cifras de las últimas EPA muestran que esta tendencia se consolida. La reducción del paro viene en buena medida a través de contratos temporales o a tiempo parcial.

La reforma laboral de 2012 supuso un cambio profundo en la flexibilidad interna de las empresas y en la negociación colectiva, pero en cuanto a la dualidad prácticamente no se avanzó nada, apenas una mínima reducción en los costes del despido, que siguen siendo mucho más bajos para los temporales que para los indefinidos. La semana pasada, el Servicio de Estudios del BBVA lanzó una propuesta de reducción de modalidades de contratación (con un fijo que se usaría por defecto para el 99% de los casos) y mochila austriaca parcial (ocho días por año trabajado). Va en la línea de lo que han propuesto Fedea y otros organismos desde hace años. Las críticas no se hicieron esperar, desde los partidos y los sindicatos de todo signo. A los once millones de precarios nadie les explicará que puede que buena parte de su situación se deba precisamente, a todas esas normas que les dicen que están ahí para protegerles.

Contra el reparto de España

No sería porque no estuviera anunciado. En otoño del 2012 el presidente de la Generalidad catalana había proclamado a los cuatro vientos su intención de convocar un referendum que, con perseverancia digna de mejor causa, ha materializado de forma circense, pero no menos insidiosa, el pasado 9 de noviembre.

Algunos ya urgimos entonces al presidente del gobierno español a responder a tamaño envite sin eludir el debate político abierto y transparente sobre los deseos independendistas en diversas regiones y asumiendo con valentía la iniciativa política que nunca debió dejarse en manos de los partidos nacionalistas y separatistas.

De acuerdo a la Constitución vigente, (Art. 1.2, 2, 92) por un lado, el mantenimiento de la unidad española resulta una cuestión de especial trascendencia y, por otro, todo referendum para consultar sobre un cambio de la composición de la ciudadanía española debe dirigirse a toda esta comunidad política. Ese referendum solo puede ser convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

Debería ser obvio, pues, tanto para independentistas como para los defensores de la unidad de España, que los referendos para consultar sobre su deseo de independencia solo a los españoles de una región son claramente inconstitucionales, pese a que, por ejemplo, Artur Mas envolviera su decreto de convocatoria con la cobertura aparente de una ley autonómica ad hoc,en un ejemplo claro de fraude de ley.

En este contexto choca aún más cómo es posible que los partidos nacionalistas no recurran a las vías legales (Art. 166 y 87 CE) a su disposición para instar la reforma constitucional en el sentido que parecen apetecer. Más aún cuando algunas de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas a las que se reconoce la legitimación de iniciativa (caso catalán y vasco) están controladas por ellos mismos. Esa constatación permite despejar dudas sobre su naturaleza. Se trata de movimientos que desprecian el imperio de la ley, aparte de que sus ideologías demuestran tintes totalitarios y xenófobos bastante acusados.

Si uno de los más importantes representantes del estado (guste o no, el presidente de una comunidad autónoma sin duda lo es) anunciaba abiertamente que quería conseguir sus objetivos por medio de la subversión del orden constitucional, parecía bastante evidente que el presidente del gobierno tenía la obligación, en primer lugar, de actuar de manera preventiva antes de que el atropello se cometiese. Conviene recordar que el actual presidente del gobierno, gracias al apoyo de los grupos parlamentarios populares en el Congreso de los Diputados y el Senado, los cuales gozan de amplías mayorías absolutas, cuenta con una larga lista de medios políticos y jurídicos para defender la legalidad. Siempre que, cualesquiera que sean sus cálculos e intereses, sea ésta su voluntad y la de los parlamentarios que lo sostienen…

En efecto, aunque el debate oficial se haya desviado por los derroteros derivados del incumplimiento grosero de la suspensión cautelar de la primera convocatoria decretada por el Tribunal Constiucional, cabe preguntarse cómo es posible que el gobierno central se haya abstenido durante más de dos años de tomar las medidas necesarias para evitar un fraude insurreccional de esas dimensiones.

Desde el conocido remedio contemplado en el artículo 155 de la Constitución de requerir a una comunidad al cumplimiento de sus obligaciones o abstenerse de atentar contra el interés general de España, que pueden llevar en caso de desatención a una súbita asunción de responsabilidades por parte del gobierno central, a otros medios más sútiles como los contenidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la propia impugnación ante los tribunales de actos administrativos de los gobiernos autonómicos y de leyes; el gobierno central dispone de un amplio elenco de potestades que le permitirían atajar la situación creada.

Resulta hilarante que instituciones como el “Consejo Asesor para la Transición Nacional“, creadas por el gobierno regional catalán para subvertir y horadar desde dentro el sistema o asociaciones como la Asamblea Nacional de Cataluña, subvencionada por la Generalidad catalana con el dinero de todos los contribuyentes españoles, continúen funcionando con apariencia de legalidad.

El feminismo no es igualdad: es odio

La humanidad ha conseguido construir un artilugio que ha viajado 6.500 millones de kilómetros durante sus diez años de vida para alcanzar un cometa de sólo 25 kilómetros cúbicos de volumen y aterrizar en él. Un viaje alucinante que ha llevado veinte años de trabajo a los ingenieros y científicos de la Agencia Espacial Europea (ESA). Pero lo importante no es el logro alcanzado. No. Lo importante es que uno de los principales responsables del proyecto, el doctor en Física Matt Taylor, llevaba puesta una camisa "sexista" durante el aterrizaje de Philae en el cometa.

No es que las elecciones estéticas de Taylor se parezcan mucho a las mías, ni en la dichosa camisa, bastante hortera por cierto, ni en los tatuajes, que me horripilan cosa mala. Aunque la polémica prácticamente no ha llegado a España, en el ámbito anglosajón el escándalo feminista ante la camisa, que básicamente consiste en un conjunto de dibujos tipo cómic de mujeres con ropa ajustada, ha incendiado las redes sociales y llegado a los grandes medios. Tan brutal ha sido la reacción que el científico ha terminado pidiendo disculpas entre lágrimas. Los dos minutos de odio que el feminismo ha desatado contra él han convertido el punto culminante de su carrera en una campaña de acoso contra él, arruinando un momento que debía ser uno de los más felices de su vida.

El espíritu del linchamiento ha quedado perfectamente reflejado en un titular de la web de tecnología The Verge: "No me importa si has conseguido aterrizar una nave espacial en un cometa, tu camisa es sexista y es excluyente". No importan los logros, por más extraordinarios que sean, sino tu sumisión al dogma, por más estúpido que sea, y lo es siempre. Es una técnica que las distintas corrientes de lo políticamente correcto han conseguido dominar con maestría. La excusa da igual, puede ser la camisa de Matt Taylor como que un tipo que se hizo rico partiendo de la nada done 20 millones de euros a Cáritas. Las hordas se lanzan a las redes sociales, generalmente incitadas por periodistas o artistas progres, guardianes sempiternos de la ortodoxia como el Gran Wyoming, a ver quién lanza el insulto más gordo, hasta que consiguen doblegar a su objetivo. George Orwell se equivocó. No hace falta un poder omnímodo para que la plebe desate sus iras contra el objetivo deseado.

A estas feministas de salón y sus tontos útiles les preocupa el enorme impacto que sin duda tendrá una camisa en la decisión de las adolescentes de todo el mundo de enfocar su carrera hacia la ciencia y la ingeniería. Eso sí, se callan el tratamiento brutal de la mujer en las sociedades islámicas y los problemas reales que causa a mujeres de verdad en todo el mundo. Porque lo suyo no consiste ya en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, sino en el odio, puro y simple, contra los hombres. Da lo mismo que la camisa fuera diseñada por una mujer para regalársela por su cumpleaños, o que no exista el más mínimo indicio de que en su vida haya hecho nada contra ninguna mujer. Taylor es un despreciable machista y debe ser recordado por eso. Si esta gentuza hubiera tenido la oportunidad en 1969, Neil Armstrong no sería recordado por ser el primero en pisar la Luna, sino por ser hombre y haber dicho "mankind" en lugar de"humankind".

Estados Unidos avanza hacia la liberalización de la marihuana

El pasado 4 de noviembre los estadounidenses acudieron a las urnas, básicamente, para darle un revolcón a Obama. Las Midterm Elections, en las que se renueva la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y se eligen un sin fin de gobernadores, alcaldes y otros cargos locales, han sido un claro baño republicano. No porque el Partido Republicano tenga buena imagen ni traiga ideas ilusionantes, sino por el mero gustazo de darle un palo a un Presidente que se encuentra en sus horas más bajas de popularidad. Pese a que aún le quedan dos años de mandato, los americanos han decidido dar por zanjado el capítulo de Obama y entregar las cámaras legislativas a los Republicanos. Ahora veremos al Presidente volcado en política exterior, pero será porque dentro de Estados Unidos ya no manda él.

Bajo toda esa polvareda electoral, en estas elecciones también se han votado unas 150 propuestas locales que se deciden mediante democracia directa. Si un gran tema cabe destacar de entre la variedad de asuntos votados, ése es el de la progresiva liberalización de la marihuana que se está produciendo en Estados Unidos. Los votantes de los estados de Alaska y Oregón han aprobado la legalización de la producción y consumo de marihuana para fines recreativos, y en la capital nacional, Washington D.C., se ha legalizado la posesión de pequeñas cantidades para consumo personal. Estos casos se suman al de los estados de Colorado y Washington, que han sido pioneros en levantar la prohibición de la marihuana. Si a esto añadimos que en gran cantidad de estados ya está permitido el consumo de cannabis con fines terapéuticos, ya casi la mitad de los estados han dado algún paso en esta dirección. Aunque tímidos, son pasos dignos de celebrar.

2014 está siendo un gran año para la libertad individual en este ámbito. En enero del presente año, en Colorado pudieron abrirse los primeros establecimientos de venta de marihuana. En torno a la "milla verde" de Denver ha comenzado a brotar una joven industria compuesta de cientos de pequeñas empresas innovando y compitiendo para satisfacer a los consumidores, cuyos ingresos totales para este año se estiman en 1.000 millones de dólares. Dice The Economist que "así como en San Francisco todo el mundo parece estar diseñando una app, todos en Denver tienen su idea para un canna-business". El mercado está, lentamente, arrancando esta actividad de las manos de las mafias y las bandas criminales.

Sin embargo, este sector naciente se está encontrando con serios problemas que impiden su pleno desarrollo. El principal de ellos se llama gobierno federal. El ejecutivo que preside Barack Obama sigue considerando el consumo de marihuana un grave delito y tiene implementadas restricciones que cortan las alas al sector incluso en los estados en los que es legal. Por este motivo, por ejemplo, las empresas de Colorado tienen muchas dificultades para usar el sistema bancario por culpa de la legislación antiblanqueo, no pueden casi recibir préstamos y les es del todo imposible financiarse mediante bonos o acciones. Además, la legislación estatal obliga a las empresas a cultivar el 70% de sus ventas minoristas, impidiendo la especialización y la división del trabajo. Esto, sumado a que las compañías no pueden realizar ninguna actividad fuera de sus respectivos estados, hace que el mercado del cannabis no pueda desarrollar todo su potencial para servir a los consumidores.

Según recoge el Pew Research Center, desde 2013 la mayoría de la población estadounidense está de acuerdo en que la marihuana sea legal. Actualmente en torno a un 54% es favorable a la total legalización de esta droga y la tendencia es claramente creciente. Habitualmente se esgrimen diversos motivos por los que hay que derribar la prohibición. Son argumentos que coinciden con los que, hace más de ochenta años, se daban para acabar con la Ley Seca impuesta en Estados Unidos. ¿Cuáles son las razones que se alegan para levantar la prohibición de las drogas?

La prohibición de las drogas no hace que la gente deje de consumir. Lo que hace es obligar a que la producción, distribución y consumo se hagan al margen de la ley. Y ahí no hay acceso al sistema de la justicia, no se respeta la propiedad privada ni se cumplen los contratos. El negocio no se lo lleva el que mejor sirve al consumidor sino el que puede controlar violentamente el territorio, el mejor en evitar ser atrapado por la justicia y el más experimentado en corromper a la policía. En definitiva, la prohibición pone la actividad en manos de los expertos en el crimen organizado: las mafias y las bandas criminales. Como dijo Milton Friedman, "si observamos las guerra contra las drogas desde un punto de vista puramente económico, el papel del gobierno es proteger al cártel de las drogas". El consumidor queda así desamparado contra abusos como los fraudes, la venta de droga adulterada y la violencia. A su vez, el Estado se ve obligado a despilfarrar una gran cantidad de recursos económicos y humanos para combatir sin ninguna posibilidad de éxito un problema que él mismo ha creado. Por supuesto, en el camino va dejando un reguero de víctimas inocentes.

El hecho de que la liberalización de las drogas permita que el negocio vuelva a las manos de quienes realmente satisfacen a los consumidores de manera pacífica, que el consumidor sea soberano y pueda denunciar los abusos o que reduzca el crimen son grandes argumentos en favor del fin de la prohibición. Por ejemplo, muchos partidarios alegan que la importante caída de los crímenes violentos en Denver durante este último año es en buena parte debido a la legalización de la marihuana. Sin embargo, estas son razones secundarias, pero no son el verdadero motivo por el que debería derribarse definitivamente la prohibición de las drogas.

La razón de fondo para acabar con la prohibición de las drogas es, sencillamente, el respeto escrupuloso a la libertad individual. Los liberales creemos que cada uno es dueño de sí mismo y que somos libres de actuar como consideremos oportuno siempre que no agredamos a los demás y respetemos sus derechos de propiedad. La decisión de consumir o no drogas como la marihuana es una decisión personal importante, pues acarrea riesgos y peligros. Pero es una decisión que no debe ser impuesta por el Estado, sino que la debe tomar cada adulto para sí mismo, haciéndose así responsable de sus consecuencias. La prohibición actual de las drogas, como recientemente decía Albert Esplugas, no es otra cosa que la imposición de las preferencias de unas personas sobre todos los demás.

El progresivo avance de la liberalización de la marihuana que en la actualidad se está viviendo en Estados Unidos es motivo de celebración para los liberales y para aquéllos que en este punto coinciden con la postura liberal. Sin embargo hay que reconocer que nos encontramos aún muy al principio del camino. Esperemos que los estadounidenses sigan transitando con decisión por esta senda y que otros países se incorporen a la travesía. Aun cuando Estados Unidos no es el paladín de la libertad que muchos creen, y su liberalismo sólo es apreciable cuando lo comparamos con países como los europeos, de cuando en cuando sí nos concede, en algún ámbito como éste, una buena noticia para la libertad.

La ‘Tasa Google’, un nuevo recorte a la libertad

Resulta muy fácil ser generoso con el dinero ajeno y sin medir las consecuencias que eso pueda tener para terceros, incluyendo lo que afecta a su libertad y sus derechos. Esa actividad, la transferencia de los bienes económicos de unos ciudadanos a otros o de unas empresas a otras, es una especialidad de todos los Gobiernos. Suele hacerse vía impuestos y partidas en los Presupuestos Generales, pero en ocasiones se opta por otras fórmulas diferentes.

Es lo que ha ocurrido ahora en España con la denominada ‘Tasa Google’ o ‘Canon AEDE’. Se trata de la forma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha acudido al rescate económico de unos grandes periódicos que están pasando desde hace años por una pésima situación económica (en buena medida por causa de la crisis, pero también debida a años de mala gestión empresarial).

Tras negarse a entregar ayudas directas a los editores de prensa, pensando que tal vez esto tuviera un coste en términos de imagen, al Gobierno le pareció una estupenda idea aceptar la propuesta que le hizo una importante organización de editores de diarios: obligar a Google y otros agregadores de noticias a pagar por enlazar los contenidos de las web de los periódicos. El precio, al fin y al cabo, lo pagan unas empresas a las que previamente se presenta como parásitos. Y al Gobierno no le importa el coste que para los ciudadanos pueda tener en términos de recorte de libertad de expresión.

De hecho, los primeros en pagar un precio por obtener el favor que pidieron han sido los propios rotativos que promovieron la medida. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió a cambio de la ‘Tasa Google’ la cabeza de los directores de tres de los cinco grandes periódicos españoles (El Mundo, El País y La Vanguardia), precisamente los tres responsables de diarios más incómodos (por distintos motivos) para el actual Ejecutivo. Las testas fueron entregadas en un nuevo episodio de la creciente intervención del poder en los medios de comunicación españoles.

Pero esos diarios, o sus profesionales y lectores, no son las únicas víctimas del ‘Canon AEDE’, instaurado con la excusa de la mal llamada propiedad intelectual. Lo son todos los agregadores de noticias por Internet que operan en España, hasta el punto de que no debemos descartar que algunos de ellos terminen por desaparecer. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) va a cobrar por todos los contenidos a los que se pueda acceder a través de esos servicios, con independencia de que sean de páginas de sus asociados o no. De esta manera, llenará sus arcas a costa de las informaciones de numerosos medios digitales que no forman parte de esa organización.

A estos últimos no se les permite la opción a renunciar a que los agregadores paguen por sus contenidos a cambio de que sean incluidos en sitios como Google News o la española Menéame. Así se evita que ocurra lo que ha pasado en Alemania, donde Google comenzó tan sólo a incluir noticias de aquellos medios que pedían de forma expresa aparecer en su servicio News y renunciaban al cobro de una compensación. El efecto fue que quienes se agarraron a exigir el cobro, desaparecieron del sitio del gigante de internet y tuvieron una gran caída de visitas, con el consiguiente descalabro económico al desplomarse sus ingresos por publicidad.

Con la opción elegida en España el resultado puede ser que Google, Yahoo y otras empresas que ofrecen servicios de agregación de noticias opten por dejar de operar en el país. De esta manera, por su ambición, los grandes periódicos de papel con la complicidad del Gobierno habrán matado a la gallina de los huevos de oro y habrán causado un gran daño al resto de medios digitales y al conjunto de los internautas.

Pero los riesgos son aún mayores. La redacción del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (donde se incluye el citado canon) es muy ambigua. Aunque desde el Ejecutivo se ha dicho que la ‘Tasa Google’ no afecta a las redes sociales, donde los usuarios vuelcan enlaces a muchas noticias, la realidad es que el texto no cierra en absoluto esa opción. Todo es posible, y si Google cierra su servicio News, no es descartable que desde AEDE traten de vampirizar las cuentas de Facebook o Twitter, lo que podría significar que estas empresas optaran por dejar de ofrecer sus servicios en España.

Irónicamente, en casi todos los escenarios posibles, los mismos que han promovido la ‘Tasa Google’ terminarán perdiendo visitas y, por tanto, ingresos de publicidad. El problema es que, mientras tanto, el resto de los ciudadanos (desde los profesionales del resto de medios hasta los lectores) habremos perdido mucho en términos de libertad de información y de expresión; y, en algunos casos, también desde el punto de vista económico.

Ana Pastor acaba en 50 minutos con el mito de Pablo Iglesias

El flamante secretario general de Podemos se sometió anoche al tercer grado de la periodista Ana Pastor y lo confesó todo. En caso de llegar a la Moncloa confesó que no sabe de dónde va a salir el dinero para financiar todo lo que promete, que no va a implantar una renta universal, que no va a hacer una "auditoría ciudadana de la deuda", que no va expropiar las viviendas a los bancos y que no va a hacer un referéndum sobre monarquía o república, que son las cosas que venía afirmando con total tranquilidad hasta que la Pastor lo cogió anoche por banda y le dijo, "ven pacá y siéntate, que vas a ver lo que le hago yo a los de la casta como tú, chaval".

La entrevista de Ana Pastor le ha quitado a Podemos más votos que si hubieran pillado a Monedero y Errejón en un banco de Suiza en compañía de cualquiera de los Pujol. Y no porque la presentadora de La Sexta tenga una especial animadversión hacia el partido de Iglesias y lo que representa -más bien todo lo contrario-, sino sencillamente porque se atrevió a hacerle las preguntas que nadie le ha hechohasta ahora y a enfrentarlo con las cosas que decía cuando aún no iba a ser presidente de este "país de países", que es como Iglesias se refiere a España.

Anoche Iglesias se nos hizo mayor y empezó a comprender que lo de ir por los platós de televisión acusando a la castuza de robar a las ancianas desvalidas como argumento electoral sólo funciona por un tiempo limitado. Tarde o temprano llega el momento de explicar qué es lo que se quiere hacer para que "el país de países" recupere la dignidad y se corre el riesgo de quedar como un indocumentado, que es justamente lo que le ocurrió anoche al ayatolá de Podemos.

Valga como ejemplo el asunto de la "auditoría ciudadana de la deuda", un mantra repetido hasta el aburrimiento por los pablemos, según el cual era fundamental dar a los ciudadanos la posibilidad de decidir qué parte de la deuda pública hay que pagar y qué parte no. Pues bien, ahora resulta que la "auditoría ciudadana", bálsamo que acabaría con casi todos nuestros problemas, va a ser una auditoría de las de toda la vida, a la que los ciudadanos podrán tener acceso a través de internet si es que quieren leer el resultado una vez esté acabada. O sea, que la gente aquí no va a auditar nada, sino los técnicos nombrados por Iglesias, que son los que saben de estas cosas y los demás a callar.

La larga entrevista tuvo momentos gloriosos en los que Ana Pastor le atizó a Iglesias varias raciones de hemeroteca. Hasta ahora nadie le había puesto los vídeos en los que se deshace en elogios a Hugo Chávez, propone a Venezuela como modelo a seguir, pide sacar a los etarras a la calle o afirma que la mera existencia de medios de comunicación privados es un ataque a la democracia. Iglesias no pudo ofrecer ninguna explicación inteligible para justificar esas ideas en un país europeo en pleno siglo XXI, así que quedó como lo que realmente es, ni más ni menos, que es el mejor servicio que el periodismo puede hacer a la democracia.

A Iglesias anoche lo apabullaron en directo y sólo le faltó huir del plató en plena entrevista como otra Iglesias, Chabeli, aquella vez que la llevaron al programa Tómbola en Canal Nou. Con Jesús Cintora en las mañanas de Cuatro, esto nunca le habría pasado.

Ganas de llorar por Venezuela

La música de Beethoven irrumpe en la sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música bajo la dirección del gran maestro Gustavo Dudamel. Por un momento olvido que esto ocurre en la misma ciudad, Caracas, donde el pasado fin de semana fueron asesinadas 31 personas. Dan ganas de llorar con la fuerza sobrecogedora de la Quinta Sinfonía, pero también dan ganas de llorar por Venezuela, dividida por el odio, acosada por la violencia, gobernada dictatorialmente por quienes abusan del nombre de Bolívar.

Hacía 43 años que no visitaba Venezuela. Estuve allí en 1971, cuando era el país más rico de América Latina y una democracia aún joven pero que llamaba la atención en una región cada vez más golpeada por las dictaduras. Por entonces yo vivía en aquel Chile que aceleradamente se precipitaba en la división y el caos que terminarían desencadenando el golpe militar de 1973. En ese tiempo, el ingreso per cápita de los chilenos era menos de la mitad del de los venezolanos, y las tiendas, edificios y automóviles de Caracas no podían sino asombrar a ese joven chileno de 21 años que yo era por entonces.

Hoy todo es al revés. Chile es una admirada democracia y el país más próspero de América Latina, mientras que la economía de Venezuela se hunde, su sociedad se despedaza en conflictos internos y su democracia ha sido transformada en un cascarón vacío después de casi 16 años de gobierno populista autoritario. Caracas ya no irradia progreso sino inseguridad, desabastecimiento, mercado negro y el espectáculo triste de sus miserables ranchos en barrios cada vez más dominados por los delincuentes o por las bandas armadas chavistas conocidas como colectivos. Es un poco como volver al Chile de comienzos de los 70. 

¿Qué pasó para que la situación de Chile y Venezuela se invirtiese de tal manera? En lo referente a Chile, se trata de una combinación virtuosa de la economía abierta de mercado creada bajo la dictadura militar con una democratización muy exitosa, basada en amplios consensos y gobiernos alejados de la tentación populista. Así, en 30 años Chile más que triplicó su ingreso per cápita, redujo drásticamente la pobreza y se transformó en una sociedad de clase media, cuya modernidad y progreso son un ejemplo para América Latina.

Venezuela, por su parte, cayó en un círculo vicioso que transformó su enorme riqueza exportadora en una verdadera maldición que ha terminado desquiciando y empobreciendo al país. Los ingresos petroleros dieron al Estado un papel central en la sociedad venezolana como el gran redistribuidor de una renta a la cual todos querían acceder. Este protagonismo del Estado se agudizó con la nacionalización del petróleo y los aumentos de su precio, que multiplicaron la renta petrolera de una manera asombrosa. Surgió así una sociedad cada vez más dependiente del Estado y organizada en torno al reclamo, es decir, volcada a reclamar y vivir del favor del Estado.

Este desarrollo fomentó esa complicidad entre política y economía que es tan común en América Latina y que termina corrompiendo tanto al Estado como al sector empresarial. Así, se creó una estructura económica cerrada y deformada, donde los ingresos petroleros servían para subsidiar y proteger a un sector productivo ineficiente, que sólo podía prosperar dentro de un mercado nacional cautivo. La crisis económica de comienzos de los años 80 puso en evidencia las debilidades de este modelo petrodependiente de desarrollo, abriendo una larga fase de deterioro económico y aumento de la pobreza.

Paralelamente se resentían la democracia venezolana y los partidos que la sustentaban. Su incapacidad para enfrentar los graves problemas que aquejaban al país le fueron restando apoyo popular, creándose así las condiciones para el surgimiento de Hugo Chávez con un discurso de condena al conjunto del sistema político imperante en nombre de aquellos que se sentían ignorados y marginados.

Con el ascenso de Chávez al poder se agravaron radicalmente los males de Venezuela. Sus propuestas no fueron sino una profundización extrema del estatismo y el rentismo, pero ahora puestos al servicio de la construcción de un poder personal que pronto arrasaría con el Estado de Derecho y las libertades fundamentales. Era la personificación del ogro filantrópico del que nos habló Octavio Paz, pero premunido de unos ingresos petroleros que por los precios en alza pronto alcanzarían niveles extraordinarios. Ello le permitió desplegar un asistencialismo gigantesco, creando así sus bases cautivas de apoyo que movilizaría con ayuda de su carisma y su control de los medios de comunicación.

Hoy el gran caudillo es parte de la historia, y las dificultades de sus sucesores para mantener el control del país son evidentes. Al caos y la violencia se suman los precios decrecientes del petróleo y un pueblo cada vez más cansado del desgobierno y la falta de libertades. La hora final de la dictadura chavista parece no estar lejos, y en su caída puede que también arrastre a la dictadura cubana, altamente dependiente de las dádivas venezolanas.

Esta es la triste pero aleccionadora historia de la Venezuela contemporánea. Así está terminando su apuesta por el rentismo, el Estado desmesurado y los caudillos. Chile, en cambio, apostó por los emprendedores, el esfuerzo personal y un capitalismo abierto, por el Estado de Derecho y la seriedad política. Ojalá que el ejemplo de Venezuela sirva para recordar a los chilenos cómo terminan los socialismos, ya sean del siglo XX o del XXI.

La biblioteca virtual de Mauricio Rojas
 

Defensa de la Constitución Española de 1978

Iniciativa en Change.org y en HazteOir.org.

Hoy he tomado la determinación de solicitar, públicamente, la Defensa de la Constitución Española de 1978 mediante el apoyo, la promoción en Internet y la participación en reuniones el próximo 6 de diciembre de 2014 desde las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche.

Empleando la plataforma de movilización de Change.org, convoco a la realización de reuniones pacíficas el próximo 6 de diciembre con el objetivo de que los asistentes depositen velas encendidas de modo que formen una "V" de "Vigilia" en Defensa de la Constitución Española de 1978 ante las principales instituciones: el Congreso, el Senado, el Palacio de la Moncloa, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los Ayuntamientos y los Parlamentos Autonómicos.

Las reuniones deben ser impulsadas espontáneamente por los ciudadanos con valores inclusivos e integradores, acercándose con sus familiares y amigos para encender las velas delante de las principales instituciones democráticas de España formando una "V" que ilumine las instituciones y que, también, debe simbolizar la "Victoria" de los ciudadanos sobre las oligarquías destructivas que intentan fracturar España.

Dado que el próximo 6 de diciembre de 2014 cae en sábado, se podrían aprovechar las reuniones espontáneas para disfrutar de una jornada festiva y leer en voz alta ante las principales instituciones, el Preámbulo y el Título I de la Constitución Española de 1978que, obligatoriamente, deben acatar, obedecer y defender todas las autoridades.

También sería interesante si se leyesen en voz alta libros de historia de España como, entre otros, los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós y la Historia de Españade Juan de Mariana.

Debido a la inacción del Gobierno de España que preside el Presidente, Mariano Rajoy Brei, finalmente, el heredero político de Jordi Pujol y actual presidente autonómico de Cataluña, Arturo Más, ha logrado realizar una consulta secesionista (ilegal), en contra de la Constitución Española de 1978 y a pesar de haber sido prohibida en dos ocasiones consecutivas por el Tribunal Constitucional.

En los pasados meses, he analizado en diferentes artículos el miedo a la libertad [1], el desafío institucional en Cataluña por oligarquías extractivas de los recursos [2] y destructivas [3] del orden político de España, el deterioro de la ley [4] por la impunidad y la corrupción imperantes y, finalmente, las acciones necesarias para frenar el desafío nacional-secesionista en Cataluña [5].

Dado que parece que el Presidente del Gobierno y la casta política están dispuestos a iniciar negociaciones para pactar, mediante un "consenso de felones", aquello que es absolutamente innegociable que es la soberanía del pueblo español (Art. 1 CE) y la indisoluble unidad de España (Art. 2 CE), parece haber llegado el momento de que los ciudadanos españoles nos movilicemos pacíficamente para reclamar la aplicación del Artículo 155 CE para la suspensión de la autonomía de Cataluña en defensa de la Constitución Española de 1978.

En definitiva, ha llegado el momento de que los ciudadanos nos opongamos con firmeza a las políticas de hechos consumados que tratan de imponernos porque, de seguir así, nos guían hacia una involución institucional (ilegal) con unas elecciones autonómicas plebiscitarias en Cataluña, y una probable declaración unilateral de independencia, en contra del ordenamiento jurídico de la Constitución Española de 1978, por lo que debería contrarrestarse como se hizo en el año 1934.

Solicitemos públicamente a las autoridades que cumplan y hagan cumplir la Constitución Española de 1978 y que, por tanto, se aplique el Artículo 155 CE sobre aquellas autoridades de Cataluña que promovieron e impulsaron la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional y que, ante los intentos de secesión por parte de las oligarquías de una región, el Gobierno de España impulse la suspensión de la Autonomía de Cataluña; además de exigir las responsabilidades penales por los delitos que hayan podido cometer, tal y como solicitan UPyD [6] y VOX [7][8], para que el Gobierno de España defienda el interés general y no desista de ejercer las funciones a las que está obligado por el mandato constitucional.

Además, si no se aplica el Artículo 155 CE por la cobardía de las autoridades, los ciudadanos debemos exigir en las calles –todos los días 6 de cada mes a las 6 de la tarde y formando una "V" con velas encendidas— la inmediata dimisión del Gobierno de España y la convocatoria de elecciones generales.

Hay que presionar socialmente para que la casta política permita renovar el Parlamento, de modo que los ciudadanos puedan intentar que prevalezcan los líderes inclusivos e integradores, en lugar de los personajes pusilánimes y felones.

Debemos mostrar nuestra indignación, mes tras mes, hasta poder desalojar democráticamente a los cobardes y traidores que medran, y viven a nuestras expensas, en el Parlamento español y en los 17 parlamentos autonómicos de los Reinos de Taifas; compuestos en su inmensa mayoría por oligarquías extractivas y destructivas del orden político, que han involucionado el régimen constitucional desde la partitocracia hasta la cleptocracia.  

Por todo lo anterior, y si Uds. han llegado hasta aquí en la lectura del artículo, permítanme que les exhorte y convoque para apoyar, promover en las redes sociales y participar pacíficamente en las reuniones del próximo 6 de diciembre a las 6 de la tarde para Defender la Constitución.

Gracias por adelantado por los apoyos que se reciban, por la participación en las reuniones, por ejercer como ciudadanos de España y por iluminar con velas las instituciones formando una "V" de "Vigilancia" del cumplimiento de la Constitución que, también, es la "V" de la "Victoria" frente a las perversas y oscuras intenciones de las oligarquías.

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