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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Contra el reparto de España (II)

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Soy de las personas que está completamente convencida de que los atentados indiscriminados del 11 de marzo de 2004 produjeron un gigantesco agujero negro en el funcionamiento de una sociedad diversa -y parecía que avanzada- como la española.

La invisibilidad de este asunto, materializada en la renuncia expresa de todo el estamento político, judicial y periodístico a realizar ningún tipo de pesquisa que esclarezca totalmente los hechos e identifique a los autores de aquellos delitos de lesa humanidad, deja cada vez más patente la indolencia de una sociedad incapaz de generar un número suficiente de individuos con la talla moral y las energías necesarias para exigir a los poderes públicos una investigación seria, aunque solo fuera por un instinto de supervivencia.

Lamentablemente la conspiración de silencio ante las mentiras propagadas en relación a este caso, para mayor gloria de los participantes, ha venido comprometiendo durante estos años la calificación de esta sociedad como libre. La “omertá” siguió al indudable éxito de la operación de intoxicación de la opinión pública, desatada al mismo tiempo que se enterraba a los 191 muertos y continuada hasta los remedos de sentencia dictados en el sumario principal.

Algo peor que la credulidad frente a los dispensadores de las peores ideologías o los detentadores del poder político se atisbaba en esa conformidad generalizada. Se trata de una predisposición a permanecer callado ante las mentiras más descaradas siempre que sean convenientes.

Unos síntomas tan inquietantes auguraban que las tragaderas y la inanidad de una masa crítica de la población española convertirían al país en un marco propicio para los experimentos políticos más disparatados sin ofrecer apenas resistencia.

A propósito del ascenso del socialismo a principios del siglo XX, rebatiendo la idea de que tuviera su origen en las clases populares, Hayek asegura en su ensayo “Los intelectuales y el Socialismo” (1949) que todos los países que lo abrazaron como movimiento político dominante habían sufrido previamente un largo periodo de tiempo en el que la ideología socialista había impregnado el pensamiento de los intelectuales más activos. Para el filósofo austríaco, la principal característica de estos intelectuales no radicaba en su originalidad como pensadores, académicos o expertos en un área determinada del conocimiento. Ni siquiera les resultaba necesario tener un conocimiento especial o particularmente inteligente para difundir ideas. Lo que les dispuso para su labor a partir del siglo XX fue la gama amplia de asuntos sobre los que podían opinar y una posición que les permitía conocer ideas nuevas antes que aquellos a quiénes se dirigían. Son estos intelectuales quiénes deciden a qué opiniones puede acceder el público y cuáles son los hechos importantes.

Piense usted ahora en los políticos, periodistas, profesores, conferenciantes, publicistas, comentaristas de radio y televisión, escritores, dibujantes, artistas y actores españoles que ha conocido por sus manifestaciones sobre cuestiones políticas y económicas en los últimos treinta años. Y, responda, más allá de las coyunturales escaramuzas entre los distintos clanes y capillitas de poder, a qué tipo de ideología obedecían sus intervenciones públicas. Recuerde, asimismo, la veces que ha escuchado la expresión “social” con el significado de socialista, o colectivo.

Salvando algunas distancias, como la dispersión de la propaganda por Internet en los últimos años, la situación que describía F.A Hayek con respecto a los principales países europeos a principios del siglo XX, resulta análoga a la ocurrida en España a finales de ese siglo y principios del XXI.

De esta manera, aunque quisiéramos creer que el apabullante dominio de todos esos intelectuales en los gobiernos españoles, los medios de comunicación y la enseñanza no arrastraría a grandes masas de la población a blandir el socialismo y el nacionalismo, nos equivocábamos. Los lideres del PSOE más pragmático de los años 80, que marcó al mismo tiempo su propia impronta de arbitrariedades y corrupción, urdió, sin embargo, el sistema de enseñanza y el esquema de medios de comunicación donde se fue preparando el terreno ideológico para versiones más extremistas de ese socialismo. La derecha española, ayuna de grandes ideas a pesar de algún intento encomiable, no hizo frente realmente a esa hegemonía cultural. Tan solo compró algunas voluntades con el dinero de los contribuyentes sin cuestionar los fundamentos de la ideoogía. Es más, algunas de las políticas del actual gobierno (como la tributaria) han destacado por su carácter profundamente socialista.

En estas condiciones arrumbaron la crisis y la recesión posterior que, además, dejaron al descubierto también las bases corruptas de un regímen que resulta incapaz de regenerarse si no es por la cooptación ¿Puede sorprender en estas circunstancias que una pandilla de politólogos espabilados que se presentan vírgenes (otra cuestión es que lo sean) quiénes han refundido los escombros del socialismo de siempre con las técnicas más habilidosas del marketing político moderno, irrumpan en la escena política con fuerza?

Me temo que en el mejor de los casos asistiremos a un reparto político que desembocará en un corrimiento de todos los partidos hacia un socialismo populista y pendenciero.

No torturarás

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

La redistribución de la renta no se efectúa de ricos a pobres, sino de grupos desorganizados a grupos organizados (lobbies). El Estado no auxilia a quienes más lo necesitan, sino a quienes disfrutan de una mayor capacidad para presionar e influir sobre políticos y burócratas. Ese es, al menos, el calculo que efectuó la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) con Google News: dado que Google es un negocio boyante que gana miles de millones de dólares anuales, basta con que el Estado español le arrebate unos pocos milloncejos y reparta semejante botín entre todos los editores para que así la prensa española pueda superar la crisis sin necesidad de reformular su caduco, esclerotizado y anticompetitivo modelo de negocio.

Pero, desesperados por encontrar una presa a la que parasitar, los editores y el servil y liberticida Gobierno del PP calcularon mal hasta dónde podían tensar la cuerda: tras lloriquear durante años que era Google quien parasitaba a la prensa española por enlazarla en su agregador de noticias sin que ésta recibiera compensación alguna, parece que ahora los rotativos están comenzando a intuir que no, que la empresa estadounidense no vivía de ellos más de lo que ellos vivían de Google. La relación, en suma, no era una de parasitismo, sino de simbiosis: sí, Google enlazaba a los periódicos españoles sin pagarles peaje alguno, pero los periódicos españoles también se beneficiaban de un torrente de tráfico procedente de Google sin pagar tarifa alguna a la multinacional estadounidense.

Precisamente por ello, cuando los editores reclamaban imponer a Google una "compensación justa" por indexarles en Google News estaban, en realidad, reclamando una mordida del todo punto injusta. A la postre, uno de los rasgos constitutivos de la justicia es la reciprocidad, a saber, devolver bien en proporción al bien que has recibido de otros. Pero Google ya estaba devolviendo con creces a los editores el bien que recibía por enlazar gratis sus noticias: y se lo devolvía en forma de una enorme cantidad de visitas. De hecho, una forma bastante sencilla de averiguar si el principio de reciprocidad se cumple o no entre las partes de una relación es a través de un simple experimento mental: si la situación de una de las partes mejorara en ausencia de la otra, tenemos fuertes motivos para suponer que estamos ante una relación parasitaria donde no se respeta el principio de reciprocidad.

Por desgracia para la AEDE, Google no se ha limitado a realizar este hipótetico test mental, sino que ha decidido llevarlo a la práctica: a partir de este martes, Google News dejará de prestar su servicio en España. ¿Fin del parasitismo? No lo parece: la AEDE no tardó ni 24 horas en salir a la palestra para lamentar la decisión de Google e incluso a reclamar al Gobierno que intervenga para proteger los intereses de las empresas implicadas. Extraña relación parasitaria ésa en la que el presunto parasitado implora al parásito que le siga sangrando.

Más bien, todo apunta a que, como decíamos, el parásito no era Google sino que quería serlo la AEDE: ésta no sólo pretendía que Google continuara indexando gratis sus noticias, sino que además pagara por ello. Google ha juzgado que tales términos dejaban de ser verdaderamente recíprocos y ha actuado en consecuencia largándose de España. Google News prefiere irse del país si ello implica no ya no poder cobrar sino tener que pagar por proporcionar a la prensa el servicio de indexación de noticias. ¿Puede decir lo mismo la prensa española, esto es, que prefiere que Google News se vaya de España a menos que acepte abonar la mordida que reclama? No lo parece, a juicio de las exclamaciones de la AEDE pidiendo el regreso de Google: señal inequívoca de quién buscaba realmente parasitar a quién.

Acaso lo más gracioso y ejemplarizante de esta situación sea que los editores de prensa españoles probablemente terminen descubriendo que el servicio que les proporcionaba gratuitamente Google tenía un coste que ahora muchos de ellos deberán empezar a soportar: si desean seguir usando al líder de los buscadores para promocionar sus portales de noticias, no les quedará más remedio que contratar el servicio de Google Ads. En el pecado llevarán la penitencia. Mas no olvidemos lo esencial: si la AEDE pensó que sería capaz de rapiñar a Google fue porque contó con la entusiasta complicidad de un Gobierno que jamás ha dudado en aplastar las libertades de los ciudadanos para beneficiar a los lobbies que se congregan a su alrededor. En este caso, afortunadamente, el ambicionado expolio les salió mal: Atlas se encogió de hombros.

La futura Ley de Enjuiciamiento criminal: más legislación liberticida

Escrito por Javier Pérez Bódalo en . Publicado en Análisis diario.

En 1790 se proclamó, en la Francia revolucionaria la inviolabilidad de las comunicaciones: “Le secret des lettres est inviolable”. A España llegó casi un siglo después, en 1869 y tras la Revolución Gloriosa. En aquellos días, el Gobierno Provisional promulgó la que sería la primera Constitución democrática de nuestra historia. Heredera de la tradición isabelina y liberal –en el sentido más decimonónico de la palabra– fue efímera en su vida útil, pero dejó sentadas las bases de una serie de preceptos que se han ido transmitiendo a los textos constitucionales que la han sucedido. Fue así mismo, el primer texto constitucional español que refrendó el secreto de las comunicaciones. En su artículo séptimo, expone:

En ningún caso podrá detenerse ni abrirse por la Autoridad Gobernativa la correspondencia confiada al correo, ni tampoco detenerse la telegráfica. Pero en virtud de auto de Juez competente podrá detenerse una y otra correspondencia, y también abrirse en presencia del procesado la que se le dijera por el correo.

En términos similares aunque con ligeras variaciones se mantuvieron las constituciones de 1876 y 1931, así como el Fuero de los Españoles, una de las Leyes Fundamentales durante el Gobierno del General Franco. Del mismo modo, nuestra actual Constitución de 1978, expone en su artículo 18, apartado tercero:

Se garantizará el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

Queda claro que es imperativo constitucional, a la vez que no resulta novedad histórica, el que se garantice de forma taxativa el secreto de las comunicaciones, al mismo tiempo que de ser necesaria su intervención, se llevará a cabo con la debida resolución judicial, que se emitirá examinados los hechos y con total certeza de que será la medida más correcta y menos gravosa para averiguar lo que fuere necesario.

En 1882, durante la vigencia de la arriba citada Constitución de 1876, se promulgó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, buscando desarrollar legislativamente el secreto de la correspondencia. En su redacción original, el artículo 579 nos dice en sus apartados 1º a 3º:

Podrá el juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

Asimismo, el juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

De igual forma, el juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.

Hasta aquí, la redacción original de 1882. El texto legislativo desarrolla el precepto constitucional, salvaguardando el interés protegido y especificando desde el punto de vista procesal cómo se debe proceder. Sin embargo, en 1988 se introdujo un cuarto apartado al artículo 579, que nos dice:

En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el número 3 de este artículo podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al juez competente, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación.

Como vemos, el hecho de que la inviolabilidad de las comunicaciones sólo se pueda ver comprometida por la actividad fehaciente del Juez, se ve parcialmente quebrado. Desde este momento, el Ejecutivo puede disponer de la privacidad de cualquier sospechoso. La redacción, que podría parecer peligrosa, no lo es tanto, pues como dice el propio texto se debe comunicar inmediatamente por escrito motivado al juez competente. Sin embargo, nos surge la duda de que, si se va a comunicar inmediatamente, y entendiendo que al vulnerarse derechos constitucionales el Juez responderá a la mayor brevedad posible, ¿era necesario vulnerar la intimidad del sospechoso? ¿No se habría conseguido una orden del propio Juez, motivando la urgencia, de forma rápida y se habría salvaguardado el derecho fundamental del sospechoso? ¿Quién es el Ministro del Interior –una autoridad política– para violar la correspondencia de nadie?

No es este el extremo que pretendemos analizar, pues no seremos los primeros que nos hagamos estas preguntas, ni los últimos que nos quedemos sin respuestas. La doctrina procesalista –más docta en estas materias que el que escribe– se ha manifestado en gran medida en contra de la redacción de este artículo. Sin ánimo de ser exahustivo, cabe señalar que el Profesor Rodríguez Ramos afirmó respecto de esta redacción que “la nueva regulación legal que, por ambigua, excesivamente parca y contradictoria merece ser calificada de excrecencia legislativa – sino de excremento- más que de ley…”[i]. Así mismo, el Tribunal Supremo (por citar una, la STS 12/3/2004, que reafirma que el Ejecutivo no puede intervenir las comunicaciones sin autorización judicial) ha tenido varios pronunciamientos en contra de la redacción del artículo. Hasta el extremo de que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en el caso Prado Bugallo contra España (18/2/2003), declarando que el artículo en cuestión no cumple con las previsiones legales respecto de las precauciones de observar por parte del Juez, la efectividad de las transcripciones, la duración de las escuchas y de las medidas, o el hecho de comunicar intactas y completas las grabaciones, así como no expresa un numerus clausus de delitos que precisarían la toma de esta medida. En suma, no se respetan las exigencias derivadas del principio de legalidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, queda claro que no es una novedad en nuestros textos constitucionales el asegurar el secreto de las comunicaciones, que sólo podrá ser violado por motivos estrictamente necesarios, y tras la preceptiva autorización del Juez. Así mismo, queda en evidencia la deficiente y limitada redacción del texto actual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual no garantiza los derechos fundamentales de los investigados.

Todo este antecedente previo viene a colación por las recientes noticias sobre el tema. Tras la sesión celebrada el pasado viernes 5 de diciembre del año en curso, se anunció que el Consejo de Ministrios había aprobado un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entre otras cuestiones de lo más variopinto, altera –aún más– el régimen de escuchas y rastreos, contenido en el artículo que acabamos de comentar.

Por si fuera poco con la ambigua y dudosa redacción existente, la cual rompe la separación de poderes –ninguna novedad en nuestro ordenamiento– al permitir al ejecutivo tomar decisiones que corresponden al Poder Judicial, el anteproyecto viene a ahondar en la herida.

La propuesta de nueva redacción del artículo 579 es prácticamente similar en contenido en sus apartados 1º y 2º. Como era de recibo, señala en el apartado 2º el plazo de 3 meses para la intervención de las comunicaciones. Sin embargo queda un poco vacío de contenido cuando dice que será “prorrogable por iguales períodos“, lo que a fin de cuentas viene a significar lo mismo que antes de la propuesta de reforma.

El punto interesante llega en el apartado cuarto. Acostumbrados como estamos a la redacción que permite a la Policía o Guardia Civil hacer escuchas o intervenir las comunicaciones de terroristas o bandas, llama poderosamente la atención el enunciado de: “u otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad“. ¿Qué son delitos de especial gravedad? ¿Cuáles son las circunstancias del caso? ¿No podría adjuntarse una enumeración? Un paso más en la arbitrariedad que se concede al Ejecutivo para intervenir cuando vea oportuno el contenido de las comunicaciones de cualquier ciudadano, siempre que juicio del funcionario de turno, parezca que el delito investigado es de “especial gravedad”.

Además, encontramos líneas más adelante que al igual que en el texto actual, se encarga la toma de esta medida el Ministro del Interior o al Secretario de Estado de Seguridad. En dicha redacción en vigor, se ha de comunicar inmediatamente a la autoridad judicial. En la nueva se dice: “comunicándolo inmediatamente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas“. ¿Cómo se comunica inmediatamente y, en todo caso, en 24 horas? Inmediatamente es en el momento, máxime con la facilidad de transmisión de información entre los cuerpos de seguridad y los jueces que existe hoy día. ¿Cómo debemos interpretar esta afirmación? ¿Se debe comunicar inmediatamente, o por el contrario se tiene un plazo máximo de 24 horas? ¿Podrán los funcionarios del Ministerio de Justicia intervenir las comunicaciones de cualquier “sospechoso” durante 24 horas, para después comunicarlo al Juez? En suma, la nueva redacción parece dejar más dudas que su predecesora, y entregar aún más poder a quienes constitucionalmente están vetados de la toma de decisión en estos términos. Este tema ha ocupado unas pocas noticias en la prensa, y pasará desapercibida. No existe conciencia de lo graves que pueden llegar a ser para las libertades individuales las legislaciones estatistas que nos asisten, y que nos van cooptando más y más cada día. Desde el Ministerio de Justicia se ha dicho que todos estos puntos encontrados se irán puliendo a lo largo del proceso restante. Deberán recabar informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y Consejo Fiscal, para llegar a las Cortes –que también lo discutirán– sobre el mes de febrero. Pero es de suponer que para un Gobierno con mayoría absoluta, no supondrá ningún problema aprobar este texto.

Por si no fuera suficiente con la redacción del artículo desde 1988, la actual parece ser aún peor y más peligrosa si cabe para los derechos fundamentales. Cuando se vive en sociedad, se puede llegar a entender –no es el caso del que escribe– que se limiten las libertades en casos concretos para proteger los derechos de terceros y de los ciudadanos en su conjunto. Siempre y cuando esto se haga en casos estrictamente tasados y sabidos –certeza de la Ley– y que dichas limitaciones se lleven a cabo tras un escrupuloso y exhaustivo estudio, que lleve al Juez competente –es decir, al tercer poder y sólo a él– a tomar la medida, que deberá ser lo más ajustada posible. No debemos tolerar que sea el Ejecutivo –un órgano político– quien pueda siquiera decidir sobre estos extremos. La democracia debe “diseñar instituciones que impidan incluso a los malos gobernantes hacer demasiado daño”[ii]. No podemos dejar en manos de los gobiernos ni un ápice de acceso a nuestros derechos fundamentales, ni que vulneren por redacción legislativa lo que las constituciones reconocen.

Resulta paradójico que la legislación más liberticida y peligrosa para la intimidad y privacidad de las comunicaciones entre ciudadanos, y por extensión de su libertad, no se redactase ni en el Siglo XIX ni en el XX, sino en el año 2014.


[i] RODRÍGUEZ RAMOS, L. “Intervenciones Telefónicas en La Prueba en el Proceso Penal“. CGPJ, 1992.

[ii] POPPER, K. “Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge“. 1963

Todos somos Errejón

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Una corriente de solidaridad sin precedentes arropa al secretario de Política de Pablemos, a cuenta de la persecución a la que está siendo sometido por la Universidad de Málaga, en manos de los socialistas, como todo lo que propicia algún trinque en Andalucía. No sólo el ayatolá de Podemos le ha mostrado públicamente su apoyo sino que, lo que es más importante, también las bases del partido se han unido a la causa, sobre todo en las redes sociales, en una muestra de adhesión inquebrantable de las que ponen la piel de gallina.

A Errejón lo persiguen, dicen los suyos, porque la casta tiene miedo de perder el poder; no porque haya estado trincando casi dos mil euros mensuales de manera dudosa, compatibilizando irregularmente su labor de investigación sobre el lacerante problema social de la mercantilización de la vivienda con la tarea de regenerar la democracia de este-país-de-países, a la que vive entregado. Si no ha cumplido con el horario laboral establecido en el contrato que le ofreció en su día el director del proyecto, un amiguete de Podemos, es algo que carece de interés. En última instancia, como Errejón y Pablemos no se cansan de repetir, todo es cuestión de haber presentado o no "un papelito", que ya ves qué tontería. Un "papelito" que autorizara al dirigente podemita a dedicarse a la política y seguir trincando la pasta, se entiende, pero como los grandes líderes del género humano no prestan atención a la cosa burocrática, al final la jauría mediática, azuzada por la casta (faltaría más), ha hecho presa en este muchacho encantador, que es que lo ves y te dan ganas de abrazarlo.

Pero Errejón no va a dimitir. No tiene por qué, en realidad, pues, como es bien sabido, la calificación moral de una acción para alguien de izquierdas sólo depende de quién es el que la realiza. Además, en un contexto generalizado de corrupción, los doce mil euros trincados por Errejón es una cuestión menor que la epidermis de estos superdemócratas puede perfectamente soportar. Para el votante medio de Pablemos, los desmanes de Blesa sirven para justificar los trinques de Errejón, pero la casta son siempre los otros. No hay más que dar un paseo por la orilla izquierda de las redes sociales para comprobar que dentro del rebaño hay unanimidad. Deberían cambiar el lema de su reciente campaña de blindaje ante las críticas por este otro, más ajustado a la actualidad errejoniana de la cosa podemita: #nuestrostrinkesvuestrasonrisa; por no recurrir al clásico "Errejón somos todos". Lo que sea con tal de preservar los trinques del líder y seguir despotricando de la casta como hasta ahora.

En defensa de Marc Márquez

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El piloto de MotoGP Marc Márquez anuncia que se marchará a Andorra para escapar de las garras de Montoro y el clamor ciudadano contra su decisión se vuelve casi unánime: se critica a Márquez por falta de patriotismo, por evadir impuestos, por insolidario o por codicioso. Incluso desde el PSOE se ha pedido a los ciudadanos que boicoteen a aquellas empresas que patrocinan al apestado Márquez. Pero, más allá de la mera constatación de lo sucedido, resulta pertinente plantearse por qué se ha desatado semejante ola de indignación popular y si ésta posee alguna justificación racional o, en cambio, carece totalmente de base. 

¿Por qué la gente se indigna?

Una posible fuente de indignación popular podría venir de considerar que Márquez está evitando pagar por aquellos servicios estatales que consume o ha consumido: las carreteras que usa, la seguridad ciudadana de que disfruta, la educación pública en la que pudo haber estudiado, etc. Si éste fuera el verdadero motivo de las críticas, hasta cierto punto resultarían razonables: la justicia requiere de reciprocidad y si Márquez hace uso de servicios del Estado, es lógico que pague por ellos.

Mas el motivo principal de la indignación no parece ser ése: se estima que Márquez pagará en Andorra 30.000 euros de impuestos anuales. A buen seguro, Márquez no se habría marchado de España en caso de haber pagado aquí 50.000 o 60.000 euros anuales: cantidad más que suficiente para sufragar la totalidad de los servicios estatales que pueda consumir (y parte, también, de los que consuman otros). Y, a buen seguro, los mismos que se indignan hoy con su exilio fiscal se habrían indignado de haber negociado con Montoro una rebaja de su factura tributaria hasta semejantes niveles.

Mi hipótesis es que el enfado ciudadano tiene otras dos causas: la primera es suponer que Marc Márquez no se merece su riqueza, de modo que el piloto de MotoGP tiene la obligación de redistribuirla hacia el resto de ciudadanos; la segunda causa es suponer que Marc Márquez sólo puede ser un buen ciudadano si paga impuestos. En ambos casos, pues, Márquez se escaquea de cumplir sus deberes naturales o civiles para con el resto de personas.

¿Merece Márquez su riqueza?

Uno de los razonamientos más conocidos del filósofo estadounidense Robert Nozick es su defensa del derecho de propiedad del jugador de la NBA Wilt Chamberlain: según Nozick, si millones de personas le pagaban voluntariamente a Chamberlain una pequeña suma de dinero partido tras partido y, merced a ello, éste se volvía multimillonario, ¿cómo considerar que su propiedad, justamente adquirida, no era legítima? El argumento es plenamente aplicable a Marc Márquez. Sin embargo, se suele disputar desde dos posiciones: la primera es que Chamberlain o Márquez no merecen los talentos naturales que les convierten en buenos deportistas y por tanto tampoco merecen el dinero que han ganado haciendo uso de tales talentos; la segunda es que Chamberlain o Márquez sólo han podido enriquecerse por ejercer su profesión dentro de una sociedad opulenta, de manera que parte de su riqueza ha sido, en realidad, generada por esa sociedad y debe regresar a ella. Los dos argumentos son, sin embargo, defectuosos.

En cuanto al primer argumento: que algo no sea justo no equivale a que sea injusto. Es verdad que ni Márquez ni nadie nos merecemos nuestras “habilidades naturales” pero ello tampoco significa que otros las merezcan y que, por tanto, puedan lucrarse con ellas: a la postre, Márquez no obtuvo sus talentos naturales arrebatándoselos a nadie ni causando daño a terceros, por tanto tampoco pueden reputarse como radicalmente injustos. Es más, el razonamiento de “como Márquez no merece sus talentos naturales, la riqueza que ha generado haciendo uso de tales talentos tampoco es merecida” esconde otra importante falacia: nadie dice que Márquez merezca la riqueza por sus talentos, sino que la merece por cómo ha usado esos talentos. Si Márquez, con las mismas habilidades innatas, se hubiese quedado de brazos cruzados en casa, no poseería riqueza alguna: por usar acertadamente sus talentos en satisfacer las necesidades ajenas sí la merece en tanto en cuanto las otras personas han querido entregarle voluntariamente parte de sus propiedades.

En cuanto al segundo argumento: es verdad que fuera de la sociedad Marc Márquez no habría obtenido sus niveles de riqueza actuales, pero eso no significa que existan obligaciones pendientes de saldar entre Márquez y la sociedad. Al cabo, Márquez es rico no porque la sociedad le haya entregado su riqueza a cambio de nada, sino porque se la ha entregado a cambio de unos servicios que el propio Márquez le ha proporcionado a una parte de esa sociedad (espectáculo, divertimento, emoción, etc.). Entre Márquez y la sociedad no hay deudas pendientes de pago: el intercambio ha sido recíproco y mutuamente beneficioso, de modo que ni Márquez le debe nada a la sociedad ni la sociedad le debe nada a Márquez. Es verdad que Márquez se “aprovecha” de una infraestructura y de un acervo social (lenguaje compartido, sentimiento nacional compartido, cultura aficionada a los deportes, uso generalizado del televisor, etc.) que le han supuesto externalidades positivas hacia su persona: pero sucede no sólo que cualquier otro individuo podría haber usado ese mismo acervo social para generar riqueza (está ahí disponible para todos) sino que el propio Márquez ha contribuido a conformar y enriquecer ese acervo social. Por ejemplo, si dentro de diez años surge un nuevo piloto de MotoGP que también se convierte en millonario gracias a la afición que sigue habiendo en España (y en el mundo hacia el motociclismo), en parte podríamos decir que ese piloto se “aprovecha” del acervo social que contribuyó a forjar Márquez. ¿Tendría ese piloto alguna deuda con Márquez? No, porque a su vez Márquez se aprovechó de ese acervo social. En suma, el pago de Márquez por usar ese acervo social es su ulterior contribución a engrosarlo: toma del acervo para luego reponer con creces lo que ha tomado previamente.

¿Debería Márquez pagar impuestos para ser un buen ciudadano?

Ya hemos visto que Márquez no tiene deuda alguna con la sociedad que se derive de haber violentado dos rasgos esenciales de la justicia como son el mérito y la reciprocidad: Márquez merece su fortuna precisamente por las relaciones recíprocamente beneficiosas que ha entablado con el resto de la sociedad. Aun así, bien podría reprochársele a Márquez no ser un buen ciudadano: aunque Márquez no tenga la obligación de reparar ningún mal (porque no ha causado ninguno), sí podría esperarse de él que promoviera el bien y que, en ese sentido, pague impuestos en España a pesar de que no tenga ninguna obligación de hacerlo.

Aceptando a efectos dialécticos la hipótesis de fondo —a saber, que el buen ciudadano se caracteriza por promover el bien común como algo distinto a su bien personal—, lo que desde luego no puede aceptarse es que la única forma de ser un buen ciudadano sea pagándole impuestos al Estado. Dejando de lado que incluso podría argumentarse que pagar dócilmente impuestos sea una forma de engordar a una ilegítima maquinaria de dominación social como es el Estado, lo cierto es que una persona puede promover el bien común de formas muy diferentes a pagando impuestos: el Estado no tiene, ni debería tener, el monopolio del ejercicio del bien común. Existen muchas otras formas de ser buen ciudadano distintas a ingresar una suma de dinero en una cuenta corriente del Estado: las más obvias son las donaciones privadas o las labores de voluntariado; pero existen otras que no por menos obvias son menos relevantes en el caso de un deportista como Márquez: por ejemplo, tratar de ser un ejemplo moral, en lo personal y en lo profesional, para los demás y especialmente para los menores de edad; esforzarse por ser cada día un mejor deportista no por el dinero que pueda obtenerse con esa mejora marginal, sino para ofrecer un mayor espectáculo a millones de personas; o intentar promover internacionalmente un buen nombre y una buena imagen de tu país.

Las formas de lograr que una sociedad sea una mejor sociedad —una sociedad donde sea más apetecible vivir para el conjunto de las personas— son muy variadas y desde luego ni se limitan ni consisten preferentemente en pagarle impuestos a Montoro. ¿Intenta ser Marc Márquez un buen ciudadano, esto es, promover una sociedad mejor más allá de su interés personal estrictamente entendido? Sí: Márquez es embajador de la Fundación Laureus dirigida a promover el deporte como herramienta de desarrollo social; colabora con la Fundación Repsol y la Fundación Isidre Esteve a la hora de fomentar el deporte entre personas con lesiones medulares; ha apadrinado la campaña Que no falte de nada orientada a repartir 20.000 juguetes en hospitales y centros de atención al menor; ha contribuido a divulgar el buen nombre de España y de Cataluña por todos los lugares del planeta; y, sobre todo, se ha convertido en un ejemplo para millares de adolescentes, muchos de los cuales han descubierto su pasión por el motociclismo y han reorientado su vida hacia esa dirección.

¿Que podría hacer más? Sin duda. Todos podemos hacer más: de hecho, aunque Márquez pagara en impuestos el 60% de su renta… todavía podría hacer y pagar más. Pero que potencialmente pueda hacer más no convierte a Marc Márquez en un mal ciudadano habida cuenta de que ya está haciendo mucho en beneficio de la sociedad. Es más, haré dos comentarios adicionales: primero, las contribuciones sociales que realiza ahora mismo Márquez son infinitamente más valiosas que los millones de euros que podría haberle entregado al Fisco español; segundo, el hecho de que Márquez se marche de España deberíamos tomárnoslo no como una ofensa sino como una alerta de cómo el Estado, y su muy onerosa fiscalidad, está destruyendo la economía y ahuyentando el talentode nuestro país: del mismo modo que aplaudimos a Google News por marcharse de España ante el intolerable canon impuesto por el Gobierno, deberíamos celebrar el canario en la mina que suponen personas como Márquez.

Conclusión

En suma, Márquez ni tiene obligación de pagar impuestos en España ni su estatus de buen ciudadano se ve alterado por el hecho de que decida no pagarlos. Entonces, ¿a qué se debe tamaña inquina contra el piloto de MotoGP? La inquina de los políticos es comprensible: se les escapa una presa a la que parasitar. La inquina del resto de ciudadanos es menos comprensible salvo en una sociedad que haya interiorizado el derecho a rapiñar las propiedades y las libertades ajenas a través de los procedimientos reglados por el Estado. Lejos de agradecerle a Márquez su obra en aras del bien común, berreamos indignados por no poderle quitar aquello que jamás nos perteneció y que no tenemos ningún derecho (ni legal, ni ético, ni moral) a que nos pertenezca.

El caso de Marc Márquez debería servirnos a todos para reflexionar no sólo sobre cómo las sociedades se empobrecen y pierden sus libertades, sino también sobre cómo se pervierten y corrompen moralmente. 

No puedo respirar

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Eric Garner era un negro de cuarenta y tantos años, bastante alto, con algo de sobrepeso y que para sacarse algo de dinero se dedicaba a vender illegal cigarrites; o lo que es lo mismo: vendía tabaco sin cumplir con la normativa que el Estado impone a esta mercancía.

Ya le habían detenido bastantes veces por ello, y al parecer por delitos igual de graves, tal como conducir sin carnet o estar en posesión de marihuana.

Hace unos meses este señor fue sorprendido de nuevo por la policía vendiendo tabaco en frente de una tienda en Nueva York. No tengo claro si la policía le intentó detener por ello o fue a raíz de la discusión que se entabló entre ellos por este motivo. El hecho es cuando le intentan esposar Eric se resiste y uno de los policías le intenta reducir utilizando una llave de judo, que seguramente unida a su sobrepeso y el asma que padecía le terminó produciendo la muerte.

Hace unos días un Gran Jurado decidió que el caso no merecía ir a juicio y, por tanto, que el policía no había cometido ningún delito al realizar la detección de vendedor de tabaco.

Hasta aquí lo hechos tal como los he podido recoger de los diferentes medios que han tratado la noticia, casi todos ellos de la forma más superficial y amarillista posible. Por suerte a las noticias les acompaña un vídeo donde cada uno puede sacar sus propias conclusiones sobre la actuación de la policía.

Por lo que he podido ver en las redes sociales, y dadas las numerosas manifestaciones que se han producido en Estado Unidos, la opinión general es que el policía se extralimitó y tenía que haber respondido ante un tribunal de la decisión de reducir a este señor del modo en que lo hizo. De hecho el lema de las manifestaciones hacen referencia a las últimas palabras que el vendedor de cigarrillos pronunció antes de morir: "I can’t breathe".

A mí también me parece que utilizar la técnica del estrangulamiento en un caso como este, donde el detenido estaba empleando una resistencia más bien simbólica, es totalmente desproporcionado y que obedece más al impulso del policía de utilizar una técnica contundente, al ver que la persona le supera en tamaño por bastante, que a que sintiera en algún momento que su seguridad, o la de sus compañeros, estaba en peligro.

En lo que no estoy de acuerdo es responsabilizar únicamente al policía de todo este embrollo. El policía detiene a este señor porque una ley impedía vender tabaco tal como lo estaba haciendo. Una vez que pones a una persona en la ilegalidad por algo tan absurdo como vender una mercancía, no puedes responsabilizar simplemente al que realiza la detención si algo va mal.

A Enric Garner nadie le tendría que haber detenido ese día, ni le tendrían que haber detenido en otras muchas ocasiones (provocándole la animadversión que se ve claramente en el vídeo contra los agentes). Este señor no era un delincuente, ni tendría que haber tenido ningún problema con la policía si no fuera porque la sociedad le puso fuera de la legalidad con leyes absurdas, que no quiso, o no estuvo en disposición de cumplir.

Fruto de la esquizofrenia de la sociedad se creó un hashtag en Twitter (#crimingwhilewhite) donde personas blancas reconocían haber cometido delitos similares sin que la policía los detuviera. Al parecer esto demuestra que el problema en Estado Unidos es el racismo de la policía, y no que se considere delito algo que claramente no lo debería ser, ya que es confesado en público por sus autores sin que ocurra nada.

Pues aunque aceptáramos que la policía aplica las leyes a rajatabla en el caso de los negros, mientras no lo hace en el caso de los blancos, no haríamos más que reconocer que al permitir al gobierno que establezca prohibiciones sobre comportamientos que no perjudican a nadie (delitos sin víctima), lo que estamos haciendo es proporcionar un arma muy poderosa a quienes ostentan el poder para discriminar a una parte de la sociedad sobre otra.

Por supuesto nada de esto es debatido en ninguna parte y todo volverá a quedar en un asunto racial. Se seguirá legislando con nuevas leyes antitabaco, y sobre otras drogas, para que ciertas elites puedean dormir mejor pensando que todos vamos a respirar aire cada vez más limpio y vamos a ser más sanos, aunque sea a costa de que más personas tengan que ser reducidas a la fuerza y dejen de respirar.

Inmigración (XVII): afganos expulsados de Irán

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

"Cualquier forma de servicio o asistencia [a los afganos] será considerado un delito y castigado con todo el peso de la ley". Hadi Ebrahimi, gobernador general de la provincia de Mazandaran. 

"Echar la culpa de la inseguridad y del desempleo a los inmigrantes es eludir la responsabilidad de cada uno… Esta conducta indigna contra los inmigrantes [afganos] en Irán deja un sabor amargo". Asghar Farhadi.

 

Persia, históricamente acogedora de afganos

Desde siempre ha habido movimientos migratorios desde lo que hoy denominamos Afganistán hacia la más próspera Irán (antigua Persia) dadas sus afinidades históricas, culturales y lingüísticas. También ha ayudado lo suyo el que la sociedad clánica de Afganistán haya hecho de la guerra su principal ocupación desde tiempos inmemoriales. Pashtunes, hazaríes, tayikos, aimakos y otros grupos étnicos afganos han cruzado ininterrumpidamente la frontera en dirección a Persia a lo largo de la historia.

El Irán petrolero moderno ha sido también desde hace décadas polo de atracción preferencial de sus vecinos afganos para buscar trabajo o escapar de sus cruentas e interminables guerras. Irán es, a día de hoy, el segundo país del mundo en recibir emigrantes afganos después de Pakistán. Según las Naciones Unidas, actualmente el número mayor de refugiados totales en el mundo procede del sufrido Afganistán seguido de cerca por Somalia, Irak, Sudán y Siria.

El gran éxodo de nueve millones de afganos (el mayor de su historia) se produjo tras la invasión soviética de Afganistán, posterior guerra civil y toma del poder por los adustos talibanes. Las autoridades iraníes, en consonancia con su tradición, se mostraron entonces razonablemente acogedoras con sus vecinos del Este al abrir sus fronteras a los mismos y permitir a un tercio aproximado de dicho éxodo el acceso a su territorio.

Se estima que en la actualidad hay más de tres millones de afganos en Irán. Al menos dos tercios de ellos se encuentran aún indocumentados. Miles de afganos siguen entrando de forma "ilegal" por sus fronteras cada año. Los afganos remesan desde Irán unos 500 millones de dólares anuales en ayuda de sus familiares; cantidad nada desdeñable para uno de los países más castigados del planeta.

Cambio de actitud de los dirigentes iraníes

Desde hace una década aproximadamente, cambió empero la percepción de los mandamases de Irán con respecto a su población de origen afgano. La creciente aproximación de Kabul a Washington (representante del Gran Satán) ha incomodado de manera extraordinaria a los dirigentes iraníes. Otros ven en la decadente economía iraní el motivo por el que sus autoridades hayan señalado a los afganos como los chivos expiatorios de la escasez y de la precariedad laboral en suelo iraní. Por descontado, no faltan acusaciones populistas de ser responsables de violar a las mujeres nativas, consumir droga, trapichear y engañar (en fin, nada nuevo bajo el sol de cualquier latitud nativista).

En consecuencia, a los afganos se les impide ya el acceso a muchas zonas o provincias del país vecino. Prácticamente todas las ciudades iraníes están vedadas para ellos y las autoridades persiguen a todos aquellos que les den cobijo o les procuren un empleo en las urbes.

Los matrimonios entre iraníes y afganos no han dado nunca derecho a la nacionalidad al cónyuge afgano ni a sus descendientes; aún así, se siguen produciendo. En 2006 se dio un paso más y se decretaron directamente como ilegales dichos matrimonios mixtos.

A pesar de las presiones de los diplomáticos iraníes hacia sus homólogos afganos, en 2012 se rubricó un acuerdo estratégico de colaboración entre EE UU y Afganistán mediante el cual se permitió a las tropas americanas permanecer en suelo afgano más allá de 2014. En respuesta a ello, el parlamento iraní aprobó en 2012 una ley por la que se restringieron drásticamente los permisos de residencia de los afganos en aquellas provincias más pobladas por ellos (Mazandaran y Hormozgan, entre otras).

La suerte de los afganos no ha hecho más que empeorar desde entonces.

El poder político contra la sociedad civil

Desde mediados de 2012 la residencia de afganos allí o sus eventuales documentos de residencia que pudieran portar quedaron invalidados de un plumazo. Las autoridades iraníes de las provincias afectadas han llevado ya a cabo la expulsión de unos 300.000 indocumentados afganos del país hasta el momento, sin importar que fueran o no refugiados. A pesar de tener obligación de escuchar las solicitudes de asilo de los mismos, fueron arrestados y lanzados al otro lado de la frontera afgana sin mayores trámites donde el peligro era y sigue siendo real y serio (contraviniendo todas las disposiciones de la Convención de Ginebra al respecto).

Según informe de la Human Rights Watch, la presión de las autoridades iraníes para evacuar el país podría estar afectando ya a unos 800.000 afganos. Incluso en algunos casos la policía ha confiscado su dinero para pagar los gastos de su deportación o les ha agredido para encerrarlos en contenedores sin ventilación alguna para su posterior expulsión (con riesgo de sofocación).

Esta presión desde dentro de Irán junto a la progresiva retirada de las fuerzas americanas y de las tropas de la ISAF de Afganistán que afecta, de momento, aún más a su seguridad ha incrementado, a su vez, el número de nuevos refugiados afganos hacia Pakistán, por lo que la tensión también en dicho país con los desplazados afganos empieza a recrudecerse. Al ser hermanos de una misma religión comunitaria fueron acogidos bien al inicio. Ya no lo son.

Los afganos residentes en Irán o sus descendientes tienen prohibido absolutamente realizar estudios superiores en física nuclear, minería, tecnología de la información, aeronáutica, ingeniería petroquímica, así como en áreas relacionadas con lo militar o lo naval.

Las autoridades de la ciudad de Isfahán prohibieron a los afganos acudir al parque público de su ciudad histórica para conmemorar cada año el "Día de la Naturaleza", celebrada por iraníes y afganos conjuntamente como viene siendo tradición.

En la provincia de Fars se ha llegado a prohibir incluso la venta de alimentos a los afganos (!). Se exige a los tenderos nativos solicitar el documento de identidad a todos sus clientes antes de intercambiar con ellos, so pena de cerrarles el negocio en caso de que no sigan las directrices de la "autoridad".

Muchos iraníes han expresado espontáneamente su solidaridad y empatía con los refugiados e inmigrantes afganos ante estas odiosas políticas de segregación de sus dirigentes. Han llegado hasta lo que un régimen teocrático permite y se han creado páginas en Facebook como el ejemplo de We are all Afghans. Todo ello con consecuencias prácticas bastante limitadas.

La libertad de movilidad debe ser universal

El caso del comportamiento de los dirigentes iraníes actuales no es más que un mero ejemplo de lo que un gobierno es capaz de hacer en nuestros días contra los inmigrantes o refugiados que caen bajo su jurisdicción. Muchos otros abusos contra los pacíficos inmigrantes se dan en el mundo como los llevados a cabo por Tailandia contra los birmanos, en México contra los guatemaltecos, en la República Dominicana contra los haitianos o en Marruecos contra los subsaharianos y así, en numerosos países más. Este es el estado lamentable de la situación.

La defensa en favor de unas fronteras más abiertas para los que desean emigrar por cualquier motivo (y su corolario, la crítica dirigida contra medidas excesivamente restrictivas o represivas a la inmigración) no debe circunscribirse sólo a un país concreto. Ha de ser necesariamente universal y atemporal.

Si uno toma en serio la libertad de las personas, esta causa no ha de ser obviada, por compleja y delicada que sea.

 

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI.

Bachelet, de espaldas al Chile moderno

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

Chile está dejando de ser la esperanza latinoamericana. Eso es grave para todos, no sólo para los chilenos.

Durante décadas, especialmente desde la llegada de la democracia a ese país, en 1989 (aunque la transformación había comenzado en época de la dictadura de Pinochet), resultaba obvio que la libertad, el funcionamiento de las instituciones de derecho, la apertura al mundo, la competencia, el mercado y la supremacía de la sociedad civil en el terreno económico habían probado que ése era el camino de la prosperidad para toda América Latina.

En Chile se confirmaba que la democracia liberal era la vía. El país, dentro de ese esquema, se había puesto a la cabeza de América Latina, más de la mitad de la sociedad se inscribía en los niveles sociales medios y la pobreza había pasado del 46 al 12%. Una verdadera proeza.

La nación de la loca geografía –una larga franja de tierra temblorosa situada entre el Pacífico y los Andes– estaba a pocos pasos del umbral del Primer Mundo, definido como las naciones que alcanzan los 25.000 dólares de producción anual per cápita. Bastaba recorrer las calles de Santiago y hablar con las gentes para percibir una sensación de optimismo y progreso mayor que en cualquier otra gran ciudad latinoamericana.

Ese espíritu se está apagando. Los datos de la encuestadora chilena Plaza Pública (Cadem) no dejan lugar a dudas. Un 71% de los ciudadanos piensa que la economía se ha estancado. Sólo un 27% opina lo contrario. Tras dos generaciones de prosperidad anual notable, con pocas contramarchas, el primer año de la presidente Bachelet se saldará con apenas un 1,6% de crecimiento, pese a que Sebastián Piñera le entregó un país que funcionaba a plena máquina.

Naturalmente, eso tiene un costo. Cuando Bachelet llegó al poder, hace sólo ocho meses, un 78% de los chilenos tenía una buena imagen de ella. Hoy sólo la aprecia el 48, mientras su Gobierno es aún más impopular: apenas un 37% lo respalda.

¿Por qué se ha frenado Chile? Fundamentalmente, por una ruptura clarísima sobre el modelo de desarrollo. Los inversionistas locales y extranjeros tienen dudas y se abstienen. Ven a la señora Bachelet más cerca del viejo Chile estatista-populista que de una nación moderna basada en las ideas de la libertad económica, y no pueden evitar una desagradable sensación de deja vu que los retrotrae a los turbulentos años del allendismo.

La perciben como una persona encharcada en las supersticiones ideológicas del distribuicionismo igualitario, obsesionada con el Índice Gini y no con la creación de riquezas, que es lo que realmente importa. Al fin y al cabo, el coeficiente Gini de Venezuela es mejor que el de Chile y no creo que nadie en sus cabales piense que la gravísima situación del manicomio chavista es preferible a la chilena.

Si la presidente Bachelet no rectifica, muy probablemente provocará la salida de la Democracia Cristiana de la coalición de gobierno. Es increíble que esta señora no advierta que la buena experiencia de las ideas de la libertad en su país ha corrido hacia el centro todo el espectro político.

El socialcristianismo de izquierda de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado ya no es lo que era. La democracia cristiana de Frei Ruiz-Tagle es diferente a la de Frei Montalva, su padre, porque entre ambos mundos existe medio siglo de inocultables éxitos liberales y el hundimiento de las recetas estatistas. El socialismo de Ricardo Lago tiene muy poco que ver con el de Salvador Allende, aunque respetuosamente cultive su memoria, porque en el camino de la lucha por la libertad Lago se transformó en un genuino socialdemócrata y enterró el lastre marxista.

En cambio, quienes no se han movido de su posición fanática son los comunistas (esos que Bachelet se empeñó tercamente en llevar a la Concertación), y continúan defendiendo un empobrecedor modelo de sociedad; pero en el pecado ideológico llevan la penitencia: la bonita Camila Vallejo, quien era muy popular cuando figuraba como revoltosa líder estudiantil de la oposición, tras pasar al Parlamento, hoy apenas tiene el aprecio del 3% de los chilenos.

Ojalá Chile retorne al carril del sentido común y el buen gobierno. Fue un faro para orientar a los latinoamericanos. Perderlo, insisto, nos perjudicará a todos.

elblogdemontaner.com

El fascismo económico de Podemos

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Por una vez, y sin que sirva de precedente, no emitiré opinión alguna sobre el programa económico que ha presentado Podemos este jueves. Simplemente, me limitaré a extraer sus principales ejes para que juzguen ustedes mismos y, así, saquen sus propias conclusiones. Por ello, tan sólo les pido que lean atentamente, y hasta el final, los siguientes párrafos y, luego, opinen, si así lo desean.

Para el problema social: NOSOTROS QUEREMOS:

  1. La promulgación de una ley de Estado que dé a todos los trabajadores una jornada legal de ocho horas de trabajo.
  2. Salarios mínimos.
  3. La participación de los representantes de los trabajadores en el funcionamiento técnico de las industrias.
  4. La administración de las industrias y servicios públicos por las mismas organizaciones proletarias (cuando éstas sean dignas de ello, moral y técnicamente).
  5. La rápida y completa sistematización de los servicios ferroviarios y todas las compañías del transporte.
  6. Una modificación necesaria del proyecto de ley de seguridad de invalidez y de jubilación en la que se disminuya el límite de edad propuesto de 65 a 55 años.

Para el problema financiero: NOSOTROS QUEREMOS:

  1. Un fuerte impuesto extraordinario sobre el capital con carácter progresivo que tenga la forma de una verdadera expropiación de todas las riquezas.
  2. La confiscación de todos los bienes de las congregaciones religiosas y la abolición de todas las bulas episcopales que constituyen una enorme responsabilidad para la Nación y un privilegio para unos pocos.


Si, llegados a este punto, piensan que el programa que acaban de leer pertenece o, al menos, se asemeja al de Podemos, paren un momento y reflexionen, ya que dicho texto es, en realidad, obra del fascismo italiano que lideró Benito Mussolini y, más concretamente, son las bases fundacionales que recoge el denominado Programa de Sansepolcro.

Continuemos, ahora sí, con las principales medidas económicas que defiende Podemos.

  • Intenso intervencionismo estatal en la economía y rígida regulación laboral para proteger a los trabajadores y acabar con el paro.
  • Control de precios en productos de primera necesidad para asegurar su aprovisionamiento y, de este modo, paliar las necesidades que atraviesa la población con menores recursos.
  • Un plan de estímulos para apoyar las "industrias de interés de nacional".
  • Aranceles a las importaciones.
  • Control férreo sobre la inversión extranjera en sectores "estratégicos".
  • Creación de un nuevo organismo público para financiar la reindustrialización de España.
  • Aumentar el gasto público y subir impuestos, cayendo, si es necesario, en fuertes déficits públicos para impulsar el PIB y crear empleo.
  • Financiación del déficit mediante compras directas del banco central […]

Una vez más, si no han detectado nada extraño en este tipo de propuestas, fuertemente estatistas, deténganse de nuevo porque, en realidad, pertenecen al período económico más negro del franquismo, el régimen autárquico que imperó en España desde el fin de la Guerra Civil hasta bien entrados los años 50.

Muchos de ustedes pensarán que estas medidas, defendidas también por Podemos, son irrealizables dentro de la UE y el euro, pero lo cierto es que, tal y como proclaman sus principales líderes, el partido de Iglesias apuesta, en última instancia, por abandonar la Unión Monetaria, recuperando así la "soberanía" perdida para llevar a cabo su particular plan.

Quizá por esta razón Podemos ha obtenido también la simpatía y apoyo del líder falangista Ricardo Sáenz de Ynestrillas, quien ha comparado el discurso de Pablo Iglesias con la "genuina Falange de José Antonio [Primo de Rivera]", argumentando que es el mismo discurso, pero "dulcificado".

Los extremos se tocan y, en este caso, es evidente que el recalcitrante y liberticida anticapitalismo que profesan los líderes de Podemos y Falange –vean sino este vídeo– no es más que un nuevo reflejo del totalitarismo que asoló medio planeta el pasado siglo. Comunistas y nazis convergen, una vez más, en su plan para anular cualquier atisbo de libertad y humanidad. Iglesias e Ynestrillas son dos caras de la misma moneda, al igual que en su día lo fueron Hitler y el Che.

Y para todos aquellos ilusos y descreídos que sigan negando la evidencia, amparándose en los mensajes buenistas de Podemos y en el calculado distanciamiento de su naturaleza bolivariana, tan sólo advertir que no es la primera vez ni será la última que un aspirante a dictador miente para alcanzar el poder.

Mateo 7:15

Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.

1980: un homenaje a la libertad

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Cuando supimos de la iniciativa que tenía en mente Arteta, le felicitamos desde este mismo medio de comunicación. Anteriores trabajos suyos como 13 entre mil o El infierno vasco fueron auténticas joyas que reflejaron sin aspavientos el terror sembrado por eta durante décadas, poniendo en valor el rol de las víctimas, olvidadas antes y parece que ninguneadas ahora.

1980, además, cuenta con otra virtud. La carencia de subvención alguna por parte de los poderes públicos, ha hecho que su financiación se haya realizado fundamentalmente a través de la técnica del crowfunding. TVE y Telemadrid sí que han secundado este proyecto, la televisión autonómica vasca (ETB), no. ¿Alguien se sorprende de esto último?

El nacionalismo vasco defiende la tesis del final "dialogado" o "sin ganadores ni perdedores", sofisma que, desgraciadamente, sectores del PP y PSOE están comprando y haciendo suyo, quizás para no quedarse al margen de la mayoría. En consecuencia, el desamparo de las víctimas aumenta, al mismo tiempo que se pervierten los términos en que la historia debe ser transmitida a los más jóvenes. Instalarse en la poltrona de la "paz" es lo cómodo, es decir, justo lo contrario a lo que hace Arteta en su película, donde el realismo suple al falso optimismo con que las elites políticas nos venden la derrota de eta.

Como sucediera con los títulos anteriormente mencionados, son pocas salas las que se han lanzado a proyectar la película (en Madrid, los cines Renoir, sitos en la Calle Princesa). Con esta forma de operar, bien condicionada por criterios económicos, bien por haber caído de bruces en los parámetros de lo políticamente correcto, va a ser difícil construir un relato que ponga el valor la importancia, protagonismo y memoria de las víctimas. Por ello, al ir a contracorriente, Arteta se anota un nuevo tanto pues se opone al nacionalismo obligatorio e identitario, al mismo tiempo que lo combate.

El producto final merece la pena. Un trabajo bien documentado en el que a través del testimonio de las víctimas, nos acerca cómo era el ambiente en el País Vasco a comienzos de los 80. Imágenes impactantes combinadas con aportaciones como las de Gorka Fernández, Teo Uriarte, Florencio Domínguez, Aurelio Arteta o Ander Landáburu… quienes diseccionan desde el presente lo que fueron aquellos años, señalando culpables y responsables.

El espectador podrá comprobar las razones por las que el centro-derecha no nacionalista careció de presencia en la política vasca hasta los 90. En efecto, durante la Transición y "los años de plomo", quienes defendían siglas como las de AP o UCD, fueron perseguidos, amenazos y buena parte de ellos, asesinados. El miedo se apoderó de la sociedad vasca y la cobardía fue la respuesta de un sector significativo de la misma que prefirió el silencio cómplice, la equidistancia o el cinismo ilustrado en la frase "algo habrá hecho".

En este sentido, el documental de Arteta muestra a las claras cómo se invertían los papeles, de tal modo que las víctimas se convertían en victimarios. De hecho, en la mayor parte de las ocasiones, tras el asesinato, la familia del asesinado debía de hacer frente a un torrente de falsas acusaciones que, a su vez, habían servido para justificar la comisión del crimen. En otros casos, debían abandonar la localidad.

Todo ello aparece bien desmenuzado y mejor documentado en la obra de Arteta. 102 minutos trepidantes y emocionantes. Un homenaje a aquellos que han caído en el olvido y que gracias a trabajos como éste, recuperan el lugar que les corresponde como referentes éticos y morales.