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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Alberto Garzón, abrumado e ilustrado

He leído varios comentarios de Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida. Habló, por ejemplo, del "Estado de Bienestar, conquistado por la presión de los trabajadores de la lucha antifranquista", una tesis asombrosa, porque fue el franquismo el que extendió el Estado de Bienestar, como hicieron todos los gobiernos del mundo, democráticos o no. Otra joya es: "La democracia sólo es posible si no estamos en el capitalismo", como si no hubiera suficientes testimonios de lo que pasa con la democracia cuando el capitalismo es aniquilado, que es, de hecho, lo que este totalitario recomienda:

Si hubiera una democracia real, económica, nuestra capacidad de acción iría mucho más allá que un voto cada cuatro años. Decidiríamos qué hacemos con los recursos económicos, a qué los destinamos.

No se le ocurre ni por un minuto que eso de "qué hacemos" con las cosas de los demás plantea algunos pequeños problemas en términos de la libertad de los ciudadanos.

Pero el Sr. Garzón no está abrumado por la cuestión de la libertad sino por lo siguiente:

Que lo que producimos, distribuimos y consumimos obedece a la lógica de la ganancia.

Esta jeremiada es muy popular y la repiten muchos, desde comunistas hasta clérigos, sin tomarse la molestia de pensar, primero, en por qué es mala la ganancia, cuando es algo que todo el mundo quiere y puede conseguir sin fastidiar al prójimo; y, segundo, en qué sucede cuando la producción, la distribución y el consumo no obedecen a la lógica del beneficio: en ese caso se pliegan a la lógica de la política, con las desastrosas consecuencias que el intervencionismo comunista y no comunista ha provocado en el último siglo.

Una última nota histórica. Lógicamente, después de tantas víctimas, ahora ya los comunistas no reivindican el comunismo real abiertamente. Pero don Alberto Garzón aseguró que, aunque lo bueno de los comunistas fue que, efectivamente, abolieron la lógica de la ganancia, también "olvidaron los principios de la Ilustración". La realidad fue exactamente la contraria: la abolición de esa lógica, que en los países comunistas condenó a millones a morir de hambre, encaja perfectamente con la letal arrogancia intervencionista de la Ilustración continental, y la francesa en particular, de la que los comunistas se sintieron legítimos herederos, y lo eran. Durante muchos años, incluso después de compuesta La Internacional, los comunistas terminaban sus mítines con una misma canción: La Marsellesa.

No es la inmigración, estúpido

Aunque ha pasado ya más de una semana, toda Europa sigue conmocionada por el atentado en la redacción de Charlie Hebdo. Los crímenes de los islamistas siempre concitan gran trompetería mediática y un sinnúmero de golpes en el pecho, condenas grandilocuentes y apelaciones compungidas a las libertades que aquí, en Occidente, disfrutamos pero que podríamos dejar de disfrutar en breve si estos bárbaros terminan prevaleciendo. En el caso del semanario francés no iba a ser diferente, y más habida cuenta del brutal desenlace dos días después en el supermercado judío y en aquella imprenta de las afueras de París.

Esta vez han cambiado los actores pero la cantinela ha sido la misma que en ocasiones anteriores. Los unos con el cuento de que la inmigración –la musulmana y, ya metidos en harina, toda la demás– es la culpable de que sucedan estas cosas. Para acabar con el problema piden poco menos que cerrar las fronteras y llenar las garitas aduaneras con efectivos de las fuerzas especiales. Los otros posan su dedo acusador sobre los sospechosos habituales, a saber: el capitalismo y Estados Unidos (por este orden), causantes en primera y última instancia del desastre general en el que habita el mundo árabe y que, según ellos, es la madre nutricia de todos los radicalismos. La solución que ofrecen estos oscila entre el buenismo al uso zapaterino y la revolución bolchevique. La gran ventaja de los marxistas es que utilizan la mismo cubierto para todo: para la sopa, para el bistec y para pelar la fruta. En su mundo simplón y maniqueo los buenos son buenísimos y los malos malísimos. Por eso cualquier ganapán es capaz de hacer sesudos análisis salteados por una verborrea inconfundiblemente espesa al estilo de la que Íñigo Errejón emplea en los debates televisivos para pasmo de una audiencia que no está habituada a tantas subordinadas juntas.

La despreocupada y envejecida Europa necesita respuestas rápidas y soluciones mágicas que hagan desaparecer el mal de un golpe. La gente las compra precisamente por esa razón. El problema es que son recursos tan manidos que hasta refutarlos cansa. La inmigración, por muy flamencos que se pongan los de Pegida y afines, no es la causante del atentado de París. Esto es un hecho. Los autores de la matanza de Charlie Hebdo, los hermanos Kouachi, no habían emigrado de ningún sitio, ya eran franceses, nacidos ambos en el mismo París, criados en un banlieu del extrarradio y educados en el sistema escolar estatal. Lo mismo puede decirse de Amedy Coulibaly, el terrorista que se atrincheró en el supermercado y que acabó con la vida de cuatro rehenes. Al parecer Coulibaly y los Kouachi se habían conocido en prisión años antes, cuando los tres cumplían condena por atraco a mano armada. En aquel entonces ni los unos ni el otro tenían la más mínima veleidad islamista. Eran quinquis sin más apellidos que los consignados en la ficha policial.

El hecho es que los delincuentes ya estaban ahí y ejercían de tales. También estaba ahí el que les metió esas ideas en la cabeza, que probablemente fue un imán echado al monte de los que tanto proliferan por las comunidades musulmanas de toda Europa occidental. Quizá lo único que vino de fuera fueron los fondos que financian esos centros de adoctrinamiento intensivo para jóvenes marginales que tienen como proyecto de fin de carrera un viaje iniciático a Irak, a Siria o a Libia en el que los doctorandos se ejercitan en vivo con las armas y los explosivos. Visto así, Europa más que importar terroristas islámicos los exporta, y en cantidades crecientes. De un tiempo a esta parte es muy habitual leer entre las noticias del día que tal o cual español está en las milicias del ISIS pegando tiros en nombre de Alá. Y quien dice español dice francés, alemán, británico o belga.

Los Gobiernos europeos saben que esto es así. La policía sigue la pista a todos los que están metidos en el ajo, como en los años setenta sabía qué jóvenes del barrio militaban en aquellas bandas terroristas de extrema izquierda que la URSS financiaba generosamente con vistas a desestabilizar al enemigo. De ahí que sorprenda ver a todo el politiquerío tirándose de los pelos como si esto fuese una agresión externa. Algo inconcebible, inesperado, que se solucionará tan pronto como puedan husmear legalmente en nuestro Whatsapp y hacernos colonoscopias en los aeropuertos. Por su seguridad, ya sabe. El miedo es el arma más poderosa que existe. Los políticos saben emplearla mejor que nadie. De esto va la cosa, y no de la inmigración. Apúnteselo bien para que la próxima vez –que la habrá– no vuelvan a dárselas con queso.

La tolerancia: valor central del liberalismo

Entre muchas otras cosas, el filósofo estadounidense John Rawls es famoso por haber distinguido entre concepciones integrales y concepciones políticas de la justicia. Las primeras pretenden fundamentar un determinado orden jurídico apelando a su particular concepción del bien en aspectos mucho más amplios que la estructura política básica de una sociedad: es decir, son concepciones de la justicia basadas en imponer mi visión del bien común a los demás. Las segundas, en cambio, son concepciones de la justicia que únicamente se refieren a la estructura política básica de la comunidad y que, además, aspiran a poder ser defendidas desde concepciones integrales de justicia muy distintas: es decir, son concepciones de justicia que buscan respetar el pluralismo filosófico de las sociedades modernas y que únicamente tratan de averiguar cuáles son los mimbres esenciales que garantizan una convivencia social mínima y que, a su vez, pueden defendidos desde visiones razonables del bien común muy divergentes.

El liberalismo, como marco filosófico que busca establecer o refrendar un orden jurídico, también posee un concepto de justicia integral y un concepto de justicia político. El liberalismo integral es aquel que aspira a que todas las personas (o una amplia mayoría) suscriban los valores morales propios del liberalismo: el valor de la autonomía personal, el valor de la diversidad, el valor de la pluralidad, el valor de la ayuda mutua, el valor de la racionalidad, el valor del progreso científico, el valor de la honestidad intelectual, el valor del escepticismo, el valor del coraje empresarial o el valor de la tolerancia. Son los valores morales sobre los que el liberalismo pretendía edificar el progreso social (lo que la economista Deirdre McCloskey ha denominado “virtudes burguesas”).

El objetivo del liberalismo político

Por otro lado, el liberalismo político es aquel que busca construir un marco jurídico mínimo dentro del que todos los ciudadanos puedan convivir: vive y dejar vivir. Poco más. Los valores básicos del liberalismo político apenas son el respeto a la libertad, a la propiedad y a los contratos, esto es, los pilares esenciales de la cooperación pacífica dentro de una sociedad. Dentro de ese marco jurídico mínimo, cualquier ciudadano puede desplegar su particular concepción del bien común sin tratar de imponérsela coactivamente a nadie. Robert Nozick calificó al liberalismo político como “el marco para las utopías”: un contexto institucional donde cualquier utopía resultaba realizable a través del acuerdo mutuo de las partes implicadas. Acaso por ello podamos decir que la tolerancia sea el metavalor verdaderamente central del liberalismo político: la tolerancia hacia la autonomía de las personas para poder desarrollar sus propios planes vitales (autonomía que se alcanza respetando la libertad, la propiedad y los contratos de cada persona por separado).

Una persona no puede calificarse a sí misma de liberal sin ser liberal en lo político, pues esto constituye el mínimo indispensable para poder reconocerse como tal. Sí puede, en cambio, reconocerse como liberal sin ser liberal integral. Por eso en España encontramos liberales conservadores, liberales progresistas, liberales católicos, liberales ateos, liberales altruistas, liberales egoístas, liberales anti-islam, liberales pro-islam, liberales pro-Israel, liberales anti-Israel, liberales unionistas, liberales secesionistas, etc. El liberalismo político solo busca, como digo, un consenso de mínimos en torno a la estructura básica de la sociedad, no alrededor de todas las demás características y valores que caracterizan la buena vida social. De hecho, según Rawls, la verdadera grandeza del liberalismo político consiste en que resulta razonable defenderlo, también, desde posiciones no liberales: la tolerancia hacia las ideas, hacia las distintas y heterogéneas visiones de bien común puede convertirse en la piedra angular de cualquier concepción de justicia que repute a la sociedad como un marco de cooperación y convivencia mutuamente beneficioso.

Es más, uno incluso podría imaginarse formas en las que el liberalismo integral se comportara de maneras peligrosamente antiliberales: no han sido pocos los liberales que históricamente han considerado los valores máximos del liberalismo —las virtudes burguesas— tan superiores a todos los demás que han caído en la paradójica tentación de querer imponérselos al resto de sus conciudadanos mediante el Estado. Conocido es el caso, por ejemplo, de la tolerancia: si la tolerancia es tan importante, no ya en lo relativo a la estructura política básica de una sociedad sino también en lo relativo a las plurales concepciones de buena vida, ¿por qué no perseguir a los intolerantes? ¿Por qué no obligar a todo el mundo a ser tolerantes? Pero la tolerancia del liberalismo político se extiende también hacia los intolerantes que no pretendan canalizar semejante intolerancia a través del uso de la violencia (o de llamamientos a la violencia). Un orden social liberal ha de dar cabida a todas aquellas manifestaciones de intolerancia que no atenten contra la libertad de los demás (contra la estructura política básica): ya sean blasfemias contra una religión, ya sean ofensas directas o indirectas hacia las víctimas del terrorismo, ya sean manifestaciones culturales de un grupo humano que consideremos arcaicas y contrarias a la modernidad.

El objetivo del liberalismo integral

Ahora bien, que el liberalismo político deba tolerar la intolerancia no significa que el liberalismo integral deba abrazarla de manera relativista y acrítica. Una cosa es que el liberalismo integral deba evitar imponer sus valores a través del Estado; otra que deba renunciar a difundirlos dentro de la sociedad. Quienes nos consideramos liberales —no sólo en lo que se refiere a la estructura política básica sino también en nuestros valores personales— no podemos más que promover la tolerancia como una virtud ciudadana clave en la gestación un orden social cordial y estable en el tiempo: si puedes comprender al prójimo, compréndelo; si no puedes comprenderlo pero crees que puedes aceptar su comportamiento, acéptalo; si no puedes aceptar su comportamiento y necesitas criticarlo, intenta hacerlo generando la menor ofensa posible. Y si otra persona se salta todas estas reglas elementales, respeta su libertad para saltérselas pero intenta mostrarle pacíficamente por qué su actitud frentista no es buena.

Ser tolerante a la hora de no querer imponer coactivamente concepciones integrales sobre la moral no es lo mismo que ser indiferente con respecto a cualquier conjunto de valores que profesen tus conciudadanos; y no ser indiferente hacia cualesquiera valores ajenos, tampoco implica que estemos legitimados a limitar la expresión pacífica de tales valores disfuncionales o a adoctrinar a la gente con otro conjunto de valores. El liberalismo integral sí posee una visión de la buena sociedad, pero, en plena coherencia con el liberalismo político sobre el que inexorablemente descansa, no es una visión de la buena sociedad que deba imponerse de arriba abajo, sino que debe defenderse, promoverse y difundirse de abajo arriba. La batalla de las ideas y de los valores.

Si entendiéramos que “permitido” no es igual a “bueno” y que “malo” tampoco es igual a “no permitido”; si entendiéramos que uno debería ser tolerante en lo político con los intolerantes no violentos y, al mismo tiempo, crítico en lo moral con las posiciones intolerantes y crispantes dentro de la sociedad, entonces es muy probable que muchos de los tristes debates sobre los límites de la libertad de expresión o de la libertad migratoria que hemos presenciado en la última semana jamás se hubiesen producido. La tolerancia debe ser el metavalor de la estructura política básica de una sociedad (aceptar a cada persona como un agente autónomo con legitimidad para impulsar sus planes de acción), pero también deberíamos aspirar a que fuera el valor moral que impregnara las relaciones sociales voluntarias (la virtud deseable en los tratos personales de todo buen ciudadano, amigo o familiar).  

Lenguaje y libertad de expresión

La ética de la libertad se basa en los equivalentes o complementarios derecho de propiedad y principio de no agresión: uno es libre de hacer lo que quiera (nada está prohibido ni es obligatorio) en el ámbito de su propiedad sin interferir violentamente con lo ajeno, sin agredir o coaccionar a otros. Está prohibido hacer el mal (dañar a otros), y no es obligatorio hacer el bien (ayudar a otros). El propietario manda sobre su propiedad y no tiene ningún derecho sobre lo que es de otros. Este es el único sistema normativo con carácter universal y simétrico que es además funcional: sirve para evitar, minimizar o resolver conflictos, y fomenta el desarrollo humano y la convivencia pacífica y armoniosa. Es posible modificar esta norma básica universal mediante contratos o acuerdos voluntarios entre las partes involucradas: así se intercambia la propiedad sobre los bienes y se generan prohibiciones, obligaciones y derechos positivos particulares que sólo afectan a las partes contratantes.

La ética de la libertad puede modularse, modificarse o precisarse según qué se entienda como agresión o daño. Agresiones típicas y claras son el asesinato, los daños físicos contra la persona o los bienes ajenos, la violación, el secuestro y el robo. Los actos de habla o expresiones lingüísticas (verbales, escritos, dibujados, cantados, expresados corporalmente o mediante otros actos simbólicos) no constituyen violencia física ni robo de bienes materiales, y por lo tanto, según la visión más restringida o estricta de lo que constituye una agresión, cada individuo es en principio libre de decir o escribir lo que quiera siempre que no obligue a otros a escuchar o leer ni les exija proporcionarle los medios necesarios para producir y transmitir su mensaje. Nadie tiene derecho a censurar a otros o impedirles expresarse libremente.

Sin embargo algunos conflictos sociales se deben a interacciones lingüísticas: mediante el habla es posible causar daños que pueden ser percibidos subjetivamente como graves; los intercambios verbales pueden subir de tono y propiciar agresiones físicas.

El lenguaje es una herramienta que puede utilizarse tanto para la cooperación (permite la coordinación social entre los agentes) como para la competencia: transmitir datos, información o conocimiento; compartir opiniones, expresar deseos, preferencias, valoraciones; influir sobre los demás, emocionarlos y manipularlos; dar consejos o recomendaciones; crear, mantener o romper relaciones; mostrar aprecio o desprecio, declarar amor u odio, aprobación o rechazo; desear el bien o el mal; infundir miedo, transmitir advertencias o amenazas; realizar promesas; señalar lealtad y compromiso; hablar bien o mal de algunos, cotillear, chismorrear, esparcir rumores; alabar o humillar; mentir, engañar, estafar; mostrar respeto o falta de respeto; demostrar sumisión o superioridad; insultar, burlarse, mofarse, reírse de otros; injuriar, difamar; criticar de forma constructiva o destructiva; atacar a unos y defender a otros.

El lenguaje funciona entre individuos a través de sus relaciones pero también los une y separa en grupos a distintos niveles de agregación. Los cooperadores tienden a hablar bien unos de otros, se muestran respeto y se ríen juntos; los competidores tienden a insultar u ofender, hablan mal y se ríen o burlan unos de otros (de forma más o menos explícita o intensa).

Al decir algo (y al callar) los individuos no sólo hablan acerca de otros sino que también transmiten información sobre sí mismos: qué tipo de persona se es, de qué cosas se habla y de cuáles no, cómo se habla. Por prudencia la gente no suele decir todo lo que piensa y limita voluntariamente su libertad de expresión usando su propio juicio para decidir qué decir y qué callar. Es posible callar para no herir al otro o para evitar daños contra uno mismo por la reacción del otro. Es peligroso decir que el emperador está desnudo o denunciar las corruptelas, mentiras, trampas, incompetencia o abusos de los poderosos.

Las críticas a otros pueden intentar ser constructivas y respetuosas, pero también son posibles los ataques ofensivos que pretenden causar daño, provocar, avergonzar, humillar, ridiculizar: sátira, humillación, infamias, injurias, escarnio, calumnias, libelo, difamación. Además de incluir algún argumento estos ataques pueden referirse a diversos defectos, prácticas o creencias: estulticia, fealdad o rasgos desagradables en general (olores), atributos o prácticas sexuales; falta de éxito (recordar alguna derrota, fracaso o humillación), honor, coraje; indignidad; pueden utilizarse obscenidades, referencias degradantes a excrementos y desechos corporales, y realizar comparaciones con animales detestables.

Los seres humanos son animales hipersociales preocupados por su estatus, reputación, prestigio, fama, dignidad u honor. Quieren ser percibidos como buenos cooperadores o amigos (leales, fiables, honestos, comprometidos, competentes, eficientes), y como temibles competidores o enemigos (para evitar la posibilidad de ser atacados o consolidar una posición de superioridad y dominio sobre otros). Les importa mucho lo que los demás piensan y dicen de ellos: lo que piensan, porque en eso consiste la reputación, y lo que dicen, porque mediante el lenguaje los individuos influyen sobre lo que piensan los demás (la gente suele creerse lo que le dicen, la actitud racional crítica y escéptica es difícil y el sesgo de confirmación está generalizado).

Es muy difícil comprobar y controlar plenamente lo que la gente piensa, pero es más factible y práctico influir sobre lo que se dice, especialmente cuando se hace en público: es más fácil de comprobar y se trata de actos lingüísticos mucho más importantes por su impacto más generalizado sobre los receptores de los mensajes (no sólo porque son más, sino porque además cada oyente o lector sabe que no es el único, que hay otros receptores que comparten el mensaje, lo cual puede permitir su coordinación); es posible prohibir ciertas expresiones (críticas, disenso), y obligar a realizar otras (muestras de sumisión, de compromiso, de conformidad).

La cultura (costumbres, tradiciones, vestidos, gastronomía, expresiones artísticas, música, danzas, leyendas, mitos, idiomas, acentos) y muy especialmente las creencias (sobre todo las religiosas pero también las políticas) pueden utilizarse para delimitar y cohesionar grupos (especialmente si son extensos y no pueden gestionarse mediante relaciones personales entre conocidos), para saber quién es miembro y quién no, para fomentar la uniformidad y la conformidad y para comprobar el compromiso y la lealtad del individuo con el colectivo.

El ámbito religioso suele ser especialmente problemático para la libertad de expresión. Ciertos líderes (profetas, héroes, mártires, santos, semidioses, dioses) pueden servir como representantes o puntos de referencia de un grupo, y atacarlos verbalmente a ellos equivale a atacar a todo el grupo. Ciertas creencias arbitrarias o absurdas pero consideradas sagradas (tabús intocables, dogmas irrenunciables) pueden servir como señal honesta costosa para probar la lealtad o respeto al grupo: el miembro fiel renuncia a la racionalidad crítica y a la expresión abierta de dudas, no se queja o protesta, participa activamente en los rituales y repite regularmente el credo común; el hereje, disconforme o impertinente muestra que es individualista y no conformista, que le interesa más la verdad que la solidaridad con el colectivo expresada a través de los autoengaños compartidos; el apóstata es un traidor desleal; los enemigos muestran su hostilidad mediante la burla blasfema y la demonización del adversario.

El hecho de que ciertas creencias o prácticas sean intelectualmente débiles y fácilmente ridiculizables puede no ser un error sino un rasgo de diseño: son sensores de respeto, sirven para detectar al problemático o al enemigo y para incitar a los miembros a que demuestren su lealtad al sentirse ofendidos por los ataques o críticas. Las creencias religiosas (y frecuentemente las políticas) suelen implicar autoengaño y cierto grado de fanatismo (tienen que importar o afectar al individuo de forma íntima para incitarle a actuar). Indignarse de forma pasional y resentida ante los ataques críticos es la forma de advertir que estos no se toleran y que provocarán alguna represalia. Algunas civilizaciones, culturas o etnias dan mucha importancia, incluso obsesiva, al honor, no sólo individual sino también familiar. No todas las religiones (ni todos los creyentes) son iguales en su tolerancia o intolerancia con los blasfemos, herejes, apóstatas o creyentes de otras fes, y su actitud puede cambiar según las circunstancias históricas.

Permitir una crítica o burla o no reaccionar agresivamente ante ella puede indicar debilidad o fortaleza: el inferior no responde por miedo; el superior desdeña, desprecia al no atender; el indiferente no se ve afectado, o se contiene o no querer entrar en el combate verbal o físico. Las burlas o humillaciones pueden utilizarse por los poderosos contra los débiles o por los débiles contra los poderosos: los opresores pueden estigmatizar o deshumanizar a los oprimidos; los débiles pueden reírse de la solemnidad de los mandatarios y criticar sus abusos.

Las limitaciones legales de la libertad de expresión pueden proceder de diversas fuentes o tener distintas motivaciones: los gobernantes quieren evitar conflictos, o que se denigre o discrimine a determinados colectivos; aquellos individuos o grupos que pueden verse afectados negativamente por ciertas cosas que otros digan promueven leyes que defiendan su honorabilidad o dignidad; los poderosos opresores evitan ser criticados e impiden que los oprimidos se organicen para oponerse a ellos; los tramposos, delincuentes o criminales no quieren ser denunciados; algunos creyentes religiosos de frágil sensibilidad no aspiran al martirio y pueden exigir que las leyes protejan de forma especial sus convicciones.

Si algunos actos verbales se consideran agresivos, tal vez la respuesta legítima proporcional no sea usar la fuerza contra las palabras sino defenderse mediante otros actos verbales críticos: si uno puede decir lo que quiera sobre cualquier cosa, otros pueden igualmente criticar esas expresiones como deseen. Es posible practicar el repudio social o el boicoteo contra quienes sean considerados ofensivos, o ignorarlos y no alimentar su deseo de atención. Para madurar como individuos y sociedades conviene practicar el escepticismo y no ser hipersensibles o fácilmente irritables. Quienes quieren que otros no se burlen de ellos podrían no hacer cosas de las cuales sea fácil reírse en lugar de exigir la prohibición de esas burlas. Aquellos que lo deseen pueden pactar normas contractuales que limiten su libertad de expresión, pero no pueden exigirles lo mismo a quienes no estén interesados.

Defender el derecho a expresar cualquier idea no es equivalente a defender o estar de acuerdo con esas mismas ideas ni implica tener que participar en su difusión: es posible defender el derecho a expresar cosas que se califican como estupideces, o ideas erróneas o nocivas.

Tolerancia no es solamente permitir aquello con lo que no estamos de acuerdo: es no prohibir lo que nos disgusta, asquea o repugna, lo que resulta repulsivo y puede herir los sentimientos, especialmente si tiene algún contenido moral.

Libertad total de expresión puede significar que mediante el lenguaje se mienta, se acuse falsamente de delitos, se defiendan las violaciones de la libertad, la violencia o la incitación a la misma, se coordinen agresiones, o se produzcan humillaciones y vejaciones contra individuos o colectivos oprimidos o estigmatizados. Pero aquellos que se expresan así pueden atraer la atención de otros y ser rechazados de forma masiva, o si se considera que realizan amenazas efectivas de agresión física puede actuarse de forma defensiva contra ellos.

La no existencia de críticas o lenguaje ofensivo en una sociedad puede facilitar la convivencia al evitar conflictos, pero también puede implicar que las conductas o ideas erróneas no se corrigen, que los delitos o crímenes no se denuncian, que la opresión se mantiene, que el conocimiento no avanza, que la cultura se estanca por falta de movimientos rompedores, o que la gente no sabe qué es lo que realmente piensan los demás. El prohibir las críticas y las ofensas puede llevar a que se realicen a escondidas o de forma anónima.

Es común distinguir entre la crítica a las ideas y la crítica a las personas que las expresan o defienden: se insiste en respetar a las personas al criticar las ideas, tal vez porque las ideas no se enfadan, no sufren, no se sienten humilladas, no les importa nada. Son los individuos quienes tienen, asumen y comunican ideas, y a través de las ideas se critica a las personas que las tienen; las ideas no son agentes, por sí solas no hacen nada, deben estar en la mente de alguien que actúe para ser peligrosas.

Escribo tu nombre, libertad

En estos difíciles momentos, cuando el olor de la pólvora y la sangre del aberrante atentado de París no se han disipado del todo, resulta indispensable hallar una respuesta enérgica ante la brutalidad de este crimen, así como aliviar las repercusiones que este nefasto hecho tendrá en occidente.

Sostengo que es posible evaluar con realismo la magnitud de estos homicidios si consideramos a la libertad como el bien político más elevado, y explicar debidamente su significación en los términos de su expresión intelectual más acabada, el liberalismo. De esta manera, los periodistas y caricaturistas asesinados en Francia han muerto en nombre de una libertad insustituible, que nos interpela siempre a quienes habitamos en las sociedades generadas y nutridas por ella: la de creer lo que mejor les parezca, realizando sus proyectos de vida en torno a esas creencias y pareceres particulares, y que se proyectan en los demás en torno a un marco institucional que, respetando y haciendo respetar al prójimo y sus derechos, no contempla el crimen como respuesta si tales creencias y su expresión resultan blasfemas a otros.

Así explicado, se intuiría a primera vista que esa visión no entraña ningún peligro. Pero este acto barbárico nos ha sacado de nuestra zona de confort. Cual un alarido que no cesa, nos grita de forma rotunda que la libertad y su solo ejercicio es peligrosa para muchos, que hay millones de seres humanos convencidos de ello y por ende prefieren –sin dudarlo un instante– la devota sumisión como la agradecida esclavitud, que no surge naturalmente, que es resultado de un delicado y paciente trabajo de filigrana, que en cada momento es posible perderla sin recuperarla o lográndolo a un altísimo costo y que está permanentemente a merced de quienes, saturados como están de sus ímpetus autoritarios, van a terminar de una vez y para siempre con ella mediante una revolución, un golpe de Estado, una corrupción sin freno ni límite, o, según este caso, ejerciendo el terrorismo como antesala para imponer un totalitarismo religioso de fervorosos feligreses en lo que alguna vez fuera una república democrática de ciudadanos libres.

En cuanto es un disparo a sangre fría al corazón de nuestra libertad, rechazar enérgicamente este acto vesánico es el primero de muchos pasos para garantizar la supervivencia del estado de derecho y el régimen democrático en nuestros países. Y no sólo los deben dar los gobiernos que garantizan nuestra vida y seguridad, persiguiendo, enjuiciando y encarcelando con el máximo rigor a quienes, como los terroristas de París, tienen como propósito de vida destruirnos si no comulgamos con su proyecto teocrático. También, las empresas, los medios de comunicación, los líderes y organizaciones sociales y culturales, entre otros, que no deben ser presas del pánico y autocensurarse por temor a la violencia islamista: se volverían rehenes de estos extremistas, acabarían con la libertad de expresión que tanto costó en occidente, y que millares han respaldado en calles y plazas estos días, pero sobre todo deshonrarían el legado de los redactores y caricaturistas de Charlie Hebdo, quienes cumplieron cabalmente con la frase que Cervantes le hace decir al Quijote: "por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres".

Finalmente, este atentado debe constituir el parte aguas definitivo para los musulmanes de Francia y del mundo que seguramente ansían la paz y vivir según el modo de vida occidental, de rechazar este crimen y distinguirse de una vez de los grupos terroristas que merecen toda la severi­dad penal y militar que corresponda. Su cada vez más peligroso silencio incrementa los temores del resto de la sociedad civilizada, alimenta los votos y los argumentos de los nacionalistas europeos y de otras latitudes que harán lo indecible para expulsarlos de sus países, y justifica, en particular, la desconfianza de que el Islam inicie un proceso de secularización como lo han hecho otras religiones. Así, para poder convivir civilizadamente, católicos, musulmanes, ateos, todos, como en el poema de Eluard, debemos escribir tu nombre, libertad, para realizarla y ejercerla. Ojalá así sea.

Yo apoyo la libertad de expresión

El otro día fui a ver la película The imitation game donde relatan la vida de Alan Turing, y cómo pasó de ser un héroe por su decisiva contribución a descifrar las comunicaciones alemanas en la segunda guerra mundial a ser un delincuente cuando fue descubierto que mantenía relaciones sexuales con otro hombre a cambio de dinero.

Es un buen ejemplo de las miles y miles de personas que han tenido que pasar por situaciones similares, y mucho peores, a lo largo de la historia simplemente por tener una orientación sexual distinta a la de la mayoría. Y lo peor es que en muchos lugares del mundo sigue ocurriendo.

Por eso, precisamente porque la persecución de los homosexuales se ha realizado en base a una mayoría que persigue a una minoría, es por lo que los comentarios, bromas y opiniones injuriosas contra los homosexuales deben ser repudiados, consiguiendo así que sus autores sean conscientes de que en estos tiempos ellos son la minoría, y que no podrán imponer más leyes absurdas sobre este ámbito.

En cambio no se puede caer en algo que sería mucho peor: aplicar el rodillo de la mayoría a quienes tienen opiniones minoritarias, por muy absurdas y repugnantes que éstas sean.

Si algo se puede aprender del caso de Turing es que las leyes, y las condenas que conlleva incumplirlas, son un tema muy serio que puede marcar la vida de muchas personas de forma injusta. Es el último recurso a utilizar en casos donde el comportamiento de una persona perjudique de forma clara y objetiva a los derechos fundamentales de otras personas.

Y aunque mucha gente crea lo contrario, las opiniones no pueden ser un delito. Y no necesitan ser un delito para ser penalizadas socialmente.

Para mí es mucho más trágico que en España se siga implicando a la justicia para perseguir bromas sin gracia y de pésimo gusto, que en Francia dos extremistas hayan tenido la capacidad para matar a dibujantes que ofendían su religión. No podemos controlar que no sucedan más casos como el de Charlie Hebdo, pero sí podemos concienciar a la sociedad para que el Estado respete la libertad de expresión en todos los casos dentro de nuestras fronteras.

De nada sirve ponernos una caricatura de los dibujantes asesinados en nuestras redes sociales si luego miramos para otro lado cuando imputan a la persona que nos ofende. No, no nos convierte en asesinos, ni mucho menos, pero en el Estado Británico también pensaban que eran muy civilizados cuando en 1951 condenaron a Alan Turing a una terapia de hormonas en vez meterle en la cárcel. Más de 60 años después miles de espectadores salen del cine avergonzándose de dicho pensamiento. Intentemos que dentro de otros 60 años nadie se avergüence de los nuestros.

Inmigración (XVIII): El sueño urbano en China

"Debido a que el estatus del "hukou" es hereditario por ley, la situación de subclase se traspasa de generación en generación. Este sistema parecido al de las castas es lo que ha hecho la historia del urbanismo en China tan compleja". Kam Wing Chan.

"Está la cuestión de cómo proteger lo que muchos consideran un derecho laboral básico del ciudadano: el de moverse y vivir donde el trabajo pueda encontrarse sin ser penalizado por el gobierno". Wang Su.

"Los trabajadores emigrantes se convertirán en residentes urbanos permanentes de una manera ordenada". Wen Jiabao.

"Si el gusto de la gente por la homogeneidad cultural justifica límites a la inmigración desde el extranjero, ¿podría ese mismo gusto por la homogeneidad cultural justificar también el bloqueo de ciertos tipos de migración interna hacia un barrio o ciudad que tenga a juicio de sus residentes actuales un nivel agradable de homogeneidad cultural?". Michael A. Clemens.

Según la ley fundamental de las migraciones, la corriente demográfica va de los territorios menos productivos a los más productivos. Por eso, las migraciones internas espontáneas casi siempre aparecen vinculadas a las ciudades (del campo a la ciudad o de la pequeña ciudad a la gran urbe). Tienen grandes semejanzas con las migraciones exteriores o interestatales.

El mundo está experimentando la mayor ola de crecimiento urbano de su historia. Hasta hace bien poco la población mundial vivía mayoritariamente en el campo o en poblaciones pequeñas. Esta tendencia empezó a cambiar a partir de la década de los 50. Desde 2012, por primera vez en su historia, más de la mitad de la humanidad está viviendo en ciudades (actualmente el porcentaje promedio es del 51%). Las ciudades generan más empleos e ingresos. Proporcionan agua y saneamiento fácilmente a sus habitantes debido a su proximidad. Pueden ofrecer educación, salud y muchos otros servicios de manera más eficiente que en zonas de menor densidad simplemente debido a sus ventajas de escala. Las urbes ofrecen un entorno más favorable que las áreas rurales para la resolución de problemas sociales, jurídicos o económicos y de hecho alivian la presión sobre los hábitats naturales.

Uno de los primeros supuestos que el economista Walter Bagehot expuso en sus Postulados de Economía política inglesa fue que el factor trabajo (junto al capital) circula, siempre que no haya trabas, de un empleo con menor retribución a otro con mayor retribución dentro de los límites de una nación. Por tanto, un indicador fiable del desarrollo de un país es el porcentaje de población que tiene viviendo en sus áreas urbanas. China tiene precisamente el mismo porcentaje que el promedio mundial (51%).

Los países bajo regímenes tiránicos en mayor o menor medida se caracterizan (hoy y ayer) por restringir tanto la emigración interna como la externa. Todo el aparato organizativo del Estado controla el movimiento de su población, en cualquiera de sus facetas. Esto es opresivo. Sólo la antigua Yugoslavia, un poco más abierta, permitía tímidamente viajes al exterior, aun así sus jerarcas achacaban al emigrante una presumible falta de sentido del socialismo.

En China el paralizante sistema hukou fue empleado desde, por lo menos, la dinastía Han como medio de control poblacional para el pago de impuestos y para impedir los libres flujos migratorios internos.

En 1958 el líder comunista Mao Zedong reintrodujo en la República Popular China de forma radical un sistema de registro familiar muy parecido al hukou tradicional por el que cada persona quedaba fijada como un clavo en su lugar de nacimiento. El movimiento de la gente trabajadora entre las zonas rurales y urbanas se sometía a férreo control administrativo. A partir de entonces, si una persona deseaba prosperar e irse a una ciudad, debía contar ineludiblemente con una muy restrictiva autorización gubernamental para poder residir en dicha urbe. Mao obligó a los campesinos a permanecer en sus lugares de residencia y le molestaba que la gente "deambulara por ahí de forma descontrolada". Si Stalin hizo lo mismo sólo con los ucranianos en los años treinta, el Gran Timonel chino lo hizo con toda su población.

Hasta 1976 la policía china blindó las ciudades y sus caminos e hizo redadas periódicas en las urbes para detectar a los "sin papeles" para ingresarlos en centros de detención y "repatriarlos" posteriormente a sus localidades de residencia permanente. Esto fue especialmente lacerante en los primeros años de aplicación del sistema hukou ya que tener el status de "rural" o "urbano" significaba ni más ni menos la diferencia entre vivir o morir durante las hambrunas masivas fruto del aberrante Gran Salto hacia Adelante en la que los campesinos fueron encajonados en granjas comunales y en las que se colectivizó incluso los utensilios privados de cocina. Se estima que más del 95% de los 36 millones de muertos por inanición durante los cuatro espantosos años que duró la gran hambruna derivada del desquiciado programa político eran portadores del hukou rural.

Tras las reformas económicas de 1978, China mutó de un socialismo de Estado a un capitalismo de Estado a lo largo del último tercio del siglo XX. Ante las fortísimas presiones migratorias que fueron surgiendo del interior hacia las ciudades costeras del este, se introdujeron tímidos cambios en las restricciones migratorias a la movilidad laboral en el interior del país. Sin embargo, dicho sistema hukou permanece hasta el día de hoy esencialmente intacto. En la práctica, hoy dichas restricciones a la movilidad laboral son repetidamente incumplidas y muchas personas obtienen extraoficialmente un trabajo en las ciudades sin el permiso válido de residencia urbana. Aquellos que emigran con el correspondiente permiso de trabajo y residencia son considerados población flotante (you min). Sin embargo, a lo largo de los años se ha ido formando una masa imponente de trabajadores ilegales en torno a las ciudades chinas. De los 700 millones de personas que habitan las ciudades se calcula que un tercio carecen de permiso. Son considerados de manera despectiva waidi ren (gente de fuera) o liu min (vagabundos).

Estos waidi ren o gente "foránea", discriminados por el mero lugar de nacimiento, tienen limitado su acceso al trabajo y a las diversas prestaciones sociales (educación primaria, acceso a las universidades, cobertura sanitaria o vivienda). Unos 230 millones de personas se han convertido en inmigrantes ilegales dentro de su propio país. Son los parias explotados por empresarios que se aprovechan de su vulnerabilidad tal y como sucede con la inmigración ilegal en otros países. Esta inmensa fuerza laboral china clandestina sin permiso de residencia en ciudades ha suministrado a la economía global ingentes cantidades de mercancías a muy bajos precios y ha permitido el despegue económico de China en los últimos treinta años. Sin el sistema hukou no existiría la China que hoy conocemos. Algunos afirman que es el arma más potente, secreta y sucia que poseen los gobernantes de dicho país.

Los "ciudadanos urbanos" (los equivalentes a los "nativos" de otros países) suelen señalar a los trabajadores indocumentados procedentes del campo como responsables del aumento de la criminalidad, del desempleo o de la contención de los salarios, por lo que suelen estar estigmatizados. Son partidarios de que el sistema restrictivo se mantenga porque temen que haya una avalancha de campesinos y que las infraestructuras y servicios ofrecidos por las urbes sufran tensiones insoportables. Todos estos temores son los mismos que los nativistas de otros lugares y les son familiares a los liberales contrarios a las fuertes restricciones a la inmigración que vulneran el derecho básico a la movilidad laboral de las personas.

Pese al conocido crecimiento poblacional en China, el sistema de registro hukou puede acabar jugando una mala pasada a las autoridades chinas: hay que tener en cuenta que existen ya evidencias de que la sociedad china envejece muy rápidamente y su crecimiento demográfico se estancará a partir de 2020. China va camino de convertirse en una paradoja inaudita para los demógrafos: un país con población mayoritariamente anciana antes de ser un país rico.

Es perentorio rebajar con anticipación y determinación los controles migratorios en el interior del país, así como suprimir la totalitaria política de hijo único en las ciudades. Sin embargo, debido a que el aparato del partido único y su inmensa burocracia tienen sus propios tiempos e inercias es difícil prever por el momento avances significativos al respecto.

Las actuaciones de los gobiernos chinos tienden a priorizar la llegada de trabajadores cualificados a las ciudades y a potenciar el flujo de los mismos hacia las ciudades del oeste, menos industrializadas. Este modelo de desarrollo cortoplacista no está dando sus frutos ni tampoco atajando en serio los graves problemas económicos y sociales que el paralizante sistema hukou genera en la sociedad china.

Según un estudio de Chan y Buckingham (2008), pese a que dicho sistema de restricción a la emigración laboral interna ha sufrido diversas reformas acumulativas desde los años 80, no han significado ni mucho menos su supresión sino más bien el traspaso de la responsabilidad de su gestión del gobierno central del país a las autoridades locales, lo que en muchos casos ha supuesto en realidad endurecer aún más las posibilidades de la migración de los campesinos a la ciudad. Según sus dirigentes locales, la fuerte demanda de servicios públicos para hacerse cargo de los nuevos llegados que supondría la liberalización de las reglas del hukou sería demasiado costosa para sus ciudades.

El registro hukou chino actual sigue siendo un importante impedimento al desarrollo económico del país. Es necesario flexibilizar mucho más dicho sistema y que las autoridades locales vendan a aquellos que deseen acceder a ellas permisos de residencia urbana temporal (no creo que haya ningún otro método más racional para poner orden al caos) sin arbitrariedades o discriminaciones por razón del origen, la cualificación del trabajador o cualquier otro criterio que pueda parir la mente de un político.

Estas reformas liberalizadoras serían una bendición para la sociedad china en su conjunto pero traerían no pocos sobresaltos para el desarrollo "armonioso" de tipo confuciano -tan caro a los planes de los jerarcas chinos- por lo que es de suponer que el cumplimiento del sueño urbano de muchos campesinos chinos tendrá aún que esperar.


Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVI y XVII.

Obama en La Habana

"Al presidente Obama seguramente le gustaría pasar a la Historia como el político que derribó una de las más largas y penosas dictaduras de nuestro tiempo… Pero: ¿será capaz de hacerlo?".

Estos días se habla y se leen todo tipo de comentarios en torno a las declaraciones de Obama y Raúl Castro sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre sus respectivos países. Para algunos, es ya casi un hecho que se van a abrir las embajadas en La Habana y Washington; otros piensan que todo es una trampa más de la dictadura cubana, que ha engañado incluso al Papa Francisco; los más se alegran de que se abran procesos de diálogo, aunque lo miran con cautela… Yo me incluiría en este último grupo, reconociendo que apenas tengo otra información que la de la prensa y la radio (habría que bucear por todo ese fascinante mundo de la resistencia cubana en la Red, para escribir con verdadero conocimiento de causa). Así que reconozco acogerme a ese aforismo de que, en realidad, creemos que va a pasar lo que nos gustaría que ocurriese… pero nada más. Bueno: el tiempo dirá quién estuvo más acertado en sus análisis y predicciones.

Con todo, hay una cosa que me gustaría compartir con Uds. en torno a esta noticia: lo de un posible viaje de Barack Obama a la isla caribeña. No soy capaz de imaginarme al Presidente de los EEUU con una guayabera y dándoles un abrazo a los Castro… Pero sí pensaba que al señor Obama le gustaría pasar a la Historia como el político que derribó una de las más largas y penosas dictaduras marxistas. Escribía hace poco sobre el Muro de Berlín y los protagonistas de su caída: Kennedy ("Ich bin ein Berliner") y Reagan ("Tear down this Wall")… ¿oiremos una frase parecida sobre Cuba? De momento, me temo que no; aunque también es cierto que estos días le hemos escuchado al Presidente alguna respuesta más valerosa de lo normal a los desaires de esa otra insoportable dictadura de Corea del Norte.

¿Qué puedo escribir del embargo y su levantamiento? Desde luego, que es un asunto complicado que divide a los propios norteamericanos y a los cubanos en el Exilio. Se habla de esas dos generaciones (¡medio siglo de comunismo!) que ven las cosas de forma diferente. Además, detrás de esta decisión se esconden otras intenciones ocultas de tipo electoral: seguro que Obama no ha dejado de pensar en la forma de recoger votos para su partido. También se ha generado ese mismo debate en Europa: ahora discutimos sobre la "posición común" que logró imponer Aznar en Bruselas; ¿sigue vigente? En el propio Partido Popular español no tengo claro que tampoco haya unanimidades… (luego escribo algo sobre Rajoy).

Los partidarios de levantar el embargo sostienen que los mayores perjudicados son la gran mayoría del pueblo que malvive en Cuba. Aquí tienen razón: podemos estar seguros de que no afectaba a toda esa nomenklatura de gerifaltes y delatores al estilo soviético (y chino) que viven a lo grande en un hipócrita paraíso del proletariado… Ni parece que tampoco a los empresarios extranjeros, que hacen su agosto a costa de un turismo barato de sol y playa (a veces, también de sexo, algo de lo que por cierto se habla muy poco).

Por otra parte, copio lo que les escribía en esta web hace pocos días mi compañero de columna Pablo Martínez Bernal:

"Tras 54 años de embargo, era hora de probar algo distinto. Comentaba el director del Instituto, Juan Ramón Rallo, que "la libertad de movimientos de personas, mercancías y capitales enriquece a los pueblos. Por eso el embargo sobre Cuba es un error". Lo que está potencialmente encima de la mesa es poner fin al embargo, que no bloqueo, de Estados Unidos contra Cuba. Eso son muy buenas noticias para los cubanos".

Efectivamente, sabemos que la libertad de comercio suele ayudar a mejorar la situación de los derechos humanos y a que los pueblos progresen económicamente. Nada hay peor que un país opaco (para los de dentro, y para los de fuera). Sin embargo, a veces nos dejamos llevar por ese buenismo de lo que nos gustaría que pasara… Y olvidamos que hay gobiernos autoritarios y gobernantes corruptos, frente a los que solo cabe una respuesta enérgica y unánime. Sobre este punto sí tengo una opinión formada de algunas sugerencias: establecer un riguroso embargo sobre las cuentas bancarias de los gobernantes y funcionarios cubanos en los paraísos fiscales; ayudar siempre a los disidentes, cuando se viaje a Cuba o a Miami; controlar también a los empresarios extranjeros que hacen su agosto en la Isla gracias a concesiones gubernamentales; sostener económicamente la ayuda humanitaria de las iglesias y ONG no sospechosas de connivencia con el régimen (en general, lo mejor sería evitar cualquier ayuda económica que pase por las manos de sus gobernantes); impedir la presencia del castrismo en organismos internacionales; y siempre, denunciar cualquier atentado contra los derechos humanos: (¿es cierto que estos días la guarda costera cubana hundía una embarcación que trataba de huir del paraíso castrista?).

Les anunciaba un último párrafo sobre unas declaraciones de Mariano Rajoy; me acordaba de ellas al escribir ahora sobre la volatilidad de las posturas del PP en lo referente a Cuba. Y aunque no tienen demasiado que ver con este asunto, me permiten este pequeño desahogo contra la falta de determinación: eran a propósito de las medidas contra la corrupción que aprobaba el Gobierno el mes pasado. Me parece que fue entonces cuando escuché al Presidente quejarse de que, ciertamente, la posibilidad de equivocarnos y actuar mal forma parte de nuestra condición humana. Pero lo decía con muy poca esperanza: no se puede hacer nada… Yo pienso que sí: no sé si hacen falta más o menos Leyes; pero basta con que se cumplan; se persiga a los corruptos y no se tolere su presencia en los partidos (en este punto, la postura de la oposición es todavía más lamentable que la del gobierno). Y algo muy importante: creer en la educación. Es posible una regeneración moral de nuestra sociedad, si creemos que se puede educar a las personas en valores y virtudes. Cualquier opinión no es igual de válida: hemos pasado demasiados años renunciando a defender posturas firmes, porque suena mal. Así nos ha ido, por ejemplo, con el fiasco de la enseñanza en manos de los gobiernos nacionalistas: va a costar mucho esfuerzo recuperar esos valores de solidaridad nacional que han desaparecido de las escuelas. 

Pablo Iglesias, en el top 1%

El top 1% de una sociedad, es decir el 1% con mayor renta o mayor riqueza, se ha terminado convirtiendo en sinónimo de casta. En EEUU, por ejemplo, el movimiento Somos el 99% se dedicaba a reivindicar los intereses de la mayoría de la población frente a los del 1% supuestamente opresor de las mayorías. En España, según Eurostat, uno pasa a formar parte del top 1% a partir de una renta de 52.846 euros anuales: es decir, Pablo Iglesias, cuando ingresó casi 70.000 euros en 2013, integró ese top 1% (si únicamente contáramos a los asalariados, y no al conjunto de españoles mayores de edad, se hallaría aproximadamente en el top 2%, según el INE).

Mi propósito al constatar tales datos no es hacer demagogia con la situación financiera del líder de Podemos (al contrario, me alegro de cómo le va), sino más bien evitar que otros hagan demagogia con la situación financiera del top 1%. Al cabo, tras varios años de demonización del top 1%, parecería que semejante estamento privilegiado sólo podía estar formado por plutócratas que han medrado a costa de empobrecer al pueblo: y, sin embargo, vemos que en ese nutrido grupo de casi 400.000 españoles también aparecen héroes del pueblo por actividades tan inocentes como haber impartido clases o participado en tertulias televisivas.

Acaso sea que no existe una conexión estructural entre el top 1% y la maldad humana; acaso sea que la campaña de acoso y derribo contra el 1% únicamente exude populismo y revanchismo social. Claro que quienes simultanean la defensa de Pablo Iglesias con la crítica al top 1% suelen guardarse varios contraargumentos debajo de la manga para diferenciar al líder de Podemos de sus colegas del top 1%.

Así, una primera línea de defensa pasa por afirmar que Pablo Iglesias ha obtenido tales ingresos merced a su trabajo y no merced a rentas del capital injustamente arrebatadas a los obreros. El argumento, sin embargo, es tramposo: no ya porque la gestión del capital dirigida a maximizar su valor y evitar malas inversiones también constituya una esencial ocupación generadora de bienestar para todos, sino porque, de acuerdo con el propio Thomas Piketty, la principal fuente de ingresos del top 1% en la actualidad son básicamente las rentas del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia (las rentas del capital únicamente devienen dominantes para el top 0,01%). Por tanto, no es nada excepcional que el top 1% obtenga sus ingresos del trabajo: si eso vale para eximir a Pablo Iglesias, también debería valer para eximir al 99% de los que se encuentran en él.

La segunda posible línea de defensa es que Pablo Iglesias no formó parte del top 1% con anterioridad a 2013, por lo que resulta injusto meterlo en un persistente estamento aristocrático como es el top 1%. Sin embargo, la acusación de que el top 1% es una casta inmóvil de aristócratas no está fundamentada en datos: por ejemplo, en EEUU sólo el 61% de las personas que integraban el top 1% sigue formando parte de este grupo al cabo de un año, y sólo un 25% permanece en él durante cinco años consecutivos. Tampoco parece que el movimiento Somos el 99% y sus sosias españoles de Podemos fueran especialmente comprensivos con el top 1% por este motivo.

Un tercer argumento podría ser que Pablo Iglesias dona buena parte de sus rentas a su partido político y a sus programas de televisión (al menos eso se ha comprometido a hacer en 2014; desconozco si lo mismo sucedió en 2013). Pero tal razonamiento es defectuoso por dos motivos: el primero es que el líder de Podemos tuvo la libertad de escoger qué disposición hacer de su dinero, cuando eso –que dispongan libremente de su dinero– es justamente lo que suele reprochársele al top 1%; y, segundo, el top 1% de contribuyentes estadounidenses dedicó en 2008 alrededor de 50.000 dólares per cápita a la filantropía, detalle que suele obviarse en las habituales críticas contra el top 1%.

Y cuarto, acaso podría argüirse que el problema no es tanto el top 1% cuanto aquellas personas que poseen una extraordinaria influencia sobre el proceso legislativo: es decir, el problema no es el top 1% sino "la casta". Pero, en tal caso, sería bueno que dejara de equipararse demagógicamente casta con top 1%: ni todo el top 1% forma parte de la casta ni toda la casta forma parte del top 1%. El problema, en suma, no son "los ricos" per se sino aquellas personas capaces de instrumentar el monopolio de la coacción de las administraciones públicas en su privativo beneficio, sean ricos o no lo sean. Mas si avanzamos por esa dirección tal vez terminemos descubriendo algo elementalmente liberal, a saber: que la casta es el Estado y que deberíamos dedicarnos a reducir el intervencionismo estatal.

Dos embargos que deben ser levantados

Cuba sufre desde hace más de 50 años dos embargos: el menos grave, pero aun así significativo, es el exterior, implementado por el Gobierno de EEUU; el más grave y decisivo para explicar su medio siglo de penurias es el interior, ejecutado por la tiranía castrista. Extrañamente, muchos de los que reclaman la abolición del primer embargo como un principio básico de justicia callan ante la mucho más perentoria necesidad de abolir el segundo (o, todavía peor, se entusiasman promoviendo su mantenimiento y expansión internacional). Pero ambos embargos son negativos por lo mismo —porque impiden la pacífica, voluntaria y mutuamente beneficiosa cooperación humana— y ambos deberían ser eliminados.

Así, los liberales siempre han defendido el levantamiento de ambos embargos: conscientes de que la libertad de movimientos de personas, mercancías y capitales no lesiona ni embrutece sino que enriquece y ennoblece a las personas, el liberalismo ha abogado tradicionalmente por derrocar tanto las barreras exteriores, como sobre todo las interiores, a la libre interacción humana. La autocracia comunista convierte a los cubanos en ganado que los Castro trasquilan a su conveniencia y la incomunicación comercial entre EEUU y Cuba restringe todavía más la accesibilidad de ese muy explotado ganado a ciertos productos estadounidenses. De ahí que los liberales coincidan en reivindicar la dignificante libertad de los cubanos: libertad para que pasen a ser personas autónomas frente a la tiránica bota del castrismo y para que, usando tal libertad, puedan interrelacionarse voluntariamente con sus vecinos estadounidenses.

En lo que no coinciden todos los liberales es en el orden en el que ambos embargos, el interno y el externo, deben ser levantados. Un nutrido grupo de liberales defiende que carece de sentido levantar el segundo (el estadounidense) mientras subsista el primero (el castrista), tanto porque es injusto que los ciudadanos de EEUU comercien con propiedades que la tiranía cubana confiscó hace décadas a otros ciudadanos estadounidenses, como porque todo comercio entre los dos países sólo redundará en un mayor lucro del régimen cubano y no de su población. Otro grupo de liberales, entre los que me encuentro, considera que, aun cuando lo ideal sería un levantamiento simultáneo de ambos embargos (libertad interna y externa), resulta poco realista pretenderlo habida cuenta del control absoluto que ejerce la casta castrista sobre las estructuras de poder estatal que aprisionan a los cubanos, por lo que sería una buena noticia que al menos el embargo exterior se levantara: no porque los principales beneficiarios de ese levantamiento vayan a ser los ciudadanos de a pie —que en un régimen ultraextractivo jamás lo son— sino porque, aun cuando solo les alcancen algunas migajas del levantamiento del embargo exterior, buenas serían tales migajas en medio de tanto sufrimiento y pauperización generada por el embargo interior.

A mi entender, el caso cubano es asimilable al de un campo de concentración controlado por una burocracia criminal. ¿Deberíamos negarnos desde el exterior a remitirles a los presos de ese campo de concentración cualquier tipo de alimento o medicamento por el hecho de que la mayor parte de estos bienes de primera necesidad terminen en manos de los oficiales que los reprimen? No digo que la respuesta sea sencilla, ya que, por un lado, estaríamos financiando y sustentando indirectamente a los captores acaso prolongando su dominación sobre sus víctimas, pero, por otro, tampoco parece proporcional y humanitario agravar las penurias de los presos a través de represalias mal diseñadas contra sus carceleros, por mucho que las merezcan.

A la postre, justamente porque la dictadura cubana dispone de suficiente poder como para apoderarse de la mayor parte de las ganancias derivadas del levantamiento del embargo, también dispone de idéntico poder como para descargar sobre la población la mayor parte de las pérdidas vinculadas a su mantenimiento. Sometidos los cubanos a un absoluto embargo interior, acaso sea excesivo y cruelmente innecesario someterlos a un adicional embargo exterior.

Otra doble vara de medir

El embargo estadounidense sobre Cuba no sólo sirve para ilustrar la incoherencia de todos aquellos que guardan silencio ante el mucho más grave embargo interior perpetrado por el castrismo, sino también para poner de manifiesto la injustificable doble vara de medir que emplean muchos bienpensantes ciudadanos españoles a la hora de criticar las inversiones de multinacionales occidentales en el Tercer Mundo. En concreto, es habitual escuchar que las grandes empresas del Primer Mundo se lucran explotando las míseras condiciones laborales del Tercer Mundo, lo cual resultaría del todo punto inaceptable: a entender de muchos, las multinacionales deberían o bien abonar salarios muy superiores a los actuales o bien, en caso contrario, abstenerse de invertir en el extranjero.

Dejando de lado que la acumulación interna de capital merced a la inversión directa extranjera suele constituir una de las vías más eficaces para que estos países vayan progresivamente abandonando la pobreza y accediendo a salarios mayores, y dejando también de lado que en muchos casos los ciudadanos de estos países no son rehenes de un sistema político parasitario y ultraextractivo que ahoga prácticamente todas las expresiones de su libertad, lo cierto es que el razonamiento revela una flagrante contradicción moral: lo que muchos bienpensantes españoles están proponiendo es, precisamente, aplicar un embargo de inversión y de comercio contra el Tercer Mundo. Es decir, al mismo tiempo que se critica el embargo estadounidense sobre Cuba por cuanto empobrece a su población, se valida éticamente el embargo sobre el Tercer Mundo a pesar de que empobrezca a su población.

Pero, evidentemente, los mismos motivos que deberían llevarnos a levantar el embargo sobre Cuba deberían llevarnos a abrazar como provechosa la inversión occidental en el Tercer Mundo (en realidad, la inversión occidental en el Tercer Mundo resulta mucho más legítima y beneficiosa que cualquier inversión occidental en Cuba, ya que en este segundo caso las rentas generadas por tal inversión son rapiñadas cuasi íntegramente por la autocracia castrista, mientras que en el primer caso terminan afluyendo en su mayor parte sobre la población local). Si el embargo es malo y pauperizador en un caso, no puede ser justo y proporcionado en el segundo: al menos, no debería serlo para personas mínimamente coherentes.

Por desgracia, demasiados ciudadanos occidentales siguen modulando su discurso económico en función de sus estrechas preferencias ideológicas: ora promueven el levantamiento del embargo exterior sobre Cuba defendiendo el mantenimiento del muchísimo más empobrecedor embargo interior, ora denuncian la pobreza que genera el embargo sobre Cuba al tiempo que reclaman un embargo de la inversión occidental en el Tercer Mundo. Lo que cuenta en ambos casos no es adoptar el marco institucional que permita maximizar las libertades y el bienestar de los ciudadanos, sino impulsar una torticera agenda ideológica que ni siquiera respeta las más elementales leyes de la lógica. Por eso les es posible defender simultáneamente dos ideas opuestas sin la menor preocupación acerca de las consecuencias de esas ideas sobre la población que sí las terminará padeciendo en su carne y en sus huesos. La propaganda de unos cuantos son las penurias y el sufrimiento de otros muchos.