La hora de los monstruos
Un argumento muy recurrente entre Podemos e Izquierda Unida es que la devaluación interna no está sirviendo para ganar competitividad entre las empresas españolas, sino únicamente para cebar las cuentas debeneficios de las grandes compañías. Por ejemplo, ayer mismo, Eduardo Gutiérrez, representante económico de Podemos, sostuvo en La Sexta Noche:
El modelo de ser competitivos es simplemente que seamos más miserables, puesto que si somos más miserables vamos a cobrar menos como salarios y supuestamente las empresas van a bajar los precios. Lo que estamos viendo con las cuentas empresariales, con la contabilidad de balances del Banco de España, es que las empresas cuando bajan los salarios lo único que hacen es aumentar sus márgenes.
El relato ha calado hondo en la población, que, en efecto, piensa que la rebaja de salarios sólo está sirviendo para que "los ricos sean más ricos" a costa del impenitente sufrimiento del ciudadano medio. Acaso convenga, pues, echar un vistazo a los datos a los que nos remite el representante de Podemos, es decir, a la Central de Balances del Banco de España.
¿Es verdad que, según esta estadística oficial, las empresas están recortando masivamente en gasto de personal al tiempo que mantienen incólumes sus ingresos? No, no lo es. En el siguiente gráfico podemos encontrar la evolución de los ingresos empresariales, del valor añadido bruto (ingresos menos gastos por productos semiterminados adquiridos a proveedores) y de los gastos de personal entre 2003 y 2013 (cuadro 2.1.3).
Fuente: Central de Balances del Banco de España
Es fácil observar que el valor añadido bruto generado por las empresas españolas se halla en 2013 al nivel de 2003: en esta década únicamente ha subido el 1,5%. En cambio, los ingresos empresariales han crecido un 10% y los gastos en personal un 19%. Es decir, y como también puede apreciarse en el gráfico, la magnitud que con diferencia menos cae desde el estallido de la crisis son los gastos en personal. De ahí que la evolución de los beneficios empresariales en España, lejos de poner de manifiesto un generalizado latrocinio capitalista, exprese a la perfección el colapso económico que ha vivido España desde 2007: si desde su máximo el gasto en personal ha caído un 10%, los beneficios empresariales lo han hecho un 59%, hallándose sustancialmente por debajo del nivel alcanzado en 2003.
Fuente: Central de Balances del Banco de España
A la luz de los datos a los que nos remitía el economista de Podemos, difícil concluir que los recortes salariales se están empleando para inflar desproporcionadamente los beneficios de las empresas. Claro que, tal vez, el desinformado razonamiento populista-podemista pase a ser el tan manido: "Eso es así para las pymes, pero las grandes empresas en realidad sí están bajando salarios para forrarse".
Uno debería ser moderadamente escéptico con esa reformulación desesperada del argumento, ya que en la muestra de empresas utilizada por la Central de Balances del Banco de España están sobrerrepresentadas las empresas medianas y grandes. Mas, en cualquier caso, sí resulta necesario contrastar esta nueva hipótesis a través de la Encuesta de Población Activa. ¿Han aprovechado las grandes empresas para recortar masivamente salarios frente al numantino esfuerzo de mantenimiento salarial de las pymes? Más bien al contrario: no sólo el salario medio de las grandes empresas duplica el de las microempresas de hasta 10 trabajadores, sino que, desde 2006, las primeras lo han aumentado un 23% frente al 11% de las segundas. Es más, desde 2010 las microempresas han recortado sus salarios medios un 2,2%, mientras que las grandes empresas los han aumentado en un 5,3%.
Fuente: Encuesta de Población Activa
Por si fuera poco, y como también tuvimos ocasión de explicar, han sido las pymes, y no las grandes empresas, las que han efectuado un uso más intensivo de la reforma laboral para despedir trabajadores.
En definitiva, el argumentario de lucha de clases de Podemos no hay por dónde cogerlo. O desinformación o manipulación. Lo que ha sucedido en España es relativamente sencillo de comprender: tras años de hiperendeudamiento y de malas inversiones por doquier, la crisis económica experimentada por el conjunto de nuestra economía ha sido devastadora y ha recaído especialmente sobre el sector más débil del tejido empresarial, a saber, las pymes. Han sido, por consiguiente, las pymes las que han tenido que recurrir con mayor intensidad a rebajas salariales y despidos para tratar de sobrevivir. Sí: para tratar de sobrevivir. Desde 2007 han desaparecido más de 180.000 empresas con menos de 200 trabajadores: no porque se hayan lucrado a costa del proletariado, sino porque les ha sido imposible seguir obteniendo las más mínimas ganancias para continuar operando.
Pese a que la tentación populista es muy atrayente, deberíamos tener bien clara una idea muy sencilla: cuando el conjunto de las empresas españolas verdaderamente se estén forrando, el empleo se disparará, los salarios aumentarán y, en suma, la crisis habrá terminado. Todo lo demás es pura demagogia dirigida a capturar el poder a costa de incendiar el odio dentro de la sociedad.
Auschwitz fue el Estado
Hace pocos días se conmemoró el 70 aniversario de la liberación —por llamarlo de alguna manera, pues el Ejército Rojo acabó enviando al gulag a la mayor parte de los 7.500 supervivientes que encontró— del campo de exterminio de Auschwitz.
Pocas veces habrá estado el hombre tan cerca de haber trasladado el infierno a la tierra como en aquel complejo nacionalsocialista de alambre de espino, barracones y cámaras de gas próximo a la localidad polaca de Oswiecim, en la Alta Silesia, en la confluencia del Vístula con el Sola. Del millón largo de prisioneros, el 92% judíos, que entre mayo de 1940 y enero de 1945 fueron trasladados a ese horror —en cuyo frontispicio figuraba el escalofriante Arbeit macht frei— apenas salieron con vida unos pocos millares.
Y todo se hizo, tal y como ha sucedido con los peores crímenes de la historia, en nombre del Estado. Los responsables no fueron las perversas multinacionales, el despiadado capitalismo o la desregulación de los mercados. Fue el Estado, en este caso el alemán. Y es que cuando le retiramos al Estado el falso ropaje de la provisión de servicios sociales contemplamos a las claras su verdadero rostro: coacción, violencia y, en los casos más extremos, Auschwitz.
Seamos conscientes de que el Holocausto no fue la obra de unas docenas de descerebrados de las SS, sino la de toda una administración del Estado puesta al servicio de la destrucción de personas. Incluso el propio Reich se beneficiaba económicamente de los bienes incautados a los judíos, que pasaban sistemáticamente a manos del pueblo alemán, sin apenas casos de corrupción.
¿Cómo se pudo llegar tan lejos? A fin de cuentas el Estado no es más que una entelequia: solo existen las personas de carne y hueso, los líderes políticos, los burócratas, los funcionarios. ¿Cómo entender semejante barbarie en la nación más culta y avanzada de Europa? La única explicación pasa por interiorizar la naturaleza del dios de la democracia, ese mecanismo legitimador de cualquier atrocidad, que no se detiene ante nada ni ante nadie. El Estado solo es posible por el apoyo o la complicidad de la población, sin ese respaldo explícito o implícito se desvanecería.
En la actualidad, una frase del poeta y ensayista George Santayana figura en la entrada del bloque número 4 de Auschwitz: “Quien olvida su historia está condenado a repetirla”. Pues bien, no olvidemos que la democracia es Hitler, es Montoro, es Podemos. Nada bueno puede salir de ella.
Artículo publicado orignalmente en neupic.com.
Inmigración (XIX): la cruz rusa
"Sin exagerar, el problema central de la Rusia contemporánea es el demográfico, reforzar la familia, mejorar la tasa de natalidad… nuestras mujeres saben qué es lo que tienen que hacer, y cuándo".Vladimir Putin.
"Debido a la caída de la natalidad la inmigración ayuda a completar la fuerza laboral. En muchos mercados laborales locales hay déficit parcial e, incluso, total de trabajadores". Konstantin Romodanovski.
"Las cuestiones relativas a la migración se convertirán en inevitables y serán prioritarias en la agenda de Rusia en el siglo XXI". Anatoly Vishnevsky.
"Se pueden fijar cuotas, poner límites, alambres de espino, pero los inmigrantes seguirán viniendo porque aquí hay trabajo y los están esperando". Olga Vorobiova.
"Una de las pruebas más importantes de una sociedad desarrollada es su capacidad de atraer y hacer suyo un flujo diverso de personas que se trasladan al país a estudiar y trabajar". Piotr Schedrovitski.
Rusia, el país más extenso del planeta, tiene un problema serio con sus indicadores demográficos por lo menos desde hace un par de décadas. Su tasa de mortalidad ha subido de forma alarmante y los índices de natalidad están por los suelos. Las causas del aumento de muertes son debidas a un conjunto variado de factores, entre los que destacan las enfermedades cardiovasculares así como el problema del elevado consumo de alcohol de alta graduación. El descenso de nacimientos se debe, ente otros, a su tradicional primer puesto de entre los países con mayores tasas de abortos del mundo. A esto se le suma un envejecimiento de la población y una escasez correlativa de mano de obra joven. Se ha producido un fenómeno grave, lo que los demógrafos han denominado la cruz rusa; desde 1992 el número de muertes sobrepasó al número de nacimientos y se ha mantenido así en mayor o menor medida desde entonces. Algo parecido ha sucedido en otros países pertenecientes al antiguo telón de acero.
En la actualidad la Federación rusa posee una población de unos 143 millones de habitantes, frente a los 149 que tenía en 1991. La pérdida de población que comenzó al inicio de los años 90 (cuando la población llegó incluso a perder un millón de personas al año), unido al éxodo de rusos al exterior, es un problema acuciante para dicho país. Representa una disminución poblacional del 5% en 22 años. Es el periodo más largo de despoblación ocurrida nunca en un país en tiempos de paz.
La aparición de Gorbachov fue una tenue esperanza para el destino de los rusos; sin embargo, se intentó una quimera: modernizar, abrir y apuntalar un régimen comunista ya insostenible. Yeltsin fue el que finalmente lo desmanteló en 1993 de forma bastante caótica y desordenada, por cierto.
Los soviéticos, que vivían paradójicamente enclaustrados en un inmenso país, no sintieron en lo esencial que habían conquistado grandes dosis de libertad cuando Gorbachov inauguró la glasnost, ni cuando se pudo uno expresar sin temor a ser represaliado, ni cuando después se "privatizaron" las grandes empresas públicas o cuando se liberalizaron los precios. Sólo se hicieron realmente conscientes de ello cuando se acordó una mayor libertad de movimientos por el interior del país y fuera del mismo. Fue entonces, y sólo entonces, cuando empezaron a sentir verdaderamente lo que significaba la libertad.
Inmigración interna
La otrora URSS tuvo un sistema parecido al sistema hukou chino de control de la movilidad poblacional dentro del país mediante el registro y pasaporte interno conocido como propiska. Hasta hace bien poco existía aún un registro de movilidad más indulgente pero con claras reminiscencias estalinistas.
Se sabe que la libertad de movimiento de trabajadores en el interior de las fronteras juega un papel importante en el desarrollo económico de cualquier país ya que hace más eficiente la adjudicación espacial de los recursos y mitiga las diferencias de ingresos y de desocupación que se puedan dar entre regiones. Esto es especialmente relevante en Rusia debido a la desquiciada herencia recibida de la planificación soviética que llevó la industrialización a zonas con poco o nulo significado económico.
La recolocación/reutilización de los factores productivos o activos empresariales es siempre y en todo lugar problemática, pero en Rusia lo es todavía más por su inmenso territorio de 17 millones de kmt².
A pesar de las diferencias salariales tan acusadas entre las diversas regiones dentro de Rusia (mayores que en EE UU o en la UE) la movilidad interna es mucho menor en la primera -especialmente si se compara con los EE UU- porque el mercado ruso es bastante menos dinámico y flexible y porque existe un muy pobre desarrollo del sector inmobiliario. Incluso si no existieran estas lacras, los bienes de capital no fluirían con facilidad debido a los costes de los trámites administrativos y otras barreras burocráticas endémicas del país.
En la Federación rusa se sigue produciendo hasta el día de hoy de manera bastante ineficiente. Los planificadores soviéticos, con sus alocados diseños industriales, sobre invirtieron en zonas del país que bien son demasiado frías o están demasiado alejadas para hacer óptima la producción con criterios de mercado. Es más, el actual reparto urbano del país está distorsionado. Se observa un fenómeno curioso: el tamaño de las ciudades secundarias es más pequeño de lo habitual dado su nivel poblacional. Durante la época zarista y, sobre todo, soviética muchos asentamientos permanentes de Siberia y del Lejano Este se levantaron con criterios exclusivamente políticos que nunca se hubiesen producido bajo un orden espontáneo o de economía de mercado. En la actual época post soviética ciudades como Novosibirsk, Omsk o Ekaterimburgo y otras poblaciones menores de Siberia tendrían que reducir aún más rápidamente su tamaño poblacional en favor de otras ciudades del centro o suroeste del país -de clima y geografía más benignos- caso de haberse dado ya la recolocación de la producción en dichas zonas. Todos estos cambios requieren tiempo.
Inmigración externa
La desintegración de la URSS afectó la evaluación del ranking de Rusia con respecto a la inmigración internacional. Se creó el mito de que era el segundo destino del mundo preferido por los emigrantes tras los EE UU. Una interpretación errónea de las estadísticas de la ONU sugería aquello cuando la realidad era que se tomaban por inmigrantes a residentes o ciudadanos rusos que habían nacido en ex repúblicas soviéticas y que habían sido ya integrados o naturalizados hacía bastante tiempo.
En la actualidad los dirigentes rusos afrontan un complicado dilema: cada vez es más evidente la necesidad de inmigrantes para mantener el crecimiento de su economía pero sus nativos han dado muestras más que suficientes de que les preocupa, y mucho, el riesgo de perder su identidad cultural. Los nativistas rusos tienen un problema: se da la paradoja, además, que el mayor incremento poblacional en su propio país está concentrado en minorías nacionales no rusas.
La legislación rusa ha ido incrementando las restricciones en torno a la inmigración desde hace unos años pese a que dichas medidas contradicen las necesidades demográficas del país.
Con todo, la aplicación de dicho régimen de racionamiento del capital humano dista mucho de ser eficaz por lo que los flujos de inmigración siguen produciéndose de manera clandestina o indocumentada (mediante el soborno correspondiente al funcionario o policía de turno para aligerar el expediente convenientemente "engrasado"). Se da sobre todo en aquéllos provenientes de Asia central (uzbecos, kazajos, tayikos, kirguises, turkmenos) o de países CEI eslavos (ucranianos, bielorrusos, moldavos). Es realmente como la tasa de entrada a los inmigrantes propuesta por Gary Becker pero, en vez de ser transparente y cierta, es opaca e incierta con el añadido, además, de padecer todos los inconvenientes que trae consigo la inmigración ilegal (inseguridad jurídica, abusos, impago de impuestos, baja productividad, falta de incentivos para invertir en su formación, etc.).
Es una lástima que la presión de los nativistas rusos y sus temores imaginarios sean tan acusados en su país ya que cuentan con dos ventajas sobre el resto de las naciones europeas. Por un lado, una vasta mayoría de inmigrantes actuales (legales y clandestinos) provienen de repúblicas de la extinta URSS, por lo que son ruso parlantes (lo que favorecería su integración) y, por otro lado, el estado de bienestar ruso está mucho menos sobredimensionado que en los países de la Unión Europea por lo que el argumento nativista del supuesto abuso de las prestaciones sociales por parte de los inmigrantes es menos persuasivo.
Nadie puede decir con seguridad cuántos inmigrantes residen hoy en Rusia. Las cifras aproximadas oscilan entre 4 y 11 millones de personas, la mayoría de las cuales se encuentran en situación ilegal.
Proyecciones futuras y deberes pendientes
El envejecimiento de la población continuará en Rusia. Las peores estimaciones sugieren que para 2050 la población se reducirá entre un 15-20% (120-114 millones). En un breve lapso de tiempo se prevé, por tanto, que haya grave escasez de mano de obra joven. Las tendencias poblacionales son muy difíciles de revertir y requieren dilatados periodos de tiempo para lograrlo.
Ante estos desafíos demográficos que afronta el país y para compensar estas sombrías proyecciones, el presidente de la Federación, Vladimiro Putin, aprobó diversas medidas para minimizar la disminución de la población, como el llamado ‘capital materno’ (cheque-bebé de casi 7.000 euros), campañas propagandísticas para promover el modelo tradicional de familia e incentivos varios para que las mujeres tengan tres niños en las regiones más despobladas.
Putin comenzó su programa para mejorar la natalidad en 2007. El año 2008 fue declarado en Rusia como ‘Año de la familia’. Otras medidas simbólicas fueron reconocer jornadas vacacionales el 12 de septiembre como ‘Día del contacto familiar’ o, más recientemente, el 8 de julio como ‘Día de la familia, el amor y la fidelidad’, fechas en la que las autoridades llaman a hacer ‘el amor patriótico’ y ofrecen premios materiales (frigoríficos, televisiones…) para las madres que den a luz nueve meses después.
Todo esto es insuficiente pese a sus buenas y divertidas intenciones. Dirán los partidarios de estas medidas que la natalidad por mujer en edad fértil ha mejorado y es verdad: pasó de 1,25 en el 2000 a 1,7 en la actualidad, pero sigue estando por debajo del 2,1 necesario para el reemplazo generacional. Se está aún lejos de alcanzar los niveles poblacionales previos a 1990 y es dudoso se consiga a medio plazo. Con la anexión por las bravas de la península de Crimea, Rusia ha añadido 2,4 millones de personas a su jurisdicción pero no creo en absoluto que sea ese el camino para resolver sus problemas demográficos.
Lo que realmente necesita Rusia es un flujo de inmigrantes 3 ó 4 veces superior al actual, es decir, un millón de inmigrantes al año como mínimo. El flujo migratorio actual es de más de 300.000 personas al año. La política de inmigración se debe reorientar completamente y dejar de estar en manos de la policía y de los intermediarios laborales corruptos. Debería ofrecer mayores canales de entrada legal a los inmigrantes. El sector empresarial ruso debe trabajar en ‘blanco’ y la situación laboral de los inmigrantes debe regularizarse. Sería lo más sensato para beneficio de la economía del país.
La propia directora del Instituto de políticas de inmigración, Olga Gúlina, reconoce que solo hay dos formas de luchar contra la inmigración irregular: la legalización o la deportación. Conocedora del pesado gasto y empleo de recursos que supone la deportación por la aquilatada experiencia de los gobiernos de la UE o los EE UU, llega a la conclusión realista de que se debería aplicar mejor una "amnistía" para los inmigrantes ilegales que ya están trabajando en suelo ruso.
Ante todo, debería liberalizarse mucho más la economía rusa en todos sus frentes, facilitarse todo lo posible la reubicación de la producción (con el cese de ayudas públicas a zonas industriales caducas y reducir los trámites burocráticos) y favorecer aún más la inmigración interna del país (mediante la supresión de controles administrativos y de la reminiscente cartilla laboral que hace poco flexible el cambio de ocupación laboral). Todo esto, junto a una muy necesaria mejora del mercado inmobiliario (ofreciendo una mejor seguridad jurídica mediante la adecuada protección de los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos), mitigaría las diferencias de ingreso y de desempleo entre regiones al permitir la movilidad de trabajadores de zonas de baja productividad y menores salarios hacia otras de mayor productividad y mayores ingresos.
La historia económica nos enseña que con decrecimiento demográfico es difícil alcanzar la prosperidad; también nos enseña que la otra pata para alcanzarla es la productividad. En ambas asignaturas la Federación rusa está suspendiendo con su actual régimen autocrático.
A pesar del fuerte sentimiento anti-inmigrante que existe entre los rusos y de las medidas de repoblación un tanto berlusconianas que propone Putin, el potencial de la economía rusa necesita fomentar también la inmigración como palanca demográfica más significativa con la que poder contar a corto y medio plazo. Caso de no recurrir a ella, cargará con su propia cruz durante décadas.
Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII.
¿Cuánto le ha costado la revolución cubana al mundo?
Raúl Castro ha puesto condiciones a Barack Obama para reestablecer relaciones diplomáticas. Una de ellas es recibir una compensación por los daños producidos por el embargo comercial.
¿A cuánto asciende el perjuicio? Según los puntillosos economistas del gobierno cubano, la cifra es exactamente 116.860 millones de dólares. No tengo la menor idea sobre cómo han llegado a esa suma monstruosa, pero démosla por buena a los efectos de esta columna.
Naturalmente, eso nos precipita a una pregunta inevitable: cuánto ha costado la incompetencia y la injerencia de la revolución cubana al mundo.
Hagamos unos apuntes contables.
– Primero, claro, están los perjudicados cubanos. En 1959 Cuba tenía 6.000.500 habitantes. Al margen de 1.800.00 viviendas, existían 38.384 fábricas, 65.872 comercios y 150.958 establecimientos agrícolas. Todo eso fue estatizado sin compensación real, lo que provocó el súbito empobrecimiento de la sociedad cubana. ¿A cuánto asciende el despojo? Probablemente el Estado debe a los propios cubanos treinta veces lo que hoy Raúl Castro reclama a Obama. Pasaron de los primeros lugares de desarrollo en América Latina a los últimos.
– Estados Unidos. Los norteamericanos, muy conservadoramente, valoran en 7.000 millones las propiedades confiscadas en la Isla. No incluyen en la cuenta, por ejemplo, entre otros rubros olvidados, el costo enorme de integrar a dos millones de refugiados cubanos en Estados Unidos (el 20% de la población de la Isla), ni los daños provocados por los miles de criminales deliberadamente sacados de las cárceles cubanas y enviados a USA durante el éxodo del Mariel, en 1980. Tampoco tienen en cuenta los derechos de propiedad norteamericanos sobre libros, canciones, películas, programas de televisión, medicinas, programas de informática y objetos de todo tipo copiados o utilizados sin límite por los cubanos. Una suma astronómica. Deberían sumarlos.
– España. La Sociedad 1898, constituida en Madrid para defender los intereses de los españoles perjudicados en la Isla –eran dueños de una buena parte del comercio minorista–, afirma que, sólo a las 3.000 familias españolas que han logrado localizar, les deben unos 8.000 millones, a valor del dólar actual.
– URSS. Según la economista rusa Irina Zorina, los subsidios a Cuba, sin contar las cuantiosas donaciones de armamentos, excedieron los 100.000 millones de dólares. En el verano del 2014 Vladimir Putin condonó a Cuba el 90% de una incobrable deuda de 35.000 millones reconocida a Rusia ante el Club de París. El 10% restante, que tampoco cobrará, hipotéticamente se invertiría en la Isla.
– Venezuela. El economista Carmelo Mesa-Lago calcula el subsidio venezolano en unos 13.000 millones de dólares anuales. Ernesto Hernández-Catá, otro gran profesional, lo rebaja a 7.000. En todo caso, una cifra descomunal que explica, entre otras razones, la magnitud del desastre venezolano.
– Argentina. La deuda original de 2.400 millones, contraída en los años 70, al no pagarla, hoy excede los 11.000 millones.
– Japón. Cuba le debía 1.400 millones. Los japoneses condonaron el 80% de la deuda y el 20 restante lo aplazaron en 20 años. Naturalmente, eliminaron las líneas de crédito a los cubanos.
– México. Hizo más o menos lo mismo que Japón. Cuba debía 487 millones de dólares y el gobierno mexicano le perdonó 341 y le aplazó la devolución del remanente a lo largo de una década.
Y ahora acerquémonos, parcialmente, a la injerencia, pero con más preguntas que respuestas, porque, que sepamos, nadie todavía ha puesto números al costo de la intromisión cubana en los asuntos internos de otros países.
¿Cuánto le costó a Venezuela el desembarco de guerrillas cubanas en los años 60 y el apoyo de los Castro a las guerrillas y terroristas venezolanos durante más de una década? ¿Cuánto le cuesta la disparatada asesoría que ha llevado el país a la ruina?
¿Cuánto le costó a Bolivia el intento del Che Guevara, acompañado de militares cubanos, de derrocar al gobierno del país?
¿Cuánto le costó a Chile la radicalización del gobierno de Salvador Allende, en gran medida motivada por la presencia de las tropas especiales cubanas en su territorio y por el consejo suicida de La Habana?
¿Cuánto le costó a Centroamérica en vidas humanas y en recursos económicos la ayuda de Cuba a la creación y mantenimiento de guerrillas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua? (Nicaragua, por ejemplo, todavía no ha recuperado los índices de desarrollo económico que tenía en 1979, año del triunfo sandinista).
¿Cuánto le costó a Colombia la vinculación de Cuba al Ejército de Liberación Nacional o ELN, al M-19 de Jaime Bateman y a las FARC?
¿Cuánto pagaron los argentinos por combatir al Ejército Guerrillero del Pueblo, organizado por Cuba y dirigido por Jorge Ricardo Masetti, como prueba el periodista e historiador Juan Bautista Yofre en su libro Fue Cuba, o el insensato ataque al cuartel de La Tablada, con armas cubanas, durante el gobierno de Raúl Alfonsín?
¿Para qué seguir? La pequeña isla de Cuba, dirigida por un loco que, como tantos, se creía Napoleón Bonaparte, pero que realmente intentó serlo y a ello dedicó toda su vida, ha sido una catástrofe, no sólo para los cubanos, sino para medio planeta. Una catástrofe que ha costado una inmensa cantidad de dinero.
Libertad de expresión y estado de derecho
¿Puede un liberal escribir: Je ne suis pas Charlie?
Desde luego, si respetamos el principio de la libertad de expresión tendríamos que admitir esta postura, bastante minoritaria, en medio de la marea de lápices y de adhesiones al Semanario (y de ventas millonarias). Voy a tratar de razonar con ustedes, dialogando con varios compañeros anteriores de sección, por qué me parece un asunto no tan sencillo de resolver y con varios matices para tener en cuenta.
Sin entrar en precisiones jurídicas, ámbito que apenas conozco, pienso que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero con limitaciones y exigencias de responsabilidad. Me parece que el respeto a la verdad debería estar por encima de la libertad de expresión (¿está justificado mentir o decir impunemente cualquier cosa?). Por supuesto, el derecho a la vida es un bien mayor, de manera que no cabe ninguna justificación para esos terribles asesinatos, sea o no sea razonable la opinión de los redactores de Charlie. Ahora bien, creo que es posible -desde posturas liberales- plantear una frontera a la libertad de expresión: la que marca el estado de derecho y el respeto a los demás. A veces se pone como excusa la "autocensura": es que si no digo todo lo que pienso estoy violentando mi propia libertad… No es tan sencillo: claro que existen límites al ejercicio de mi libertad, como por ejemplo los derechos de mi vecino. Aquí tendríamos que considerar hasta qué punto es más libre la persona que hace exactamente lo que le apetece, o la persona que actúa bajo un principio de responsabilidad. Yo me apunto al segundo caso.
Por eso, no me parece justificable ampararse en la libertad de expresión para insultar, denigrar o simplemente difundir conductas poco ejemplares de otras personas. Pero claro, los límites entre lo correcto y lo abusivo no son fáciles de discernir: para ello tenemos un sistema jurídico que, con todos los errores que queramos, debería tratar de defender los derechos individuales, la fama, el honor, el buen nombre, etc. En España, la presión terrorista y una enfermiza obsesión por lo políticamente correcto nos ha llevado a emplear de forma bastante cansina ese término del "supuesto delincuente": aunque todo el mundo haya visto cómo disparaba su arma, será un supuesto asesino hasta que se le juzgue… Pero sensu contrario, parece que cualquier ciudadano anónimo tiene que aguantarse que le mancillen su honorabilidad so capa de la libertad de expresión. O también los políticos, que ya no son anónimos, tendrían que soportar en la entrada de sus viviendas esos agresivos escraches por la misma razón.
Claro que hay límites a la libertad de expresión, y la justicia debería velar por su respeto (me parece que con más cuidado). Otro derecho fundamental es la libertad religiosa: no es correcto insultar (o discriminar) a las personas por sus creencias, del mismo modo que por su color de piel, cultura o estrato social. Sin embargo, la única herramienta para defender estos principios es exigir el cumplimiento de la Ley: si alguien se siente agredido, que vaya a los tribunales. Es en este sentido en el que me ha parecido, también, poco afortunada la expresión del papa Francisco: no se puede dar un puñetazo al que te insulta… Hay que denunciarle ante el juez: por eso, mi consejo a esos musulmanes moderados que ahora todo el mundo cita, es que denuncien al Semanario si se sienten ofendidos. Y lo mismo le pediría al Sr. Arzobispo de París si la portada de esa revista se mofa de la religión católica (como parece que acaba de hacer): por favor, vaya a los tribunales. ¿Resulta que la justicia es una basura y nadie nos defiende?: pues a protestar, razonar y presionar para que se cambie.
La ironía de todo esto, como bien escribe Antonio J. Chinchetru, es que da la sensación de que "el Papa ha enviado un peligroso mensaje a los integristas, unos totalitarios que amenazan la vida y la libertad de millones de seres humanos. Les ha dicho que la máxima autoridad de la principal confesión cristiana, a la que ellos identifican de forma automática con el conjunto de Occidente, no está dispuesta a defender los valores de esa misma civilización occidental y hasta les ofrece cierta cobertura moral" (aunque yo matizaría lo de calificar como fundamentalistas cristianos a los que defienden la divinidad de Jesucristo).
En un sentido más conceptualista, F. Capella explicaba que "Defender el derecho a expresar cualquier idea no es equivalente a defender o estar de acuerdo con esas mismas ideas ni implica tener que participar en su difusión: es posible defender el derecho a expresar cosas que se califican como estupideces, o ideas erróneas o nocivas". Como liberal, yo aceptaría este derecho a expresar cualquier idea, siempre que existan los mecanismos legales para defenderse en caso de agresión, injusticia o falta a la verdad. Porque me parece peligrosa la situación que plantea enseguida el mismo Capella: "Libertad total de expresión puede significar que mediante el lenguaje se mienta, se acuse falsamente de delitos, se defiendan las violaciones de la libertad, la violencia o la incitación a la misma, se coordinen agresiones, o se produzcan humillaciones y vejaciones contra individuos o colectivos oprimidos o estigmatizados": ¿qué podemos hacer en estos casos?
Una respuesta interesante es la que propone Francisco J. Contreras, llamando a una reflexión consecuente sobre lo que consideramos "valores europeos". Y también me ha gustado lo que escribía Gabriel Zanotti jugando con esa expresión: "yo soy el respeto", "yo soy la libertad religiosa", "yo soy el Rule of Law". Es en estos sentidos en los que me parece adecuado protestar: Je ne suis pas Charlie!
Maduro huye hacia delante
Maduro anunció su nueva estrategia para enfrentarse a la catástrofe venezolana. Insiste en los errores de siempre. No va a rectificar. Mintió. Inventó culpables y conspiraciones. Optó por huir hacia delante. Lo hizo tras un inútil recorrido en busca de recursos por varios países, incluida China. Apenas consiguió unos pocos créditos y la vaga promesa de ciertas inversiones. Ya no le creen. Ni los que tienen ciertas simpatías ideológicas le creen. Por eso le han cerrado el grifo.
Hacen bien en no confiar en el chavismo. Nadie ignora que esta patulea de incapaces, además de maltratar severamente a la población, y de convertir al país en un narcoestado terriblemente corrupto –el más podrido de América Latina de acuerdo con Transparencia Internacional–, ha malgastado miles de millones de petrodólares. ¿Cuántos? Para que el azorado lector se haga una idea: la cifra es mayor que la suma de todos los ingresos recibidos por el Estado venezolano desde que Simón Bolívar consiguió la independencia, en el primer cuarto del siglo XIX.
Si los chavistas hubieran sabido y querido gobernar razonablemente, tras una década del barril de petróleo a cien dólares, Venezuela hoy sería un país del Primer Mundo y no una sociedad en plena descomposición, donde las personas se pelean a puñetazos en los supermercados y las farmacias por adquirir un poco de leche o una ampolleta de insulina.
¿Cómo llegaron a este desastre? Tomen nota los españoles: además del catastrófico padrinazgo cubano, siguieron de cerca los consejos de los profesores comunistas Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, hoy en Madrid al frente del partido Podemos. Estos personajes llegaron a tener despacho en Miraflores, la casa de gobierno en Venezuela, desde donde pontificaban y recetaban a sus anchas.
Durante más de seis años, y al costo de varios millones de dólares que recibieron por sus asesorías, los jóvenes expertos académicos españoles enseñaron a los chavistas a demoler sin compasión la economía de la nación más rica de América Latina.
Arribaron a Caracas borrachos de populismo marxista, sin la menor experiencia empresarial –lo que se traduce en que ignoran cómo se crea, conserva o malgasta la riqueza–, convencidos de que la principal tarea de los gobiernos es igualar a las personas por abajo. Objetivo, por cierto, que lograron con creces. Hoy el país es una inmensa pocilga colectiva.
¿Y ahora qué va a pasar en Venezuela? Un experto en seguridad lo ha vaticinado en un tono sombrío: el chavismo –me ha dicho– no marcha hacia una revolución o contrarrevolución política, sino hacia un saqueo nacional, monstruoso y definitivo, que llegará a los hoteles y a las casas suntuosas, dondequiera que haya comida.
Venezuela va hacia el caos, regido por la ley del más fuerte, con cien mil kalashnikovs, pistolas y cuchillos empuñados por la gente de rompe y rasga. Esos mismos que en el 2014 asesinaron a 25.000 personas para despojarlas de los teléfonos móviles, las billeteras y los anillos, ahora acompañados por una enorme turba que se robará televisores, enseres domésticos y todo lo que encuentre a su paso.
¿Por qué no? Eso fue lo que aprendieron de Hugo Chávez en aquellos paseos televisados en los que el difunto militar repetía alegremente el fatídico "Exprópiese" ante cualquier bien que le llamara la atención, mientras sus cómplices, vestidos de rojo, reían y aplaudían irresponsablemente. El teniente coronel les enseñó que en la contemporánea selva urbana no existen los derechos de propiedad. Sencillamente, el dueño es el que tiene la pistola en la mano y está dispuesto a utilizarla. Menudo legado.
Por supuesto, Maduro todavía tendría la posibilidad de impedir este horror. ¿Cómo? Rectificando. Debería comenzar por abrir los calabozos y liberar a los presos políticos, al tiempo que convoca a un urgente diálogo nacional con la oposición –que hoy tiene el 75% de respaldo popular– para dar un vuelco a la situación mediante una inmediata reforma consensuada.
¿Por qué no lo hace? Probablemente se lo impiden los narcogenerales que temen por su bolsa y por su vida, la legión de los corruptos que prefiere continuar esquilmando el país y sus mentores cubanos, que anualmente reciben miles de millones de dólares en subsidios y están dispuestos a pelear hasta el último venezolano por mantener ese vital flujo de recursos.
Atrapado en medio de esas fuerzas, Nicolás Maduro marcha a paso firme hacia el precipicio.
La última huida hacia delante de Mario Draghi
Cuando se rechaza lo correcto, sólo queda intentar lo incorrecto. Tal parece ser el lema del Banco Central Europeo, quien se ha lanzado a premiar con una “flexibilización cuantitativa” de más de un billón de euros a los distintos gobiernos de la Eurozona por cuanto éstos se niegan a atajar los verdaderos problemas estructurales que sí padece el Viejo Conteniente: no la deficiencia de endeudamiento público y privado, sino la ausencia de libertad económica y de ahorro privado que permita una sana acumulación de capital interna. Con el QE, el BCE pretende sustituir las oportunidades y los capitales propios por la imprudente asunción de riesgos y el endeudamiento. No queremos crecimiento sano, pero abrazamos entusiasmados la hinchazón insana.
Claro que una cosa son las intenciones declaradas del QE (inducir al sistema financiero a que asuma mayores riesgos e incremente su crédito privado) y otro los resultados verosímiles. La lógica de los llamados “mecanismos de transmisión” peca de ingenua: que hasta finales de 2016 el BCE vaya a reemplazar 1,1 billones de euros en activos en manos de la banca por 1,1 billones de euros en efectivo no significa que los bancos, tras beneficiarse de ese generoso manguerazo de liquidez a costa del ciudadano europeo, procedan por necesidad a aumentar su provisión de crédito a la economía.
No parece demasiado probable que una banca europea todavía infracapitalizada y celosa de su solvencia vaya a incrementar masivamente su financiación a un sector privado maniatado por el infierno fiscal y regulatorio europeo; como tampoco parece que familias y empresas, cercadas por los excesos de un endeudamiento pasado ya alimentado por el BCE, vayan a aumentar significativamente sus demandas de nueva deuda. Previsiblemente, pues, la amortización de la deuda antigua seguirá superando la concesión de nuevos créditos, de modo que el volumen total de deuda continuará reduciéndose, consolidando así las actuales tendencias deflacionistas.
A la postre, la banca europea no se halla actualmente constreñida por su liquidez a la hora de prestar. Los bancos europeos disponen de un exceso de reservas de 100.000 millones que, hace poco más de medio año, el fueron multiplicadas por el propio BCE al anunciar un paquete de medidas conducente a proporcionar alrededor de 400.000 millones de euros a aquellos bancos que estuvieran interesados en prestar al sector privado. En aquel momento ya expresé mis dudas de que llevando al caballo al río, éste optara por beber sin tener sed; hoy sigo manteniendo esas mismas dudas ante la huida hacia delante que ayer protagonizó Draghi: proporcionar todavía más liquidez a la banca no solventa los problemas de base que impiden que “fluya el crédito”… y sin solventar tales problemas, el crédito simplemente no fluirá.
Dicho de otra manera, las flexibilizaciones cuantitativas no son ni condición necesaria ni condición suficiente para que se expanda de nuevo el crédito al sector privado. No son condición necesaria porque los bancos privados son autónomamente capaces de expandir el crédito cuando las condiciones fundamentales de la economía (solvencia del banco y solvencia del demandante del crédito) así lo permitan: jamás los bancos privados han necesitado de una inyección previa del banco central para prestar a familias, empresas o gobiernos. No son condición suficiente porque, en ausencia de cambios en las condiciones fundamentales, no consiguen que los bancos presten más, sino únicamente que atesoren la liquidez que han recibido.
Ciertamente, el QE pretende que esa condición insuficiente se torne en suficiente mediante una manipulación de las condiciones del mercado: si emborrachamos con liquidez a la banca y si, además, las compras de deuda pública y privada hunden por los suelos la rentabilidad de los activos adquiridos, entonces a la banca no le quedará otro remedio que expandir el crédito al resto de sectores de la economía. Y, desde luego, una combinación de sobredosis de liquidez y de tipos de interés nulos o incluso negativos terminaría empujando a la banca a escalar en riesgos para buscar rentabilidades algo más atractivas y, por tanto, a prestar a familias y empresas. Pero fijémonos en que lo que habrá conseguido en tal caso el QE no es que haya más buenas oportunidades de inversión en la economía, sino que el crédito aumente dentro de un contexto empresarial hostil a costa de que el conjunto del sistema financiero asuma riesgos que ese mismo sistema financiero juzgaba desproporcionados. Como dijimos al comienzo, el BCE busca sustituir oportunidades de inversión y ahorro propio por mayor riesgo y endeudamiento. Una fórmula que primero multiplica la fragilidad del sistema y luego termina socavándolo.
Acaso por ello, Draghi reiteró ayer que la verdadera solución a los problemas de Europa en ningún caso provendrá de una política monetaria expansiva, sino de las reformas estructurales y de los ajustes presupuestarios de sus gobiernos. Mas justamente el chute monetario del presidente del BCE contribuye a aplazar de manera indefinida cualquier reforma profunda en el esclerotizado modelo europeo: como ya hizo su ventanilla de rescate a gobiernos díscolos abierta durante la segunda mitad de 2012 (la OMT), en ausencia de mercados financieros que pongan de manifiesto las debilidades e insostenibilidades del crecimiento europeo a través de la prima de riesgo, sus gobiernos optan por dormirse en los laureles del artificialmente abaratado endeudamiento público y de unas hinchadas burbujas de activos que, efecto riqueza mediante, actúan como broteverdistas espejismos entre la población.
El QE europeo es un error, uno más en la gestión monetaria del BCE durante los últimos años. Lo que necesitamos no es más riesgo estéril y más deuda, sino más mercados y más ahorro interno: es decir, liberalizaciones, imperio de la ley y reducciones del gasto público y de los impuestos. En su presencia, el QE sería innecesario; en su ausencia, inútil o contraproducente. Los mayores —acaso únicos— beneficiarios de esta orgía monetaria serán gobiernos y bancos, esto es, los dos agente que han configurado la estructura actual del sistema financiero en su propio privilegiado provecho. Curioso que aquellos acostumbrados a clamar contra la socialización de pérdidas y el rescate a la banca estén aplaudiendo una medida que, en última instancia, tiene los mismos contraproducentes efectos.
¿Razón del estado argentino?
La espeluznante aparición, con un disparo de revolver en la cabeza, del cadáver del fiscal federal Alberto Nisman en el baño de su casa pocas horas antes de la anunciada presentación ante la Comisión de legislación penal del Congreso argentino de las pruebas contra la presidenta Cristina Fernández, el ministro de asuntos exteriores Héctor Timerman y otros colaboradores, por encubrir la responsabilidad de agentes iraníes imputados en la masacre de 85 personas relacionadas con la asociación judía AMIA en 1994, reviste todos los elementos de una trama siniestra.
Hasta ahora, la penútima versión del sempiterno y viscoso peronismo que asola la Argentina desde tiempos remotos había mostrado al mundo modos y actuaciones más propios de una banda de delincuentes organizada con el propósito de estafar y extorsionar a todo aquél que genere riqueza en sus dominios.
Sin embargo, esta particular amalgama de populismo, fascismo y socialismo acumula, además, vehementes indicios de haber traspasado todos los límites que distinguen – bien es cierto que en una línea de continuidad- a los ladrones de los criminales más brutales y mafiosos. En efecto, el fiscal “suicidado” había declarado que contaba con grabaciones de negociaciones de colaboradores de la presidenta actual con representantes iraníes, las cuales demostrarían que ambas partes acordaron el sobreseimiento de hecho del caso respecto a los prófugos imputados por la matanza, de nacionalidad persa, a cambio de la conclusión de un acuerdo comercial entre gobiernos.
Este encubrimiento, auspiciado nada menos que por el propio ejecutivo del estado donde se asestó tan monstruoso atentado, se intentó revestir con una norma de cobertura: El Memorándum de Entendimiento sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA, firmado el 27 de enero de 2013 en Addis Abeba por los ministros de asuntos exteriores de Irán y Argentina, que creaba un Comisión de la Verdad que formarían “juristas internacionales de reconocido prestigio” y a la que quedarían supeditadas las investigaciones emprendidas por determinados juzgados argentinos, incluídas las órdenes de detención dictadas por Interpol a petición de los mismos contra determinados sujetos iraníes y los numerosos requerimientos de auxilio judicial internacional rechazados por las autoridades de la República Islámica de Irán. Según la distribución de competencias establecida en la Constitución argentina de 1994 (artículos 99.11 y 75.22 ) en relación a la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, corresponde, desde la perspectiva argentina, respectivamente al presidente de la República y al Congreso de los diputados la firma y ratificación de los acuerdos internacionales.
Con independencia de la propia demora que la aprobación de ese acuerdo por las Cámaras legislativas provocó en las investigaciones dirigidas por jueces de instrucción y fiscales argentinos – quiénes, por cierto, calificaron esos asesinatos como crímenes de lesa humanidad en el transcurso de la investigación- la Cámara Criminal y Correccional Federal, estimando la acción de amparo interpuesta por AMIA, declaró la inconstitucionalidad y anuló el Memorandum y la Ley 26.843 que lo aprobó, por Sentencia de 14 de mayo del año pasado.
Además de esas disposiciones, el fallo de esa resolución decretó la suspensión de la posible ejecución del Memorandum y ordenó al Juez de Primera Instancia que reiterase las solicitudes de extradición y cooperación judicial; insistiese a Interpol para que, dadas las pruebas y la calificación del hecho como crimen de lesa humanidad, reevaluara la solicitud de órdenes de captura internacional contra Alí Rafsanjani, Alí Akbar Velayati, y Hadi Soleimanpour y extremase los esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las capturas dispuestas en la causa.
Los fundamentos jurídicos concurrentes de los jueces ponen de manifiesto el fraude de ley perpetrado por el gobierno argentino con la firma de ese “acuerdo internacional”. Según el tribunal, en lugar de procurar la formulación de mecanismos que hicieren posible concretar las asistencia jurídica requerida en su día por los jueces argentinos a las autoridades de Irán, se acordó un procedimiento sustitutivo de la averiguación de la verdad y de la determinación o descarte de las responsabilidades penales en relación al hecho del atentado. En esencia, concluyó que el Memorandum conculcó el artículo 18 de la Constitución argentina, en cuanto este precepto prohíbe el juicio por comisiones especiales o la separación de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa.
Aunque la sentencia no era todavía firme, dada la posibilidad de apelación de su fallo ante la Corte Suprema, el gobierno reaccionó de forma destemplada ante esa revocación de un acto basado en el particular entender de la razón de Estado por parte de la mandataria argentina y su equipo de colaboradores. El canciller Timmerman, por ejemplo, arremetió taimadamente contra los jueces que dictaron la sentencia por inmiscuirse en la competencias asignadas por la Constitución al Ejecutivo y al Legislativo en materia de celebración de acuerdos internacionles y, manipulando lo debatido en el procedimiento de amparo, por “facilitar” la renuencia de la República Islámica a cooperar en la resolución del caso.
De esta manera, sumadas las circunstancias que rodean al caso y los medios utilizados para ascender y mantenerse en el poder del matrimonio Kirchner, no resulta nada descabellado apuntar a una implicación directa o indirecta del gobierno argentino en la muerte del fiscal Nisman. Él mismo aseguró que sus averiguaciones sobre una prolongada colaboración entre gobernantes argentinos e iraníes para lograr una suerte de impunidad para los imputados que permanecen en rebeldía le podría acarrear la muerte.
Después de haber asegurado oficialmente que la causa de la muerte del fiscal fue el suicidio -algo verdaderamente inverósimil, con solo considerar los testimonios de las últimas personas que mantuvieron contacto con el fallecido- el gobierno quedará en un escandaloso entredicho si se confirma la información de que la prueba pericial demuestra que no hay vestigios de pólvora en sus manos.
La propiedad de lo sagrado
No deja de sorprender la capacidad humana para destruir y para crear. Como si no fuéramos de la misma especie, como si viviéramos en realidades diferentes, los mismos seres humanos somos capaces de lo más grande y de lo más terrible. Este nuevo año se ha despertado de mal humor y nos está regalando episodios muy duros, ataques terroristas, muertes, violencia, como recordándonos que seguimos teniéndonos miedo, los unos a los otros, miedo como el que no ve y desconfía de lo que le rodea por puro sentimiento de supervivencia.
La demanda de conspiraciones
Ante sucesos como los acaecidos en Francia en las pasadas semanas, siempre hay una venta exitosa de conspiraciones que apuntan a supuestos autores de lo más variopintos: el Mosad, los gringos, la mano negra. Y como toda teoría de la conspiración que se precie, los argumentos están diseñados para que el hilo de la lógica se retuerza sobre sí mismo y no deje más opción que aceptar la conspiración, o bien, reconocer que a una le encanta vivir en la mentira.
Lo mejor, o lo peor, es que por poder, claro que puede ser. Igual que es posible que seamos un sueño de un alienígena, o que haya una civilización paralela en un planeta remoto donde exista otro yo y que estemos unidos solamente en los sueños.
No puedo demostrar ninguna de esas hipótesis y si las niego la alternativa es reconocer que “mi” explicación, basada en los hechos que conozco, es la mejor de las mentiras, y que quienes aceptan esas teorías están en la verdad, y su mente preclara les permite entender lo que yo no soy capaz.
Yo reconozco que ante un atentado reivindicado por terroristas de una facción extremista de un movimiento musulmán radical, tiendo a creer que han sido ellos, antes que pensar que no, que han sido otros ocultos tras los terroristas por razones recónditas. Ya ven. Soy rara. Pero me temo que esas conspiraciones, junto la famosa amenaza franquista de la “conspiración judeo-masónica”, la amenaza de quedarse ciego al practicar el sexo en solitario, o la de quedarse bizco si te daba el aire en los ojos cuando de niño cruzabas los ojos haciendo muecas, tienen una base similar en cuanto a su poca fundamentación.
Los derechos de propiedad sobre las imágenes sagradas
Dicho lo cual, dejando de lado la autoría, merece la pena reflexionar un poco acerca de las razones que llevan a algunas personas a matar, a los resortes que tocan en muchas personas determinados comentarios acerca de lo que ellos consideran sagrado y los límites de la libertad de expresión.
Planteaba en su muro de Facebook el jurista de Estados Unidos, Stefan Kinsella, experto en temas de propiedad intelectual y apasionado detractor precisamente de los derechos de propiedad intelectual, que podría re-pensarse el ataque terrorista al semanario “Charlie Hebdo” en términos del monopolio que algunos creen tener sobre las imágenes que representan lo que ellos entienden que es sagrado. Efectivamente, muchos entre quienes profesan una fe sienten que ellos son los únicos que pueden hacer uso de las imágenes que representan a su Dios, santos, profetas, etc. Un uso inadecuado puede ser interpretado como falta de respeto. Y estoy pensando, por ejemplo, en la moda de exhibir un rosario alrededor del cuello a modo de collar, o el crucifijo colgando de la oreja de algún cantante. Me pregunto si esas personas tan susceptibles ante lo que ellos llaman “Dios” sienten tanto respeto por todas las manifestaciones de lo sagrado pasadas y presentes.
Más allá de eso, entiendo que el tema que levanta ampollas es la sátira y el mal gusto. Personalmente creo que la sátira, la burla hacia lo ajeno, hacia la autoridad, y muchas veces hacia lo propio, es un síntoma de buena salud, y sé que duele cuando te tocan lo que más quieres. Pero la capacidad de cachondearse uno hasta de su sombra, no es mala, incluso si transgrede la corrección y el respeto. Lean a Quevedo. Es la sociedad la que debería no ver ese programa de televisión, no comprar esa revista, y no alimentar a quienes se pasen de la raya. No debería ser necesaria una ley que sustituyera el deber de cada cual de posicionarse y hacer algo. Algo no violento, por supuesto: afear la conducta, denunciar el mal gusto, poner en marcha una campaña para evitar que la gente vea o lea esas publicaciones. Hay muchas cosas que no son un puñetazo en la cara.
Y, por supuesto, al lado de las discusiones serias, de los debates bienintencionados, Occidente, desdibujado como está en este siglo XXI, permite que sus políticos, los mismos que miran al techo frente a las masacres en África, cuando no sacan partido de ellas, se atribuyan también el monopolio del dolor y la indignación. Lo que nos faltaba.
La dictadura democrática de Podemos
Muchos, sin duda, se habrán llevado las manos a la cabeza al descubrir que Podemos plantea la posibilidad de prohibir la Semana Santa en Sevilla, y sin embargo dicha propuesta constituye tan sólo una simple muestra de la naturaleza dictatorial que esconde el partido de Pablo Iglesias bajo el falso ropaje democrático que tanto airean.
La aplicación del ideario podemita no sólo se traduciría en una intensa restricción de la libertad económica, sino que, además, implicaría un retroceso brutal en el ejercicio del resto de derechos fundamentales del individuo, más allá del uso y disfrute de la propiedad privada, tales como la libertad religiosa, la libertad de expresión y, en última instancia, también la libertad política. Las ideologías totalitarias conducen a sistemas totalitarios, siempre y en todo lugar, y Podemos no es una excepción.
Basta observar con atención las palabras que han suscitado esta particular polémica para percatarse de la verdadera catadura de dicha formación. En una entrevista publicada por El Mundo, la secretaria de Podemos en Sevilla, Begoña Gutiérrez, afirmaba lo siguiente:
Si gobernamos y se plantea quitar la Semana Santa, los ciudadanos decidirán (…) En Podemos todo los decidimos los ciudadanos y las ciudadanas. Si se llegara a plantear esa cuestión serían ellos quienes lo decidirían.
Abría, así, la puerta a una votación sobre la prohibición de la Semana Santa.
Sus declaraciones levantaron al instante tal oleada de críticas e indignación, especialmente en Sevilla y el resto de Andalucía, que su autora no tardó mucho en intentar rectificar su colosal metedura de pata a través del siguiente tuit: "La Semana Santa es una tradición arraigada en Sevilla y formará siempre parte de nuestra cultura mientras la ciudadanía así lo quiera."
Y pocas horas después enlazaba unas declaraciones del secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual –costalero, curiosamente–, en las que criticaba la "lectura torticera y demencial" que se había hecho de sus palabras, ya que "los sevillanos nos sentimos orgullosos de nuestra Semana Santa". Pero la clave es que, a continuación, añadía esta reveladora aclaración:
Quizás aún no se ha entendido muy bien que nosotros nos creemos nuestro estatuto y nuestro ideario, y lo que decimos siempre es que las grandes decisiones que vayamos a tomar donde gobernemos las va tomar la gente.
Si se fijan, la pretendida rectificación no existe. Tanto Gutiérrez como su camarada Pascual coinciden en lo esencial. A saber, que la Semana Santa existirá mientras la mayoría de la ciudadanía/gente así lo decida, sin importar un ápice que su prohibición por vías democráticas constituya una violación flagrante de un derecho fundamental, como el relativo a la libertad religiosa y de culto, amparado por el artículo 16 de la Constitución. Dicho de otro modo, si Podemos gobernase en Sevilla y una parte de la población quisiera acabar con la Semana Santa por ser laica o porque, simplemente, no le gusta, Gutiérrez y sus acólitos defienden la opción de decidir su prohibición mediante una votación.
De hecho, llevado al extremo, ni siquiera haría falta celebrar un engorroso e incierto referéndum sobre esta delicada cuestión, bastaría con que Podemos defendiese dicha propuesta. Tras ganar las elecciones, sus dirigentes bien podrían alegar que las urnas ya les han otorgado la legitimidad democrática necesaria para impedir ese tipo de procesiones.
No sería la primera vez que ocurriera. El Gobierno de la II República proscribió las manifestaciones religiosas, expropió las propiedades de la Iglesia y prohibió el ejercicio de la enseñanza católica al amparo de una Constitución en la que el Estado imponía a la sociedad su laicismo. Bastaron unas elecciones generales y el consiguiente cambio de régimen para que unos derechos antes considerados inalienables pasaran a ser pisoteados por ley.
Si la garantía de los derechos y libertades más básicos depende del resultado de una votación, el individuo queda sometido a la voluntad de las mayorías y, por tanto, al Estado, erigido en máximo representante del pueblo, así como al reducido grupo de personas que, en última instancia, controla realmente el poder.
La democracia se convierte, de este modo, en dictadura. No en vano, si una mayoría social o el ayuntamiento de turno se arroga la potestad de prohibir una procesión, ¿qué impide a esa misma mayoría o al Gobierno que lo representa restringir la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad ideológica, la libertad política, la libertad de movimientos, la libertad de reunión, el derecho de asociación, el derecho a la vida…? Nada.
El problema es que ésta y no otra es la concepción de democracia que defiende Podemos. Su "democracia real" consiste en que el Estado decida sobre todo tipo de asuntos, incluyendo el alcance o supresión de derechos y libertades fundamentales, exacerbando con ello la capacidad de intervención, coacción y represión de la clase política sobre el conjunto de la población.
La "democracia real" que blande Podemos no es más que la versión actualizada de la democracia popular que imperó en numerosos países comunistas durante buena parte del siglo XX, una variante del socialismo real, de la manida democracia socialista del siglo XXI que tantos estragos ha producido en Venezuela y sus países satélite. Es decir, control total del Estado.
De lo que no cabe duda es de que son consecuentes con su ideología. Lo trágico es que su implantación se traducirá en menos libertad, tanto económica como política, en España. De hecho, la eliminación o restricción de la primera conlleva siempre la reducción o vulneración de la segunda.
En este sentido, no es casual que las economías menos libres del planeta sufran gobiernos dictatoriales o regímenes híbridos (mínima libertad política): Chad (puesto 165 del índice de democracia en 2012), República Centroafricana (157), República del Congo (155), Eritrea (153), Guinea (160), República Democrática del Congo (159), Venezuela (95), Guinea-Bissau (166), Benín (79), Haití (116), Níger (111), Angola (133), Zimbabwe (148), Yibuti (147), Burundi (125)…; mientras que, por el contrario, las economías más libres son también las más democráticas, salvo contadas excepciones: Singapur (puesto 81 del índice de democracia en 2012), Hong Kong (63), Nueva Zelanda (5), Estados Unidos (21), Dinamarca (4), Noruega (1), Reino Unido (16), Corea del Sur (20), Islandia (3), Irlanda (13), Finlandia (9), Arabia Saudita (163), Canadá (8), Suecia (2), Australia (6)…
Dicho de otro modo, la libertad económica garantiza, con una probabilidad superior al 90%, la existencia de plena libertad política, mientras que el control estatal de la economía que tanto defiende Podemos conduce siempre a la instauración de regímenes dictatoriales o autoritarios.
