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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

¿En los brazos de la Madrina?

Todo indica que Michelle Bachelet ganará la elección del próximo día 17. Lo hará ofreciendo al pueblo chileno Estado, Estado y más Estado. Un Estado Mamá poderoso y generoso que lo proteja y le asegure todo tipo de derechos. Además, se invita a los chilenos a creer que tanta maravilla no tendrá costos para ellos y que incluso los impuestos bajarán, excepto, claro está, para las empresas y una minoría de súper ricos.

¿Quién podría resistirse a semejante tentación? Como diría el Padrino, se trata de an offer you can’t refuse.

La Madrina chilena no debate ni acepta preguntas molestas de los periodistas. Esto lo aprendió de su colega transandina Cristina y hasta ahora le ha resultado de maravilla. Lo que le pide a los chilenos no es poca cosa: que le den poder, mucho poder para hacer lo que quiera con el país. Quiere no sólo ser elegida con mayoría absoluta en primera vuelta, sino, sobre todo, obtener una mayoría parlamentaria que le permita cambiar la Constitución y llamar a una Asamblea Constituyente. Claro, como reina de la ambigüedad que es, no lo dice con todas sus letras, simplemente dice "No lo excluyo", "Ya veremos".

Lo más triste de todo no es que muchos le crean, cosa ya lamentable, sino ver cómo "el capital" corre detrás de la Madrina, subsidiando una campaña que parece tener recursos ilimitados. Los canales de televisión controlados por los grandes grupos económicos están rendidos a sus pies, y desde las poderosas asociaciones de empresarios no se ven sino sonrisas hacia Michelle (inversamente proporcionales a la hosquedad con que siempre han tratado a Sebastián Piñera, quien por conocerlos bien los ha controlado como nunca).

En términos mafiosos, este generoso apoyo se llama pagar por la protección, es decir, en este caso, por el derecho a seguir abusando del pueblo chileno tal como lo hicieron durante el anterior Gobierno de Bachelet y los 20 años de la Concertación.

El domingo 17 los chilenos decidirán si Bachelet gana en primera o en segunda vuelta. Su principal contendora es Evelyn Matthei, de la Alianza por Chile, es decir, la coalición de los partidos de centroderecha. Una mujer conocida por su valentía, por decir lo que piensa y por no tener pelos en la lengua ni complejos que la acallen, y, a diferencia de Bachelet, siempre dispuesta a dar entrevistas y a responder todo tipo de preguntas.

La confrontación entre estas dos mujeres, si pasan a segunda vuelta, sería muy directa, obligaría a Bachelet a confrontarse con sus ambigüedades: ¿por o contra el modelo actual de desarrollo chileno?, ¿por mantener la libertad de enseñanza o por estatizar la educación chilena?, ¿por seguir confiando en el esfuerzo individual y el trabajo o por hacer del Estado el gran protagonista de la vida social?, ¿por un desarrollo evolutivo de la institucionalidad o por lanzarse a la aventura chavista de la Asamblea Constituyente?

Ojalá los votantes chilenos no se dejen seducir por los cantos de la Madrina y apuesten por la estabilidad política e institucional, por las reformas, el empleo y el desarrollo, factores que en su conjunto han mostrado ser el camino que ha llevado a tantos países a la prosperidad.

ideasyanalisis.wordpress.com

Se busca ilustrador para España

Hace más de doscientos años, el economista francés Jean-Baptiste Say se preguntaba: "¿Podrán ser ilustrados los que gobiernan no siéndolo los gobernados?". Esa pregunta, que por desgracia sigue tan vigente, me lleva a observar a nuestros gobernantes y sus gobernados y plantear posibles respuestas.

La ilustración en el gobernante

En una semana en que los dos principales partidos han tenido masivas reuniones con todos los convencidos de un lado y de otro, sentando bases, poniendo los puntos sobre las íes y tratando de mostrar su mejor perfil, no puede una más que rasgarse las costuras de la vestimenta y, como decía Martirio en su canción, "coger la puerta y salir… ¡corriendo como las locas!".

Si la novedad de un partido socialista es que gira a la izquierda, cuando en esencia es la izquierda dominante, en vez de hacer un repaso a sus dirigentes y separar los tocados por casos de corrupción, promocionar a los "ilustrados", retirar a los "asnos" por más que tengan la sonrisa blanqueada, hay algo en la izquierda que no va. Y ese es el partido que nos gobernaba hasta hace poco y que pretende tomar el relevo. Un partido quebrado, con porquería bajo las alfombras y de cuyo rumbo solamente se sabe que ha girado a la izquierda, según dicen ellos mismos. No sabemos cuántos grados y si saben leer las estrellas en el cielo.

También hemos tenido reunión en el Partido Popular. Tampoco han entonado el "mea culpa" ni han mirado sus entrañas. No ha dicho que giran a la derecha. No han dicho nada, básicamente. No hay más novedad que el "somos los mejores" y "estamos levantando España". Y mientras, España mira perpleja los codazos que los francotiradores, expresidentes con una pensión vitalicia de infarto, dan a sus compañeros de partido, una vez que ambos, y me refiero a González y Aznar, residen en el Olimpo de los dioses políticos. ¡Qué dorado retiro!

Y la pregunta que me inquieta es si esta gente de verdad sabe qué es lo que está haciendo. Lo peor es que no sé si preferiría que la respuesta fuera afirmativa o negativa. Porque, si no lo saben, cabe un cristiano perdón de la categoría "es que no saben lo que hacen". Pero si, como gobernantes ilustrados, que es lo que todos desearíamos que fueran, saben lo que hacen, entonces dan ganas de reclamar el invento de Monsieur Guillotin para que presida la Puerta del Sol, al lado del oso y el madroño, simplemente como elemento disuasorio para políticos ilustrados pero irresponsables.

La ilustración del gobernado

Pero escuchando a la gente, leyendo lo que se dice por las redes sociales y lo que se comenta respecto a unos y otros, me doy cuenta de que tampoco los gobernados demuestran mucho interés en ilustrarse. Y ya sé que la televisión está sesgada, unas cadenas miran al PP, otras al PSOE y todas a la subvención. Pero eso no es excusa. La gente compra el mensaje que le conviene atendiendo a su situación particular, no hay una ciudadanía que tenga como objetivo una sociedad más justa, más próspera, más civilizada y que se comprometa. La cortedad en los fines que se plantean los dirigentes es la misma que la de los dirigidos. Y es muy complicado distinguir qué fue antes.

Por eso abundan los libros facilitos sobre la crisis, la recuperación y las medidas que se toman, no se toman, se anuncian o se desean. Para que haya un mensaje para cada español, como hay un calcetín por persona bajo el árbol de Navidad. En ambos casos, a la espera de que algo caiga.

Pero no todo es oscuro. Esta semana sale a la venta el segundo libro de Daniel Lacalle, "Viaje a la Libertad Económica". Es uno de esos libros de los que uno piensa que ojalá lo lean gobernantes y gobernados. Y no es un libro académico, al revés, es divulgativo. Daniel es de esos tipos directos y claros, que te habla con la verdad en la mano y los principios éticos en el corazón. Como no es un tipo siniestro, ni va de pijo por la vida, ni es muy académico, sino divertido pero riguroso, le tienen censurado en los programas de quienes se proclaman súper plurales, abiertos y objetivos. No hay quien pueda con él. Ni el chico 10.

Pero a mí me entristece su éxito. No por inmerecido. Sino porque cuando hay que escribir libros divulgativos proclamando y explicando que la libertad crea riqueza y ese mensaje, después de los 200 años que nos separan de Jean-Baptiste Say, sigue sonando tan revolucionario, me lleva a concluir que ni educación, ni siglos de pensamiento económico son suficientes. Y me da mucha pena. Siempre nos quedará Lacalle. Y el rock.

Silencios inaceptables

La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo supuso un test perfecto para comprobar el posicionamiento de muchos sectores sociales, ideológicos y políticos en España. Muchos de los que han dicho algo han valorado la sentencia, aspectos de la sentencia, la no retroactividad, la posibilidad de fraudes de ley y otras piezas jurídicas como si de principios esenciales se tratara o como si su aplicación en este caso estuviera fuera de toda duda. No cabe duda de que el principio de legalidad es digno de respetar hasta límites que están más allá de la comprensión de la mayoría. Dura lex, sed lex, reza el brocardo latino. Pero es igual o más cierto aún el hecho de que quienes han esgrimido la obligatoriedad de la sentencia del TDH aferrándose a este principio lo han hecho bien con las cartas marcadas por una intencionalidad política, bien por una inaceptable ingenuidad armonista común a variopintos divagantes de salón.

Esta sentencia se erige como un mojón importante en uno de los hilos de la negociación del PSOE de Rodríguez Zapatero con los nacionalismos antiliberales que en España padecemos con objeto de que se conviertan en un apoyo de poder para el PSOE y con la imposible esperanza de que el vínculo que les une a España no se rompa. Si lo hace, la jugada del PSOE se vuelve contra él. El hilo de la sentencia forma parte del entramado vasco en el que también figura el chivatazo a ETA, así como la sentencia del TC favorable a la presencia de Bildu en las instituciones. Cierto que esta última solo les permitió concurrir a las elecciones, mientras que fueron los electores quienes les han aupado a los cargos. Pero determinados liberticidas deberían estar fuera de estos. Los sistemas jurídicos y las leyes electorales deciden más cuestiones casi que los propios votantes. Modificarlos en beneficio de todos es una potestad de los políticos.

La parte vasca de los hilos de la negociación no es más que la mitad de esta y no la más importante. La otra mitad está en Cataluña, donde el proceso de ruptura con España presenta más avances políticos y hacia donde se mira desde Vascongadas para coordinar aquellos tiempos y modos de secesionismo que sean coordinables. La imbecilidad socialista en este proceso es notable y la pasividad de muchos españoles ante el mismo, sea por indolencia ignorante, sea por apatía ilustrada, es también notoriamente culpable del mismo mal.

¿Qué supone el nacionalismo separatista para las libertades de los españoles? Un fracaso en toda regla. España es una nación histórica y política mientras que ni Cataluña ni Vascongadas lo son. Para constituir a estas en nación hace falta un esfuerzo de coacción ciudadana en tantos ámbitos que la merma en libertades respecto de las existentes dentro de España es inevitable. Ya es un hecho que, en Cataluña y en al País Vasco, algunos derechos básicos están desaparecidos mientras que ETA sigue armada, no lo olvidemos; y con armas, siempre hay coacción.

El Partido Popular de Rajoy es el agente suavizante de este proceso de ruptura liberticida de España. Es el que apela al brocado una y otra vez. Reconoce su primera parte delante de las víctimas de ETA y repite la segunda ante todos los demás españoles. Calla ante quienes dicen que la sentencia del TDH es un fraude de ley en sí misma pues utiliza la ley para un objetivo contrario al que se pretende conseguir a la misma, lo mismo que la no aplicación de una doctrina interpretativa como la llamada "Parot" era un fraude de ley. Con su silencio Rajoy evita reconocer que sí puede hacer más por evitar las consecuencias de la sentencia y que nada quiere hacer ante el escenario de progreso del separatismo.

Y bajo este enfoque, con perfecta cabida entre los mecanismos de acción del Gobierno, Mariano Rajoy podría preparar la no aplicación de la sentencia. ¿Por qué no lo ha hecho y no lo hará? Por la misma razón por la que carece de estrategia jurídica y política para desalojar a Bildu de las instituciones políticas vascas y por la que no recurre la sentencia del "caso Faisán": está a hacerse perdonar por el nacionalismo. No plantea la misma abierta actitud negociadora con él, pero habla de la unidad de los españoles mientras cede a los nacionalistas los instrumentos que los afianzan. Pretende que de esta manera la ruptura no se alcance en esta legislatura y, luego… ya se verá.

No cabe terminar de otra manera que afirmando que quienes se han mostrado tibios o legalistas a la hora de opinar sobre la sentencia del TDH, han dicho sí al proceso secesionista en el que está incardinada. O eso o que propongan cómo frenar ese proceso.

¿Por qué España recauda “poco” con los impuestos más altos de Europa?

Hablar de las instituciones de justicia sin ser jurista parece un poco osado. Y probablemente lo es. Pero no voy a discutir sobre Derecho Constitucional o Filosofía del Derecho. Solamente quiero abordar la justicia desde el punto de vista del análisis institucional. Y, en ese sentido, creo que nuestras instituciones están afectadas de un daño en su esencia misma. Por supuesto, mi reflexión viene al caso de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot y los intercambios de impresiones entre quienes la creen acertada, quienes no, y quienes, simplemente, miran al tendido.

La justicia como palanca de la civilización

De todas las virtudes de las que habló Adam Smith en “La Teoría de los Sentimientos Morales”, fue la justicia la que destacó por encima de las demás. La razón es que, al ser aquella la que canaliza el natural sentimiento de indignación de los hombres frente a una atrocidad, permite por esa razón que la civilización avance. Y de esta manera, se explica que los ciudadanos, eximidos de la obligación moral impuesta por su propia conciencia de vengar las injusticias infligidas sobre los inocentes, puede dedicarse a trabajar en paz, sabedor de que “alguien” se ocupará de ello.

Ese alguien supongo que fue, en primer lugar, el jefe militar, líder de la tribu, quien acometía ese deber de dirimir los conflictos de los miembros del clan. Y con el paso de los siglos, la civilización occidental ha desarrollado un complejo entramado de instituciones de justicia que pretenden, en el fondo, exactamente aquello que proponía Adam Smith. Así que hoy día contamos con tribunales ordinarios, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, que velan por que se haga justicia en nuestro país. Además, España suscribió el Convenio para la protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, lo que nos obliga a someternos a lo que dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero ninguna de esas instituciones funciona si no existe, como condición inicial, independencia de los tres poderes en que se basa el Estado de Derecho: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esa separación garantiza que los intereses políticos no van a manipular las decisiones de los jueces.

El problema de la doctrina Parot

Yo no soy quién para dictar lecciones jurídicas acerca de la bondad o perversión de la doctrina Parot, si la interpretación que se ha hecho a lo largo de las décadas que nos han conducido desde el Código Penal franquista hasta la manifestación del domingo es la adecuada o no. Pero escuchando a unos y a otros, la conclusión en la que coinciden todos los juristas y expertos con quienes he hablado es que un tema tan serio como la condena de terroristas, no se soluciona con una chapuza. Y la responsabilidad no es del Tribunal de Estrasburgo, sino de quienes diseñaron las leyes, quienes se acogieron a una interpretación de la ley, sentando jurisprudencia, en torno a cómo se aplicaban los beneficios penitenciarios y, finalmente, quienes no han ido a explicar al Tribunal de Estrasburgo qué circunstancias particulares del caso español dieron lugar a esa interpretación.

La responsabilidad implica asumir las consecuencias de los actos de uno, se trate de un individuo o de un organismo público o privado. Y esas consecuencias, en el caso de la excarcelación de etarras, pero también de violadores y de otros asesinos que matan sin esconderse tras una idea política, es la indignación y el dolor de las víctimas y familiares de las víctimas, que están desprotegidas frente a la maraña legal.

No se trata de tirar por la ventana el respeto a la ley, ni abominar de todo nuestro sistema legal. Pero sí creo imprescindible plantearse seriamente qué nos ha conducido a esta situación, que es sencillamente la muestra de una justicia fallida, porque no cumple con esa idea smithiana de canalizar el natural sentimiento de indignación de los ciudadanos. Los ciudadanos ya no están tranquilos respecto a que el poder judicial está ahí para velar para que los agresores de inocentes cumplan su condena. Y eso es muy grave por todo lo que significa. Porque, como enseñaba Smith la justicia es la palanca de la civilización y si se quiebra la confianza en la justicia, la sociedad está abocada a un desgaste institucional muy peligroso.

Por eso creo que la primera reclamación que los ciudadanos, partidos políticos y medios de comunicación debería ser la exigencia a quienes manejan el timón de la separación de poderes. Cuando en el Parlamento (poder legislativo) hay una bancada donde se sientan los ministros (poder ejecutivo), el tema de la separación de poderes se torna turbia y una se ve empujada a pensar que esos ministros encabezan a su partido político y que esos parlamentarios no nos representan sino que velan por el número de escaños de esos partidos. Y cuando los miembros de las principales instituciones de justicia de este país son repartidos porcentualmente entre los propuestos por los partidos, no hay ninguna duda de la escasa independencia que pueden tener esos jueces, pertenezcan o no a dicha agrupación política. El sesgo está claro.

Ese es el daño medular de nuestras instituciones judiciales, el primero que habría que abordar para impedir la degeneración de todo lo demás.

Wałęsa: el hombre hecho de esperanza

Hace pocas semanas se ha estrenado en las pantallas polacas el homenaje matizado de Andrzej Wajda a un héroe de nuestro tiempo: Lech Wałęsa. La película (Wałęsa. Człowiek z nadziei) adopta un estilo narrativo en flash-back aprovechando el relato de su protagonista a la periodista y escritora italiana Oriana Fallaci en una entrevista imaginaria. Cubre exclusivamente los años que transcurren desde las protestas obreras en Gdynia y otras ciudades del Báltico en diciembre de 1970 -aplastadas por los disparos de las fuerzas especiales del régimen comunista que dejaron un saldo de más de 39 muertos y 1.000 heridos (dependiendo de las fuentes)- hasta su célebre discurso ante el Congreso norteamericano en noviembre de 1989, poco después del derribo del muro de Berlín y antes de convertirse en presidente democrático de Polonia.

De esta manera, contemplamos las peripecias de un electricista de los astilleros de Gdańsk que es detenido por la temida policía secreta [Służba Bezpieczeństwa (SB)] durante las olas de represión que siguieron a esos disturbios. Casado y padre de varios hijos, acaba por firmar bajo coacción un acuerdo de colaboración con sus captores para que le dejen en paz. No obstante, veremos que no se sentirá vinculado por el trato (Wajda defiende al personaje frente a las acusaciones de colaboración inicial con el SB de sus detractores). Rápidamente se verá envuelto en las luchas dentro del sindicato oficial, al que todos los trabajadores pertenecían obligatoriamente, así como en operaciones clandestinas de movimientos opositores que, asimismo, querían ganarse el apoyo de los trabajadores. Se pueden observar las primeras discrepancias tácticas de un hombre práctico con los "intelectuales" e "ideólogos" de esos movimientos de oposición. En un momento dado, con una confianza en si mismo notable, se dirige al local donde departen esos idealistas y librescos conspiradores, tumbados entre cojines y literalmente sumergidos en humo de tabaco, para decirles abruptamente que tienen toda la razón del mundo, pero hacen todo mal y que, si continuan así, es mejor que no cuenten con él.

Aun con todo, él mismo sucumbirá a la tentación de las interminables reuniones en su modesto piso con periodistas y activistas, donde, pitillo en mano, pontificará y aleccionará a sus contertulios con la afectación –miméticamente aprendida por el actor Robert Więkiewicz- de quién, henchido de vanidad, comienza a gustarse a sí mismo. De ahí surgen algunas discusiones con su mujer, Danuta, quién, encargada de preparar y servir las viandas de los encuentros para tantos comensales, estalla ante un desaire de su marido y expulsa a los congregados, él mismo incluido. Aunque se halla sometido al constante acoso de la policia secreta, que le vigila, escucha sus conversaciones con todo tipo de dispositivos (incluyendo la entrevista que mantiene con la periodista italiana) y le detiene discrecionalmente cuando quiere aumentar su presión, el astuto electricista utiliza toda su locuacidad para no decirles nada sustancial.

En octubre de 1978, llega la elección del cardenal Karol Wojtyla como Papa de la Iglesia Católica, un acontecimiento que impulsará a los movimientos de la oposición polaca por encima de los demás países satélites de la Unión Soviética. Sus fotografías y sus enseñanzas inspirarán a esos disidentes para escándalo de tantos reporteros occidentales. Su participación en comités de huelga, jornadas de recuerdo de los asesinados en 1970 y otras actividades ilegales para el régimen le habían costado el despido de los astilleros Lenin de Gdańsk en junio de 1976, por lo que tuvo que buscar trabajo en otras empresas donde, asimismo, sufrió represalias por su activismo. Como refleja la película, no siempre ese proselitismo concitaba un apoyo entusiasta de los trabajadores, más preocupados por su bienestar inmediato. Durante ese año colaboró con el Comité de Autodefensa Social (KOR) una organización creada con el propósito de ayudar a los represaliados por su participación en las huelgas.

Sin embargo, el momento estelar que le daría renombre mundial ocurrió en agosto de 1980, cuando se sumó a la huelga planeada por Bogdan Borusewicz para protestar contra un decreto del gobierno de subida de precios. El día 14 de ese mes trepó la valla de los astilleros de Gdańsk para irrumpir en su recinto, jaleado por sus compañeros. El éxito rotundo de los convocantes, logrando la extensión del movimiento a otros centros industriales del país, llevó al gobierno comunista a negociar con sus representantes encabezados por Wałęsa. Las imágenes reales de aquellos encuentros se mezclan con las ficticias ante nuestra vista en un ocurrente montaje. Finalmente, el gobierno comunista, representado por el vicepresidente Mieczysław Jagielski, y los miembros del Comité de huelga llegaron a un acuerdo, firmando los Pactos de Gdańsk el 31 de agosto que garantizaban a los trabajadores sus derechos de huelga y de constitución de un sindicato independiente del oficial.

Esa legalización de Solidaridad creaba obviamente una peligrosa vía de agua en el monolitismo de los regímenes comunistas de partido y sindicato únicos. No esperen una mirada omnisciente a las reacciones en las estancias del Kremlin o las sedes de los demás gobiernos del Pacto de Varsovia. La película se centra en los recuerdos del protagonista. Así, tras la declaración del estado de guerra, el 13 de diciembre de1981, por el general Wojciech Jaruzelski, Wałęsa, como otros líderes de Solidaridad, sufre su enésima detención. Esta vez la reclusion se prolonga 11 meses durante los cuales le trasladan a distintos puntos del país. Como sucede en otros pasajes de la película, un sentido del humor amargo fluye en las imágenes. Cuando pide ayuda a unos campesinos por la ventana del coche policial que le traslada por carretera recibe toda clase de improperios.

Vuelto a casa, recibe la llamada de la embajada noruega comunicándole que se le ha concedido el premio Nobel de la Paz de 1983. El galardón lo recogería su esposa, acompañada del hijo mayor, pues Wałęsa pensó que si le dejaban salir del país no volvería a entrar. Las autoridades comunistas reservaban a Danuta una sorpresa desagradable a su llegada al aeropuerto.

Transcurren los años ochenta con las actividades clandestinas. Los espectadores españoles se sorprenderán al escuchar a grupos de rock que recuerdan el estilo de Siniestro Total, aunque en este caso canten en polaco para pedir libertad (Wolność). A finales de la década la organización de Solidaridad alcanzó un estatuto de semiclandestinidad. Nuevas huelgas, esta vez en una situación diferente por los cambios impulsados por Gorbachov en el bloque soviético, conducen a nuevas rondas de negociaciones entre el gobierno comunista y la oposición, convertida ya en un movimiento más político que sindical y dirigida por Lech Wałęsa. De febrero a abril de 1989 se celebran reuniones (presentadas otra vez entre la realidad y la ficción) que culminan con el acuerdo de convocatoria de unas elecciones semilibres en las que los comunistas se reservaban un porcentaje de puestos en la futura Asamblea (Sejm). En junio de ese año se produce el triunfo clamoroso de las candidaturas apoyadas por el Comité ciudadano de apoyo a Solidaridad, que llevarían a la elección de Tadeusz Mazowiecki como primer ministro.

Con independencia del mérito artístico de la película y la consustancial simplificación de procesos complejos que conlleva el lenguaje cinematográfico, su argumento nos presenta la apasionante vida de un individuo sumido en sus dudas y miedos que, a pesar de ellas y sus muchas limitaciones, consiguió convertirse en el líder indiscutido de la oposición contra el gobierno comunista polaco. El comunismo habría caido en cualquier caso en Polonia, como en los otros países de Europa Central y del Este, pero la determinación de este hombre catalizó una transición pacífica y pionera hacia una situación nueva que todavía no ha terminado.

Para educar a Maquiavelo

Supongamos que unos científicos italianos descubren muestras del ADN de Nicolás Maquiavelo y deciden clonarlo. Esperan de él que aconseje sabiamente a los políticos, pero hay que educarlo en los secretos del siglo XXI.

Nicolás Maquiavelo no era un canalla inmoral, sino un brillante florentino, a caballo entre los siglos XV y XVI, que intentaba establecer ciertos límites a la autoridad para lograr la estabilidad de la República y la felicidad de los súbditos. Maquiavelo escribía, claro, para la atribulada sociedad de su tiempo, turbulenta y antidemocrática.

¿Cómo formar a Maquiavelo? Como no hay tiempo para florituras, deciden educarlo por medio de los índices más serios y acreditados. No perderán un minuto en las chácharas marxistas y otras boberías vecinas al colectivismo estatista, como la Teoría de la Dependencia. Son gente seria. Eligen seis índices importantes y le explican cómo localizarlos en internet.

El primero será el Índice de Desarrollo Humano que publica la ONU. Ahí encontrará una lista de las naciones del planeta organizadas de acuerdo con ciertas variables relacionadas con la longevidad, la salud y la educación. Como Maquiavelo es una persona sagaz, inmediatamente advertirá que las 25 naciones más prósperas y progresistas del mundo, ésas que atraen a enormes muchedumbres de inmigrantes indocumentados, son democracias en las que el aparato productivo está en manos de la sociedad civil. Funcionan de acuerdo con las normas económicas del mercado y se sujetan a las reglas que imponen Estados razonables.

Esas 25 naciones cuentan con un tejido empresarial denso y tecnológicamente avanzado. Maquiavelo no tarda en descubrir que nada es posible si previamente no se crea la riqueza, y ésta sólo germina en las empresas.

¿Cómo lograron prosperar? En ese punto lee el segundo índice, Doing Business, del Banco Mundial. Clasifica las facilidades o dificultades de 185 países para crear empresas y hacer negocios de acuerdo con diez variables que incluyen desde el costo de la energía hasta el peso de los impuestos o el tiempo que toma iniciar la actividad.

Maquiavelo se da cuenta de que los mejor colocados son los 25 sospechosos de siempre. Los mismos.

Pero ¿cómo compiten esas empresas en el mercado? La pregunta se la responde The Global Competitiveness Report, preparado por el World Economic Forum. La competitividad descansa en 11 pilares: las instituciones, la infraestructura –que incluye el transporte y las comunicaciones–, la estabilidad macroeconómica, la salud y la educación infantil, la educación superior y el adiestramiento de la clase trabajadora, la flexibilidad del mercado laboral, el desarrollo financiero y el acceso al crédito, la predisposición por la tecnología, el tamaño del mercado, el refinamiento empresarial y la innovación.

A Maquiavelo le despierta la curiosidad la innovación. ¿Por qué todos esos países son, simultáneamente, los más avanzados? Se lo explica el Innovation Capacity Index dirigido por el chileno Augusto López-Claros, uno de los mejores economistas de hoy. Para compilarlo tienen en cuenta cinco variables: el capital humano (la educación), la gobernanza y la corrupción, el manejo macroeconómico, la calidad de las regulaciones y la equidad de género o la incorporación de la mujer al trabajo.

Le llaman la atención las palabras gobernanza y corrupción. Busca en la red el Rule of Law Index, publicado por The World Justice Project. Este estudio anual pondera 10 factores y 49 subfactores para establecer la calidad del Estado de Derecho. Son tres elementos básicos: rendición de cuentas por parte del Gobierno; leyes claras y estables, con protección real de los derechos individuales, promulgadas por un poder legislativo competente, y acceso a jueces justos, bien instruidos y honorables. Sin justicia ni siquiera hay desarrollo sostenible.

¿Y la corrupción? Esa es la termita que poco a poco devasta los fundamentos de la convivencia. Para conocerla, Maquiavelo examina el Índice de Corrupción que publica Transparency International. Es el menos objetivo porque se basa en percepciones. La corrupción es opaca por su propia naturaleza. Quienes la practican tratan de borrar sus huellas.

Cuando ha terminado, Maquiavelo conversa con los genetistas que le devolvieron la vida. No va a escribir otro tratado. ¿Para qué? El mero examen de estos índices explica cómo y por qué hay países estables que se desarrollan y prosperan mientras otros se hunden en la desdicha, en medio de grandes convulsiones. "Ya todo está claro", dice el florentino. Hay cierta melancolía en sus palabras.

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La nueva amenaza para el euro se llama Marine Le Pen

La presidenta del Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, está cosechando un apoyo histórico en las encuestas de opinión de Francia. Su formación ya se sitúa como la más votada en las elecciones europeas de la próxima primavera, según un reciente sondeo publicado por el semanario Le Nouvel Observateur. Su partido podría obtener el 24% de los votos, según un sondeo de Ifop, multiplicando por cuatro el resultado obtenido en las europeas de 2009, y superando en dos puntos a los conservadores (UMP) y en cinco puntos a los socialistas.

Asimismo, el instituto LH2 también avanza que uno de cada cuatro franceses estaría dispuesto a votar al FN en las municipales que también se celebran en primavera. Por el momento, ya ha logrado vencer en unas elecciones cantonales celebradas a principios de mes en Brignoles, al sur de Francia. Por otro lado, Le Pen se sitúa entre los personajes más populares del país galo, con un 33% de opiniones favorables, tan sólo superada por François Fillon y Alain Juppé (ex primeros ministros) y Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), según una encuesta del semanario Le Figaro Magazine. El auge del populismo en Francia contrasta con la histórica debacle en los sondeos que está sufriendo el presidente socialista, François Hollande.

La razón estriba en que el FN está logrando un inesperado éxito entre la clase obrera, el tradicional campo de votos del Partido Socialista, como consecuencia del deterioro económico y fiscal que sufre el país. Sin embargo, el ascenso de Le Pen, que quedó relegada al tercer puesto en las últimas presidenciales, celebradas en 2012, tiene unas implicaciones que podrían ir mucho más allá de las fronteras galas.

Basta observar su programa político para percatarse de la trascendencia de dicho fenómeno. El FN defiende la salida de Francia del euro y carga abiertamente contra la UE. Según reza su ideario, los resultados de la UE son "bien conocidos": "apertura de fronteras, desempleo, dictadura de los mercados, destrucción de los servicios públicos, inseguridad, pobreza, emigración masiva", etc. Tacha el proyecto comunitario de "globalista" y "ultraliberal", al servicio del "sector financiero", y afirma que el euro "esclaviza" a los franceses. Por ello, el FN ve la actual crisis como una "oportunidad" para disolver la Unión Monetaria y dinamitar la UE.

"Diez años después de su introducción en la vida cotidiana de los franceses, el euro está demostrando ser un fracaso total a pesar de la ceguera de los defensores de la Europa de Bruselas y de Frankfurt, que se niegan a rendirse a la evidencia […] el euro va a desaparecer porque el coste de su mantenimiento se hace cada día más insoportable para las naciones […] El euro es una aberración económica […] Desde la introducción del euro, Alemania es el único país que he mejorado su balanza exterior", en detrimento de lo que sucede en Francia o Italia, advierte su programa. Además, según el partido de Le Pen, "Francia está siendo penalizada por la apertura total de las fronteras", ya que llegan muchos inmigrantes atraídos por su generoso Estado del Bienestar.

¿Su particular propuesta?: abandonar el euro y regresar al proteccionismo comercial bajo la promesa de garantizar los servicios públicos galos y la producción nacional. "Francia debe elaborar, con sus socios europeos, un plan para regresar a las monedas nacionales", afirma. De este modo, el FN defiende el retorno al franco para, posteriormente, devaluar su moneda con el fin de mejorar la competitividad gala. Y ello, al tiempo que se renegocian los tratados comunitarios para recuperar la "soberanía nacional" de Francia en todas las materias y competencias cedidas a Bruselas.

Este tipo de soflamas está teniendo una buena acogida entre muchos franceses debido, sobre todo, al rechazo explícito de Le Pen a las políticas de austeridad que pretende imponer Alemania y Bruselas a los países en dificultades, como es, qué duda cabe, el caso de Francia. El FN carga abiertamente contra la "austeridad" ya que, según alega, tan sólo sirve para preservar el euro a costa de castigar a la "clase media y trabajadora, jubilados, empleados públicos y pymes". El programa económico de Le Pen se inspira en el diagnóstico y recetas del economista galo de izquierdas Jacques Sapir, un fervoroso defensor de la desglobalización y la disolución ordenada del euro.

Le Pen lo tiene muy claro: si fuera elegida presidenta de Francia, lo primero que haría sería convocar un referéndum sobre la permanencia gala en la UE y el euro, sumándose así a la ola de populismo que ya ha logrado relevantes éxitos electorales en Grecia (con los comunistas de Syriza y los nazis de Amanecer Dorado) o Italia (Movimiento 5 Estrellas). Todo ello demuestra, en primer lugar, que el neofascismo que representa el Frente Nacional es, en el fondo, otra forma de socialismo, ya que su programa económico en poco o nada se diferencia del de los comunistas griegos de Syriza, los españoles de Izquierda Unida o el particular 15M italiano, culpando al euro, la austeridad y el libre mercado de todos los males y abogando por más Estado; y, en segundo término, que el auge del populismo en Europa es, sin duda, una de las grandes amenazas, si no la mayor, para la supervivencia de la moneda única a medio plazo.

Assange, un traidor al servicio del castrismo

Cuando saltó el escándalo de los cables diplomáticos hechos públicos por Wikileaks, hubo quien sostuvo que Julian Assange debía ser juzgado y condenado por traidor. Otros consideramos que esta postura es incorrecta, puesto que la documentación confidencial que desvelaba la citada web era material sensible estadounidense y Assange no tiene dicha nacionalidad. Sin embargo, lo que no se puede negar es que su alianza con Rafael Correa dejaba en entredicho su discurso a favor de la libertad de expresión, dado que se cobijó bajo el amparo del segundo mayor represor de este derecho en el continente americano, tan sólo superado por los hermanos Castro.

Recientemente, el fundador de Wikileaks ha dado un paso más que ahora sí le deja en evidencia como un traidor. No a ningún país, sino a los principios que proclama defender y a todos aquellos que creyeron en su proyecto como una manera de hacer más libre el mundo. Julian Assange participó mediante videoconferencia en una charla de una hora de duración con periodistas –tal vez sea mejor decir propagandistas– y blogueros oficialistas –los encargados del agitprop online castrista– cubanos.

Al discurso del australiano no le faltó ningún elemento de propaganda castrista. Habló del bloqueo –en realidad embargo, puesto que Cuba puede comerciar con cualquier país del mundo menos EEUU, y con este país puede hacerlo cada vez en más sectores–. El supuesto enemigo del espionaje elogió a los cinco espías cubanos encarcelados en EEUU, de los que dijo sin rigor alguno que luchaban contra el terrorismo (en realidad espiaban a la oposición en el exilio) y puso a la ‘Revolución’ (en realidad dictadura totalitaria) como ejemplo para Wikileaks.

Cargó contra los medios de comunicación privados, a los que acusó de manipular, y añadió:

El éxito y el poder de Wikileaks representa esa posibilidad y para Cuba representan la posibilidad de contar su propia historia a todos los que estén dispuestos a escucharla. Todavía tenemos una gran lucha en nuestras manos, Internet le permite a casi todo el mundo decir lo que piensa; pero hay algunas corporaciones gigantescas que están manipulando esta información y a veces se resisten a darle un sentido a esta verdad, solo tratan de enterrarla totalmente.

Es cierto que internet permite a casi todo el mundo decir lo que piensa. Pero hay una ínsula del Caribe donde no es así. En Cuba el acceso a Internet sigue estando muy restringido y la red está sometida a una férrea censura oficial. La represión llega hasta el punto de que el estadounidense Alan Gross lleva preso desde diciembre de 2009 por haber viajado a la isla para ayudar a las comunidades judías cubanas a conectarse a la red sorteando la censura del régimen. Assange silencia esto y prefiere hablar de supuestas corporaciones gigantescas que manipulan la información (aunque tengan nulo poder censor). Gross, y no el fundador de Wikileaks, es un auténtico héroe por la libertad en internet.

Y los crímenes contra la libertad del régimen del que ahora se ha hecho cómplice el famoso australiano van mucho más allá. Los demócratas que se oponen a la dictadura sufren arrestos arbitrarios, e incluso llegan a pasar muchos años en prisión, o son sometidos a palizas y actos de repudios. Hay casos de presos políticos que fallecen en huelga de hambre, como Orlando Zapata Tamayo, y disidentes que mueren en circustancias sin aclarar, como la dama de blanco Laura Pollán o el líder del MCL, Oswaldo Payá.

Por supuesto, no hay ningún tipo de espacio para la crítica al Gobierno ni para cualquier actividad política que pase por la disciplina del Partido Comunista. Todo lo anterior por no hablar de los cientos de fusilados en el pasado y terribles estragos causados por décadas de una política económica tan centralizada como demencial.

Julian Assange ahora es cómplice voluntario de todo eso, al aceptar convertirse en propagandista del castrismo. No debe ser llevado ante los tribunales por ello, pues la libertad de expresión ampara hasta a los defensores de este tipo de aberraciones. Merece, eso sí, la condena moral de todos aquellos que defienden la libertad.

Referéndum. El derecho a decidir de todos los españoles

Hemos analizado en artículos anteriores la involución institucional y la desigualdad ante la ley que han forjado una jaula de hierro en torno a los ciudadanos que se sienten impotentes ante la imposición de políticas intervencionistas por 17 oligarquías autonómicas o, si se prefiere, por 17 élites extractivas regionales en su intento de acaparar el máximo poder político y económico empleando los estatutos y leyes autonómicas, los impuestos y el endeudamiento de las generaciones futuras para "guiar" la sociedad a favor de utopías que esconden los intereses de la casta política regional.

El nacional-separatismo ha utilizado tácticas totalitarias para el control de la sociedad civil por medio del adoctrinamiento en las escuelas, la universidad y los medios de comunicación. Las oligarquías de élites extractivas autonómicas han jugado con los sentimientos tribales de la población (familia, pueblo, lengua, cultura y territorio) y con el miedo psicológico a la libertad (I) y (II), "guiando" hacia la fractura social de cada región; separando en vez de uniendo entorno a un futuro común, discriminando y estigmatizando a los ciudadanos, divididos en primera, segunda y tercera categorías en función de su grado de adhesión a los intereses políticos y económicos de la élite extractiva autonómica ([1][2][3][4][5][6]).

Pues bien, ante el actual desafío secesionista, que va consumiendo etapas para intentar desmembrar la convivencia pacífica entre las regiones que conforman España, hay que recordar varios hechos jurídicos irrefutables:

  • La Ley básica en España es la Constitución, que fue ratificada por la inmensa mayoría de españoles el 6 de diciembre de 1978 y que sirve como contrato que debe regular la convivencia pacífica entre todos los españoles.
  • El Artículo 1.2 CE legisla claramente que: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
  • El Artículo 2 CE determina: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
  • El Artículo 14 CE legisla que: "Los españoles son iguales ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Dicho lo cual, conviene constatar los graves problemas de convivencia y de crecimiento del tamaño del Estado que ha generado la errónea redacción del Título VIII que permitía la instauración de la organización territorial en Autonomías caracterizada por la corrupción generalizada ([1][2][3][4][5][6]) con hasta 1661 casos por toda la geografía española, la irresponsabilidad presupuestaria ([7], [8], [9]), la irresponsabilidad tributaria ([10], [11]), y los excesos normativos ([12], [13]) desde 17 parlamentos autonómicos que desvertebran el poder legislativo y son responsables en gran medida de las más de 100.000 leyes, decretos y normas que se publican cada año en España.

Si hay que construir, ordenar y poner en marcha una gran política nacional basada en los principios constitucionales, sólo hay una opción moral posible que es afrontar el desafío separatista y dar la palabra y el voto a todos los ciudadanos españoles para que decidan en un referéndum cómo solventar el problema de organización territorial de España. 

Es decir, la fractura social a la que han conducido el nacional-separatismo de las Autonomías, y la inacción de los gobiernos centrales, sólo puede superarse políticamente por la decisión mayoritaria de todos los españoles. No se requiere un referéndum para jugar al juego de los intereses de la oligarquía independentista y confirmar que Cataluña es una parte fundamental de España; algo que es obvio a lo largo de la historia y que, en aplicación del artículo 1.2, sólo podría decidirse entre todos los españoles que sufragamos con nuestros trabajos, compras e impuestos el presupuesto público de la Generalitat pero que, aplicando el artículo 2 de la Constitución, es legalmente imposible.

Evidentemente, sí se requiere un referéndum sobre las políticas fundamentales para garantizar el crecimiento económico, la cohesión territorial y la convivencia pacífica, de modo que todos los españoles decidan: A) cómo limitar y fijar las competencias autonómicas, B) cómo garantizar una financiación equilibrada y responsable y, también, C) cómo exigir el cumplimiento de la Ley por las autoridades y funcionarios autonómicos.

Aplicando el artículo 92 CE, un referéndum que convocase a las urnas a todos los españoles con derecho a voto, podría ser capaz de restablecer la convivencia pacífica e impulsar la normalidad democrática que intentan romper los secesionistas. Es decir, muchos ciudadanos entendemos que sólo un referéndum puede mejorar la legalidad vigente, frenar el nacional-separatismo y hacer prevalecer las reglas de la Ley vigente con el poder de la mayoría del censo electoral de España. Por ejemplo, por medio de las siguientes siete preguntas:

  1. ¿Quiere Ud. que se fijen las competencias de las Comunidades Autónomas en el artículo 148 y que se suprima el apartado 2 del artículo 150 de la Constitución que permite la transferencia o delegación de competencias? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que la educación vuelva a ser una competencia exclusiva del estado central en el artículo 149 de la Constitución, siempre que se garantice el aprendizaje en el idioma vehicular que prefieran los alumnos, tanto en español como en euskera, gallego, catalán o valenciano? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que la sanidad vuelva a ser una competencia exclusiva del estado central en el artículo 149 de la Constitución de modo que se ahorren costes y se garanticen prestaciones de calidad en todo el territorio nacional? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que el artículo 148 explicite en un nuevo apartado que cada Comunidad Autonómica cuente con un Gobierno Autonómico y se supriman los Parlamentos Autonómicos para reducir gastos, disminuir el exceso de legislación, y evitar duplicidades y barreras comerciales en España? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que cada Comunidad Autonómica cuente con sus propios ingresos tributarios con un sistema fiscal equilibrado, aplicable en todas las regiones de España y que permita sufragar los gastos de la administración y el gobierno autonómicos? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que se apliquen cupos fiscales en el País Vasco y en Navarra? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que se aplique el artículo 155 de la Constitución para que puedan ser destituidas y, en su caso, procesadas penalmente aquellas autoridades y/o aquellos funcionarios de una Comunidad Autónoma que no cumplan las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan? (Sí/No)

Un Estado de Derecho, digno de tal nombre, no puede mantenerse impasible y tolerar el incumplimiento de la Constitución, las leyes y las sentencias de los tribunales por parte de las Comunidades Autonómicas. Y una democracia parlamentaria no debe permitir un desafío secesionista que intenta imponerse a la mayoría de los ciudadanos por unas oligarquías regionales, ávidas de más poder, más corrupción y más control sobre la población.

Por un lado, el Gobierno no ha recibido el mandato del pueblo para doblegar la soberanía nacional ante los deseos del secesionismo, por más que insista la propaganda de los partidos nacional-separatistas de Cataluña o del País Vasco. Si el Gobierno accediese a las pretensiones secesionistas, se estaría infringiendo la legalidad vigente, dado que no está contemplado en la Constitución, que es la Ley básica que establece el marco jurídico e institucional válido en España.

Por otro lado, un Gobierno de España no debería tolerar por más tiempo que exista desamparo de los ciudadanos en municipios y regiones, donde son discriminados por no someterse a los deseos de la oligarquía de élites extractivas nacional-separatistas.

Contestando a las siete preguntas anteriores, por medio de la soberanía nacional de la mayoría de todos los españoles, se dotaría de certidumbre al ordenamiento jurídico y se renovaría la validez de la Constitución Española de 1978 para las próximas generaciones. Un Gobierno con mayoría absoluta sería capaz de sacar adelante los cambios normativos, aplicando el artículo 167 de la Constitución.

En definitiva, son todos y cada uno de los ciudadanos de España los que deben decidir sobre el futuro de la nación más antigua de Europa y las oligarquías no deben imponer políticas de hechos consumados con sus negociaciones entre bambalinas, su corrupción, su hipocresía, su inmoralidad y el miedo acérrimo que sienten a que sean los propios ciudadanos los que decidan; porque es en ellos donde reside la soberanía nacional, según el artículo 1.2 de la Constitución.

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Nobel de Economía 2013: gana mi candidato

Este año, los premiados con el Nobel de Economía han sido tres economistas, dos de ellos de Chicago (E. Fama y L.P. Hansen) y uno de Yale (R. Shiller), por sus estudios acerca de la determinación del precio de las acciones. Cada año, cuatro obsesos y muchos adictos a las apuestas, ponen su empeño unos y su dinero y olfato otros en tratar de adivinar quién se llevará el premio esta vez. Hay listas, quinielas, pistas… pero es muy difícil. Durante algún tiempo yo fui una de las del primer grupo. Mi candidato desde hace años ha sido Eugene Fama. Por fin, he acertado.

La empresa a estudio

Pero la razón por la que apostaba por Eugene Fama no era la misma por la que le han dado el Nobel. Este año, el Banco de Suecia ha premiado el esfuerzo por determinar el precio de las acciones a largo plazo, por la importancia que ello tiene en la planificación de las decisiones de inversión. Si bien es cierto que a corto plazo el precio es casi imposible de determinar, no sucede lo mismo a largo plazo, ámbito en el que se puede, al parecer, establecer ciertas pautas y tendencias. Pautas y tendencias, es decir, siempre en términos probabilísticos. Lo digo por los talibanes del determinismo y la predicción económica.

Yo leí a Eugene Fama en el doctorado, de la mano del profesor Manuel Santos Redondo, quien acababa de leer su tesis sobre la empresa y el empresario en la Historia del Pensamiento Económico. En concreto, estudié el extracto recopilado en el fantástico libro La naturaleza económica de la empresa de Louis Putterman. Se trata de una parte de su artículo Agency problems and the theory of firm, publicado originalmente en el Journal of Political Economy, allá por el año 1980. Y a pesar del tiempo que ha pasado, no creo que sus razonamientos hayan quedado obsoletos.

En él, Fama se planteaba el problema del riesgo moral que plantea la separación entre la propiedad y la gestión en la empresa. Si el gestor es propietario y, además, único accionista, y abusa de los recursos de la empresa otorgándose privilegios a sí mismo, se verá forzado a realizar ajustes ex post para compensar las distorsiones creadas por él. Pero si no lo es, le resultará más fácil aprovecharse, ya que los controles correrán a cargo de terceros. Por ello, es necesario identificar esas desviaciones ex post y establecer incentivos y controles ex ante, por ejemplo, en la determinación del salario, para evitar el riesgo moral.

El análisis de Fama sugiere los mercados laborales (en particular, el de gerentes) como mecanismo regulador del comportamiento fraudulento derivado de la separación entre propiedad y gestión. Y, a continuación, Fama propone un modelo formalizado en el que estudia la evolución estocástica del producto marginal del gerente, es decir, formaliza sus propuestas en un modelito estadístico sencillo y elegante en el que estudia el rendimiento del gestor en diversos escenarios.

El riesgo moral en la política

Más adelante le perdí la pista, sencillamente porque me dediqué a otra cosa. Pero la idea de que hay que prevenir de algún modo el riesgo moral de quien no se juega su dinero ha vuelto a mi horizonte a medida que me interesaba por el análisis político.

En el momento presente, con los ERE, Bárcenas y demás colgajos de corrupción, me pregunto, probablemente con toda ingenuidad, con qué mecanismo cuenta nuestro sistema político para evitar ese uso indebido de los recursos, o el bajo rendimiento fraudulento de nuestros gestores políticos. Porque no se trata solamente de que roben sin más y la justicia sea lenta, o que mire por el rabillo del ojo por encima de la venda para trucar la balanza. Se trata de que, igual que se le exige al gestor en la empresa, quienes manejan nuestra política hagan buen uso de los recursos propios que ponen a disposición de la nación, región o ciudad, ya que ese es el sentido de su puesto.

Obviamente, al imaginar la existencia de mercados de gestores políticos, me doy cuenta de que no hay un nutrido número de profesionales formados, dispuestos a batirse en la arena de la competencia como sí hacen quienes tratan de dirigir una empresa. Me refiero a una empresa media, de las de base, de esas miles de pymes que levantan nuestro país. No afecta a esos directivos, muchas veces políticos en retirada nombrados a dedo, de las grandes empresas del IBEX, las privilegiadas por provenir de antiguos monopolios o por estar al calor del poder.

La mitificación de la carrera política como aquella a la que uno se suma desde la más tierna juventud, en la que asciende a golpe de servicio al partido y cuyo fruto es un puesto en la Administración, el más alto a ser posible, para representar los intereses del partido al que le debes todo, fomenta que se haya institucionalizado el mal de males de nuestra nación. Nuestros supuestos representantes no nos representan, representan a sus partidos. Y así seguimos.