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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Contra la arbitrariedad y los abusos

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Cuando un gobierno establecido se permite el empleo de la arbitrariedad, sacrifica el objeto de su existencia a las medidas que toma para conservarla. ¿Por qué se quiere que la autoridad reprima a quienes ataquen nuestras propiedades, nuestra libertad o nuestra vida? Para que esos goces nos estén asegurados. Pero si nuestra fortuna puede ser destruida, nuestra libertad amenazada, nuestra vida perturbada por lo arbitrario, ¿qué ventajas obtenemos de la protección de la autoridad?

Benjamin Constant.

Valgan estas reflexiones del gran filosófo francés para calibrar los ataques que se ciernen contra la libertad en España con este gobierno, entre despótico y pusilámine. En medio de sus omisiones para reducir el gasto de las administraciones públicas y defender cabalmente la legalidad constitucional allí donde algunos apéndices del Estado se rebelan contra ella, cuales células cancerígenas del cuerpo que las ha producido, se muestra especialmente activo para cercenar las garantías de las libertades individuales recogidas en la Contitución de 1978 y aumentar los poderes arbitrarios de los ejecutivos que conforman el Estado.

En este momento ya ha publicado la propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prosigue los planes inacabados del gobierno de Rodríguez Zapatero de conferir a un Ministerio Fiscal dependiente del gobierno la instrucción penal y limitar sustancialmente la facultad de los particulares de ejercer la acción popular penal reconocida en el artículo 125 de la Constitución. Asimismo, el gobierno ha aprobado recientemente un anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, profundizando en las arbitrariedades de la famosa Ley Corcuera de 1992, que formalmente derogaría.

En relación al anteproyecto, comparte con su precedente la misma idea motriz: los individuos son intrínsecamente sospechosos de cometer fechorías, da lo mismo que tengan la enjundia de un delito o de una infracción administrativa.

A modo de ejemplo, siguiendo la estela del artículo 20 de la ley anterior que elevó a rango de ley algunas órdenes de policía de la dictadura franquista, los artículos 8, 9 y 16 del anterproyecto no solo imponen a los españoles un documento de identificación desde los catorce años, costeado por ellos mismos, sino también exhibírlo a cualquier policía que considere que "han podido participar en la comisión de una infracción" o que "considere necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de una infracción". En caso de no llevar consigo ese documento, esos policías (del Estado o autonómicos), atendidas unas circunstancias concurrentes sin especificar, podrán detenerlos y llevarlos a una comisaría durante el tiempo que sea necesario para su identificación sin asistencia de abogado.

El texto calla sobre la duración máxima de esa detención, pero cabe pensar que los prelegisladores conocen el máximo de 72 horas establecido para poner en libertad a una persona detenida por su presunta participación en un delito. Esto no resulta óbice para que, además, se tipifique como infracción grave, sancionable con una multa de 1.001 a 30.000 euros "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación" (Art. 35.7).

Como cierre a todas estas arbitrarias intromisiones en la libertad de un individuo, que se intentan justificar en meras sospechas de haber cometido o estar a punto de cometer una infracción (da lo mismo que sea penal o administrativa), el artículo 16.5 pretende preconfigurar como delito la resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones. De esta manera, quien sea detenido y conducido a dependencias policiales para la identificación, sin la asistencia de un abogado, podrá ver aumentado su suplicio con una denuncia por un delito de este tipo.

Dado el inagotable catálogo de infracciones administrativas existentes, que según este texto –y de manera subrepticia la ley actual- habilitarían a la detención de una persona para identificarla, nos encontraremos, en caso de aprobarse, ante el intento más acabado de instaurar un estado policiaco.

Llegados a este punto, conviene recordar que la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (artículos 490 a 492) que este gobierno tan (pos)moderno quiere enterrar en los anales de la historia, se muestra mucho más respetuosa hacia la libertad de circulación de las personas y solo justifica su detención en caso de que concurran indicios, cuando no flagrancia –y no meras sospechas- de su participación en la comisión de un delito.

Se ha pretendido justificar las disposiciones de este anteproyecto relativas a la disolución y sanción administrariva de algaradas callejeras en la necesidad de afrontar la proliferación de este tipo de actos. El argumento resulta de nuevo falaz habida cuenta de que la represión penal –con sus garantías- queda abierta contra los participantes. Cuestión distinta es la inepcia de los mandos policiales encargados de disolver y reprimir estas revueltas violentas que se dirigen contra bienes y personas, incluidos los policías. A este respecto, no comprendo la razón por la que las autoridades españolas no facilitan a sus policías simples tanquetas con bombas de agua a presión. Esta "tecnología de doble uso" se muestra especialmente efectiva para disolver a los vándalos al tiempo que apaga los incendios que provocan. Permite, además, un uso proporcionado de la fuerza que evita las brutales lesiones que ocasionan las fuerzas antidisturbios con la utilización caótica de pelotas de goma o de porras y otros objetos contundentes.

Por lo demás, el anteproyecto recurre a la artimaña de describir las infracciones administrativas en esta materia de manera idéntica a los delitos "para el caso de que unos hechos no constituyan delito". En derecho español, como en muchos otros ordenamientos jurídicos europeos, rige la prejudicialidad penal cuando se sigue una causa criminal por hechos que coinciden total o parcialmente con los que fundamentan la pretensión en otro órden jurisdiccional y se da el caso de que la decisión del tribunal penal tenga influencia decisiva en la resolución del asunto en otra sede. Sin embargo, dentro de una insidiosa tendencia general en España a la "administrativización" del derecho sancionador (patente ya en el ámbito tributario y las multas de tráfico que han servido a modo de avanzadillas) se observan poderosos estímulos para desviar los expedientes al ámbito administrativo. En este marco las denuncias de los agentes de la autoridad tienen una presunción de veracidad ("darán fe" dice el Art. 52 del anteproyecto) frente a su valor de testimonio sometido "a las reglas del juicio racional" que les atribuye el derecho procesal penal (Art. 717 LECr). Por otro lado, la administración por sí misma instruye y sanciona al presunto infractor de forma sumaria. Solamente la resolución final del expediente resulta revisable ante los tribunales contencioso-administrativos. Por si esto no fuera suficiente, el cuadro de desproporcionadas multas para las infracciones graves y leves (de 1.001 a 30.000 euros y de 100 a 1.000 euros, respectivamente) junto con la introducción de un procedimiento abreviado (Art. 55) donde el interesado tiene la "oportunidad" durante quince días desde la notificación de pagar la multa con una bonificación del 50 %, apuntan al objetivo de obtener ingresos parafiscales a favor del estado como sea. La voracidad recaudadora de un estado elefantiásico incentivará más si cabe la arbitrariedad de sus agentes, quienes, de hecho, elegirían en estos casos el curso de sus denuncias con unas directrices deliberadamente oscuras. No sería sorprendente observar, como ya ocurre en las patrullas de tráfico, la introducción de pluses de "productividad" a los policías cuyas denuncias conllevaran la imposición de multas administrativas a los ciudadanos.

Contestando unas primeras críticas del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre su anteproyecto, el Ministro del Interior declaró -junto a otras bochornosas identificaciones de España con sus planes que proyectan la retórica nacionalista catalana- que la ley se encuentra en estado embrionario y que será remitida al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal, al Consejo de Estado, a la Agencia Española de Protección de Datos para que dictaminen sobre su contenido, de manera que la ley respetará los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Cualesquiera que sean los informes que se recaben, estos propósitos contradictorios solo podrán resolverse con la retirada de este anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La integridad del vigilante y el cumplimiento de la norma

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los temas más agradecidos de explicar en políticas públicas es el problema llamado del Principal y el Agente. Estudia la típica situación de riesgo moral (o moral hazard) aplicado al comportamiento del gobierno y de las empresas. Los alumnos entienden perfectamente la tentación del vigilante de llegar a un acuerdo con el vigilado en cuanto les cuento un caso real de una niña de once años que le cuenta a su madre que esa mañana, en el colegio, la profesora ha tenido que salir de clase y ha dejado a una alumna encargada de apuntar a los charlatanes. La niña protagonista, inquieta y parlanchina, fue apuntada en la lista y la vigilante tuvo que ponerle tres cruces porque no paraba de hablar con el compañero. Viendo la cara de enfado de su madre, y antes de que ésta pudiera decir una palabra, la niña explicaba que consiguió que la borraran de la lista. Ofreció regalices rojos a la vigilante y todo resuelto. Todos tenemos un precio. Mis alumnos se ríen pero entienden de inmediato que si un niño se ve tentado a pactar con el vigilante, cómo no va a suceder esto entre empresas, reguladores y gobernantes. Cambiamos las golosinas por dinero y privilegios y ya tenemos el Problema de la Agencia o Problema del Principal y el Agente.

La vigilancia, ¿pública o privada?

Vigilar al vigilante es un ancestral problema que no nos hemos inventado ahora. Pero desde la aparición de nuestros modernos estados democráticos la organización de la vigilancia aparenta ser más problemática.

¿Debe haber un organismo regulador de la competencia? ¿Son eficientes los organismos encargados de vigilar el adecuado suministro de energía? ¿Sería preferible contratar a una auditoría externa independiente de los partidos políticos? Todas estas preguntas siguen derivando en serias polémicas en las que los partidarios de una u otra opción discurren buscando el beneficio de la sociedad. Nadie quiere que los mercados no funcionen (excepto en casos de ignorancia aguda), o que la población que paga sus impuestos no reciba un adecuado suministro de luz y agua. Todos queremos que los euros que los ciudadanos (Principal) pagan al Estado, a la fuerza o con ingenua alegría, sirvan para que los servicios delegados en manos del Estado (que es Agente de los ciudadanos y el Principal de los reguladores y auditorías) sean provistos en condiciones.

Las consecuencias de que los vigilantes incumplan, sea el Tribunal de Cuentas, sea la auditoría privada ya desaparecida Arthur Andersen, son muy graves. Por eso es tan importante dilucidar qué titularidad, pública o privada, es mejor. La mayoría de las personas que conozco tienen mucha más fe en la vigilancia pública que en la privada. Es una postura perfectamente respetable. Pero no se basa en la evidencia, sino en la fe. Porque la realidad es que la traición, el engaño y el robo son vicios humanos, no institucionales. Y, en definitiva, para evitar los Problemas de Agencia hay que diseñar incentivos adecuados. Incentivos que tocan la motivación de seres humanos, de personas cuya naturaleza o moralidad no cambia si trabajan para el Estado o para la empresa privada. Lo que sí varía es el número de oportunidades que se le presentan al vigilante en uno y otro ámbito. Dicho en castizo, el inmoral trinca en cuanto tiene oportunidad a menos que le pongas trabas.

La rendición de cuentas define la mejor opción

La mejor manera de evitar el riesgo moral de los Agentes es obligar a que justifiquen lo que hacen y el dinero que gastan.  En este sentido, una empresa cuyos propietarios ven que su dinero no rinde por un comportamiento inmoral y no hacen nada sucumbirá probablemente. O al menos, no será todo lo próspera que podría. Las cuentas de la empresa tienen que ser revisadas cada cierto tiempo. De lo contrario, se pueden acumular pufos ocultos sin que los responsables den la cara.

Y he sacado el caso de la auditora Arthur Andersen y el Tribunal de Cuentas adrede.  La primera no cumplió con su obligación y, como nos cuenta Miquel Roig en Expansión, permitió que la empresa Wordcom mintiera en sus cuentas por tres años en pleno boom de las puntocom. El presidente de la compañía está en prisión y Arthur Andersen también ha pasado por los tribunales.

Por el contrario, nuestro Tribunal de Cuentas es famoso por arrastrar un retraso en su revisión de las cuentas públicas de entorno a cinco años. No solamente eso. Es muy conocido el escándalo de la Universidad Complutense que, requerida por el Tribunal, se negó a entregar sus cuentas. Y ahí está, con su enorme agujero financiero, funcionando.

Que hay fallos institucionales en ambos casos es evidente, pero también lo es en cuál de los dos la rendición de cuentas funciona. Lo mismo podríamos decir de los partidos políticos, los sindicatos, las fundaciones, y demás organismos semi-públicos en los que se descubren fraudes cada día.

Cómo enfrentar a un detestable chistoso antisemita

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

La judeofobia en Francia no es ninguna broma. El país que presume de ser la cuna de los derechos humanos es también uno en los que tradicionalmente, y también en la actualidad, más extendido ha estado el odio hacia los judíos. Es la patria del tristemente famoso affaire Dreyfus. El comportamiento de las autoridades y de gran parte de los ciudadanos franceses durante el Holocausto no puede considerarse precisamente ejemplar. Décadas después, el hexágono tuvo como diputado (tanto nacional como europeo) a un Jean-Marie Le Pen que oscilaba entre la negación y la minimización del citado crimen contra la Humanidad.

A ese antisemitismo tradicional francés se une otro de relativamente nuevo cuño en el Viejo Continente. Entre los hijos y nietos de inmigrantes procedentes del Norte de África, así como entre quienes siguen llegando a Francia desde dicha región, está muy extendida la judeofobia de raíz arábigo-musulmana. Esta última no sólo se da entre los franco-magrebíes islamistas (cada vez más numerosos), sino incluso entre los que mantienen una visión en otros aspectos moderada de su religión o, incluso, entre los que no son religiosos.

Con todos esos antecedentes, la prohibición que el Gobierno galo logró imponer al espectáculo del humorista antisemita Dieduonné (entre cuyos seguidores hay antisemitas de los dos tipos señalados) fue celebrado por muchos, dentro y fuera de Francia, como un triunfo del Estado de Derecho y de la lucha contra la intolerancia. Los motivos que llevaron a pedir que se impidiera la actuación del polémico, en realidad simplemente detestable, personaje fueron sus alegatos contra los judíos, el deseo que lanzaba de que un periodista hebreo muriera en las cámaras de gas y su simpatía declarada por el presidente colaboracionista Pétain y el propio Adolf Hitler. Es judeofobia en estado puro.

En su vuelta a los escenarios ha eliminado todos esos contenidos. No ha desaparecido, eso sí, el saludo nazi popularmente conocido como quenelle, que Dieduonné y sus seguidores tratan de hacer políticamente aceptable diciendo que es un corte de manga a la clase política. Al final, la nueva obra, con el mantenimiento de la citada quenelle y con bromas sobre que a partir de ahora se insultará a árabes y negros, pero no judíos, mantiene una judeofobia implícita mucho más difícil de demostrar.

Resulta comprensible que las autoridades quieran frenar a quienes propagan el antisemitismo, un odio irracional que en su versión más radical causó seis millones de muertos a manos de los nazis y sus aliados de muchos países europeos. Pero las prohibiciones de espectáculos como el de Dieduonné no son el mejor camino. Si los teatros donde iba a actuar el personaje en cuestión son públicos, es legítimo que se le vete. El propietario es el Estado y no está obligado a ceder sus bienes a quien se dedica a difundir el odio (no entramos aquí en el debate sobre si el Estado debe o no poseer espacios escénicos de ese tipo). Otra cosa es si se trata de sala privadas, donde la proscripción además de censura es un completo error.

Al margen de que hasta los chistes malos en el plano moral deban estar amparados por la libertad de expresión, hay motivos de índole práctica para oponerse a este tipo de censura. A partir de ahora, el tipo se presentará ante los suyos como una víctima de la represión. Podrá, además, decir que ha sido ejercida con el Estado francés siguiendo las órdenes de "los judíos" (el antisemitismo tiene la característica de que no señala a uno o a un grupo de hebreos en concreto, sino que el supuesto mal es causado por el total de ellos).

Por mucho que ya no se pueda acudir a un teatro a escuchar sus obscenidades abiertamente antisemitas, las veladas siguen ahí, quien quiera "disfrutar" de ellas seguro que puede acceder a vídeos en internet difícilmente controlables. El cómico judeófobo siempre encontrará vehículos para difundir y hacer apología de su odio. Y ahora no sólo lo hará con mayor virulencia y una patina de supuesta heroicidad ante sus acólitos, sino que personas que jamás tuvieron interés en él o, incluso, no le conocían, pueden interesarse ahora por escuchar su mensaje.

Por noble que sea la causa por la que se le ha prohibido ofrecer su espectáculo antisemita, que lo es, se ha cometido un error al intentar sacarle de los escenarios. Hay que combatir ese odio, pero no mediante unas prohibiciones que a la larga sólo favorecen a personajes nefastos como Dieduonné. La vía es difundir ideas contrarias a las suyas, hacer pedagogía de lo que significa su antisemitismo y, por qué no, responder con un humor que le ridiculice a él y a quienes piensan como él. Incluso cuando son humoristas, los enemigos de la libertad (y los antisemitas los son) aguantan mal la broma y la chanza cuando es dirigida sobre ellos. No les gusta, y les deja en evidencia si está bien hecha. 

Dos preguntas, múltiples liberticidios

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Ha costado más de un año pero, por fin, el actual bipartito catalán ha cumplido la promesa principal con la que concurrió a las elecciones autonómicas de 2012. Habrá consulta, lo que no implica que ésta sea legal. Aun así, conociendo la ambigüedad deliberada de CIU (y la influencia de los sondeos) es más correcto afirmar que hay preguntas preparadas; que finalmente se vote, está por ver.

En efecto, la historia, y en particular la más reciente, de los convergentes está plagada de pasos atrás, de planes supuestamente grandilocuentes para sus seguidores (no para todos los catalanes) que luego, por factores externos, nunca se ejecutan. Tras ello, el victimismo aparece con expresiones del tipo "expolio fiscal", versión más culta del "España nos roba".

No obstante, en toda esta deriva independentista y de búsqueda del enfrentamiento permanente con el gobierno de España, el nacionalismo catalán no ha estado solo. Al contrario, partidos como el PSC han colaborado por activa (demanda de un nuevo Estatuto que no estaba entre las prioridades de la ciudadanía catalana pero que sirvió para estigmatizar al PP y a Ciudadanos) y por pasiva (su equidistancia, producto de los complejos y de la asunción de dogmas nacionalistas, se ha traducido en la pérdida sucesiva de escaños). También ICV ha participado y también lo ha hecho a través de conceptos de difícil asimilación como el de España plurinacional, sobre el que "sentó cátedra" Rodríguez Zapatero. Finalmente, se sumaron las CUP, partido nuevo que de manera oportunista ha utilizado la crisis económica para lanzar un mensaje independentista de corte radical. Ver para creer, CIU de la mano de una formación anti-establishment…

Como puede comprobarse, salvo el afán de ruptura poco más une a los partidarios del que se convertirá en mantra top para el próximo curso ("derecho a decidir"). En el resto escenarios poco tienen que ver los unos con los otros. Por ejemplo, el filocastrismo caracterizador de CUP o ERC no empatiza con los tintes moderados de Convergencia (y menos de Unió).

Asimismo, los sondeos de opinión muestran una convergencia cada vez más menguada y una Esquerra en alza. Dicho con otras palabras: el órdago de Mas no está dando los resultados apetecidos (algo que, por otro lado, ya anticiparon las autonómicas de 2012).

Este es el escenario. Mientras desde la Generalidad se ataca una y otra vez a la Nación, mientras se prohíbe la educación en castellano o directamente se margina a los castellano-parlantes, se destinan generosas partidas presupuestarias de dinero público para fomentar la simbología y el componente identitario.

Uno de los resultados tangibles es que la libertad de prensa, siendo benévolos en el diagnóstico, no atraviesa por sus mejores momentos en Cataluña, con unos medios públicos que repiten de manera acrítica el mensaje-discurso único que sale de fuentes gubernamentales.

En este sentido, las entrevistas que concede Mas a la prensa catalana no reciben por parte de la progresía (española) las mismas dosis de virulencia en su respuesta, como cuando aquélla analiza las relaciones de Rajoy con los medios de comunicación. Dicha progresía mira cobardemente para otro lado cuando el CAC publica listas negras de periodistas y diputados autonómicos. Nada nuevo, de todos modos. Es el funcionamiento habitual de esa izquierda retrógrada, reaccionaria, que siempre se presenta como moralmente superior y para la que los liberticidios nacionalistas son la respuesta a supuestas provocaciones (generalmente de la derecha extrema, pedante expresión que se hizo hueco a partir de 2004).

Finalmente, diferentes personalidades más buenistas que con buena intención, piden "diálogo" a las partes, orientado en última instancia a dar reconocimiento a la "singularidad catalana", concepto polisémico donde los haya.

Sin embargo, el diálogo, vocablo de fácil alusión, difícilmente se puede llevar a la práctica cuando una de las partes ha optado por imponer una solución unilateral a la otra e insiste en que no va a conformarse con simples prebendas. 

El blanqueo y la cocaína (II)

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Transcurridos apenas tres años y medio de la promulgación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, durante la última legislatura del inefable Jose Luis Rodríguez Zapatero, una reforma incluida en la disposición final sexta de la pomposamente llamada Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno merece un estudio con lupa, como ejemplo de las cuitas y las mañas del estamento político español cuando se ve sorprendido por la actuación de organizaciones internacionales que escrutan su desempeño sobre el terreno y ante las cuales redobla esfuerzos por salvar la cara. Pero a su manera.

En aquel momento quien les escribe se percató de una manipulación que parecía más el producto de la picaresca que de un gobierno y un parlamento mínimamente serios. Precisamente el proceso acelerado de aprobación de la Ley se debió a la declaración de la sentencia de 1 de octubre de 2009 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sección séptima) de que el Reino de España había incumplido la obligación de trasponer a su derecho interno, antes del 12 de diciembre de 2007, las Directivas en materia de prevención de utilizar el sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.

A pesar de esa resolución, de forma arbitraria el gobierno socialista remitió a las Cortes un proyecto de ley que prescribía a distintos profesionales e intermediarios financieros la adopción de medidas reforzadas de identificación y vigilancia de operaciones de clientes con responsabilidades públicas, pero solo en el caso de que fueran extranjeros (incluyendo a los nacionales de países de la UE) alterando en este apartado el anteproyecto elaborado por los funcionarios del Ministerio de Hacienda y burlándose de forma burda del reproche jurisdiccional europeo. Durante la tramitación parlamentaria, a pesar de que un grupo presentó enmiendas para subsanar ese escándaloso doble rasero, apenas se mencionó un asunto tan escabroso para la corrupta oligarquía española, de suerte que sus representantes aprobaron casi por unanimidad eximirse del sometimiento a un escrutinio preventivo acerca del origen de su patrimonio cuando concurre un ánimo tendencial al blanqueo de capitales.

No debe entenderse, empero, que esas directivas europeas y la regulación internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI/FATF, dependiente de la OCDE- conduzcan de manera unívoca a un mundo ideal. Antes al contrario, merecen muchas críticas. No es la menor la de que pueden equipararse, a los efectos de la prevención del blanqueo de capitales, los casos de infracciones administrativas (como es el impago de impuestos hasta el límite cuantitativo en que se consideran "delitos contra la hacienda pública") con aquellos otros donde subyacen delitos de extrema gravedad, como el robo, sobornos, o la extorsión mediante la amenaza, el asesinato, el secuestro y otros delitos instrumentales. Aunque se trata por parte de la doctrina y los legisladores de convertirlo en un delito autónomo, separado de los hechos previos, el blanqueo de capitales deriva de conductas tipificadas como delitos por una legislación harto discutible. Dada la tendencia universal a penalizar acciones sin víctima, pues se considera suficiente el interés de un estado en dotar de protección jurídico penal a un bien jurídico determinado desde su caprichosa perspectiva para darle validez, se llega al absurdo de obstaculizar la libertad de circulación de capitales por no distinguir el grano de la paja.

Observemos, por ejemplo, las enormes dificultades prácticas que plantea la penalización en casi todos los países del mundo de las actividades que "promuevan, favorezcan o faciliten" el consumo de drogas incluidas en un convenio internacional actualizable, un delito abierto sin víctimas. En general, tantas actividades subyacentes ilícitas multiplican las operaciones sospechosas desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales y la dilución y el solapamiento de casos graves en un marasmo de otros que lo son menos.

En cualquier caso, salvando el olvido de hace tres años, el texto del nuevo artículo 14 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales prescribe a los obligados (entidades financieras, aseguradoras, servicios de envio y cambio de dinero, casinos, loterías, notarios, registradores, abogados, marchantes de arte, etc) adoptar "medidas normales de diligencia debida" también respecto a los españoles con responsabilidades en los poderes públicos y sus allegados, teniéndoles como tales hasta dos años después del cese en sus cargos, aunque de forma clamorosa se excluye a los cargos equivalentes de ayuntamientos de municipios de menos de 50.000 habitantes. Estas medidas, consistentes en un deber de identificación formal y real del titular de un determinado negocio, la recabación de información sobre el propósito del mismo y su seguimiento continuo, se refuerzan en el caso de la banca, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera por considerarse que presentan un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Sin embargo, como en el texto que se reforma, se deja para un reglamento la definición de cuáles deban ser esas medidas reforzadas. Dado que en ningún momento se ha aprobado, trece días antes de la entrada en vigor de la reforma la inseguridad jurídica a este respecto resulta absoluta.

No parece arriesgado afirmar que el súbito cambio legislativo español está relacionado con el lanzamiento por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) de una nueva metodología que centra su atención en la efectividad de las medidas de control en un Estado determinado. Por otro lado, el anuncio de que el Reino de España será sometido el año próximo a una evaluación por parte de los inspectores de este organismo internacional parece haber apremiado a un cumplimiento más serio de sus directrices debido al descrédito que arrojaría una calificación negativa.

En definitiva, a la vista de la interminable lista de casos de corrupción que ha acompañado al actual régimen partitocrático desde su consolidación en los años ochenta, no resultan casuales el uso artero del poder legislativo y las prácticas habituales hasta ahora. Es en este punto donde la presión internacional puede contribuir a una regeneración que apenas se divisa en lontananza del panorama político español con los mecanismos internos. A ver si el aireamiento de los casos de sobornos, malversaciones de caudales públicos y otras trapacerías que apadrina la oligarquía española, en conjunción con las evaluaciones internacionales, contribuyen a una mayor transparencia de la gestión de los asuntos públicos y, en consecuencia, a depurar un sistema tan profundamente corrupto.

Montoro contra los medios, ¿o no?

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

No descubriremos ningún secreto si afirmamos que el ministro de Hacienda es uno de los miembros del Gobierno más poderosos, por lo general tan sólo superado por el propio jefe del Ejecutivo. Se suele considerar que esta situación de preponderancia sobre sus pares le viene dada por su control del dinero llamado “público”.

Pero su poder no es sólo sobre otros ministros, sino también sobre todo tipo de ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. El titular de la cartera de Hacienda controla un organismo que, al menos en España durante las últimas décadas, en numerosas ocasiones es utilizado para castigar o amargar la existencia a quienes no son afines al poder político de turno: la Agencia Tributaria. Hace unos meses, en el transcurso de una entrevista, Pedro Ruiz nos decía una frase tan contundente como cargada de sentido:

El miedo que había a la Policía de Franco, por inercia, ha pasado a los inspectores de Hacienda.

No es para menos. La acción de la Agencia Tributaria puede convertirse en una pesadilla incluso para quien no tiene cuentas pendientes con este organismo. Una mera inspección ordenada por motivos políticos, aunque las autoridades sospechen que no van a encontrar nada, puede suponer un trastorno difícil de soportar para cualquier particular o para los responsables de una empresa u organización. Eso por no hablar del daño que se hace a su imagen pública. Esto es especialmente cierto en un país como España, en el que domina socialmente la presunción de culpabilidad de todo aquel que es sometido al escrutinio de las autoridades tributarias.

Esta herramienta de poder inquisitorial puede ser utilizada como un instrumento para amenazar a aquellos que incomodan al poder político, incluso cuando no se utilice de forma efectiva. Y el ministro español Cristóbal Montoro la usa con ese fin de manera muy frecuente. No ha dudado en insinuar su uso contra partidos de la oposición, actores, periodistas y medios de comunicación privados. Estos últimos son objetivo frecuente de este tipo de insinuaciones.

A primeros de diciembre achacó las supuestas “informaciones falsas” sobre un tratos de favor a determinadas empresas a los problemas económicos de unos medios que, según él, tienen deudas pendientes con el fisco. No es la primera vez que lanza este tipo de afirmaciones, que tienen mucho de amenaza velada, sobre las empresas informativas.

Parece que, efectivamente, hay medios que tienen deudas con Hacienda o la Seguridad Social, como también hay sospechas fundadas de que están recibiendo un trato de favor en esta cuestión por parte del Gobierno de Rajoy. Pero no se les debe amenazar para que rebajen el nivel de críticas al Ejecutivo. Lo que Hacienda ha de hacer es, simplemente, tratar a esas empresas como a cualquier otra y obligarlas a saldar sus deudas. Pero no se hará, es mejor tener algo con que presionar a sus directivos y mantener abierto un acuerdo de facto que en realidad beneficia a ambas partes a costa de romper la igualdad ante la ley.

La hipocresía es evidente por ambas partes. Los directivos de determinados grupos de comunicación protestan cuando se les recuerda sus deudas con Hacienda, pero no las pagan sabedores de que al final no se va a actuar contra ellos. Desde el Gobierno no se les trata como al resto de empresas sabedores que la existencia de las citadas deudas permiten atar en corto a esos medios de comunicación cuando se ponen demasiado críticos. Y, mientras tanto, se lanzan sospechas sobre el resto de periódicos, radios, televisiones y diarios digitales, que sí tienen al día sus cuentas con el fisco.

Páguese la deuda que se tiene, y se quita el arma de presión al señor Montoro. Cóbrese lo que se debe, y nadie podrá denunciar un trato a favor a determinados empresarios. Todos, menos esos medios y el ministro, saldríamos ganando. Otra cosa, por supuesto, es que se deba empezar urgentemente a bajar impuestos. A todas las empresas y todos los ciudadanos; y ya.

Crímenes de honor en Palestina

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El pasado 20 de septiembre medio centenar de miembros de la familia Zeidan firmaron en Tulkarem un documento público condenatorio de la conducta de una mujer del clan, Zamar, de 33 años, por cometer actos deshonrosos. Días antes un hombre borracho procedente de una localidad cercana se había introducido en su casa. Los vecinos lo sacaron de la vivienda y lo apalearon, obligándolo a huir, pero la mancha del deshonor ya había caído sobre la víctima del asalto.

Los miembros masculinos del clan familiar acusaron a Zamar de violar repetidamente "la ley de Dios, las costumbres y la moralidad" que se exige a toda mujer musulmana. El padre quedó también formalmente repudiado, por "haber fracasado en reformar a su familia". El texto fue imprimido y repartido por la localidad, incluso colocado en la entrada de la mezquita local. La suerte de Zamar ya estaba echada: al día siguiente, su padre la estranguló con un cable de acero mientras dormía.

Lo que ha otorgado una relevancia especial a este crimen es el hecho de que entre los firmantes del documento aparecía Abdel Rahmán, diputado de Hamás en la asamblea legislativa en un territorio controlado por Fatah. Rahman explicó que accedió a firmar porque "la otra opción era expulsar al padre y a toda la familia de la Margen Occidental". A continuación añadió que, según su particular criterio, su apoyo expreso a una sentencia popular que condenaba a una mujer inocente por supuestos delitos de honor no fue una incitación a su asesinato.

La misma semana del asesinato de Zamar una mujer de Yata, en Hebrón, mató a su hija discapacitada de 21 años después de que ésta fuera violada por unos desconocidos. La Policía palestina confirmó los hechos tras llevar el cuerpo de la víctima a la sala de urgencias de un hospital local, donde se declaró su fallecimiento.

Con estos dos últimos se elevan a 27 los crímenes de honor cometidos en tierras palestinas en lo que va de año, más del doble que en 2012, según los datos recopilados por las organizaciones de derechos humanos presentes en la zona. Este tipo de crímenes, frecuentes en los países islámicos, se inspiran en determinadas interpretaciones teológicas, a pesar de que en la mayoría de los casos ni siquiera se cumplen los requisitos que el islam establece, como la existencia de, al menos, cuatro testigos presenciales de un adulterio, la principal de las acusaciones formulada contra las mujeres a las que sus parientes arrancan la vida para preservar el honor familiar.

En el caso de Palestina, a esta laxitud en la interpretación de los preceptos coránicos se suma la levedad de las condenas que se imponen a quienes perpetran estos crímenes. Según la legislación vigente, los asesinatos de Tulkarem y Hebrón se saldarán con una condena de tan sólo seis meses de cárcel, si es que los autores son encontrados culpables.

Las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer llevan tiempo enfocando sus esfuerzos en la reforma de este aspecto concreto de la legislación penal. En Ramala se han dirigido al presidente de la Autoridad Palestina para que ponga en marcha una modificación legal que eleve el castigo a los culpables de crímenes de honor y acabe con la práctica impunidad de que disfrutan.

Sin embargo, las propias asociaciones pro derechos humanos reconocen que una simple reforma legal no acabará con esta lacra. La última prueba de que estos delitos están interiorizados en amplias capas de la población musulmana la encontramos en una investigación de la Universidad de Cambridge elaborada entre jóvenes de la vecina Jordania.

En el mencionado estudio, un tercio de los jóvenes entrevistados se mostró de acuerdo con esta práctica, actitud que los investigadores atribuyen a los bajos niveles de educación y a la existencia de una visión patriarcal tradicional que pone el énfasis en preservar "la virtud de la mujer". En Jordania se cometen entre 15 y 20 asesinatos por delitos de honor cada año.

Como hemos visto antes, las cifras, lejos de disminuir con el paso de los años, no hacen sino aumentar. Nada extraño en un lugar donde un diputado electo puede animar públicamente a la comisión de estos delitos en su propia familia sin recibir la menor sanción oficial ni reproche social alguno.

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Democracia y revolución

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Democracia y liberalismo son dos tradiciones relacionadas entre sí, con refuerzos mutuos y con contrastes y oposiciones difícilmente salvables. Es esta una discusión para otro artículo. No tenemos que salir de este sitio para encontrarnos juicios muy certeros al respecto, como los de Manuel Llamas, Berta García Faet, o este autor. La democracia favorece el aumento del poder del Estado, de nuevo Llamas, y el esfuerzo liberal por detenerlo ha fracasado una y otra vez. La democracia, por un lado, no es democrática; no como el ideal democrático exige. Y por otro lado legitima la adquisición y crecimiento del poder del Estado.

No es éste el problema a reseñar aquí, el de las posibilidades de una democracia liberal de mantenerse en el liberalismo durante un período muy prolongado. La Francia de la república de Thiers duró tres décadas. Gran Bretaña ha dejado atrás gran parte de su liberalismo, y de los Estados Unidos lo que digamos es poco. No. La cuestión de este artículo es la de una democracia antiliberal, concebida como revolucionaria. Es la de la II República.

Para situarnos muy escuetamente en el contexto en el que surgió aquella democracia, como una avalancha, en 1931, tenemos que remontarnos casi un siglo atrás. El liberalismo histórico español acuñó en la Constitución de 1845 un instrumento para acumular y concentrar el poder y construir, desde ahí, un Estado sólido. Está concebida en el contexto de las Guerras Carlistas, un conflicto bélico civil que aconsejó a los liberales acrecentar el poder estatal, y dotarlo de una racionalidad en sus funciones. Según el historiador Antonio Cánovas, “con aquellas leyes de 1845, que eran sólo una máquina de ganar elecciones, se hacía imposible todo ejercicio de libertad”. Con “libertad” se refería a la participación en el poder. Este exclusivismo explica, en parte, que la solución a ese problema viniera del recurso a la violencia, los pronunciamientos que marcaron el XIX.

La Constitución de 1876, inspirada en gran parte por el propio Cánovas, quería superar ese problema que había conducido al sexenio revolucionario, que fracasó estrepitosamente. Podían haberse acercado al modelo de la Tercera República Francesa, que asumió el juego político en términos que hoy podríamos llamar Kelsenianos. Normas iguales para todos, participación democrática, incertidumbre en los resultados, seguridad en la aplicación de las normas. La solución de Cánovas es casi contraria: Era el Rey quien decidía el gobierno, que a su vez convocaba unas elecciones amañadas para que éste ganase. La imparcialidad no estaba en las normas, sino en el propio Rey. Fue un sistema estable y cada vez más inclusivo. Incluso el PSOE entró en aquel sistema. De este modo, se dotó de estabilidad y evitó los pronunciamientos.

Los republicanos de izquierdas, por lo general, y Manuel Azaña en particular, se seguían viendo marginados por el sistema. Y veían el pactismo que facilitaba los turnos como evidencia de un pacto de marginación del resto y de defensa de las instituciones que habían llevado a España al atraso: La Iglesia y el Ejército. De modo que Azaña, y con él muchos otros republicanos de izquierdas, como Álvaro de Albornoz, entendieron que el progreso no podía llegar del acuerdo con las fuerzas conservadoras; él criticó la “transigencia mal llamada liberal”. Azaña, en 1923, decía: “Habrá que restaurar en su pureza las doctrinas y acorazarse contra la transigencia. La intransigencia será el síntoma de honradez”. De nuevo Álvaro de Albornoz dijo, en 1931: “No más pactos; si quieren una guerra civil, que la hagan”. Y dos años más tarde, el presidente del gobierno Azaña sentenciaba: “La República no es sólo un régimen, es un instrumento para la acción”. El alcalaíno tuvo muchas ocasiones de expresar la misma idea, como cuando rechazó “que el Parlamento se convirtiera en una academia jurídica”, es decir, se limitase a cumplir la ley, y no un “instrumento revolucionario que dé forma legal a las aspiraciones del país”.

Pero hay más. El carácter escasamente democrático de la Restauración contrastaba con las elecciones constituyentes 1931, que fueron las más democráticas de la historia de nuestro país hasta el momento. De este modo, resultaba fácil entender que el resultado de aquéllas reflejaba fielmente la opinión de los españoles. Pero las fuerzas conservadoras estaban desorganizadas. Con la legitimidad de las urnas se redactó una Constitución que servía a dos principios distintos. Por un lado, el democrático (normas fijas, resultados inciertos y aceptación de los mismos). Por otro, un proyecto social concreto, de carácter revolucionario. Así, la base social de la República sólo reconocía a “los trabajadores”, aunque fuesen “de todas clases”. Limitaba la libertad de conciencia, emprendimiento y educación en razón de “la seguridad del Estado” (Art 26) o “el respeto debido a las exigencias de la moral pública” (Art 27). Y pretendía un cambio económico fundamental, con la actuación del Estado intervencionista como medio.

El mismo propósito de reducir a la nada las dos instituciones citadas, el Ejército y la Iglesia, dejaba, en cualquier caso, poco margen al pacto. Sumando a ello la distribución de fuerzas, llevó a Azaña a pactar con el PSOE, una fuerza netamente revolucionaria, que promulgaba la dictadura del proletariado ejercida por la UGT. Este partido explicó al inicio de la III República cómo la veía: “Esta República española que ahora empieza, y de la cual hemos de ser nosotros guardianes y vigilantes, es algo esencialmente nuestro porque a nuestro calor ha nacido y a nuestro calor ha de afirmarse y perfeccionarse en lo futuro”. Cuando iba a cambiar el gobierno por las elecciones de 1933, decía también en El Socialista: “República para todos, no; República para los republicanos y sólo para los republicanos”.

No hace falta recordar o detallar los intentos de Azaña por repetir las elecciones de 1933, pero falseando los resultados para que no gobernase la CEDA, la revolución de 1934 o el estado pre revolucionario (hasta qué punto lo fue es una cuestión abierta). O la Guerra Civil, sobre cuyo grado de inevitabilidad también hay debate; lo que no es debatible es que se explica por el carácter al menos tan revolucionario como democrático que tuvo la II República.

El caso de la España de los años 30 muestra el carácter incompatible de la revolución con la democracia. De hecho, los partidarios de la II República dicen, por un lado, que defienden la democracia, pero por otro defienden comportamientos netamente antidemocráticos, como la revolución del 34, o critican duramente al partido que encarnaba el principio democrático con más convencimiento, el Republicano Radical. 

Espacios libres de niños

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

La polémica vuelve a estar servida; tres aerolíneas asiáticas han decidido ofrecer zonas tranquilas. ¿Y en qué consisten? Pues sencillamente son zonas donde no se pueden sentar niños menores de 12 años.

Las comparaciones con la segregación racial saltan a la palestra desde el minuto uno. Las vestiduras rasgadas ante el desprecio al recurso más valioso de la humanidad aparecen en el dos. Los sesudos análisis sobre los derechos de los niños y la vital importancia que tiene que éstos sean escuchados son escritos en el tres. Y finalmente, la llamada a la tranquilidad porque en Europa una medida así no sería posible ya que los burócratas europeos y su superregulación no lo permitirían surge al cuarto.

Como siempre, el sentido común y la lógica elemental se dejan para mejor ocasión o para rincones con una audiencia más reducida de lo que sería normal en una sociedad con un mínimo de madurez mental.

Porque lo cierto es que si una persona prefiere sentarse en un lugar del avión donde se le garantice que no hay niños es, simplemente, porque piensa que las probabilidades de tener un viaje tranquilo aumentan en este tipo de espacios. Y el hecho de que unas empresas consideren rentable ofrecer estos espacios es porque las personas que tienen este tipo de percepción están dispuestas a desembolsar un precio lo suficientemente elevado como para cubrir el coste de ofrecerlas.

Hasta aquí nada es opinable. Es lógica elemental. Las opiniones o análisis tendrían que arrancar a partir de este punto e ir en la única dirección posible: ¿por qué ha aumentado la percepción de que la presencia de niños en un espacio cerrado aumenta las probabilidades de tener una estancia menos agradable? ¿Se comportan los niños con peores modales en la actualidad que en décadas pasadas o ha aumentado la sensibilidad de las personas a ciertos comportamientos infantiles normales?

Por desgracia el debate no va por ahí y gira sobre lo que a estas alturas debería ser intocable: el derecho de la empresa y del viajero a decidir pacíficamente pactar unas condiciones de viaje determinadas.

Lo curioso es que las aerolíneas y los viajeros antiniños no prohíben a los niños viajar. Ni siquiera les prohíben molestar en cierto grado al resto de pasajeros. Simplemente se alejan o proporcionan zonas alejadas de ellos. Es un comportamiento totalmente respetuoso con la libertad del prójimo, nos guste o no su decisión. En cambio, el comportamiento proniños dominante es totalmente asocial y consiste en obligar a terceros a aceptar una situación, la compañía de menores, por el simple hecho de imponer su punto de vista sobre la cuestión.

Una sociedad donde el derecho a imponer la presencia de un niño, o cualquier otro tipo de persona, a un extraño está por encima del derecho de una persona a pactar sus condiciones de desplazamiento con el dueño del medio de transporte ya dice bastantes cosas malas de sí misma. Que los niños sean mal educados no nos debería preocupar más que el grado de fobia a la libertad de sus padres.

Poder y prensa

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Paradójicamente, a Tirpitz no le entusiasmaba el mar y solía pasar sus periodos de descanso en la Selva Negra. Alfred Von Tirpitz ingresó en una obsoleta y pequeña marina prusiana, porque ofrecía más posibilidades de promoción que el ejército, y no se equivocó. Su particular visión de lo que debía ser la marina alemana, de una Alemania recién constituida que buscaba su lugar bajo el sol, atrajo la atención del inseguro e inestable Guillermo II, un káiser que tenía mucho más poder político del que tenía su abuela, la emperatriz británica Victoria, o del que tuvo su tío Eduardo VII a la muerte de ésta.

De todas las circunstancias y factores que desencadenaron la Gran Guerra, la creación de la flota alemana en contraposición a la Armada británica fue uno de los más decisivos. Tirpitz estaba en China buscando un puerto adecuado para las pretensiones coloniales alemanas cuando fue nombrado Ministro de la Marina. Guillermo había mantenido una conversación en Kiel en 1891 que le había dejado huella. Después de ser nombrado Jefe de Estado Mayor naval, desarrolló este planteamiento ofensivo basado en grandes buques de línea que pudieran hacer frente a la todopoderosa flota británica, incluso derrotarla en una batalla decisiva (teoría que había sido compilada y desarrollada por el estadounidense Alfred T. Mahan). Tirpitz, el Káiser y su, entonces, Ministro de Asuntos Exteriores, Bernhard Von Büllow, querían su flota.

Como la mayoría de los políticos y hombres de Estado, Tirpitz fue incapaz de prever las consecuencias graves de sus políticas y, obviando o desconociendo sus carencias y fallos, se centró en sus objetivos, apoyado por la política imperial. Y tal incapacidad y tales obviedades no habrían sido más relevantes si no fuera por el poder que acumulaban él y cuantos le respaldaban.

Tirpitz era, de alguna manera, consciente de que la gran flota tenía que venderse no sólo al Gobierno alemán, sino también a la población e incluso a la de otros países. De esta manera, nada más llegar al poder creó una sección de noticias y asuntos generales parlamentarios que conectó muy bien con la opinión pública. Tirpitz y sus colaboradores organizaron diversos eventos, donde mostraron las posibilidades de estos acorazados y buques de guerra en distintas maniobras, innumerables delegados del Ministerio recorrieron el país contactando con los formadores de opinión, así como con personajes importantes del mundo empresarial y universitario. Los periodistas pudieron recorrer los navíos, recabando información sobre las nuevas armas, y en las escuelas públicas se realizaron diversos actos de propaganda dirigidos a crear una visión favorable en las nuevas generaciones. Además, varios periódicos, incluyendo algunos extranjeros, fueron subvencionados para que contaran sus pacíficas intenciones y la grandiosidad de sus fuerzas armadas.

Diversas instituciones de la sociedad civil colaboraron con el Gobierno, como la sociedad colonial o la liga pangermánica, distribuyendo miles de panfletos. Este apoyo empresarial y social no se explica única y exclusivamente por una manipulación desde el poder político, que existió, sino porque también hay que ser conscientes del apoyo popular que recibieron ésta y otras iniciativas gubernamentales. La fuerte ideología nacionalista de la sociedad germana, un tanto darwinista (en el sentido que adopta el darwinismo social), ayudó mucho en este sentido tanto en los hechos que desencadenaron la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Si a eso unimos el victimismo que por distintas razones también asumió un grupo importante de alemanes, muchos de ellos con poder, podemos entender en cierta medida los hechos posteriores.

La importancia de la comunicación en política fue, es y presumo que seguirá siendo cada vez más esencial para los intereses del Gobierno. Los políticos alemanes de esta época no necesitaron sólo el apoyo de empresarios o financieros, sino que buscaron que el Cuarto Poder se pusiera de su parte, mientras que la Educación Pública hacía su labor más lenta, pero no menos transcendental para los intereses del Estado. No es descartable que muchos de esos niños "educados" combatieran con ímpetu en los frentes y ayudaran a sostener el esfuerzo de guerra voluntariamente.

Pero volviendo al periodismo, ¿es el "Cuarto Poder" un término afortunado? Incluso en los regímenes democráticos más libres, los poderes legislativo y ejecutivo tienden a confundirse bajo la "dictadura" de los partidos, y el judicial suele ser una extensión de los otros dos, al menos en lo que se refiere a sus órganos de gobierno y en los tribunales más altos. Medidas como las resoluciones que están soltando etarras y otros delincuentes en España abundan en este sentido.

Cabe preguntarse si este mal llamado Cuarto Poder no actúa algunas veces como los otros tres y se convierte en una extensión del que lo ejerce en ese momento o de alguna de las instituciones que forman parte del Estado. En España no es difícil ver medios alineados, sí o sí, con uno u otro partido, o protegiendo a una facción de uno de ellos, atacando al resto, sin importar caer en incoherencias, defendiendo lo que ayer atacaban o atacando lo que hace unos días defendían, y sin el menor asomo de vergüenza.

En muchos casos, esta particular lealtad se debe a que el medio de comunicación, o el periodista que trabaja para él, es de carácter público con unos intereses muy concretos; en otras, porque siendo privados, sus licencias de radio o televisión dependen de una decisión administrativa y no pueden arriesgarse a perder lo que ya tienen. Por último, en otros casos, las relaciones personales y profesionales entre políticos y periodistas o empresarios del sector son más intensas y complejas de lo que somos capaces de entrever, con lo que se confunden intereses y favores.

Todos podemos identificar a periodistas y medios de relumbrón alineados con populares, socialistas, nacionalistas e incluso con partidos menos relevantes desde el punto de vista parlamentario, o sindicatos e instituciones que dependen del presupuesto o de favores del poder. Todos estos periodistas y empresas de comunicación, públicas y privadas, realizan un papel muy similar al que hicieron los periodistas alemanes que ayudaron a Tirpitz y al Káiser a promocionar su juguete bélico. Sus particulares "flotas" tienen sus propios voceros dentro de la prensa y lo más indignante es que se supone que la prensa es infinitamente más libre que lo que podía ser en la Alemania previa a la Gran Guerra.

No pretendo decir con esto que cada medio, cada profesional de la comunicación no tenga su particular visión de los hechos que está presenciando y contando y que informe según ésta, su ideología política o su propia visión ética y moral de la vida, sino que el sector periodístico que tenemos es mayoritariamente acrítico consigo mismo, que como otros hacen, colabora con intensidad con el poder y, algunas veces, se desangra en guerras particulares que no favorecen a ninguna de las partes, pero que por honor, por interés o por miedo, terminan afectando al propio proyecto empresarial. Si el periodismo tiene un enemigo que amenace su esencia es el poder político, que lo "necesita", para sus propios objetivos, posicionado en elementos clave y que por ello lo quiere mantener cerca a través de artificios regulatorios.

Afortunadamente, esta independencia, complicada antaño, no depende ya tanto de la buena voluntad del político. Herramientas como Internet y procesos como la globalización nos permiten a los últimos usuarios acceder a fuentes que antes nos estaban vetadas. La rapidez con la que se transmiten las informaciones a través de la red hace cada vez más dificultosa su manipulación por parte del poder a través de la censura o de la ocultación de hechos, lo que invita a usar otros medios. Ahora es más fácil volcar información a la red, de modo que se puede tapar un hecho relevante con toneladas de noticias irrelevantes. La creación de curiosas conspiraciones también ayuda, alimentando las paranoias. Las denuncias contra la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos demuestran cómo de importante se ha vuelto para los gobiernos este aspecto y cómo la libertad se está viendo amenazada de nuevas maneras. Puede que a estas alturas del siglo necesitemos, además de poder acceder una noticia importante, saber despejarla de otras que no lo resulten tanto, y más que un periodista, un contador de hechos o un opinador, necesitemos un buen analista.